Segundo día de represión policiaca en Turquía

La policía de Turquía reprimió este sábado por segundo día consecutivo a manifestantes en el centro de Estambul, los cuales rechazan un proyecto urbanístico local. Sin embargo, poco después el gobierno turco hizo concesiones al retirar a la policía de la plaza Taksim, centro de las protestas, y el primer ministro Recep Tayyip Erdogan admitió “excesos” de la corporación.

 

Horas antes de ordenar el repliegue policial, Erdogan aseveró que la policía permanecería en la plaza Taksim, porque ese lugar “no puede ser área donde los extremistas hagan lo que quieran”. Además, instó a los manifestantes para que cesen las protestas.

 

“Llamo a los que protestan a interrumpir las manifestaciones inmediatamente”, expresó el primer ministro durante un discurso, luego de que las movilizaciones del viernes fueron reprimidas con extrema violencia. No obstante, las protestas continuaron toda la noche y se prolongaron hasta la madrugada de este sábado, cuando la policía volvió a chocar contra los manifestantes.

 

Se va la policía de la plaza Taksim

 

Enfrentado una de las más importantes oleadas de protestas desde su llegada al poder en 2002, el primer ministro ordenó a las fuerzas policiales que se retiren de la plaza Taksim y del parque Gezi, donde se planea un proyecto urbanístico que ha desatado la ira popular por la tala de árboles.

 


Inmediatamente después de la salida de la policía, miles de personas estallaron en júbilo en la plaza y el parque aledaño.

 

Erdogan aceptó que hubo casos en los que la policía actuó con “extremismo” en la represión a manifestantes que protestaban, ya que se cometieron “errores” en el uso de gases lacrimógenos. Agregó que se iniciará una investigación.

 

Según el ministro del Interior, Muamer Guler, 53 civiles y 26 policías resultaron heridos durante los dos días de violencia en Turquía, y 939 manifestantes fueron detenidos en varias ciudades del país. Pero algunas fuentes hospitalarias hablaron hasta de mil lesionados tras los enfrentamientos en Estambul.

 

Estados Unidos dijo estar “preocupado” por los numerosos heridos, mientras el Parlamento Europeo planteó su “inquietud”. Amnistía Internacional criticó el “recurso excesivo de la fuerza frente a manifestantes pacifistas”, y Reporteros Sin Fronteras denunció los “ataques deliberados” contra periodistas, uno de los cuales fue herido en la cabeza.

 

Afp, Dpa, Reuters y Xinhua

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Obama apuesta por la prevención en su estrategia contra las drogas

La nueva estrategia de la Administración Obama para la lucha contra las drogas da preeminencia a las políticas de prevención y rehabilitación sobre las policiales y de seguridad. Durante la presentación del Plan para 2013, Gil Kerlikowske, el director de Política Nacional para el Control de Droga, ha defendido la apuesta de Estados Unidos como la más adecuada para combatir el narcotráfico, al guardar un equilibrio entre la legalización y la guerra directa, las dos corrientes que, con ligeros matices, se defienden en este país y en América Latina para erradicar el problema de las drogas.


 
“Una política contra las drogas basada exclusivamente en la represión se ha demostrado contraproducente, ineficaz y costosa. Pero el extremo contrario, el de la legalización, es perjudicial desde el punto de vista de la salud pública”, ha señalado Kerlokowske. El plan de este año no difiere demasiado del de 2012, que también puso el énfasis en la prevención, pero el envite de Obama se ha reflejado de manera notable en su nuevo presupuesto, mucho más equilibrado entre seguridad y prevención que el del ejercicio anterior.

 


Aunque la proporción de la inversión de la Casa Blanca destinada a seguridad sigue siendo superior, la cantidad fijada en las cuentas de 2014 para la lucha contra la droga en ese apartado se reduce del 62% al 58%, respecto de 2013, mientras que la dedicada a políticas de salud pública y educación aumenta del 38% al 42%. -El presupuesto indica que la cantidad destinada al tratamiento es de 10.700 millones de dólares, frente a los 9.600 millones invertidos en política policial y de prisiones, pero en las cuentas se omiten los 3.700 millones dedicados a la interceptación de alijos y los 1.400 millones para el control del narcotráfico fuera de EE UU, que se incluyen en otra partida-.


 
Aunque Kerlikowske ha rechazado que la legalización del consumo de drogas sea la mejor respuesta para erradicar el problema del narcotráfico, el asesor de Obama en esta materia no ha hecho ninguna alusión a la legalización de la producción, la venta y el consumo de marihuana aprobada en los Estados de Washington y Colorado. “Puede cambiar la legislación estatal, pero sigue siendo un problema de salud pública”, se ha limitado a decir Kerlikowske, que ha remitido al Departamento de Justicia para que explique la respuesta del Gobierno federal ante dos leyes que regularizan un producto que está prohibido por el Gobierno federal -de momento el Fiscal General no se ha pronunciado al respecto-.


 
El plan para 2013 potencia la educación, la asistencia sanitaria y la reforma del sistema judicial como herramientas para reducir el abuso del consumo y las consecuencias de la adicción. “El encarcelamiento no puede ser la solución a la cuestión de las drogas”, ha reconocido. De los 2,2 millones de personas encarceladas en EE UU, poco más de la mitad está en prisión por delitos relacionados con drogas, según el Censo de 2010. El plan de Obama ha incorporado programas para destinar a 100.000 de esos presos a programas de rehabilitación en lugar de mantenerlos entre rejas, prevé crear juzgados especializados y potenciar las condenas a tratamiento de desintoxicación sobre las penas de cárcel en el caso de faltas y delitos menores.

 


Aunque la nueva estrategia de la Casa Blanca sintoniza con la emprendida por varios países de América Latina que han optado por potenciar las políticas de tratamiento y prevención frente a las de seguridad y represión, Kerlikowske ha preferido guardar una distancia prudencial antes que equiparar las iniciativas. “Nuestro plan es el más inteligente y es un término medio a lo que propone América Latina”, ha indicado.


 
En la Cumbre de las Américas del año pasado, varios líderes de la región pidieron a Obama que reconsiderara la legalización como una potencial respuesta para acabar con la violencia relacionada con el narcotráfico que atenaza a varios de los países de la zona. El presidente estadounidense insistió en que él no cree en la legalización como solución. El fracaso de las políticas de represión ha llevado a varios Estados americanos, como Colombia, Uruguay, México o Guatemala -con una de las mayores tasas de homicidios relacionados con drogas- a variar su estrategia contra las drogas, potenciando políticas integrales y apostando por la regularización de determinados cultivos. Otros países, como Chile, Cuba o Paraguay, insisten en mantener políticas de tolerancia cero.

 

Por Eva Saiz Washington 24 ABR 2013 - 22:30 CET

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Lunes, 22 Abril 2013 06:31

Carabineros con balines de pintura

Carabineros con balines de pintura

En la última marcha de estudiantes chilenos, carabineros estrenó una nueva arma represora: balines de goma con pintura estilo paintball supuestamente para marcar a los encapuchados. La polémica creció cuando más de una decena de manifestantes que lo hacían a cara descubierta recibió sendos impactos en sus rostros, incluso algunos de ellos pueden perder la vista o uno de sus ojos.

 

El pasado 11 de abril, las organizaciones estudiantiles que luchan por conseguir en Chile una educación gratuita, laica y de calidad convocaron a una marcha –la primera del año– para demostrar el descontento por el poco avance en esta materia. A la cita llegaron unas 150 mil personas sólo en Santiago, constituyéndose en una de las manifestaciones más masivas desde que comenzó a profundizarse la crisis en colegios y universidades, a mitad del 2011.

 

Mientras la marea humana caminaba en medio de batucadas, tambores, bailes y disfraces, comenzaron las típicas escaramuzas entre jóvenes más radicales con rostro cubierto –conocidos en Chile como encapuchados– y la policía. Estos enfrentamientos siempre han incluido pedradas, barricadas con neumáticos, escombros, palos y hasta bombas molotov por parte de los primeros. Desde el otro lado, carros hidrantes, balines de goma y muchos gases son utilizados por los oficiales para calmar los ánimos. Ahora los carabineros le agregaron los balines con pintura.

 

Los primeros en reaccionar ante este método de disuasión policíaca fueron los propios estudiantes. El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), Diego Vela, llamó enérgicamente a las fuerzas policiales a terminar con el uso de balines en las manifestaciones y recordó que “carabineros se comprometió a no usarlas hace tres años”.

 

Otros dirigentes denunciaron un amedrentamiento por parte de los oficiales para evitar que la ciudadanía participara en nuevas convocatorias.

 

Desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos se mostraron muy preocupados por la situación. “La herramienta se ideó para que Carabineros pudiera marcar e identificar a los que cometen delitos en manifestaciones, pero vimos que ninguna de las personas detenidas tenía rastros de pintura, por lo cual no se está cumpliendo ese objetivo. Acá no se ha cumplido la distancia mínima y dónde se apunta”, dijo la directora del INDH, Lorena Fries. “Un caso puede ser una individualidad, pero cuando llegan cinco personas con esta misma situación... hay un tema de fondo en materia de orden público y garantía de los derechos humanos”, declaró.

 

La última convocatoria estudiantil también se trasladó a la ciudad puerto de Valparaíso. En ese lugar, efectivos de carabineros actuaron con excesiva violencia en contra de algunos manifestantes, razón por la cual fueron dados de baja. No obstante, Fries dijo esperar “un poco más” que esas sanciones para terminar con los abusos policíacos.

 

Días después, los afectados junto a otras personas marcharon cerca de la unidad central de Carabineros en protesta por el uso de balines de pintura. “Estamos hablando de descriterio de carabineros cuando hay seis u ocho francotiradores disparando a la vez al lado de un mayor, esto no es azar”, sostuvo Germán Grunet, quien recibió un balín en un ojo.

 

El Colegio Médico respaldó estas denuncias y pidió el retiro de los balines. “Nuestra profesión como oftalmólogos es salvar los ojos, por eso estamos muy preocupados. Creemos que si se sigue aplicando podríamos tener muchos más lesionados y ciegos”, dijo Felipe Vega, médico oftalmólogo de la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador.

 

“Nuestra recomendación a las autoridades de gobierno debiera ser la supresión de esta arma disuasiva, que puede provocar casos realmente gravísimos y con resultado de muerte”, agregó el presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, Alvaro Reyes.

 

Otro de los lesionados es el arquitecto Enrique Eichin, de 58 años, quien está a punto de perder el ojo debido al impacto de uno de estos proyectiles. “El objetivo que cumplirían esos rifles de identificar a las personas que están causando daños es un absurdo, una excusa, porque no disparan de manera dirigida, son ráfagas que tiran al voleo. Ese tipo de armamento, que aparece como inofensivo, debe salir de las Fuerzas Especiales. Si no, va a seguir habiendo ciegos en este país”, dijo.

 

A su vez, Natalia Kamisato, otra de las estudiantes afectadas, acusó a carabineros de terrorismo. “Esto es un terrorismo que se está generando para desarticular todo el movimiento estudiantil y social. Nosotros estamos por que este tipo de elementos sea retirado definitivamente de carabineros”, afirmó.

 

Ante la polémica, el general director de carabineros, Gustavo González, anunció escuetamente que se reevaluará el uso de balines de pintura en la realización de convocatorias masivas.

 

La próxima manifestación nacional convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile será el miércoles 8 de mayo. Habrá que ver si efectivamente se acabarán los balines de goma o si el paintball con los estudiantes continúa.

 

@chripalma

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En huelga de hambre, al menos 130 detenidos en la prisión de Guantánamo

Unos 130 presos sospechosos de terrorismo mantienen una huelga de hambre iniciada hace ocho semanas, en protesta por los abusos de que son víctimas en la cárcel estadunidense de Guantánamo, Cuba, aseguró hoy Clive Stafford, abogado de uno de los reclusos.

 

Más aún: los 66 presos del bloque llamado Campo V se sumaron el viernes pasado a la protesta, que cada día cobra más fuerza, añadió Stafford, defensor del saudita Shaker Aamer.

 

Autoridades militares de Estados Unidos sólo reconocen que 39 presos están en huelga de hambre de los 166 internos. A 11 los alimentan a la fuerza, mediante sondas nasogástricas, mientras tres se encuentran hospitalizados por deshidratación severa.

 

Aamer sostuvo en una declaración jurada que, en represalia, los guardias aumentan los castigos y disfrazan las cifras sobre la pérdida de peso de los detenidos a raíz del ayuno.

 

"Usan una escala más grande ahora. Pesan a los presos con grilletes y, con frecuencia, inmediatamente después de haber bebido gran cantidad de agua. Suelen esconder el resultado del peso de los reclusos", aseguró el reo.

 

Manifestó la determinación de los internos a mantener el ayuno, iniciado el pasado 6 de febrero, en rechazo a medidas como el confinamiento por tiempo indefinido, registros a pertenencias personales y confiscación de copias del Corán, libro sagrado de los musulmanes, así como la manipulación del Corán por los guardias.

 

"Los detenidos están más juntos que nunca, ya que están decididos a luchar contra el abuso que están sufriendo con una huelga no violenta", manifestó Aamer, una de las 166 personas encerradas en el penal desde hace más de una década, sin enfrentar cargos concretos ni juicio.

 

Dos de los prisioneros que son alimentados por la fuerza, los yemenitas Abdalmalik Wahab y Uhtman Uthman, pudieron hablar el viernes pasado con su abogado, David Remes, a quien relataron que los ayunantes "sienten la llegada de la muerte".

 

Para David Remes, quien defiende a 15 detenidos, entre ellos 13 huelguistas, el movimiento "no tiene precedente por su amplitud, duración y determinación".

 

Uthman, de 45 años, quien ya perdió 20 kilos, contó a su abogado que fue alimentado a la fuerza y sujetado a una silla de ruedas. Además, vomitó sangre y perdió la conciencia.

 

Trasladado hace cuatro semanas al Campo V, donde están los prisioneros sancionados por indisciplina, Uthman dispone ahí de botellas de agua. Pero los litigantes denunciaron la falta de agua potable y las temperaturas "extremadamente frías", impuestas en dicho campo, para quebrar la huelga de hambre. Las autoridades militares desmintieron categóricamente esas denuncias, en un litigio en curso ante un tribunal de Washington.

 

Uthman asegura que los detenidos no confían en el nuevo comandante de la prisión ni en el Comité Internacional de la Cruz Roja, que llegó antes de lo previsto a Guantánamo a causa del ayuno. Es la única organización autorizada para reunirse con los detenidos de esa prisión estadunidense.

 

"Nadie les habla", reveló Uthman a Remes.

 

"Los detenidos están decididos a ir hasta el final", según el abogado.

 

"Díganle a mi familia que me perdone si muero", pidió Abdalmalik.

 

La base naval de Estados Unidos en Guantánamo fue convertida en cárcel en 2002, para retener ahí a detenidos bajo el cargo de ser sospechosos de terrorismo.

 

El centro es considerado un "moderno" campo de concentración, donde a la población penitenciaria se le aplican diversas modalidades de tortura, como el aislamiento en celdas con temperaturas extremas o mantener amarrados a los reos en posición fetal por más de 24 horas y sin alimentos.

 

El presidente Barack Obama no cumplió su promesa electoral de cerrar dicha instalación, calificada por muchos de "agujero negro" en materia de respeto a los derechos civiles.

 

En Saná, capital de Yemen, familiares de detenidos se manifestaron este lunes frente a la sede diplomática estadunidense. Ahí exigieron que sean excarcelados de inmediato.

 

Pl y Afp
 

Washington, 1º de abril.

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“La matanza de Curuguaty fue una conspiración”

Es el candidato del Frente Guasú, la alianza formada para tratar de reconquistar el gobierno del desplazado Fernando Lugo. Aquí, explica cómo se rearma la base política de los sectores progresistas y qué proponen al electorado paraguayo. También da cuenta de la investigación sobre la masacre de campesinos y policías que derivó en el golpe al ex presidente.

 

–La gestión de gobierno de Fernando Lugo, ex obispo y ex presidente, terminó en un juicio político que pareció una abreviada obra teatral. Ahora, ¿cómo se preparan para el inicio de la próxima etapa en la joven democracia paraguaya?

 

–Dos elementos son los fundamentales. Uno tiene que ver con la defensa de un gobierno de cambio que, en su primera etapa, avanzó en muchos frentes en sus casi cuatro años (del período de cinco) de gestión. Nosotros pensamos que los cuatro años de Fernando Lugo trajeron planteos reformistas con los que se inició un período de gestión que se caracterizó por varios aspectos positivos. En primer lugar, desaparecieron las persecuciones a los empleados, que era una práctica habitual cuando se daba un cambio de gobierno, incluso dentro de un mismo partido. Existía una suerte de persecución, una inestabilidad laboral en el sector público. Fue un acto de respeto hacia una enorme masa de trabajadores del Estado. En segundo lugar, se establece una política de derechos, contraria a una política prebendaria. A través de la universalización de la salud, la gratuidad del servicio de salud, se abre al país. Se amplían los servicios. Se establecen concursos para acceder a la función pública, prácticamente el 50 por ciento de la gente que entra a la función pública durante el gobierno de Fernando Lugo lo hace por concursos. Ese fue un hecho absolutamente inédito en el Paraguay. El antecedente era de cero por ciento en los gobiernos del Partido Colorado. Ni siquiera había concursos entre colorados. Se desarrollaron políticas sociales que empezaron a tener impacto en la sociedad. Se atienden las zonas más pobres, se van dotando de servicios de salud básica, se crea un sistema de transferencias condicionadas, entendiendo que son políticas sociales de emergencia en un país marcado por el 45 por ciento de pobreza rural.

 

–Una de las críticas más escuchadas era que los insumos no llegaban a destino, a los pobres que los necesitaban. Las mafias enquistadas en toda burocracia las hacían robar, o las vendían a terceros, o las hacían desaparecer.

 

–En un comienzo puede ser, pero eso era un proceso de perfeccionamiento continuo. Es decir, el pasar de dos millones de consultas anuales a ocho millones de consultas establece un ejemplo y una demanda enorme, nueva.

 

–Es razonable preguntar si los ocho millones de consultas están documentadas...

 

–Por cierto que sí. Hay que suponer que en algunas situaciones especiales un centro puede no haber tenido todos los insumos necesarios, pero no era habitual. Las setecientas unidades de atención a la familia que se abrieron en un período de casi cuatro años contaban con los elementos básicos para la atención primaria. Hay que recordar que esta red fue de cero a setecientos en cuatro años. Eran setecientos en las comunidades más pobres y más alejadas en el país.

 

–Es importante retomar el hilo de la explicación de la base sobre la cual usted y el Frente Guasú se relanzan ahora a intentar volver al poder.

 

–Sí, hay que retomar... Un primer eje es la defensa del gobierno, entendiendo que con sus dificultades y deficiencias había dado pasos iniciales en reformas que tuvieran como objetivo gobernar con un sentido de derechos y para todos los paraguayos, sin exclusión. Por otro lado, el proceso paraguayo tiene una democracia herida, una democracia institucional en la que el respeto a las normas, el respeto a la convivencia, ha sido reemplazado mediante un acto de fuerza que ha destituido al presidente Lugo y que esa democracia herida requiere ser restaurada.

 

–En ese sentido, ¿es razonable programar, cuando han sido derrocados como lo fueron, que puedan llegar a la Presidencia de la Nación?

 

–Sí, podemos, confiados principalmente en la voluntad ciudadana, entendemos que hay una ciudadanía que crece en sus convicciones democráticas. Mediante esas convicciones se empieza a ver qué actores políticos tienen coherencia democrática. Por otra parte hay amplios sectores de la sociedad paraguaya que reconocen los avances que se lograron durante el gobierno de Fernando Lugo. Avances reales. En tercer lugar, podemos estar confiados porque hoy contamos con un instrumento político mucho más desarrollado que es el Frente Guasú, con el que no contábamos anteriormente, ahora sí. Es una herramienta política que se está construyendo, que se consolida, y que se está proyectando con capacidad para disputar el poder. Hay capacidad de gestión y capacidad de definir objetivos. También hay que recordar, en este tercer lugar, que tenemos un contexto internacional favorable a un gobierno de carácter progresista que logró reintegrar al Paraguay a la comunidad internacional y la integración continental. Confiamos en avanzar con la presentación de una lista única, unida, de parlamentarios encabezada por Fernando Lugo como senador. Yo tengo mucha confianza en que la voluntad ciudadana creciente es por la democracia y por desprenderse del viejo modelo de Estado. Los compatriotas reconocen las enormes falencias que tiene el viejo sistema. Estamos en condiciones de repetir un triunfo electoral de las características de 2008, cuando llegamos al gobierno. Las condiciones ahora son más favorables que cuando llegamos hace cinco años. Tenemos el beneficio de la experiencia de gestión y una mayor conciencia democrática en la ciudadanía.

 

–¿Cómo se puede encarar una reforma agraria en un país que tiene una de las mayores concentraciones de propiedad de la tierra en América y buena parte del resto del mundo?

 

–Una reforma agraria, que tiene entre sus componentes fundamentales la tenencia de la tierra, solamente será posible con una base de una mayoría transformadora y un nuevo consenso social. No es posible encarar una reforma agraria si no se tiene un parlamento que pueda facilitar la elaboración de leyes que permitan llevar adelante la transformación como programa.

 

–¿Cómo ve la exclusión de Paraguay por Unasur y Mercosur? Puede ser visto como ventajoso para el Frente Guasú en una contienda electoral, aun cuando no es bueno para el país.

 

–Las sanciones son políticas, fundamentalmente, y no económicas. Pero el efecto es de exclusiva responsabilidad del gobierno golpista. Nosotros no somos responsables de esta circunstancia. Un segundo concepto es que la solución del problema paraguayo corresponde a la ciudadanía. Nosotros nos oponemos a todo tipo de repercusión económica que surja de las sanciones políticas. Este gobierno sufre el desconocimiento casi mundial (salvo quizás Honduras o Guatemala, que son de la peor reputación democrática). Pero el país tiene que superar este problema. El gobierno (de Federico Franco) está asilado, es de facto.

 

–¿Qué hacen ustedes como grupo y cómo van a proyectarse a futuro?

 

–Quizás primero el diálogo tenga que recorrer un poco del pasado. Participamos primero dentro del gobierno y más recientemente en el campo político en términos de ir asegurando la base política y social que pudiera sostener al gobierno de Fernando Lugo...

 

–Pero fracasaron...

 

–Llegó al gobierno con muchas dificultades, con un congreso adverso, que desde el inicio se convierte en un parlamento obstruccionista con una prensa hostil que, inmediatamente después de la elección de Lugo, empieza un proceso sostenido de hostigamiento, de desgaste, con el objetivo de derribar el gobierno. Por otro lado, también sufríamos una debilidad en el sentido de que habíamos llegado a las elecciones del 2008 con la centro izquierda fragmentada. Nos llevó a tener una muy pequeña presencia parlamentaria. Escasa. Era un gobierno con gran apoyo ciudadano, había un amplio consenso social acerca de la necesidad de una alternancia, de arrancar un proceso de cambio, había mucha confianza en la figura de Fernando Lugo como elemento positivo. El elemento negativo era una gran fragilidad institucional donde el poder legislativo, como el poder judicial, respondían al viejo Estado y el viejo sistema, y, por otro lado, una prensa que formó un cerco mediático inmediatamente después de asumir Fernando Lugo.

 

–¿Cómo se cambia eso en estas próximas elecciones...?

 

–En primer lugar, ya superamos la etapa de gran debilidad debido al desconocimiento de la gestión de gobierno, además de la debilidad parlamentaria...

 

–¿No podía ser que lo que se proponía en materia de cambio para la ciudadanía no estaba suficientemente explicitado en la campaña?

 

–Se llega con una posición bastante clara, se llega con una alianza política que, entre paréntesis, incluía a un partido Liberal Radical que resultó ser otro factor de debilidad. Constituimos una alianza patriótica para el cambio, una alianza que tenía esbozados seis grandes ejes de sus compromisos con la ciudadanía. Era un programa bastante claro que incluía saneamiento del Estado, ampliación del espectro de las políticas sociales, integración latinoamericana, reafirmación democrática, modificaciones de carácter fiscal, es decir había un esbozo claro que planteaba no solamente una alternancia, no sólo un cambio de color en términos de banderas, no sólo un desplazamiento del Partido Colorado del poder, sino que también interpretaba las demandas sociales principales que hay en el Paraguay. Esa es una transformación o más bien una reforma de carácter político y social que era un compromiso asumido ante la gente.

 

–Usted piensa que eso estaba bastante claro...

 

–Sí. El conflicto empieza a darse con el sistema dominante, con el “establishment”, empieza a darse cuando un gobierno va ampliando sus políticas sociales, que busca participar en un proceso de integración latinoamericana que busca el ingreso de Venezuela al Mercosur, que integra a Paraguay al Unasur, que se compromete con intenciones de democratización y avance en términos de integración. Cuando se inicia levemente un esfuerzo por aclarar la tenencia legal de la tierra en Paraguay, que es un capítulo oscuro de la legalidad paraguaya en el sentido en que gran parte de la propiedad de las tierras en el Paraguay tiene un origen oscuro, entonces, cuando se empiezan a tocar los grandes intereses, fundamentalmente en cuanto a la tierra, entonces sí ya tenemos un nivel de conflictividad mucho mayor. Otro elemento de fricción también se da cuando desde el gobierno se empieza a plantear la democracia participativa, entendiendo que, si bien las instituciones constituyen un avance democrático, estas mismas tienen que perfeccionarse; sin embargo, cuando el gobierno habla de democracia participativa genera una reacción de los sectores conservadores que entienden que esto puede llevarlos a situaciones incontrolables para ellos.

 

–Usted mencionó el plan de actuar dentro de lo que es Unasur... Como parte de la campaña electoral de ahora, ¿cómo quedará esa idea luego de una elección bien llevada? Para “afuera”, ¿puede quedar superada la controversia, olvidarse como un incidente en el Congreso? ¿Enterrarse el conflicto político teórico además de práctico? ¿Cómo se transmite, dentro y fuera del Paraguay, el concepto, la idea duradera, de que esto fue un golpe de estado parlamentario? ¿O quedará para muchos la idea de que no fue un golpe, y listo?

 

–En primer lugar, tomemos lo político. Hubo un golpe. En nuestra lectura, y sin lugar a dudas, el golpe resultó producto de una conspiración que se inicia con la matanza de Curuguaty. (En el norte del país, en junio 2012, cuando fueron muertos a balazos seis policías y once campesinos. El 15 de enero se mostró en Asunción por primera vez un video documental de la matanza.) Entre la matanza y el golpe hubo una semana nada más.

 

–Pero no vamos a pensar que la conspiración se genera y ejecuta en una semana...

 

–Eso ya lo dijimos. La conspiración estaba instalada desde el comienzo del gobierno de Fernando Lugo. Involucraba con mucha fuerza al Partido Colorado y el Partido Unace (del general Lino Oviedo, muerto en un accidente en Hayes, el 2 de febrero). A comienzos del gobierno de Lugo ya hubo una denuncia de una reunión en donde se habla del juicio político. El gobierno de Lugo fue amenazado en 23 oportunidades con el juicio político. Ocurre en el intento número 24, un primer shock social que conmociona al país porque no había sucedido nunca, culmina en Curuguaty donde una oscura situación recibe una lectura comunicacional que la presente como una suerte de matanza entre campesinos y policías. Los grandes intereses empiezan a hablar de juicio político. Los primeros que hablan así son la unión de gremios de la producción y la asociación rural del Paraguay, las dos entidades más grandes del país. La primera representa a los grandes sojeros –que se han beneficiado en enormes niveles de exportación– y los latifundistas en general, y, por el otro lado, son los ganaderos. El tema lo toma el Partido Colorado en la persona del empresario y dirigente deportivo Horacio (Manuel) Cartes (Jara), que en enero acusó al gobierno de Federico Franco de irregularidades. Cartes es el que arrastra el Partido Colorado y luego el Liberal en el juicio político. Se suma luego a la conspiración un partido de centro conservador, Patria Querida. Nuestra lectura política muestra que Curuguaty no fue un enfrentamiento sino una mano externa en forma de un equipo profesional de asesinos que hicieron fuego desde lugares estratégicos alrededor de policías y campesinos que se reunían para conversar una orden de desalojo de un juez. Había una gran fuerza policial y unos cuarenta campesinos, con sus hijos y sus esposas. El objetivo del gobierno de Lugo en esta situación siempre fue mantener la paz.

 

–¿Han identificado a los atacantes? Usted dice que eran muy buenos tiradores...

 

–Han desaparecido, pero los policías pudieron describir la situación. Es territorio controlado por el narcotráfico, muy marcado por el crimen. Incluso pocos días después de la masacre, a poca distancia del lugar, se encuentran enormes plantaciones de marihuana. Hay pistas de despegue y aterrizaje, una infraestructura de apoyo para este tipo de gente. Eso es nuestra lectura política de la situación que une Curuguaty con el golpe parlamentario. Otro elemento que se ha sumado fue el asesinato del dirigente campesino Vidal Vega, a comienzos de diciembre pasado. Era un importante referente en la investigación de la masacre. Fue asesinado por dos sicarios, en su casa.

 

–Mi pregunta inicial viene a ser puntual ahora, ¿qué van a hacer ustedes, los que han sido desplazados por esta conspiración?

 

–Tenemos que seguir en la legalidad. Sabemos que la Constitución atribuye al parlamento la posibilidad de hacer un juicio político. Este no es cualquier juicio político. El presidente de la república no fue puesto por el parlamento, que si fuera así se le retira el apoyo parlamentario para destituirlo. En esto hablamos de un juicio político con causas bien fundamentadas, donde tiene que haber una acusación con pruebas capaces de respaldar acusaciones específicas. Y, por otro lado, tiene que haber un derecho a la defensa razonable, constitucional, garantizado. Acá las acusaciones están basadas en recortes periodísticos, en vaguedades, sin sustento legal. La defensa ha tenido menos de 24 horas para prepararse, y tuvo dos horas en el recinto. Fue una comedia.

 

–Bueno, ¿qué se hace ahora para superar esta situación?

 

–Hay que esclarecer... Hay que sentar el precedente de una investigación documentada que se constituya en un testimonio histórico. Desde el punto de vista político estamos llevando el mensaje a la ciudadanía. En cuanto a las investigaciones existen varios equipos que están trabajando para ofrecer un testimonio fuerte, el más conocido de los equipos se llama Plataforma de Investigación. Ha atraído técnicos extranjeros y ha aportado importantísimos datos en cuanto a la interpretación de los videos, la característica de las balas y de las vainas que se han encontrado. Hay filmaciones, algunas tomadas en el lugar, otras de la policía... Hubo muchas dificultades para lograr este material por las obstrucciones de la fiscalía. Esta fiscalía paraguaya sostiene la tesis de un enfrentamiento campesino-policial. Es una tesis que cada día se deshace más por la envergadura de las heridas de las personas fallecidas. Hay que imaginar que de ese grupo de treinta campesinos con siete escopetas precarias, sólo dos de ellas presentan evidencia de haber sido usadas, no pudieron herir de muerte a seis policías que estaban con chalecos antibalas y a cada uno muerto con tanta puntería para recibir balas en la cabeza o en el cuello. Además fueron heridos 24 policías. Hay gran desmesura entre la capacidad de fuego denunciada y el daño real causado. Es tan grave la investigación de la fiscalía, y tan tendenciosa y tan irregular y tan falta de garantías para la sociedad, que están sólo imputados los campesinos. No hay investigación oficial y formal. Tampoco hay ninguna información de cómo murieron los campesinos. Parece que hubiesen sido muertos entre ellos o de la nada.

 

Bueno, ¿qué hacemos? Desde el punto de vista político, difundimos nuestra interpretación. Sigue la investigación a fin de lograr cada vez más claridad. Y desde el punto de vista jurídico, hemos reunido juristas nacionales e internacionales que han hecho diferentes interpretaciones. En enero, presentamos un libro de Emilio Camacho que registra todo lo que se ha hecho. Vinieron juristas chilenos, argentinos, también paraguayos, colorados y liberales, quienes dieron su lectura jurídica del juicio político.

 

–¿Qué efecto puede tener ese documento?

 

–Hay una convicción generalizada en la sociedad paraguaya de que Curuguaty y el golpe estaban vinculados, de que fue una arbitrariedad, un abuso del derecho que tiene y tendrá repercusión internacional y un abuso de la Constitución. El juicio político quedará como una acción sin sustento mínimo al no respetarse derechos básicos, como es el derecho a la defensa.

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Lunes, 04 Marzo 2013 07:01

Surrealismo poco mágico

Surrealismo poco mágico

Un joven enfrenta cadena perpetua por el delito de informar a su pueblo de lo que hace su gobierno en nombre de ese pueblo, otra crisis prefabricada más azota al país, un cardenal que encubrió los peores pecados imaginables votará por el próximo representante de Jesucristo, un par de estados intentan dejar atrás el siglo XIX, y un ex basquetbolista tatuado realiza una maniobra diplomática en Corea del Norte… éstos son sólo algunos de los acontecimientos de los últimos días que comprueban que el surrealismo está vivito y coleando en Estados Unidos.

 

Bradley Manning afirmó la semana pasada que filtró los documentos oficiales secretos a Wikileaks para detonar un debate público sobre las políticas bélicas y diplomáticas de su gobierno. Parece que no hay peor delito que informar al pueblo de lo que el gobierno hace en su nombre, ya que eso, según las máximas autoridades, es “ayudar al enemigo”. Según Manning, ahora de 25 años de edad, el público tenía el derecho y necesitaba enterarse de la verdad –posibles crímenes de guerra– detrás de la retórica oficial. Por ese delito fue tratado de manera “inhumana y cruel”, según el relator especial sobre tortura de la Organización de Naciones Unidas. El gobierno estadunidense constantemente promueve la “transparencia” y la libertad de expresión, y los derechos de los disidentes, en otras partes del mundo (Cuba, Venezuela, Ecuador, algunos países árabes, aunque no entre sus aliados), pero resulta que aquí alguien que se atreve a hacerlo aparentemente es culpable de traición a la patria.

 

Mientras tanto, el espectáculo de otra crisis prefabricada por la cúpula política será pagado por cientos de miles de trabajadores de todo el país. Aquí no hay una catástrofe natural, un fallo en el modelo económico, el derrumbe de alguna industria o un desastre internacional, sino una crisis que estalla de manera diseñada y fechada por la cúpula política de ambos partidos. Los recortes automáticos del presupuesto federal que entraron en vigor el viernes pasado fueron resultado de un acuerdo bipartidista en 2011 entre la Casa Blanca y el Poder Legislativo de que, si no se llegaba a un consenso para abordar el déficit fiscal, se detonaría una serie de recortes del gasto federal que supuestamente serían inaceptables para ambos lados, o sea, fue formular una pesadilla mutua para asegurar un acuerdo.

 

La pesadilla llegó y Obama subrayó que todo esto era innecesario y que “esto no es un triunfo para nadie y es una pérdida para el pueblo estadunidense”. La Casa Blanca supone que con los efectos de los recortes habrá mayor presión pública sobre los republicanos para llegar a un acuerdo. Los republicanos apuestan que la defensa de su supuesto “principio” de no permitir más impuestos sin mayores recortes funcionará políticamente. Pero lo único que logró, por ahora, es dejar claro ante la opinión pública la disfunción fundamental de la cúpula, aunque ninguno de los políticos perderá su chamba ni sufrirá personalmente las consecuencias de los recortes; ese será el costo para cientos de miles de trabajadores que dependen del presupuesto federal ante la receta de la austeridad que tan bien le ha funcionado a los europeos, ¿verdad?

 


Aunque, irónicamente, esta crisis también tiene consecuencias positivas, como los primeros recortes en el gasto militar en años o la liberación de miles de inmigrantes indocumentados detenidos en lugares como Arizona, por falta de recursos.

 

Hablando de instituciones en crisis, el cardenal Roger Mahony, líder católico de Los Ángeles, está en Roma para participar en el cónclave en el cual se seleccionará al próximo representante oficial de Jesucristo en la tierra, a pesar de que es culpable de encubrir el abuso sexual de menores por curas durante años en su diócesis. Ahora sesionará muy moralmente con otros líderes católicos de todo el mundo para elegir al próximo Papa. No estará solo en este rubro, ya que por lo menos una docena de sus colegas también han sido manchados por encubrir esos escándalos en todo el mundo, incluido el decano del Colegio de Cardenales, Angelo Sodano, acusado de aceptar enormes regalos monetarios de los legionarios de Cristo y frenar una investigación sobre el fundador de esa orden, el reverendo Marcial Maciel, reporta el New York Times. Aparentemente, Jesús –bueno, por lo menos el Vaticano– perdona todo.

 

En asuntos más terrenales, hace un par de semanas Misisipi votó formalmente para aprobar la 13 enmienda de la Constitución que establece la abolición de la esclavitud, 148 años después del fin de la Guerra Civil. Un inmigrante originario de Indio, el doctor Ranjan Batra, del Centro Médico de la Universidad de Misisipi, fue quien impulsó esta acción, después de ver la película Lincoln, ya que esa dejó en duda el resultado del proceso de ratificación. Investigó y descubrió que su estado adoptivo nunca había abolido la esclavitud de manera formal.

 

En otro estado, cuyo lema oficial es Virginia is for lovers (Virginia es para enamorados), resulta que tal vez no es el lugar más amoroso. Legisladores del estado intentan apenas ahora anular una antigua ley que prohíbe la cohabitación de una pareja no casada por ser definida como un acto “lascivo”. Pero no es lo único que permanece en el código legal estatal para preservar “la moralidad y la decencia”, reporta el Richmond Times-Dispatch. Hay leyes contra “fornicar” entre parejas no casadas, y también está prohibido el sexo oral en las leyes que regulan los “crímenes contra la naturaleza”, aun entre parejas casadas y heterosexuales, entre otra cosas poco decentes.

 

En tanto, en el ámbito internacional, Dennis Rodman, quien hace unos 10 años fue famoso como basquetbolista profesional tanto por su talento defensivo como por sus múltiples colores de cabello y sus tatuajes y sus locuras dentro y fuera de la cancha, ahora se volvió uno de los primeros estadunidenses en conocer personalmente al líder de Corea del Norte. Con diplomáticos así, el mundo será mucho más seguro.

Puro surrealismo, pero nada mágico.

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Albert Woodfox: 40 años en confinamiento solitario

Albert Woodfox ha estado detenido en confinamiento solitario durante 40 años, la mayor parte de ese tiempo permaneció encerrado en la Penitenciería del Estado de Louisiana, una prisión de máxima seguridad conocida como “Angola”. Esta semana, después de que sus abogados argumentaran durante seis años que el proceso de selección del gran jurado en el juicio de Woodfox estuvo viciado por el racismo, el juez federal James Brady, que preside el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Medio de Louisiana, les dio la razón. El juez Brady falló lo siguiente: “Por consiguiente, se OTORGA el recurso de habeas corpus presentado por Woodfox”, lo que obliga al estado de Louisiana a liberar a Woodfox. Se trata de la tercera vez que su condena es revocada. Sin embargo, Woodfox permanece en prisión. Los allegados al caso prevén que el estado de Louisiana, de la mano del Fiscal General James “Buddy” Caldwell, apelará nuevamente, como lo hizo en el pasado, e intentará mantener a Woodfox en confinamiento solitario en condiciones que en términos de Amnistía Internacional “solo pueden describirse como crueles, inhumanas y degradantes”.

 

Woodfox es un miembro del grupo denominado los “Tres de Angola”. La prisión de Angola es un gran complejo penitenciario que alberga a 5.000 reclusos, tiene 1.800 funcionarios y está situada en una zona rural de Louisana donde antiguamente había una plantación que utilizaba esclavos. Su nombre proviene del país de origen de la mayoría de esos esclavos. Hoy en día sigue siendo un lugar de trabajo forzado donde los prisioneros trabajan en campos de algodón y de caña de azúcar mientras son vigilados por guardias montados a caballo y armados con metralletas. Woodfox y su compañero de prisión Herman Wallace fueron enviados a la prisión “Angola” por delitos menores, y en 1972 fueron acusados en el caso del asesinato de un guardia de la prisión. En 1971, Woodfox y Wallace fundaron la rama del Partido de las Panteras Negras en la prisión y se organizaron contra la segregación, las condiciones de trabajo inhumanas, la violación sistemática y la esclavitud sexual infligidas a muchos reclusos detenidos en la “Angola” de Lousiana.

 

Robert King es el tercer miembro de los “Tres de Angola” y el único de ellos que finalmente fue liberado, en 2001. King me dijo el año pasado: “Angola nos estigmatizó, nos pusieron ese nombre (los 3 de Angola) por nuestras creencias políticas. Herman y Albert, junto con otros compañeros, advirtieron la violación de derechos humanos en la prisión y estaban intentando lograr mejores condiciones de vida dentro de la prisión. Como consecuencia de ello fueron perseguidos”.

 

Desde su liberación, King ha luchado para que se haga justicia para Wallace y Woodfox. Ha viajado por todo Estados Unidos y visitado veinte países, además de haberse dirigido al Parlamento Europeo.

 

Los graves efectos psicológicos de la detención en confinamiento solitario durante un largo período de tiempo están bien documentados. Este tipo de detención limita la posibilidad de realizar ejercicio, de modo que también provoca una serie de complicaciones en la salud. El Centro por los Derechos Constitucionales está impugnando el uso del confinamiento solitario en las cárceles de California con el siguiente argumento: “Desde que existe, el confinamiento solitario ha sido utilizado como herramienta de represión. Mientras los funcionarios penitenciarios lo justifican como necesario para proteger a los reclusos y a los guardias de otros prisioneros muy peligrosos, muy a menudo es aplicado a individuos (en particular, prisioneros que no son de raza blanca) que representan una amenaza para quienes administran las cárceles por otra clase de motivos”.

 

En una conversación telefónica grabada desde la prisión, Herman Wallace explicó: “En general permanecemos en la celda durante 23 horas. Tan solo estamos una hora fuera. Pero no estoy ‘afuera’. Salgo de este agujero, pero sigo encerrado en esa unidad. Estoy encerrado, no puedo evitarlo. A donde sea que vaya estoy encadenado. Las cadenas se han vuelto parte de mí y esa es una de las cosas que la gente debe entender cabalmente, pero comprenderlo es una cosa y vivirlo es otra muy diferente”.

 

A pesar de haber pasado décadas en confinamiento solitario, Woodfox conserva su fortaleza. Como dijo a través de un teléfono público de la cárcel en un documental sobre su caso titulado “In the land of the free” (En la tierra de la libertad): “Si una causa es lo suficientemente noble, puedes cargar el peso del mundo sobre tus hombros. Y yo siempre creí y sigo creyendo que mi causa es noble. De modo que nunca podrán quebrantarme. Pueden hacer que me incline un poquito, pueden provocarme mucho dolor, e incluso pueden quitarme la vida, pero nunca podrán quebrantarme”.

 

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.

 

Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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El cierre de Guantánamo, fuera de las prioridades de Obama

Entre los objetivos marcados por Barack Obama para su segundo mandato en el discurso sobre el estado de la Unión hubo una ausencia notable: el cierre de Guantánamo. No es una sorpresa, puesto que hace tiempo que ese asunto no aparece entre las prioridades del presidente ni la presión social en Estados Unidos al respecto es significativa. Pero sí es la confirmación de que la Casa Blanca, frustrada por la complejidad del caso, ha tirado la toalla.


 
La orden del cierre de Guantánamo en el plazo de un año fue la primera que firmó Obama al llegar al Despacho Oval. Pero en el camino surgieron tantos obstáculos, que no solo transcurrió ese año sin resultados, sino que pasaron otros tres más y, seguramente, los cuatro años restantes de esta presidencia, puesto que todo indica que la herencia envenenada que dejó George W. Bush quedará para el sucesor de Obama. La última prueba de ello es que Daniel Fried, quien estaba al frente de las gestiones para la repatriación de los presos, dejó la pasada semana su cargo, sin que nadie le haya sustituido.


 
Formalmente, la Casa Blanca no ha renunciado al propósito de cerrar Guantánamo. Cada vez que se le pregunta en público a un portavoz oficial, la respuesta es la misma: “El presidente sigue comprometido con esa idea”. Pero, en privado, se admite que es una causa imposible y se responsabiliza del fracaso al Congreso.


 
En parte es así. Los republicanos se han opuesto desde el primer día a esa medida y han obstaculizado la búsqueda de cualquier solución. Los demócratas, por su parte, tampoco han ayudado mucho. Ningún demócrata, por ejemplo, se ha ofrecido a defender la instalación en su estado de una cárcel a la que trasladar los presos de Guantánamo.

 


Obama, por su parte, es responsable de no haber dedicado a ese fin las energías necesarias, que hubieran sido muchas. Un presidente cuenta con un determinado capital político que gastar. Este presidente, en cuanto comprobó que el cierre de Guantánamo exigía muchísimo más que firmar una orden, prefirió dedicar ese capital, primero, a la reforma sanitaria o a la solución de la crisis económica, y ahora, a la reforma migratoria o al control de las armas de fuego.


 
Aunque, de repente, Guantánamo fuera su prioridad, quizá las cosas no cambiarían mucho. En la famosa prisión situada en la base norteamericana en Cuba hay actualmente 166 presos. De ellos, 56 son de Yemen, de los cuales 26 están ya autorizados a ser puestos en libertad. Pero su país no los acepta y ningún otro ha accedido a acogerlos. Las expatriaciones están paralizadas, además, porque el Congreso exige, para aprobarlas, que la Administración garantice que no serán un peligro posterior, algo prácticamente imposible.


 
Para los 46 presos calificados como “muy peligrosos”, el Gobierno busca un estatus que permita que sean juzgados. Pero cuando se intentó hacer el juicio de algunos en Nueva York, se opuso el alcalde de la ciudad. Aunque se consiguiera procesarlos, no hay cárceles a las que enviarlos puesto que todos los estados se niegan a recibirlos.


 
Guantánamo ha quedado en un limbo legal y político del que a nadie se le ocurre como salir.

 

Por Antonio Caño Washington 14 FEB 2013 - 20:10 CET

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Miércoles, 13 Febrero 2013 06:14

Dominio del miedo

Dominio del miedo

São Paulo, la capital paulista, está sometida a la violencia y al miedo. Asesinatos y masacres se repiten cada día. Y lo peor: la población se siente insegura ante la policía. Un ciudadano, aunque sea un delincuente, puede ser detenido con vida y al poco tiempo aparecer muerto, como se comprobó recientemente con la foto de un sospechoso baleado por la PM después de haber sido dominado.

 

El número de homicidios en la ciudad de São Paulo creció un 34% en el 2012. Por cada 100 mil habitantes la media de asesinatos fue de 12.02. En supuestos enfrentamientos con la Policía Militar murieron 547 personas. Los casos de estupros subieron un 24%; el robo de vehículos un 10%; los robos el 8%. Los asaltos a bancos, sin embargo, bajaron un 12%. Estos datos son provenientes de la Secretaría de Seguridad Pública, publicados el 25 de enero.

 

São Paulo se divide en 96 distritos, la mayoría de los cuales tiene más de cien mil habitantes, lo que significa que cada uno supera en población al 95% de los municipios brasileños.

 

¿Por qué tanta violencia en la gran ciudad? Ponga diez ratones en una caja y verá que al poco tiempo se estarán agrediendo unos a otros. Lo mismo ocurre con el ser humano cuando está confinado en espacios urbanos opresivos, donde los niños no disponen de plazas y parques, donde los jóvenes no cuentan con centros deportivos y culturales, y los adultos no tienen dónde reunirse si no es en el bar de la esquina.

 

Según Nuestra Red São Paulo, de los 96 distritos, 60 no tienen ningún centro cultural (teatro, cine, sala de eventos…); 56 no poseen ninguna instalación deportiva pública; 44 no disponen de biblioteca pública; en 38 no hay ni un parque; y en 20 no hay delegación de policía.

 

La ciudad más rica del país tiene 11 millones de habitantes; 1.3 millones de los cuales viven en favelas; y 250 mil jóvenes de entre 15 y 19 años no van a la escuela; 181 mil jóvenes de 15 a 24 años están desempleados, y 98 mil niños esperan un puesto en guarderías públicas.

 

¿Qué se puede esperar del futuro de jóvenes que ni estudian ni trabajan? ¿De qué viven? ¿Cómo obtienen dinero? ¿Cómo sacian sus ansias de consumo? No es necesario tener una bola de cristal para saber que, de esos jóvenes, muchos recurren al crimen como medio de sobrevivencia.

 

São Paulo es una ciudad congestionada. Para trasladarse, el paulista emplea, como media, 2 horas y 23 minutos al día en el transporte, lo que equivale a un mes por año; y el transporte público es deficiente. En las horas pico los autobuses y el metro no dan abasto con la cantidad de pasajeros, hasta el punto de tener que intervenir la policía para controlar el acceso a los mismos.

 

¿Y qué sucede cuando se enferma uno en una megápolis como ésta? La media de espera para ser atendido en un puesto de salud es de 52 días; hacerse exámenes de laboratorio 65 días; y para cirugías y procedimientos más complejos 146 días. Eso cuando el enfermo logra sobrevivir…

Ante este panorama, ¿cómo evitar la impaciencia, el estrés, la sublevación, el crimen? Como indica Nuestra Red São Paulo, “éste es un escenario perfecto para que prospere la criminalidad y la violencia: extrema carencia, desigualdad enorme que engendra frustración y rebelión ante la injusticia, ausencia del poder público y falta de oportunidades de trabajo, educación, cultura y entretenimiento para jóvenes de escasos recursos, además de servicios públicos de educación, salud y transporte de baja calidad (las gentes de mayor poder adquisitivo y hasta los responsables de las políticas públicas pagan servicios privados)”.

 

El combate a la violencia exige cambios profundos en nuestras instituciones. Requiere una policía bien preparada y bien pagada, dotada de recursos de alta tecnología para las investigaciones, más orientada a la prevención que a la represión. Nuestro sistema penitenciario necesita dejar de ser depósito de escoria humana para transformarse en centros de recuperación mediante estudio, deporte, artes y calificación profesional.

 

Nuestros gobernantes debieran de trazar metas para atacar las causas de la criminalidad y la violencia, como reducir sustancialmente la desigualdad social y económica; y dotar a cada distrito de la ciudad de todos los equipamientos y servicios públicos necesarios para ofrecer calidad de vida digna a sus habitantes.

 

Es necesario priorizar la rendición de cuentas de los agentes públicos acusados de practicar actos de violencia y de violar los derechos humanos; fortalecer la autonomía de la Defensoría Pública; estimular la creación de espacios comunitarios que favorezcan los vínculos de solidaridad entre los miembros de la comunidad.

 

Le corresponde al poder público el desmontar las redes de corrupción y criminalidad, identificar a los dirigentes de esas redes y combatirlos, así como desarticular los grupos de exterminio dentro de las fuerzas policiales. Son medidas de corto plazo que deben ser tomadas, habida cuenta de la situación de guerra civil que se vive en São Paulo, lo que recae principalmente sobre la población más pobre y vulnerable de las periferias.

 

Por Frei Betto, escritor, autor de “Hotel Brasil. El misterio de las cabezas degolladas”, entre otros libros.  www.freibetto.org/ > twitter:@freibetto.

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Desde el martes 29 de enero, el ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt ocupa el banquillo de los acusados. Al mejor estilo de las causas y condenas contra los represores argentinos, la justicia chapina acaba de dar un primer paso histórico contra la impunidad reinante desde hace cuatro décadas en ese país. La comunidad internacional mira con júbilo y respeto hacia las autoridades judiciales centroamericanas.

 

Este jueves 31 de enero el juez guatemalteco Miguel Ángel Gálvez confirmó la apertura de la recolección de pruebas contra el ex dictador guatemalteco.

 

Dos días antes, el 29 de enero, Gálvez había hecho pública su decisión de elevar a juicio la causa ya existente contra Ríos Montt y su jefe de inteligencia militar en los años ochenta, el ex general Mauricio Rodríguez Sánchez. Falta confirmar todavía la fecha del inicio del juicio y la conformación del Tribunal de Sentencia.

 

La justicia guatemalteca acusa a ambos militares de la matanza de 1.770 indígenas mayas ixiles en el norteño departamento del Quiché, uno de los hechos más cruentos en la guerra de casi cuatro décadas -entre 1960 y 1996- que sufrió ese país centroamericano. Con un corolario de más de 200 mil víctimas, entre muertos y desaparecidos.

 

Ríos Montt, general transformado en político; genocida metamorfoseado en diputado; católico romano reconvertido en ministro de culto de la ultraconservadora iglesia del Verbo Divino se confronta ahora a un juicio pospuesto desde años.

 

Comisión de Naciones Unidas esperanzada

 

"Tarde o temprano la justicia debe aclarar los crímenes cometidos por cualquier persona sin distingos de clase ni de rango" puntualizó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 

El comunicado público conocido en Ginebra saluda el proceso contra esos ex funcionarios "y contra todo aquél que infrinja las leyes guatemaltecas".

 

"Es una clara señal para el pueblo de que ninguna persona puede estar por encima de la ley", enfatiza.

 

La Comisión, creada en 2007 a partir del acuerdo de las Naciones Unidas y el Gobierno guatemalteco, busca reforzar la lucha contra la impunidad y las violaciones de los derechos humanos.

 

Genocidas en la mira

 

"El inicio del proceso es una muy buena noticia. Finalmente la justicia guatemalteca, luego de once años de lucha, logró abrir este juicio, que es histórico, contra dos personeros acusados de genocidio", expresó Alma Noser, responsable del trabajo para Guatemala de parte de la sección suiza de Amnistía Internacional (AI).

 

Noser, que desde años sigue de cerca los derechos humanos de ese país centroamericano, recuerda que "bajo el Gobierno de Ríos Montt y bajo la responsabilidad directa de Sánchez, se promovieron varias campañas de tierra arrasada, que condenaron al terror y a la muerte a numerosas comunidades indígenas y campesinas que vivían en zonas atravesadas por el conflicto armado".

 

La filosofía de los militares en esa etapa, recuerda Alma Noser, era "de quitar el agua al pez", es decir golpear a las comunidades que ellos consideraban como base social de la guerrilla.

 

Con ese pretexto, recuerda la portavoz de AI, numerosas comunidades fueron arrasadas del mapa. "Los que pudieron huyeron a México o a las montañas donde sobrevivieron en condiciones miserables durante muchos años".

 

Síndromes de la represión

 

Todavía hay familiares que siguen buscando a sus muertos o desaparecidos, sea en fosas comunes o en archivos del ejército o del Estado, explica Noser al recordar que esos hechos producidos hace casi 30 años, "siguen teniendo repercusiones y produciendo síndromes brutales en la actualidad".

 

Entre el ayer y el hoy hay una relación estrecha en la historia guatemalteca, insiste Alma Noser. De ahí que este "juicio histórico, signifique un gran paso reparador, un esfuerzo contra la impunidad".

 

La decisión de la justicia guatemalteca "debe servir para enviar un mensaje a muchos otros acusados de crímenes de guerra", insiste la responsable de AI/Suiza para Guatemala.

 

Quien subraya "que no puede haber paz, justicia y reconciliación sin un juicio justo contra los responsables". Recordando que esta decisión "significará una gran satisfacción para los familiares de las miles de víctimas del genocidio. Me alegro muchos por ellos y con ellos", concluye.

 

La victoria de los familiares

 

Concepto que comparte Anna Leissing, coordinadora de la Red Guatemala de Berna. "Los familiares de las víctimas han demostrado un valor enorme, un coraje de dimensiones titánicas. No es fácil confrontarse con los responsables de los genocidios y presionar para que sean juzgados", insiste.

 

Y ese compromiso, reflexiona Leissing, "debe ser un estímulo para la sociedad civil internacional y la solidaridad en general, para seguir acompañando y presionando a las autoridades guatemaltecas. Y asegurar que este primer paso de un juicio histórico en marcha prospere y se salde con condenas firmes".

 

Para todo esto "es fundamental que se asegure una buena información y se refuercen las redes de solidaridad fuera de Guatemala. Y que la sociedad civil internacional y los gobiernos acompañen políticamente y sigan atentos. El sistema allá es sumamente frágil y es importante reforzarlo", puntualiza.

 

Es esencial que la comunidad internacional mantenga su presencia política y aumente el apoyo a instituciones y proyectos, como la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía del Estado. "Así como a otras iniciativas que abogan contra la impunidad, trabajan a favor de la reconstrucción de la memoria, y en defensa de los derechos humanos, económicos, y sociales de la población", concluye.

 

- Sergio Ferrari, desde la ONU , Ginebra, Suiza, en colaboración con swissinfo.ch

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