EE UU vira hacia un enfoque más sanitario de la lucha antidroga

El Fiscal General de EE UU, Eric Hoder, ha anunciado este lunes su propósito de abordar una reforma en el sistema judicial que reduzca sus “desigualdades persistentes”. El primero de los cambios que pretende acometer el Departamento de Justicia es el del procesamiento de los delitos relacionados con las drogas que pasa, de manera inmediata por ordenar a los fiscales que no exijan penas mínimas obligatorias a los procesados por delitos menores de narcotráfico que no estén relacionados con bandas criminales o cárteles. Este cambio se enmarca dentro de las directrices de la Administración que aspiran a reducir la población reclusa y a acabar la cultura de la guerra contra las drogas para abordar el asunto como un problema de salud pública antes que de seguridad.

 

“Cierto tipo de delincuentes menores y no violentos que no tienen ningún lazo con organizaciones criminales a gran escala o cárteles ya no serán procesados por delitos que lleven aparejada una pena mínima obligatoria”, ha anunciado Holder este lunes en San Francisco en un discurso ante el Colegio de Abogados de EE UU. Desde su implantación durante la década de los 80, la pena mínima obligatoria se convirtió en EE UU en una de las herramientas más utilizadas para la lucha contra el crimen derivado de la droga. Holder se ha referido este lunes a esta medida, cuya efectividad lleva poniendo en cuestión en los últimos meses, como “draconiana”.
 


La decisión de erradicarla de la práctica de los fiscales es una victoria de los grupos de derechos civiles que denuncian que este tipo de condenas de larga duración tienen un efecto devastador entre las clases sociales con menos recursos y las minorías. “Miles de ciudadanos están atrapados en este círculo vicioso de pobreza, criminalidad y encarcelamiento que a exacerbado el problema en lugar de solucionarlo”, ha señalado Holder.

 


Mientras la población estadounidense ha crecido en un tercio desde 1980, la reclusa se ha incrementado en un 800%. De los 2,2 millones de personas encarceladas, más de la mitad lo está por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con el Censo de 2010. El coste del sistema penitenciario en EE UU ascendió a los 80.000 millones de dólares ese mismo año. Muchos sostienen que el procesamiento por delitos que acarrean una pena mínima obligatoria es el principal responsable del alto número de reos en este país, que concentra el 5% del total de internos de todo el mundo.


 
La obligación de imponer una pena obligatoria mínima -que oscila entre los cinco y los 10 años en función de la cantidad y del tipo de droga requisada- impide a los jueces poder establecer una condena adaptada a las circunstancias del preso obstaculizando la posibilidad de la rehabilitación. Con las nuevas directrices que hoy mismo han empezado a ser remitidas a los fiscales del país, cuando éstos se encuentren ante este tipo de narcotraficantes, acusados por delitos menores, no deberán incluir en el escrito de acusación la cantidad que se les decomisó para no tener que forzar así al juez a imponer la pena específica vinculada con el crimen específico. A cambio, el Departamento de Justicia impulsará penas alternativas que contemplen la rehabilitación o los servicios sociales, en lugar del encierro. Dentro de esta nueva estrategia, Holder también anunció la excarcelación de reos ancianos y no violentos, así como extender las condenas a rehabilitación en lugar de a prisión, para reducir el número de reclusos.

 


En esta línea se enmarca la estrategia contra las drogas para 2013 de la Administración Obama. A finales de mayo pasado, el director de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Gil Kenikowske, durante la presentación del informe sobre las detenciones relacionadas con el abuso de substancias, abogó por una reforma de los códigos penales que descriminalice el consumo y que establezca penas alternativas a la prisión y fomente los tratamientos de rehabilitación.


 
El plan de la Casa Blanca prevé el incremento de los tribunales de drogas, que atienden casos de delitos menores relacionados con estupefacientes y que aplican medidas que enfatizan el tratamiento y la rehabilitación -en EE UU hay alrededor de 2.500 tribunales de este tipo pero sólo juzga al 3% de procesados- y la excarcelación de 100.000 presos no peligrosos para incorporarlos a programas de rehabilitación -Del total de la población reclusa, el 53% sufre problemas de adicción, opero solo el 15% recibe tratamiento-.


 
Si la orden para que los fiscales cambien la forma de procesar determinados delitos menores puede imponerla de manera directa el Fiscal General, otras como la mayor flexibilidad de los jueces a la hora de imponer las condenas o la posibilidad de que determinadas conductas sean juzgadas por tribunales estatales y no federales requieren la aprobación del Congreso.


 
Holder se apoyará en dos proyectos de ley bipartitos aprobadas a principio de año en el Senado para impulsar sus nuevas propuestas en el Capitolio y apelará al ahorro para las arcas públicas que se derivarán de estas acciones, como se ha puesto de manifiesto en 17 Estados que han derivado fondos destinados a la construcción de nuevas prisiones hacia programas de tratamiento. A lo largo de las próximas semanas, el Fiscal general y su equipo difundirán sus nuevas propuestas en actos a lo largo de todo el país.

 

Eva Saiz Washington 12 AGO 2013 - 20:04 CET

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Sábado, 03 Agosto 2013 06:46

“No les queda otra que protestar”

 “No les queda otra que protestar”

La exhortación del gobierno egipcio a los seguidores del ex presidente islámico Mohamed Mursi para que desalojen las plazas de Raba el Adawiya y El Nahda ocupadas en la capital El Cairo no ha dado mucho resultado. Miles de personas siguen sumándose a las protestas convocadas para lograr la liberación del ex presidente Mursi, derrocado en un golpe de Estado el mes pasado. Para el gobierno civil que instaló el golpe militar, los islamistas nucleados en torno de la Hermandad Musulmana pueden integrarse al diálogo y la democracia de cara a unas elecciones que se prometieron primero para dentro de seis meses y luego para dentro de nueve meses. La masacre del fin de semana en que las fuerzas de seguridad mataron a 80 manifestantes no ha contribuido a acercar posiciones. El secretario general de la ONU Ban Ki-Moon pidió la liberación de Mursi, mientras que la titular de la política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, se está perfilando como una posible mediadora luego de su encuentro el martes con el ex presidente. Página/12 dialogó con el autor de La desradicalización de los Jihadistas y académico de la Universidad de Exter, el egipcio Omar Ashour, sobre las perspectivas de una solución de la impasse.

 

–El gobierno ha exhortado a los manifestantes a que abandonen las plazas. ¿Hay alguna posibilidad de que lo hagan?

 

–No creo. No hay confianza mutua para una solución de este tipo. En la hermandad musulmana siempre se recuerda lo que pasó en los ’50 cuando se prometió a cambio de una desmovilización la convocatoria de elecciones y en vez de eso, se arrestó masivamente a dirigentes y militantes para descabezar el movimiento. A esta memoria histórica se añaden por supuesto las masacres de estos últimos días. De modo que para los manifestantes no queda otra cosa que seguir protestando.

 

–¿Es entonces inevitable una nueva masacre?

 

–Depende de un par de cosas. Primero, de la magnitud de la manifestación. Si se mantienen los números actuales es imposible, salvo que se cometa una masacre mucho mayor con el asesinato de cientos de personas. El segundo factor es la comunidad internacional. Si queda claro que no se va a tolerar otra masacre y que tendrá consecuencias muy serias, yo creo que esto puede evitar una nueva matanza porque los generales quieren seguir visitando Europa con sus familias.

 

–Por el momento, la reacción del mundo desarrollado ha sido ambigua y timorata si se compara con la reacción que hubo cuando se produjeron las manifestaciones en Turquía contra el gobierno de Recip Tayyip Erdogan. Estados Unidos se negó a calificarlo de golpe de Estado, el ex primer ministro británico Tony Blair prácticamente lo justificó por la incompetencia del gobierno islamista. ¿Hay alguna razón para pensar que hay una fuerte presión entre bambalinas?

 

–Creo que hay una fuerte presión no por amor a la democracia o la libertad, sino porque están preocupados de que haya un deterioro de la situación que termine provocando una serie de fenómenos que Occidente no quiere, como un masivo éxodo de refugiados o la radicalización de muchos sectores ante lo que es el mensaje básico de este golpe de Estado, es decir, que las elecciones no garantizan derechos. El mensaje hoy no sólo en Egipto sino en Tunisia o Siria que escuchan los jóvenes y adolescentes es que sólo las armas cuentan para tener el poder. Hay también por supuesto preocupación de cómo esto va a afectar las inversiones occidentales.

 

–El secretario de estado de Estados Unidos, John Kerry, ha pedido a las autoridades que eviten el abismo, y la titular de la política exterior europea, Catherine Ashton, ha exhortado a un diálogo. ¿Es posible este diálogo?

 

–La posibilidad existe, pero necesita mucha presión porque el ejército cree que puede superar esta situación con la mera fuerza de las armas. Sin la intervención de la comunidad internacional, sin los medios exponiendo lo que pasa, los militares no tendrían ningún miramiento para ejecutar todas las masacres necesarias para consolidarse en el poder. Tienen todo el poder de fuego necesario para hacerlo. El otro lado, el de los manifestantes, se siente victimizado. Ganaron las elecciones y un golpe de Estado aplastó sus esperanzas. Los manifestantes sienten que ahora están a merced de los generales y que lo único que les queda es resistir en las plazas.

 

–El panorama se complica un poco por el hecho de que los militares llegaron al poder con un fuerte apoyo civil que incluía a muchos grupos revolucionarios seculares que habían sido clave en la caída de Hosni Mubarak. ¿Quién apoya hoy al gobierno civil nombrado por los militares?

 

–Simplificando se puede decir que hay cuatro grandes actores en las fuerzas que provocaron la caída del gobierno de Mursi. Están el ejército, la policía, los llamados “felol”, remanentes del régimen de Mubarak, y las fuerzas revolucionarias no islamistas. Los dos primeros constituyen las armas. Los felol tienen mucho dinero, poder mediático y lazos con el Estado. Los revolucionarios tienen pocos recursos, pero un entusiasmo ilimitado. Yo estaba entre este grupo en septiembre de 2011 cuando la palabra prohibida era “gobierno militar”. Este grupo viró ahora a un apoyo a los militares por la incompetencia del gobierno de Mursi, por las expectativas defraudadas de un cambio en las fuerzas de seguridad o la Justicia que llevó a Mursi no sólo a no arrestar y demandar a los policías que torturaron y mataron a tantos manifestantes, sino a garantizar todo lo que el ejército pedía. Los felol y la policía estaban más que dispuestos a aprovechar este descontento de los sectores revolucionarios que terminó con la anulación de 14 rondas electorales, dos referendos y una Constitución. Los ganadores de todas estas elecciones están ahora en la cárcel.

 

–¿Es posible una guerra civil?

 

–Por el momento parece una posibilidad muy remota, porque para eso se necesita no sólo la polarización, sino que las Fuerzas Armadas estén divididas formando dos bandos con un cierto equilibrio en el poder de fuego. Eso no existe ahora. Una de las partes tiene todo el poder de fuego, la otra sólo tiene su poder de movilización.

 

–El actual gobierno tiene una hoja de ruta que incluye la realización de elecciones. ¿Ve alguna posibilidad de avanzar por este camino?

 

–No creo que suceda. Si se quiere la democracia no se hace un golpe de Estado, que es por definición un acto de violencia. El gobierno de Mursi era incompetente, pero se podía dejar que la misma dinámica democrática solucionara la situación, evitando este nivel de conflicto y derramamiento de sangre. El actual gobierno con civiles que tienen doctorados y PHD fue nombrado por los militares y sólo hará lo que les digan los militares. Y si llega a haber un enfrentamiento con ellos serán desplazados. En Argelia la represión y las muertes ocurrieron dos años después del golpe de Estado. En Egipto está pasando a los pocos días. Se habló de elecciones a los seis meses, ahora es a los nueve meses. En definitiva no importa. Las Fuerzas Armadas no están dispuestas a implementar la democracia.

 

–Son dos años de la Primavera Arabe. Hoy parece que el experimento se encuentra en su peor momento, no sólo en Egipto, sino en Tunisia y en un proceso diferente pero paralelo como el de Libia. ¿Qué pasó?

 

–Existen varios problemas. Una es que los regímenes no aceptaron la derrota y procuraron estropear el pasaje a la democracia. El segundo es que los gobiernos surgidos de las elecciones fueron incompetentes, no pudieron evitar la polarización y su retórica no ayuda. En tercer lugar, las fuerzas armadas no aceptan el control democrático. Se habla mucho de la polarización entre fuerzas seculares y religiosas. Pero esto también ha sido exagerado por ambas partes que han usado estas divisiones ideológicas como consignas políticas para movilizar en vez de tener un diálogo genuino.

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Los pequeños mineros, otro sector que desnuda al Gobierno

Como lo habían anunciado sus promotores, el miércoles 17 de julio tomó forma en Colombia el paro de los pequeños y medianos mineros.

 

De acuerdo a los reportes de sus voceros, la protesta se sintió con fuerza a la altura del corregimiento de Córdoba, a unos 20 kilómetros de Buenaventura, donde se concentraron unos dos mil mineros, y donde fueron incineradas dos tractomulas y un camión, con enfrentamientos entre manifestantes y el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad), por lo cual la vía que comunica con el principal puerto del Pacífico colombiano permaneció cerrada durante todo el día.

 

Por su parte, en el corregimiento de Irra, municipio de Quinchía-Risaralda, otros 2.000 mineros se dieron cita cerrando la vía que comunica hacia Medellín entre las 2 p.m. y las 8 p.m.

 

En Caucasia, Antioquia, protestaron 5.000 mineros. Todo el comercio local cerró en solidaridad con estos. La vía que conduce hacia la Costa Atlántica fue bloqueada en el sector conocido como Caserí.

 

En Quibdó, capital del Chocó, cerca de 9.000 pequeños y medianos mineros chocoanos se movilizaron para pedirle al Gobierno presencia en el departamento y soluciones viables para la formalización de su actividad.

 

Otros puntos álgidos, donde están concentrados los activistas del paro minero, son Zaragoza y Amagá en Antioquia, e Istmina en el Chocó.

 

Los razones para llegar al paro

 

Este paro se veía venir desde cuando fue declarada inexequible la Ley 1382 de 2010 –la única que planteaba medidas para formalizar la minería– apoyada en los decretos 2715 y 1970 de 2012.

 

Para suplir esta realidad el Gobierno expidió en mayo de este año el Decreto 933, pero la norma lo que hace en realidad es colocar una infinidad de requisitos que impiden que los miles de mineros informales que existen en el país (el 86 por ciento de quienes están dedicados a este oficio) regularicen su actividad. De hecho, producto de esta norma, no hay áreas donde se permita ejercer la actividad minera, pues el 95% de las solicitudes de legalización presentadas en los últimos meses han sido rechazadas.

 

Es por esto que los mineros demandan la derogatoria del decreto 2235 de 2012, el mismo que explicita que toda persona que no tenga título minero y pretenda explotar minerales se le incautará o destruirá la maquinaria y no podrá seguir ejerciendo esta actividad.

 

Además de esta exigencia, el pliego de quienes protestan, de 15 puntos (ver recuadro) reclama unas áreas de minería especial como lo contempla el Código de Minas y que se autorice a las corporaciones autónomas para recibir los planes de cumplimiento ambiental, los cuales están perfeccionando para que sea una minería responsable.

 

Esta es una parte de sus motivos. Pero los pequeños y medianos mineros del país también se quejan por el trato que como "delincuentes" les da el gobierno nacional, señalándolos como asociados a narcotraficantes y guerrilla, pero además, inculpándolos del desastre ambiental que padece el país; se quejan, además, por lo que consideran una política de exterminio a la pequeña minería para entregar títulos a las multinacionales, y porque el Gobierno no dio herramientas ni estableció mecanismos para ayudar a los mineros a formalizarse.

 

Producto de la nueva normatividad, y de las negativas presentadas por la Agencia Nacional de Minería, en el departamento de Caldas 60 mineros han sido judicializados en los últimos dos meses, a pesar de ser personas dedicadas durante toda su vida, y vivir, de este oficio. Hay que recordar que en este departamento el 52 por ciento de su territorio tiene actividad minera informal, y el 51 por ciento está pedido en concesión por multinacionales.

 

Por su parte, según lo denuncian los líderes del sector, en la jurisdicción de Buenaventura han destruido más de siete retroexcavadoras, mientras que en todo el país la cifra asciende a 25.

 

No es extraño, por tanto, que estos trabajadores del campo, muchos de ellos con vinculación vía hereditaria con la minería, se sientan a disgusto con las políticas que para este sector de la economía tiene el actual gobierno, eso sí, volcado a los acuerdos mineros con multinacionales las cuales han licitado gran parte del territorio nacional, desde la Guajira hasta la amazonia.

 

De parte de líderes mineros del departamento del Chocó, reunidos en la Asociación de barequeros y minidragueros de Quidó y Beté (medio Atrato), este paro se sustenta en los incumplimientos del gobierno nacional con los acuerdos logrados en el 2013. Acuerdos que aludían la formalización de pequeños y medianos mineros; la creación de herramientas especiales para que comunidades afros e indígenas puedan acceder a títulos mineros; tratamiento especial para mineros artesanales; capacitación y acompañamiento para acceder a proyectos de extracción minera; la instalación de una oficina de la Agencia Nacional Minera en el departamento, y la suspensión de los decretos que autorizaban la destrucción de maquinaria para la actividad minera.

 

Dilaciones e incumplimientos

 

Nada de esto se ha cumplido. Como tampoco ha cumplido los acuerdos firmados con mineros de otros departamentos, tanto en el año 2011 como en el 2012. Conscientes de esta manipulación y del efecto que todo esto tiene sobre sus ingresos, tanto los mineros del Chocó como los del resto del país, demandan que todos los títulos que fueron entregados sin contar con el aval de las comunidades, violando el derecho que tienen las minorías a la consulta previa, sean derogados.

 

La realidad de la minería a gran escala, la que corre a cargo de las multinacionales, es la que, como reconoce un grupo de intelectuales y políticos que han circulado una carta de apoyo a la protesta, afecta, el tejido social y la biodiversidad del país, llevando el país "[....] a la condición de exportador neto de materias primas, condenándonos a la miseria, el hambre y la destrucción ambiental".

 

Reconocen los firmantes de la carta que "Aun cuando es cierto que este tipo de minería, como cualquiera otra, genera un impacto ambiental, también lo es –como es apenas obvio– que por su tamaño el nivel de contaminación es menor que el de la gran minería a cielo abierto".

 

Segundo día de paro

 

Para el jueves 18, segundo día de paro, con un ambiente tenso en varias regiones rurales del país, así como en algunas de sus carreteras centrales, el paro gana participación. Es así como al mismo se vincularon mineros de Turbo en Antioquia, como también en el departamento de Nariño.

 

Un bloqueo vial se presentó por varias horas a la altura del municipio de Buriticá, Antioquia, vía a Turbo,

 

En las carreteras bloqueadas el día anterior se han registrado enfrentamientos con la fuerzas pública, la cual logró desalojar a los manifestantes de las vías de Caldas, pero en la que conduce al puerto de Buenaventura la situación permanece estática. La vía a Puerto Berrio también fue bloqueada por varias horas.

 

De esta manera, y con un paro que todo indica que apenas está iniciando pues no hay voluntad central para negociarlo, la coyuntura social del país se tensiona hasta niveles no vistos desde hace varios años. La situación se traduce de azul a gris para un Gobierno que se ufana de su disposición para el diálogo pero que en la práctica no cede en nada. Así lo evidencian los campesinos levantados desde hace cerca de 40 días en el Catatumbo, así como los cafeteros, paneleros y otros que anuncian una nueva jornada de protesta para la segunda quincena de agosto.

De esta manera, con amenazas de parte del gobierno central de que despejará todas las vías a como de lugar, y aunque los mineros en paro no lo sepan o no lo asuman como eje central de su levantamiento, con esta protesta se desnuda la prioridad que el gobierno nacional le da a su locomotora minero – energética, centro del modelo económico en Colombia, a través de la cual la dependencia internacional se profundiza y el tema de la tierra evidencia –una vez más– la urgencia de resolución que tiene para aclimatar la paz en el país.

 



Recuadro


Pliego de peticiones


El siguiente es el pliego de peticiones que los trabajadores mineros le enviaron al Gobierno Nacional.

 

Propuesta pliego de peticiones de los mineros colombianos

 

1. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata una norma que diferencie entre la minería informal y la minería ilegal. A partir de esta conceptualización se implemente inmediatamente un procedimiento para que quienes reúnen la condición de minero informal sean reconocidos como tal y puedan seguir haciendo la actividad hasta tanto se incorpore al ordenamiento jurídico una nueva oportunidad de legalización de la actividad minera informal.

 

2. Se incorpore al ordenamiento jurídico de manera inmediata normas que caractericen y definan las diferentes tipos de minería que se desarrollan en el país, atendiendo diferentes variables como medios de producción (si es de manera artesanal o mecanizada) y la capacidad de producción.

 

3. Que se derogue de manera inmediata el Decreto 2235 del 30 de octubre de 2012 y se incorpore en el ordenamiento jurídico de manera inmediata, un procedimiento para la reparación e indemnización de las personas que han sido sujeto y/o víctimas de las acciones derivadas del Decreto 2235 de 2012.

 

4. Que se incorpore al ordenamiento jurídico una norma que exceptúe a las personas naturales y/o jurídicas reconocidas como mineros informales de la aplicación de normas y medidas establecidas contra las personas que desarrollan la actividad minera careciendo de títulos, esto incluye las medidas del Decreto 2235, las acciones policivas, ambientales y/o penales.

 

5. Que se incorpore al ordenamiento jurídico un proceso de legalización cuyos requisitos atiendan a la realidad de la actividad minera en Colombia, especialmente los diferentes tipos de minería y la escala en la que se desarrollan. Que la implementación de este procedimiento cuente con la participación de los mineros informales.

 

6. Que el Gobierno de aplicación inmediata y vinculante a los acuerdos de la OIT en relación con las comunidades Afro e Indígenas, con respecto al territorio, consulta con consentimiento previo, libre e informado y prelación para las comunidades en el territorio. Que a las comunidades negras e indígenas no se les cobre canon superficiario y se les reconozca el tratamiento diferencial consagrado en la Constitución y en la ley.

 

7. Subsidio y respaldo con crédito oportuno y accesible para la legalización y asistencia técnica y seguridad social y salud para la pequeña y mediana minería. Reconocimientos legales de la minería de cúbicos, clavados o apiques.

 

8. Que se ordene la suspensión inmediata de la entrega de títulos mineros y se mantenga la suspensión del otorgamiento de contratos de concesión a las empresas multinacionales mineras y se proceda a la revocatoria inmediata los contratos concedidos sobre territorios de comunidades étnicas negras e indígenas sin el cumplimiento de la obligación de Consulta Previa y derechos de prelación.

 

9. Otorgamiento de áreas libres a los mineros tradicionales e informales y se agilice la depuración en el catastro minero de las áreas entregadas mediante licencias, permisos mineros, registro mineros de cartera, contratos en virtud de aporte y/o registro de propiedad privada que actualmente se encuentren en causal de vencimiento, caducidad, cancelación, renuncia y/o terminación y que hayan sido otorgadas con anterioridad a la ley 685 de 2001.

 

10. El gobierno Nacional presentará en la próxima legislatura un proyecto de ley para la reforma del actual Código Minero, previa concertación con la Confederación Nacional de Mineros de Colombia. Esta reforma debe contener un capítulo especial sobre los diferentes tipos de minería, caracterizando cada una de las formas de explotación minera y diferenciándolas en sus aspectos técnicos, ambientales, tributarios, sociales, étnicos y económicos.

 

11. Que el Gobierno reconozca un bono pensional con cargo a las regalías para familias barequeras del país.

 

12. Que se protejan los procesos de legalizaciones que se radicaron hasta el 10 de mayo de 2013 y que no sean objeto de rechazo por el no cumplimiento de los requisitos técnicos y comerciales.

 

13. Se creen en los epicentros mineros del país oficinas de atención, asesoría, acompañamiento, capacitaciones en los temas técnicos, ambientales y sociales para el pequeño y mediano minero.

 

14. Que se regule y se garantice la entrega oportuna del certificado de carencia para el combustible de uso en la minería y que el costo del mismo sea subsidiado por el Gobierno.

 

15. Que todos los acuerdos a que se lleguen, sean acogidos a través de decretos y resoluciones según sea el caso.

 

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Miércoles, 17 Julio 2013 06:21

Al límite de la locura

Al límite de la locura

Durante los 16 años que Joe Simpson –nombre ficticio- estuvo recluido en una unidad de aislamiento de Pelican Bay State Prison, el único ser vivo con el que tuvo contacto era una rana. Joe había encontrado al animal en el pequeño patio de ejercicios que se le permitía usar de vez en cuando y, durante meses, estuvo recogiendo bichos para alimentarla. Pero cuando decidió declararse en huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión, los guardias se llevaron a la rana.


 
Esta historia que suena a ficción, a la dureza metálica de las cárceles, es real y la cuenta Amnistía Internacional, la organización de defensa de los derechos humanos que lleva muchos años denunciando “la terrible situación de los presos de California sometidos a aislamiento”.


 
Joe está entre los 25.000 presos que, según cálculos de Amnistía, permanecen recluidos en centros de aislamiento de máxima seguridad en al menos 44 estados del país y en el sistema penitenciario federal.


 
De ellos, más de 3000 se encuentran en California, soportando condiciones de reclusión, calificadas de “estremecedoras” por la organización. Ningún otro estado del país mantiene periodos de confinamiento tan prolongados que pueden extenderse hasta más de 20 años.


 
Son precisamente los presos de una de las cárceles más duras de California, los de Pelican Bay, en la frontera con Oregón, los que el 8 de junio iniciaban una huelga de hambre para protestar por su situación. Una revuelta masiva que durante, los primeros días fue seguida por 30.000 presos de todo el estado y que en estos momentos, según fuentes del Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California, suma 2.500.


 
Expertos de Amnistía Internacional que han visitado Pelican Bay, aseguran que los presos permanecen hasta 22 horas y media al día encerrados en celdas de dimensiones inferiores a ocho metros cuadrados, sin ventanas y con escaso acceso a la luz natural y al aire fresco.


 
Durante una hora y media se les permite hacer ejercicio en un patio de hormigón vacío, con muros de siete metros de altura y sólo una franja de cielo visible a través de un techo de plástico.


 
Los programas de rehabilitación no existen, no hay actividades de grupo y el contacto humano está muy restringido. El único vínculo que la mayoría mantiene con el exterior es a través de cartas. Algunos internos llevan más de diez años sin recibir visitas de los familiares, y cuando las tienen es a través de una pantalla de cristal.


 
Urge reformar las cárceles


 
Según Amnistía Internacional, “es urgente llevar a cabo una gran reforma que ponga fin a los módulos inhumanos de las prisiones de máxima seguridad”.


 
“El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California no ha realizado las reformas prometidas hace un año. Dijeron que iban a facilitar a los presos la salida del aislamiento, pero sólo se ha sacado de los módulos a unos pocos, y la mayoría de los casos ni tan siquiera se han revisado aún”, explica Ángela Wright, experta de Amnistía Internacional en las prisiones de máxima seguridad.


 
“Más que mejorar, en realidad las condiciones han empeorado considerablemente. Ahora también los guardias hacen controles de celda cada 30 minutos, incluso por la noche. Estos presos están ya recluidos en condiciones atroces e inhumanas, y los nuevos controles nocturnos parecen una medida punitiva que podría dar lugar a privación grave del sueño”, denuncia Wright.


 
Según la ONU, “la reclusión en régimen de aislamiento, incluso durante un periodo limitado de quince días , puede causar graves daños psicológicos. Los Estados deben aislar a los presos sólo en circunstancias excepcionales y durante el menor tiempo posible”.


 
Hace dos años hubo una huelga de presos, iniciada también en Pelican Bay y que se extendió a prisiones de todo el estado. La protesta duró 20 días y fue seguida por 6000 presos. Las reivindicaciones eran las mismas que en esta ocasión, fundamentalmente poner un límite de cinco años a los confinamientos en solitario y mejorar las condiciones en las que están los presos (ropa, comida, llamadas telefónicas y programas de rehabilitación y educación).


 
“En noviembre de 2012, el Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California hizo cambios en los criterios utilizados para asignar a los reclusos a los módulos y estableció un “programa gradual” de reincorporación para permitir a los presos ganarse la salida del asilamiento. Sin embargo, incluso una vez autorizados los presos a iniciar el programa, continúan recluidos en régimen de aislamiento físico y social durante al menos los dos primeros años.La mayoría de los reclusos de los módulos de aislamiento ni siquiera han sido admitidos aún en el “programa gradual” de reincorporación”, señala Amnistía Internacional.


 
Cárceles como la de Pelican Bay se construyeron en la década de 1980 durante un brusco aumento de la población penitenciaria en Estados Unidos, y con California en la vanguardia de las iniciativas para endurecer las penas.


 
El argumento de las autoridades para justificar su construcción era que el aislamiento de los presos más peligrosos permitiría mantener en condiciones más seguras al resto de la población penitenciaria. Sin embargo, la realidad es, según Amnistía Internacional, que “muchos internos que terminan en estas unidades tienen alguna enfermedad mental o problemas de comportamiento y en ocasiones se les encierra por reiteradas infracciones del reglamento leves y conducta conflictiva”.


 
Los efectos a largo plazo sobre la salud física y mental son devastadores. En muchos casos, acaban en suicidio. El 42% de los suicidios cometidos en cárceles de California entre el 2006 y 2010 se cometieron en unidades especiales de seguridad, según datos oficiales.


 
Violación de los derechos humanos


 
El Center for Constitutional Rights (Centro para los Derechos Constitucionales), al igual que Amnistía Internacional y los obispos católicos de California, ha mostrado su apoyo a la huelga de hambre de los presos, al mismo tiempo que urge al Departamento de Prisiones de California “a considerar las reivindicaciones de los reclusos y terminar con la tortura y el castigo extremo que supone el confinamiento por tiempo indefinido”.


 
“Más de quince días en aislamiento solitario viola los derechos humanos”, argumentan, asumiendo el mismo criterio que Naciones Unidas.


 
Sin embargo, el gobierno del demócrata Jerry Brown no parece darse por aludido, o por lo menos no todo lo deprisa que debiera. Le quedan cinco meses y medio de margen, hasta finales de año, para cumplir con el objetivo de reducir al 137,7% la capacidad de las prisiones de California. Ello significa que actualmente sus cárceles encierran 9000 prisioneros más que los requeridos por el Tribunal Supremo para combatir la saturación y las malas condiciones que aquejan a los presos. Y a ello se suma ahora la huelga de hambre.


 
Jules Lobel, el presidente del Center for Constitutional Rights, critica que “el Estado no ha mostrado ninguna voluntad de cambiar, incluso cuando el Tribunal Supremo se lo está ordenando. Han decidido continuar con el sistema que existe hoy en día lo más intacto posible”.


 
Muestra de ello es la explicación del comisario de prisiones de California, Jeffrey Beard, a la huelga de hambre: “Es simplemente un signo de lo poderosas que son las bandas criminales en las prisiones. La huelga está liderada por unos cuantos cabecillas de las bandas que tienen enorme control sobre el resto. Nada fuera de lo común”.


 
Tanto él como el Gobernador Brown creen firmemente que California ha mejorado las condiciones de los presos y en modo alguno están de acuerdo con las continuas demandas del Tribunal Supremo. Mientras los presos están al límite, en una situación desesperada.

 

Porn Vicenta Cobo San Francisco 17 JUL 2013 - 00:10 CET

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Turquía: Protestas dejan casi 5 mil detenidos y 4 mil heridos

Cerca de cuatro mil 900 personas han sido detenidas y otras cuatro mil han resultado heridas en las tres semanas de ola de protestas contra el Gobierno turco, tras el anuncio de la construcción de un centro comercial que evoca los cuarteles militares del Imperio Otomano en el parque Gezi, en Estambul (capital). Los medios oficiales hablan de tres muertos por los disturbios.


 
Un balance ofrecido por el Ministerio del Interior informó que entre los heridos figuran 600 agentes de la Policía antidisturbios turca, en los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes.


 
Los datos oficiales precisaron que unas 2,5 millones de personas salieron a las calles de 79 ciudades turcas en las tres semanas de protestas. Las más multitudinarias se celebraron en Estambul y en Ankara.


 
Agregaron que unos 58 edificios públicos sufrieron daños. También 240 vehículos policiales y 214 particulares quedaron destrozados.


 
Este sábado, fuerzas policiales de Turquía dispersaron con lanza agua a un grupo de personas que se encontraba manifestando de manera pacífica en la Plaza Taksim de Estambul (norte).


 
Los manifestantes, quienes forman parte del movimiento de protesta nacional turco en contra de las líneas políticas, económicas y de represión violenta impuestas por el primer ministro de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, llevaban claveles rojos y lanzaban consignas como “En todas partes Taksim”, “En todas partes resistencia”, “La lucha vuelve a empezar”, “Tayyip dimisión”.


 
Desde el pasado 27 de mayo diferentes ciudades de Turquía son escenario de protestas antigubernamentales que se desencadenaron tras el ataque de la policía a una sentada pacífica en contra del plan del Gobierno turco de demoler el parque Gezi, ubicado en la plaza Taksim de la ciudad turca de Estambul, para construir un centro comercial.

 

24 junio 2013


 
(Con información de La Radio del Sur)

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Sábado, 22 Junio 2013 16:13

"Años de prosperidad"

"Años de prosperidad"

Así titula la novela del escritor chino Chan Koonchung –2011– que cuenta la historia de cómo desaparecen diez meses de la memoria colectiva de los chinos y cómo los medios de comunicación controlan todo, incluyendo la vida de los ciudadanos. Para algunos críticos, una novela parecida a Un mundo feliz de Aldous Huxley, a Nosotros de Zamiatin, a China Montaña Zhang de Maureen F. Meltugh. Sin duda, una distopia sobre el poder y la manipulación del Partido Comunista de China (Pcch).

 

Novela considerada de culto, censurada en China, siendo que como dice la novela, "En China hay un 90% de libertades y un 10% de control". "En China hay mucha libertad social y de consumo" (Hujintao, 2012), pero sin libertad política: "el siguiente en ser perseguido puedes ser tú". La novela nos muestra un país anestesiado por el dinero, el consumismo y la propaganda, a pesar de los cientos de miles de protestas obreras, campesinas y estudiantiles que se presentan por todas sus coordenadas.

 

Desde la época de las cuatro modernizaciones de Teng Siao Ping –agricultura, industria, educación y ciencia y tecnología–, se planteó la necesidad y la orientación de orden y buen ambiente, y para ello la represión y el castigo no pueden estar ausentes: "Algunos padres llevan a sus hijos a la policía, y algunas esposas denuncian a sus maridos si cometen delitos, relataba Pekín Informa de 1983.

 

Años de prosperidad se ubica en China 2013, haciendo el recuento del momento de la crisis económica mundial de 2008. El país perece vivir al margen de la crisis, sus ciudadanos desbordan felicidad, tranquilidad, y parecen estar satisfechos con sus vidas, encantados de poder disfrutar de los años de bienestar que les ha tocado vivir y disfrutar. Sin embargo el escritor taiwanés Lao Chen, que vive en Pekín, se da cuenta de que algo anda mal. Dos amigos suyos, que por casualidad se encuentra, le darán la clave de lo que estaba ocurriendo. Poco después de iniciarse la crisis mundial, un mes completo desapareció de la memoria colectiva, ¿qué pasó? He Dongsheng, miembro del Buró Político del Pcch, recuerda que el año 2009 fue de aniversarios: 90 años del Movimiento del 4 de Mayo de 1919, 68 años de la fundación del PCCH, el 50 aniversario de la huida del Dalai Lama a la India, veinte años del aniversario de los sucesos del 4 de junio de 1989 en la Plaza Tiananmen, y el décimo aniversario de la represión del Movimiento Falun Gong, y que por todo esto el 2009 fue denominado el año 9-6-5-2-1.

 

A continuación Dongsheng reseña los acontecimientos del año inmediatamente anterior, y cómo el Comité Central (CC) del Partido lo llama a participar en un comité secreto, con la misión de planificar un plan para el gobierno en tiempos de crisis, por ejemplo, cómo lidiar con levantamientos masivos como los del 2008. El CC se reúne con el Ejército y la Policía antidisturbios, para analizar de conjunto y definir las estrategias. He se dio cuenta que con la crisis mundial se podía solucionar la crisis interna o, en otras palabras, preparar a la población para que entendiera que en una gran crisis debe aceptar un gobierno autoritario (la novela dice dictadura). Demostrar, además, que el sistema de partido único es superior a los regímenes democráticos –occidentales–, de no entenderlo todo estaría en peligro.

 

He Dongsheng elabora en sus noches de insomnio el portentoso Plan de Acción para gobernar pacíficamente el territorio chino. El CC definió algo parecido: "Hojas de ruta hacia la prosperidad a través de la crisis". La cuestión era experimentar cuánto podía soportar el pueblo en una coyuntura sin gobierno, por eso dejaron que la crisis, el pánico, los saqueos, se tomaran al país sin gobierno. Y mientras esto sucedía la gente pedía a gritos que el gobierno, las autoridades, se manifestaran, logrando de esta manera que la población se entregara sumisamente en manos del gran Leviatán. La población aguantó seis días completos y solo actuó la maquinaria del Estado cuando se iniciaron las sublevaciones.

 

Esta fue la razón de que el 15 del primer mes lunar, la policía armada entrara en más de 600 ciudades y fueran recibidas como los héroes salvadores. No había que permitir que todas las críticas fueran dirigidas al mismo tiempo en contra del gobierno. Dejar que el pueblo se aterrorice a si mismo, que le tenga miedo a la anarquía; "El Estado necesita controlar completamente a la sociedad, domar al pueblo y que todos los ciudadanos le escuchen con obediencia", explica He a sus amigos.

 

Pero, ¿cómo domar al pueblo? En 1983 Teng Siao Ping lanzó la campaña contra la delincuencia, el 4 de junio del 89 es otro ejemplo de represión contra los indeseados. Los puntos del plan: campañas de represión, estimular el consumismo, estimular los negocios, fomentar la agricultura, meter miedo a la autoridad, y perseguir la delincuencia, la corrupción gubernamental; ejecutar a unos pocos para asustar a los muchos.

 

Para que todo esto funcionara, y la población no se pusiera critica con la campaña de represión, se inventaron de parte de la Oficina de Mantenimiento de la Estabilidad algo que conservara a la población en estado de buen humor, de actitud positiva, pero que al mismo tiempo no despertara ímpetus violentos en la población ni afectara la armonía de la población. Ese medio fue el éxtasis, metilendioximentanfetamina, para lo cual se construyó una fábrica. La droga se añadió a todos los embalses del país, pero también a la leche vacuna, a la de soja, a las bebidas gaseosas, a los zumos, al agua embotellada, y al alcohol.

 

¿Y el mes desaparecido? Pues se refieren al periodo de la campaña de represión para mantener el orden y contra la delincuencia. La gente comenzó a olvidar estos sucesos y el CC prohibió a los medios hablar de esos días. Así se esfumaron 28 días del calendario de ese 2008. La economía mundial en crisis y China ingresando a una nueva era de prosperidad y paz.

 

En China se puede escoger entre un infierno bueno o un paraíso falso.

 

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Miércoles, 19 Junio 2013 05:16

El negocio de hacer derramar lágrimas

El negocio de hacer derramar lágrimas

El desalojamiento del Parque Gezi en Estambul y la represión en Río de Janeiro tienen en común lo mismo que la mayoría de las manifestaciones de 2013, sea por la violación de una persona en India, por reclamos estudiantiles en Chile o laborales en México o contra la austeridad en Europa: el gas lacrimógeno. En el presupuesto de España, una de las escasas excepciones al recorte de las partidas ha sido el del material antidisturbio. Mientras bajaba el gasto en salud, educación y seguridad social, el gasto en material antidisturbios se disparó de unos 173 mil euros a más de tres millones en 2013. En el Medio Oriente, la Primavera Arabe ha resultado una panacea para la industria de la seguridad: el año pasado el mercado de la seguridad interna alcanzó los seis mil millones de euros, un incremento del 18 por ciento.

 

Es un mercado de paradojas y dobles discursos. En momentos en que Estados Unidos aprobó el suministro de armas a los rebeldes en Siria por haber sido atacados con armas químicas, nadie recuerda que el gas lacrimógeno es considerado un arma química por la ONU y que las compañías estadounidenses son dominantes en el mercado, con la creciente competencia de firmas chinas y de la brasileña Condor Non-Lethal Technologies. El mismo Departamento de Estado defiende abiertamente su uso diciendo que es un arma “no letal” que “salva vidas y protege la propiedad”. Página/12 dialogó sobre el tema con Anna Feigenbaum, que investiga la historia política del gas lacrimógeno en la Universidad de Bournemouth en el Reino Unido.

 

–La historia del gas lacrimógeno parece haber sido reescrita en las últimas décadas. ¿Es un arma química o no lo es? ¿Es un arma letal o no?

 

–En los protocolos de guerra de la ONU es un arma química. Lo que pasa es que al final de la Primera Guerra Mundial varios países, en especial Estados Unidos, se embarcaron en una ofensiva para mantener su producción en tiempos de paz. Estados Unidos lanzó una estrategia específica de “marketing” con la policía, la guardia nacional y hasta realizando exhibiciones especiales en la Casa Blanca para demostrar su utilidad. Así crearon la demanda por el producto. Por el lado de la oferta, es decir de la producción, la industria del gas lacrimógeno modernizó el complejo industrial-militar que se había empezado a desarrollar a principios de siglo aceitando la cooperación entre químicos de la universidad, militares, la burocracia estatal y las corporaciones privadas.

 

–Pero hoy además se ha rebautizado el producto. No se habla de “arma química” como en la Primera Guerra Mundial. Eso causaría horror. Lo que tenemos es un arma “no letal”.

 

–Este juego con el lenguaje se ha dado desde el principio. Por un lado se ofrecía el gas lacrimógeno como un arma multiuso, para atacar y defenderse, que en un principio tuvo como principal aplicación la ruptura de huelgas. Al mismo tiempo se enfatizaba que no era “tóxica” y que no producía ningún daño duradero. Fue una gran movida de relaciones públicas puesta al desnudo por una investigación en 1939.

 

–¿En qué momento se “universaliza” el uso del gas lacrimógeno para lo que se llama control de multitudes?

 

–En los ’30 se empieza a exportar a colonias y países periféricos, Estados Unidos lo usa en Filipinas y Panamá, el gobierno británico en India. También en el Medio Oriente en la época, aunque hay cierto disenso al respecto entre los historiadores.

 

–Para la década del ’60 eran una parte habitual del paisaje de las manifestaciones latinoamericanas.

 

–Es una de las cosas más peligrosas que han sucedido porque se ha naturalizado el uso de gas lacrimógeno cuando en realidad se trata de un veneno que médicamente ocasiona una serie de daños comprobables mucho más serios de lo que se admite a nivel oficial, particularmente peligroso para gente que tiene problemas respiratorios o con problemas epilépticos o gente mayor. Y a nivel político es también muy peligroso, porque se está naturalizando un tipo de respuesta represiva sobre el derecho de libre expresión y reunión.

 

–El argumento de la industria y los gobiernos es que es preferible a las armas para el control de manifestaciones y disturbios. Las llaman no letales y el Departamento de Estado ha dicho que “salvan vidas”.

 

–En Turquía, en Egipto, en Bahrein, el gas lacrimógeno está siendo utilizado como si fuera un arma, es decir, se lo usa en lugares cerrados y a veces como munición que se dispara contra alguien. La idea de que es mejor que otro tipo de armas, como armas de fuego, tiene dos problemas básicos. Primero es que, desde el punto de vista de los derechos civiles, se plantea que la alternativa: es o un arma de fuego o el gas lacrimógeno, en vez de concentrarse en la posibilidad de mediación, diálogo y solución de los problemas que motivaron la protesta. La opción pasa a ser: los ametrallamos o los envenenamos con gas lacrimógeno. El segundo problema es que el gas lacrimógeno se usa normalmente con otras formas de control de masas como los carros hidrantes o las balas de goma. Esto forma parte de su origen militar. En la Primera Guerra Mundial el gas lacrimógeno fue diseñado como un precursor de otras formas de ataque, ya que obligaba a los soldados a salir de sus trincheras y los exponía a otras armas más letales. Algo similar sucede en las manifestaciones. El gas lacrimógeno crea caos, impide que la gente pueda ponerse a resguardo y los expone a otras formas de ataque.

 

–Usted tiene un mapa del uso a nivel mundial de gas lacrimógeno en 2013. Es notable que en la Europa de la austeridad hay varios países que lo han usado, desde Alemania y Bélgica hasta España y Grecia.

 

(https://maps.google.com/maps/ms?msid=208331148221123468448.0004d18 e9335e5a120100&msa=0&ll=8.493338,1.922951&spn=146.313917,39.726563).

 

–Ha habido un aumento de las protestas desde el estallido financiero de 2008 y otro desde que empezaron las medidas de austeridad. Paralelo a esto hemos visto una respuesta cada vez más violenta a la protesta. En esta protesta se ha visto un mayor uso de gas lacrimógeno, balas de goma y el resto del material antidisturbios. También estamos viendo un nuevo deslizamiento semántico con la creciente importancia de la industria antiterrorista desde 2001. En los últimos años ha habido una confluencia entre la industria antiterrorista y los métodos para lidiar con protestas. Recientemente una especialista israelí en políticas policiales me comentó que se estaba usando contra los militantes israelíes la tecnología, el tipo de entrenamiento y de fuerzas que se utilizan para casos de terrorismo. Es el uso de tácticas militares para el entrenamiento de la policía. Esto también forma parte de la naturalización de los métodos de represión.

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Turquía amanece con una huelga general tras una noche con 500 detenidos

El conflicto en Turquía se está alargando más de lo que le gustaría al primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, que sigue en sus trece y cada pocos días envía a su policía a dispersar las acampadas en el parque Gezi y en la ya simbólica plaza Taksim a golpe de porra, cañones de agua a presión, gases lacrimógenos y gas pimienta. La última vez ha sido este sábado y el resultado ha sido una noche de enfrentamientos entre policías y manifestantes que se ha saldado con 500 detenidos. Además, Turquía amanecía este lunes con la convocatoria de una huelga general por parte de varios sindicatos.

 

Los manifestantes persisten. Durante las más de dos semanas de protestas y acampadas, han perdido y recuperado su plaza su plaza en varias ocasiones. Su protesta, que comenzó con el anuncio de demolición del parque Gezi para construir un centro comercial, ha derivado en una lucha callejera contra el autoritarismo que los manifestantes achacan al gobierno de Erdogan. Esa denuncia de autoritarismo está calando tanto que este lunes varios sindicatos han convocado movilizaciones por todo el país tras una nueva noche de altercados entre manifestantes y policías en Ankara y Estambul, que se ha saldado con 500 detenidos.

 

La cifra ha sido confirmada por los colegios de abogados de ambas ciudades, que concretan que 441 de los arrestos se produjeron en Estambul, escenario de intensos choques entre la Policía y los activistas que ocupaban desde hace semanas la plaza Taksim y el parque Gezi. En Ankara, por su parte, se han registrado al menos 56 detenciones.

 

Campaña de manifestaciones

 


La división del país es manifiesta desde hace más de una semana. En varias ocasiones, el primer ministro ha movilizado a sus bases en diversas concentraciones cada vez que aterrizaba su avión. Algunos de los mítines de Erdogan han derivado, como este fin de semana, en agresiones de sus seguidores a los activistas, también perseguidos por la policía.

 

En este clima de tensión, cinco sindicatos turcos han lanzado una campaña de manifestaciones por todo el país tras la intervención de la Policía para desalojar la plaza Taksim, en Estambul, según informó este domingo el diario Hürriyet, una protesta que también incluye la convocatoria de una huelga general.

 

La Confederación de Sindicatos Progresistas (DI.SK), la Confederación de Sindicatos del Sector Público (KESK), el Sindicato de Médicos Turcos (TTB), el Sindicato de las Cámaras de Ingenieros y Arquitectos Turcos (TMMOB) y el Sindicato de Dentistas Turcos (TDHB) han hecho un llamamiento conjunto para que los trabajadores salgan a las calles a partir de este lunes, 17 de junio.

 

Según un miembro del sindicatos de trabajadores públicos, el número de asistentes a las manifestaciones de este lunes podría ser de "cientos de miles" de personas. Solo la KESK, que agrupa a once sindicatos, cuenta con un 240.000 afiliados.

 

PÚBLICO/AGENCIASAnkara / Estambul17/06/2013 10:18 Actualizado: 17/06/2013 10:30

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Desdeña el primer ministro turco la rebelión popular

Las manifestaciones contra el primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegaron hoy a su décimo día consecutivo en las dos principales ciudades turcas, Estambul y Ankara, y de manera intermitente en otras localidades del país, pero el jefe de gobierno nuevamente endureció su postura sobre los reclamos al afirmar que su administración no rendirá cuentas ante “grupos marginales”.

 

Este domingo, la policía volvió a intervenir en el centro de Estambul para dispersar con gas lacrimógeno y chorros de agua a decenas de miles de personas que a lo largo del día asistieron a un concierto-mitin, en el que se mezclaron diversas corrientes musicales con la frase “¡gobierno, dimisión!”.

 

A pesar de la incursión policial, varios grupos mantuvieron sus campamentos en la plaza Taksim, centro de las movilizaciones antigubernamentales. Manifestantes como Buse Albay, una arquitecta de 25 años, prometió permanecer en el lugar “el tiempo necesario” hasta conseguir la renuncia de Erdogan, quien llegó al gobierno en 2003, dos años después de fundar el Partido Justicia y Desarrollo, de inspiración islamita.

 

En Izmir, al suroeste de Estambul, miles de manifestantes volvieron a las calles para ratificar su rechazo al autoritarismo de la administración de Erdogan. Medios turcos reportaron que en Ankara, durante la madrugada, hubo choques entre policías y ciudadanos que participaron en la marcha del sábado, mientras que en Adana, en el sur del territorio, se produjeron enfrentamientos entre partidarios y contrarios a Erogan.

 

El partido gobernante –ratificado en las elecciones parlamentarias de 2007 y 2011– convocó a dos reuniones públicas el próximo fin de semana en Ankara y Estambul para lanzar oficialmente la campaña para las elecciones municipales de marzo de 2014 y para responder a las movilizaciones de protesta.

 


Antes del anochecer, el primer ministro se presentó en la capital, Ankara, donde afirmó que “hemos tenido paciencia y seguimos teniéndola, pero esto tiene límites”, dijo.

 

“No rendiremos cuentas ante grupos marginales, sino ante la nación, que nos condujo al poder y es ella la única que nos sacará” del gobierno, dijo el mandatario.

 

“Hablan de democracia, de libertades y de derechos, pero no los conseguirán con la violencia sino con la ley”, agregó el primer ministro, quien además sugirió a los opositores esperar los comicios locales del año próximo, “en vez de ocupar el parque Gezi”.

 

Las manifestaciones contra Erdogan comenzaron el martes 28 de mayo cuando un grupo de residentes de Estambul se apostó en el parque Gezi –aledaño a la plaza Taksim– para expresar su enojo por los planes para destruir el área verde y sus 600 árboles, dando paso a la construcción de una zona comercial y habitacional.

 

Desde el 31 de enero, las marchas se han realizado en forma continua y las demandas han subido de tono, reclamando la renuncia del gobernante y de autoridades policiales y municipales.

 

En Bruselas, la responsable de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Catherine Ashton, emitió una nueva declaración sobre los recientes acontecimientos en Turquía y pidió a su gobierno “un compromiso abierto y duradero” para “fortalecer la democracia, crear confianza y evitar una escalada”.

 

Ashton señaló que las condiciones de ingreso de Turquía a la comunidad europea y su compromiso con los llamados “criterios de Copenhague” de democracia, pluralismo y estado de derecho son el marco para la garantía de los derechos humanos y las libertades básicas para todos los ciudadanos.

 

Afp, Dpa y Reuters

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Jueves, 06 Junio 2013 06:35

El preso político más antiguo de AL

El preso político más antiguo de AL

Estados Unidos ocupó Puerto Rico contra la voluntad de su pueblo en 1898 y hasta hoy lo mantiene en condición colonial. Ha hecho cuanto ha podido por despojarlo de sus raíces culturales, su idioma, su sentimiento nacional y su autoestima, y por reprimir o ningunear a quienes reivindican estos derechos. Sin embargo, la identidad puertorriqueña ha sido más resistente que el poderío económico, político y militar de Washington.

 

De tanto en tanto, y por sobre banderías político-ideológicas, creencias religiosas y diversidades esa identidad estalla en rebeldía desde lo profundo del alma nacional. Entonces a Puerto Rico lo une una causa común que desafía al opresor y no hay fuerza en el mundo capaz de quebrarlo. Ocurrió en la victoriosa batalla por sacar a la marina yanqui de Vieques y en la lucha por la libertad de sus presos políticos en los 70 y los 90. En la unánime condena en 2005 al premeditado asesinato por la FBI del líder independentista Filiberto Ojeda y sus posteriores honras fúnebres, comparables con las del venerable prócer Pedro Albizu Campos en 1965. En ambos casos, la isla se paralizó y les rindió su más sentido tributo.

 

Hoy ocurre igual con el reclamo por la libertad del también militante por la independencia puertorriqueña Óscar López Rivera, el preso político más antiguo de América Latina. El 29 de mayo Óscar cumplió 32 años tras los inclementes barrotes de las cárceles de Estados Unidos.

 

Ese día cientos de personalidades en San Juan y otras cuatro ciudades de Puerto Rico se encerraron simbólicamente en celdas diseñadas por el pintor Nick Quijano, iguales en sus diminutas dimensiones a la que ocupa Óscar. Dijeron presente representantes de todas las tendencias políticas, entre ellos connotados independentistas como Carlos Gallisá o Martha, la viuda del líder Juan Mari Bras, el ex gobernador Aníbal Acevedo Vilá, las alcaldesas de San Juan Carmen Yulín y de Ponce María Meléndez así como sus pares de otros municipios, René Martínez el Residente de Calle 13, otros relevantes artistas e intelectuales, conocidos periodistas, la presidenta del Colegio de Abogados Ana Irma Rivera, peloteros de grandes ligas, universitarios, obispos y líderes de todas las iglesias, activistas de la comunidad LGBT, diputados, senadores, empresarios, eminentes médicos y abogados. El cantante Ricky Martin envió un cálido mensaje de solidaridad desde Australia y el gobernador Alejandro García Padilla expresó que su excarcelación es un asunto de “justicia social, humanidad y compasión” por lo que la había reclamando al presidente Barak Obama.

 


Nacido en el pueblo de San Sebastián, los padres de Óscar lo llevaron a vivir a Chicago intentando huir de la pobreza. Combatiente condecorado de Vietnam, allí comenzó su toma de conciencia anticolonial. Al regreso de la guerra a la ciudad de los vientos devino un dinámico activista por la educación descolonizadora, la cultura puertorriqueña, contra la discriminación racial y por la independencia de su patria.

 

Acusado de pertenecer a las independentistas Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, la fiscalía gringa le levantó el difuso cargo de conspiración sediciosa (“intento de derrocar por la fuerza al gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico”). El premio Nobel Desmun Tutu –una de muchas personalidades internacionales que piden su liberación– ha dicho que lo que el cargo quiere decir es “conspirar para liberar a su pueblo de la justicia imperial”. Negado a aceptar la jurisdicción de los tribunales yanquis, Óscar se declaró prisionero de guerra en una lucha anticolonial y rehusó cooperar con el proceso. Aunque no pudieron probarle ninguna acusación y su conducta como recluso ha sido ejemplar, la exorbitante sentencia impuesta expiraría en 2023.

 

Mantenido en confinamiento solitario 12 años, no salió de su celda más que unas pocas horas a la semana, nunca vio la luz natural y se le impidieron las visitas. Cuando las pudo recibir fue al otro lado de un cristal antibalas. Su hija se hizo mujer sin poder tocarlo y su nieta sólo lo pudo abrazar siendo una adolescente. Ha sufrido constantes tratos inhumanos y degradantes incluyendo negativa de asistencia médica, debidamente documentados. La ONU ha pedido su liberación.

 

Hombre de gran sensibilidad, ha hecho una notable obra pictórica y epistolar en prisión. Nací boricua, seguiré siendo boricua y moriré boricua, ha dicho. Apoyémoslo para que así sea, pero en su patria y libre. ¡Viva Puerto Rico libre!

 

Twitter: aguerraguerra

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