A pesar de estar habitada por una inmensa cantidad de jóvenes (12.057.369), en Colombia no encuentran oportunidades para su realización. Varios botones lo confirman: la tercera parte de éstos no está vinculada al sistema educativo ni laboral; sólo el 52,4 por ciento logra título de bachiller; ni qué decir de la educación superior. Además, el desempleo afecta al 21 por ciento de los jóvenes. ¿Impulsará políticas justas y efectivas el actual Gobierno para dar al traste con esta realidad?

El garrote

El proyecto1 presentado para expedir el Código Nacional de Convivencia Ciudadana debiera ser objeto de amplia deliberación pública por su contenido y las consecuencias para la libre expresión ciudadana. Ejemplo de ello, este texto: “Toda reunión o desfile público que altere o atente contra la convivencia, la libre movilidad o los derechos fundamentales, especialmente los de los menores de edad, será disuelto por la Policía Nacional. De la misma forma, ésta podrá impedir la realización de reuniones, marchas o desfiles públicos que no hayan sido comunicados oportunamente o cuando éstos no cumplan las condiciones señaladas por la autoridad”2.

Para las diversas expresiones de los jóvenes en los ámbitos urbanos, es decir, las llamadas culturas o subculturas juveniles, y en general para la población joven, serán objeto de sanciones si presentan conductas como:

–    Emplear indebidamente o permitir que menores de edad utilicen las telecomunicaciones de emergencia para dar información falsa o inútil. La medida se impondrá al representante legal del menor o al tutor;
–    Escribir o fijar en lugar público o abierto al público, postes o en fachadas de propiedades públicas o privadas, leyenda, propaganda, pasacalles, dibujo o grafitis sin autorización. En tal caso se impondrá la medida de desarrollar actividad que ayude al aseo, el ornato, la tranquilidad y la salubridad;
–    Usar indebidamente la bandera, el escudo nacional, cualquier otro símbolo patrio, o no izar el pabellón nacional en fiestas patrias o cuando lo dispongan los gobiernos nacional, departamental, distrital o municipal;
–    Realizar actos sexuales, obscenos, exhibicionistas o insultantes para la dignidad personal y la moralidad pública, en sitios públicos o abiertos a éste, o que, siendo privados, trasciendan a lo público, tales como clubes sociales, corporaciones, fundaciones sin ánimo de lucro y sociedades comerciales;
–    Ocupar indebidamente o hacer mal uso de los bienes del espacio público;
–    Perturbar, en vía pública o en privado cuando trascienda a lo público, la convivencia mediante juegos o cualquiera otra actividad;
–    Permitir que los menores afecten la convivencia del vecindario con sus juegos o travesuras;

Preocupado el legislador por las alarmantes cifras de criminalidad juvenil en el país, pues, según informes oficiales de la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2009 fueron detenidos 4.357 menores de edad, 3.601 menores (14-18 años) ingresaron al Sistema Penal para adolescentes, cifra que aumentó respecto a 2008, cuando hubo 3.141 casos3.

Además, la explicación del ICBF a esta situación, que suponemos soportada en investigaciones científicas, es: “Cuando los adolescentes conocen el tipo de castigo al que se exponen al cometer un delito y encuentran que los beneficios son superiores a los riesgos, se genera un incentivo a reincidir, incrementando así la cifra total de delitos. Esto impacta principalmente los delitos contra el patrimonio económico como el hurto, por lo que se puede observar un incremento para 2009 en este delito del 24,4 por ciento con relación a 2008”4. La afirmación preocupa y tiene lamentables consecuencias para los jóvenes; por tanto, se necesita conocer los soportes en los cuales está fundamentada. Como respuesta, se presenta el Proyecto de Ley5, incrementando las penas y endureciendo los sitios de reclusión donde los jóvenes pagan por sus delitos.

La iniciativa legislativa se inscribe en “un conjunto de normas cuyo objetivo es la orientación de la política pública criminal juvenil, que inspirado en la necesidad que la sociedad impone frente a los nuevos retos de seguridad ciudadana (sic)”6.

El nuevo Partido Verde7 no se queda atrás y participa en el espíritu que hoy inspira al Congreso de la República. La forma como responde al entusiasmo juvenil con sus propuestas en las pasadas elecciones es ésta8.

De los 10 artículos que integran el Proyecto de Ley, en dos de ellos se expresa claramente el espíritu de la iniciativa legislativa, a saber:

“Artículo 8. Incorpórese el artículo 187A a la Ley 1098 de 2006 que dirá:
“Artículo 187ª. La privación de la libertad en establecimiento carcelario para adolescentes. En los casos en que los adolescentes mayores de catorce (14) y menores de dieciocho (18) años sean hallados responsables de los delitos de que trata el parágrafo primero del artículo 148 de este código9, la privación de la libertad será en establecimiento carcelario para adolescentes y tendrá una duración de cinco (5) hasta quince (15) años. Si estos delitos son cometidos contra niños o niñas menores de catorce (14) años, la sanción podrá ser aumentada hasta en una tercera parte.
“Si estando vigente la sanción de privación de la libertad el adolescente cumpliere los dieciocho (18) años, éste deberá continuar el cumplimiento de la sanción separado de los menores de dieciocho (18) años. Los adolescentes tendrán una atención diferencial entre los adolescentes menores de dieciocho (18) años y aquellos que alcanzaron su mayoría de edad. Esta atención deberá incluir su separación física al interior del establecimiento carcelario”10.

Es asombrosa, por decir lo menos, la fe de la senadora Gilma Jiménez11 (Partido Verde) en que la privación de la libertad “reformará a los jóvenes”, lo cual la lleva a definir entre 5 y 15 años la pena para quienes cometen un delito, y, si se dan las condiciones, puede llegar hasta los 20 años, cuestión que ni siquiera se vislumbró en el Legislativo para las personas señaladas de crímenes de lesa humanidad en el marco de la Ley de Justicia y Paz.

Según la Senadora, después de 15 o 20 años de estar privado de la libertad un joven, podrá convertirse en ciudadano de bien para la sociedad, cuestión que está lejos de cumplirse, ya que no hay relación proporcional entre el incremento del castigo y la conducta “adaptativa”, más aún si tenemos en cuenta recientes estudios12 sobre los resultados de aplicar el Código de Infancia y Adolescencia al cumplirse cerca de cuatro años de su aprobación, que señalan las fallas protuberantes en la aplicación del Código en materia de recursos técnicos y económicos, formación, coordinación institucional, etcétera.

Además, la Senadora no se pregunta13 por la procedencia del joven que comete estos delitos14 ni por las causas que determinan tales conductas y menos por la responsabilidad estatal en la materia. Sólo le interesa aplicar “penas ejemplares”, que supuestamente garantizan la no repetición del delito.

Así, la sed de justicia de la Senadora no queda satisfecha y requiere que los padres también sean privados de la libertad, como se ve en seguida:

“Artículo Transitorio: El Gobierno Nacional, dentro de los seis (6) meses siguientes a la expedición de esta Ley, tramitará ante el Congreso de la República un Proyecto de Ley que modifique el Código Penal para establecer los tipos penales en los que incurrirán los padres, representantes legales y adultos que induzcan, constriñan, financien, faciliten o determinen directa o indirectamente, por acción u omisión, a un niño o un adolescente a cometer cualquier delito, especialmente los señalados en el parágrafo primero del artículo 148 de este Código”15.

Además de los argumentos esgrimibles en cuanto al poco tiempo de aplicación del Código de Infancia y Adolescencia, para someterlo a una reforma en su articulado que no conviene jurídica y políticamente. Es urgente la necesidad de no seguir con la política de “control y represión” como fórmula para enfrentar situaciones complejas crear en el país un espacio para la reflexión de los sectores relacionados con la población joven, a fin de analizar las múltiples dimensiones de su situación e implementar reformas jurídicas y políticas, programas y proyectos que se demandan con urgencia para que ellos accedan a una vida digna, de la cual no gozan hoy en Colombia en sus grandes ciudades y menos en las zonas rurales.

La zanahoria

Para disminuir los homicidios y el rapto de menores, y recuperar a los secuestrados, se plantea luminosamente por parte del legislador la creación de la “Alerta Luis Santiago”16. Con tal propuesta se espera reducir las infracciones.

Además, no se presenta un balance de políticas y programas orientados al joven de “alto riesgo”. Igualmente, estamos ante conceptos que estigmatizan la situación del joven en el país y no contribuyen a profundizar en su comprensión y su explicación. En el Congreso se estudia un proyecto de ley17 para la rehabilitación y la inclusión social para los jóvenes en ciertas circunstancias.

A pesar de las fallas de la iniciativa, es transparente lo relativo a estímulos tributarios: “Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que contraten personas objeto de la presente ley, que hayan sido rehabilitados, aptos para el trabajo y capacitados previamente, podrán deducir de su renta el 125% (ciento veinticinco por ciento) [porcentaje absurdo] del valor total de los salarios efectivamente pagados durante el respectivo año gravable, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno”18. Es probable que el desempleo no disminuya, así los estímulos se apliquen con rigor.

Finalmente, está el proyecto de objeción de conciencia al servicio militar19, que busca materializar una propuesta que los jóvenes luchan desde hace años, pues no quieren continuar como actores de un teatro de sangre en que sus vidas se limitan a una polaridad en que se ve al otro como enemigo al cual se debe perseguir, capturar, eliminar, y posteriormente recibir reconocimientos. Ello sucede en cualquier bando en conflicto, en que la gente es sometida por el imperio de la muerte y las armas, que niegan la vida. A esto no quieren seguir apostándole los jóvenes del mundo.

Esperamos que el proyecto curse favorablemente su trámite, aunque el ambiente guerrerista que prima en la sociedad, al cual el escenario del Congreso no es ajeno, le pronostique un futuro incierto.

La manipulación

Las causas de la participación partidista y las que se expresan en el espacio político mediante el voto20 son complejas y ameritan una investigación seria en el país. Un estudio de esas características permitiría conocer las causas de la apatía y el rechazo de los jóvenes hacia los partidos políticos. Razones no faltan, algunas de ellas suficientemente conocidas. Igual comportamiento se ve ante el tema electoral, cuando se han intensificado los delitos electorales y la serie de irregularidades presentadas, justifican su posición al respecto.

Por tanto, el tema no se soluciona con proyectos de ley21 que otorguen derecho a sufragar a los 16 años. Así, sólo se incrementa el voto en blanco y la abstención, pues la gente no cree que los partidos y el voto transformen a la sociedad. La cultura política y la conciencia ciudadana requieren leyes más sustantivas para enfrentar la crisis, y no proyectos que responden a un fervor electoral, expresado en los medios a nombre de un partido.

Qué dice “Colombia Joven”

El programa presidencial para velar por los derechos del joven debiera pronunciarse. Promover debates públicos en todas las regiones, con la población que se verá involucrada en estos proyectos si se aprueban. Por ahora, prima el silencio.

Y los jóvenes, ¿dónde están?

Sorteando azarosa e inciertamente su trágico presente y su futuro, algunos de manera lúdica, creativa y con espíritu reflexivo, habrá aquellos que, adaptados a la sociedad que les tocó vivir, sólo esperan cumplir con el libreto. Ello acontece mientras los proyectos de ley siguen su curso hasta llegar como relámpago a sus vidas, para iluminarlas o profundizar su desesperanzadora grieta, que tiende a una ser constante en la sociedad colombiana.

1    Proyecto de Ley Nº 113 de 2010-Cámara, “por la cual se expide el Código Nacional de Convivencia Ciudadana y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 739, miércoles 6 de octubre de 2010.
2    ibíd.., p. 3.
3    Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010.
4    ibíd.., p. 9.
5    Proyecto de Ley Nº 148 de 2010-Senado, “por el cual se modifica la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo referente al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes”. Gaceta del Congreso Nº 669 de 2010, martes 21 de septiembre de 2010.
6    Íd.
7    Los dos proyectos anteriores son presentados por el Gobierno y el Partido de la U, respectivamente.
8    Proyecto de Ley Nº 153 del 2010, “por medio del cual se modifica el Libro segundo, Título 1, del Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006 y se dictan otras disposiciones”.
9    Los delitos a que hace referencia el parágrafo primero en mención son: homicidio doloso, secuestro, delitos agravados contra la libertad, la integridad y la formación, sexuales, extorsión, lesiones personales agravadas y hurto calificado.
10    íd.
11    También del senador Roy Barreras Montealegre, quien presenta el Proyecto Nº 148 de 2010.
12    Evaluación del Código de Infancia y Adolescencia. Alianza por la Niñez. 2010.
13    Tampoco lo hace el senador Roy Barreras en su Proyecto de Ley Nº 148.
14    Cuando se estaba debatiendo la aprobación del nuevo Código de Infancia y Adolescencia, el porcentaje mayor de jóvenes que cometían los delitos por penalizar drásticamente con la ley pertenecían a los estratos socioeconómicos 1 y 2.
15    íd.
16    Proyecto de Ley Nº 019 de 2010-Cámara, “por medio del cual se dictan medidas para la prevención del rapto de menores y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 452 de 2010.
17    Proyecto de Ley Nº 109 de 2010-Cámara, “por medio de la cual se establecen estímulos tributarios y otros, con el fin de adoptar medidas especiales para la rehabilitación e inclusión social de jóvenes con alto riesgo de emergencia social, pandillismo y violencia juvenil”. Gaceta del Congreso Nº 722, de jueves 30 de septiembre de 2010.
18    ibíd.., p. 2.
19    Proyecto de Ley Nº 66 de 2010m, “por la cual se dictan normas sobre el ejercicio del derecho de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, se crea el servicio social sustituto, se modifica parcialmente la Ley 48 de 1993 y se dictan otras disposiciones”. Gaceta del Congreso Nº 492, de jueves 5 de agosto de 2010.
20    A pesar de tal situación, los jóvenes participan del escenario político, entendido como el espacio donde se piensan los problemas del país y se formulan alternativas, en medio de las relaciones de poder. Esto se constata en las múltiples expresiones juveniles y las diversas propuestas en el ámbito de la cultura.
21    Proyecto de Acto Legislativo Nº 06 de 2010, “por el cual se reforma el articulo 99 de la Constitución Política de Colombia”. Gaceta del Congreso Nº 501 de 2010, de lunes 9 de agosto de 2010.

Publicado enEdición 163
Miércoles, 22 Julio 2009 12:08

La cárcel es pa’l de ruana

“La cárcel es una bendición”, evidente contradicción, pero así piensa la “gente de bien”. Preocupados a toda costa por sus limitados intereses, sólo se preocupan por su seguridad inmediata, la misma que creen hallar cuando están más rodeados por policía y cuando ven más cárceles a su paso.
Podrán cargar de cadenas
mi cuello, pero nunca
encadenaran mi conciencia.
José María Vargas Vila

¿Pero qué distancia a una persona cualquiera de una cárcel? Nada o casi nada. Sales de tu casa con la tranquilidad de regresar un poco más tarde, pero unas horas después estás en un calabozo, tensionado por las preguntas y la presión física de los interrogadores. Para el individuo popular, ese paso de la casa a la cárcel puede ser producto de un raponazo, un cosquilleo, o cualquier otro rebusque mal realizado. Para el preso de conciencia, puede ser el autoritarismo de un régimen que te sindica de algo que no has cometido, pese a lo cual te colocan ante las cámaras de televisión como un jefe de no se sabe qué redes terroristas.

A los de “familias de bien” también les suceden imponderables, y van a dar a la cárcel. Puede ser por un homicidio culposo, un desfalco descubierto antes de tiempo, su relación con fuerzas ilegales de derecha, en fin, sus deseos de vivir siempre a costa de los demás. Sin embargo, su permanencia en la cárcel casi siempre es transitoria, pues, favorecidos por sus relaciones e intrigas, son remitidos a lugares especiales y, por larga que sea la condena, como “por arte de magia” o por la magia que da el dinero, dejan los muros sin cumplir ni siquiera el mínimo del tiempo dispuesto por la ‘justicia’.

Sabiduría popular. En uno y en otro casos se confirma aquel decir tan popular y recordado día a día: “La cárcel es pa’l de ruana”; bien un pobre, bien un rebelde, según ellos, “gente de mal”.

La cárcel, como precisó Dostoievski, es el subsuelo, es aquel sitio tenebroso en el cual los seres humanos son tirados para que se descompongan, por obra del poder. A ese subsuelo llega, según los sectores dominantes, el “bajo mundo”, sector social también conocido como lumpen-proletariado. Llegan supuestamente para su resocialización, pero todos los estudios efectuados sobre la cárcel evidencian el error: allí se cumple el castigo y la venganza, y por parte alguna se permite o estimula la supuesta resocialización. Por ello, el delincuente cumple su condena y sale de inmediato al ‘ruedo’, es decir, a buscarse lo suyo a como dé lugar: esta es su venganza, realizada casi siempre y de manera equivocada sobre su mismo pueblo.

Pero al subsuelo también llegan (llegamos) hombres y mujeres que piensan(pensamos) diferente del establecimiento, que sueñan(soñamos) mundos distintos, que creen(creemos) en la necesidad de hacer real la utopía y bregan(bregamos) por su construcción. Unos, en forma tal vez equivocada, lo hacen con las armas, otros creemos en la necesidad del cambio de mentalidad de los pueblos como algo indispensable para los verdaderos cambios, propósito que sólo es alcanzable en el marco de una revolución cultural, con una educación crítica y liberadora, que tiene que darse en todos los lugares que habite el ser humano, más aún en estas mazmorras del régimen.

Independientemente de que una persona sea de bien o de mal, se trata de un ser que sufre en la cárcel, hecha por los seres humanos y destinada para los mismos. En ella, otros hombres imperfectos, como los más imperfectos hombres de las cárceles, imparten ‘justicia’ y determinan en proporción al sufrimiento el tiempo de la pena, no el tiempo de la resocialización que ellos mismos reconocen sólo en el papel, que ha de ser de orden cualitativo y no cuantitativo. Allí se sustituye la cultura por la tortura, en una inversión absurda de valores.

Buscamos aproximarnos a una dimensión más humanizante de estos valores, en el ostracismo de los antivalores, como son en esencia las cárceles, donde “nunca tanta crueldad tan maquiavélicamente esgrimida soportó la humanidad”1, pues, “la cárcel se ha mostrado en la historia reciente como una de las más importantes opciones del Estado (únicamente superada por las ejecuciones extrajudiciales) para persuadir a sus ‘asociados’ de adoptar un comportamiento que sólo reproduzca sus intereses”.

Presos pero irreductibles

En este sentido y en este lugar, desde el último rincón de un calabozo, armado de un libro, un lápiz y un papel, si en la soledad estamos, o de un vehículo sonoro de la cultura, es decir, la palabra, hemos de pensar el mundo que vivimos, el mundo que sufrimos y el mundo que soñamos. Así vive la cárcel el preso de conciencia.

El escenario de lucha ha cambiado. Ahora, como en otros momentos de nuestra lucha, debemos ser multiplicadores de la cultura, multiplicadores de escenarios que liberen nuestras mentes, para que nuestro cuerpo soporte la miseria y la crueldad del encierro y los castigos. Desde mi condición de ateo, considero inclusive a los grupos de reflexión espiritual (si condenan las injusticias y la opresión, y luchan por un mundo mejor) como una acción de “j’ormación liberadora, de igual manera el deporte, las artes, el trabajo y ante todo el estudio. He ahí donde debemos aportar el máximo de nuestra fuerza, nuestra capacidad y nuestra experiencia, para hacer de la prisión un escenario de verdadera resocialización y auténtica emancipación, ya que para un hombre y una mujer libres esto es “sólo un cambio de escenario, no de misión”2, y la nuestra, como defensores de derechos humanos, educadores y ante todo librepensadores, es evitar que nuestras conciencias sean también encadenadas, y, junto a los millones de colombianos y colombianas que sufrimos y somos víctimas del terrorismo de Estado, de un gobierno narcoparamilitar, hemos de conservar encendida la inextinguible llama de la esperanza.

1    Fusic, Julius.”Reportaje al pie del patíbulo”. Ediciones Desde Abajo. Bogotá, 2008, p. 14.
2    ibíd., p. 15.

Publicado enEdición 148
Jueves, 12 Marzo 2009 17:29

Jóvenes, “toques de queda”



Un debate sin propuestas oficiales progresistas. Su nombre: ¿Bogotá cómo vamos? La sede: periódico El Tiempo. Los asistentes: el Comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, Rodolfo Palomino, Andrés Restrepo por la Secretaría de Gobierno, y el experto e investigador en políticas públicas de juventud, Libardo Sarmiento Anzola. Discusión que desnudó una contradicción palpable entre las decisiones restrictivas con respecto a la juventud, abanderadas por una supuesta administración de izquierda, y las opciones progresistas presentadas por el investigador.


Noches de control. Ya son más de 69 los días durante los cuales no se ha podido salir a gozar el final de un día y el amanacer de otro. Noches de control policial. Noches que con toda seguridad muchos jóvenes menores de edad habrán contado con los dedos de la mano al son de la penumbra, en algún rincón de la casa. ¿Cuándo terminarán?

Políticas de miedo, que intimidan. Políticas que los jóvenes miran con recelo por su similitud con aquellas de “o se acuestan o los acostamos”. Políticas que resucitan o profundizan las sociedades disciplinarias. Aceptadas sopena de ser capturados por la policía, o en su efecto trágico ser asesinados por fuerzas reaccionarias que los conciben como un peligro para su barrio o sector. Al mejor estilo de los X-Men, son confundidos con los mutantes y apartados de la sociedad para no asustar a los humanos “normales”.

Políticas restrictivas, llamadas “toques de queda”, que fueron ampliamente rebatidas este miércoles 11 en el Foro ¿Cómo vamos Bogotá?, en el que se puso en entredicho su razón de ser y se cuestionó su puesta en práctica por la Alcaldía del Polo Democrático Alternativo, toda vez que las mismas no reflejan los supuestos idearios de izquierda democrática que debieran regirla. Allí se evidenció una respuesta poco satisfactoria sobre temas de juentud por parte de la Secretaría de Gobierno y de la Policía Metropolitana, limitados a presentar cifras de capturas de los “violadores de la ley” y justificaciones inconsistentes del por qué de dichas medidas.
En tal sentido, Andrés Restrepo, vocero de la Secretaría de Gobierno, puso énfasis en que estas políticas son temporales y focalizadas, tras lo que se esperaría su superación en un plazo no muy lejano: “tenemos que tomar decisiones de índole administrativa”, dijo al respecto.

De otro lado, Rodolfo Palomino, Comandante de la Policía Metropolitana, dijo que se han producido en este año 29.164 capturas, de las cuales 3.524 han implicado a menores de edad (Estadística Responsabilidad Penal Menores Infractores. 2009). Todo en el marco del Decreto 013 que permite ponerlas en práctica en diferentes  localidades y UPZs de la ciudad. En otros términos, “Si beben, roban, o caminan en la calle produciendo miedo –por el simple hecho de ser jóvenes-, los encerramos”, podría ser su respuesta silenciosa.
Foto que desnuda la tendencia regulatoria que padece Colombia. Entre otros temas, se habló del confinamiento y estigmatización que sufren los jóvenes, cada día más atrincherados, sin oportunidades de empleo, condenados a su suerte, perseguidos, por demás, bajo el esquema de estas poco nuevas prácticas, si se mira con el lente de quienes las han sufrido en carne propia en las barriadas periféricas de la ciudad, bajo el nombre de “limpieza social” o “escuadrones de la muerte”.

Según el oficial Palomino: “Los padres de familia solicitaron estas medidas, razón por la cual se vienen llevando a cabo. Yo a estas medidas no las llamaría restrictivas, sino que son una manera de proteger a los menores de edad”.

¿Protección coactiva? ¿Estigmatización? La verdad es que estas medidas no han reducido las tasas de criminalidad, incrementadas en el 29% con relación al año inmediatamente anterior. Así se desprende de las cifras suministradas por el Oficial.

Un problema de fondo, dirán los expertos. Un asunto de decisiones administrativas, dirán los gobernantes. Mientras la pugna conceptual se desata con visos de retórica, entre quienes están al mando de dichas políticas y quienes las consideran improcedentes, pues se ataca la enfermedad desde sus síntomas y no desde las causas, los jóvenes son quienes viven la violencia cotidiana.

Según los informes públicos, el 48% de los jóvenes vive en estado de pobreza. ¿Y entonces, qué hacer? Delinquir, acudir a las drogas, ahogar la tristeza y calmar la existencia sin sentido con una botella rebosante de licor, o incluso el suicidio –muchos jóvenes acuden a esta práctica no por violencia ni pobreza, sino por falta de oportunidades de empleo, según investigaciones recientes– parecen ser las únicas alternativas.

Políticas afines. Los “toques de queda”, oficiales y extra oficiales, continúan como el pan de cada día en amplios sectores urbanos. En sólo cinco barrios de la localidad de Ciudad Bolívar (Margarita, Paraíso, Las Torres, Los Alpes y Bellaflor), 30 jóvenes menores de edad, colegiales de un mismo centro de estudio, fueron vinculados desde el 6 de marzo pasado en una lista, impidiéndoles circular después de las 6:00 p.m., sopena de ser asesinados. ¿Para garantizar la tranquilidad de los adultos o para satisfacer el control de las ollas aledañas?
Políticas públicas dispersas

Medidas que encubren una situación de fondo. Se trata de la incapacidad sistemática por parte de las sucesivas administraciones de la ciudad de brindar una respuesta integral a la problemática de los jóvenes. Las políticas públicas, formuladas a través de la Ley 375 de 1997, de por si insuficientes, han quedado archivadas en los anaqueles del Distrito.

Según el investigador Libardo Sarmiento, 9 son los temas que se manejan en torno a la juventud en Colombia, con los cuales existe una deuda por parte de los gobernantes de las urbes colombianas. El primero y de mayor relevancia es el déficit  con el derecho a la vida, siguiendo la difícil situación en materia de salud, educación, cultura, trabajo, comunicación y participación. Otra arista que no suele mirarse concierne al estado deplorable de los derechos de los y las jóvenes en las cárceles.

El cáncer corroe todo el cuerpo. Se pueden atenuar los síntomas con programas asistenciales o medidas restrictivas que no evidencian cosa distinta que la exclusión, marginación y estigmatización juvenil. ¿Qué pasará cuando la enfermedad se propague y no pueda controlarse?

Por: Julián Carreño




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