Viernes, 14 Mayo 2010 06:36

Los árabes también tienen gulags

Todos sabemos de Guantánamo. Sabemos de las prisiones secretas. Basta con leer la evidencia que surgió del último juicio de Guantánamo, según la cual un hombre llamado Jadr fue arrestado por matar a un soldado estadunidense cuando tenía 15 años, y fue encontrado encadenado a una minúscula celda en Bagram por un paramédico estadunidense. El hombre encapuchado lloraba a gritos y exigía saber qué entiende Occidente por justicia. Corramos la cortina un poco y veamos lo que hay del otro lado. Hay numerosos Guantánamos en el mundo musulmán, y en su mayoría, nos importan un bledo.

¿Cuántos lectores de The Independent pueden decir el nombre de un prisionero de los gulags árabes? ¿Cuántos turistas que van a Egipto saben que en el complejo carcelario de Tora los guardias han obligado a los reclusos a violarse unos a otros? ¿Cuántos hombres han sido entregados a Egipto, Siria y Marruecos por Estados Unidos o sus aliados musulmanes”.

Para ser específicos, la primera semana de mayo surgieron los casos de Bahaa Mustafa Joughel, sirio cuyo documento de identidad tiene el número 010020288992, y Mohamed Aiman Abo Attot, sirio con el número de identidad 0102020265346. Ninguno de ustedes sabe nada de ellos, ¿cierto?

Éstas son sus historias, según sus familias. Bahaa Joughel, nacido en Damasco en 1976, es casado, con dos hijos y solía vivir en Pakistán con sus familiares que incluyen a su hermana y a las hijas de ésta. Parcialmente discapacitado, Joughel trabajaba en computación y tenía su pequeña empresa de Información Tecnológica (IT) que operaba desde su hogar.

Nuevamente según su familia, no estaba involucrado en actividades políticas. El 30 de enero de 2002, la policía paquistaní allanó su casa en Islamabad, aparentemente por órdenes de un funcionario estadunidense. Joughel desapareció durante cinco meses y a su familia se le dijo que estaba siendo investigado por Estados Unidos. Sus familiares quedaron estupefactos, más tarde, cuando se enteraron de que el hombre fue entregado a Siria a escasos tres meses de su arresto, el 4 de mayo de 2002, y se encontraba recluido en la sección conocida como la rama palestina de la inteligencia militar de Damasco. Dicha institución hace que el adjetivo notorio se vuelva irrelevante. Joughel pasó 20 meses en una celda subterránea en solitario y fue torturado en ese cajón de concreto al grado de que su vista quedó deteriorada debido al confinamiento, al igual que el canadiense Maher Arar. Después de que los estadunidenses lo mandaron a Siria por la misma época. El preso en el penal de Sednaya fue liberado el 12 de febrero de 2005, pero se le prohibió salir de su país y se le volvió a arrestar la nochebuena del mismo año. Nunca se han presentado cargos en su contra.

Los presos de Sednaya protagonizaron un motín del cual no tenemos detalles, pero que fue sofocado con gran brutalidad. Durante meses, la familia Joughel vivió con terror, debido a versiones de que el hombre había muerto. Hace dos meses, en marzo, se le permitió llamar a su esposa desde la cárcel. Dijo que quizá pronto le permitan a su familia visitarlo.

Vamos ahora con Mohammad Attot. Tiene 51 años y es el cuñado de Joughel. Estuvo de servicio en el ejército sirio durante principios de los años 80, cuando la Hermandad Musulmana protagonizó un fiero levantamiento contra el régimen de Hafez el Assad. El movimiento fue salvajemente aplastado y a Attot se le advirtió que sería arrestado. De nuevo, su familia asegura que él no estaba involucrado en política. Attot huyó a Beirut y luego a Turquía donde se casó y tuvo cuatro hijas. Attot pasó los siguientes 13 años en Turquía y durante ese tiempo rara vez encontró empleo pues no logró obtener un permiso de residencia. Cuando trabajaba limpiando instrumental médico fue arrestado por las autoridades turcas que lo entregaron a los sirios, pese a que su esposa e hijas eran ciudadanas turcas. De 1993 a 2005, cumplió una condena más larga de la de cualquier prisionero de Guantánamo.

Posteriormente, se le transfirió a las prisiones de Palestina, primero, y después a la de Sednaya, una mañana de noviembre de 2005. Llamó a su familia a Turquía para decir que había sido liberado. De vuelta en casa, nunca se discutieron los detalles de su arresto pero en julio de 2006 se le volvió a arrestar. Su familia obtuvo permiso para visitarlo en 2008, pero cuando ocurrió el motín de Sednaya, la visita se canceló.

Un ex prisionero confirmó haber visto a Attot en Sednaya hace casi seis meses, y también a Bahaa Joughel, sabemos que aún viven, pero es siempre la misma historia. Las noticias se acaban. No existe razón conocida para estas obscenas encarcelaciones. Nada cambia, no hay juicio. La esposa turca de Attot, Laila, dice que su esposo fue objeto del peor tipo de tortura durante su primera reclusión, y que ésta lo dejo física y sicológicamente destruido. Tras la muerte de Assad, en 2000, su hijo Bashar es presidente, y ordenó personalmente poner fin a las más viles torturas, comunes en el régimen de su padre, lo cual pudo haberle salvado la vida a Attot.

Laila dice que cuando habló con su esposo por teléfono, durante su breve periodo de libertad, nos comunicamos con lágrimas. La hermana de este hombre afirma que Attot figura en la lista de un grupo sirio de derechos humanos, el que asegura que fue perseguido por las autoridades de Siria por haber enfermado del corazón y desertar del ejército sirio, por lo que fue condenado a 15 años de prisión, pero nadie sabe si esto es verdad.

He contactado a ambas familias y en Pakistán conocí a Hasene, una de las hijas de Attot, y ella vive actualmente en Pakistán. Joughel es su tío y las familias han rogado a los grupos humanitarios que los ayuden a ambos.

Lo único que Hasene estuvo dispuesta a decirme fue que tenía la esperanza de que los grupos pro derechos humanos pudieran ayudar a estas familias. Son personas valientes, todos ellos. Pero nos importan un bledo.

Por Robert Fisk
The Independent

Traducción: Gabriela Fonseca 
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La Argentina procesó su pasado de plomo primero con la Justicia que comenzó a actuar con el juicio a las juntas de 1985. Luego, con la interrupción de la investigación judicial, vino la etapa de la memoria. Y la Historia llegó más tarde. Tras la muerte de Francisco Franco y la transición a la democracia, España decidió no hacer justicia y tampoco encaró políticas públicas o particulares de memoria. Los historiadores, en cambio, trabajaron desde un principio. Recién con el primer ministro José Luis Rodríguez Zapatero y su Ley de Memoria Histórica España destapó la olla de la dictadura franquista (1936-1975), a lo cual se agregó la intervención judicial de Baltasar Garzón desde el 2008.

Julián Casanova tiene la rara característica de actuar en los tres planos. Es historiador profesional y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, Aragón. Escribió, entre otros libros, La Iglesia de Franco y Víctimas de la Guerra Civil, se interesa por las políticas de memoria vinculadas con la educación e interviene con frecuencia en el debate político cotidiano.

En un diálogo telefónico con Página/12 Casanova aceptó ponerse sus tres sombreros.

–El nacional-catolicismo español es parecido al integrismo argentino. Usted investigó a fondo al primero y su relación con el régimen de Franco.

–La Iglesia Católica se comportó como un bloque muy homogéneo durante casi todo el franquismo. Reverdeció el mito medieval y por supuesto no escuchó ni los disparos ni la represión. Pero la situación social a partir de los años ’60 empezó a modificar los esquemas. El éxodo rural a las ciudades fue cambiando las cosas y aparecieron percepciones nuevas. Antes los sacerdotes no tenían conexiones con el mundo obrero. Cuando los campesinos se convierten en obreros de las grandes ciudades también aparecieron las comunidades cristianas de base y los sacerdotes relacionados con los nuevos trabajadores, a veces todos juntos en movimientos de tono asambleario y casi libertario. No olvidemos que ya existía la Teología de la Liberación y que el Concilio Vaticano II funcionó a principios de la década de 1960.

–¿Cómo estaba la Iglesia cuando a fines de 1975 muere Franco y luego con el comienzo de la transición democrática?

–Dividida. Ya no era aquel bloque monolítico.

–¿Por la pastoral obrera?

–No solamente. También había divisiones en la jerarquía. El cardenal Vicente Enrique y Tarancón apoyó la transición democrática mientras otros dignatarios aún lloraban la muerte de Franco. Al revés de la Iglesia, el ejército sí era todavía un bloque monolítico y estaba dirigido en parte por quienes todavía reivindicaban un ejército de guerra, prolongación de las fuerzas que habían vencido en la Guerra Civil y gobernado con Franco entre 1936 y 1975. La paradoja es cómo evolucionaron las dos instituciones.

–¿Cuál sería la paradoja?

–La jerarquía de la Iglesia Católica, ya sin Tarancón, volvió a hacerse monolítica. Hoy es monolíticamente reaccionaria. Y el ejército, en cambio, no está en la batalla de reivindicación del franquismo que vemos hoy en otros sectores. Si no estaríamos oyendo ruido de sables.

–Y no los oyen.

–No, claro que no. No se escuchan desde febrero de 1981, cuando el mundo asistió a la imagen extraordinaria de Antonio Tejero, aquel personaje que entraba a tiro limpio en un Parlamento de Europa occidental.

–¿Cuáles son algunos de los signos visibles del monolitismo que usted atribuye a la jerarquía eclesiástica española?

–Su peso permanente, en buena medida en aumento durante el papado de Juan Pablo II, que ejerció una influencia de homogeneización. Por ejemplo, no quiso ni negociar en la cuestión del aborto.

–A pesar de que el Congreso la votó por mayoría.

–Exactamente.

–¿Los gobiernos democráticos atacaron a la cúpula de la Iglesia?

–No. Al contrario. Ni siquiera cortó los conciertos subsidiados en los colegios católicos. Tampoco cuestionó las beatificaciones de Juan Pablo II a figuras de la historia española.

–¿A quiénes beatificó?

–A mártires de la Guerra Civil. Pero ése no es el punto. El punto, en relación con su pregunta sobre la actitud de los gobiernos democráticos, es que ningún papa había realizado beatificaciones y canonizaciones antes, en vida de Franco. Todas ocurrieron de la transición en adelante, cuando paradójicamente se fueron muriendo todos los últimos exponentes de la cruzada franquista.

–¿Qué pasó con aquellos movimientos asamblearios dentro de la Iglesia?

–La jerarquía los fue asfixiando. Hay algunos restos. De vez en cuando alguno levanta la mano, pero no tienen espacio.

–En los años ’60 el Opus Dei actúa como fuerza modernizadora dentro del gobierno de Franco. ¿Qué ocurre después?

–Efectivamente es así. El Opus Dei ingresa al gobierno en 1957 y no lo deja hasta 1974. Controla el final del franquismo. Después abandona la política directa y no pesa en la transición democrática. Sin embargo, sigue pesando en sectores de poder y en miembros de la jerarquía, sobre todo con Juan Pablo II.

–La transición se basó, entre otras cosas, en no perseguir los crímenes del franquismo, ¿no es verdad?

–La administración del Estado franquista fue desmontada sin demasiados problemas. No se buscaron responsabilidades y no se buscó a la gente comprometida con el régimen. Salvo expresiones y atentados residuales, el proceso de transición se realizó sin grandes resistencias de grupos ultraderechistas desde dentro de la administración. Esta es la gran paradoja de la transición española: ni las fuerzas relacionadas de alguna manera con las víctimas del franquismo protestaron y exigieron que la transición fuese más allá, ni la ultraderecha, debilitada, pudo oponerse a la propia transición. Fue muy impresionante, por otra parte, el nivel de manejo y de dominio del ritmo político evidentes en los franquistas que aterrizaron en la transición, como el presidente de gobierno Adolfo Suárez.

–Y se produjo el destape.

–Pero a la vez siguió el miedo.

–¿Miedo a qué?

–No olvidemos que los españoles estuvieron educados durante muchos años en la cultura política del orden y la estabilidad. Temían los desórdenes y las protestas. Temían un nuevo trauma. Y los discursos que explotaron ese miedo fueron claves y calaron hondo en la sociedad. Pero tengamos en cuenta también una cosa importante: todos, incluso los sectores más reaccionarios, entendieron que la democracia traía beneficios. Era conveniente para todos.

–En los últimos años, con la Ley de Memoria Histórica y decisiones como la del juez Garzón, ¿volvió el miedo?

–Es distinto. Sucede como si todo el mundo hubiera acordado en un momento que el pasado estaba directamente en el olvido. Y ahora todos se comportan como si les estuvieran cambiando un poco la historia. Pensaron que la habían superado y ahí está.

–¿Fue así?

–Lo fue a nivel masivo. No se trata de miedo a volver al pasado. Es el miedo a que les cambien la historia. El miedo se refiere no tanto a la Guerra Civil sino a la posguerra, a la dictadura, a la represión sistemática. Insisto: lo digo en términos masivos, porque la verdad es que los historiadores veníamos trabajando duro y con precisión en el estudio del franquismo e incluso de sus crímenes.

–¿Cómo juega en este proceso la intervención de Garzón?

–De hecho les dio una proyección masiva e internacional a los temas que los historiadores ya veníamos trabajando. Más allá de que un juez es un juez y un historiador tiene un oficio distinto, no es lo mismo para la visibilidad de un tema la intervención de un juez con prestigio internacional que el trabajo de un historiador capaz de vender, con suerte, 20 mil ejemplares de un libro. Con definiciones como la de Garzón estaba claro que a las instituciones en general no les iba a quedar más remedio que involucrarse.

–¿Para usted es positivo el proceso?

–Al principio, cuando comenzó a discutirse el tema de la Memoria Histórica, no había dudas de que era buena oportunidad de difundir el conocimiento. Siempre hay que saber. Es una forma más de evitar que el pasado traumático pueda volver en algunas de sus formas. Y habría sido bueno para recuperar una parte larga de la historia del siglo XX. Es inconcebible que no haya en España museos, memoriales, sitios donde reflexionar masivamente sobre lo que ocurrió. Cuando se pase la bronca política de hoy, ¿qué quedará? Habrá que reconstruir en los archivos, contribuir a la memoria, dar materiales para la educación. Y hay muchas discusiones pendientes. ¿Qué debe borrarse del pasado? Es obvio que no puede vivirse con todas las calles que se llamaban Generalísimo o Francisco Franco. Pero, ¿hay que sacar todo? Quitaron todas las placas de conmemoración del franquismo. ¿No había que dejar por lo menos una parte para que se entendiera el propio franquismo? Si no, se acaba borrando las memorias de los otros.

–Incluidas las víctimas.

–Incluidas. Y ya que habla de las víctimas, permítame aprovechar para aclarar algunas cosas para los lectores argentinos. Puede ser que se haya interpretado la decisión de Garzón de sentirse en condiciones de entender en los crímenes del franquismo como algo con una consecuencia directa: que Garzón iba a por los verdugos.

–Supongo que los verdugos, en su mayoría, murieron.

–Claro. Y otro punto es el de los desaparecidos. Hubo desaparecidos en la Guerra Civil y puede haber habido algunos después, pero ésa no fue la norma represiva del franquismo.

–¿Cómo reprimió Franco?

–Lo predominante no fueron las desapariciones al estilo de la represión argentina, porque Franco fusilaba. Por supuesto que los acusados no tuvieron un juicio justo, pero no hay mayores misterios. Los investigadores registramos los asesinatos. Conocemos sus nombres. Escribimos libros.

–¿Cuántos fueron?

–Por lo menos hay registrados 50 mil asesinados después de la Guerra Civil. Es una enormidad. Y la decisión de Garzón funcionó como un modo de hacer más visible ese tema. Lo atacan porque dicen que es un juez-estrella. Pero es su forma de que las cosas aparezcan en la superficie. Y, más allá de Garzón, una sociedad no puede vivir para siempre entre miles de muertes del pasado y en medio del silencio. Las muertes siempre merecen una retribución jurídica y política. Veremos cuál es, pero la merecen.

 Por Martín Granovsky
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Feliciano Valencia fue dejado en libertad aunque el proceso en su contra y en contra de otros líderes indígenas que incluyen a la líder Aida Quilcué continúa. La libertad de Feliciano fue concedida en la medida en que se pudo demostrar en derecho que no es un riesgo para la comunidad, que no continuará delinquiendo ni alterando pruebas, entre otras razones.

El recuento que hace el abogado Jorge Triviño, quien actúa en representación de la ACIN, documenta con absoluta contundencia que se trata de una falta de reconocimiento a la jurisdicción y a los derechos constitucionales de los pueblos indígenas, transformando en reos a quienes se han ceñido de manera estricta a la Ley y a la Constitución Nacional.

La intención de desconocer los derechos indígenas para proceder a perseguir a estos pueblos queda en evidencia. Feliciano no puede salir del país a continuar con su trabajo como vocero de la Minga Social y Comunitaria. Las cinco personas falsa y criminalmente sindicadas de secuestro y lesiones personales, están en riesgo inminente de ser capturadas y judicializadas.

Esta libertad restringida de Feliciano, no resuelve el asunto que pone en evidencia: el Estado Colombiano, su Gobierno y autoridades de la Fiscalía, del DAS y jueces, de manera ilegal, criminal y perversa han decidido actuar en contra de los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Se requiere de un rechazo internacional inmediato y contundente a esta flagrante violación del derecho y la Constitución.

Este es un precedente no solamente para Colombia, sino desde Colombia: los pueblos indígenas que actúen según sus usos y costumbres en sus territorios, para defender la justicia y armonía, se convierten en sujetos de persecución legal y son perseguidos como criminales. Los criminales capturados en flagrancia cometiendo delitos a nombre del Estado contra los pueblos indígenas y sometidos a procedimientos de justicia como consecuencia de su propia confesión, son tratados como víctimas. Esa es la justicia desde Colombia con los pueblos indígenas.

Quienes los persiguen y violan sus derechos, son convertidos por el Estado en víctimas y las víctimas son perseguidas y castigadas. Esta aberración refleja la calidad de las instituciones que se han establecido contra los pueblos y el derecho. Celebramos que Feliciano esté fuera de la cárcel, a pesar del maltrato que le dieron. Pero no celebramos ni su libertad ni la de nuestro pueblo, sometido a la corrupción y a servirse de las instituciones de justicia para violar y negar los derechos de los pueblos.
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ALAI AMLATINA, 12/04/2010.- El terremoto ocurrido el 27/02 ha servido para develar varias situaciones que permanecían en la sombra y derribar algunos mitos que el sistema había impuesto por medio del ordenamiento discursivo de la derecha. Sin embargo, lo más relevante es observar los posibles rumbos que tomará el gobierno empresarial de Sebastián Piñera.

Primero: Quedó demostrado la incapacidad del Estado chileno para reaccionar eficientemente ante una catástrofe. La emergencia del país está en manos de un organismo como la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI) que, como su nombre lo indica, es sólo una “oficina” de emergencia y no una subsecretaría u otro organismo con mayor poder de decisión y de recursos.

Segundo: La tan celebrada eficiencia de la empresa particular, punto central de los discursos de la derecha, quedó en entredicho, al demostrar su incapacidad para abastecer de servicios a una población en situaciones de máxima emergencia, como fue el caso de las telefónicas o de reponer los servicios dañados, situación competente a las empresas eléctricas y otras. Su argumento de que este es el quinto terremoto más grande de la historia es inconsistente si se toma en cuenta que también, este es el siglo con mayor tecnología de la historia y lo que ocurrió en 1960, no puede compararse, en recursos tecnológicos, con la primera década del siglo XXI.

Tercero: El poder de los medios de comunicación es infinitamente superior a lo que fue en siglos anteriores. El poder de convencimiento que se ejerció sobre la población lo demuestra. El saqueo, una situación predecible después de un terremoto, en cualquier parte del mundo, fue orquestada y amplificada por la televisión. Se creó una situación de descontrol y caos que propició la entrada del estado de excepción y el control de la región en manos del ejército; esto con el aplauso de la población atemorizada por los altavoces de los medios de comunicación.

Una vez pacificada la ciudadanía lo que significó que se controló la posibilidad de protestas por el escándalo de los daños hechos por constructoras e inmobiliarias inescrupulosas, vino el otro paso: la unidad nacional, eufemismo que en la práctica significa obediencia nacional. Aquí aparecieron los niños símbolos, las banderas símbolos y las frases símbolos. Las consignas “Fuerza Chile” y “Chile ayuda a Chile” hacen aparecer antipatriotas a cualquiera que critique la política del gobierno. Por cierto la Concertación, ahora en la oposición, se plegó al llamado patriótico y sólo ha hecho tímidas críticas en puntuales ocasiones.

La manipulación funcionó con éxito total. El país estuvo sometido a una cadena de disolución mental pocas veces vista con situaciones tan surrealistas como un cura haciéndole propaganda a un supermercado.

Sin embargo, lo realmente preocupante es lo que ha ocurrido en las primeras semanas de gobierno del presidente de la Alianza. Al implante del estado de excepción al que se sumó el toque de queda, se ha visto una intención de militarizar la vida ciudadana. El ejército ha tomado preponderancia en una serie de actividades que de hecho son de incumbencia del Estado y empíricamente está reemplazando en sus funciones a las fuerzas de carabineros. La impresión que ha quedado, después de la exposición televisiva de los saqueos es que carabineros es incapaz de ¿Para qué sirve carabineros?

Es indudable que sí hay una parte de esta institución que le interesa y mucho al gobierno y estas son las fuerzas especiales, es decir, las dedicadas a la represión. Lo ocurrido en la conmemoración del Día del Joven Combatiente es una alerta de lo que el país va a experimentar. El apoyo irrestricto a las medidas adoptadas por estas fuerzas, y su posterior felicitación, pasó por alto, que las medidas para conservar el orden significaron brutales acciones, como bombardear con gases lacrimógenos a todas las poblaciones sin importar el efecto que estas causaran sobre los niños y los ancianos. La situación fue tal, que un periodista relató que tuvieron que usar máscaras antigases para poder reportear los sucesos.

Si el ejército actuó para controlar los desmanes en las poblaciones de Concepción en situación de emergencia, cabe preguntarse si este método se va a implementar en otras situaciones. ¿Es posible que poblaciones estigmatizadas como antros delincuenciales sean intervenidas para la seguridad ciudadana? Desde luego ha quedado claro que para el gobierno y su presidente el orden es lo primero.

Al término del Estado de excepción, como era previsible, los militares no se retiraron y por orden del presidente se integraron a las “tareas de reconstrucción” enunciado bastante impreciso que ha asegurado su asentamiento en la población, y que ha significado que se perciba la presencia del ejército en tareas propias de los civiles, no sólo como benéfica sino que altamente necesaria.

La presencia de altos militares en retiro, en cargos que tradicionalmente fueron ocupados por civiles, es otra de las medidas tomadas por Piñera y que recuerdan la tan comentada reunión que tuvo con el Alto Mando del Ejército. ¿Qué fue lo que se acordó en dicha reunión? ¿Existió alguna transacción? El general en retiro Hernán Cheyre dijo en una entrevista que no había que desperdiciar la experiencia que tenía el ejército. ¿Incluye esa experiencia los 17 años del gobierno de Pinochet?

Lo que está pasando en este país después del 27/02 es tanto o peor que el terremoto. El desprestigio que se va instalando sobre las capacidades del aparato estatal, para resolver los problemas de la ciudadanía y dar paso a la eficiencia del sector privado y de los emprendedores, más la decisión de favorecer a los empresarios y a los dueños de las grandes cadenas comerciales en detrimento de las PYMES están conformando efectivamente “una nueva forma de gobernar”.

Finalmente hay que señalar la indefensión en que se encuentran los habitantes de este país frente a los medios de comunicación de masas. Esta situación hace imperioso que se efectúe un fuerte debate en torno a cuestiones relevantes para el cuerpo social, lo cual hace necesario que el país se aboque a una gran reconstrucción: la reconstrucción de las organizaciones sociales, única forma de tener verdadera participación en la solución de los intereses de la comunidad. Si no es así, Chile habrá sufrido un apretón grado 15.

Por Luisa Bustamante, egresada de Sociología, Universidad ARCIS y diplomada en Estudios Griegos y Bizantinos, Universidad de Chile.
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Cinco periodistas asesinados en Honduras en el solo mes de marzo, 150 ejecuciones extrajudiciales desde el golpe del 28 de junio, todas atribuidas a los organismos de represión y a paramilitares contratados por el régimen, no son suficientes para llamar la atención de la prensa comercial del continente que arremete contra Cuba y Venezuela.

Mientras el mecanismo de propaganda del Departamento de Estado, apoyado por las agencias internacionales, las cadenas internacionales de órganos de prensa comerciales y su red de clientes  regionales  multiplica los titulares contra las naciones progresistas y reporta a la violencia en Honduras  fuera de su contexto político, la Resistencia hondureña reclama a gritos manifestaciones de solidaridad internacional ante las ejecuciones cometidas a diario por el aparato represivo articulado por los golpistas.

En los últimos días  tanto el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) como el colectivo de Artistas en Resistencia y otras organizaciones, han emitido condenas a la escalada de violencia desencadenada por el gobierno de ¨Pepe¨ Lobo con un enorme  saldo de muertos y heridos.

La prensa hondureña ha sido la primera víctima de la ola de asesinatos de las últimas semanas.  El 1 de marzo fue baleado el periodista Joseph Hernández y herida la colega Carol Cabrera; el 10, fue asesinado David Enrique Meza; el lunes 15, Nahum Palacios Arteaga mientras José Bayardo Mairena y Manuel de Jesús Juárez fueron ejecutados el viernes 27 de marzo.

Otro periodista, José Alemán tuvo que abandonar el país precipitadamente, después de que sicarios  intentaran asesinarlo en plena calle, luego de tirotear su domicilio. Por colmo, agentes de una estación de la policía donde busco refugio le dijeron que eran incapaces de garantizar su seguridad.

Los grupos de resistencia han denunciado al Secretario de Seguridad, Óscar Álvarez, responsable del sistema de represión heredado del régimen dictatorial de Roberto Micheletti que mantiene en plena actividad.

 Poco después del asalto a la Casa Presidencial por los golpistas, el 28 de junio de 2009, cuando el Presidente Manuel Zelaya fue sorprendido en su casa y expulsado del país, con la complicidad de Estados Unidos, varios medios de prensa, entre ellos Radio Globo y el Canal 36, fueron cerrados en redadas salvajes.

Por otro lado, los dueños de todos los principales medios de comunicaciones fueron parte de la conspiración. No solo dieron a Micheletti un apoyo absoluto sino que el principal representante de esta prensa ultraderechista, Jorge Canahuati, fue hasta pagar de su propio bolsillo parte de la campaña de cabildeo que se desarrolló entonces en Washington a favor de la dictadura.

En cuanto a los autoproclamados ¨defensores de la prensa¨ tales como Reporteros Sin Fronteras, el Committee to Protect Journalists, la Sociedad Interamericana de prensa, todos observan una discreción, diametralmente distinta a la actitud constantemente agresiva y politizada demostrada contra Cuba y Venezuela, que solo confirma su  vinculación con el aparato de inteligencia norteamericano.

 Llama la atención como, de parte de estas organizaciones que se benefician de una cobertura integral de parte de las grandes agencias de prensa, se evita a todo costo politizar sus discretas solicitudes de investigaciones dirigidas a las propias autoridades hondureñas que, según la resistencia popular, generan la masacre.

Para la Plataforma de Derechos Humanos,  se trata de una "estrategia de terror, inmovilización y persecución contra opositores al golpe de Estado y gobierno de facto¨ ante la cual se pide ¨la intervención de la comunidad internacional y de los organismos internacionales de derechos humanos para que el régimen actual detenga esta ola de criminalidad e investigue las muertes¨ de las víctimas.

Para evitar del derrumbe de su régimen golpista, Micheletti y sus cómplices golpistas fueron hasta recorrer a criminales tales como Billy Joya, creador con sus asesores norteamericanos de “Los Cobras”, comandos de elite entrenados para matar, y veterano miembro del siniestro batallón 3-16 creado por la CIA que persiguió, torturó y desapareció a cientos de hondureños en la guerra sucia de los años 80.

 Joya trabajo bajo las órdenes del embajador y oficial CIA John Negroponte quién dirigía la Contra nicaragüense desde la embajada norteamericana en Tegucigalpa.

 Implicado en la coordinación del golpe de estado de junio pasado, John Negroponte.trabaja actualmente como asesor de la Secretaria de Estado Hillary Clinton.

En Miami, donde radica la colonia de ex mandatarios corruptos, torturadores y asesinos más grande del continente, el silencio mediático es casi absoluto al igual que el de los políticos que hace apenas unos meses viajaban a Tegucigalpa a elogiar a Micheletti.

Ninguna investigación acerca de un agresión contra periodista desde el golpe de estado ha llevado al arresto de un solo sospechoso.

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Domingo, 28 Marzo 2010 06:49

Siguen

Siguen llegando noticias escalofriantes desde Honduras. Hace tres semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había denunciado que existe una acción coordinada de fuerzas represivas para secuestrar, violar, torturar y asesinar a los hijos e hijas de militantes del Frente para la Resistencia. Ahora nos enteramos del asesinato de tres periodistas en la primera quincena de marzo. Y cómo los mataron.

El viernes se sumaron dos nuevas muertes. Los periodistas Bayardo Mairena y Manuel Juárez aparecieron baleados dentro de un auto cuando regresaban a la ciudad de Julticalpa, en el departamento de Olancho. Venían de la ciudad vecina de Catacamas de transmitir un programa de radio.

Según denuncia un grupo de organizaciones de derechos humanos europeas, casi treinta balazos de AK-47 contra Nahúm Palacios, más de cuarenta tiros a Joseph Ochoa y, ejecutado “en similares circunstancias que las de Palacios”, David Meza Montecinos.

El caso Nahúm Palacios da una idea del nivel de impunidad de que gozan las fuerzas represivas.

“El pasado domingo, 14 de marzo, a las 11 de la noche fue asesinado el periodista Nahúm Palacios, quien fue director del Canal 5 de televisión en el Aguán. Según fuentes policiales, los criminales le asestaron casi treinta balazos de AK-47 antes de que llegara a su vivienda en el barrio Los Pinos de Tocoa, mientras conducía su vehículo. La persona que lo acompañaba fue gravemente herida. Desde el golpe de Estado el 28 de junio del 2009, Nahúm Palacios había sido víctima de múltiples amenazas y atropellos por parte de los militares de la zona, en particular por el mismo capitán tercero de la Base Naval de Castilla, quien además ordenó la detención de cuatro miembros de Televisora del Aguán, Canal 5, tal como fue documentado posteriormente en el informe que entregamos el 7 de agosto del 2009 a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, por su parte, exigió al Estado hondureño decretar medidas cautelares de protección a favor del periodista Palacios. En su informe del 20 de enero del 2010, la CIDH hizo referencia explícita al caso de Nahúm Palacios y el Canal 5 en los siguientes términos: “En el departamento de Colón, al menos dos canales fueron obligados a cortar su transmisión por varios días. Tal fue lo que sucedió con el Canal La Cumbre y Televisora de Aguán, Canal 5. Nahúm Palacios, director de Canal 5, relató a la CIDH que el 28 de junio “varios miembros de las Fuerzas Armadas ingresaron al canal” y lo “obligaron a cortar la transmisión”. Durante los últimos días, Palacios transmitió vasta información sobre el conflicto agrario en el Bajo Aguán.

La noticia sale de un comunicado de organizaciones humanitarias encabezadas por la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México. No se lee en los grandes diarios, sino que aparece, entre los correos basura, en la casilla de esta columna.

El caso de Ochoa está también lejos de esclarecerse. El blanco del ataque del 5 de marzo aparentemente era la persona que viajaba con él y que resultó gravemente herida, Karol Cabrera, una conductora televisiva que había apoyado el golpe de Estado. Pero la conductora también había sufrido el asesinato de su hija en diciembre y en ese caso, que tampoco se esclareció, los investigadores no encontraron pruebas de una motivación política. Por eso no queda claro si el asesinato de Ochoa está relacionado con la periodista que lo acompañaba, o si está vinculado con los problemas familiares de la periodista, aunque Cabrera culpó a “partidarios de Zelaya”, en referencia al presidente derrocado.

En el mismo día en que sucedió, el caso Ochoa fue denunciado por el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York. Lamentablemente, el asesinato de Nahúm Palacios no recibió el mismo tratamiento por parte del CPJ, pese a que en el caso de Palacios la relación entre su muerte y su trabajo de periodista es clarísima, mucho más que en el caso de Ochoa.

A esta altura, lo menos que puede decirse de este régimen que gobierna Honduras es que nació en terapia intensiva y sobrevive con pulmotor. Cuando el gobierno de Estados Unidos decidió avalar las elecciones de noviembre pasado, debió saber que hoy gobernarían los sectores que llevaron adelante el golpe y que buscarían continuar con la política estatal de represión abierta y clandestina que tantos resultados les trajo durante la dictadura. Debió saber también que esa política represiva, a la larga o a la corta, genera respuestas.

¿Qué otra cosa puede esperarse de un gobierno elegido bajo estado de sitio y con el presidente legítimo encerrado en una embajada rodeada de milicos? Pero da la impresión de que lo único que le importa a Washington es el compromiso del presidente Porfirio Lobo de retirarse de Petro Caribe y el ALBA, esto es, borrar cualquier vestigio de chavismo en el país, esto es, frenar a cualquier costo la expansión del chavismo en la región, como si fuera una remake de la Guerra Fría y su triste capítulo centroamericano. Por eso presiona a sus clientes centroamericanos para que pidan la readmisión de Honduras a la Organización de los Estados Americanos. Por eso deja hacer a Lobo y a su secretario de Seguridad de super-mano dura, Oscar Alvarez.

Resultado: el periodista de la Resistencia Nahúm Palacios muere bajo una lluvia de balazos, pagando el precio de haberse atrevido a denunciar la censura ante un organismo internacional. Tres periodistas acribillados a balazos en menos de un mes.

Podría llamar la atención que ante semejante agresión, para colmo en las narices de la CIDH, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no haya encontrado tiempo para pronunciarse. Sin embargo, el organismo que nuclea a los grandes medios de la región, empezando por los estadounidenses, parece priorizar otras libertades por encima del derecho a no ser asesinado por expresar una opinión. Denuncia regularmente a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, a veces con razón, de atropellos a sus empresas y sus periodistas. La página web de la SIP está llena de información sobre esos países. Pero sólo le dedica dos párrafos a la situación en Honduras en un informe colgado hace doce meses. La mención es para el asesinato del periodista Carlos Salgado, ocurrido un año y medio antes del golpe, por razones aún desconocidas. En ese caso la SIP, tardíamente y sin demasiadas precisiones, decidió “requerir a las autoridades que profundicen y avancen en las investigaciones del asesinato de Carlos Salgado hasta dar con los culpables intelectuales y materiales y conocer los móviles del crimen; así como a garantizar la seguridad de los periodistas”. Salgado era un locutor radial, comentarista y humorista que molestaba a muchos políticos, incluyendo a Manuel Zelaya, el entonces presidente que luego sería derrocado por el golpe.

Está muy bien que la SIP lo recuerde, pero su página web nada dice de la feroz censura y represión desatada por el golpe de junio del 2009, empezando con la alevosa toma militar de estaciones de radio y televisión que criticaban a los golpistas, la descarada represión y detención de los periodistas que cubrían las protestas, y la grosera interrupción de señales internacionales en el mismo momento en que el dictador Goriletti usurpaba el poder. Tampoco dice nada sobre la seguidilla de asesinatos que inauguró la presidencia de Lobo.

Tampoco parece importarles demasiado a las organizaciones para la defensa de los periodistas que afloraron en los últimos años en la región, tanto las que reciben financiamiento del Departamento de Estado estadounidense como las más independientes.

Y los poderes que apuntalan al gobierno hondureño no hacen nada y los grandes medios no dicen nada mientras mueren en Honduras los hijos e hijas de los militantes de la Resistencia. Y mientras mueren, también, los periodistas que denuncian esas muertes. Y siguen. Y no pasa nada.

Por Santiago O’Donnell
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Lunes, 25 Enero 2010 06:55

Cómo explicar lo inexplicable

Una porción del territorio que pertenece a la comunidad mapuche Paichil Antriao, instalada la mayor parte en el cerro Belvedere, en la ciudad neuquina de Villa La Angostura, se encuentra con presencia policial y, el último lunes, volvió a ser centro de un violento operativo de represión, esta vez en uno de sus lugares sagrados. El pasado 2 de diciembre, los habitantes de la comunidad sufrieron un violento desalojo, tal como lo informó Página/12. Desde ese momento, la presencia de la policía en tierra mapuche y sus intimidaciones se hicieron una constante. No obstante, hace unos diez días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó involucrarse en el asunto y pidió un informe al Estado argentino en el que se detalle la situación territorial y los actos de agresión denunciados. El Gobierno tenía plazo hasta el viernes para presentar la documentación, afirmó el abogado de la comunidad.

Las 625 hectáreas originarias de la comunidad Paichil Antriao, otorgadas a sus primeros pobladores a principios del siglo XX por el Gobierno nacional, fueron reducidas hasta llegar a 222. Sin embargo, hoy la comunidad mapuche pelea por conservar esa porción de tierra, ubicada la mayor parte en el cerro Belverede. El crecimiento de Villa La Angostura, especialmente el centro de su casco urbano, se hizo a expensas del territorio propiedad de los Paichil Antriao.

Una parte de esas 222 hectáreas mapuches que les pertenecen por escritura gubernamental, sin embargo, fue destinada por la Justicia al norteamericano William Fisher, “en un juicio en el que no se permitió la participación de la comunidad mapuche”, explicó a Página/12 su abogado, Juan Manuel Salgado. Desde ese momento, y ante el incumplimiento de la ley nacional 26.160 –que prohíbe el desalojo de las comunidades indígenas– y de los tratados internacionales, el Lof y la Confederación Mapuche de Neuquén efectuaron las denuncias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión se expidió el 12 de enero pasado, otorgando 10 días al gobierno nacional para que enviara un informe que especifique, según la notificación, “las medidas que se han tomado respecto de los actos de agresión denunciados (...)”. Otro punto es si se ha cumplido o no con la ley nacional 26.160. Y por último, se solicita “el estado de la revisión territorial para formalizar la titulación de la Comunidad (...)”. Sin embargo, “el relevamiento del territorio que corresponde a los indígenas –a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)– debería haberse terminado a fines de 2009, pero aún no se empezó”, aseguró Salgado. “Esto sucede porque el gobierno provincial pone todos los obstáculos legales y políticos”, ya que el relevamiento “implicaría hacer una historia de cómo se fueron entregando las tierras”, aseguró.

Tal como lo publicó este diario, alrededor de 70 efectivos policiales, el 2 de diciembre, se hicieron presentes en el cerro Belvedere para hacer cumplir la orden de desalojo, dictada por el juez Jorge Videla, del Juzgado Multifueros. Este episodio –y más que el episodio, los propios mapuches– quedó marcado por la violencia policial, que arrasó con viviendas y mapuches. Desde ese momento, la comunidad convive con una presencia policial constante en el lugar, que desató “dos ataques más”, según informó Amandina Gutiérrez, una de las integrantes de la comunidad.

El cuarto y último episodio sucedió el pasado lunes, cuando la comunidad fue a defender uno de sus lugares sagrados, el Rewe, donde los antiguos pobladores hacían sus ceremonias. Cuando se enteraron de que Fisher había instalado en él maquinarias para la remoción del suelo y la apertura de caminos, los pobladores decidieron protegerlo. Presentaron un hábeas corpus en el Juzgado Multifuero, que posteriormente fue rechazado. “Luego –explicó Gutiérrez–, nos dirigimos al lugar para dialogar y explicarles la importancia de ese espacio, que no debe ser tocado de ninguna forma.” Pero “nos dieron cinco minutos para dejar el lugar y después fuimos sacados por la policía local y efectivos de Grupos Especiales, utilizando balas de goma”. Al día siguiente, las máquinas de Fisher siguieron trabajando durante todo la jornada en “la destrucción de ese sitio histórico”, aseguró María Isabel Huala, otra mujer de la comunidad.

En medio de estos continuos atropellos, la comunidad Paichil Antriao exige la efectiva intervención del Estado, al que exige el inmediato cese de la criminalización, hostigamiento, represión y despojo de sus tierras.

Informe: Rocío Ilama.
 
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Domingo, 10 Enero 2010 08:45

Con Cuba en el corazón

La crisis mundial –que continuará algunos años más– golpeará con fuerza particular a los países caribeños. Las pocas materias primas que exportan rendirán menos divisas mientras que la factura por el combustible que casi todos importan seguirá siendo la misma. Los ingresos provenientes del turismo, en todos ellos, y los que se obtienen, en el caso cubano, con la ayuda técnica (médica y en la enseñanza), tenderán a estancarse o a disminuir. Al mismo tiempo, el cambio climático aumentará la fuerza devastadora de los huracanes y provocará sequías e inundaciones que tendrán efectos particularmente duros para los frágiles suelos tropicales y dificultarán el autoabstecimiento alimentario. Para algunos países, como República Dominicana o Haití, incluso la desgarradora solución de la emigración será más difícil ante la crisis de los países que hasta ahora acogían como mano de obra barata, empleadas domésticas o prostitutas a los menos pobres de esas regiones caribeñas, que por lo menos podían pagarse la emigración. Para otros, como Cuba, las nuevas facilidades para las visitas de familiares residentes en Estados Unidos, que llegan cargados de regalos, aumentarán las diferencias sociales internas en la isla, constituirán una poderosa herramienta para la presión política, moral, cultural estadunidense en favor de un consumismo que la relativa igualdad y la austeridad del régimen cubano obstaculizan y serán un disolvente de los elementos –como la solidaridad, la defensa intransigente de la independencia, el orgullo nacional– que desde la Revolución dan la base para el consenso mayoritario que aún tiene el gobierno. Porque, aunque casi todos los cubanos, cotidianamente, viven protestando contra las enormes dificultades materiales y las trabas burocráticas que les afligen y no esperan ninguna solución mágica de parte de los responsables de tantos errores pasados, la inmensa mayoría de ellos rechaza resueltamente la transformación de Cuba en otro Haití u otro Puerto Rico, a la rastra del imperialismo en descomposición.

Pero ese consenso negativo (no por las ventajas de hoy sino para evitar una situación peor) para no desaparecer en la ola de la decepción, la desmoralización y despolitización, la necesidad de arreglarse como sea y la atracción de los consumos y despilfarros que Cuba no se puede permitir, necesita ser alimentado por el idealismo y la participación de la juventud, por un lado, y apoyarse, por otro, en el optimismo que derivará de una mejora en algunos aspectos esenciales de la vida económica cotidiana (abastecimiento, salarios) y de los derechos democráticos y de ciudadanía (libre discusión para encontrar y organizar soluciones, participación plena, reducción del peso asfixiante de la burocracia).

La crisis, además, está obligando al gobierno a eliminar o reducir fuertemente salarios indirectos (como la gratuidad de servicios) y elementos igualitarios (como la libreta para los alimentos racionados) vigentes durante decenios y considerados elementos necesarios para el socialismo. Ahora el mercado es el que dicta las reglas, incluso en el trabajo, donde se gana según la productividad cuando la gran batalla histórica del sindicalismo en los países capitalistas ha consistido en imponer la idea de a igual trabajo, igual salario y de la reducción del abanico salarial, fijando además salarios básicos altos, para defender a los más débiles, viejos, menos preparados en la competencia por la productividad.

Lo peor es que esos retrocesos forzosos, impuestos por la crisis, son presentados a veces como una eliminación de despilfarros y errores, lo cual afecta el lazo entre los jóvenes y los trabajadores y el Estado e introduce un ulterior elemento de desigualdad social Las constricciones económicas podrían, sin embargo, ser toleradas, a condición de que todos vean que son para todos por igual, de que la lucha contra los despilfarros comienza por la eliminación de la corrupción en las capas burocráticas. Pero, sobre todo, a condición de que pueda desarrollarse sin trabas el impulso creador, la innovación, la capacidad política de masas para dar confianza en sí misma y un objetivo a una juventud, sobre todo urbana, que no vivió el pasado capitalista ni la mística revolucionaria de los primeros años y sólo recuerda la capa de plomo de la burocracia a la soviética y la larguísima crisis económica imperante desde hace 30 años.

El imperialismo intenta utilizar la crisis capitalista para hacer pie en la isla (en los sectores privilegiados, a los que corrompe, y en los más pobres, a los que también corrompe con sus ofertas de consumo). No es posible olvidar esa guerra permanente de Washington para reconquistar Cuba y, por supuesto, las medidas estatales de defensa son necesarias y legítimas. Pero el control policial y el contraespionaje no son las armas fundamentales para la defensa de Cuba: éstas son el consenso movilizado, la participación política libre y revolucionaria de la juventud, el patriotismo de todo el pueblo.

Por eso es necesario una prensa creíble, que informe, critique, forme. Por eso es indispensable la plena libertad de crítica y de propuestas de los intelectuales revolucionarios que, en un último manifiesto, hablan incluso de autogestión y de consejos para hacer avanzar la revolución. No se puede confundir a los que quieren hacer avanzar el proceso con los que, mirando hacia Washington, buscan que éste descarrile. No se puede pretender, sin asfixiar las fuerzas de la revolución que sólo pueden desarrollarse en democracia, que rija un pensamiento único, el de los aparatos estatales-partidarios, declarados infalibles a pesar de todos sus errores del pasado. ¡Libre paso al pensamiento crítico! Hay que acabar urgentemente con los restos en descomposición del estalinismo, importados y reforzados por la influencia soviética.

Por Guillermo Almeyra

 
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A fines de 2009 una voz de protesta se levantó para denunciar la represión de los pueblos indígenas. Según el pronunciamiento, “pertenecer a un pueblo indígena se está poniendo peligroso en Panamá. Por un lado, de un plumazo se borra el Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Por el otro, como en tiempos de la colonia española se quemaban códices mayas, los grabados indígenas, la historia, la lengua. Lucy Molinar, la actual ministra de Educación, está prohibiendo soñar, hablar, escribir en lengua kuna, ngobe, emberá, buglé, bri bri a las siguientes generaciones”.
 
Hay otras voces en el país que protestan porque esa realidad que golpea a los pueblos indígenas es la misma que sufre todo el pueblo panameño. Ser panameño se está poniendo peligroso. De un plumazo se cierran escuelas por falta de mantenimiento, se borran los programas de historia que no se ajustan a los nuevos gobernantes, la filosofía es un lujo de tiempos pasados y el español se convirtió en redundante.      
 
Según la voz profunda de los pueblos originarios “ser miembro de una comunidad indígena es imposible. Ni pensar de participar en ceremonias, practicar danzas ancestrales, contar cuentos a orillas de las nubes, beber agua fresca de las cordilleras. En pleno corazón de la Comarca Ngóbe Bugle, el gobierno anunció la apertura de la mina Cerro Colorado, sin importarle los poblados indígenas que se encuentran aledaños. Ser indígena para el Estado significa: invasor, errante, extranjero en sus propias tierras y territorios”.
 
En el resto de la República se llegan a los mismos extremos. Es imposible tener acceso a un empleo decente. La flexibilización en las empresas privadas está al orden del día y la “terciarización” es la nueva carta de presentación en el sector público. En las áreas más céntricas de las ciudades, la población no cuenta con servicios de agua potable, el alcantarillado ha sido abandonado, el transporte público se deteriora , los servicios de salud se hacen inaccesibles y las escuelas son vandalizadas. Las comunidades del país se han convertido en peligros para sus habitantes. Pareciera que fuera una población sobrante que los gobiernos han entregado al crimen organizado.
 
La protesta indígena señala que “ser del pueblo naso implica peligro para la empresa Ganadera Bocas S. A., porque violenta el derecho a la propiedad privada que está por encima de la propiedad colectiva... Nade vale que la nación naso estuviera antes de la creación del Estado panameño, mucho antes de la invasión y colonización española, mucho antes que esta empresa comprara esas tierras. Ser del pueblo naso significa para el gobierno: Pueblo en vía de extinción”.
 
En el resto del país el acaparamiento, pillaje y el asalto está al orden del día. En sesiones extraordinarias, celebradas durante la última semana del año 2009, la Asamblea de Diputados aprobó el proyecto de ley que convierte – inconstitucionalmente – todas las costas, islas y riberas en coto para el enriquecimiento de unos pocos especuladores. El presidente Martinelli sancionó la ley y la mandó a publicar en la Gazeta Oficial. Los piratas ahora tienen patente de corso.
 
Las protestas de los pueblos indígenas sirven de lección para los panameños que todavía no despiertan ante el despojo violento, el crimen organizado y los ajusticiamientos cotidianos de los cuales son víctimas. El costo de la vida aumenta, el precio de la canasta básica sube constantemente y el empelo escasea. La inseguridad que se vive en el país – al igual que en las comarcas indígenas – es el resultado de las políticas públicas que hay que cambiar en 2010. Si el actual gobierno no asume su responsabilidad, entonces el pueblo tiene que organizarse para iniciar la marcha hacia 2014 y elegir nuevos mandatarios con visión de país.
 
Ser ngobe, emberá, naso, kuna – panameño - es ver, oler, oír, sentir la tierra como un ser viviente, Nuestra Madre Tierra.
 
Panamá 7 de enero de 2010.
Por Marco A. Gandásegui, hijo, es Profesor de la Universidad de Panamá e investigador asociado del CELA
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Domingo, 15 Noviembre 2009 13:49

Hacia la reconstrucción de la nación mapuche

Miles de mapuche llegaron al mediodía del 22 de octubre hasta la Intendencia Regional en Temuco (capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago) para rechazar la violencia de Carabineros que disparan perdigones contra niños. "Tras llegar hasta el centro de la ciudad, un grupo de niños mapuche de comunidades de Ercilla, abrió un saco que contenía restos de más de 200 bombas lacrimógenas, cartuchos y casquillos de balas policiales, según el periódico Azkintuwe" [1].

La manifestación, convocada por la Alianza Territorial Mapuche, tenía por objetivo desmentir a las autoridades que han afirmado que no existen casos de niños heridos por la intervención de carabineros en la zona. El lonko (autoridad mapuche) Juan Catrillanca, señaló que en un allanamiento, siete de los niños de la escuela resultaron heridos con perdigones y por eso encabezaron esta marcha, vigilada por un fuerte contingente de carabineros.

"No tenemos miedo al Estado chileno y su violencia, nuestro camino avanza hacia la liberación nacional mapuche. Sabemos que seguiremos resistiendo en nuestras comunidades", dijo a la multitud el werken (consejero) de la Alianza, Mijael Carbone.

"Aquí estamos todos, aquí están los niños heridos, todos pueden verlos, aquí está mi hijo Pablo con un ojo menos, están las madres de los bebés que fueron gaseados hace una semana en Temucuicui, está Carlos Curinao, golpeado brutalmente por la policía el mismo día, todos sin atención médica suficiente. Hemos venido pacíficamente a exigir respeto una vez más", señaló Catrillanca [2].

Pese a que las autoridades lo niegan, tanto la iglesia católica como organismos internacionales confirmaron que hubo niños heridos con balines. Gary Stahl, representante de UNICEF en Chile fue muy claro: "Para que no haya otra generación de chilenos marcada por la violencia, tenemos que saber qué ha pasado y buscar una solución para que esto no vuelva a pasar en el futuro" [3]. El día 5 de octubre un niño de 14 años de la comunidad Rofué, fue baleado, detenido, subido a un helicóptero, golpeado, amarrado y amenazado por los carabineros con lanzarlo a tierra si no daba nombres de las personas que a esa hora participaban de la toma del fundo Santa Lucía [4].

Organismos de derechos humanos constataron decenas de casos, en los dos últimos años, en los que menores son baleados con perdigones y golpeados por el cuerpo de carabineros, la policía militarizada chilena. "Hasta el momento no hemos visto ninguna investigación imparcial para saber qué ha pasado", agregó Stahl luego de exigir al gobierno de Michelle Bachelet, en nombre de Unicef, que tome medidas para asegurar la protección de los niños mapuche [5]. La indignación desbordó las barreras étnicas esa semana, cuando el Ministerio del Interior acusó a los padres mapuche de usar a sus hijos como "escudos" en las tomas de tierras, lo que provocó una ola de indignación que recorrió el país de sur a norte.

Tierra y pobreza en la Araucanía

La pobreza en Chile alcanza al 22,7% de la población, pero entre los indígenas llega al 35,6%. Las familias indígenas reciben casi la mitad de ingresos que las no indígenas. La escolarización de los no indígenas está 2,2 años por debajo del promedio nacional que es de 9,5 años y sólo el 3% de la población rural mapuche de 15 años tiene alguna educación pos-secundaria. Sólo el 41% de las viviendas indígenas tiene alcantarillado y el 65% electricidad. La mortalidad infantil en algunos municipios indígenas supera en 50% a la media nacional [6].

El índice de desarrollo humano de la población mapuche es inferior al de la población no indígena (0,642 frente a 0,736). El más bajo del país se encuentra en las áreas rurales de la Araucanía (el territorio mapuche al sur del Bio Bio), siendo de 0,549, pero el de la mujer mapuche rural es más bajo aún, de 0,513. Además de pobres están discriminados, de modo "casi total en los medios de comunicación, en particular la televisión" [7]. Los mapuche no tienen representación en el Parlamento.

Sin embargo, el Estado ha encarado una activa política a favor de los pueblos indígenas y del pueblo mapuche en particular. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) a través de su Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, ha traspasado desde 1994, unas 200.000 hectáreas a los mapuche que han favorecido a más de 10.000 familias. La cifra es insuficiente ya que se estima que harían falta otras 200.000 hectáreas más. Además, muchas se titulan de forma individual y no comunal, el proceso es muy lento, deja fuera a muchas comunidades y no existen programas de apoyo [8].

Entre los mapuche hay quejas porque ninguno de los programas oficiales es consultado con las comunidades. Un balance de las políticas estatales, permitió en 2003 al relator especial de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, concluir que "a pesar de haberse producido importantes avances durante los últimos diez años, éstos continúan viviendo una situación de marginación y negación que los mantiene apartados significativamente del resto del país" [9].

La situación se ve agravada por la impresionante expansión forestal que vive el sur de Chile desde hace tres decenios. En 1960 cada familia mapuche tenía un promedio de 9,2 hectáreas aunque el Estado sostenía que necesitaban 50 hectáreas para vivir dignamente. Entre 1979 y 1986 a cada familia le correspondían 5,3 hectáreas, superficie que en la actualidad se reduce a sólo 3 hectáreas de tierra por familia. Bajo la dictadura los mapuche perdieron 200.000 de las 300.000 hectáreas que aún conservaban. El avance de las forestales y las hidroeléctricas sobre sus tierras, provocan un aumento exponencial de la pobreza y la emigración.

Actualmente hay dos millones de hectáreas de monocultivo forestal en la Araucanía en manos de tres grandes empresas. El conjunto de las tierras mapuche no llega a 500.000 hectáreas, donde viven unos 250 .000 comuneros en unas dos mil reservas que son islotes en un mar de pinos y eucaliptos. "El 70% de las entidades territoriales mapuche son directamente afectadas por el impacto ambiental producto de la penetración de las empresas forestales", que alteran el ecosistema, ya que "el bosque artificial seca sus esteros y pozos, los aísla geográficamente y contamina el suelo," según el investigador Juan Calbucura [10].

Los niños en el centro del conflicto


Sobre ese escenario se desarrolla una constante pugna de las comunidades para recuperar las tierras ancestrales que les pertenecieron hasta hace apenas veinte o treinta. Esa lucha choca con las grandes empresas forestales y con el Estado chileno que las apoya. El resultado es una creciente militarización de las comunidades más activas. Este año se registró un importante crecimiento del activismo mapuche.

En julio, un centenar de delegados de comunidades entregaron una carta a la presidenta Bachelet que se interpretó como el inicio de un vasto proceso de recuperación de tierras. En agosto mataron al dirigente mapuche Jaime Facundo Mendoza mientras el Grupo de Operaciones Especiales desocupaba un predio que habían tomado decenas de familias en la zona de Ercilla. El funeral fue impresionante: duró cuatro días y acudieron miles de comuneros de toda la Araucanía, en especial comunidades de la recién creada Alianza Territorial Mapuche, nueva organización que agrupa entre 60 y 120 comunidades.

Pero acudieron también otros grupos, como el Consejo de Todas las Tierras, que ganó protagonismo en la década de 1990, y la más radical Coordinadora Arauco Malleco, creada en 1998, que recientemente declaró la guerra al Estado de Chile. Pero, sobre todo, estuvieron decenas de asociaciones culturales, autoridades tradicionales, hogares de estudiantes universitarios y el Partido Nacionalista Mapuche Wallmapuwen.

El 12 de octubre se manifestaron en Santiago unas diez mil personas convocadas por Meli Wixan Mapu, organización mapuche urbana, a la que acudió un amplio espectro de grupos indígenas y sociales, en la mayor manifestación de los últimos años en el país. Signo de los tiempos y del prestigio de la lucha mapuche, ahí estaba la Garra Blanca, la hinchada del Colo Colo haciendo flamear sus banderas en la Alameda, junto a banderas mapuche y pancartas alusivas al conflicto y denunciando los festejos oficiales del bicentenario de la independencia [11].

Ésta es una de las características más destacadas del tramo actual del conflicto mapuche: la creciente participación de winkas (blancos), en solidaridad ante la represión estatal que utiliza métodos y leyes del pinochetismo, como la Ley Antiterrorista. En Chile se debate si corresponde aplicar esa legislación a acciones que violentan bienes (camiones, predios forestados, etc.) pero no atentan contra personas.

Casi medio centenar de presos mapuche puebla las cárceles, porque el Estado responde a las ocupaciones de tierras con represalias masivas contra comunidades enteras. Varios niños fueron golpeados juntos a sus madres el día 16, como sucede cada vez que Carabineros entra a comunidades de la comuna de Ercilla y disparan indiscriminadamente. Ese día llegaron hasta la escuela de Temucuicui y comenzaron a disparar balines, dejando doce heridos y 30 asfixiados, la mayoría niños [12]. Esa acción le valió al gobierno una reprimenda de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que se suma a las recomendaciones del Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas, emitida en mayo pasado, para que las fuerzas de seguridad cesen el maltrato al pueblo mapuche [13].

Convenio 169: ¿un paso adelante?


En setiembre entró en vigor el convenio 169 de la OIT que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Chile fue el último país de Sudamérica en los que viven indígenas en aprobar esta legislación, con 20 años de retraso. Llama la atención que los gobiernos de la Concertación Democrática siempre fueron remisos a adoptar una legislación que fue aprobada ya en 1991 en Bolivia y Colombia, pese a que tenían en ese momento gobiernos conservadores.

Bartolomé Clavero, jurista e historiador español miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, sostiene en un reciente artículo que el mismo día que entró en vigor el Convenio 169, "el gobierno publica, sin la debida consulta ni por tanto el consentimiento por parte indígena, el Reglamento que regula la consulta y la participación de los pueblos indígenas. Lo hace precisamente, a la vista de su contenido, para reservarse mecanismos de control de futuras consultas" [14].

Clavero asegura que el actual Relator Especial de Naciones Unidas, James Anaya, mantuvo un extenso diálogo con el gobierno advirtiendo que el reglamento del Convenio 169 debía ser consultado con los pueblos indígenas. Y agrega: "La del Reglamento del Convenio no es la primera prueba de mala fe que el primero, el Gobierno de Chile, hace impasiblemente gala en sus relaciones con mecanismos internacionales de derechos humanos por cuanto interesa a los pueblos indígenas".

En su opinión, el gobierno busca "una reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas sin el reconocimiento de sus derechos". Por eso habla de "mala fe", ya que se reconoce algo formalmente para negarlo por la vía de los hechos. Concluye: "La mala fe juega en efecto a dos bandas, contra los pueblos indígenas y frente a instituciones internacionales de derechos humanos". En su informe posterior a la visita a Chile, el Relator Especial James Anaya encuentra "un nivel significativo de desconfianza, descontento y hasta rechazo de los planes, programas y políticas del Gobierno de parte de los pueblos indígenas", que atribuye a las erradas políticas oficiales [15]

Si éste es el lenguaje que utilizan prestigiosos juristas internacionales, puede imaginarse lo que sienten los activistas mapuche, cuando comprueban que se pretenden reconocer los aportes de los pueblos originarios en la creación de la nación chilena, pero se niega que esos pueblos sean sujetos de derechos. "La ola represiva", señala la página Mapuexpress.cl, es una cortina para encubrir lo que denominan como "golpe de Estado constitucional contra los pueblos indígenas y sus derechos" [16].

Una nueva generación

En este nuevo ciclo de luchas ha comenzado a terciar una nueva generación que, como señala el diario La Segunda, "se arma de títulos universitarios para defender la causa indígena" [17]. Sólo en la ciudad sureña de Temuco hay cuatro hogares autogestionados con 220 estudiantes. Suelen cursar preferentemente antropología, derecho y periodismo, durante sus carreras redescubren la historia mapuche, entre otras cosas que la llamada "Pacificación de la Araucanía", llevada adelante por la República a fines del siglo XIX, fue una guerra de exterminio contra su pueblo.

De la mano de esta generación aparecen nuevos temas y conceptos: la lucha por recuperar la tierra es para reconstruir el territorio mapuche, o sea la "nación"; defienden la autonomía, tanto de los partidos políticos, como a escala general, del Estado chileno; apuestan no sólo a mantener viva la cultura y la identidad, sino a reconstruirse como pueblo usando herramientas como el derecho ancestral. Es una generación urbana, y aunque el movimiento sigue teniendo un fuerte componente rural, las organizaciones citadinas crecen y se vinculan con los demás movimientos sociales.

Han construido una amplia red de medios digitales, radiofónicos y de prensa, algunos de mapuche en el exterior, y han tejido alianzas con organizaciones de la sociedad civil como la ONG Observatorio Ciudadano y muchas otras. Sus demandas son cada vez más políticas y las formulan en un nuevo lenguaje: "Restituir la territorialidad y autonomía de los pueblos indígenas de Chile, desmilitarización del territorio, retiro de las transnacionales, respeto de los derechos humanos del pueblo mapuche" [18].

Muestran una auténtica devoción por los estudios históricos, como suele suceder con todos los pueblos que recuperan su dignidad. El lonko Juan Catrillanca, de la emblemática comunidad de Temucuicui de Ercilla, y dirigente de la Alianza Territorial Mapuche, aseguró que su organización seguirá ocupando predios privados para que el gobierno les siga traspasando tierras. La Alianza invoca el Tratado de Tapihue, firmado entre el Estado chileno y el pueblo mapuche en 1825, para respetar la frontera existente en ese momento y permitir el tránsito y el comercio entre los habitantes de Chile y Wallmapu (País Mapuche).

Sostienen que ese tratado fue violado en 1881 cuando Chile invadió militarmente la Araucanía. "Queremos recuperar seis millones de hectáreas. Mientras, seguiremos con las tomas y sólo nos defenderemos con nuestros wiños (bastón de madera) y boleadoras", dijo Catrillanca en agosto, durante la presentación de la Alianza [19]. Como señala el historiador Víctor Toledo Llancaqueo, se está pasando de "tierras en conflicto" a "territorios en conflicto". [20]

Notas

[1] Azkintuwe, 22 de octubre de 2009.

[2] Idem.

[3] Diario La Nación, Santiago, 26 de octubre de 2009.

[4] Observatorio Ciudadano, "Hechos de violencia imputables a Carabineros de Chile que han afectado a niños mapuche en la región de la Araucanía (2007-2009)", Temuco, octubre de 2009.

[5] Diario La Nación, 26 de octubre.

[6] Jorge Calbucura y Fabien Le Bonniec, "Territorio y territorialidad en contexto post-colonial", Ñuke Mapuföralget Working Papers No. 30, Chile, 2009.

[7] Idem.

[8] Idem, p. 20.

[9] Citado por Jorge Calbucura, p. 23.

[10] Idem, p. 117.

[11] Diario La Nación, 13 de octubre de 1009.

[12] Observatorio Ciudadano, ob. cit.

[13] Mapuexpress, 24 de octubre de 2009.

[14] Bartolomé Clavero, ob. cit.

[15] James Anaya, ob. cit.

[16] Mapuexpresss, 3 de noviembre de 2009.

[17] La Segunda, 1 de setiembre de 2009 en www.lasegunda.com.

[18] Convergencia de las Culturas, Santiago, 23 de octubre de 2009.

[19] Azkintuwe, 15 de agosto de 2009.

[20] Víctor Toledo Llancaqueo, ob. cit. p. 103. La tierra es un espacio físico para producir. El territorio es un espacio integral (físico, cultural, religioso, simbólico). Toledo lo define como "un continuo espacial, un territorio con sus aguas, sus especies y sus suelos cultivables, como también su derecho a participar de las decisiones que afecten a ese territorio. Un territorio imaginado que se superpone al espacio real de plantaciones y al espacio diseñado de los límites administrativos, y que constituye la identidad a reconstruir".

Raúl Zibechi
International Relation Centers

Fuente: http://www.cetri.be/spip.php?article1408〈=es
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