MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

Sahara Occidental: referendo y autodeterminación

La decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental ha vuelto a arrojar luz sobre el conflicto y con ello el debate sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación.

Según el relato predominante en los medios de comunicación, Marruecos habría obstruido el trabajo de la ONU, imposibilitando la consecución de una solución definitiva.

Sin embargo, una lectura objetiva y racional del Plan de Arreglo muestra la vacuidad de estas alegaciones. Pese a que Marruecos y el Polisario acordaron seguir adelante con el plan, ambas partes tenían múltiples discrepancias y reservas al respecto. Sus discrepancias desembocaron en el fracaso de todo esfuerzo encaminado a implementarlo.

Para el Polisario, los saharauis elegibles para participar en el referendo eran sólo aquellos incluidos en el censo español de 1974. Para Marruecos todos los saharauis con vínculos familiares o de sangre con la región eran elegibles, independientemente de si fueron incluidos o no en dicho censo.

El entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, respaldaba la posición marroquí. De Cuéllar estimaba que el censo español de 1974 no podía servir como única base para un referendo y sostenía que, dado el modo de vida nómada de los saharauis –con el movimiento constante de personas y familias a través de las fronteras nacionales, ya sea para huir del colonialismo y de los conflictos, por razones económicas o para proseguir estudios– el censo español no pudo incluirlos a todos.

La posición que el Polisario mantuvo desde 1991 contrasta con la que había expresado a principios de los años 80. En junio de 1981, Marruecos propuso la celebración de un referendo sobre la base del censo español de 1974. Pero Argelia y el Polisario lo rechazaron, alegando que había 750 mil saharauis que tenían el derecho de participar en dicha consulta.

En su libro Sahara Occidental: anatomía de un estancamiento, Erik Jensen, ex jefe de la Misión de Naciones Unidas para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) entre 1994 y 1998, explica que los españoles mismos admitieron que su censo no abarcó todo el territorio, y muchos jefes tribales dijeron que miles de saharauis y refugiados fueron omitidos del mismo.

Las reservas

Erik Jensen considera que Marruecos y el Polisario nunca aceptaron plenamente el Plan de Arreglo de 1991. Aunque estuvieron de acuerdo en principio, tenían reservas que no fueron tomadas en cuenta.

Desde el principio, el plan no tenía posibilidades de ser implementado porque adolecía de una falla de procedimiento importante. Tanto Marruecos como el Polisario han tendido a interpretar sus párrafos más relevantes de manera diferente. Aun así, el Consejo de Seguridad lo adoptó.

El resultado de las deliberaciones que precedieron a la adopción del Plan de Arreglo podría haber sido diferente si los funcionarios de la ONU a cargo de redactarlo hubieran informado al Consejo de Seguridad de todas las reservas expresadas por las partes.

Issa Diallo, un miembro de confianza del grupo de trabajo de Pérez de Cuéllar a cargo de elaborar los detalles del Plan de Arreglo, jugó un papel mayor en el fracaso del plan. Según Jensen, Diallo llevó a cabo reuniones confidenciales separadas tanto con Marruecos como con el Polisario y luego no compartió las reservas de ambas partes ni con los demás miembros del grupo de trabajo ni con el Consejo de Seguridad. Lo anterior explica por qué Marruecos y el Polisario reaccionaron de forma furiosa cuando el Consejo de Seguridad presentó el plan.

Antes de la adopción del plan, Marruecos expresó reiteradamente su preocupación por muchos de los párrafos del proyecto. En una carta dirigida al secretario general el 30 de julio de 1990, el rey Hassan II expresó su frustración de que el documento presentado al Consejo de Seguridad no hubiera tenido en cuenta las reservas de Marruecos. Sin embargo, esta carta no alcanzó ni al Consejo de Seguridad ni al grupo de trabajo encargado de redactar el Plan de Arreglo.

La forma en que éste fue adoptado muestra que el principal objetivo de la ONU en ese momento era llegar rápidamente a un entendimiento entre las partes y poner fin a la guerra, en lugar de elaborar una propuesta viable que pudiera desembocar en una solución factible.

Las mismas discrepancias entre las partes persistieron a lo largo de los años 90. En un informe al Consejo de Seguridad en febrero de 2000, el entonces secretario general Kofi Annan enfatizó la falta de medios para hacer cumplir el resultado de un referendo incluso en el caso de que fuera posible organizarlo. Con lo cual instó a su representante personal, James Baker, a estudiar otras vías que pudieran ayudar a las partes a llegar a una solución política consensuada.

Partidarios del Polisario pueden persistir en su afán de hacer creer lo contrario y en tratar de controlar el relato sobre el conflicto, pero sería más edificante y constructivo que se reconciliaran con los hechos y se deshicieran de los puntos de vista tendenciosos y parcializados.

Cuanto más pronto los partidarios del Polisario admitan la realidad, acepten que el referendo nació muerto y comprendan que se deben buscar otras vías para conseguir una solución consensuada, será mejor para la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región y, por ende, para los intereses de los países del Mediterráneo y el norte de África.

Samir Bennis, Doctor, analista político, asesor político senior en una embajada árabe en Washington DC. Es cofundador y editor en jefe de Morocco World News

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Nueva y sangrienta represión en Myanmar deja al menos 18 muertos

Al menos 18 manifestantes fallecieron y 30 resultaron heridos este domingo por la represión de la policía y el ejército en las protestas contra la junta militar. Según datos de la ONU, es el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de febrero.

 

"En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal", denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Las muertes son producto de disparos contra los manifestantes en Rangún, la mayor ciudad del país, y otras como Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

Las fuerzas de seguridad abrieron fuego de manera indiscriminada para reprimir las manifestaciones masivas que exigen a los militares que devuelvan el poder y liberen a los políticos detenidos tras el golpe de estado ocurrido el pasado 1 de febrero.

En Mandalay, la segunda ciudad más poblada y donde los militares afrontan una gran oposición, uno de los manifestantes murió al recibir un disparo en la cabeza efectuado por los uniformados, declaró a Efe un testigo que ayudó a recuperar el cadáver, mientras el portal Myanmar Now informa de 6 heridos de bala.

En la antigua capital, un joven pereció por herida de bala al ser alcanzado por un disparo procedente de las autoridades, apunta el canal Democratic Voice of Burma, mientras el diario Mizzima informa de al menos cuatro heridos por disparos contra una casa.

En Dawei, en el sur del país, la Policía disparó varias rondas de munición real contra los manifestantes y la prensa local informó de tres fallecidos y una decena de heridas.

El número de muertos, que con los 18 de hoy ascienden a 22 por los disparos directos de los uniformados desde el levantamiento militar, podría aumentar dada la violenta represión desatada por las autoridades a lo largo del país.

"Birmania es un campo de batalla", indicó el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Rangún, al describir en Twitter la situación actual del país. Es que desde el primer día del golpe se vive un masivo proceso de resistencia obrera y popular que la represión no ha podido desbaratar.

La Policía usó también este domingo balas de goma, gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los manifestantes, quienes levantaron en Rangún barricadas improvisadas para frenar las acometidas de las fuerzas represivas.

A pesar de las cargas y violencia policial, los manifestantes regresaban una y otra vez a las calles al rebajarse la tensión y en desafió a las fuerzas de seguridad, que estuvieron respaldadas por unidades militares.

En otras ciudades del país, como Bago, Myitkyina o Lashio, la Policía también actuó con violencia y reprimió a las movilizaciones de oposición contra la junta militar encabezada por el general golpista Ming Aung Hlaing, que está acusado de genocidio en el Tribunal de La Haya por la campaña militar contra la etnia rohinyá en 2017 en el oeste del país.

En Mandalay un grupo de manifestantes detuvo a cinco policías que viajaban en un coche, blanco y sin la identificación policial, cuyo maletero transportaba al menos media docena de armas y numerosa munición, recoge el diario The Irrawaddy.

Más de 1000 detenidos desde el golpe militar

Desde hace semanas, centenares de miles de personas se manifiestan en contra de la junta militar y exigen la puesta en libertad de todos los arrestados tras el golpe de Estado, entre ellos la depuesta presidenta electa, Aung San Suu Kyi.

El canal público MRTV, ahora bajo control militar, informó anoche de la detención el sábado de 479 personas acusadas de "protestas contra el Estado" durante una de las jornadas más violentas desde el levantamiento.

En el mes de manifestaciones se calcula que más de 1.000 personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

La Oficina de la alta comisionada de la ONU afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas.

La junta militar asegura, por su parte, que la Policía utiliza la fuerza mínima contra las manifestaciones, mientras el diario oficialista "The Global New Light of Myanmar" publicó este domingo un artículo donde la Policía amenaza con "tomar acciones legales" contra los líderes de las manifestaciones.

Repercusiones internacionales

El ministerio de Exteriores de Indonesia, el país del Sudeste Asiático que se ha mostrado más activo a la hora de cuestionar la toma del poder por parte de los militares, indicó en un comunicado estar "profundamente preocupado por la escalada de violencia en Myanmar que ha provocado víctimas y la pérdida de vidas".

El país "insta a las fuerzas de seguridad (birmanas) a que se abstengan del uso de la fuerza y ejerzan la máxima moderación para evitar más víctimas y que la situación se deteriore".

La canciller indonesia, Retno Marsudi, se reunió el jueves en Bangkok con Wunna Maung Lwin, nombrado ministro de Exteriores por la actual junta militar, sin que trascendiera los temas sobre los que giró la conversación entre ambos, y con el ministro de Exteriores tailandés, Don Pramudwinai, como anfitrión.

Por su parte, el ministerio birmano de Asuntos Exteriores informó de la destitución del embajador de Myanmar en Naciones Unidas, Kyaw Moe Tun, nombrado por el Gobierno derrocado, ya que el viernes en un discurso frente a la Asamblea General de la ONU había pedido medidas contundentes para terminar con el gobierno militar.

El comunicado acusa a Kyaw Moe Tun de cometer un delito de "alta traición" contra el país y "abusar de los poderes y responsabilidades" durante su intervención, que terminó con el gesto de alzar tres dedos popularizado entre la oposición a los militares.

El relator especial de la ONU para Birmania, Tom Andrews, ensalzó el gesto de "valentía" de Kyaw Moe Tun y pidió, en un mensaje en Twitter, que los países actúen contra el gobierno militar.

El Ejército justificó la toma de poder por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, donde observadores internacionales no detectaron ningún amaño, en los que arrasó la Liga Nacional para la Democracia, el partido liderado por Suu Kyi, como ya hiciera en 2015.

A pesar de la celebración de elecciones y el proceso iniciado en 2011 en Myanmar hacia una "democracia disciplinada", como la denomina el Ejército -que gobernó el país con puño de hierro de 1962 a 2011-, el mando castrense mantenía todavía un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos del país ya que el proceso fue negociado con los militares.

Domingo 28 de febrero | 13:28

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Díaz Canel o la resiliencia de la Revolución

El día después de la elección de Miguel Díaz Canel la vida sigue como si nada. Quizá porque hay certeza de que el socialismo se mantiene, y se aggiorna. El flamante presidente fue ministro de Educación y en ese rol le asignó un papel preponderante a la tecnología.

A menudo se habla de Cuba con ligereza. Se la compara con democracias recortadas y en decadencia o con los presuntos beneficios de vivir en el capitalismo. Hay que ver la cara que ponen los cubanos cuando se les cuenta lo que pasa afuera de su isla. Se toman la cabeza ante el primer relato sobre la inseguridad. No entienden cómo las drogas son un problema estructural. O que la educación y la salud no estén garantizados de modo universal. Se quejan, sí, de que todavía estén lejos del horizonte de prosperidad que desean. Pero no de esa prosperidad que se vende desde las marquesinas de las grandes corporaciones. Que ofrece lujos, confort y consumo. Quienes aspiraban a ellos ya viven en Estados Unidos. Quienes quisieran seguirlos la tienen difícil. La hostilidad del gobierno de Donald Trump provocó que ahora para tramitar la visa deban viajar a Guyana. El pasaje les cuesta no menos de 900 dólares. Una traba más en el camino hacia el sueño americano.

El día después de la elección de Miguel Díaz Canel como jefe de Estado la vida sigue como si nada. Quizá porque hay una certeza absoluta de que el socialismo se mantiene. Desde su punto de largada en 1959, Cuba busca reinventarse. Saltó vallas muy altas, como el bloqueo de Estados Unidos o el período especial que soportó tras la caída de la Unión Soviética. Dentro del sistema adoptado, intenta cambiar lo que está mal y ratificar lo que está bien. Raúl Castro fue muy autocrítico ante la Asamblea del Poder Popular con los errores cometidos. Habló de pedir menos y racionalizar más. Pero no se refería al pueblo. Lo dijo por funcionarios que derrocharon combustible, un insumo sensible en la isla o en cualquier otra parte.
Tania y Conchita son dos mujeres muy diferentes. La primera es de Santiago de Cuba, peluquera y pareja de un músico cubano con ciudadanía jamaiquina. Eso le permitiría viajar seguido al exterior. Su compañera es funcionaria en el Ministerio de Educación. Conoce muchos países, desde Bolivia a Bangladesh. Las dos eligieron vivir en la isla. Tuvieron la posibilidad de hacerlo en el exterior, pero regresaron siempre.


Conchita habla muy bien de Díaz Canel. Lo conoció cuando era ministro de Educación. Cuenta que es “un hombre muy respetuoso, que se detiene a saludarte si te ve en cualquier parte, que le ha dado mucho valor a la incorporación de la tecnología en Cuba y al desarrollo de las redes sociales”. Con esa impresión ratifica lo que ya se conocía del nuevo presidente. Que le asigna un papel clave a la computación y pretende seguir modernizando o extendiendo su uso entre la población. Conectarse a Internet en Cuba es todavía una aventura. Y además, cara. Pero el jefe de Estado intentará repetir lo que ya hizo como ministro de Educación Superior cuando digitalizó contenidos y actualizó las herramientas tecnológicas disponibles.


Freddy es taxista y gana entre 30 y 50 dólares por día. Agrega que debe pagarle el 10 por ciento de sus ingresos al gobierno. Lleva pasajeros desde Guanabo a La Habana en su Lada ruso. Son 27 kilómetros de viaje. En el trayecto que hacemos cuenta que “no se vive mal” y que se conforma con lo que tiene. “Todo es del Estado, pero no pago por mi casa, la salud, la educación y la comida”. Diana trabaja de mesera en un hotel y gana 12 dólares por mes, que puede duplicar con algunos incentivos. Alquila y dice que le cuesta llegar a fin de mes, pese a las propinas que recibe. Se la percibe disconforme porque tiene “dos hijas que mantener” y los padres de las jóvenes no le aportan la cuota alimentaria. Uno porque se esfumó y el otro porque “está subocupado, formó nueva pareja y ahora tiene otra niña”.


Historias como éstas hablan de una dispersión salarial que se acentúa con cierta liberalización en algunos rubros de la economía. En La Habana prosperan los llamados paladares, restaurantes que gestionan personas en condiciones de pagarle al Estado un canon determinado. Hay pequeños comerciantes por todos lados, choferes que llevan turistas en sus propios autos, como Freddy, o artesanos que venden sus productos típicos en el puerto. La dualidad monetaria es uno de los problemas a resolver. Genera un abismo entre el peso convertible cubano (el CUC, equiparable a un dólar, que está penalizado) y el peso de uso corriente entre la población (CUP). Cuestiones de la economía doméstica que sólo pueden explicar los economistas, aunque a veces ni eso.


En Cuba hay muchas cosas por hacer, pero no son de las que estamos acostumbrados a observar o sentir en la Argentina. En las calles no hay gente revolviendo la basura, ni chicos desnutridos o adictos al paco, ni hombres y mujeres durmiendo a la intemperie. Este cronista constató que, por el contrario, hay un porcentaje considerable de gente obesa. Acaso por mala alimentación, pero nadie en su sano juicio podría decir que hay hambre. Los problemas a la vista son de otro tipo. Se perciben en muchos edificios de Centro Habana, sobre la avenida San Lázaro, donde las fachadas están en malas condiciones, descascaradas o sin puertas. En otros barrios –cuenta Tania– “las construcciones comenzaron a arreglarse, como en La Habana Vieja, donde el gobierno pone dinero para mantenerlas”.


El transporte superó hace mucho las consecuencias del período especial. Se viaja en mejores condiciones y la tarifa es muy baja. A los buses comunes o dobles que utiliza el cubano de a pie se suman las bici-taxis, los almendrones (automóviles de la década del 50 que están en excelente estado de conservación), los Lada o Moscovi rusos y un incipiente parque automotor más moderno que todavía resulta inalcanzable para la mayoría de la población.  


La etapa que se abre con Díaz Canel en el poder es otra demostración de resiliencia de la Revolución Cubana. Han sido demasiados los desafíos que le impuso la historia y superó. Uno de ellos sigue ahí, omnipresente: el bloqueo de Estados Unidos, que asfixia su economía desde principios de la década del 60. El nuevo presidente nació en aquella época. Ayer cumplió 57 años. Los cubanos dicen que está preparado para llevar adelante la tarea que le encomendó la Asamblea del Poder Popular que lo eligió.


No está solo. Dos generaciones fundidas en una –aquella de los revolucionarios de la Sierra Maestra y la suya– aparecen representadas en su gobierno. Ya sin los hermanos Castro, pero con el monolítico Partido Comunista que seguirá conduciendo Raúl, las organizaciones del pueblo y la convicción de que a Cuba se la respeta. Como lo indica el sentimiento patriótico que se respira desde Pinar del Río a Guantánamo, tributario de una historia que nació mucho antes de la Revolución. Que habla de Martí, Céspedes y Maceo, y de los comandantes del Granma.

De Fidel y el Che Guevara.

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Domingo, 11 Diciembre 2016 06:02

“Además de resistir hay que organizarse”

“Además de resistir hay que organizarse”

CFK habló en la Fundación Perseu Abramo, tanque de pensamiento del PT. Mencionó que la ofensiva conservadora en la región busca “que nadie intente aplicar políticas (externas) autónomas y de inclusión social”.


“Hasta la victoria siempre” fue la frase con que Cristina Fernández cerró ayer el acto que había sido iniciado por Dilma Rousseff en San Pablo, ante un auditorio donde los jóvenes y las mujeres fueron mayoría. “Dilma querida tenemos responsabilidades frente a la historia, y una de ellos es que los partidos nacionales, populares y democráticos latinoamericanos sean capaces de construir una relación de fuerzas favorable, y para esto no basta con los partidos, es necesario construir frentes sociales con los que son agredidos” por el rebrote conservador.


Al referirse al golpe institucional contra Rousseff, la ex presidenta sostuvo que “los intentos destituyentes” en Brasil y también en Argentina, tienen por objetivo “provocar crisis para que no podamos terminar los gobiernos (como escarmiento) para que nadie intente aplicar políticas (externas) autónomas y de inclusión social”.


“Hoy recibí a dirigentes estudiantiles” que ocupan decenas de universidades y escuelas secundarias”, contó Cristina y fue nuevamente saludada por una barra de la Universidad de San Pablo. “No sólo hay que resistir, hay que organizarse con estrategias claras para modificar la relación de fuerzas”, señaló. “Vivimos toda la vida militando (y en los últimos tiempos) miles y miles de jóvenes se incorporaron a la política” mencionó Cristina, y valoró la importancia del activismo juvenil para remontar esta fase adversa en la región. En Brasil, tras la caída de Rousseff en mayo, surgió un levantamiento estudiantil que junto a los movimientos sociales asumieron la línea de frente ante la administración de Michel Temer y su rabiosa policía militarizada.


“Somos de la gloriosa juventud peronista”, cantaban en portuñol, más portugués que español, un grupo de la Juventud del PT coordinados por Alexandre Pupo, estudiante de Sociología. “Bajamos las consignas por internet, y las practicamos para este acto, vemos cosas interesantes en la militancia argentina”, contó.


En la exposición de Cristina se cruzaron los datos de su gestión con los números del gobierno de Mauricio Macri, y todo ese “paisaje” fue situado en la perspectiva regional: “Hoy hace exactamente un año terminaba nuestro gobierno. Ese 9 de diciembre la Argentina registraba un índice del 5,9 por ciento de desocupación, el más bajo de las últimas décadas”, y desde entonces ya trepó a “casi dos dígitos, el neoliberalismo necesita desocupación de dos dígitos para que la gente no pelee”.


En ese repaso, CFK comparó lo prometido y lo hecho por su sucesor, que incumplió sus promesas de “no devaluar” y no implementar un “tarifazo”. Dijo que “gracias al blindaje mediático” Macri pudo convencer al electorado de que era posible aplicar un modelo neoliberal sin consecuencias sociales. “El neoliberalismo es una enfermedad que se contagia por muchas vías, una es la cultural, otra es la mediática”.


Al retomar la dimensión regional, la ex presidenta mencionó la paradoja sudamericana, donde se reestrenan los ajustes ortodoxos precisamente cuando los países ricos comienzan a revisarlos ante las consecuencias que acarrean. En ese punto del discurso de la invitada argentina, la economista Dilma Rousseff hizo un gesto de aprobación.


La “siempre presidenta” Dilma –así fue presentada por las autoridades de la Fundación Perseu Abramo, tanque de pensamiento del PT– comenzó con un detallado repaso de sus gobiernos, el segundo trunco, y los de Luiz Inácio Lula da Silva. Luego avanzó hacia las características del gobierno postdemocrático encabezado por Temer y el riesgo de que derive en un formato cada vez más represivo.


“Modelos como el nazismo ya no se aceptan después de la caída de Muro de Berlín (sin embargo) en toda América Latina pasa por una tentativa de vuelta del neoliberalismo y por surgimiento de medidas de excepción, no hay duda que corremos riesgos (...) el riesgo es el de un golpe dentro del golpe” que separe a Temer para dar paso a un gobernante más implacable.


“Como ocurrió durante la dictadura: el golpe uno fue en 1964 y el dos en 1968, el golpe dos suele ser más duro, frente a esta crisis no podemos aceptar una solución por arriba y la única solución es el voto democrático, elecciones directas”. El público ovacionó a la ex presidenta al cerrar su participación, y algunos corearon “directas ya”, mientras CFK la saludaba.


Antes de participar en el acto junto a Dilma, la ex presidenta argentina fue recibida por Luiz Inácio Lula da Silva, en las oficinas de su instituto, en el centro paulista. Lula conversó con su inveterado ronquido, todavía más aguardentoso después del discurso pronunciado un par de horas antes con los vecinos de Heliópolis, una de las favelas más conocidas de San Pablo.


Allí habló del “odio a la divergencia política” demostrado por el gobierno post democrático surgido el 12 de mayo, con la separación de Dilma del cargo, y formalizado el 31 de agosto con la conclusión del impeachment. “En mi opinión, el odio contra el PT, contra Lula, contra Dilma es por lo que nosotros hicimos en estos 12 años de gobierno ¿se acuerdan de que cuando nosotros creamos la Bolsa Familia ellos la llamaban Bolsa Limosna?”.


El próximo lunes Temer cumplirá 7 meses en su carácter de “intruso” (así lo suele llamar Dilma) instalado en la oficina del tercer piso del Palacio del Planalto y residiendo en la Alvorada, el magnifico predio modernista diseñado por Oscar Niemeyer cuando concibió a Brasilia como una ciudad de grandes espacios públicos y republicanos. Utopía incumplida ya que desde su fundación, en 1960, durante 26 años hubo presidentes no votados, entre generales y civiles elegidos por colegios electorales.


En ese predio de columnas estilizadas como cuellos de garzas CFK y Dilma se reunieron el 17 julio de 2015, luego de una cumbre del Mercosur en la que por primera vez se comparó a los procesos destituyentes latinoamericanos iniciados en Honduras en 2009 y Paraguay en 2012, además de los conatos golpistas en Bolivia y Ecuador, con el Plan Cóndor que coordinó el asesinato de quienes resistían, con y sin las armas, a las dictaduras sudamericanas. Precisamente esta semana se cumplieron 40 años de la aún no esclarecida muerte del presidente Joao Goulart en Argentina. No se sabe que o quien mató a “Jango” Goulart , de lo que hay certezas es que estaba en la mira del Cóndor.


Aquel caluroso viernes de julio de 2015 las entonces presidentas conversaron por más de dos horas al final de las cuales no hubo la esperada conferencia de prensa. Una señal de la preocupación ante la avanzada destituyente, que aquel día se agravó con el portazo de Eduardo Cunha, el jefe de Diputados que anunciaba su ruptura con el gobierno, oficializando su plan golpista en sociedad con Temer.


Probablemente Cristina y Dilma conversaron sobre el golpe en ciernes. Pero tal vez no hayan imaginado el vértigo con que se desencadenaron los acontecimientos, ni el prematuro desgaste de los protagonistas de la conjura, Michel Temer y Eduardo Cunha. El primero convertido prácticamente en un gobernante clandestino, detestado por la población, y el segundo preso ante las evidencias de su participación en las estafas a costillas de Petrobras.


Ayer, mientras Cristina desembarcaba en San Pablo, Temer realizaba su primera visita a la región nordeste, la más pobre del país, rodeado de un cerco de seguridad para evitar el abucheo del público. Es tan impopular, que tampoco se arriesga a participar en actos en la región sur, la más rica y blanca del país. Fue por ello que en el velorio de los jugadores de Chapecoense, en el sureño estado de Santa Catarina, ingresó sin ser anunciado por el locutor y no pronunció el discurso que cabía a un jefe de estado en una ceremonia de ese tipo. El aval orgánico aval de las empresas periodísticas a Temer impidió su baja popularidad, ni la debilidad de un régimen sietemesino del que se alejaron algunos aliados por sospechar que no durará muchos meses más.

 

 

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El invierno tiene en vilo a muchas poblaciones en todo el país.
Las causas son muchas, como la marginación y la pobreza que obligan a
infinidad de familias a ‘instalarse’ en zonas de alto riesgo.
Pero también se inundan zonas de ganadería extensiva, terrenos que eran
públicos y ahora de grandes haciendas; también, de viviendas levantadas por
debajo de las cotas de los ríos. ¿Quién avaló tales procederes?
El invierno es fuerte pero también el afán de lucro de quienes imponen
su interés individual, sin ver lo público. Y ahora los funcionarios culpan a los ríos.
Sin duda, hay un modelo de acumulación que no repara en la naturaleza,
con un modelo que sólo mira el aquí y el ahora.
Ante nosotros están los resultados.
Preocupa que se insista en el modelo y sus formas.
Así se concluye por las medidas para ‘remediar’ los males,
en los que las comunidades no están pero sí los agentes privados
(ver Gustavo Wilches Chaux). Son medidas pensadas para asegurar
acumulación y beneficios para los de siempre, pero asimismo con la
persistencia en privatizar los servicios públicos, afectando
a las comunidades (ver Rafael Colmenares).
Como el peor ciego es aquel que no quiere ver, en el Plan Nacional de Desarrollo
se quiere dar al traste con los acueductos comunitarios, experiencia con la que muchas comunidades aseguran a bajo costo un recurso esencial para la vida (ver Bibiana Salazar Restrepo). La lección está en la trilogía de este informe: hay que replantear el modelo de acumulación y retomar la senda de privilegiar lo colectivo sobre lo particular, lo común sobre el interés de lucro, el largo plazo sobre el inmediatismo.


Dicen que el término viene de la física y que hace referencia a la capacidad de un resorte para regresar a su forma inicial luego de que ha sido estirado: “En términos simples –dice Wikipedia– es la capacidad de memoria de un material para recuperarse de una deformación, producto de una presión externa”.

Lo encontré por primera vez, hace 30 o 40 años, en los textos de ese pionero y maestro de la ecología llamado Eugene Odum, quien hablaba de “estabilidad de resistencia” para referirse a la “capacidad de un ecosistema ante las perturbaciones y conservar su estructura y función intactas” y de “estabilidad de resiliencia o elasticidad” respecto de la “capacidad de un ecosistema para recuperarse luego de haber sido sujeto a una perturbación”.

Luego, cuando me topé en la vida con eso que hoy se conoce como “gestión del riesgo”, me dí cuenta de que, en últimas, el objetivo de esa “interdisciplina aplicada” es fortalecer la capacidad de resistencia y la capacidad de resiliencia de un territorio expuesto a un conjunto de amenazas y riesgos, y, en consecuencia, a la posibilidad de sufrir un desastre; o de un territorio que ya ha sido afectado por un desastre y que necesita recuperarse de manera oportuna y adecuada.



Desde entonces, esos conceptos han guiado mi actividad profesional y mi proyecto de vida, pero hoy los entiendo y los expreso de manera más gráfica: Resistencia es la capacidad de la araña y de la telaraña para aguantar sin mayores traumatismos los efectos de un “balonazo”. Y resiliencia es la capacidad de la araña para volver a tejer la telaraña luego de haber sido afectada por un “balonazo”.

El “balonazo” está constituido por los efectos de la materialización de una amenaza, de origen natural como un terremoto, el fenómeno del El Niño o La Niña, o un huracán; o de origen humano, como el conflicto armado, una crisis financiera o un TLC para el cual el territorio no se encuentre preparado.

Cada vez estoy más convencido de que los dos conceptos –el de resistencia y el de resiliencia– finalmente son sinónimos, y de que, después del “balonazo”, un sistema vivo y por ende complejo (el organismo humano, el sistema araña-telaraña o el territorio resultado de las interacciones entre dinámicas naturales y culturales) no vuelve al estado original, como si no hubiera sucedido nada, sino que nace de nuevo, ojalá en mejores condiciones para aguantar y recuperarse de los efectos de los mismos o nuevos “balonazos”.

Pero, sobre todo, estoy convencido de que la resistencia-resiliencia de un sistema depende primordialmente de la autonomía y la fortaleza de los elementos que lo conforman: en el caso del territorio, de los ecosistemas y las comunidades y sus instituciones; en el caso de la telaraña, de la capacidad de la araña para tejer y volver a tejer su propia red.

Resulta usual que, cuando una comunidad (o, más exactamente, un territorio) está siendo afectada por un desastre (decir “por los efectos de un desastre” sería redundante, porque esos efectos son el desastre), acuda en su ayuda un conjunto muy grande de actores externos –gubernamentales unos, no gubernamentales otros–, dotados todos, sin duda alguna, de la mejor voluntad.

Pero también es usual que el apoyo externo se centre en la reconstrucción de la telaraña, mas no en el fortalecimiento de la araña para que ella misma, a su propio ritmo y con sus propias prioridades, pueda volver a tejer su propia telaraña. Se piensa que como la araña ha quedado golpeada por el desastre, se puede poner en un frasco para que observe resignada y agradecida mientras los actores externos le tejen una nueva telaraña, la cual, se asegura y le aseguran, va a quedar ‘mejor’ que la que existía antes de sufrir el desastre.



No existen, por supuesto, política o plan de reconstrucción que no afirmen que se basan en la participación de la comunidad o que no declaren que tendrán en cuenta los derechos y las particularidades de la población afectada, incluyendo, como es obligatorio, el respeto a la cultura y la perspectiva de género.

Sin embargo, en la práctica, a las arañas se les asigna el papel de espectadoras pasivas de lo que deciden y hacen los de afuera, y la ‘participación’ se limita a que la comunidad local aporte su mano de obra para las actividades que no requieren calificación.

En el caso del desastre invernal que hoy afecta a Colombia, adquiere especial importancia la participación real de las comunidades y la prioridad de que sus estrategias ancestrales de vida constituyan el eje de la recuperación. En el Caribe y otras zonas del país, las comunidades tienen claro cómo enfrentar los retos de la adaptación (al cambio climático, a la vida cotidiana), y el papel del Estado debe ser remover los obstáculos que hoy impiden que esas estrategias resulten totalmente eficaces.



Veamos un ejemplo concreto de cómo se aplica una concepción del mundo, de la sociedad y de los desastres y su gestión, que termina por debilitar la resiliencia de un territorio y de los actores sociales que lo conforman.

Con base en la Emergencia Ecológica declarada por el gobierno nacional con motivo del desastre que está azotando al país, se expidió el Decreto 4819 de 2010, mediante el cual se crea el Fondo de Adaptación, que ya fue declarado exequible por la Corte Constitucional.
Dice la norma:

Artículo 1°. Creación del Fondo. Créase el Fondo de Adaptación, cuyo objeto será la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La Niña”, con personería jurídica, autonomía presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este Fondo tendrá como finalidad la identificación, estructuración y gestión de proyectos, ejecución de procesos contractuales, disposición y transferencia de recursos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, de telecomunicaciones, de ambiente, de agricultura, de servicios públicos, de vivienda, de educación, de salud, de acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios, afectados por la ola invernal y demás acciones que se requieran con ocasión del fenómeno de “La Niña”, así como para impedir definitivamente la prolongación de sus efectos, tendientes a la mitigación y prevención de riesgos y a la protección en lo sucesivo, de la población de las amenazas económicas, sociales y ambientales que están sucediendo.



O sea que es claramente ese Fondo el encargado de tejer la telaraña, sin que hasta ahora aparezca por ninguna parte la araña. ¿Quiénes son, entonces, ese Fondo y quienes toman las decisiones en él? Lo define el artículo 2°:
 
Artículo 2°. Estructura. La Dirección y Administración del Fondo estará a cargo de un Consejo Directivo, el cual estará integrado de la siguiente manera:

1. Un representante designado por el Presidente de la República, quien lo presidirá.
2. El Ministro del Interior y de Justicia o su delegado.
3. El Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado.
4. Un Ministro designado por el Presidente de la República en atención a los proyectos o asuntos puestos a consideración del Consejo.
5. El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República o su delegado.
6. El Director del Departamento Nacional de Planeación o su delegado.
7. Cinco (5) miembros del sector privado designados por el Presidente de la República.

Es decir, un representante del Presidente de la República, cinco funcionarios con rango ministerial y cinco miembros del sector privado. O, en lenguaje más común, cinco empresarios. No aparece por ninguna parte la araña afectada por el desastre: ni las autoridades regionales y municipales y mucho menos las comunidades y sus organizaciones.

Se puede pensar que cuando el decreto habla de “sector privado” está haciendo referencia a todo aquello que no es estatal. Serían sector privado, entonces, el maromero del semáforo y la madre cabeza de la familia desplazada que ocupa una zona de alto riesgo. Muchos autores definen el sector privado como “aquella parte de la economía que busca el ánimo de lucro en su actividad”.

De hecho, el decreto se encarga de aclarar que, para efectos de esta norma, una cosa es el “sector privado” y otra son “la sociedad civil”, las “organizaciones no gubernamentales” y los “organismos multilaterales”.
Dice así:

Parágrafo 2°. El Consejo Directivo podrá crear los Comités sectoriales que se requieran en los cuales podrán tener presencia representantes del sector privado, de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales u organismos multilaterales.

Estos comités sectoriales le otorgan por primera vez la posibilidad a la araña de sacar la cabeza del frasco y opinar, suponiendo, claro, que por “sociedad civil” se entiendan las comunidades afectadas. Su presencia en esos comités no es obligatoria sino un “podrá” que queda al arbitrio del Consejo Directivo.

Y aunque sean convidados allí, opinar no es lo mismo que decidir. No les corresponde esa función a los comités sectoriales sino al Consejo Directivo del Fondo, como claramente lo especifica el decreto cuando le asigna las responsabilidades al mismo.

Es decir, que aquí se materializa también esa conjugación común del verbo participar: “Yo participo, tú participas… ellos deciden”.

En opinión de quien esto escribe, el Decreto 4819 de 2010 es inconstitucional porque va en contravía del artículo 1° de la Constitución Nacional que establece que “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria […] democrática, participativa y pluralista…”.

El artículo 13 de la Constitución, por su parte, establece la igualdad de todas las personas ante la ley y determina que “el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados”.

Con todo respeto por la Corte Constitucional, me parece que se le pasó por alto el pequeño detalle de que ese decreto viola la esencia misma de lo que la Constitución consagró como parte de la esencia del país.

Más allá de todas las cualidades sociales y profesionales que seguramente posean las cinco personas que el señor Presidente de la república haya designado (o que designe) para representar al sector privado en el Consejo Directivo del Fondo de Adaptación (personalmente no sé quiénes serán), no pueden considerarse representantes de las miles de familias afectadas por el desastre invernal, ni más allá de lo formal tienen verdadera legitimidad para tomar las decisiones que definan el futuro de esas miles de familias y de los territorios de los cuales forman parte.

A un sector limitado de la sociedad se le está otorgando la facultad de tomar decisiones que van a afectar a muchos más sectores, que están quedando expresamente excluidos de la posibilidad de decidir sobre su propio futuro.

Aparentemente, les puede quedar muy bien reconstruida la telaraña, pero, sin una participación activa, real y decisoria de la araña, los territorios que hoy están afectados por el desastre no van a ser más resilientes frente a nuevas y seguramente mayores amenazas.

Cualquier proceso de recuperación pos-desastre tiene, esencialmente, el reto de fortalecer a los actores sociales locales, de hacer más sostenibles sus interacciones con el territorio y de cualificar su capacidad de interlocución con otros actores. ¿Cómo se puede lograr eso si de entrada se los priva del poder de decisión y, si se quiere, de la posibilidad de equivocación?

Estos son los sujetos sociales que se suelen considerar “carentes de músculo” por algunos sectores decisorios de la economía y de la sociedad.

No hay duda. Por el mero hecho de haber sido afectadas por un desastre, las comunidades y sus autoridades locales no quedan discapacitadas para pensar, para decidir ni para actuar; ni carecen de “músculo” ni tienen por qué endosarles su futuro a otros actores y sectores económicos y sociales.

Mayo 8 de 2011
Publicado enEdición 169