Viernes, 10 Septiembre 2010 06:42

La imposible domesticación del pueblo mapuche

La guerra que el Estado chileno declaró al pueblo mapuche hace 150 años aún no ha terminado. La república criolla que el 18 de septiembre celebra su bicentenario lanzó en 1861 una guerra de exterminio contra todo un pueblo, que se extendió hasta 1883. La ocupación militar de la Araucania, el territorio al sur del Bio Bio, terminó con 260 años de autonomía mapuche que debió aceptar la corona española por conducto del Parlamento de Quilín, el 6 de enero de 1641, que reconoció la frontera y la independencia de hecho del pueblo mapuche.

Tras la ocupación de la Araucania los mapuches fueron confinados en reducciones, perdieron los 10 millones de hectáreas que controlaban y fueron convertidos en agricultores pobres forzados a cambiar sus costumbres, formas de producción y normas jurídicas. La dictadura del general Pinochet profundizó el despojo. Si en 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9.2 hectáreas, al terminar la dictadura le correspondían poco más de 5. El broche final lo puso la democracia por medio del avance de las grandes empresas forestales y la construcción de hidroeléctricas: en la actualidad cada familia mapuche cuenta con sólo 3 hectáreas.

En efecto, el conjunto de las tierras mapuches no llega a 500 mil hectáreas, donde viven unos 250 mil comuneros en unas 2 mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. Las familias indígenas tienen la mitad de ingresos que las no indígenas; sólo 41 por ciento de las viviendas mapuches tiene alcantarillado y 65 por ciento electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50 por ciento a la media nacional. Cuando pretenden recuperar sus tierras, o sea su dignidad, se les aplica la ley antiterrorista (Ley 18.314, de 1984) sancionada por Pinochet.

La huelga de hambre de 32 presos mapuches iniciada hace 60 días se inscribe en esta larga guerra del Estado contra un pueblo. Exigen que no se les aplique la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento (ya que muchos presos son sometidos a la justicia militar y a la civil), que no se utilicen testigos encapuchados que restringen la defensa y que se ponga fin a la militarización del territorio mapuche.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió un informe, el 18 de mayo de 2007, en el que señala que la definición de terrorismo en la ley chilena podría resultar demasiado amplia y ha permitido que miembros de la comunidad hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social. Agrega que la aplicación de esa ley se presta a arbitrariedades y discriminaciones, ya que en Chile se ha aplicado mayoritariamente para la persecución penal de mapuches.

Por otro lado, la ley antiterrorista sólo se aplica al pueblo mapuche. Si las organizaciones mapuches queman un camión de una empresa forestal, son acusados de terrorismo. Sin embargo, cuando trabajadores en huelga queman un autobús, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, se les aplica la legislación civil. Para el abogado de derechos humanos Hernán Montealegre, esto se debe a que los propietarios de tierras tienen mucha influencia en los gobiernos (El Mostrador, 3 de septiembre de 2010).

Es la justicia del colonizador, como señala el politólogo mapuche José Marimán. Chile sanciona a los mapuches con leyes que no aplica a otros ciudadanos, dándoles a ellos el trato de seres de segunda categoría o colonizados. A los mapuches se los tortura con total impunidad, incluyendo a niños y ancianos, se los ha acusado con base en montajes falsos, sin que nadie los desagravie cuando se prueba la falsedad de las acusaciones, y algunos son juzgados por tribunales militares y civiles a la vez (doble juicio), por delitos similares a los que cometen chilenos protestando por otras razones, como es tirar piedras o escupitajos a los policías y sus carros de combate (El Quinto Poder, 7 de septiembre de 2010).

La maniobra más reciente es el intento de aplicar el Convenio 169 de la OIT, que establece los derechos colectivos, pero de forma inconsulta y vaciados de contenido, de modo de reconocer formalmente la existencia de pueblos indígenas pero sin incluir los derechos y potestades que les corresponden. El gobierno de Sebastián Piñera, auxiliado por la Concertación, no quiere que la resistencia mapuche empañe los festejos del bicentenario y busca destrabar la huelga de hambre que, luego de semanas de aislamiento mediático, comienza a romper el cerco.

No será posible, pese a la represión y la cooptación, doblegar al pueblo mapuche. Tres razones de fondo lo impiden. La primera es la propia historia y cosmovisión mapuche. En Wallmapu no se desarrolló una sociedad indígena de tipo estatal, como sucedió en los Andes y Mesoamérica, escribe el historiador Pablo Marimán Quemendo. Los colonizadores, al incorporar por la fuerza a una sociedad indígena de tipo horizontal, matriarcal y segmental como la mapuche, abrieron una situación compleja de abordar hasta el día de hoy. Mundos tan diferentes sólo pueden convivir reconociéndose.

A esta honda brecha cultural, económica y política se suma una segunda escisión de carácter colonial: Se nos habla de igualdad, fraternidad y libertad, pero se nos trata como indios vencidos, ciudadanos de segunda clase que se les hace víctimas de políticas racistas, señala Marimán. En tercer lugar, el modelo neoliberal ha empujado a amplios sectores no mapuches a experimentar formas de vida y de exclusión similares a las que sufre ese pueblo. Los ha convertido en sus aliados potenciales, en particular a los jóvenes de las ciudades que sufren el triple cerco de la pobreza, la represión y las políticas sociales discriminadoras.

El pueblo mapuche no fue vencido por la guerra de exterminio, ni por la dictadura, ni por la democracia progresista que combinó represión con soborno. Acosados por el Estado, despreciados por las izquierdas electoreras, vuelven a poner el cuerpo para sensibilizar a los de abajo, mapuches y blancos, para seguir viviendo, para seguir siendo pueblo.

Por Raúl Zibechi
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La huelga de hambre iniciada por un grupo de 31 presos políticos mapuches en diversas cárceles de Chile ya completó los 40 días y las autoridades chilenas todavía no han dado ninguna respuesta a un conjunto de reivindicaciones que han levantado los huelguistas y las organizaciones del pueblo Mapuche. Las demandas que ellos plantean a la autoridad son justas y legitimas:
 
1. Por el derecho a un debido proceso o juicio justo sin los montajes político- judiciales actuales y el uso de violencia institucionalizada que incluye la tortura;
 
2. Por el fin de la ley Antiterrorista, hecha durante la dictadura, y cuya aplicación a la causa Mapuche permite todo tipo de acciones ilegítimas condenadas por las Naciones Unidas. Su uso es facilitado por la criminalización de las luchas legítimas del pueblo Mapuche;
 
3. Por el fin de la Justicia Militar que promueve la impunidad a los crímenes del Estado desde los tiempos de la dictadura y que ahora acentúa su guerra contra el pueblo Mapuche. Fin del uso de procesos civiles y militares a un mismo preso;
 
4. Por la libertad de todos los presos políticos Mapuche encarcelados; y
 
5. Por la desmilitarización de las zonas Mapuche donde las comunidades reivindican sus derechos políticos y territoriales.
 
Esta Ley Antiterrorista prevé la aplicación preventiva por hasta dos años de un sospechoso, así como impide a los abogados de defensa acceder a la investigación o interrogar a testigos cuya identidad es mantenida en secreto. Es decir, con la criminalización de la causa Mapuche, el Estado chileno ha transformado la solución institucional y democrática del conflicto, en una cuestión estrictamente judicial, cuya consecuencia más directa ha sido la estigmatización de los mapuches como un pueblo violento.
 
Por su parte, la prensa escrita y audiovisual ha ignorado esta huelga de hambre, centrando las informaciones en el drama que afecta a 33 mineros sepultados hace más de dos semanas en la mina San José, al Norte del país. Excepto por unos pocos medios de comunicación, se ha impuesto un vergonzoso manto de silencio e indiferencia sobre esta otra tragedia que asola a Chile. Según las últimas informaciones difundidas por los familiares de los huelguistas, la salud de la mayoría de ellos se encuentra resentida después de casi mes y medio sin ingerir alimentos. Frente a la perseverante lucha de los mapuches por conquistar sus derechos, el mutismo del gobierno torna aún mas ilegitima la aplicación de una Ley Antiterrorista que ha sido condenada por Naciones Unidas y por organismos internacionales de Derechos Humanos.
 
El estallido contemporáneo del “conflicto Mapuche”
 
La expresión contemporánea del conflicto entre los Mapuche y el gobierno, las empresas forestales y de energía (embalses), se instaló a fines de 1997 (1 de diciembre), fecha en la cual fueron incendiados tres camiones cargados con madera que salían de un terreno en litigio entre una empresa forestal (Forestal Arauco) y las comunidades de la zona de Lumaco, Novena Región. La población Mapuche de ese sector argumentaba su pretensión de recuperar los terrenos en manos de la forestal apelando a sus derechos ancestrales. Desde esa ocasión y hasta la fecha, la Intendencia de la Región de la Araucanía ha interpuesto diversos recursos en la Corte de Apelaciones de Temuco para que se aplicara la Ley de Seguridad Interior del Estado y actualmente la Ley Antiterrorista, una de las más nefastas herencias del régimen dictatorial. Desde ese periodo, el gobierno viene advirtiendo que sancionará “con el mayor rigor de la ley” a aquellos grupos que insistan en desacatar el Estado de derecho y algunos de sus representantes vienen realizando, desde hace ya un tiempo, fuertes denuncias contra las acciones “perpetradas” por los comuneros.
 
A partir de esa fecha son innumerables las ocupaciones, los actos de protesta y acciones de descontento que se han producido en diversas localidades del Sur del país, algunas de las cuales adquirieron inusitada violencia por parte de los grupos en conflicto: por un lado, las comunidades Mapuches, organizaciones ecologistas e indigenistas, y por el otro, las fuerzas policiales “del orden” y guardias de seguridad contratados por las empresas.[1] En la Región de la Araucanía se desarrolla, por lo tanto, desde hace varios años este conflicto entre las comunidades Mapuche que reclaman tierras “ancestrales” y las empresas agrícolas y forestales que actualmente poseen los derechos de propiedad sobre dichas tierras.
 
Algunos de estos enfrentamientos han cobrado la vida de jóvenes integrantes del movimiento Mapuche. Los hechos han demostrado que quienes han perdido la vida o los que han sido agredidos en su gran mayoría son integrantes de esta etnia.[2] La tensión generada por estos asesinatos y por otros gestos de violencia policial, llevó al gobierno a declarar la Ley Antiterrorista para juzgar las acciones emprendidas por las organizaciones Mapuches responsabilizadas por los ataques a empresas y explotaciones aledaños a sus comunidades. La aplicación de dicha Ley ha sido criticada por diversos abogados y especialistas, que la consideran una aberración jurídica en la medida que atribuye como causal de un acto terrorista a cualquier persona que proceda a “colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.” Con esta definición ambigua y sumamente vaga puede ser encausado como acto terrorista cualquier actividad promovida por grupos anti-sistémicos o movimientos sociales que, por ejemplo, puedan hacer uso de barricadas o lanzar bombas molotov en una manifestación.
 
Indiscutiblemente la violencia represiva desplegada por el Estado chileno va de la mano con la mencionada estigmatización del pueblo Mapuche, que en muchas ocasiones es definido como violento y sin ninguna capacidad de dialogo, demasiado obcecado por recuperar su patrimonio. Efectivamente, en muchas oportunidades los Mapuches han reaccionado de manera violenta a la instalación de empresas forestales o proyectos hidroeléctricos en su territorio, pero ello ha sido provocado también porque no han sido consultados previamente respecto a estos emprendimientos, excluyéndolos de cualquier debate bajo el pretexto (y el prejuicio) de que estas comunidades son por esencia contrarias al progreso económico. La pregunta en este caso es precisamente de que tipo de progreso estamos hablando o hasta donde dicho progreso afecta los ecosistemas naturales dejando una “huella ecológica” de gran impacto, difícil de ser contornada por simples medidas paliativas. Las comunidades Mapuches también están concientes que muchos proyectos realizados en ecosistemas naturales poseen externalidades ambientales negativas, las que finalmente afectaran directamente la propia supervivencia y sustentabilidad de esas comunidades. Como bien nos recuerda Gonzalo Rovira en su artículo, “Patrimonio natural y políticas públicas”, el llamado progreso con su uso creciente y dramático de recursos naturales, tiende a expandir la frontera, aumentando la proporción de zonas intervenidas, para satisfacer así una creciente demanda por bienes y servicios.
 
A ello se suma una concepción más generalizada del Estado, que se encuentra asociada a la criminalización de la protesta social. Las manifestaciones de las organizaciones y las comunidades muchas veces son tratadas como un tema policial y de seguridad interior, lo cual termina justificando el uso excesivo de la fuerza represiva y la aplicación de la ley antiterrorista a acciones de propaganda que buscan llamar la atención de esas mismas instituciones. Según un reciente informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos y Libertades Fundamentales de los Pueblos Originarios, James Anaya, el Estado chileno debe terminar con el uso de la fuerza para pasar a construir confianza y espacios de mayor participación en las negociaciones para responder a las diversas demandas de este pueblo, desde la restitución de tierras ancestrales hasta aspectos de acercamiento intercultural, que incorpore la noción de diferencia a partir de la educación básica: “El mayor desafío que tiene Chile es transversal. Necesita construir confianza, necesita que los indígenas recuperen la confianza perdida a causa de años de historia…”.
 
En este sentido, la estrategia del gobierno socialista de Michelle Bachelet también fue muy contradictoria. Por una parte, las autoridades habían confirmado el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) que consagra los derechos de los pueblos originarios, y que, por ejemplo, obliga a los Estados ratificantes a hacer una consulta previa antes de desarrollar cualquier proyecto o emprendimiento en territorio indígena. Por otra parte, el gobierno intentó focalizar e incluso transferir el conflicto a determinadas comunidades, que aparecían como el centro neurálgico de las disputas por tierra, siendo que el problema tenía una magnitud bastante mayor y más compleja. Las acciones represivas tópicas durante la administración de Bachelet solamente escondieron la raíz del conflicto, que si bien posee un componente tangible de demanda por la tierra, también supone construir una política indígena global que pasa por cuestiones de identidad, nacionalidad y autonomía.
 
Desde la asunción del gobierno de Piñera la situación del pueblo Mapuche ha empeorado, visto que su base de apoyo son precisamente los mismos empresarios agrícolas y forestales que durante décadas han participado en las acciones de represión y despojo de esta comunidad originaria. Con la evidente oposición del gobierno y la apatía y falta de movilización de la sociedad, existe un riesgo predecible que la atención a las demandas de los huelguistas sólo comience a ser concedida después de algún desenlace fatal. Eso seria un error dramático e inexcusable para cualquier país que aspira a construir una convivencia democrática mínima.
 
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Por Fernando de la Cuadra
Sociólogo chileno, Miembro de la Red Universitaria de Investigadores sobre América Latina (RUPAL).

[1] Una cronología pormenorizada de estas ocupaciones y de otro tipo de manifestaciones (huelgas de hambre, marchas, tomas de caminos, tala de bosques, etc.) se encuentra en los diversos números de la revista del Observatorio Social de América Latina, publicada por CLACSO o en los diversos documentos del Observatorio de Conflictos Ambientales editados por la Casa de la Paz.
[2] Existen tres sucesos de graves consecuencias que han acaparado la atención de la opinión pública nacional e internacional. La primera fue el asesinato del estudiante Mapuche Edmundo Lemus (de 17 años) que recibió una bala disparada por las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba en una movilización pacífica de recuperación de tierras efectuada en el Fundo Santa Elisa de propiedad de la forestal Mininco, en las proximidades de Angol. A comienzos del 2008, el 3 de enero, murió a causa de una herida de bala disparada por la Policía, el joven activista Matías Catrileo (22 años). Otro caso que provocó gran consternación fue el asesinato del comunero Jaime Mendoza Collio (24 años), acontecido en agosto del año pasado, tras el desalojo policial de un fundo agrícola en Angol.

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El bloqueo parcial de la ley migratoria SB1070 de Arizona en sus partes más conflictivas  no evitó que ayer se dieran las manifestaciones programadas en la capital,  Phoenix, y en otras ciudades como Nueva York (Nueva York) y Los Ángeles (California) para rechazar la norma.

Sin embargo, las protestas pacíficas terminaron con arrestos. La Policía detuvo ayer a varias personas en la capital de Arizona (Phoenix),  durante una marcha  en la que cientos de activistas de diversos estados  protestaron para exigir la anulación total de la ley, que entró en vigor ayer, y pedir una reforma migratoria integral. No se sabe exactamente el número de activistas detenidos, pero se calcula que decenas de manifestantes encararon a policías antimotines en Phoenix y no opusieron resistencia al ser arrestados.

Frente al Capitolio estatal, cientos de personas iniciaron una marcha al amanecer, congregándose primero frente al tribunal donde la jueza Susan Bolton emitió su fallo el miércoles, y luego se trasladaron al cuartel del condado de Maricopa, cuyo jefe Joe Arpaio ha dado énfasis a la lucha contra los sin papeles. 

La jueza  ordenó la suspensión parcial de la ley de  inmigración de Arizona y    ordenó el bloqueo de tres secciones clave, incluida la obligación de los agentes a comprobar el estatus migratorio de una persona que haya sido detenida por otras razones.

También quedó  en suspenso la aplicación que obliga a los inmigrantes llevar  siempre la documentación que demuestre que se encuentran   legal en el país.  Además,  se suspendió la sección que convertía en delito que los indocumentados pidan empleo en lugares públicos.

Mientras tanto, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, quien promulgó la SB1070 el 23 de abril, presentó ayer su apelación ante un tribunal federal contra el bloqueo de los puntos más polémicas de la norma de inmigración. El recurso, presentado ante el IX Circuito de Apelaciones en San Francisco, pidió  que se levante el bloqueo  para que la ley pueda aplicarse en su totalidad.

Al son de tambores y ondeando banderas de EE.UU. y México, los manifestantes iniciaron su protesta frente al tribunal federal de  Phoenix. 

Posteriormente, bajo fuerte vigilancia policial y seguidos por la prensa nacional e internacional, los activistas caminaron hasta las oficinas del alguacil del condado Maricopa, Joe Arpaio, que ayer  mismo tenía previsto realizar redadas en un conocido sector latino de la capital estatal, pero no pudo hacerlo. 

El inusitado despliegue policial forzó al alguacil  Arpaio a cambiar de idea y suspender la nueva y temida operación de “supresión del crimen” prevista para ayer. “Tengo la sensación de que hoy (ayer) no vamos a detener ilegales”, reconoció.

Gritos de “¡Alto a la SB1070!”, “¡Sí, se puede!” y “¡Arpaio, escucha, estamos en la lucha!”, competían con el ruido del tráfico, de sirenas de la patrulla policial.

En medio de las consignas  de las manifestaciones,  Angélica Salas, presidenta de la Coalición de Derechos Humanos para Migrantes de Los Ángeles (Chirla), quien también viajó desde Los Ángeles a Phoenix para respaldar las protestas, manifestó a El Telégrafo que esta  ley no   ha sido derrotada y por  ello su agrupación ha ido a respaldar la protesta, con el fin de   mantener una lucha fuerte.

“Tenemos que recordarles al país que esta ley no puede ser implementada, no puede salir adelante y   hay  que  combatirla hasta el final”, agregó. 

La activista Mar Cárdenas, quien también  viajó desde California para sumarse a las protestas, expresó que el dictamen de Bolton es solo una victoria parcial y lo que se requiere es una reforma migratoria integral.

A los reclamos de Cárdenas y Salas  se unió  otra  activista, que  lucía un uniforme de prisionero con rayas blancas y negras, mientras hacía retumbar un enorme tambor que sirvió de banda sonora a lo largo de la protesta. Mientras que, una anciana se trasladaba a la marcha en silla de rueda, porque, a su juicio, la SB1070 es una  “ley injusta”.

Agencias y Redacción
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Existe consenso en todos los sectores sociales del país, menos en el Palacio de Las Garzas, que la Ley Nº 30 conocida como la “ley chorizo” debe ser revocada. La represión sanguinaria de los trabajadores en Changuinola, provincia de Bocas del Toro, los arrestos ilegales, las órdenes de conducción, la prepotencia y el alarde de ignorancia por parte del gobierno que preside Ricardo Martinelli llegó a su límite. Las organizaciones sindicales, los gremios de educadores, estudiantiles y empresariales le están pidiendo al gobierno que se retracte y acepte el diálogo.
 
Los dirigentes de las asociaciones empresariales más grandes del país le han recomendado al gobierno que busque la fórmula para poner fin a la desestabilización que su política ha provocado. El diario La Prensa, en una nota editorial “Hoy por Hoy” publicada hace pocos días señala que “el gobierno ha estado jugando con fuego y ahora enfrenta las consecuencias. El llamado a la huelga nacional que han hecho gremios y sindicatos es la respuesta a su política de imposición antes que el diálogo, al garrote sobre el consenso”. Concluye que “en este momento lo que se impone es el diálogo… esta administración debe dar señales de sus buenas intenciones y revertir sus inexcusables errores”.
 
El presidente Martinelli fue obligado a reconocer que se equivocó en Changuinola. Sin plan y sin conocimiento de los antecedentes, envió a una compañía de antimotines de la Policía Nacional dirigida por elementos sin experiencia a disparar contra los trabajadores de la bananera en huelga. Después de nueve días de enfrentamientos, dos muertos, centenares de heridos, un pueblo destruido, 300 arrestos y persecución sin control, admitió que los obreros tenían razón y culpó a la Bocas Fruit Co. de abuso de autoridad.
 
El presidente Martinelli también tuvo que retroceder en su ofensiva contra los sindicatos del resto del país. Detuvo al dirigente de los obreros de la construcción, Jaime Caballero, y al estudiante Rolando Ortiz. Obligó al profesor Juan Jované a buscar refugio en la Universidad de Panamá. Al mismo tiempo, movilizó al Ministerio Público para girar órdenes de conducción contra 17 dirigentes sindicales, entre ellos al secretario general de SUNTRACS, Genaro López. Según el fiscal a cargo de la persecución, eran buscados porque se pronunciaron solidarios con la huelga de los trabajadores en Bocas del Toro.
 
La Corte Suprema de Justicia declaró que todas las órdenes emitidas por la Fiscalía eran ilegales. Entre los indagados estaban los dirigentes de gremios educativos Andrés Rodríguez (Asociación de Profesores de la República), Juan Herrera (Asociación de Educadores de Veraguas) y el dirigente de la Asociación de Maestros Independientes Auténtico. También fue objeto de una orden de conducción la ecologista Yaritza Espinoza del colectivo Voces Ecológicas. Sin embargo, las autoridades aún no liberan a Caballero y Ortiz, detenidos junto con presos comunes en el centro penitenciario La Joya.
 
Según el fiscal, los expedientes levantados contra los dirigentes populares descansan sobre una nueva modalidad de “agente encubierto” creada por la ley del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este caso, el agente encubierto declaró en la Fiscalía que había escuchado en un encuentro que los dirigentes perseguidos “planeaban realizar acciones contra el Canal de Panamá”. Según el fiscal encargado del caso, las órdenes contra los dirigentes están “suspendidas” pero siguen vigentes.
 
Según informó un diario de la localidad, el agente encubierto indicó que se infiltró en una reunión (pública) celebrada a fines de junio en la Universidad de Panamá. “El informante identificó supuestamente a Juan Ramón Herrera, Orlando Ortiz y a Cristian Díaz, así como a miembros de la Asociación de Educadores Veragüenses, de la Asociación de Funcionarios del Seguro Social y del SUNTRACS”.
 
La legislación nueva sobre la cual descansa la figura del “agente encubierto” es una imitación de las leyes antiterroristas de EEUU. En Panamá la ley “antiterrorista” se está aplicando también a los obreros que declararon un paro en una obra de la ampliación del Canal de Panamá dirigida por una empresa española asociada con otra de origen italiano. Los huelguistas fueron destituidos por la empresa constructora. El consorcio extranjero, a pesar de tener registros para operar en Panamá, no se ha afiliado a la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) que tiene convenios colectivos con el sindicato.
 
La batalla de Changuinola fue ganada por los trabajadores, a pesar de las bajas sufridas. Sin embargo, todo indica que el gobierno desestabilizado seguirá creando zozobra en el país, persiguiendo a los sindicatos, amenazando a la sociedad civil y golpeando a las organizaciones populares.
 
Panamá, 15 de julio de 2010.
 
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA - http://marcoagandasegui10.blogspot.com (2010)
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¿En qué dirección se mueve el gobierno del presidente Ricardo Martinelli? Manda a detener a unos obreros de la construcción porque llevaban en su auto unas banderas del sindicato de la construcción, SUNTRACS. Obviamente, la acción es el resultado de una labor de control y rastreo de los aparatos de inteligencia que tiene a su disposición Martinelli. ¿Para esto se creó el Ministerio de Seguridad?
 
Todo indica que los panameños nos enfrentamos a un nuevo tipo de gobierno donde los gobernantes se sirven de los recursos que los ciudadanos les damos en forma de impuestos y otros tributos para que ellos puedan ejercer su autoridad y garantizar su “seguridad” política. Todo indica que mientras la Embajada de EEUU tolere este tipo de gobierno, quienes ocupan las posiciones más altas seguirán con sus abusos.
 
El Ministerio de Seguridad en Panamá no se creó con el fin de contribuir a la tranquilidad de la ciudadanía que en la actualidad tiene miedo de salir de sus casas en horas de la noche. Al contrario, el Ministerio de Seguridad – con el apoyo de la oposición – responde a la política de “seguridad nacional” de EEUU. ¿Responde la táctica de EEUU a una reminiscencia de la “guerra fría”? Otros plantean que la economía norteamericana se desplomaría si sus fuerzas armadas no están en permanente despliegue con un presupuesto anual que supera los 950 mil millones de dólares. (Más de 50 veces el presupuesto del gobierno panameño).
 
El gobierno del presidente Martinelli utilizará al nuevo Ministerio de Seguridad para intentar infiltrar a las organizaciones sindicales y detener obreros que protestan por el incumplimiento de la ley por parte del gobierno y de las empresas constructoras “brujas”. Igualmente, las organizaciones ambientalistas se encuentran en la cuerda floja producto de las amenazas del gobierno. Otras organizaciones están indecisas y atemorizadas de llevar sus protestas a las calles.
 
Mientras el gobierno detenía a obreros, en el terminal aéreo de Tocumen amedrentaba al periodista español, Paco Gómez Nadal. Desde sus columnas periodísticas, Gómez Nadal analizaba los abusos de los gobiernos de turno – Moscoso, M. Torrijos y Martinelli – en torno a la corrupción, la destrucción del entorno urbano, la usurpación de las tierras de campesinos e indígenas. Martinelli y sus tentáculos de seguridad le enviaron el mensaje a quienes critican su gestión.
 
Pocos días antes, en un operativo aparentemente casual, otro periodista – Carlos J. Núñez - fue detenido y encarcelado por una supuesta condena por injuria que le interpuso un gamonal de provincia. Núñez es conocido por haber sido presidente de la Asociación de Estudiantes del Instituto Nacional a principios de la década de 1960, los años más combativos del glorioso "Nido de Aguilas".
 
En el caso de los obreros, la Policía Nacional declaró que los había detenido cumpliendo con una orden de retención y prevención. La figura no existe en legislación alguna, mucho menos en la panameña. El presidente Martinelli está poniendo a prueba su capacidad para burlarse de la ley y perseguir a sus enemigos de clase.
 
El país conoce el camino que recorre el actual presidente. Tuvo la experiencia con los gobiernos de Arnulfo Arias y Omar Torrijos. La persecución comienza con sus enemigos de clase (obreros, campesinos y desposeídos) y la ofensiva sigue contra sectores de las capas medias (educadores, periodistas, activistas).
 
La represión no se detiene con los obreros y activistas. Los gobierno autoritarios continúan su andanada silenciando los medios de comunicación, apropiándose de las empresas públicas (¿cuáles quedan en Panamá?) y exigiendo lealtades sin límites. Según los partidarios de Martinelli, el objetivo que persigue el grupo que tiene el poder en la actualidad es doble.
 
Por un lado, quiere apoderarse del sector financiero que tiene acceso directo a los excedentes que produce la economía de servicios internacionales de Panamá. Por cierto, es una economía que no “derrama” o “salpica” a los demás sectores sociales del país. Al contrario, es excluyente y tiende a empobrecer cada vez más a los panameños. Por el otro, la estrategia del grupo que gobierna apunta a controlar la joya más cotizada de la corona económica del país: el Canal de Panamá.
 
A corto plazo, Martinelli pretende controlar la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y, además, nombrar al futuro administrador que reemplace a Alemán Zubieta. La detención de los obreros de la construcción, la persecución de los periodistas, la represión de campesinos e indígenas tiene una lógica que no se detiene a ese nivel.
 
Panamá, 8 de julio de 2010
 
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA.

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Hace un año, el presidente Manuel Zelaya era arrancado del poder a punta de fusil. La comunidad internacional alzaba la voz en repudio. Honduras era expulsada de la Organización de Estados Americanos (OEA). Estados Unidos pasaba de condenar el golpe a legitimar las nuevas elecciones que se realizaban bajo un manto autoritario. Entonces fue electo Porfirio Lobo, quien asumió en enero pasado con el beneplácito de Washington, la mayoría de los países centroamericanos y dos de sus aliados sudamericanos: Perú y Colombia, que piden el regreso de Honduras a la OEA. Hoy la represión y los asesinatos selectivos siguen tan vigentes como durante el régimen de Roberto Micheletti, señalan los líderes de la resistencia.

El 10 de junio Lobo denunció que en su país se respiraba un “clima de golpe”. Ello no impidió que partiera a ver el Mundial –su viaje duró lo que la selección en Sudáfrica–. La fiscalía le pidió a Lobo que presentara pruebas. No se supo más del asunto. Según Carlos Reyes, uno de los principales representantes del Frente Nacional de la Resistencia Popular, detrás de la denuncia se esconde una maniobra de Estados Unidos. “El embajador norteamericano, Hugo Llorens, se reunió con dirigentes de organizaciones de derechos humanos y les dijo que el gobierno de Lobo es débil y que necesita respaldo. Y el señor que dice estar amenazado se va a Sudáfrica a ver el Mundial. Todo esto es parte de un guión que pretende aplicar la embajada norteamericana.”

Reyes señala en diálogo telefónico con Página/12 que en su país se instaló una segunda base militar estadounidense. “Lobo inauguró en abril pasado una Base Naval en la zona de La Mosquitia, rica en agua y petróleo. Estados Unidos ya tiene la base Palmerola.”

Manuel Zelaya, exiliado en República Dominicana, suscribe a esta idea de guión. Asegura que su derrocamiento fue “planificado en la base de Palmerola por el Comando Sur de Estados Unidos y que Porfirio Lobo no procede contra los golpistas por subordinación a Washington”. Y agrega a la agencia Telam: “Los militares (hondureños) sólo son ejecutores de la parte violenta del golpe de Estado, igual que (el ex presidente de facto, Roberto) Micheletti es un testaferro; ninguno de ellos tiene capacidad de organizar un golpe de Estado”.

Tanto la administración Obama como los gobiernos de Centroamérica, Colombia y Perú abogan por el regreso de Honduras a la OEA. En la última asamblea general del organismo realizada en Perú, la jefa de la diplomacia norteamericana, Hillary Clinton, enfatizó que el gobierno de Lobo “cumple con sus obligaciones bajo los acuerdos Tegucigalpa-San José” –que incluyeron la formación de un gobierno de reconciliación nacional y una Comisión de la Verdad para investigar las violaciones a los derechos humanos durante el golpe–.

Pero estas medidas no impresionan a aquellos países que se niegan a reconocer a un gobierno que, consideran, es el resultado de unas elecciones celebradas en un marco de ruptura democrática y que reclaman que la situación de Zelaya sea resuelta. Exigen que el derrocado presidente vuelva a Honduras con todos sus derechos y sin ser “perseguido”, una condición sine qua non para los países de la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) y de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur). Esta última rechazó la presencia de Lobo en la cumbre Unión Europea-América latina que se realizó en Madrid en mayo pasado.

Reyes afirma que hoy habrá movilizaciones en todo el país y que se instalará una Comisión de la Verdad paralela (ver recuadro). “La Comisión de la Verdad avalada por la OEA y Estados Unidos tendrá resultados en 10 años. Sólo se busca blanquear el golpe. El gobierno intenta invisibilizar la resistencia y la represión.”

El dirigente de la resistencia denuncia ataques y asesinatos selectivos. “La persecución continúa contra el movimiento popular organizado. Es una represión selectiva. La semana pasada un compañero maestro fue amenazado por gente armada en un carro. A otra compañera del magisterio también la amenazaron. Hace unos días asesinaron a un dirigente campesino en la zona del Aguán, donde existe un conflicto de tierras.”

Por Mercedes López San Migue

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Fuerzas de la misión de paz de la ONU en Haití apelaron esta semana a balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar una protesta de estudiantes universitarios. La represión se extendió hasta un campamento de personas desplazadas por el terremoto. Habrá más movilizaciones este jueves.

Los disturbios del lunes, cerca del Palacio Nacional --residencia presidencial-- hicieron que ancianos, mujeres, niños y niñas huyeran despavoridos. 

Miles de familias están hacinadas en las plazas de la zona de Champs de Marz, vecina al Palacio Nacional, desde el terremoto del 12 de enero que dejó 200.000 personas muertas y casi dos millones de desplazadas de los barrios destruidos de Puerto Príncipe. 

Al menos seis personas llegaron al Hospital General con heridas de bala de goma, señalaron tres médicos voluntarios de la organización Partners in Health (socios en salud) que trabajaban en la emergencia. "Un niño tenía una herida grave en la cara", se lamentó Junior Joel, un joven que estaba con amigos fuera del Palacio Nacional, con partes todavía derruidas por el sismo. "Fue un suplicio, lanzaban gases por todas partes", añadió. 

"Sangraban", dijo a IPS la médica estadounidense Sarah McMillan. "Una niña pequeña llegó con una gran lastimadura en la cara. Hubo que darle 10 puntos. Probablemente le quede una cicatriz", añadió. 

La coalición de organizaciones Tet Kolé (cabezas juntas en creole) protestó el mes pasado en la misma zona pidiendo la renuncia del presidente René Préval por la gestión de la crisis tras el terremoto. 

Los manifestantes acusan al mandatario de querer aferrarse al poder al extender su mandato. La iniciativa contó con la aprobación del parlamento. 

Las paredes de la Facultad de Etnología están tapadas de pintadas contra Préval y las Naciones Unidas. Los estudiantes hicieron gestos obscenos a los efectivos brasileños de la misión de paz apostados en sus vehículos todoterreno fuera del recinto universitario el lunes de tarde. 

Cuando los uniformados trataron de ingresar, enojados y llamándolos ladrones y vagabundos, ellos respondieron con piedras. Al retirarse, los soldados efectuaron disparos al aire y una bala impactó en el frente de la Facultad. 

Cuando los efectivos regresaron en vehículos más grandes, Frantz Mathieu Junior corrió a esconderse en un baño, pero los soldados abrieron de una patada la fina puerta de madera, lo tiraron al piso y lo golpearon varias veces y se lo llevaron. En el centro de detención lo hicieron comer por la fuerza. 

Tras el arresto de Junior el lunes, los estudiantes salieron a protestar y tiraron más piedras. IPS pudo ver el martes las rajaduras en la puerta y el agujero de bala en una de las ventanas del segundo piso. 

El jefe de la Misión de la Organización de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah, por su acrónimo francés), Edmond Mulet, divulgó un comunicado en el que culpa a un estudiante no identificado de "provocación" por lanzar piedras contra una patrulla. Pero se disculpó por la intrusión de los efectivos y la detención. 

Los soldados de la Minustah no dispararon ni lanzaron gases el lunes, señaló su portavoz, David Wimhurst. Sólo se usó aerosol de pimienta y balas de goma para disipar a la gente fuera de control, añadió. 

Corresponsales de la cadena de noticias estadounidense CNN escucharon disparos, olieron gases lacrimógenos y vieron botes de humo alrededor del Palacio Nacional. Los efectivos de la Naciones Unidas rociaron la zona y lanzaron balas de goma, según testigos. 

"Todo el mundo corrió. Nadie quiere quedarse cerca cuando hay mucho gas", dijo a IPS Joseph Marie-Ange, de 24 años y con cuatro hijos. "Son groseros. Los niños y los ancianos del campamento se caían por el gas", añadió. 

Horas después de recuperada la calma y de que el gas se disipara, Levita Mondesir caminaba penosa con su bebé de tres meses hacia el Hospital General. 

"Vivimos en Place Pétion, enfrente a la Facultad de Etnología", contó a IPS. "Vinieron los estudiantes y luego la Minustah lanzó el gas. Cuando llegué al campamento, todo el mundo corría y yo hice lo mismo", relató. 

"Traté de cubrir al bebé y le dije a los otros niños que se escondieran abajo de la cama", apuntó. "Había humo, todo el mundo se caía. El pequeño no reaccionaba, temí que hubiera muerto y me puse a llorar. Unas personas me ayudaron a llevarlo al hospital" en un taxi motocicleta, añadió. 

Los médicos le dieron un pase para hacerle una radiografía al día siguiente. 

Su esposo, Tines Clerge, ya no quiere vivir allí. "No me puedo quedar más en Chanmas", dijo a IPS. 

Las protestas siguieron en Chanmas el martes de tarde. Numerosos efectivos de la ONU y de la policía haitiana rodearon con barricadas el Palacio Nacional. 

Además, la población está molesta con la Comisión Interina de Recuperación de Haití, encargada de gestionar un paquete de asistencia de 10.000 millones de dólares. La mayoría de sus integrantes son extranjeros, pero Préval tiene poder de veto. 

"Si querían reprimir la protesta, ¿por qué no lanzaron el gas contra la facultad, donde estaban los estudiantes?", preguntó Malia Villa, de la organización femenina Konfaviv, quien también tuvo que huir de Chanmas el lunes de noche. 

"¡Cómo van a disparar contra el campamento, donde hay familias con niños!", se quejó. "Se supone que están para garantizar la seguridad, pero cómo el gobierno va a trabajar con ellos después de esto", apuntó. 

"No podemos tolerarlo más. Nos repugna", exclamó alzando las manos. 

La Minustah ha sido blanco de acusaciones de abusos desde su creación en 2004, tras la derrocamiento del presidente Jean-Bertrand Aristide. 

Hubo otros episodios similares en 2008 y 2009 en los que efectivos de la ONU dispararon de forma indiscriminada y mataron e hirieron civiles. Pero las investigaciones internas los absolvieron de toda responsabilidad de acciones indebidas.  

Por Ansel Herz
IPS
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Jueves, 27 Mayo 2010 07:16

Prohibido y ya

Dentro de Israel y fuera de Israel. Dentro: los artículos de un proyecto de ley presentado a fines de abril en la Knesset, o Parlamento israelí, establecen la clausura o la imposibilidad de registro de las ONG locales “sospechosas de proporcionar información o estar involucradas en procesos contra oficiales o comandantes por violaciones del derecho humanitario internacional o por crímenes de guerra” (www.jnews.org.uk, 29410). Es la segunda ley que, con esos fines, se discute en la Knesset. El grupo ultranacionalista Im Tirtzu –Segunda Revolución Sionista–, por su parte, ha desatado una campaña contra estas ONG porque pretenden que esos crímenes sean juzgados fuera de Israel, ya que sus tribunales no procesan a los culpables. Otra muestra de la democracia israelí.

Fuera de Israel: The New York Times informa que el primer ministro Benjamín Netanyahu calificó “la ilegitimación de Israel en el exterior” de “amenaza estratégica fundamental” (www.nytimes.com, 5-4-10). El artículo cita las expresiones de un asesor directo del premier sobre las organizaciones de derechos humanos internacionales que, como Human Rights Watch, critican las políticas de Tel Aviv: el gobierno israelí –dijo– “dedicará tiempo y personal a combatir a esos grupos”.

Un atisbo de cómo se puede percibir en el documento titulado Building a Political Firewall Against Israeli Deslegitimization que el think tank israelí del Instituo Reit elaboró luego de un año de investigaciones con la participación de 100 expertos de Israel, EE.UU. y Gran Bretaña (www.reitinstitute.org, 27-4-10). En la web del organismo se definen sus propósitos: “Reut es un grupo político innovador que brinda apoyo estratégico a los líderes y decisores israelíes. No tiene fines de lucro, se radica en Tel Aviv, y son gratuitos los servicios que presta a personas con liderazgo, autoridad e influencia en los asuntos públicos de Israel”. Una síntesis del documento citado se presentó en una reunión del gabinete israelí con el título de “El desafío que la ilegitimación entraña para la seguridad nacional de Israel”.

Reut muestra preocupación por “la dura crítica global que ha padecido Israel” el año pasado en razón del informe Goldstone, preparado para las Naciones Unidas, que investigó la llamada “operación plomo fundido”, es decir, la acción armada israelí en buena parte realizada contra la población civil de Gaza y su infraestructura. No es que la critique, sólo comprueba, y señala que la crisis ilegitimadora “perjudica” la libertad de Israel para lanzar “duros” ataques militares de esa índole. Subraya la importancia crucial de que el gobierno israelí supere dicha crisis para recuperar su ilimitada facultad de actuar militarmente.

El documento divide en dos “las redes” que hostigan a Israel: la primera es la de la resistencia, que comprende a Irán, Hezbolá, Hamas, fracciones palestinas e islamitas, los terroristas, en suma. La segunda opera en la arena internacional “para negar a Israel el derecho a existir e incluye a individuos y organizaciones occidentales que la izquierda radical cataliza”.

Véase quiénes son estos ilegitimadores, según el Reut: los que censuran al gobierno israelí porque no cumple con el derecho internacional y evita que sus líderes políticos y militares sean sometidos a la justicia universal; los que califican de agresión, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad los ataques militares que Israel llevó a cabo contra los palestinos y países vecinos como el Líbano; los que tildan de “ilegales e inmorales” las asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados; los que encuentran similitudes entre el sistema israelí y el régimen de apartheid; los que exigen que se ponga fin a la discriminación de los árabes israelíes; los que declaran que el bloqueo de Gaza es un castigo colectivo ilegal, y aun otros.

En el párrafo 108 del documento se afirma que toda retirada israelí de alguno de los territorios palestinos ocupados (desde hace 43 años) entregará una plataforma para actividades militares hostiles a Tel Aviv. Lo que llama la atención es que esta arremetida contra la presunta ilegitimidad de los otros no menciona las incontables resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de las Naciones que establecen la ilegalidad y la ilegitimidad de la ocupación israelí de territorios palestinos y de Siria, resoluciones que Israel incumple sistemáticamente. Para no hablar de la cuarta Convención de Ginebra y de los tratados internacionales que prohíben la tortura y los tratos crueles y degradantes a la población civil.

En el párrafo 124 se recomienda “atacar”, “sabotear”, “hacer pagar un precio a los que atacan a Israel” en el exterior y montar “una contraofensiva” destinada a los ilegitimadores. Como defensa de la libertad de expresión es impecable. Y mejor abstenerse de criticar cualquier guerra, cualquier delito de lesa humanidad del gobierno de Tel Aviv. Quien lo haga busca “convertir a Israel en un estado paria socavando su legitimidad moral y aspira, en última instancia, a eliminar la ‘entidad sionista’”. Sic.

Por Juan Gelman
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Domingo, 16 Mayo 2010 07:02

El otro método

La abstinencia como método hegemónico en el tratamiento de las adicciones fue y es constantemente criticada por quienes promueven una política de drogas más humana. Su implementación, al igual que las campañas con ese mensaje simplista y cerrado que se embandera tras el “no a las drogas”, aleja toda posibilidad de diálogo con los que consumen. “Básicamente, porque no corresponde a su realidad y el consumidor no va a mostrar interés ni en la propuesta ni en el mensaje”, asegura Nelson Feldman, un prestigioso psiquiatra argentino especializado en tratamientos de usuarios problemáticos, que atiende en el Hospital Universitario de Ginebra, Suiza. Feldman fue invitado a fines de abril al último Congreso Argentino de Psiquiatría realizado en Mar del Plata, su exposición se tituló: “Del paradigma de la abstinencia a la diversificación de tratamientos”.

Feldman es coordinador del Servicio de Abuso de Sustancias del Departamento de Psiquiatría, un programa donde se les brinda heroína a ciertos pacientes, con un grado comproblable de adicción en el tiempo, hasta tres veces por día. Los pacientes pueden pincharse en el hospital y volver seis horas después cuando se acaba el efecto. No pueden llevarse la heroína a casa, sólo pueden llevarse metadona, un sustituto derivado de opiáceos que se usa como estrategia de desintoxicación para heroinómanos. También prescribe aceite con extracto de THC, el principio psicoativo de la marihuana, como paliativo para pacientes con cáncer o VIH positivo pero también adictos a otras sustancias ilegales.

En Suiza, además, hay lugares cerrados, conocidos en otros países como “narcosalas”, donde los usuarios pueden consumir heroína, cocaína o crack sin ser molestados por la policía y con médicos, psicólogos y asistentes sociales presentes en caso de que deseen hablar, informarse o pedir ayuda. Por las calles se ven casas rodantes donde, con absoluta privacidad, el usuario puede pedir jeringas descartables a una enfermera y a un “educador”. Allí se les da información y consejos en caso de que los pida o los necesite. En unas máquinas llamadas Automats, ubicadas en la calle, también se pueden conseguir jeringas las 24 horas.

A partir del deseo del usuario de dejar o de controlar un consumo y de las necesidades urgentes para reducir el daño que provoca el uso de una droga, cientos de personas acuden al consultorio de Feldman en Ginebra. Es que allí se invierten los términos con lo que se trabaja en cientos de países: no se pasiviza ni se hace un objeto del paciente, no se lo declara “insano” para avanzar sobre su voluntad y libertad. Se lo acompaña y escucha. Se le muestra una salida acorde con lo que puede lograr.

Este psiquiatra partió de Buenos Aires a París hace casi 25 años becado para especializarse en tratamientos. Luego de ocho años en Francia decidió cruzar la frontera e instalarse en Suiza, que ya entonces tenía la política de drogas más abierta y avanzada de Europa. Sabe que en la Argentina la realidad es otra, pero no se cansa de preguntar una y otra vez sobre los avances en la legislación, quiere saber por qué la Ley de Salud Mental está frenada en el Senado y cuándo se despenalizará la tenencia de drogas para uso personal. Que los pacientes judicializados sean la norma y no la excepción le resulta “perverso”.

–¿Cómo llega el usuario al sistema médico suizo?

–Más allá de las emergencias, los usuarios llegan al servicio ambulatorio voluntariamente. En los casos de adicción, el paciente consulta por las consecuencias negativas de la adicción, como problemas personales, laborales o de salud. No llega judicializado, llega por las consecuencias negativas de su adicción, o sea, porque pierde el control, no va a trabajar o lo echaron, o porque tuvo problemas con su familia o su pareja.

–¿Cuánto tiene que ver con esto la política de territorializar el sistema sanitario y ponerlo al alcance de los usuarios?

–En la calle tenemos las garitas, los “automats”, donde no hay contacto humano, es para cambiar un jeringa vieja por una nueva. Y después está el bus. Ahí hay personal, generalmente una enfermera y un educador, y si el paciente dice “estoy mal, no sé qué hacer”, el enfermero o el educador le va a decir: “Mirá, por qué no consultás al servicio de adicciones”. Se le da un flyer con la dirección y el teléfono. Son actores de reducción de daños pero que pueden ser también vectores del servicio de atención.

–¿Sabe cuántas personas llegan a su consultorio de esta forma?

–No pasa todo a través de ellos, quizá sí, porque le hablaron de nosotros y guardó el papelito. O nos buscó en Internet. Pero no es algo tan directo. Lo que sí es cierto es que los servicios de reducción del daño son complementarios de los servicios de atención, no es algo que está contrapuesto. Digo, porque a veces se dice: ahí le promocionan la toxicomanía y después los otros tienen que curarlo. El que consume activamente en un momento va a necesitar atención y va a venir, el hecho de ir al bus de reducción de daños no le impide venir a nuestro servicio. Es una complementariedad dentro de los cuatro pilares de la política de drogas en Suiza: prevención, reducción del daño, tratamiento y represión, porque la policía tiene que hacer su trabajo, pero los pilares no son antagónicos.

–La prevención funciona en varias facetas, ¿está orientada a los que no consumen o los consumidores ocasionales y recreativos?

–A los no usuarios o a los que son usuarios recreativos, para que no vayan más allá.

–¿De qué se les habla?

–Se focaliza en el consumo problemático de alcohol, mucha prevención sobre conducta: el automóvil y consumo de sustancias, y alcohol en particular. Se hacen campañas de prevención a un público joven, sobre todo lo que llamamos “lugares festivos”: clubes, fiestas, festivales, recitales de rock, donde también aparecen asociaciones de reducción de daños y se dan mensajes y ponen stands adentro. Ahí reparten folletos sobre el efecto de cada droga y su costado negativo; son libritos con ilustraciones, están muy bien hechos. Y después está toda la información sobre la deshidratación para los que bailan en un lugar caluroso.

–¿Cobran muy cara el agua en los boliches y cierran el agua en el baño, como pasa en algunos lugares acá?

–Sí, o dejan sólo el agua caliente... justamente a través de estas campañas los clubes pueden obtener un logo que se llama safer clubbin, y que da una especie de afectación de calidad del club, por el cual se verifica que hay espacios de pausa, de chill out, que hay acceso, y el agua tiene un precio correcto y hay agua en el baño, además las organizaciones llevan botellones para recordar que hay que tomar agua.

–¿Antes cuál era el discurso oficial en Suiza?

–Era el que se daba en la escuela. Había información sobre sustancias pero hay que reconocer que no era algo exhaustivo.

–¿Que pasó al difundir más información?

–Se sabe que hay un porcentaje de jóvenes que consume, y no sólo por las estadísticas. Está la realidad, sólo hace falta abrir los ojos. Tenemos consumo de alcohol y de cannabis regular y problemático también. O sea, el discurso de prevención se dirige a ellos también, indicándoles los problemas derivados del uso de cada sustancia.

–¿Y cuáles son esas preocupaciones del usuario?

–¿Qué hay en un comprimido comprado una noche en una discoteca? El que consume no sabe nada de lo que hay adentro, quizá hay éxtasis, pero el efecto no es el mismo si hay 15 miligramos o si hay 90. Hay un riesgo de efectos secundarios, de toxicidad, más elevado si hay 90. Segundo: ¿realmente hay éxtasis en el comprimido o hay otras anfetaminas más fáciles de fabricar en forma clandestina y que son más tóxicas? Porque eso sucede. Alguien se toma una de estas pastillas, no le hace mucho efecto, se toma dos más, el problema es que estas anfetaminas que no tienen un efecto inmediato sobre el sistema nervioso central, sí tienen un efecto rápido a nivel cardíaco. Entonces, ese tercer comprimido, que le hace un poquito a nivel estimulación, le hace mucho a nivel cardíaco. Y el joven en realidad no tomó éxtasis, tomó una anfetamina más tóxica y peligrosa.

–En los boliches suizos se hacen testeos de sustancias.

–El hecho de que haya posibilidad de testear al menos le da la opción a la persona de saber que si lo toma se está exponiendo a un riesgo. O por lo menos sabe lo que hay dentro y lo que no, es una información básica.

Feldman asegura que “sin información no hay libre elección”. Este es el primer paso para solventar el llamado “uso responsable” de las sustancias. Saber distinguir entre estos usuarios y los que abusan de sustancias o dependen de ellas permite adecuar el tratamiento a realidades distintas. ¿Cuánto de estas estrategias se puede implementar en Argentina? “Sólo algunas”, dice. “La sustitución de sustancias no funcionaría con el paco porque es una droga difícil de controlar por los efectos y por el daño que produce”, informa el especialista.

Sin embargo, las salas de consumo (ver aparte) pueden ser una estrategia para acercar el sistema de salud y de contención social a los paqueros. Claro que antes habría que vencer ciertos prejuicios, las tentaciones autoritarias de quienes reclaman la internación compulsiva de los consumidores de paco, por ejemplo. Aceptar el hecho de que para tratarse puedan seguir consumiendo semejante veneno cuesta. Feldman lo sabe, con la heroína pasó lo mismo. Sin embargo, el especialista sigue apostando al gradualismo en el tratamiento: “Creo que resulta más creíble y posible que imponerle la abstención, si el paciente no quiere ni puede dejar de consumir una sustancia”.

Por Emilio Ruchansky
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Las fuerzas de seguridad tailandesas dispararon el viernes gases lacrimógenos, balas de goma y fuego real contra los camisas rojas, que exigen la dimisión del Gobierno. Los violentos enfrentamientos en el centro de Bangkok dejaron un saldo de 16 personas muertas y más de 120 heridas -incluidos tres periodistas-, en lo que supone una fuerte escalada de la grave crisis que atraviesa el país asiático desde mediados de marzo.

Tailandia se sume en la incertidumbre. Los soldados intentaban sellar la zona de las protestas, donde están acampadas entre 2.000 y 10.000 personas, incluidas mujeres y niños, cuando estalló de nuevo la violencia. Los camisas rojas piden la disolución del Parlamento y la dimisión del primer ministro, Abhisit Vejjajiva. Uno de los periodistas heridos es un canadiense que trabaja para la cadena francesa de televisión France 24. Los otros dos informadores, también heridos por bala, son tailandeses.

La violencia estalló tras el fracaso del plan de reconciliación, que incluía la celebración de elecciones en noviembre, propuesto por Abhisit. El jueves por la noche el Ejército comenzó a desplegar vehículos blindados con el objetivo de sellar el campamento, y uno de los líderes de los camisas rojas resultó herido grave de un disparo en la cabeza, al parecer realizado por un francotirador. Khattiya Sawasdiphol, un general de división renegado del Ejército tailandés que actuaba como el principal consejero militar de los camisas rojas, se encontraba anoche en situación crítica.

Durante los enfrentamientos registrados, los rojos prendieron fuego a un autobús policial en la calle en la que se encuentran las embajadas de Japón y Estados Unidos, que fueron cerradas en previsión de los disturbios, informa Associated Press. Cuando llegó un camión de bomberos para apagar el fuego, se retiraron.

A lo largo de la noche y la mañana se oyeron disparos en la zona, aunque no estaba clara su procedencia.

Al amanecer, un grupo de manifestantes capturó dos camiones militares con cañones de agua en la intersección de las calles Sathorn y Rama IV, arrancó los cañones y utilizó sus tubos de plástico para disparar fuegos artificiales desde un refugio de sacos de arena, arrebatado a los soldados.

Los camisas rojas han prometido resistir hasta la muerte. "Nos están apretando la soga, pero lucharemos hasta el final, hermanos y hermanas", dijo Nattawut Saikua, uno de sus líderes, mientras los seguidores le aplaudían, informa Reuters.

Los manifestantes instalaron un control durante la noche en el famoso mercado de Suan Lum para evitar que los soldados aislaran el campamento fortificado con barricadas de tres metros de altura, construidas con neumáticos, lanzas de bambú y alambre de espino, y rociadas con combustible. La zona se encuentra en pleno barrio comercial de Bangkok, lo que ha obligado a cerrar durante semanas hoteles de lujo y centros comerciales. La mayor parte de los habitantes de los edificios residenciales aledaños al campamento han desalojado sus casas en los últimos días, a instancias de la policía. Las autoridades dijeron que cortarían el agua y la luz en la zona.

Khattiya, también conocido como Seh Daeng, se encontraba hablando con algunos periodistas en el interior del campamento rojo cuando fue tiroteado, en lo que se cree que fue un intento de asesinato. Había sido calificado de terrorista por el Gobierno, que le acusa de haber orquestado docenas de ataques con granadas, que han herido a más de 100 personas desde que comenzaron las movilizaciones. El Ejército ha negado que esté detrás del ataque, aunque había advertido que desplegaría tiradores de élite en las cercanías del campamento rojo, que dispararían contra aquellos "terroristas" que llevasen armas. "Esto es un uso ilegal de la fuerza ordenado por Abhisit Vejjajiva [...] Seh Daeng recibió un disparo de un francotirador del Gobierno", dijo Arisman Pongruengrong, otro de los líderes rojos.

Desde que comenzaron las protestas, han muerto más de 30 personas -entre ellas, varios soldados- y han resultado heridas más de un millar.

Los camisas rojas consideran que el Gobierno de Abhisit llegó al poder en 2008 de forma ilegítima, mediante la manipulación de los tribunales y gracias al respaldo del Ejército. 

Por JOSE REINOSO - Pekín - 15/05/2010
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