Miércoles, 22 Agosto 2012 15:23

Una política para evitar daños mayores

 El gobierno del presidente José Mujica considera que el consumo de pasta base es el principal problema a abordar para establecer una política eficaz hacia las drogas. La propuesta de legalización de la marihuana debe entenderse como una suerte de cortafuegos que impida el trasvase de los adictos a la más dañina de las drogas.


El proyecto de ley enviado el miércoles 8 de agosto al parlamento uruguayo por el presidente José Mujica establece en su único artículo que “el Estado asumirá el control y la regulación de las actividades de importación, producción, adquisición a cualquier título, almacenamiento, comercialización, y distribución de marihuana o sus derivados, en los términos y condiciones que al respecto fije la reglamentación”.

La exposición de motivos del proyecto critica las políticas prohibicionistas porque han agravado los problemas y establece que los objetivos de la legalización consisten en que “los usuarios no sean estigmatizados ni tratados a partir de la aplicación de la ley penal, sino que se pueda trabajar con ellos y con la sociedad toda”.

En base a diversos estudios de campo el gobierno sostiene que el consumo de marihuana tiene alta legitimidad social, pero además afirma que “esta sustancia, cuya capacidad para generar dependencia física y psicológica es de leve a moderada, se diferencia claramente en sus riesgos de otro conjunto de drogas cuyo potencial toxicológico y adictivo es mucho mayor”. Entre éstas destaca la pasta base de cocaína, al alcohol, al tabaco y los psicofármacos.

El proyecto constata que los consumidores de marihuana, pese a tener un vínculo no problemático con la misma, “se exponen frecuentemente a los riesgos psicológicos, sociales y legales producto de la necesidad de tener que acceder ilegalmente a esta droga”. Este es el principal punto que se busca abordar.

Aunque es muy difícil que la propuesta sea aprobada, ya que no cuenta con adhesiones completas ni siquiera en el propio oficialismo, la propuesta del oficialismo tuvo la virtud de abrir un amplio debate social sobre las drogas, en el que los matices son la regla dominante, ya que el objetivo final es regular y controlar, para evitar que la marihuana siga siendo un paso en el camino hacia la pasta base, que sigue siendo el consumo considerado como más peligroso por el gobierno.

Una apuesta fuerte

Aunque Uruguay no será el primer país del mundo en legalizar el consumo de marihuana, el Estado uruguayo será el primero en producirla legalmente. Sin duda una apuesta fuerte que mueve el tablero y fuerza al sistema político a entrarle a un debate que hace tiempo nació y creció en la sociedad.

En las últimas décadas ha habido cambios legales importantes en muchos países. Holanda es de algún modo el punto de referencia obligado, ya que desde 1978 tomó el camino de la separación del mercado de marihuana del de heroína. “El resultado fue tan bueno que Holanda tuvo una incidencia mucho menor de la crisis de sida en los años 80”, explica Julio Calzada, quien dirige la Junta Nacional de Drogas, un organismo adjunto a la Presidencia. De profesión sociólogo, ex integrante de las juventudes del MLN-Tupamaros, Calzada forma parte de una nueva generación de funcionarios que participaron en la resistencia al régimen militar (1973-1985), se destacaron en movimientos sociales de nuevo tipo durante la transición y son portadores de modos no tradicionales de encarar los problemas sociales.

La propuesta consiste en separar los mercados de marihuana y de otras drogas al constatar que el consumidor de marihuana acude al vendedor ilegal y en no pocas ocasiones termina comprando heroína si no hay marihuana. El principal referente es Portugal donde fue despenalizado el consumo sin que se registraran efectos negativos. “En Uruguay el consumo nunca estuvo penalizado de modo que no vamos a poder hacer esa comparación, cosa que podrán hacer los argentinos cuando despenalicen el consumo de marihuana”, sigue Calzada. Un caso diferente es el de Australia que mantiene formas de regulación a través del autocultivo desde la década de 1980.

La diplomacia uruguaya está llevando su posición sobre las drogas a diversos foros mundiales. El embajador ante las Naciones Unidas, Milton Romani, quien estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas durante el gobierno de Tabaré Vázquez (2005-2010), destaca que se apoya en tres ejes: “La adecuada integración del sistema de derechos humanos a la política de fiscalización de drogas; la participación de la sociedad civil en el diseño de las políticas internacionales, tanto en Naciones Unidas como en la OEA; y la apertura de un debate democrático amplio para rever la política de fiscalización a nivel internacional y regional que trascienda la regulación de los mercados a través de la ley penal”.

Riesgos geopolíticos

En la reciente Cumbre de Cartagena (14-15 de abril) se registró una inédita convergencia de críticas a la guerra contra las drogas impulsada por Estados Unidos por parte de países que tienen gobiernos muy distintos como Colombia y Guatemala, por un lado, y Bolivia y Uruguay por otro. “La cumbre de Cartagena le dio un mandato a la OEA para hacer un profundo estudio de revisión de las políticas actuales sobre drogas en colaboración con el BID y la Organización Panamericana de la Salud”, explica Romani.

En su opinión, “una política de drogas que basa la regulación en la ley penal, ha demostrado que es insuficiente y ha generado daño” y recordó que el presidente Juan Manuel Santos dijo en esa oportunidad que “el problemas de las drogas es como un colchón de agua, pisas en un lado y se levanta en el otro”.

La propuesta elevada por el gobierno de convertir al Estado en productor y distribuidor de marihuana, no sólo ha sido criticada por la oposición sino que tiene aún un largo trayecto para ser reglamentada, con el objetivo expresado por Calzada de “garantizar que no se produzcan desvíos al mercado negro nacional o regional”. Una realidad geopolítica que impide que un solo país tome una medida de ese tipo sino que corra el riesgo de afectar a toda la región que, se espera, se encaminará en el mismo sentido en los próximos años

“El término legalización da lugar a interpretaciones diversas, como que podrá comprar marihuana en el almacén cosa que no se cierta”, argumenta Calzada. La regulación abarcará todo el circuito desde el financiamiento, la producción y la distribución hasta la venta, aunque ésta no quedaría en manos del Estado. Según la Quinta Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas, difundida en mayo pasado, en Uruguay hay unos 75.000 consumidores habituales de marihuana, o sea personas que consumen entre 30 y 60 cigarrillos al mes (unos 30 gramos). Si se consideran los usuarios “experienciales”, la cifra trepa hasta los 130 mil.

Uno de los aspectos más polémicos es que se establecerá un registro de usuarios, lo que significa que los compradores deberán mostrar su cédula de identidad para acceder al producto. De este modo, cuando los usuarios vayan a comprar no correrán el riesgo de que les ofrezcan otra droga como sucede actualmente. La separación de ambos mercados es fruto de una larga experiencia avalada por estudios de campo.

“Todos los consumidores de pasta base han sido antes consumidores de marihuana”, asegura Calzada. El camino que lleva a la pasta comienza por el alcohol, al que se accede desde los 12 o 13 años, sigue por el cigarrillo, cuya edad de iniciación se sitúa en torno a los 15, y sigue por la marihuana que se empieza a consumir masivamente a los 17 años. Apenas una pequeña cantidad sigue el recorrido hasta la pasta base. “Cuando se interdicta un gran cargamento de marihuana el precio sube y ahí algunos se pasan a la pasta base”, dice Calzada para explicar cómo funcionaría el “cortafuegos” de la legalización.

Atención a los usuarios

La nueva política oficial sobre drogas, lanzada a mediados de junio, establece cinco mecanismos de atención a los usuarios de pasta base. Los Equipos Hospitalarios de Respuesta Inmediata en Crisis Adictivas permitirán la internación del adicto de tres a siete días hasta que desaparezca el cuadro. Se instalarán cuatro equipos, dos de ellos en la capital.

En paralelo se crearán diversos “dispositivos de proximidad” como centros de escucha y derivación y consultorios móviles en base a la experiencia que se viene acumulando desde 2007 por varias ONGs centradas en el trabajo de calle y comunitario. En Montevideo funcionan en los barrios de desestructuración social y acompañan el proceso de desintoxicación.

A través de estos mecanismos se piensa llegar al 30 por ciento de los usuarios de pasta base, que serán atendidos en centros diurnos, en cárceles donde están privados de libertad y en diversos centros de internación.

Calzada sostiene que el consumo de pasta base se ha estabilizado y sufre una leve tendencia decreciente, mientras crece fuertemente el consumo de alcohol y levemente los consumos experienciales de marihuana y cocaína. El consumo más preocupante es el alcohol, al que sin embargo la sociedad otorga escasa importancia, pero cree que es la puerta de entrada a otros consumos problemáticos: “Hemos vivido cambios culturales muy importantes que se relacionan con el uso del tiempo libre, los horarios de apertura de los bares y el control familiar, que llevan a que las personas de 15 a 17 años sean las más expuestas y las más vulnerables cuando consumen sustancias psicoactivas. No podemos permanecer indiferentes cuando registramos que uno de cada tres jóvenes tiene episodios de intoxicación etílica aguda en los últimos 15 días, cuando en 2006 eran uno de cada cuatro”.

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La Policía dispara contra los mineros en Sudáfrica
La agencia de noticias sudafricana Sapa ha informado de que hasta 18 personas yacían en el suelo tras los duros enfrentamientos entre la Policía de Sudáfrica y un grupo de mineros que se manifestaban por sus condiciones laborales. Las autoridades aun no han informado cuántas de ellas fallecieron.

Los medios locales explicaron que la Policía tuvo que abrir fuego contra los manifestantes, quienes cargaron contra los agentes armados con machetes y lanzas.

Se desconoce por el momento si algún policía perdió la vida durante la violenta jornada de huelga de hoy, al igual que tampoco se ha concretado cuántos han sido víctimas de los disparos de la policía, y cuántos son resultado de enfrentamientos entre los propios mineros.

Los disturbios en la mina de Lonmin, situada en la localidad de Marikana, en la provincia del Noroeste, comenzaron el pasado viernes y hasta ayer habían fallecido 10 personas en incidentes violentos entre los propios huelguistas y enfrentamientos de los mineros con las fuerzas de seguridad.

El conflicto se inició como resultado del enfrentamiento entre dos sindicatos rivales, la mayoritaria Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción (AMCU) y la Unión Nacional de Mineros (NUM), que comenzaron el viernes pasado tras el inicio de una huelga.

Seis mineros, dos policías y dos guardias de seguridad murieron durante estos disturbios. La Policía ha desplegado desde entonces un amplio dispositivo para contener a los manifestantes, que la prensa sudafricana cifró hoy en al menos 3.000 personas.

La NUM y AMCU se han enfrentado con anterioridad para tratar de obtener un mayor número de afiliados en las explotaciones sudafricanas.

AGENCIAS Johannesburgo 16/08/2012 21:14 Actualizado: 16/08/2012 23:23

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Martes, 07 Agosto 2012 06:51

Violento desalojo

Violento desalojo
´. La corresponsal de la emisora televisiva Telefuturo, Fátima Garay, confirmó la actuación del Grupo Especial de Operaciones, vencido el ultimátum dado a los campesinos para que desocupen las tierras, en las que estaban desde la noche del pasado sábado.


Por su parte, la edición digital del diario paraguayo La Nación tituló “Desalojo y violencia en Saltos del Guairá” y recogió la información de Garay sobre el uso de los gases lacrimógenos, aunque no abundó en más detalles del desalojo. Los “invasores” serían personas oriundas de Capiibary, Curuguaty y Santaní, según información de Alberto Núñez, corresponsal de dicho diario. Una fuente policial dijo que el hecho de que los campesinos en pocas horas de la noche instalaron casi 500 carpas demostraba que están muy bien organizados y dispuestos a defender sus procedimientos.


Según el diario local Ultima Hora, la propiedad de 29 hectáreas pertenece a un ciudadano brasileño de nombre Joao Carlos Bernardes. Los campesinos, aproximadamente mil, ocuparon la estancia el pasado sábado en horas de la tarde. El domingo a la mañana, el representante del Ministerio Público del gobierno de Franco (foto) se constituyó en el lugar, explicó a los labriegos que el título de propiedad con el que cuenta Bernardes es original y que, por lo tanto, debían retirarse de la estancia, ya que si no lo hacían de forma pacífica, la fiscalía procedería al desalojo y algunos campesinos podrían ser detenidos.


“Desde ahora vamos a analizar una estrategia con la Policía Nacional, para un procedimiento futuro de acuerdo con la cantidad de personas que hay ahí, sobre todo porque se busca un procedimiento que no arroje víctimas ni lesionados”, manifestó ayer el fiscal Diosnel Giménez. Cuando se produjo la ocupación, los policías apoyados por empleados del lugar trataron de impedir a tiros que los labriegos ingresaran al inmueble. El enfrentamiento dejó un saldo de ocho campesinos heridos, con balas de goma y proyectiles de plomo. Además confirmó que alrededor de mil labriegos y sus familiares desocuparon casi en su totalidad el lugar y aseguró que todo se realizó en forma pacífica. “Sólo quedan algunos ocupantes que están levantando las casi 500 carpas situadas allá y armadas por ellos para su estadía”, puntualizó.


Otros corresponsales afirmaron que los campesinos realizaron un repliegue y se situaron en la margen derecha de la hacienda, en un intento de quedarse a la espera de una negociación con el gobierno para obtener parcelas donde vivir y trabajar. La problemática de la tierra es una de las principales en Paraguay, donde un 2 por ciento de la población concentra la propiedad de alrededor del 80 por ciento de la tierra.

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Martes, 07 Agosto 2012 06:32

La seguridad en el ojo ajeno

La seguridad en el ojo ajeno
Las compañías de seguridad vienen diciendo que la biometría es la mejor de las seguridades electrónicas. Han convencido a los guionistas de Hollywood, han decidido a gobiernos (incluso para controlar acceso a las canchas de fútbol) y a empresas privadas de que hay que invertir en guardar información sensible y única de la gente para evitar a los impostores o para luchar contra la trata de personas o el terrorismo: siempre hay motivos para invertir en seguridad. Y dentro de la biometría –la identificación por una parte del cuerpo que dicen suele ser irremplazable– se suponía que el reconocimiento de iris era imposible de fraguar. Pues bien, siempre hay un hacker que se encarga de demostrar lo contrario, y sólo basta un par de lentes de contacto tuneados para que la maravilla ocurra y uno pueda ponerse los ojos de quien quiera.


La demostración se presentó en el congreso Black Hat, el evento de inseguridad informática más poderoso del mundo. La investigación fue mostrada por Javier Galbally, un ingeniero electrónico español especializado en biometría y enfocado desde hace años en las vulnerabilidades de la misma. De lo que se trata, simplemente, es de poder duplicar una imagen de la membrana ocular a través de la técnica de ingeniería inversa: habitualmente, el reconocimiento de iris se usa después de que una persona a la que es necesario darle un acceso se le escanea el iris. Este escaneo se convierte en información digital y va a una base de datos. Cada vez que la persona usa su iris para ingresar a donde fuera que vaya, el sistema verifica que se trata de la misma información. Pues bien, ahora se sabe, esa información se puede duplicar.


De todas maneras, la duplicación del iris no es una tarea sencilla: primero hay que tener acceso a la información digital guardada en alguna base de datos, y según Galbally, una vez que se tiene acceso a la plantilla original, un hacker puede usar algoritmos genéticos para alterar código sintético que podría hacer quedar la plantilla idéntica a la original. Es decir, la imagen del iris podría ser duplicada. “Alguien podría imprimir la información del iris en un lente de contacto y usarlo para ingresar a algún lugar”, explicó Galbally en la presentación.


“El sistema de reconocimiento de iris de tipo comercial sólo mira el código del iris y no el ojo”, explicó Galbally. Lo que se entiende aquí es que se puede llegar a una réplica del “ojo” desde el código guardado. El “encuentro” es un verdadero dolor de cabeza para la industria de la seguridad, ya que el reconocimiento de iris está considerado la fuente de identificación más certera que se conoce. Hasta ahora no se han conocido reportes de intrusiones debido a esta falla y tampoco queda claro si podría ser peligroso, pero la vulnerabilidad está ahí. “Lo importante es que la gente sepa que existe”, dijo.


Es decir: se puede robar una identidad, si se tiene acceso a la base de datos de iris guardados, se lo puede recrear, imprimir y pegar en un lente de contacto y decir “yo soy ése”, explicó Galbally, quien condujo la investigación junto al grupo de reconocimiento biométrico ATVS, en la Universidad Autónoma de Madrid. Con el sueño del control internacional permanente y la fascinación por la tecnología biométrica, algunos aeropuertos ya están implementando el ingreso a los países a través del sistema biométrico. El aeropuerto de Schiphol, en Amsterdam, lo vende como si se tratara de una baratija. La web dice: “¿Cansado de hacer colas en el aeropuerto?” “¿Quiere pasar rápido y a salvo sin mostrar su pasaporte?”. Le falta el “llame ya” y ya estamos listos. Dice el anuncio: “Ponga su iris en la base de datos del aeropuerto y entre por la vía rápida”. Muchos otros aeropuertos lo han usado, miles de edificios lo hacen para guardar información secreta, y ahora también notebooks que usan el sistema para “dejar” entrar a sus usuarios.


El problema es que el sistema de reconocimiento a través de iris no guarda una réplica del ojo propiamente dicha, sino el código generado por el escaneo. Así, se pensaba que no se podía hacer ingeniería inversa porque no había acceso a la fuente original, sino a un simple código. Los algoritmos genéticos son difíciles de explicar: se trata de herramientas que llegan a un resultado luego de una serie de iteraciones en el procesamiento de los datos. Los algoritmos genéticos van modificando las imágenes y contrastándolas contra el código original hasta que ambos coinciden casi a la perfección. “Los algoritmos genéticos aplican reglas inspiradas en la evolución natural para combinar las imágenes sintéticas del iris, van produciendo mejores generaciones de la misma forma en que evolucionan las especies naturales de generación en generación. Pero no hay que esperar millones de años, sólo unos minutos”, explicó Galbally, quien vulneró el sistema VeriEye para argumentar su investigación. Como sea, qué diría Juan Vucetich si viviera.

@blejman

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Viernes, 27 Julio 2012 06:45

Desalojados a los tiros

Desalojados a los tiros
La semana pasada, la comunidad Mapuche Temucuicui inició una ocupación de “carácter productivo” en cuatro predios particulares de la comuna de Ercilla, en la Araucanía chilena, en el marco de las acciones dispuestas para recuperar sus tierras ancestrales. El werkén o vocero de la comunidad, Jorge Huenchullán, afirmó que se ocuparía uno de los cuatro predios para labores de siembra con la idea de presionar al gobierno para que dé una solución a sus reivindicaciones territoriales.


“De esta forma, hacemos efectivo el control territorial de estos predios, que consiste en la recuperación de nuestros antiguos espacios territoriales”, dijo la comunidad el lunes pasado a través de un comunicado. La ocupación fue realizada por unos 60 comuneros, incluidos ancianos y niños. Ese día, los miembros de Temucuicui fueron violentamente desalojados por Carabineros mientras realizaban las faenas de preparación de los cultivos en los fundos La Romana y Montenegro y terrenos contiguos explotados por las grandes forestales, informó la Fundación Anide, organización sin fines de lucro que apoya a la niñez desprotegida.


Según los datos proporcionados por Anide, los hechos dejaron un saldo de doce detenidos, tres de ellos menores de edad, además de varios heridos, luego que a las 16 horas se iniciara el desalojo que fue ejecutado por unos 200 carabineros que ingresaron al lugar disparando escopetas y gases lacrimógenos.


“Producto de la violencia policial resultaron heridos el menor A.M., con herida de perdigones en una pierna, y un adulto no identificado con fractura en una mano y que se encontraba esposado”, agregaron desde Anide. La represión continuó horas más tarde en las afueras del hospital de Collipulli, cuando Carabineros disparó contra un grupo de comuneros que esperaban a quienes habían concurrido a certificar lesiones. Entre las víctimas figuran la menor F. M., de 12 años, que recibió perdigones en la columna; F. Ll., de 16 años, herido en una pierna, y otra persona que recibió un impacto de perdigón en la sien.


Fuentes de la comunidad denunciaron también que los detenidos, entre ellos siete mujeres, tres de ellas menores de 12 años, fueron conducidos en micro policial, sufriendo durante el trayecto todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros.


“Una de ellas fue arrastrada del pelo y golpeada en la cara por dos funcionarios policiales”, sostuvo la Fundación que mostró su preocupación por los niños y adolescentes heridos.


En este escenario, la comunidad mapuche de Temucuicui pidió la renuncia del general director de Carabineros, Gustavo González, por las lesiones que sufrieron los menores de edad.


Junto a ello solicitaron una explicación del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, para esclarecer “quién dio la orden para atacar a menores de edad con balines, personas que estaban afuera de un hospital esperando para saber por la salud de sus familiares heridos en enfrentamientos con la misma fuerza policial”, dijeron.


El martes, el gobierno realizó una cumbre de seguridad en el Palacio de La Moneda, donde se tomaron medidas para resolver la violencia en la zona del conflicto mapuche. Entre ellas, el aumento de la dotación de ambas policías en la Región de la Araucanía.


De acuerdo con las cifras entregadas por la Fiscalía de la Araucanía, desde enero hasta el 31 de mayo de 2012 se han registrado 95 casos de violencia con 103 delitos, incluso el homicidio de un carabinero que recibió un impacto de bala el pasado 2 de abril.


El presidente Sebastián Piñera dijo esta semana que “hay una pequeña minoría, unas cuarenta o cincuenta personas, que están decididas a quemarlo todo, a destruirlo todo, que no respetan nada, ni siquiera respetan las escuelas”, agregó. Por ello, reiteró que el gobierno tomará un conjunto de medidas para enfrentar la situación. “Además de reforzar el plan social, vamos a aumentar la dotación policial y vamos a entregarles a nuestros policías mayor capacidad operativa de investigación, de inteligencia. La lucha contra la violencia y el crimen organizado compromete a Carabineros, a policía de investigaciones, pero también a los fiscales y a los jueces.” Respecto de las denuncias de uso excesivo de la fuerza policial, Piñera dijo que “apoyamos ciento por ciento a Carabineros y a la policía de investigaciones porque ellos tienen la obligación de resguardar el orden público, y arriesgan sus propias vidas. Pero evidentemente no vamos a permitir que la acción policial se salga del marco de la ley y ese tema lo estamos investigando y no lo vamos a permitir”.


Finalmente, el vocero de gobierno Andrés Chadwick dijo respecto de las fotografías de menores presuntamente baleados por Carabineros, que “se está investigando. Nadie quiere que estos hechos se produzcan, pero tampoco queremos que ocurran casos como el del matrimonio de pequeños agricultores, de la tercera edad, con hijos, a quienes les queman la casa en la noche. No queremos que exista violencia excesiva por parte de Carabineros, pero también queremos que las policías actúen con el rigor de la ley”.

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Miércoles, 25 Julio 2012 06:31

“La mano dura agrava el delito”

“La mano dura agrava el delito”
Las políticas de “mano dura” aplicadas en algunos países de América latina, en lugar de aportar soluciones “agravaron la violencia” porque para poder aplicar esos planes “se restó apoyo a las medidas de prevención del delito”, expresaron en forma coincidente dos informes presentados por la ONU y la OEA en Tegucigalpa, Honduras. “La falta de una adecuada respuesta del Estado ante la violencia y el delito en ocasiones ha conducido a (...) la estigmatización de personas o grupos”, favoreciendo “la aparición de grupos de ‘limpieza social’, como ‘escuadrones de la muerte’ o grupos parapoliciales y paramilitares”, dijo la ONU en un documento titulado “Seguridad ciudadana y derechos humanos”. En ese marco de violencia institucional, en América latina y el Caribe “siete de cada diez víctimas de homicidio son jóvenes”, dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su documento “Justicia Juvenil y DD.HH.”.


En el encuentro se puso de manifiesto que en los últimos años, para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado –sobre todo el narcotráfico–, se aplicaron “políticas represivas”, como la baja de la edad de punibilidad o la militarización de las grandes ciudades.


La paraguaya Rosa María Ortiz, relatora sobre derechos de la niñez de la CIDH, lamentó que países de América latina, en especial los del triángulo norte de Centroamérica (Honduras, El Salvador y Guatemala) hayan registrado “los índices de criminalidad más altos en el mundo”. Según datos incluidos en los informes, mientras la media mundial es de unos ocho asesinatos por cada 100.000 habitantes, en algunos países de América latina las tasas promedio oscilan entre 20 y 30 por cada 100.000.


El asesor de DD.HH. de la ONU en Honduras, Antonio Maldonado, comentó que las medidas de “mano dura” no llevaron a la reducción de la criminalidad, sino al “agravamiento de los problemas”, por el aumento de la intolerancia y “la limitación de libertades”. Por esas razones, los informes señalaron “la necesidad urgente de priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia sobre aquellas políticas de exclusiva represión”.


Según Ortiz, la violencia en América latina “puede y debe ser revertida comenzando por asegurar los estándares de protección que requieren aquellas personas en especial situación de vulnerabilidad ante la violencia y el delito, como son los niños y adolescentes”. Además del costo en vidas humanas, la violencia impacta significativamente sobre la economía, al punto que se ha estimado que el gasto de la aplicación de políticas represivas fluctúa entre el 2 y el 15 por ciento del PBI.


Ortiz resaltó que un “ejemplo palpable” de violencia y desigualdad es que “la población joven” en la región “muere en cantidad de 40 por cada 100.000, cuando la tasa mundial es de ocho por cada 100.000 habitantes”. Agregó que a pesar del avance que significó la Convención sobre los Derechos del Niño, “hay muchas debilidades (...) por la distancia entre el discurso normativo y la realidad que enfrentan los niños”.


Los informes denuncian que la policía “trata a menudo de forma discriminatoria a la infancia y adolescencia”, arrestando de manera selectiva “a quienes son más pobres, pertenecen a minorías, o a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos” asociados al delito. Recomiendan a los Estados miembros de la CIDH disponer medidas administrativas o legislativas para garantizar la seguridad de los niños y jóvenes que “no son responsables de la violencia que algunos sectores pretenden atribuirles, sino que más bien son víctimas”.

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Viernes, 06 Julio 2012 06:22

Las víctimas de Cajamarca

Las víctimas de Cajamarca
A cinco subió el número de muertos por la represión a las protestas en la norteña región de Cajamarca contra un millonario proyecto minero para explotar oro y cobre. Las muertes se produjeron por disparos de bala. A los tres muertos del lunes en la provincia cajamarquina de Celendín, cuando la policía y el ejército dispararon contra los manifestantes que atacaron el local de la municipalidad, se añadió el martes una cuarta persona durante choques entre manifestantes y las fuerzas de seguridad en la provincia de Bambamarca. Y ayer se informó que falleció uno de los manifestantes que había quedado gravemente herido en las protestas del lunes. Los heridos superan el medio centenar.


Poco después de conocidas las nuevas cifras de víctimas fatales en las protestas contra el proyecto minero Conga, cuestionado por su alto costo ambiental, ayer cinco congresistas que hace poco renunciaron a la bancada oficialista exigieron las renuncias del primer ministro, Oscar Valdés, y del ministro del Interior, Wilver Calle, ambos militares en retiro. Por otro lado, ayer fue liberado el sacerdote y dirigente ambientalista Marco Arana, detenido el miércoles en Cajamarca. Arana denunció haber sido golpeado por la policía durante su arresto.


Los cinco parlamentarios disidentes del oficialismo exigieron en un comunicado las “renuncias inmediatas” del primer ministro y del titular del Interior por lo que calificaron de “manifiesta incapacidad para resolver la conflictividad social que existe en Cajamarca”. “Exigimos el fin de la política de represión y criminalización de la protesta social, condenamos el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y las fuerzas armadas”, señala el comunicado firmado por los congresistas Verónika Mendoza, Rosa Mávila, Javier Diez Canseco, Jorge Rimarachín y Rubén Coa, que hace unas semanas renunciaron al oficialismo acusando al gobierno de Humala de haber tomado un rumbo represivo frente a las protestas sociales. En su comunicado, los cinco congresistas también invocaron a la población de Cajamarca a “no caer en provocaciones” y a “ejercer sus derechos en el marco de la serenidad y la calma” para evitar más muertes.


La bancada oficialista respondió defendiendo al gobierno y culpando a los dirigentes de la protesta en Cajamarca de promover la violencia. Las acusaciones del oficialismo, respaldadas por la derecha, apuntaron contra el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, una de las cabezas de la protesta. “El único responsable de esta violencia es Gregorio Santos y la fiscalía debería iniciar un proceso penal para detenerlo”, declaró el congresista oficialista Teófilo Gamarra. Santos, por su parte, ha acusado al gobierno por las muertes y exigido la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa. El gobierno y los dirigentes de la protesta se acusan mutuamente de intransigencia y de frustrar un diálogo para buscar una salida a la crisis.


En Cajamarca se mantiene un estado permanente de protestas desde el 31 de mayo, cuando el gobierno le dio luz verde al proyecto minero y se convocó a un paro regional indefinido exigiendo su suspensión. El gobierno ha impuesto el estado de emergencia allí.


Luego de ser liberado ayer, el sacerdote Marco Arana, uno de los líderes de la protesta, acusó a la policía de haberlo golpeado “con puñetes y patadas en la nuca, la espalda, los riñones y el pecho” mientras estuvo detenido y exigió la suspensión del proyecto Conga. Dirigiéndose al presidente Humala dijo que la protesta de Cajamarca no será silenciada “con palos, balas y torturas”.


Frente a las exigencias para suspender el proyecto Conga, el presidente respondió que la aprobación de éste viene del gobierno anterior y que él está obligado a “respetar los compromisos asumidos por el Estado”, porque si no lo hace “se afectarían las inversiones en el país”. Humala asegura que el gobierno ha decidido la continuación de este proyecto luego de que la empresa Yanacocha, propietaria de la cuestionada mina Conga, se comprometiera a asegurar el abastecimiento de agua a la población de la zona con la construcción de reservorios artificiales que reemplacen a las lagunas que serán destruidas por la mina a cielo abierto.

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Armas menos letales para el “combate en núcleos urbanos”
En abril una delegación de los marines estadounidenses estuvo entrenando a un grupo remezclado de policías y militares búlgaros en el empleo de técnicas y armas conocidas como “menos letales”. El grupo que organizaba el taller, denominado Fuerza de Rotación del Mar Negro (Black Sea Rotational Force, en inglés) mostró a los funcionarios búlgaros el uso de gas lacrimógeno, pistolas eléctricas, gas pimienta y otras armas antiprotesta. Después hicieron la maleta y siguieron su gira por los Balcanes y el Cáucaso. Al pasar por Rumanía, además de dar el entrenamiento, los militares visitaron a niños huérfanos y repartieron ropa entre comunidades necesitadas.


Asistimos a una “creciente militarización de la sociedad”, aseguraba una activista del Foro contra la Guerra y la Militarización de Berlín. Con ello no se refería solamente a los actos que el Ejército realiza regularmente en las escuelas de varios países de la UE, entre ellos Alemania. El contexto de la citada frase era el encuentro que en febrero tuvo lugar en la capital alemana, la Conferencia Internacional de Operaciones Urbanas, en la que participaron unos 40 países, entre ellos España. En esta conferencia se reunieron políticos, militares y empresarios para discutir y presentar las últimas novedades técnicas y estratégicas para combatir en núcleos urbanos. Armas y equipamientos de guerra que podrían ser utilizados contra “el enemigo”, como llamó la policía valenciana a los estudiantes que se manifestaban por los recortes el pasado febrero.


Ya en 2010, Portugal hizo un gasto de cinco millones de euros para comprar seis vehículos antimotines blindados, antibombas, antifuego y antiminas. Estos vehículos son similares a los utilizados por estadounidenses y británicos en Irak. Un portavoz de la policía aseguraba que “la policía portuguesa debe ser la única en Europa que no dispone de estos vehículos, esenciales para proteger a equipos policiales que tengan que intervenir en cualquier incidente de orden público, como un motín o una manifestación”, todo ello según el Diario de Noticias. El uso de este armamento se ha extendido en Europa, a continuación hacemos un breve repaso sobre los usos más habituales.


GAS LACRIMÓGENO. Portugal también compró con aquella partida de cinco millones de euros gas pimienta y gases lacrimógenos, que ya han sido utilizados en manifestaciones y otras protestas contra los “enemigos internos”. Entre ellos, los trabajadores de la Empresa de Mantenimiento de los Equipos de Ferrocarriles que en enero quisieron entregar una carta de protesta en el Ministerio de Economía. En la misiva explicaban que veían injusta la reducción de sus salarios. La policía los roció con gas pimienta, un compuesto químico que provoca ceguera temporal, escozor y dolor en sus víctimas. En el caso de personas alérgicas puede producir complicaciones graves.


En Alemania se hizo famosa la imagen de un manifestante antifascista sacando el dedo anular a un policía en Dresde mientras éste le descarga una dosis del gas en la cara. La policía alemana dispone de botes y mochilas de espray, así como de pistolas que disparan balas con este compuesto químico en su interior y que son similares a las utilizadas por aficionados al paint-ball. La policía eslovaca lo utilizó en febrero, en la víspera de las elecciones, contra los manifestantes, a quienes además aporrearon. También los indignados rumanos han experimentado la desagradable sensación de este compuesto químico. Y en Italia no sólo se ha empleado en las manifestaciones contra los planes de austeridad, sino también en las protestas que grupos ecologistas han organizado para evitar la construcción del TAV en los Alpes. Pero el país que más lo ha empleado ha sido Grecia, donde la televisión Skai informaba de que la policía se había quedado sin reservas.


BALAS DE GOMA. Más peligrosas son las pistolas y fusiles con balas de goma, que acabaron con la vida de un joven de 28 años a manos de la ertzaintza tras un partido de fútbol y han dejado a otras 23 personas sin visión en un ojo en España. En Suiza se utilizan las balas de goma desde hace décadas. Una asociación de médicos independientes, la Vereinigung Unabhängiger Ärztinnen (VUA), alertaba en 2003 de que su uso podría provocar la muerte, en especial si alcanzan el cuello de la víctima. Sin embargo, la policía las sigue empleando. La última ocasión fue en febrero, durante el desalojo del centro social autogestionado Landolt Areal en Zúrich. En Francia, los disparos de balas de goma hirieron gravemente a una niña que tomaba parte en una huelga escolar en octubre de 2010 en París. La dirección de la policía de la capital prohibió entonces su uso.En Setubal (Portugal) durante la manifestación del 1 de mayo de 2011, la policía empleó pelotas de goma y gas pimienta para dispersar a los presentes, causando varios heridos.


CAÑONES DE AGUA. El 11 de noviembre, la policía de Varsovia dispersó una manifestación utilizando para ello, además de gas pimienta, cañones de agua a presión.Estos tanques son empleados también en Alemania, donde el año pasado provocaron heridas graves y dejaron ciego a un jubilado. El hombre aseguraba a la revista Focus que lo único que había hecho era “lanzar un par de castañas a la policía”. El Estado alemán se ha gastado en 2012 un millón de euros en un nuevo tanque con cañón de agua a presión para la ciudad de Berlín.


PISTOLAS ELÉCTRICAS. Los comandos especiales de la policía alemana, los Sondereinsatzkommandos (SEK en alemán), disponen de pistolas de electroshock del tipo Taser, aunque no hay ningún caso conocido de represión de protestas o desalojos en los que las hayan utilizado.


DRONES. Uno de los últimos juguetes militares de la policía para la vigilancia de las manifestaciones son los vehículos aéreos no tripulados, los llamados drones, pequeños aviones sin piloto. En Dresde se utilizaron en febrero para controlar una marcha antifascista, según declaró un portavoz de la policía al periódico Tageszeitung.


Carmela Negrete / Berlín (Alemania)
Martes 22 de mayo de 2012.
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Ilegalización del oro y legalización de las drogas
Pese a que los homicidios en toda Colombia están descendiendo, en los lugares donde existen yacimientos de oro, estos están aumentando desde que los precios del mismo se dispararon compitiendo en rentabilidad con la cocaína. En Colombia y Perú la minería ilegal, manejada por sectores informales o grupos criminales, está generando violencia. No hay noticias de que eso mismo esté ocurriendo en Estados Unidos o Canadá, que son grandes productores de oro. Este efecto contrastante con respecto al oro, que es un producto legal, entre Estados con desarrollos desiguales, hace dudar sobre si la causa fundamental de la violencia en algunos países latinoamericanos son las drogas, cuando las evidencias apuntan más hacia graves rezagos en la construcción de Estado.

 
Las debilidades y vacíos de Estado generan oportunidades para actividades criminales. En México, por ejemplo, se roban el 30% de la gasolina de los oleoductos de PEMEX. Durante la Guerra Fría surgieron interpretaciones que planteaban que las causas de la violencia eran el Comunismo y la Teología de la Liberación y no el carácter autoritario de los Estados.

 
La violencia ha sido históricamente determinante en la construcción del Estado y sus instituciones. El monopolio de la violencia legítima es la primera condición para que haya Estado. Monopolio implica inexistencia de poderes armados que cuestionen la autoridad en el territorio y, en la actualidad, legitimidad implica respeto a los derechos humanos. En la segunda mitad del siglo pasado hubo en Latinoamérica insurgencias que se explicaban, entre otras razones, por la falta de neutralidad política del poder coercitivo. Fruto de aquella violencia surgieron instituciones democráticas. Ejércitos y policías terminaron siendo neutrales y las izquierdas pudieron por fin gobernar. Ahora estamos frente a una violencia criminal que ha evidenciado debilidades de los Estados y que, igual, obliga a construir institucionalidad, no importa que los delincuentes no tengan propuesta política.

 
Los problemas de: ineficiencia e insuficiencia de las policías, funcionamiento de la justicia, calidad de las prisiones, ausencia de Estado en el territorio y pobreza y desatención social a población con proclividad al delito; son, en algunos países, gigantescos. En Honduras se incendian prisiones y en El Salvador se cree en milagrosas negociaciones con criminales. En la mayoría de países la seguridad está en manos de instituciones no reformadas heredadas del autoritarismo. Los regímenes autoritarios delegaron en personas violentas el monopolio de la violencia en representación del Estado. Policías y ejércitos se llenaron de matones, ignorantes y corruptos, mal pagados, pero leales al poder. Violencia, corrupción e ilegalidad han sido antivalores tolerados entre militares y policías. No ha existido una barrera moral entre autoridades y delincuentes. Ejércitos y policías fueron preparados para combatir rebeliones y evitar golpes de Estado. Muchas de esas viejas estructuras han colapsado o han sido cooptadas por los criminales. Por otro lado, la liberalización económica redujo las capacidades de los Estados al multiplicar la seguridad privada en detrimento de la seguridad pública. Las drogas son entonces parte del problema, pero no la causa.


La violencia de México ha tenido tal impacto, que puso el tema de la legalización o despenalización de las drogas en la agenda de la reciente Cumbre de las Américas. La esperanza es encontrar una ruta rápida para acabar con la violencia. Inmediatamente esta demanda fue considerada una causa progresista porque permitía culpar a EE UU, rechazaba el conservadurismo moralista de la prohibición y no se comprometía con los temas de ley y orden que son considerados de derechas. Sin embargo, al menos para Latinoamérica, el debate estaría entre dejar que las drogas sean reguladas por el mercado, como han hecho las derechas con todo en los últimos años, o se resuelven los temas de fondo de construcción de Estado. La alergia de la academia y los progresistas por la agenda de seguridad dejó este tema con mucha gente en las graderías exigiendo, pero pocos en la cancha resolviendo; se ha aceptado implícitamente que la seguridad no es un tema científico, sino de matones.
 

Es un error hablar de guerra contra las drogas, porque las guerras terminan y la producción y el consumo de drogas no terminará nunca. Sin embargo, la legalización como “solución mágica” puede convertirse en escusa para “dejarlas pasar”, en vez de fortalecer al Estado. El resultado sería la institucionalización del crimen. A Colombia la lucha contra el crimen la está transformando en un mejor país, la seguridad y la justicia son ahora más eficientes y el Estado, después de décadas de ausencia, ha comenzado a volverse política, económica y socialmente responsable de todo el territorio. La violencia está obligando a Brasil a ocuparse, por fin, de las favelas y a México a depurar y modernizar sus tradicionalmente corruptas policías.

 
En Guatemala los ejércitos privados tienen tres veces más hombres que el Estado, los ricos se resisten ferozmente a pagar impuestos, los policías son escandalosamente corruptos, los criminales dominan extensos territorios y en los años ochenta los militares asesinaron a más de 100.000 personas. El gobierno de este país, con un general de presidente, se ha convertido ahora en el abanderado de la causa “progresista” por la legalización de las drogas.


Por Joaquín Villalobos 10 MAY 2012 - 00:07 CET



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El FBI incauta un servidor utilizado por redes de activistas
El miércoles 18 de abril, aproximadamente a las 16 hs, autoridades federales de EE UU incautaron un servidor operado por European Counter Network (ECN), el proveedor independiente de internet más antiguo de Europa. La máquina se encontraba físicamente en la ciudad de Nueva York, en las dependencias compartidas por el proveedor Rise Up y la red May First/People Link.


El servidor de ECN proveía, ente otros servicios, de una herramienta de ocultación de la identidad en correos electrónicos llamada Mixmaster. Esta herramienta está siendo investigada por el FBI debido a una serie de amenazas de bomba recibidas por la Universidad de Pittsburgh.


“La compañía que maneja el espacio ha confirmado que el servidor fue retirado junto con una orden de allanamiento enviada por el FBI”, indicó el director de May First/People Link, Jamie McClelland. “La incautación del servidor no es sólo un ataque contra nosotros, sino contra todos los usuarios de internet que dependen de comunicaciones anónimas”, añadió.


Los afectados de esta incautación fueron académicos, artistas, historiadores, grupos feministas, activistas por los derechos de homosexuales, centros comunitarios, archivos de documentación y software libre y grupos que trabajan por la libertad de expresión. El servidor incluía la lista de correo Cyber rights, que es la lista de discusión más antigua en Italia sobre ciber derechos, un grupo de solidaridad con migrantes mexicanos, y otros grupos que apoyan a los pueblos originarios y trabajadores en América Latina, el Caribe y África. En total, cerca de 300 cuentas de correo electrónico, entre 50 y 80 listas de correo, y varios otros sitios web fueron sacados de internet como resultado de esta acción. Ninguno de ellos está relacionado con las amenazas de bomba.


“El FBI está usando una política de martillo, cierra un servicio para miles de usuarios debido a las acciones de una persona anónima”, indicó Devin Theriot-Orr, un portavoz de Riseup. “Esto además es particularmente erróneo ya que es muy difícil que exista alguna información en el servidor referida a la fuente de esas amenazas por correo”.


“Nos solidarizamos con la comunidad de la Universidad de Pittsburgh, quienes han tenido que hacer frente a las amenazas de bomba durante semanas. Nos oponemos a las amenazas. Sin embargo, secuestrar el servidor no va a detenerlas. El único efecto es detener los e-mails y páginas webs para miles de personas inocentes”, continúa Theriot-Orr.


“Además, la red de remailers anónimos que existe no se verá dañada al tomar esta máquina. Sólo podemos preguntarnos por qué fue tomada esta drástica acción cuando las autoridades sabían que el servidor no contiene ninguna información que pueda ayudarles en su investigación”.


Un golpe contra el anonimato en la red


Supuestamente, el FBI se apoderó del servidor porque hospedaba un servicio de remailer anónimo llamado Mixmaster. Los remailers anónimos son usados para enviar correos electrónicos de forma anónima, o seudónima. Como cualquier otro servicio de anonimato como la red Tor, estos remailers son ampliamente usados para proteger la identidad de activistas de derechos humanos quienes ponen sus vidas y las de sus seres queridos en riesgo al reportar información sobre abusos. Los remailers también son importantes para quienes denuncian empresas, activistas por la democracia en regímenes represivos, y para comunicar información que de otra forma nunca saldría a la luz.


El software de Mixmaster está específicamente diseñado para hacer imposible el rastreo de correos electrónicos. El sistema no guarda registros de conexiones, detalles de quién envía mensajes o qué camino tomaron. Esto es porque la red Mixmaster está específicamente diseñada para resistir la censura, y para apoyar la privacidad y el anonimato.


Según señala un comunicado de Rise Up, la acción del FBI supone "un castigo extrajudicial y un ataque a la libertad de expresión y el anonimato en internet". El proveedor considera que la incautación no servirá a la investigación del FBI. "En ausencia de pistas, el FBI necesita mostrar que ellos están progresando en el caso, y esto significa secuestrar un servidor para demostrar orgullosamente que están haciendo algo. Pero lo que este incidente muestra es que están dispuestos a destruir a personas inocentes con tal de proteger sus carreras", afirma.


Sobre las organizaciones involucradas


MayFirst/People Link

Es una agrupación política progresista controlada por sus propios miembros que redefine el concepto de “Proveedor de Servicios de Internet” de forma colectiva y colaborativa. Los miembros de May First/People Link son organizadores y activistas que eligen a un Comité para dirigir la organización. Como una cooperativa, los miembros pagan cuotas, compran equipos y comparten esos equipos para sitios web, emails, listas de correo, y cualquier propósito en Internet.


Riseup Networks

Esta red provee herramientas de comunicación online para individuos y grupos que trabajan por el cambio social. Riseup crea alternativas democrática y prácticas de autodeterminación controlando formas seguras de comunicación.


ECN (European Counter Network)

En Europa es el proveedor independiente de servicios en internet más antiguo. Entrega de forma gratuita cuentas de e-mail, listas de correo y sitios web a organizaciones, activistas y movimientos que están involucrados en luchas por los derechos humanos, libertad de expresión e información en Italia y Europa. ECN se define como antifascista y trabaja por una sociedad justa e igualitaria. Años atrás, antes de sitios como Youtube y Vimeo existiesen, ECN creó una plataforma llamada NGV donde era posible subir material audiovisual. Hoy en día ECN trabaja principalemnte con los movimientos antifascistas y antinazis en toda europa, entregando espacio y recursos a centros sociales y políticos.


Redacción web (vía Rise Up)
Viernes 20 de abril de 2012.


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