La condena a muerte para 21 acusados por su implicación en la masacre del estadio de Port Said actuó ayer como combustible sobre la hoguera en que arde Egipto. Inmerso en una grave crisis social y política, la jornada de violencia dejó al menos 31 muertos y 300 heridos. El Consejo de Defensa Nacional, máximo órgano de decisión en asuntos de seguridad, advirtió ayer que podría decretarse el toque de queda.

 

Los familiares de los detenidos y los seguidores del club de fútbol local Al Masry reaccionaron con ira en Port Said (noreste) ante la sentencia del tribunal penal que recomendó la pena capital para 21 de los acusados por los enfrentamientos ocurridos el 1º de febrero de 2012 entre seguidores de Al Masry y del club cairota del Al Ahly, el más popular del país, que dejaron un saldo de 74 personas muertas y 254 heridos. El juez ordenó trasladar sus expedientes ante el Mufti –la máxima autoridad religiosa del país– que deberá emitir un dictamen y, luego, el tribunal dará a conocer en marzo la sentencia definitiva. Mientras en la sede de la Academia de Policía de El Cairo las familias de la víctimas estallaban de júbilo, en Port Said una multitud se dirigía a la prisión para tratar de asaltarla. Poco después comenzaron los disparos y el caos que acabaron con la vida de 31 personas y les causaron heridas a más de 300, según el último balance que proporcionaron las autoridades egipcias.

 

A diferencia de otros episodios de violencia en Egipto, las armas de fuego hicieron una rápida aparición en Port Said, como confirmó el director del departamento de hospitales de esa provincia, Abderrahman Farah. El Ministerio del Interior, que reseñó la muerte de dos oficiales de la Seguridad Central, llegó incluso a acusar a algunas partes de utilizar armamento pesado en las disputas que le produjeron la muerte al futbolista Mohamed al Dadui, que jugaba para el club local Al Marrij, de la Segunda División egipcia, y al antiguo arquero del equipo Al Masry, Tamer al Fahla, vencedor con su club de la Copa de Egipto en 1998, entre otros, según la agencia oficial Mena.

 

Mientras la situación en la ciudad egipcia se convertía en una pesadilla de tiros y corridas, en El Cairo continuaban ayer las manifestaciones y los choques con la policía en torno de la plaza Tahrir y el Ministerio del Interior. Tras los nueve muertos del viernes en Suez e Ismailiya (Este) y los cientos de heridos en todo el país, Egipto continúa sumido en una crisis de difícil salida. La situación llevó al Consejo de Defensa Nacional, máximo órgano de seguridad de país, a reunirse de urgencia. Al término de la reunión del Consejo –que engloba al presidente del país, Mohamed Mursi, la cúpula militar y los principales ministros–, el ministro egipcio de Información, Salah Abdel Maqsud, leyó un comunicado a través del cual anunció que podría decretarse “el toque de queda o el estado de emergencia en los sitios que detecten perturbaciones”. “Las Fuerzas Armadas son propiedad del pueblo egipcio y mantienen la equidistancia con todas las fuerzas políticas, pero son conscientes de su deber nacional y de los derechos de su pueblo a proteger sus instituciones”, señaló el comunicado.

 

En el encuentro se decidió convocar un nuevo diálogo nacional amplio que estará dirigido por personalidades nacionales independientes para debatir sobre los puntos de discordia política y alcanzar un consenso y que tendrá el objetivo de lograr un acuerdo sobre los mecanismos que garanticen que las elecciones legislativas, previstas para primavera, se celebren en un ambiente transparente y sin exclusión de ninguna corriente. Asimismo, el Consejo añadió que tomó en consideración las reivindicaciones de los manifestantes que el viernes salieron a las plazas con el objetivo de “completar la revolución” del 2011, en la que fue derrocado el ex dictador Hosni Mubarak.

 

Por su parte, los Hermanos Musulmanes atribuyeron ayer la responsabilidad por los disturbios a un plan premeditado, estimulado por los medios de comunicación y que contó con el “apoyo implícito del silencio de la oposición”. “La prensa desinformadora no sólo cargó en la gente el odio contra el régimen y la instó a salirse de la legitimidad, sino que también difundió los planes del sabotaje antes de ponerlos en marcha”, resaltaron.

 

A su juicio, eso demostró que alguien planificó, financió y repitió esos planes en varias provincias. Y señalaron que mientras el pueblo egipcio se preparaba para recoger los frutos de su revolución de 2011, fue sorprendido. “Intentan convertir la esperanza en pesadilla y la alegría en duelo y propagar el pánico y el terrorismo en varias regiones”, añadieron. En tanto, el Frente de Salvación Nacional (FSN), principal coalición opositora, amenazó ayer con no participar en las próximas elecciones legislativas si no se anula la actual Constitución y no se forma un ejecutivo de unidad nacional.

 

Los enfrentamientos de Port Said se produjeron un día después del segundo aniversario de la “revolución” que depuso a Mubarak, marcado también por la violencia entre manifestantes hostiles a Mursi y la policía que dejó nueve muertos y 530 heridos, según fuentes médicas.

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Obama: “No es prioritario perseguir la marihuana”

No tendría sentido que consideráramos prioritario perseguir a los usuarios de marihuana para fines recreativos de aquellos Estados que han decidido que su posesión es legal”. Con estas palabras, pronunciadas durante una entrevista de televisión a la cadena ABC, el presidente de Estados Unidos ha delimitado cuál será la posición que adopte su Administración ante las leyes de Washington y Colorado que despenalizan la tenencia de 28 gramos de esa planta.


 
Es la primera vez que Barack Obama se pronuncia sobre la legalización de la posesión de la marihuana que los Estados de Washington y Colorado aprobaron respectivamente el 6 y el 10 de diciembre pasado. Hasta el momento los legisladores de ambos territorios únicamente habían recibido varios comunicados del Departamento de Justicia advirtiéndoles de que la legislación federal que considera la marihuana una sustancia ilegal y que prohibe su tenencia, venta o producción, seguía vigente. La indefinición de la Administración preocupaba a los responsables de esos Estados que en las últimas semanas habían demandado una reacción oficial concreta para saber a qué atenerse a la hora de desarrollar la parte de la norma que regulará el cultivo, la licencia de distribución y la tributación sobre el producto.


 
Obama ha asegurado que no es partidario “de momento” de una legalización absoluta de la marihuana, pero sí se ha mostrado partidario de tratar de conciliar la legislación federal con las de Colorado y Washington. “Necesitaremos tener un debate sobre como armonizar una ley central que dice que la marihuana es un delito federal y otra estatal que la considera legal”.
 


La decisión de Obama de no perseguir los delitos de posesión de cannabis es similar a la que ya adoptada por su Administración en aquellos Estados -18, además del Distrito de Columbia- que han legalizado la marihuana medicinal. “En los últimos años los agentes federales únicamente han realizado detenciones en grandes establecimientos de venta de marihuana que sospechaban que eran tapaderas de contrabando ilícito de hachís”, explica Daniel Robelo de Drug Policy Alliance.


 
El presidente ha asegurado que ha mantenido conversaciones con el Fiscal General del Estado, Eric Holder, para consultarle los aspectos legales en conflicto. Holder aseguró este miércoles que su oficina estará atenta a las consecuencias que de la legalización puedan derivarse en el consumo de droga en los menores. El relativo silencio que el jefe del Departamento de Justicia ha mantenido en relación con los casos de Washington y Colorado contrasta con la férrea oposición que sostuvo hace dos años cuando California se dispuso a votar un referéndum similar. El cambio de actitud de Holder es paralelo al de la opinión pública en EE UU. Las últimas encuestas publicadas por Gallup y la Universidad Quinnipac concluyen que más del 50% de los estadounidenses están a favor de la despenalización absoluta de la marihuana.

 

Por Eva Sáiz Washington 14 DIC 2012 - 20:13 CET

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Viernes, 07 Diciembre 2012 07:10

El fracaso de la guerra contra las drogas

El fracaso de la guerra contra las drogas

Los presidentes de Colombia y Guatemala, ex presidentes de varios países y personalidades como Mario Vargas Llosa, Sting y Gilberto Gil instaron ayer a admitir que el combate contra las drogas naufragó, con consecuencias devastadoras a nivel mundial y reclamaron una inmediata revisión de las políticas contra ese problema global. En una carta abierta suscripta por una treintena de personalidades, entre ellas el presidente colombiano Juan Manuel Santos y el guatemalteco Otto Pérez Molina, se insta a reconocer que cincuenta años después de que fuera lanzada la Convención Unica de Estupefacientes de las Naciones Unidas en 1961, la guerra contra las drogas ha fracasado.

 

Los firmantes recordaron que hay 250 millones de consumidores de drogas y que su suministro es más barato, más puro y más accesible que nunca. También señalaron que las drogas ilícitas constituyen actualmente la tercera industria más rentable del mundo, después de la alimenticia y el petróleo, con un valor estimado de más de 350.000 millones anuales de dólares, completamente bajo el control de criminales. Además, destacaron que la lucha contra las drogas le cuesta al contribuyente mundial una cifra incalculable por año.

 

La carta abierta, también firmada por los ex presidentes Jimmy Carter (Estados Unidos), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia), Vicente Fox (México) y Lech Walesa (Polonia), además de varios premios Nobel, artistas y empresarios, afirmó que decenas de miles de personas mueren cada año en la guerra contra las drogas.

 

Asimismo, hay millones de personas en prisión a nivel mundial por delitos relacionados con estupefacientes, por lo general consumidores y traficantes menores. Estas personalidades alertaron que la corrupción entre los políticos y aquellos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, especialmente en los países productores y de tránsito, se ha extendido como nunca, poniendo en peligro la democracia.

 

Según los firmantes, las políticas de prohibición crean más daños de los que previenen y por eso reclaman propuestas basadas en la salud porque, a su juicio, producen mejores resultados que aquéllas basadas en la criminalización. Reconocieron también que el mejoramiento de las políticas de drogas es uno de los desafíos clave de nuestro tiempo.

 

En el escrito, todos apostaron por reevaluar la Convención Unica sobre Estupefacientes de la ONU y por otorgar a los países la libertad de elegir las políticas de drogas que mejor se adecuen a sus necesidades internas. “Ya que no podemos erradicar la producción, demanda o uso de drogas, debemos encontrar nuevas maneras de minimizar los daños”, aseguraron los firmantes, al remarcar que es imperativo estudiar nuevas políticas basadas en evidencia científica y que éste es el momento de actuar.

 

Entre los firmantes también estaban el Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa; el ex secretario general del Consejo de la Unión Europea; el español Javier Solana; el filósofo estadounidense Noam Chomsky; el cofundador de Facebook, Sean Parker; Yoko Ono y Gilberto Gil; y el director de cine Bernardo Bertolucci.

 

La difusión de la carta coincide con la celebración en Bogotá de la IV Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas, en la que desde el miércoles expertos de la región abogan también por un cambio en las políticas antidroga ante la evidencia del fracaso de la guerra contra los narcos. El presidente Santos justificó su defensa de buscar una nueva política global contra las drogas en que su país es uno de los más afectados por el narcotráfico, un flagelo que no puede resolverse de forma individual, sino colectivamente. “Hemos sido el país que más ha sufrido y eso nos da la autoridad moral para decirle al mundo: seguimos sufriendo este problema y el microtráfico está destruyendo a nuestra niñez y juventud”, afirmó Santos durante la inauguración de un foro sobre corrupción.

 

“No tenemos alternativa a continuar esa política”, dijo, al reconocer que “después de 40 años nos suscita muchas dudas e interrogantes”. Se refirió así a la Convención Unica de Estupefacientes y a la guerra contra las drogas impuesta por el ex presidente de Estados Unidos Richard Nixon en 1971, cuyos ejes han sido desde entonces la prohibición y el ataque a la producción. “Por eso hemos propuesto que se haga un estudio, que está haciendo en este momento la OEA (Organización de Estados Americanos), recogiendo la información más objetiva”, apuntó Santos.

 

Abogó así por revisar los diferentes escenarios porque, a su juicio, existe un abanico de opciones, para explicar que entre los dos extremos puede haber buenas soluciones. Esos dos extremos, según Santos, son penalizar al consumidor y al traficante, que en el caso de los países asiáticos conlleva hasta la pena de muerte. Del otro lado está la legalización del consumo, iniciativas que se han comenzado a tomar en algunos países, como el caso de Uruguay con la marihuana.

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Jueves, 06 Diciembre 2012 06:44

Procesan a trece represores chilenos

El ministro especial para causas de derechos humanos, Alejandro Solís, remeció los viejos y gastados cimientos en que aún se afirman los militares que sistemáticamente abusaron de su poder cuando Augusto Pinochet gobernaba Chile. Ayer, el magistrado procesó a 13 ex agentes de la DINA (policía secreta de la dictadura, responsable de asesinatos, secuestro y tortura entre 1974 y 1977), entre ellos a su ex director, el ex general Manuel Contreras, y el ex coronel Marcelo Moren Brito que, según testimonios, habría asesinado a un sobrino, informaron ayer fuentes judiciales chilenas.

 

El magistrado encausó a los ex agentes en el marco de la investigación de delitos de lesa humanidad cometidos “por una organización criminal que tenía como único objetivo reprimir a los opositores, que consideraba enemigos políticos”. Para ello, utilizó “como medios de destrucción armas de fuego, explosivos y otros idóneos”, explica la extensa resolución del magistrado. Agrega que los militares retirados están imputados como autores de homicidios y secuestros calificados (desapariciones) en los primeros meses de 1975.

 

Todos los procesados (cercanos colaboradores del dictador chileno) están hoy tras las rejas, cumpliendo condenas por otros casos de violaciones a los derechos humanos. Sólo en el caso de Contreras, las penas significan más de 270 años efectivos de cárcel.

 

Entre este grupo “selecto” de militares figuran los brigadieres en retiro Miguel Krassnoff Martchencko (quien el año pasado recibió un homenaje en la derechista comuna de Providencia en Santiago y que, a la postre, le significó al alcalde, Cristian Labbé, otro ex militar, perder su cargo), Pedro Espinoza Bravo y el coronel Moren Brito. Este último fue “el jefe” del campo de torturas de “Villa Grimaldi”, al que según diversos testigos fueron llevadas las víctimas.

 

Los procesamientos se enmarcan en la dura represión impulsada por la dictadura contra el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (grupo político radical de la resistencia contra Pinochet). En 1975, los nombres de las víctimas, que incluían varias mujeres y jóvenes profesionales o estudiantes universitarios, aparecieron en la lista de 119 nombres de la llamada “Operación Colombo”. Esta incluyó publicaciones en periódicos argentinos y brasileños que buscaban encubrir la desaparición de los opositores presos, con el argumento de que habían muerto en rencillas internas del MIR. La falsedad de esos escritos ha ido quedando de manifiesto en los últimos años. De esta forma, ocultaron la desaparición de las 119 personas en el marco del Operativo Cóndor, realizado entre los gobiernos militares de ese entonces para “combatir la subversión” de acuerdo con la doctrina de seguridad nacional implementada por Estados Unidos en la región. Se estima que por “Villa Grimaldi” pasaron cinco mil personas.

 

Según recuerda la prensa chilena, uno de los desaparecidos en la “Operación Colombo” fue el ingeniero civil Alan Roberto Bruce Catalán, de 24 años, sobrino del coronel Moren Brito, quien, han dicho los testigos, lo torturó y asesinó personalmente. Relatos de prisioneros supervivientes cuentan que días antes le comentaron a Alan Bruce lo afortunado que era porque su tío era el jefe del campo y que se salvaría. Este respondió que estaban equivocados y que seguramente moriría, porque a Moren lo que más le preocupaba era que sus superiores no lo consideraran débil.

 

En diciembre de 2007, en el penal Cordillera, donde cumplen condenas los ex jefes de la DINA, el coronel (R) Maximiliano Ferrer Lima se peleó con Moren Brito y le echó en cara, según el informe del incidente elaborado después por las autoridades carcelarias, haber asesinado a su sobrino. Moren, según el citado informe, ahorcó a su sobrino con un alambre y para asegurarse le introdujo enseguida la cabeza en una bolsa de plástico.

 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1192 figuran aún como desaparecidos y más de 33.000 fueron torturados o estuvieron presos por causas políticas.

 

“A julio de 2012, eran unos 800 los ex agentes (militares, policías y civiles) procesados y/o condenados a partir del año 2000 en Chile por crímenes relacionados con terrorismo de Estado cometidos en la dictadura”, explica a Página/12 Cath Collins, profesora e investigadora de la escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Agrega que de los 250 ya condenados en firme, menos de un tercio ha ido en algún momento a la cárcel. “Los demás logran sentencias bajas (de menos de cinco años).” El contraste con Argentina es el siguiente: 66 por ciento de las penas en Chile son de cinco años o menos (lo que significa que son no carcelarias), mientras que el 50 por ciento de las penas en Argentina son a perpetuidad”, concluye.

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Martes, 30 Octubre 2012 17:49

Nueva ley criminaliza protestas Occupy

Nueva ley criminaliza protestas Occupy

El Presidente Obama firmó –en marzo de 2012– la ley HR 347 que considera “ofensa criminal” participar en manifestaciones en áreas definidas como “restringidas”, tales como alrededores de edificios federales y ciertos parques. La ley fue aprobada por unanimidad en el Senado, mientras en la Cámara de Representantes (388-3) sólo Ron Paul más otros dos republicanos votaron en contra y ni un solo demócrata se opuso.

 

La ley tuerce derechos consagrados por la Primera Enmienda y abre camino para criminalizar protestas como la Occupy en Wall Street, Manhattan, NY, y otras ciudades, que resultan amenazantes para la superclase del 1% controladora de la economía de EEUU. El servicio secreto (SS), que custodia al presidente y al vicepresidente (VP) ahora tiene facultades para arrestar a los manifestantes legales y no violentos para acusarlos de actividad criminal.

 

Esta noticia N° 10 más ocultada del año, divulgada por el Proyecto Censurado, fue debatida en silencio por el Congreso durante 2011 y el llamado "cuarto poder" de los grandes medios no mostró mayor interés en informar y mucho menos en promover un debate público sobre este nuevo atentado a la libertad de expresión. La ley se llama "Perfeccionamiento de Restricciones para Edificios y Terrenos Federales" (Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act).

 

La HR 347 “perfecciona” otra ley promulgada en 1971, durante la época cumbre de las protestas pacíficas contra la invasión en Vietnam, que restringía el acceso a las áreas que rodean al presidente, VP o cualquier otro funcionario protegido por el SS. La nueva norma convierte técnicamente en “crimen” protestar en cualquier sitio en que esté presente el SS.

 

La ley define las áreas "restringidas" de manera extremadamente vaga y en términos ambiguos pero muy amplios. Por un lado, sustituye el lenguaje que prohíbe entrar "a sabiendas" a un "área restringida" por otra expresión que meramente prohíbe ingresar "voluntariamente" a un "área restringida". Este cambio aparentemente menor aumenta dramáticamente el alcance de la ley.

 

En otro ejemplo ofrecido por el abogado Danny Weil, las zonas restringidas pueden incluir "un edificio o terreno, donde esté el presidente u otra persona protegida por el SS, o se encuentren temporalmente de visita" y "un edificio o terreno restringido, en relación a un acontecimiento designado como evento especial de significado nacional".

 

Weil, abogado de derecho público con más de 20 años de práctica y autor de 7 libros, estima que la ley convertiría en delito participar de muchas maneras en protestas relacionadas con el movimiento Occupy Wall Street del año pasado. Varios comentaristas han denominado "anti-Ocuppy" a la ley, pero sus implicaciones son mucho más amplias, dijo Weil en Daily Censored del 5 de marzo 2012.

 

La aprobación –prácticamente unánime– de la HR 347 demuestra que, a pesar de todas sus posturas, los demócratas y los republicanos están hombro con hombro, “tolete a tolete”, con la oligarquía empresarial y financiera, y no con quienes trabajan. La idea central de la HR 347 es convertir en ofensa criminal "entrar o permanecer" en un área designada como "restringida", dijo Weil.

 

El castigo estándar es una multa y hasta un año de prisión. Si están implicadas un arma o una lesión física grave –la ley no define qué es un arma–, la pena podrá ser aumentada hasta a 10 años. También la ley criminaliza una conducta "que impida o perturbe el desarrollo normal de las funciones oficiales del gobierno" y/o "obstaculice o impida la entrada o salida hacia o desde cualquier edificio o recinto restringido". Estas disposiciones amenazan una amplia gama de protestas que antes eran perfectamente legales.

 

(EEUU es campeón mundial en encarcelar gente pobre: tiene la tasa de presos más alta del mundo. Con 5% de la población mundial mantiene encerradas a 2,3 millones de personas, el 25% de todos los presos del planeta. Más del 60% de los cautivos son negros. El 39% son varones afro-estadounidenses de alrededor de 20 años: están en prisión, libertad bajo palabra o libertad condicional. EEUU encarcela más gente que Sudáfrica bajo el apartheid, describió Linn Washington en “Incarceration Nation”).

 

Una disposición relativa a acontecimientos de "importancia nacional" es aún más onerosa. ¿Qué circunstancias constituyen acontecimientos de "importancia nacional"?, preguntó Weil. Quedan a la discreción arbitraria y caprichosa del departamento de Seguridad Nacional, explicó el abogado. Cualquier protesta importante podría ser calificada como evento de "importancia nacional" por el departamento de Seguridad Nacional.

 

De cara al futuro, la nueva ley gravitará en coyunturas políticas como las convenciones nacionales demócratas y republicanas, clasificadas como Eventos Especiales Nacionales de Seguridad (NSSE, en inglés) en virtud de una categoría creada por la administración Clinton (demócrata, 1993-2001). Estas convenciones motivaron grandes protestas que fueron usadas como justificación de la creciente militarización y represión policial. Hoy, la ley HR 347 podría criminalizar cualquier protesta futura similar en este tipo de eventos.

 

Entre los precedentes históricos de criminalización, el abogado Weil recordó que bajo el ancien regime de Francia, antes de la revolución de 1789, se dispuso que las "masas sin lavarse" estuvieran siempre fuera del alcance de la vista cuando pasara algún carruaje con algún funcionario real importante, un aristócrata o jerarca de la iglesia. “Del mismo modo, la ley HR 347 se  creó para que el presidente de EEUU y otros altos funcionarios permanezcan en su burbuja, o ‘zona restringida de no-libertad de expresión’, sin protestas que los sigan dondequiera que vayan, asegurándose de mantener fuera del alcance de sus ojos el descontento del hoi polloi”, expresión griega que significa la mayoría, pero en inglés identifica a la clase trabajadora.

 

Por Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno.

Fuentes y referencias
● Danny Weil, “Many Forms of Occupy Protests Subjected to New Bill Making Protests Illegal,” The Daily Censored (blog), March 5, 2012, http://dailycensored.com/2012/03/05/many-forms-of-occupy-protests-subjected-to-new-bill-making-protests-illegal.
● Oskar Mosquito, “Enacting the NDAA: Limiting Protesters’ Rights,” Media Roots, March 5, 2012, http://mediaroots.org/enacting-the-ndaa-limiting-protesters-rights.
● Brian Doherty, “Bill Passes House: Protests Near Secret Service Protected Folk Effectively Outlawed,” Reason (blog), March 1, 2012, http://reason.com/blog/2012/03/01/bill-passes-house-protests-near-secret-s.

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Armas probadas en combate: la experiencia afgana

La operación militar española en Afganistán se encamina ya a su recta final, pero diez años largos dan para mucho, para lecciones aprendidas y otras aún por aprobar. El Ejército español ha tenido que adaptar sus tácticas y procedimientos a una guerra asimétrica, donde la mayor amenaza son los artefactos explosivos improvisados (IED) y las emboscadas con armas ligeras. O la mezcla de ambas.


 
A pesar de los recortes presupuestarios, no se han escatimado medios a la hora de dotar al contingente desplegado en Afganistán con nuevos sistemas de armas de los que carecen sus unidades de origen en España, convirtiendo aquel teatro de operaciones en un “laboratorio de pruebas”.


 
Algunos de estos sistemas no se incorporarán a la dotación ordinaria de las Fuerzas Armadas, pero otros sí lo harán, tras haberse convertido en productos combat proven (probado en combate). Estos son algunos:


 
» MRAP (Vehículos protegidos ante un ataque con minas). España ha adquirido dos blindados especialmente diseñados para resistir la explosión de un IED: el RG-31 Nyala (diez ocupantes), fabricado por BAE Systems en Suráfrica, y el LMNV Lince (cinco), de la italiana Iveco.


 
El tirador ya no tiene que asomarse al exterior para apuntar, sino que dirige la ametralladora 12,70 desde una pantalla. Los MRAP han salvado la vida a muchos soldados españoles, aunque su eficacia depende del grosor del blindaje (el RG-31 pesa 17 toneladas, frente a las 6,5 del Lince) y de la cantidad de explosivo. Algunos van dotados con un rodillo delantero (roller) para explosionar minas enterradas.


 
» Mortero Cardom. El nuevo contingente que llega hoy a Afganistán estrenará unos morteros de 81 milímetros que refuerzan su potencia de fuego. Los Cardom, de la firma israelí Elbit, están dotados con un sistema informatizado de tiro que dispara 12 proyectiles por minuto. Además, pueden disparar desde el vehículo en el que van instalados, lo que reduce el tiempo de reacción ante un ataque.


UAV Saarcher MK-III J (Buscador). De fabricación israelí, es el primer avión no tripulado de las Fuerzas Armadas españolas. España tiene tres en la base de Herat (Afganistán) para misiones de reconocimiento y vigilancia, ya que no van armados.


 
Tiene 5,8 metros de largo y 8,5 de punta a punta de las alas. Vuela a unos 10.000 pies (3,3 kilómetros) de altura y cubre un radio de 250 kilómetros, con una autonomía de hasta diez horas de vuelo. Se dirige por control remoto desde una cabina donde se visionan las imágenes que captan sus cámaras óptica e infrarroja. Tiene un inconveniente: no ve si está nublado.


 
» Mini UAV RQ-11 Raven (Cuervo). Fabricado en EE UU, es el hermano menor del anterior. Las Fuerzas Armadas tienen 23 de estos pequeños aparatos similares a los de aeromodelismo. Cubren un radio de 10 kilómetros, volando a unos 300 metros de altura durante 90 minutos. Se lanzan con la mano (el Searcher necesita una pista) y funcionan con una batería. Disponen de ellos en los puestos de combate y en la base de las tropas españolas en la provincia de Badghis (Afganistán), donde sirven para controlar cualquier movimiento sospechoso cuando se lanza una operación o salen una patrulla. Si se pierden, están programados para volver solos a casa, como una mascota.


» Botiquín Individual de Combate. No es muy conocido, pero quizá es lo más útil. Se entrega desde 2011 a todos los militares que acuden a Afganistán y se les instruye sobre cómo usarlo. No resulta barato (cuesta unos 200 euros la unidad) pero su contenido lo vale: incluye, entre otros productos, un parche torácico adhesivo para tapar orificios de bala; un gel para quemaduras que reduce la temperatura de la piel a 25 grados; un aerosol desinfectante apto para ojos y mucosas; o una venda elástica para torniquete. Pero lo más sorprendente es un vendaje con una sustancia hemostática capaz de cortar, si se presiona tres minutos, las más tremendas hemorragias. Incluye una jeringuilla para introducir esta sustancia de efectos coagulantes inmediatos en heridas abiertas.


 
En Afganistán, donde los IED provocan espantosas mutilaciones, parece una argamasa casi milagrosa. El Ejército español ya ha podido comprobar sus efectos en los dos heridos de bala que tuvo en julio y agosto pasados. Recomendación de uso de los médicos militares: empléese el botiquín del herido, el propio se reserva para uno mismo.


 
» Transmisiones. La participación en una coalición de casi 30 países ha obligado a mejorar las transmisiones. El teléfono por satélite Bgan Explorer 727, la radio Spear net para corta distancia o la Harris HF para larga se han introducido o normalizado. España está desarrollando además una versión propia del sistema de mando y control IFTS de la ISAF, que combina localización por GPS y chat.


 
» De cantimploras a sacos terreros. La lista de novedades abarca todos los ámbitos. Desde la camiseta térmica que expulsa el sudor o la camel back (una mochila-cantimplora mimetizada con tres litros de agua) al diseño de los campamentos militares, donde se ha generalizado el uso de los Hesco Bastion, equivalentes a los antiguos sacos terreros: cilindros de tierra a presión sujeta con una lona ceñida por gruesos alambres.


 
Simple pero eficaz para amortiguar una bala o la esquirla de un proyectil. No siempre las mejoras tienen que ser caras o tecnológicamente sofisticadas.

 


Miguel González Herat | ENVIADO ESPECIAL 28 OCT 2012 - 00:33 CET

 

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Las carpetas llenas de mujeres de Romney y dos mujeres censuradas
Probablemente hayan notado que la candidata presidencial por el Partido Verde, la Dra. Jill Stein, no participó en el debate presidencial “abierto”, con participación del público, en la Universidad de Hofstra, Long Island, el martes por la noche. Stein estaba encadenada a una silla en una estación de policía cercana, en Nueva York, junto a su compañera de fórmula, la candidata a la vicepresidencia Cheri Honkala. Su delito fue haber intentado ingresar a la Universidad para que Stein pudiera participar en el debate: “Nuestra campaña por el Partido Verde está en las papeletas del 85% de los votantes. Ochenta y cinco por ciento de los ciudadanos merecen saber qué opciones tienen en estas elecciones y cuáles son las soluciones reales que pueden resolver los graves problemas que enfrentamos. La Comisión de Debates Presidenciales es una burla a la democracia”.
 

Mientras, en el debate, Mitt Romney pronunciaba la frase que se volvió famosa acerca de las “carpetas llenas de mujeres” que le acercaron cuando procuraba contratar personal para su gabinete tras haber sido electo gobernador de Massachusetts en 2002, estas dos mujeres estaban siendo fichadas y esposadas. Ambas son madres y activistas de la fórmula presidencial del Partido Verde para las elecciones de 2012.

 
Entrevisté a Stein al día siguiente de haber sido arrestada (casualmente fue liberada poco después de finalizado el debate). Me dijo: “La policía afirmó que simplemente estaban haciendo su trabajo. Yo les respondí 'Esto se trata del trabajo de todos, de si podemos pagar el seguro de salud, si los estudiantes podrán pagar sus préstamos'. Hay asuntos fundamentales que no han sido incluidos en el debate”. Y agregó: “Se estima que noventa millones de ciudadanos no votarán como forma de expresar que no se sienten representados ni por Barack Obama ni por Mitt Romney. Es el doble de las personas que se prevé que los votarán”.

 
Aunque Stein y Honkala no hubieran sido arrestadas en plena vía pública y esposadas a esas sillas durante ocho horas, la exclusión de Stein del debate iba a suceder de todos modos. Los debates están fuertemente controlados por la Comisión de Debates Presidenciales (CPD, por sus siglas en inglés) que, entre otras cosas, excluye a los candidatos que representan a fuerzas políticas distintas del Partido Demócrata o el Republicano. George Farah es fundador y director ejecutivo de Open Debates y autor del libro “No hay debate: cómo el partido demócrata y el republicano controlan en secreto los debates presidenciales” (No Debate: How Republican and Democratic Parties Secretly Control the Presidential Debates). El día del debate en Hofstra, Farah me contó cómo la bipartidista CPD obtuvo el control de los debates que antiguamente estaban a cargo de la Liga de Mujeres Votantes, que no tiene ninguna filiación partidaria: “Los partidos demócrata y republicano crearon una empresa privada denominada Comisión de Debates Presidenciales, que asumió el control de los debates presidenciales debido a que la Liga era independiente y porque esta organización de mujeres tenía el valor de hacerle frente a los candidatos de los principales partidos”.
 

En 1980, la Liga de Mujeres Votantes permitió al candidato independiente John B. Anderson participar en un debate presidencial. En la década siguiente, los dos principales partidos, el republicano y el demócrata, se enfrentaron a la Liga. En 1988, los partidos intentaron obligar a la Liga a firmar un contrato que detallaba cómo se organizarían los debates. Farah explicó: “El contrato establecía quiénes podían formar parte del público y cómo estarían estructurados los debates, pero la Liga halló que esa falta de transparencia y ese tipo de control del debate por parte de los candidatos era realmente escandaloso y contrario a la ética de nuestro proceso democrático. Entonces hicieron público el contrato, declararon que rechazaban ser un instrumento del engaño al pueblo estadounidense y se negaron a aplicarlo”.

 
George Farah sostuvo que ese contrato inicial era bastante “inofensivo” si se lo compara con el actual contrato vinculante, que fue filtrado esta semana por la revista Time y que rigió el supuesto debate “abierto” del martes, moderado por la presentadora de CNN Candy Crowley. El “memorando de entendimiento”, de 21 páginas, incluye una referencia a los requisitos que tienen que cumplir los candidatos para participar en el debate. La Comisión de Debates exige que el candidato tenga el apoyo de “al menos un 15% del electorado nacional, sobre la base de datos proporcionados por cinco consultoras de opinión pública de alcance nacional, previamente determinadas”. Se trata de un círculo vicioso, ya que para poder debatir es preciso tener amplio apoyo y para poder ganar el apoyo público, los candidatos que no tienen grandes fondos para financiar su campaña necesitan el acceso que brindan los debates televisivos. De modo que los demócratas y los republicanos controlan los debates y limitan el acceso de la población a opiniones alternativas.

 
Si a la candidata del Partido Verde, Jill Stein, se le hubiera permitido debatir, ¿qué es lo que hubiera dicho? Para averiguarlo, el informativo Democray Now! invitó a los principales candidatos de terceros partidos a participar en forma virtual en el debate, a la mañana siguiente. Además de Stein, participaron del debate Rocky Anderson, del Partido de la Justicia, y Virigil Goode, candidato a la presidencia por el Partido de la Constitución (el candidato a la presidencia por el Partido Libertario, Gary Johnson, rechazó la invitación).
 

En lugar del debate entre Obama y Romney, donde los candidatos compitieron por ver cuál de los dos estaba más comprometido con la extracción de combustibles fósiles, el público hubiera escuchado a Jill Stein decir en el debate: “Proponemos un programa que ya tiene antecedentes de generar empleo, es decir, un New Deal ecológico para Estados Unidos. Queremos crear empleos en forma directa, no simplemente darle exoneraciones impositivas a las empresas para que terminen tercerizando los empleos a China o a India. El New Deal ecológico creará 25 millones de empleos. Pondremos fin al desempleo y pondremos en marcha la economía verde. Y eso significa detener el cambio climático y hacer que las guerras por el petróleo se vuelvan obsoletas”. El cambio climático es un tema que se está pasando completamente por alto en los debates.
 

Este es tan solo un ejemplo. Imagínense si tuviéramos un sistema electoral que funcionara, con debates auténticos, enérgicos y representativos. Jill Stein y Cheri Honkala están en las papeletas de votación de 38 estados y en el resto de los estados es posible añadir su nombre a las papeletas. Rocky Anderson, con su nuevo Partido de la Justicia, está en las papeletas de votación de 15 estados. Ahora que las candidatas han sido liberadas, es hora de liberar los debates.
 
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.
 
 
Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Publicado el 19 de octubre de 2012

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Cuatro campesinos muertos en un violento desalojo en Guatemala
Cuatro campesinos muertos y 30 heridos de bala es el saldo parcial de un enfrentamiento ocurrido durante la tarde del jueves en Guatemala, cuando comandos del Ejército procedieron a desalojar piquetes de campesinos que interrumpieron el paso vehicular en diferentes puntos de la carretera Interamericana, la más importante del país.

Los campesinos de Totonicapán (177 kilómetros al Oeste de esta capital) iniciaron, al filo de las ocho de la mañana del jueves (cuatro de la tarde hora peninsular española), sus acciones para protestar por el alto precio de la energía eléctrica, la propuesta de reformas a la Constitución que impulsa el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, y porque están en desacuerdo con los cambios en la Ley de Educación que extiende la carrera de Magisterio a cinco años, para darle rango universitario. En Latinoamérica, únicamente Haití y Guatemala, los dos países con más alto índice de analfabetismo del hemisferio, conceden el título magisterial a nivel medio.

A eso de las dos de la tarde, unidades antidisturbios de la policía, con el apoyo de militares, intentaron desalojar a los manifestantes, quienes opusieron una feroz resistencia. Según algunos testigos, sonaron disparos procedentes de los piquetes, lo que propició la represión. Sin que el número pudiera confirmarse, se habla de ocho militares heridos, mientras que dos camiones de las fuerzas armadas han sido quemados por la turba.

En tanto, el defensor del Pueblo, Jorge De León Duque, reveló que mientras la policía utilizó gases lacrimógenos para desalojar al campesinado, “los tiros empezaron con la llegada de los militares”. Puntualizó que “no responsabiliza al Ejército”, pero que pedirá las pruebas balísticas para establecer de dónde provinieron los disparos. Hizo un llamado al diálogo y a la cordura. Recordó que los manifestantes no tienen ningún derecho a interrumpir la libre locomoción, mientras que las autoridades tienen “harta obligación” de respetar la vida humana.

Al anochecer del jueves, las fuerzas de seguridad seguían sin tener el control de la situación. Los campesinos, conocedores del terreno, hacen repliegues tácticos, se reagrupan y vuelve a atacar a los uniformados, mientras algunos dirigentes han anunciado que continuarán el viernes con su bloqueo de carreteras.

Mientras tanto, en la capital, el presidente Otto Pérez ha convocado a una reunión de emergencia a sus ministros de Defensa, Ulises Anzueto, y de Gobernación (Interior), Mauricio López Bonilla para analizar la situación y dar una explicación oficial de lo ocurrido.

En una rueda de prensa, ofrecida desde el palacio de gobierno, López Bonilla anunció que tanto la policía como los comandos militares que acudieron en su auxilio son fuerzas especializadas en atender disturbios. Subrayó que ninguno de estos agentes porta armas de fuego y su equipo se reduce a bombas lacrimógenas y de gas pimienta. "Es equipo no letal", insistió. El ministro reveló que de los 34 heridos, solo siete lo fueron por armas de fuego. Los demás presentan lesiones propias de riñas tumultuarias. Finalmente advirtió que el Gobierno no tolerará más actos de anarquía.



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Jueves, 04 Octubre 2012 07:07

Oligarquía, austeridad y represión

Oligarquía, austeridad y represión
ALAI AMLATINA, 03/10/2012.- Sobre la situación en la zona euro (ZE) hay mucho que decir, pero mejor leer el excelente análisis titulado “Crónica de una muerte anunciada” de Bernardo Kilksberg, Gran maestro de la Universidad de Buenos Aires (1), quien además de ser doctor en economía conoció y vivió la realidad de las políticas de austeridad en su Argentina natal: “En economía hay muchas incertidumbres, pero una de las cosas que hoy se saben después de experiencias como las de Argentina y México en los ’90 y Europa actualmente es cuáles son los efectos de los ajustes ortodoxos. Son, parafraseando a García Márquez, la “Crónica de una muerte anunciada”.


Y como dice Kilksberg, la “propuesta ortodoxa es ante todo mala economía, produce efectos letales. Sin embargo, beneficia a sectores, particularmente financieros, del uno por ciento que hoy es el dueño de nada menos que el 43 por ciento del Producto Bruto Mundial y que necesita de un relato de la economía que lo legitime y proteja sus intereses”.


Y en materia de protección de sus intereses, agregaría este periodista, los oligarcas tienen a su servicio los Estados, que cuanto más endeudados están mayor uso hacen de su “monopolio de la violencia legitima”. ¿Alguien vio que el FMI haya alguna vez reclamado cortes en el gasto militar y de la seguridad pública a los países latinoamericanos que hace dos o tres décadas tuvieron que ejecutar los severos planes de austeridad que exigía el Consenso de Washington? No, eso jamás sucedió. Más bien al contrario, la experiencia muestra que con los planes de austeridad aumentó la resistencia popular y se disparó tanto la represión como el gasto en la “seguridad pública”.

Las cifras del Instituto de Investigaciones sobre la Paz Internacional de Estocolmo (Sipri, en inglés) muestran que en el 2011 los 27 países miembros de la UE gastaron 281 mil millones de dólares estadounidenses en el rubro de “Defensa”, apenas ocho mil millones menos que en el 2008, lo que coincide con las cifras del organismo de la UE que se ocupa de las estadísticas, Eurostat, que sitúa en 1.6 por ciento del PIB el gasto destinado a la Defensa por parte de los países miembros entre el 2002 y el 2010 (3)


Pero en el capitulo de la “seguridad pública”, es decir en las fuerzas policiales, prisiones y organismos judiciales para “mantener el orden”, el gasto de los países de la UE pasó de 1.8 por ciento en 2002 a 1.9 por ciento en 2010, y probablemente aumentó en el 2011 si tenemos en cuenta que los cortes en el gasto estatal en muchos países de la UE, para reducir los déficits públicos, no afectan al gasto militar ni tampoco al de la “seguridad pública”.


Todo esto para recordar que las políticas de austeridad que están aplicando los gobiernos de la UE bajo el dictado de la oligarquía financiera, causantes del empobrecimiento masivo, el desempleo y la miseria de millones de europeos, tienen necesariamente que venir acompañadas de políticas represivas, y a veces de golpes de Estado y dictaduras cuando se trata o se trataba de países latinoamericanos.


Cuando la oligarquía tiene el poder la democracia cesa de tener vigencia.


Ese uno por ciento, la oligarquía que domina el mundo, tiene temores. El más grande es que los pueblos decidan despojarlos de su “riqueza obscena”, como escribe el Blogger “masaccio” al señalar que según el columnista Kenneth Rapoza, de la revista Forbes –la que leen los oligarcas para saber en que lugar se encuentran entre los 500 más ricos del mundo- lo que los ricos temen más es que “congresistas falderos” de pronto empiecen a plasmar las demandas del electorado. O que “haya violencia en las calles”, como escribe Robert Frank en la sección Reporte sobre la Riqueza del diario Wall Street.


En el 2010, según el economista Emmanuel Saez de la Universidad de California en Berkeley, los ricos estadounidenses, el uno por ciento de la población, se apropió del 93 por ciento del aumento del ingreso, y según un análisis de Peter Robinson de la agencia Bloomberg (2 de octubre 2012) en el 2011 la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos superó, en desigualdad en los ingresos, a las de Uganda y Kazajstán.


Y como los pueblos tienen en un momento dado la tendencia a protestar y exigir cambios de política, como política de principio la oligarquía exige que el Estado utilice su “monopolio de la violencia legítima”, o sea que reprima cualquier manifestación de protesta o crítica al sistema.


A la vista está la muchas veces brutal represión policial contra los manifestantes de Ocupemos Wall Street en Estados Unidos, o contra los manifestantes en Grecia y España, por ejemplo. Y quienes hemos vivido la realidad latinoamericana sabemos que no solamente la represión aumentará a medida que se incremente la protesta social, sino que irá adquiriendo todas las características de violencia y arbitrariedad que corresponden a una dictadura, a la dictadura del capital financiero.


Las fuerzas democráticas europeas, aquellas que realmente se oponen a esta oligarquía, deben estudiar lo que sucedió cuando el FMI –con el apoyo de la oligarquía local y de los militares- obligó a ciertos países latinoamericanos a llevar a cabo políticas de austeridad similares, o quizás un poco más severas que las aplicadas actualmente en Grecia o España.


Oligarquía, austeridad y represión van unidas contra los pueblos. La democracia y la protesta no tienen cabida en esa ecuación, esa es la realidad hasta el momento en que masivamente los pueblos dicen ¡Basta! y ¡Que se vayan todos!


La Vèrdiere, Francia.


Notas:
1.- Página/12: Crónica de una muerte anunciada, por Bernardo Kilksberg, Asesor Especial del Buró de Políticas para el Desarrollo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-204754-2012-10-03.html
2.- http://firedoglake.com/2012/09/30/a-glimpse-of-the-oligarchys-view-of-the-future-for-us-workers/
3.- http://euobserver.com/defence/115906

- Alberto Rabilotta es periodista argentino - canadiense.

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El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, apareció ayer entre los relatores en la Asamblea General de la ONU. Habló de los derechos humanos, de la política de EE.UU., de la tragedia personal de Bradley Manning y de los cambios en el mundo.


Buenos días, señores delegados, señoras y señores,


Hoy hablo con ustedes como un hombre libre porque a pesar de que estoy detenido desde hace 659 días sin cargos, soy libre en el sentido básico y más importante, soy libre para decir lo que pienso.


Esta libertad existe porque la nación de Ecuador me ha concedido el asilo diplomático. Y otras naciones tuvieron la voluntad de apoyar esta decisión. Es por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, gracias a la cual WikiLeaks fue capaz de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Y es por el artículo 40.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula el derecho de buscar asilo de la persecución y la 1951 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otras convenciones producidas por Naciones Unidas, con las cuales puedo ser protegido igual que otros, de la persecución política.


Gracias a las Naciones Unidas puedo realizar en este caso, mi derecho inalienable a buscar protección de las acciones opresoras que algunos gobiernos emprenden en mi contra, contra los empleados y los seguidores de mi organización. Es gracias a la prohibición absoluta de la tortura, estipulada por la norma ordinaria internacional y la Convención de la ONU contra la Tortura, que seguimos firmemente denunciando las torturas y crímenes de guerra, sin importarnos quiénes son los perpetradores. Quisiera agradecer la cortesía del Gobierno de Ecuador, de facilitarme la posibilidad de hablar otra vez ante la ONU en unas circunstancias muy diferentes a las que tuve durante el "Universal Periodic Review” en Ginebra en 2010.


Hace casi 2 años hablé ante la ONU sobre nuestro trabajo de descubrir las torturas y los asesinatos de casi 100.000 ciudadanos en Irak. Pero hoy les quiero contar una historia estadounidense. Les quiero contar una historia sobre un joven soldado estadounidense en Irak. El soldado nació en Oklahoma, de madre galesa y padre de la Armada de EE.UU. Sus padres se enamoraron. Su padre fue enviado a una base militar estadounidense en Gales. Desde la niñez, el soldado parecía que iba a tener un futuro muy prometedor, ganó varios premios principales en las ferias de ciencias locales, durante tres años seguidos. Creía en la verdad y le gustábamos todos nosotros. Él odiaba la hipocresía.


Él creía en la libertad y en el derecho para todos nosotros de buscar felicidad. Él creía en los valores que fundaron el país independiente de Estados Unidos. Él creía en Madison, en Jefferson, creía en Paine. Igual que muchos adolescentes era inseguro en qué hacer con su vida pero sabía que quería defender a su país y sabía que quería conocer el mundo. Ingresó en el Ejército de EE.UU. y como su padre se hizo un analista de inteligencia.


A finales de 2009 cuando tenía 21 años fue enviado a Irak. Allí supuestamente fue donde vio que el Ejército estadounidense no sigue la ley de manera estricta, de hecho está involucrado en homicidios y apoya la corrupción política. Se supone que esto fue en Bagdad en 2010 cuando envió a WikiLeaks, me entregó a mí y de hecho al mundo, los detalles que mostraban torturas de iraquíes, los asesinatos de periodistas y las cintas con la información sobre más de 120.000 homicidios de civiles en Irak y en Afganistán. Está acusado de haber entregado a WikiLeaks 251.000 cables diplomáticos de EE.UU., con ayuda de los cuales luego se encendió la Primavera Árabe. El nombre de este joven soldado es Bradley Manning.


Presuntamente fue arrestado en Bagdad tras ser traicionado por un informante, primero fue encarcelado en Kuwait y luego llevado a Virginia, donde fue recluido durante 9 meses en régimen de aislamiento y fue donde sufrió severos abusos. Abusos que el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, investigó y denunció ante EE.UU. Un portavoz de Hillary Clinton rechazó estas acusaciones.


Bradley Manning, el que fuera estrella de las ferias de ciencias, soldado y patriota… fue degradado, maltratado y torturado psicológicamente por su propio Gobierno. Fue acusado de delitos penales. Todo esto le sucedió porque el Gobierno de EE.UU. intentó romper su voluntad y forzarle a testificar contra WikiLeaks y contra mí.


Hasta el día de hoy, Bradley Manning lleva detenido sin juicio 856 días. El máximo legal para el Ejército de los Estados Unidos es de 120 días.


La Administración de los Estados Unidos está tratando de erigir un régimen nacional de secretos, un régimen de ofuscación. Un régimen donde cualquier empleado público que revele información delicada a una organización de la prensa puede ser sentenciado a muerte, a cadena perpetua por espionaje, y a la organización mediática junto al informante.


No debemos subestimar la investigación a la cual ha sido sujeta WikiLeaks por el FBI. Lo único que desearía decir es que Bradley Manning ha sido la única víctima de toda esta situación, pero el asalto a WikiLeaks en relación a ese asunto y a otros ha producido una investigación a la que un diplomático australiano se ha referido como "sin precedentes" en su naturaleza. Eso es lo que el Gobierno de EE.UU. llamó "toda la investigación gubernamental". Las agencias de inteligencia identificadas que se han visto involucradas en esta investigación incluyen la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la división de investigación contra el crimen del Ejército de los EE.UU., las fuerzas aliadas en Irak, la primera división del Ejército, la unidad de investigación del Ejército de crímenes cibernéticos, la CCIU, el segundo cibercomando del Ejército.


En el marco de estas tres investigaciones que se llevan a cabo, hay una del departamento de Justicia que es la más significante, y la del jurado de EUU en Alexandria, Virginia. La oficina Federal de Investigación (FBI), según el testimonio en la Corte, elaboró un archivo de 42.135 páginas sobre WikiLeaks. De las que casi ocho mil, están dedicadas a Bradley Manning. El departamento de Estado y los servicios de seguridad diplomáticos realizan sus indagaciones. Adicionalmente fuimos investigados por la Oficina del director general del Servicio de Inteligencia Nacional, la Oficina del ejecutivo del servicio de contraespionaje, la CIA, el comité de supervisión doméstica, además de la plantilla del Servicio de Seguridad Nacional, el comité interdepartamental de inteligencia y por La Junta Asesora de Inteligencia exterior del Presidente.


El portavoz del departamento de Justicia, Dean Boyd, confirmó en julio del 2012 que la investigación de su oficina contra WikiLeaks continúa. Ayer Barack Obama pronunció muchas palabras buenas. Pero es precisamente su Administración la que publica en su sitio dedicado a la campaña electoral, más espacio sobre la criminalización de la libertad de expresión que todos los presidentes anteriores.


Yo recuerdo la frase sobre la audacia de la esperanza. ¿Quién puede decir que el presidente de EEUU no es audaz? No fue un paso audaz por parte del Gobierno norteamericano, atribuirse el progreso de los últimos dos años. ¿Fue audaz por su parte declarar el martes que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio, durante la Primavera Árabe? La historia de Túnez no comenzó en diciembre del 2010, y Mohamed Bouazizi no se incendió para que Barack Obama tuviera posibilidad de ser reelegido. Su muerte fue fruto de la desesperación que soportaba viviendo bajo el régimen de Ben Ali. El mundo conoció tras leer las publicaciones de Wikileaks, que Ben Ali y su Gobierno, disfrutaron durante muchos años de la indiferencia o quizá hasta del respaldo de EEUU que era consciente de sus crímenes y sus desmanes. Así que para los tunecinos sería una sorpresa conocer que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio en su país. Y sería una sorpresa para los jóvenes egipcios, que limpiaban de sus ojos el gas lacrimógeno norteamericano, que la Administración estadounidense apoyaba los procesos de cambio en Egipto.


Debería ser una sorpresa para aquellos que escucharon a Hillary Clinton insistir en que el régimen de Mubarak era "estable", y cuando estaba claro para todos que no era así, que su odiado jefe de inteligencia, Suleiman, de quien nosotros demostramos que EE.UU. sabía que era un verdugo, debería tomar el cargo. Debería ser una sorpresa para todos los egipcios que escucharon al vicepresidente Joseph Biden que declaró que Hosni Mubarak era un demócrata y Julian Assange era un terrorista informático. Es irrespetuoso para los muertos y encarcelados en la revuelta de Bahréin que reivindican a EE.UU. "apoyo a las fuerzas de cambio".


De hecho esto es atrevido. ¿Quién puede decir que no es atrevimiento que el presidente que trata de comparecer como líder mira hacia atrás en este gran cambio, el cambio de la gente, y después lo llama a su manera? Pero podemos animarnos aquí también porque eso significa que la Casa Blanca vio que este progreso es inevitable. En este "tiempo de progresos" el presidente ha visto en qué dirección sopla el viento. Y ahora él debe fingir que es su Administración la que lo hizo estallar. Muy bien, esto es mejor que la alternativa: inclinarse hacia la irrelevancia mientras el mundo sigue adelante. Tenemos que ser claros aquí: EE.UU. no es el enemigo. Su Gobierno no es uniforme. En algunos casos gente buena en Estados unidos apoya las fuerzas de cambio. Y quizá Barack Obama personalmente fue uno de ellos. Pero en otros, y en masa, en etapas tempranas, se opusieron activamente. Este es un problema histórico y no es justo y no es apropiado para el presidente distorsionar esa cuestión para obtener ganancias políticas o por pronunciar buenas palabras.


Y en cuanto a las palabras buenas, son solo las palabras buenas. Nosotros las alabamos y estamos de acuerdo con estas palabras. Estamos de acuerdo con lo que el presidente Obama dijo ayer de que las personas pueden resolver sus divergencias pacíficamente. Estamos de acuerdo con que la diplomacia puede sustituir la guerra y estamos de acuerdo que esto es un mundo independiente. Estamos de acuerdo en que la libertad y la libre determinación de las personas no son valores meramente estadounidenses u occidentales, sino valores universales. Y estamos de acuerdo con el presidente cuando dice que debemos hablar con honestidad si somos serios sobre estos ideales. Pero las palabras buenas languidecen sin acciones proporcionales. El presidente Obama habló con firmeza a favor de la libertad de expresión. "Los que están en el poder", dijo, "tienen que resistir la tentación de reprimir a los disidentes".


Hay tiempo para las palabras y hay tiempo para las acciones. Ya el tiempo de las palabras se ha agotado. Es hora de que EE.UU. cese la persecución de WikiLeaks, cese la persecución de nuestro pueblo y cese la persecución de otras fuentes. Es hora de que el presidente Obama haga lo correcto y se una a los cambios en el mundo no con buenas palabras, sino con buenos hechos.


Gracias.

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