Tegucigalpa, 12 de agosto. Alba Leticia Ochoa, 52 años, ingeniera agrónoma con estudios de posgrado en Costa Rica, camina altiva en medio de tres cobras: “¡Me llevan porque no ando con (cédula de) identidad!”, grita. Uno de los cobras –policías antimotines con uniformes camuflados, los más duros– intenta empujarla: “¡Voy caminando!”, se impone Alba Leticia, antes de traspasar la valla de militares que resguarda la sede del Congreso Nacional.

Adentro se la cobran. Frente a una pared, unas 15 personas están tiradas en el piso, sin camisas y sin zapatos, varios de ellos con lesiones por los macanazos recibidos (aunque, en rigor, los soldados no portan macanas, sino tubos. Dos policías quieren obligar a Alba Leticia a echarse al piso, al lado de los otros detenidos. Ella se resiste. Un policía le tira un golpe. Entra al quite una mujer de uniforme. Alba Leticia se desgarra a gritos. Un oficial hace una seña y los soldados de la primera fila alzan sus escudos para que fotógrafos y camarógrafos no capturen la golpiza.

La escena se repite una y otra vez, desde la una de la tarde, hora en que comienza la cacería por todas las calles del centro. Llegan más detenidos, algunos con huellas visibles de los golpes. Reciben el mismo trato. “Me llevan nada más porque ellos quieren”, dice un hombre. Semidesnudos, los tienden en el suelo, a los pies del salón de sesiones, donde el pasado 28 de junio los diputados hicieron presidente a Roberto Micheletti, tras aceptar una supuesta renuncia de Manuel Zelaya.

Como si fuera función de circo

Policías y empleados del Congreso se acercan a los detenidos para mirarlos, como bichos raros. Desde los ventanales de arriba, otros empleados parecen asistir a una función de circo. Los soldados alzan una y otra vez sus escudos, en un intento de que no haya testimonios gráficos.

A pesar de que el Congreso es una muralla verde, la gente se acerca poco a poco. Un hombre suplica: “Llévenlos, pero no los golpeen!” Mabel Carolina López, cuya hermana está ahí, tendida en el piso, deja los pulmones en su reclamo: “¡Mi hermana es maestra de Choluteca y está golpeada, le dieron de toletazos! ¡Tienen que venir los cascos azules, nos están matando, ya no soportamos esto!” Los soldados ni se inmutan.

Un nuevo contingente de soldados llega desde una calle aledaña: “¡Fuera! ¡Circulen!” “¡Prensa internacional!”, dice una voz. “¡Largo de aquí!”, vocifera el valiente capitán, mientras reparte golpes con un fuete.

Mabel Carolina se va con un grito: “¡Ya van a ver cuando venga (Hugo) Chávez, desgraciados!”

Los consejeros

A unos pasos de donde yacen los zelayistas, y algunos ciudadanos que sólo pasaban por el centro de la ciudad, está la oficina del teniente coronel retirado Eric O’Connor Bain, jefe de seguridad del Congreso y primo del presidente de facto Roberto Micheletti Bain. Para entrar a las sesiones públicas del Congreso es preciso pasar por una entrevista con él, y dejar con sus asistentes copias de pasaporte y credenciales de prensa. “¿Y por qué le interesa Honduras?”, suelta, muy amigable, la pregunta de apertura de su interrogatorio.

En los sesenta, el entonces subteniente O’Connor Bain, hijo de mexicano-irlandés, estuvo en dos oportunidades en la Escuela de las Américas, en cursos de “tácticas” y “armas de infantería”. Ya en los últimos años, cuenta un viceministro de Zelaya, O’Connor es el filtro para acercarse a su primo, presidente del Congreso hasta el pasado 28 de junio. El mismo funcionario asegura que O’Connor llevó a un personaje célebre, el capitán Billy Joya, a trabajar en la campaña de Roberto Micheletti, cuando el ahora presidente de facto buscó la candidatura presidencial del Partido Liberal (y quedó en tercer lugar).

Las calles de esta ciudad están llenas de pintas que rezan: “Billy Joya asesino, el pueblo no olvida”. Joya fue pieza clave del Batallón 3-16, que en los años ochenta torturó, desapareció y asesinó a centenares de hondureños. En los primeros días posteriores al golpe apareció en la televisión, en calidad de “analista político”, para explicar que el malévolo plan de Manuel Zelaya se remontaba a líneas trazadas por el diario Pravda y por Salvador Allende.

Luego, dio una entrevista a Ginger Thompson, del New York Times, en la que aseguró que nunca le probaron nada, además de declararse orgulloso de haber formado parte de una política cuyo lema era: “El mejor comunista es el comunista muerto”.

Esos son los personajes que ayudan a Micheletti a cumplir la promesa que hiciera el pasado 31 de julio: “Vamos a poner orden en este país”.

La marcha del día comienza en la Universidad Pedagógica, donde ayer los disturbios terminaron con un autobús y un restaurante en llamas.

Unos diez mil manifestantes avanzan en calma los cuatro o cinco kilómetros que los separan del centro de la ciudad. Al grito de “¡Si buscas un ladrón, en el Congreso hay un montón!”, la vanguardia de la marcha se desvía al Congreso Nacional, a una cuadra del Parque Central, custodiado por los militares que según el gobierno están en sus cuarteles.

Distraído o temerario, el democristiano Ramón Velásquez, vicepresidente del Congreso, sale en ese preciso momento. Los manifestantes lo reconocen. “¡Golpista!”, le gritan. Algunos le arrojan agua. Un hombretón de plano se le va encima y lo derriba. Otros manifestantes lo protegen. Es la orden de arranque.
 
El vicepresidente del Congreso de Honduras, Ramón Velásquez, es golpeado por un zelayista durante una protesta en repudio al régimen de facto afuera de la sede del Legislativo, ayer en TegucigalpaFoto Reuters
Policías y soldados rompen filas. El grueso de la marcha no se da por enterada. Lo que es primero un enfrentamiento de gases lacrimógenos contra piedras se convierte pronto en una cacería. Policías y soldados avanzan por las calles para cercar y separar a los marchistas. Los comercios cierran sus puertas. Un helicóptero no deja de tronar sobre las cabezas. Uno de los primeros en caer, víctima de tremenda golpiza según testigos, es el diputado Marvin Ponce, de Unificación Democrática.

El cable de Notimex dirá horas más tarde que los zelayistas intentaron “entrar por la fuerza” al Congreso, aunque ni lo pretendieron ni podrían haberlo logrado.

Durante cerca de dos horas los policías van de un lado a otro, cercando a los marchistas y deteniendo a los que se desvalagan. Las estaciones de policía se llenan de presos. Algunos grupos de jóvenes no dejan de lanzar piedras contra las fuerzas del orden, pero también contra edificios y automóviles.

–Me preocupa usted, porque no puede correr– le dice un hombre a una anciana.

–Por eso me gusta andar sola, para que nadie se preocupe– responde la mujer, en la suma de absurdos en medio de la batalla.

Los rezos

“¡Agua, agua!”, dice un hombre que, muy tranquilo, reparte bolsas del líquido sin ocuparse del gas lanzado a tres metros de sus pies. Un contingente de soldados avanza: todos pertrechados con tubos, escudos y un M-16. Pero uno de ellos carga un extintor… y un palo de escoba.

Cada tanto, personas vuelven a reunirse frente al Congreso. Y cada tanto policías y soldados los desalojan blandiendo sus toletes. Un policía hace el ademán de golpear a unos muchachitos de secundaria con todo y sus unifomes: “¡Estudien para que no sean chepos!” (lo mismo policías que soldados son llamados así).

Los militares con rango miran la escena desde arriba, como quien dirige una batalla contra un peligroso enemigo de la patria. Lentes negros, brazos cruzados, barbilla alzada, y un brazo que indica dónde o a quién tundir.

Las sirenas de las ambulancias completan el panorama. Los heridos con suerte son sacados en camillas. Un taxista que trabaja en la zona observa que los detenidos del Congreso son sacados y subidos a un camión del ejército. Sigue al camión y luego se va a Radio Globo, donde cuenta: “Eran 33, los sacaron por el portón de abajo y los llevaron al Fuerte General Cabañas”.

Corre de una calle a otra la profesora Hedmé Castro, y señala los edificios aledaños desde donde, dice, lanzan el gas lacrimógeno.

El hombre de los bigotes está entregado, indefenso. Su pecado: llevar un sombrero como el que usa el presidente Manuel Zelaya. El policía que lo lleva asido de la camisa lo zarandea, otro le quita la mochila y la estrella en el suelo. Lo avientan al centro de un grupo de cobras. Llueven los toletazos. Los manifestantes que se atreven todavía a andar por ahí gritan: “¡Déjenlo, déjenlo, ya no le peguen!”

A la misma hora, policías y soldados toman control de la Universidad Pedagógica donde, según un informe oficial, detienen a 95 personas. El objetivo es que los marchistas venidos de otros lugares del país no tengan donde dormir.

Poco antes de que llegue la marcha, la diputada María Eugenia Landa ha exigido una “reunión de emergencia para tomar medidas inmediatas para rescatar a nuestra ciudad del vandalismo”. La diputada se lamenta: “Me indigna la manera como han dañado el ornato de la capital. Por doquier hallamos letreros que desmoralizan y ya es hora de que depongamos esa violencia”.

Le hacen caso de inmediato, aunque el resultado sea, según denuncia el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Codadeh), “veinte personas con lesiones, dos de ellas totalmente deformadas por los golpes y que no se sabe si sobrevivirán”.

A las cinco de la tarde, dos horas antes de inicio del encuentro de futbol, también les tunden a los manifestantes en San Pedro Sula. “Estos traidores a la patria deben entender que los hondureños no nos vamos a doblegar”, dice desde esa ciudad la diputada Silvia Ayala.

Las acciones para “poner orden” habían comenzado antes. En la madrugada, pese al toque de queda, las oficinas de Vía Campesina, del Sindicato de Trabajadores de la Industria de las Bebidas y la UPN son tiroteadas por desconocidos que sólo causan daños materiales.

Diez minutos antes de que comience el partido de futbol entre Honduras y Costa Rica, Roberto Micheletti aparece en cadena nacional para denunciar el “hostigamiento externo” acompañado de “brotes de violencia interna”. Promete que respetará los derechos humanos. Denuncia el financiamiento con dólares del exterior de “pequeños grupos de oposición” e invita a la ciudadanía a denunciar a “extranjeros sospechosos”. Para cerrar, pide a todos los hondureños orar “porque ganemos este partido”.

Cuando cae la noche y se juega el crucial encuentro, el dramaturgo Tito Ochoa pide ayuda para encontrar a su hermana, la agrónoma Alba Leticia, pues en todas las estaciones de policía se la niegan.
 

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La manifestación celebrada este jueves en Tegucigalpa en apoyo al presidente depuesto de Honduras, Manuel Zelaya, se ha saldado con un total de 26 heridos, entre ellos un profesor que ha recibido un disparo en la cabeza, y 88 detenidos.

El docente, identificado como Riger Abrahan Vallejo Cerrano, de 38 años, tiene una herida producida por una bala calibre 9 milímetros en la sien derecha y su pronóstico es "reservado", según el hospital donde ha sido ingresado. Además, entre los detenidos figuran el candidato presidencial Carlos H. Reyes y el sindicalista Juan Barahona, líder del Frente Nacional contra el Golpe de Estado.

Aunque la policía no se ha pronunciado sobre este hecho, algunos medios locales mencionan que los disparos fueron efectuados por unos supuestos "infiltrados" que generaron el caos poco después de haber comenzado la marcha.

El incidente se produce durante una intensa jornada de manifestaciones a favor del regreso de Zelaya al poder en las que la policía, ayudada por el Ejército, ha empleado gases lacrimógenos y chorros de agua a presión. Además, se han producido huelgas en algunos sectores -entre ellos el educativo- que desde hace un mes han estado ejerciendo presión contra el Gobierno de facto de Roberto Micheletti.

Desde que el pasado 28 de junio el Ejército hondureño expulsara a Manuel Zelaya y el Parlamento nombrara presidente a Roberto Micheletti, la tensión entre los seguidores de uno y otro líder ha marcado la pauta de la escena política en el país centroamericano, alcanzando su culmen en las intentonas del derrocado presidente por pisar suelo hondureño.

Acusará a los golpistas de "delitos de lesa humanidad"

El depuesto presidente de Honduras ha anunciado en Managua que acusará ante la Corte Penal Internacional al nuevo gobernante de su país, Roberto Micheletti, y al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, de delitos de lesa humanidad.

Según ha afirmado, interpondrá la acusación en las "próximas horas". La demanda incluye a los miembros de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras, a la directiva del Congreso, al fiscal Luis Rubí y al magistrado Tomás Arita, entre otros.

Este jueves, en el que el ex mandatario hondureño se reunió en Managua con el embajador de EE UU en Tegucigalpa, el líder opositor nicaragüense, Eduardo Montealegre, visitó la embajada de Honduras para tratar de entregarle una carta. En ella, le pide que no use el territorio nicaragüense para organizar una insurrección contra el nuevo Gobierno hondureño. Le explicaron que Zelaya estaba reunido y no le permitieron entrar, informa Efe.

Hace dos días, Zelaya pedía a Washington embargar las cuentas bancarias de los "golpistas" hondureños en EE UU y continuar "apretando" a las nuevas autoridades de su país tras celebrar que la Administración de Barack Obama revocara el visado diplomático a cuatro funcionarios del nuevo Gobierno.

EUROPA PRESS - Tegucigalpa - 31/07/2009

  




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Pekín, 6 de julio. La represión policial china durante una manifestación de la minoría uigur en la noroccidental provincia autónoma de Xinjiang causó el domingo la muerte de por lo menos 156 personas y más de mil heridos, mientras mil 434 individuos fueron arrestados por las autoridades locales, que además impusieron el toque de queda.

La violencia, que pudo haber dejado el mayor número de muertos en China desde la represión de estudiantes en la plaza de Tiananmen, cuando fallecieron al menos 400 personas, estalló en las calles de la ciudad de Urumqi, la capital de Xinjiang, de mayoría musulmana, ante el malestar por la forma en que las autoridades manejaron un conflicto entre trabajadores uigures y de la mayoritaria etnia han.

El objetivo de la manifestación, en la que participaron unos tres mil uigures, era protestar por el asesinato de dos trabajadores de una fábrica de juguetes en la ciudad de Shaoguan a finales de junio, quienes fueron linchados tras difundirse rumores de que habían violado a dos mujeres de la etnia han.

Sin embargo, el descontento de los uigures viene de tiempo atrás, por la imposición de normas culturales y religiosas del Partido Comunista Chino, por lo que en Urumqi se formó un movimiento que lucha por la independencia de la población uigur –que se siente oprimida por la mayoría china–, para exigir más derechos al gobierno central.

La furia de los uigures se dejó sentir ayer, y a su paso por la calles de la ciudad, además de quemar vehículos, saquear tiendas y bloquear algunas vialidades, se encontraron y se enfrentaron con miembros han. Según las autoridades, unos 190 autobuses y más de 200 comercios fueron incendiados y 14 casas destruidas.

Testigos dijeron a Xinhua que los manifestantes portaban cuchillos, palos de madera, ladrillos y piedras, pero un grupo de defensa de los derechos de los uigures aseguró que varios manifestantes fueron ultimados a tiros por la policía antidisturbios.

El presidente de la región, Nur Bekri, dijo que la situación en Xinjiang es “muy complicada”, aunque el gobierno local aseguró que todo está “bajo control” desde esta mañana. No obstante, Urumqi fue tomada por soldados chinos y junto a otras otras ciudades vecinas se decretó toque de queda tras aparecer llamados a nuevas protestas.
Además, las autoridades chinas impusieron restricciones a Internet y al teléfono en la capital regional, con la intención de detener el flujo de información hacia el exterior, pero jóvenes expertos en ordenadores se pudieron conectar a la red para divulgar algunas versiones del conflicto interno.

Luego de esto, la televisora local CCTV emitió algunas imágenes de los sucedido en Urumqi, como los saqueos a tiendas comerciales, coches en llamas y arrestos de manifestantes. La policía detuvo a 700 “alborotadores” y busca a 90 personas que al parecer desempeñaron un papel clave en los disturbios, indicó la agencia estatal Xinhua.

Tras los enfrentamientos en Urumqi, la policía impidió disturbios en otras ciudades de la provincia, como en Kashgar, donde fueron dispersadas unas 200 personas reunidas frente a la mayor mezquita en China.

El gobierno chino culpó de la violencia al Congreso Mundial de Uigures (WUC) que dirige Rebiya Kadeer, empresaria uigur que vive exiliada en Estados Unidos tras años de prisión acusada de actividades separatistas. No obstante, grupos de exiliados rechazaron las acusaciones del gobierno sobre una conspiración y dijeron que los disturbios son consecuencia del enojo acumulado por las políticas oficiales y el dominio económico de los han.

Kadeer, que habló de hasta 800 muertos ayer, dijo en un comunicado que la violencia “se hubiera evitado si las autoridades chinas hubieran investigado como es debido los asesinatos de Shaoguan”. Además, responsabilizó a Pekín porque el gobierno sigue arremetiendo con toda dureza contra las minorías y mantiene su política de asimilación forzosa.

Los uigures, turco-musulmanes, constituyen la mitad de la población de Xinjiang, calculada en 20 millones de personas. Desde que Pekín se apropió de la región, en 1955, la calificó de “autónoma” e instaló allí a chinos han.

Reuters, Afp, Dpa y The Independent
 

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Jueves, 02 Abril 2009 16:44

Lecciones de Seattle para Londres

Las protestas dominan las noticias, mientras los líderes mundiales se reúnen en Londres para asistir a la Cumbre del Grupo de los Veinte. La guerra, la economía, la globalización corporativa y la oposición popular al rescate financiero están en el primer plano.

Los ejecutivos reciben grandes compensaciones mientras los trabajadores y los sindicatos son obligados a hacer concesiones. El Presidente Barack Obama heredó una serie de crisis profundas e interrelacionadas, sin embargo se ha generado una gran expectativa a nivel mundial de que él puede ser el agente del cambio.

La semana pasada, Obama realizó una conferencia “Abierta a Preguntas” en la Casa Blanca, que fue trasmitida a través de Internet. Las preguntas fueron planteadas previamente por el público y se realizó una votación para determinar su popularidad. Esta es la respuesta de Obama a una pregunta sobre la marihuana:

“Debo decir que hubo una pregunta que tuvo muchos votos y es si legalizar la marihuana mejorará la economía y la generación de empleo. No sé qué dice esto sobre la audiencia de Internet, pero esta fue una pregunta bastante popular y queremos asegurarnos de que sea respondida. La respuesta es no, no creo que sea una buena estrategia para el crecimiento de nuestra economía”.

La popularidad de esa pregunta podría señalar la preocupación del público ante la política de drogas de Estados Unidos, y el impacto negativo que ha tenido la llamada guerra contra las drogas en nuestra sociedad.

Esta primavera estoy realizando una gira por todo el país, en la que visitaré más de 70 ciudades. En Seattle, entrevisté a un fuerte crítico de las leyes sobre drogas de Estados Unidos, que me dijo: “De hecho, apoyo la legalización de todas las drogas”.

Estas palabras provinieron de un defensor bastante inusual: el ex Jefe de Policía de Seattle, Norm Stamper. Stamper es miembro de la junta asesora de la Organización Nacional por la Reforma de las Leyes de la Marihuana (NORML, por sus siglas en inglés) y portavoz de la organización Law Enforcement Against Prohibition (Aplicación de la ley en contra de la prohibición o LEAP, por sus siglas en inglés). Stamper explicó: “Hemos gastado un billón de dólares en la consecución de esa guerra desde que Richard Nixon proclamó a las drogas como el enemigo público número uno y declaró una guerra abierta contra las drogas, y ¿qué resultados podemos mostrar? A pesar de que los índices pueden fluctuar, las drogas están disponibles más fácilmente hoy en día, a precios más bajos y a niveles más altos de potencia que nunca antes. Entonces es un fracaso colosal. Y la única forma de provocar la quiebra de estos cartels, y de reestablecer la salud y la seguridad en nuestros barrios es regular ese comercio, en lugar de prohibirlo”.

Mientras Stamper promueve una reforma, su sucesor como jefe de policía de Seattle, Gil Kerlikowske, como escribió Stamper en su blog, “está en camino al otro Washington para asumir el cargo de ‘zar de las drogas’…para defender la permanencia de las leyes de drogas del país”.

La Secretaria de Estado Hillary Clinton reconoció recientemente, camino a México, “Nuestra demanda insaciable de drogas ilegales estimula el tráfico de drogas”. También estimula una creciente población carcelaria (algunos estados que tienen problemas financieros están liberando a delincuentes no violentos vinculados a las drogas para ahorrar dinero), la militarización de la frontera entre Estados Unidos y México, y la epidemia de violencia vinculada a las drogas en México. Los cartels compran rifles de asalto AK-47 y otras armas en Estados Unidos, y luego las ingresan ilegalmente a México. Paul Helmke, presidente del Centro Brady para Prevenir la Violencia con Armas, me dijo hace poco “La gente de México se dio cuenta de lo que los delincuentes en Estados Unidos se dieron cuenta hace mucho tiempo: Nuestras leyes débiles y casi inexistentes en Estados Unidos están facilitando que estas armas ingresen a México”.

Con la creciente aceptación estado tras estado de los usos médicos de la marihuana, con la despenalización de la posesión de pequeñas cantidades en varias jurisdicciones y con el alto costo del encarcelamiento en comparación con el tratamiento, el sentimiento público parece inclinarse a favor de un cambio.

Norm Stamper demoró años en aprender las difíciles lecciones de la fallida guerra contra las drogas. Las lecciones difíciles parecen ser su fuerte.

El era el Jefe de Policía de Seattle durante las protestas contra la Organización Mundial del Comercio en 1999: “Cometí errores graves previo a esa semana y durante esa semana y lo único que puedo decir es que lamento muchísimo no haber hecho determinadas cosas y haber hecho otras. No vetar una decisión de utilizar agentes químicos, también conocidos como gases lacrimógenos, contra cientos de manifestantes pacíficos. Como jefe debería haberme dicho: ‘Por un bien mayor, no deberíamos haber traído esos agentes químicos. Creo que no deberíamos haber aumentado los riesgos’. No culpo a quienes estuvieron allí, me culpo a mí mismo”. Ahora él suena más como uno de los manifestantes en contra de la OMC a los que sus fuerzas lanzaron los gases lacrimógenos: “Ahora estamos cosechando lo que sembramos en la forma de globalización desenfrenada y libre comercio sin trabas y creo que es hora de que todos nosotros en este país, mientras intentamos salir de esta crisis económica mundial, analicemos realmente lo que significan los problemas de justicia social y económica dentro del contexto de la globalización”.

Los líderes del G-20 en Londres, y los que asistan a la cumbre de la OTAN después, tienen la oportunidad de aprender de Norm Stamper, ordenarles a sus fuerzas de seguridad que guarden las pistolas de choques eléctricos y los gases lacrimógenos, y sorprender al mundo al considerar seriamente las voces de los que están manifestándose afuera.

Por Amy Goodman
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Quizás el centro de detención de Guantánamo, que el presidente de EE UU ha prometido cerrar, se haya convertido en la prisión más famosa en el mundo por las evidencias de torturas a las que son sometidos sus internos. Pero no es la única. Foreign Policy recoge en su edición española cinco de las prisiones más inhumanas y crueles que hoy en día continúan activas.

Francia: La Santé

Construida en 1867, es la única cárcel que queda en París. El poeta surrealista Gillaume Apollinaire y el asesino Carlos El Chacal pasaron por las celdas de esta prisión, que años atrás ha llegado a albergar 1.800 detenidos, la mayoría de ellos extranjeros, en un recinto concebido para 1.200. El hacinamiento, las plagas de ratas, los colchones infestados de piojos y las múltiples violaciones fueron denunciadas en 2000 por la jefa de cirugía del centro, Véronique Vasseur, que escribió un libro en el que relataba las condiciones en las que vivía la población carcelaria de La Santé. Hoy en día, la situación no ha cambiado demasiado, según condenó en 2008 el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Guinea Ecuatorial: Black Beach

Como "una sentencia de muerte lenta y prolongada" describió Amnistía Internacional esta prisión africana. Las torturas, las palizas y las violaciones e incluso las muertes por inanición -los presos pueden llegar a estar hasta seis días sin comer- son habituales en Black Beach. Según un informe de Amnistía Internacional, los reclusos dependen de los alimentos que les llevan sus familias pero los extranjeros y la mayoría de presos políticos no tienen parientes en Malabo, donde se encuentra la prisión, por lo que deben acogerse a la benevolencia de los soldados que vigilan el centro.

Rusia: Prisión Central de Vladimir:

Catalina la Grande ordenó su construcción para encerrar a presos políticos aunque en la actualidad alberga a delincuentes violentos. Entre sus presos más célebres figuran el hijo de Stalin, Vasily Dzhugashvili, el disidente Natan Sharansky y Francis Gary Powers, el piloto del U-2 estadounidense derribado en 1963. Aunque el centro está abierto a los visitantes, las condiciones no han mejorado. El hacinamiento y los abusos son continuos entre los presos. Muchos de ellos están enfermos de sida y tuberculosis.

Israel: Campo 1391

Hay quien lo califica como el "Guantánamo israelí" aunque a diferencia del centro de detención de EE UU, el Campo 1391 se encuentra en territorio nacional, a una hora de Tel Aviv. Oficialmente no existe pero un historiador israelí lo descubrió cuando estudiaba unos mapas para escribir un artículo. La Cruz Roja no puede entrar y los encarcelados no saben cuándo serán liberados. Según han relatado los ex prisioneros, en su mayoría musulmanes, las humillaciones sexuales y las violaciones se utilizan como técnicas de interrogación.

Corea del Norte: Haengyong

Más de 200.000 personas viven presas en la dictadura de Kim Jon II. Una de sus cárceles, la Haengyong, ocupa una superficie mayor que la del distrito de Columbia (Estados Unidos) y alberga más de 50.000 internos, incluidas familias enteras, que son encarceladas por una falta cometida por alguno de sus miembros. Casi todo lo que se sabe de estos campos, situados en la frontera con China y Rusia, procede de desertores como Shin, la única persona que pudo escapar del Campo Nº 14. Nació allí en 1982 y vio cómo ejecutaban a sus padres cuando él intentaba huir.

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Miércoles, 31 Diciembre 2008 08:15

Si esto no es un hombre

Todos creemos que conocemos su historia: el sobreviviente de Auschwitz, el autor de Si esto es un hombre, el hombre que durante cuarenta años demostró que era posible la vida después de Auschwitz, hasta que se tiró por el hueco de las escaleras de su casa desde un tercer piso y se desnucó, en 1987. Pero hay infinidad de cosas más que asombran en Primo Levi. El tipo acababa de recibirse de bioquímico en Turín, cuando fue capturado por la milicia fascista y enviado al campo de detención de Fossoli (de donde sería deportado a Auschwitz). Cuando por fin logró volver a Turín, después de sobrevivir al campo y a un año de increíbles peripecias por los territorios soviéticos de posguerra, Levi retomó su puesto como bioquímico en la misma fábrica de pintura donde trabajaba antes de ser capturado y donde permaneció cuarenta años, hasta jubilarse, un año antes de su muerte.

A lo largo de esos cuarenta años, cada día cuando terminaba su jornada laboral, se quedaba escribiendo un par de horas en la fábrica vacía. Su obligación como sobreviviente era dar testimonio, decía, y escribió sus experiencias usando como modelo los informes semanales que le pedían en la fábrica, intentando la mayor claridad y precisión informativa. Uno de los méritos más asombrosos de su obra es que no muestre nunca odio ni rencor por los nazis. El lo explica así: “He preferido el lenguaje mesurado y sobrio del testigo, no el lamento de la víctima ni la ira del vengador, porque mi palabra resultaría más creíble cuanto más objetiva y desapasionada fuese. Sólo así cumple su función el testigo para el juez. Y el juez son ustedes, los que leen”.

Levi tardó un año en escribir Si esto es hombre. Al terminar lo llevó a la editorial Einaudi pero se lo rechazaron. Consiguió que un sello ignoto se lo publicara, pero lo dejaron durmiendo en un depósito los ejemplares de la única edición hasta que, once años después, la misma persona que había rechazado el libro en 1947 se lo pidió para publicarlo en Einaudi: se trataba de la escritora Natalia Ginzburg, no sólo judía y antifascista sino también viuda de Leone Ginzburg, asesinado a golpes por los nazis en la cárcel de Regina Coeli en 1944.

Aunque ganó todos los premios literarios importantes de Italia (y sus diez libros son, estilísticamente hablando, formidables), Levi nunca se consideró un escritor exactamente. Seguía prefiriendo la definición inicial que había dado de sí mismo: un testigo, alguien que daba testimonio de ese medirse a la manera de los personajes de Conrad, intentando dilucidar hasta dónde llegaban sus límites y los de los demás como personas. En el capítulo más emocionante de su último libro (Los hundidos y los salvados), publicado meses antes de morir, Levi cuenta el sacudón que le produjo la noticia de que Si esto es un hombre se iba a publicar en Alemania: “Si bien yo había escrito mi libro en italiano, para italianos, sus verdaderos destinatarios eran los alemanes. Y no los alemanes del futuro sino aquellos que yo había visto de cerca, aquellos que habían creído en Hitler, o que no creyendo se habían callado, aquellos que no habían tenido el mínimo valor de mirarnos a los ojos, de murmurarnos una palabra humana”. El libro de Levi se publicó en 1960 en Alemania y se reeditó muchas veces a partir de entonces. En Los hundidos y los salvados, Levi dice que desde 1960 a 1987 recibió exactamente cuarenta cartas de alemanes que leyeron su libro. Una de ellas, escrita por una mujer, dice: “Tal vez usted no se dé cuenta completamente de cuántas cosas ha dicho implícitamente de sí mismo, y por consiguiente del hombre en general. Eso es precisamente lo que confiere peso y valor a cada página de sus libros”.

De todas las impresionantes confesiones y reflexiones sobre la condición humana hechas como al pasar por Primo Levi en sus libros, yo me quedo con dos. Una la dice cuando explica por qué no se ve a sí mismo como un intelectual, por qué el escritor que es le debe más a la bioquímica que a la literatura: “He adquirido con mi oficio una costumbre que sé que puede ser juzgada de maneras diametralmente opuestas, pero así soy: nunca he sido capaz de verme diferente de los personajes que la ocasión me pone delante”. La segunda es una divergencia que tiene con el filósofo Jean Amery, otro sobreviviente de Auschwitz que volcó sus experiencias en libros antes de suicidarse. Amery había dicho que en el lager no se pensaba si se iba a morir porque eso se daba por descontado; lo que se pensaba era cómo se iba a morir. Levi: “Quizá porque yo era más joven, o porque era más ignorante que él, o menos consciente, casi nunca tuve tiempo que dedicar a la muerte. Tenía otras cosas en qué pensar: encontrar un poco de pan, descansar del trabajo demoledor, remendarme los zapatos, robar una escoba, interpretar las caras que me rodeaban. Los objetivos de la vida son la mejor defensa contra la muerte, no sólo en el lager”.

Cuando se dio a conocer la noticia de que Levi se había matado al caer por el hueco de las escaleras de su casa, se especuló que, tratándose del hombre que había hecho del testimonio una forma de vida, debería forzosamente haber una nota si se trataba de suicidio. Pero Levi no dejó ninguna nota. Hay quienes hasta hoy sostienen que cayó accidentalmente (estaba débil, sin recuperarse aún de una operación de próstata, y la baranda de la escalera era baja) al creer oír la voz de su esposa abajo y asomarse para contestarle. Y hay quienes citan el sueño recurrente que Levi describe en el párrafo final de su libro La tregua (que narra su peregrinaje desde que fue liberado del campo por los rusos hasta que llegó de vuelta a Italia): “Estoy a la mesa con mi familia, o trabajando, o con mis amigos, ya les he contado todo lo que pasó, y de pronto el decorado va deshaciéndose a mi alrededor, estoy solo en una nada gris y turbia y de pronto sé que nada afuera del lager es verdad. Que la familia, el trabajo, los amigos, fueron una vacación breve, un engaño de los sentidos. Y oigo en mi oído una voz conocida, que dice una sola palabra. Es la orden del amanecer en Auschwitz, esa palabra extranjera, temida y esperada: Wstawaç. A levantarse”.

Por Juan Forn
 

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A pesar de estar habitada por una inmensa cantidad de jóvenes (12.057.369), en Colombia no encuentran oportunidades para su realización. Varios botones lo confirman: la tercera parte de éstos no está vinculada al sistema educativo ni laboral; sólo el 52,4 por ciento logra título de bachiller; ni qué decir de la educación superior. Además, el desempleo afecta al 21 por ciento de los jóvenes. ¿Impulsará políticas justas y efectivas el actual Gobierno para dar al traste con esta realidad?

El garrote

El proyecto1 presentado para expedir el Código Nacional de Convivencia Ciudadana debiera ser objeto de amplia deliberación pública por su contenido y las consecuencias para la libre expresión ciudadana. Ejemplo de ello, este texto: “Toda reunión o desfile público que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o los derechos fundamentales, especialmente los de los menores de edad, será disuelto por la Policía Nacional. De la misma forma, ésta podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan sido comunicados oportunamente o cuando éstos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad”2.

Para las diversas expresiones de los jóvenes en los ámbitos urbanos, es decir, las llamadas culturas o subculturas juveniles, y en general para la población joven, serán objeto de sanciones si presentan conductas como:

–    Emplear indebidamente o permitir que menores de edad utilicen las telecomunicaciones de emergencia para dar información falsa o inútil. La medida se impondrá al representante legal del menor o al tutor;
–    Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes o en fachadas de propiedades públicas o privadas, leyenda, propaganda, pasacalles, dibujo o grafitis sin autorización. En tal caso se impondrá la medida de desarrollar actividad que ayude al aseo, el ornato, la tranquilidad y la salubridad;
–    Usar indebidamente la bandera, el escudo nacional, cualquier otro símbolo patrio, o no izar el pabellón nacional en fiestas patrias o cuando lo dispongan los gobiernos nacional, departamental, distrital o municipal;
–    Realizar actos sexuales, obscenos, exhibicionistas o insultantes para la dignidad personal y la moralidad pública, en sitios públicos o abiertos a éste, o que, siendo privados, trasciendan a lo público, tales como clubes sociales, corporaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y sociedades comerciales;
–    Ocupar indebidamente o hacer mal uso de los bienes del espacio público;
–    Perturbar, en vía pública o en privado cuando trascienda a lo público, la convivencia mediante juegos o cualquiera otra actividad;
–    Permitir que los menores afecten la convivencia del vecindario con sus juegos o travesuras;

Preocupado el legislador por las alarmantes cifras de criminalidad juvenil en el país, pues, según informes oficiales de la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2009 fueron detenidos 4.357 menores de edad, 3.601 menores (14-18 años) ingresaron al Sistema Penal para adolescentes, cifra que aumentó respecto a 2008, cuando hubo 3.141 casos3.

Además, la explicación del ICBF a esta situación, que suponemos soportada en investigaciones científicas, es: “Cuando los adolescentes conocen el tipo de castigo al que se exponen al cometer un delito y encuentran que los beneficios son superiores a los riesgos, se genera un incentivo a reincidir, incrementando así la cifra total de delitos. Esto impacta principalmente los delitos contra el patrimonio económico como el hurto, por lo que se puede observar un incremento para 2009 en este delito del 24,4 por ciento con relación a 2008”4. La afirmación preocupa y tiene lamentables consecuencias para los jóvenes; por tanto, se necesita conocer los soportes en los cuales está fundamentada. Como respuesta, se presenta el Proyecto de Ley5, incrementando las penas y endureciendo los sitios de reclusión donde los jóvenes pagan por sus delitos.

La iniciativa legislativa se inscribe en “un conjunto de normas cuyo objetivo es la orientación de la política pública criminal juvenil, que inspirado en la necesidad que la sociedad impone frente a los nuevos retos de seguridad ciudadana (sic)”6.

El nuevo Partido Verde7 no se queda atrás y participa en el espíritu que hoy inspira al Congreso de la República. La forma como responde al entusiasmo juvenil con sus propuestas en las pasadas elecciones es ésta8.

De los 10 artículos que integran el Proyecto de Ley, en dos de ellos se expresa claramente el espíritu de la iniciativa legislativa, a saber:

“Artículo 8. Incorpórese el artículo 187A a la Ley 1098 de 2006 que dirá:
“Artículo 187ª. La privación de la libertad en establecimiento carcelario para adolescentes. En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de los delitos de que trata el parágrafo primero del artículo 148 de este código9, la privación de la libertad será en establecimiento carcelario para adolescentes y tendrá una duración de cinco (5) hasta quince (15) años. Si estos delitos son cometidos contra niños o niñas menores de catorce (14) años, la sanción podrá ser aumentada hasta en una tercera parte.
“Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, éste deberá continuar el cumplimiento de la sanción separado de los menores de dieciocho (18) años. Los adolescentes tendrán una atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del establecimiento carcelario”10.

Es asombrosa, por decir lo menos, la fe de la senadora Gilma Jiménez11 (Partido Verde) en que la privación de la libertad “reformará a los jóvenes”, lo cual la lleva a definir entre 5 y 15 años la pena para quienes cometen un delito, y, si se dan las condiciones, puede llegar hasta los 20 años, cuestión que ni siquiera se vislumbró en el Legislativo para las personas señaladas de crímenes de lesa humanidad en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Según la Senadora, después de 15 o 20 años de estar privado de la libertad un joven, podrá convertirse en ciudadano de bien para la sociedad, cuestión que está lejos de cumplirse, ya que no hay relación proporcional entre el incremento del castigo y la conducta “adaptativa”, más aún si tenemos en cuenta recientes estudios12 sobre los resultados de aplicar el Código de Infancia y Adolescencia al cumplirse cerca de cuatro años de su aprobación, que señalan las fallas protuberantes en la aplicación del Código en materia de recursos técnicos y económicos, formación, coordinación institucional, etcétera.

Además, la Senadora no se pregunta13 por la procedencia del joven que comete estos delitos14 ni por las causas que determinan tales conductas y menos por la responsabilidad estatal en la materia. Sólo le interesa aplicar “penas ejemplares”, que supuestamente garantizan la no repetición del delito.

Así, la sed de justicia de la Senadora no queda satisfecha y requiere que los padres también sean privados de la libertad, como se ve en seguida:

“Artículo Transitorio: El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta Ley, tramitará ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley que modifique el Código Penal para establecer los tipos penales en los que incurrirán los padres, representantes legales y adultos que induzcan, constriñan, financien, faciliten o determinen directa o indirectamente, por acción u omisión, a un niño o un adolescente a cometer cualquier delito, especialmente los señalados en el parágrafo primero del artículo 148 de este Código”15.

Además de los argumentos esgrimibles en cuanto al poco tiempo de aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, para someterlo a una reforma en su articulado que no conviene jurídica y políticamente. Es urgente la necesidad de no seguir con la política de “control y represión” como fórmula para enfrentar situaciones complejas crear en el país un espacio para la reflexión de los sectores relacionados con la población joven, a fin de analizar las múltiples dimensiones de su situación e implementar reformas jurídicas y políticas, programas y proyectos que se demandan con urgencia para que ellos accedan a una vida digna, de la cual no gozan hoy en Colombia en sus grandes ciudades y menos en las zonas rurales.

La zanahoria

Para disminuir los homicidios y el rapto de menores, y recuperar a los secuestrados, se plantea luminosamente por parte del legislador la creación de la “Alerta Luis Santiago”16. Con tal propuesta se espera reducir las infracciones.

Además, no se presenta un balance de políticas y programas orientados al joven de “alto riesgo”. Igualmente, estamos ante conceptos que estigmatizan la situación del joven en el país y no contribuyen a profundizar en su comprensión y su explicación. En el Congreso se estudia un proyecto de ley17 para la rehabilitación y la inclusión social para los jóvenes en ciertas circunstancias.

A pesar de las fallas de la iniciativa, es transparente lo relativo a estímulos tributarios: “Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que contraten personas objeto de la presente ley, que hayan sido rehabilitados, aptos para el trabajo y capacitados previamente, podrán deducir de su renta el 125% (ciento veinticinco por ciento) [porcentaje absurdo] del valor total de los salarios efectivamente pagados durante el respectivo año gravable, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno”18. Es probable que el desempleo no disminuya, así los estímulos se apliquen con rigor.

Finalmente, está el proyecto de objeción de conciencia al servicio militar19, que busca materializar una propuesta que los jóvenes luchan desde hace años, pues no quieren continuar como actores de un teatro de sangre en que sus vidas se limitan a una polaridad en que se ve al otro como enemigo al cual se debe perseguir, capturar, eliminar, y posteriormente recibir reconocimientos. Ello sucede en cualquier bando en conflicto, en que la gente es sometida por el imperio de la muerte y las armas, que niegan la vida. A esto no quieren seguir apostándole los jóvenes del mundo.

Esperamos que el proyecto curse favorablemente su trámite, aunque el ambiente guerrerista que prima en la sociedad, al cual el escenario del Congreso no es ajeno, le pronostique un futuro incierto.

La manipulación

Las causas de la participación partidista y las que se expresan en el espacio político mediante el voto20 son complejas y ameritan una investigación seria en el país. Un estudio de esas características permitiría conocer las causas de la apatía y el rechazo de los jóvenes hacia los partidos políticos. Razones no faltan, algunas de ellas suficientemente conocidas. Igual comportamiento se ve ante el tema electoral, cuando se han intensificado los delitos electorales y la serie de irregularidades presentadas, justifican su posición al respecto.

Por tanto, el tema no se soluciona con proyectos de ley21 que otorguen derecho a sufragar a los 16 años. Así, sólo se incrementa el voto en blanco y la abstención, pues la gente no cree que los partidos y el voto transformen a la sociedad. La cultura política y la conciencia ciudadana requieren leyes más sustantivas para enfrentar la crisis, y no proyectos que responden a un fervor electoral, expresado en los medios a nombre de un partido.

Qué dice “Colombia Joven”

El programa presidencial para velar por los derechos del joven debiera pronunciarse. Promover debates públicos en todas las regiones, con la población que se verá involucrada en estos proyectos si se aprueban. Por ahora, prima el silencio.

Y los jóvenes, ¿dónde están?

Sorteando azarosa e inciertamente su trágico presente y su futuro, algunos de manera lúdica, creativa y con espíritu reflexivo, habrá aquellos que, adaptados a la sociedad que les tocó vivir, sólo esperan cumplir con el libreto. Ello acontece mientras los proyectos de ley siguen su curso hasta llegar como relámpago a sus vidas, para iluminarlas o profundizar su desesperanzadora grieta, que tiende a una ser constante en la sociedad colombiana.

1    Proyecto de Ley Nº 113 de 2010-Cámara, “por la cual se expide el Código Nacional de Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 739, miércoles 6 de octubre de 2010.
2    ibíd.., p. 3.
3    Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010.
4    ibíd.., p. 9.
5    Proyecto de Ley Nº 148 de 2010-Senado, “por el cual se modifica la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo referente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”. Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010, martes 21 de septiembre de 2010.
6    Íd.
7    Los dos proyectos anteriores son presentados por el Gobierno y el Partido de la U, respectivamente.
8    Proyecto de Ley Nº 153 del 2010, “por medio del cual se modifica el Libro segundo, Título 1, del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.
9    Los delitos a que hace referencia el parágrafo primero en mención son: homicidio doloso, secuestro, delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación, sexuales, extorsión, lesiones personales agravadas y hurto calificado.
10    íd.
11    También del senador Roy Barreras Montealegre, quien presenta el Proyecto Nº 148 de 2010.
12    Evaluación del Código de Infancia y Adolescencia. Alianza por la Niñez. 2010.
13    Tampoco lo hace el senador Roy Barreras en su Proyecto de Ley Nº 148.
14    Cuando se estaba debatiendo la aprobación del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, el porcentaje mayor de jóvenes que cometían los delitos por penalizar drásticamente con la ley pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2.
15    íd.
16    Proyecto de Ley Nº 019 de 2010-Cámara, “por medio del cual se dictan medidas para la prevención del rapto de menores y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 452 de 2010.
17    Proyecto de Ley Nº 109 de 2010-Cámara, “por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e inclusión social de jóvenes con alto riesgo de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil”. Gaceta del Congreso Nº 722, de jueves 30 de septiembre de 2010.
18    ibíd.., p. 2.
19    Proyecto de Ley Nº 66 de 2010m, “por la cual se dictan normas sobre el ejercicio del derecho de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, se crea el servicio social sustituto, se modifica parcialmente la Ley 48 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 492, de jueves 5 de agosto de 2010.
20    A pesar de tal situación, los jóvenes participan del escenario político, entendido como el espacio donde se piensan los problemas del país y se formulan alternativas, en medio de las relaciones de poder. Esto se constata en las múltiples expresiones juveniles y las diversas propuestas en el ámbito de la cultura.
21    Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2010, “por el cual se reforma el articulo 99 de la Constitución Política de Colombia”. Gaceta del Congreso Nº 501 de 2010, de lunes 9 de agosto de 2010.

Publicado enEdición 163
Miércoles, 22 Julio 2009 12:08

La cárcel es pa’l de ruana

“La cárcel es una bendición”, evidente contradicción, pero así piensa la “gente de bien”. Preocupados a toda costa por sus limitados intereses, sólo se preocupan por su seguridad inmediata, la misma que creen hallar cuando están más rodeados por policía y cuando ven más cárceles a su paso.
Podrán cargar de cadenas
mi cuello, pero nunca
encadenaran mi conciencia.
José María Vargas Vila

¿Pero qué distancia a una persona cualquiera de una cárcel? Nada o casi nada. Sales de tu casa con la tranquilidad de regresar un poco más tarde, pero unas horas después estás en un calabozo, tensionado por las preguntas y la presión física de los interrogadores. Para el individuo popular, ese paso de la casa a la cárcel puede ser producto de un raponazo, un cosquilleo, o cualquier otro rebusque mal realizado. Para el preso de conciencia, puede ser el autoritarismo de un régimen que te sindica de algo que no has cometido, pese a lo cual te colocan ante las cámaras de televisión como un jefe de no se sabe qué redes terroristas.

A los de “familias de bien” también les suceden imponderables, y van a dar a la cárcel. Puede ser por un homicidio culposo, un desfalco descubierto antes de tiempo, su relación con fuerzas ilegales de derecha, en fin, sus deseos de vivir siempre a costa de los demás. Sin embargo, su permanencia en la cárcel casi siempre es transitoria, pues, favorecidos por sus relaciones e intrigas, son remitidos a lugares especiales y, por larga que sea la condena, como “por arte de magia” o por la magia que da el dinero, dejan los muros sin cumplir ni siquiera el mínimo del tiempo dispuesto por la ‘justicia’.

Sabiduría popular. En uno y en otro casos se confirma aquel decir tan popular y recordado día a día: “La cárcel es pa’l de ruana”; bien un pobre, bien un rebelde, según ellos, “gente de mal”.

La cárcel, como precisó Dostoievski, es el subsuelo, es aquel sitio tenebroso en el cual los seres humanos son tirados para que se descompongan, por obra del poder. A ese subsuelo llega, según los sectores dominantes, el “bajo mundo”, sector social también conocido como lumpen-proletariado. Llegan supuestamente para su resocialización, pero todos los estudios efectuados sobre la cárcel evidencian el error: allí se cumple el castigo y la venganza, y por parte alguna se permite o estimula la supuesta resocialización. Por ello, el delincuente cumple su condena y sale de inmediato al ‘ruedo’, es decir, a buscarse lo suyo a como dé lugar: esta es su venganza, realizada casi siempre y de manera equivocada sobre su mismo pueblo.

Pero al subsuelo también llegan (llegamos) hombres y mujeres que piensan(pensamos) diferente del establecimiento, que sueñan(soñamos) mundos distintos, que creen(creemos) en la necesidad de hacer real la utopía y bregan(bregamos) por su construcción. Unos, en forma tal vez equivocada, lo hacen con las armas, otros creemos en la necesidad del cambio de mentalidad de los pueblos como algo indispensable para los verdaderos cambios, propósito que sólo es alcanzable en el marco de una revolución cultural, con una educación crítica y liberadora, que tiene que darse en todos los lugares que habite el ser humano, más aún en estas mazmorras del régimen.

Independientemente de que una persona sea de bien o de mal, se trata de un ser que sufre en la cárcel, hecha por los seres humanos y destinada para los mismos. En ella, otros hombres imperfectos, como los más imperfectos hombres de las cárceles, imparten ‘justicia’ y determinan en proporción al sufrimiento el tiempo de la pena, no el tiempo de la resocialización que ellos mismos reconocen sólo en el papel, que ha de ser de orden cualitativo y no cuantitativo. Allí se sustituye la cultura por la tortura, en una inversión absurda de valores.

Buscamos aproximarnos a una dimensión más humanizante de estos valores, en el ostracismo de los antivalores, como son en esencia las cárceles, donde “nunca tanta crueldad tan maquiavélicamente esgrimida soportó la humanidad”1, pues, “la cárcel se ha mostrado en la historia reciente como una de las más importantes opciones del Estado (únicamente superada por las ejecuciones extrajudiciales) para persuadir a sus ‘asociados’ de adoptar un comportamiento que sólo reproduzca sus intereses”.

Presos pero irreductibles

En este sentido y en este lugar, desde el último rincón de un calabozo, armado de un libro, un lápiz y un papel, si en la soledad estamos, o de un vehículo sonoro de la cultura, es decir, la palabra, hemos de pensar el mundo que vivimos, el mundo que sufrimos y el mundo que soñamos. Así vive la cárcel el preso de conciencia.

El escenario de lucha ha cambiado. Ahora, como en otros momentos de nuestra lucha, debemos ser multiplicadores de la cultura, multiplicadores de escenarios que liberen nuestras mentes, para que nuestro cuerpo soporte la miseria y la crueldad del encierro y los castigos. Desde mi condición de ateo, considero inclusive a los grupos de reflexión espiritual (si condenan las injusticias y la opresión, y luchan por un mundo mejor) como una acción de “j’ormación liberadora, de igual manera el deporte, las artes, el trabajo y ante todo el estudio. He ahí donde debemos aportar el máximo de nuestra fuerza, nuestra capacidad y nuestra experiencia, para hacer de la prisión un escenario de verdadera resocialización y auténtica emancipación, ya que para un hombre y una mujer libres esto es “sólo un cambio de escenario, no de misión”2, y la nuestra, como defensores de derechos humanos, educadores y ante todo librepensadores, es evitar que nuestras conciencias sean también encadenadas, y, junto a los millones de colombianos y colombianas que sufrimos y somos víctimas del terrorismo de Estado, de un gobierno narcoparamilitar, hemos de conservar encendida la inextinguible llama de la esperanza.

1    Fusic, Julius.”Reportaje al pie del patíbulo”. Ediciones Desde Abajo. Bogotá, 2008, p. 14.
2    ibíd., p. 15.

Publicado enEdición 148
Jueves, 12 Marzo 2009 17:29

Jóvenes, “toques de queda”



Un debate sin propuestas oficiales progresistas. Su nombre: ¿Bogotá cómo vamos? La sede: periódico El Tiempo. Los asistentes: el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Rodolfo Palomino, Andrés Restrepo por la Secretaría de Gobierno, y el experto e investigador en políticas públicas de juventud, Libardo Sarmiento Anzola. Discusión que desnudó una contradicción palpable entre las decisiones restrictivas con respecto a la juventud, abanderadas por una supuesta administración de izquierda, y las opciones progresistas presentadas por el investigador.


Noches de control. Ya son más de 69 los días durante los cuales no se ha podido salir a gozar el final de un día y el amanacer de otro. Noches de control policial. Noches que con toda seguridad muchos jóvenes menores de edad habrán contado con los dedos de la mano al son de la penumbra, en algún rincón de la casa. ¿Cuándo terminarán?

Políticas de miedo, que intimidan. Políticas que los jóvenes miran con recelo por su similitud con aquellas de “o se acuestan o los acostamos”. Políticas que resucitan o profundizan las sociedades disciplinarias. Aceptadas sopena de ser capturados por la policía, o en su efecto trágico ser asesinados por fuerzas reaccionarias que los conciben como un peligro para su barrio o sector. Al mejor estilo de los X-Men, son confundidos con los mutantes y apartados de la sociedad para no asustar a los humanos “normales”.

Políticas restrictivas, llamadas “toques de queda”, que fueron ampliamente rebatidas este miércoles 11 en el Foro ¿Cómo vamos Bogotá?, en el que se puso en entredicho su razón de ser y se cuestionó su puesta en práctica por la Alcaldía del Polo Democrático Alternativo, toda vez que las mismas no reflejan los supuestos idearios de izquierda democrática que debieran regirla. Allí se evidenció una respuesta poco satisfactoria sobre temas de juentud por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana, limitados a presentar cifras de capturas de los “violadores de la ley” y justificaciones inconsistentes del por qué de dichas medidas.
En tal sentido, Andrés Restrepo, vocero de la Secretaría de Gobierno, puso énfasis en que estas políticas son temporales y focalizadas, tras lo que se esperaría su superación en un plazo no muy lejano: “tenemos que tomar decisiones de índole administrativa”, dijo al respecto.

De otro lado, Rodolfo Palomino, Comandante de la Policía Metropolitana, dijo que se han producido en este año 29.164 capturas, de las cuales 3.524 han implicado a menores de edad (Estadística Responsabilidad Penal Menores Infractores. 2009). Todo en el marco del Decreto 013 que permite ponerlas en práctica en diferentes  localidades y UPZs de la ciudad. En otros términos, “Si beben, roban, o caminan en la calle produciendo miedo –por el simple hecho de ser jóvenes-, los encerramos”, podría ser su respuesta silenciosa.
Foto que desnuda la tendencia regulatoria que padece Colombia. Entre otros temas, se habló del confinamiento y estigmatización que sufren los jóvenes, cada día más atrincherados, sin oportunidades de empleo, condenados a su suerte, perseguidos, por demás, bajo el esquema de estas poco nuevas prácticas, si se mira con el lente de quienes las han sufrido en carne propia en las barriadas periféricas de la ciudad, bajo el nombre de “limpieza social” o “escuadrones de la muerte”.

Según el oficial Palomino: “Los padres de familia solicitaron estas medidas, razón por la cual se vienen llevando a cabo. Yo a estas medidas no las llamaría restrictivas, sino que son una manera de proteger a los menores de edad”.

¿Protección coactiva? ¿Estigmatización? La verdad es que estas medidas no han reducido las tasas de criminalidad, incrementadas en el 29% con relación al año inmediatamente anterior. Así se desprende de las cifras suministradas por el Oficial.

Un problema de fondo, dirán los expertos. Un asunto de decisiones administrativas, dirán los gobernantes. Mientras la pugna conceptual se desata con visos de retórica, entre quienes están al mando de dichas políticas y quienes las consideran improcedentes, pues se ataca la enfermedad desde sus síntomas y no desde las causas, los jóvenes son quienes viven la violencia cotidiana.

Según los informes públicos, el 48% de los jóvenes vive en estado de pobreza. ¿Y entonces, qué hacer? Delinquir, acudir a las drogas, ahogar la tristeza y calmar la existencia sin sentido con una botella rebosante de licor, o incluso el suicidio –muchos jóvenes acuden a esta práctica no por violencia ni pobreza, sino por falta de oportunidades de empleo, según investigaciones recientes– parecen ser las únicas alternativas.

Políticas afines. Los “toques de queda”, oficiales y extra oficiales, continúan como el pan de cada día en amplios sectores urbanos. En sólo cinco barrios de la localidad de Ciudad Bolívar (Margarita, Paraíso, Las Torres, Los Alpes y Bellaflor), 30 jóvenes menores de edad, colegiales de un mismo centro de estudio, fueron vinculados desde el 6 de marzo pasado en una lista, impidiéndoles circular después de las 6:00 p.m., sopena de ser asesinados. ¿Para garantizar la tranquilidad de los adultos o para satisfacer el control de las ollas aledañas?
Políticas públicas dispersas

Medidas que encubren una situación de fondo. Se trata de la incapacidad sistemática por parte de las sucesivas administraciones de la ciudad de brindar una respuesta integral a la problemática de los jóvenes. Las políticas públicas, formuladas a través de la Ley 375 de 1997, de por si insuficientes, han quedado archivadas en los anaqueles del Distrito.

Según el investigador Libardo Sarmiento, 9 son los temas que se manejan en torno a la juventud en Colombia, con los cuales existe una deuda por parte de los gobernantes de las urbes colombianas. El primero y de mayor relevancia es el déficit  con el derecho a la vida, siguiendo la difícil situación en materia de salud, educación, cultura, trabajo, comunicación y participación. Otra arista que no suele mirarse concierne al estado deplorable de los derechos de los y las jóvenes en las cárceles.

El cáncer corroe todo el cuerpo. Se pueden atenuar los síntomas con programas asistenciales o medidas restrictivas que no evidencian cosa distinta que la exclusión, marginación y estigmatización juvenil. ¿Qué pasará cuando la enfermedad se propague y no pueda controlarse?

Por: Julián Carreño




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