Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

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Policías detienen a un manifestante en Rotterdam por violar el toque de queda.  ________________________________________ Imagen: AFP

Al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.

Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primer vez en el Reino Unido. El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21:00 y 4:30 horas las personas deberán permanecer en sus casas, de lo contrario deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el nueve de febrero.

Asimismo, el ministro de Finanzas neerlandés Wopke Hoekstra confirmó que a pesar de las manifestaciones el gobierno no suspenderá el toque de queda establecido desde el sábado. "No se capitula ante las personas que rompen los frentes de las tiendas” dijo Hoekstra en referencia a los disturbios. En las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a un grupo de personas saqueando un comercio en la ciudad de Bolduque y a un reportero gráfico golpeado con un ladrillo en la cabeza por varios manifestantes que lo perseguían en Haarlem, un suburbio de Ámsterdam.

En Hertogenbosch, una localidad unos 100 kilómetros al sur de la capital, hubo saqueos en tiendas, supermercados, también hubo daños a vehículos. El alcalde de Hertogenbosch, Jack Mikkers calificó los incidentes como un “inimaginable rastro de destrucción”. En Rotterdam, otra de las ciudades más afectadas, el intendente Ahmed Aboutaleb emitió un decreto para ampliar los poderes de arresto de la policía. “Se llevaron a cabo arrestos por parte de la policía antidisturbios”, reportó la alcaldía en Twitter e instó a la población a “abandonar la zona” de la protesta. 

Por su parte, el intendente de Haarlem, Jos Wienen describió las manifestaciones como un “disturbio serio del orden público” y agregó que “todos queremos se libres de movernos. Pero eso no le da el derecho a nadie de incendiar o cometer vandalismo”. Las principales ciudades de los Países Bajos empezarán a tomar medidas de emergencia para prevenir más disturbios.

Además, el jefe de la Policía de Rotterdam, Fred Westerbeke, denunció que los participantes en los disturbios evitaron en un primer momento que los bomberos actuaran para atender a varias personas que necesitaban ayuda, incluidas una niña con discapacidad y un anciano. 

El Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anti-cuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. “Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas, esto es violencia criminal”, afirmó Rutte.  "Debemos ganar juntos la batalla contra el virus, porque sólo entonces podremos recuperar nuestra libertad", agregó.

 Henk Ferwerda, especialista en criminología, dijo que la manifestación fue "secuestrada" por violentos. "Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos", añadió.

Según informó el diario británico The Guardian, el pasado fin de semana la policía detuvo unas 300 personas luego de que jóvenes lanzaron piedras -y en un caso cuchillos- a los oficiales, atacaron un hospital. El domingo en la ciudad de Urk, ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Ámsterdam, un grupo de jóvenes incendió una estación de testeo de Covid-19. Al menos unas 5,700 multas fueron emitidas por incumplir el toque de queda.

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Ola de violencia callejera en Holanda contra el toque de queda

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, tildó ayer de “violencia criminal” los disturbios que convirtieron Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h, la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia desde marzo y que llega a unas semanas de las elecciones legislativas.

La Policía neerlandesa detuvo al menos a 151 personas durante choques entre los agentes y grupos de jóvenes, en la que es ya la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos.

Aunque el toque de queda en la práctica no afecta a la rutina social de un país donde se cena temprano y en el que toda la actividad no esencial está cerrada, Rutte no se había atrevido hasta ahora a restringir la movilidad y apostó siempre por apelar al “característico” sentido de la responsabilidad y la “madurez social” de los ciudadanos.

Pero ayer el país amaneció con calles llenas de cristales rotos, comercios saqueados y un hospital apedreado por los manifestantes, que incendiaron un centro de pruebas PCR, quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas, e interrumpieron el tráfico. La policía reaccionó con todos sus medios para dispersar las protestas y utilizó cañones de agua, caballos, perros, gases lacrimógenos y porras.

Los disturbios fueron obra de grupos integrados por algunos cientos de jóvenes que se repartieron a lo largo y ancho del
país, convocando protestas a través de las redes sociales contra el toque de queda, vigente desde el sábado.

Al menos una decena de municipios se vieron afectados por la ola de violencia, en particular Eindhoven, Ámsterdam y La Haya. Se espera que la cifra de detenciones sea aún mayor porque los choques en Bolduque (Den Bosch) y Róterdam fueron especialmente violentos. También hubo movimiento en otros puntos del país, como en Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda y Tilburgo, pero la policía logró controlar la situación de forma más rápida.

El director del sindicato de la policía, Koen Simmers, teme que lo ocurrido solo sea un presagio de lo que vendrá si continúan en vigor las restricciones vigentes desde mediados de diciembre y cree que el malestar social podrá durar “días o semanas”. No se había visto una violencia similar en Holanda desde los enfrentamientos entre la policía y los okupas en los años ochenta. “En Eindhoven, la situación se fue tanto de las manos que los alborotadores han atacado con cuchillos”, añadió Simmers.

Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. El alcalde de la ciudad de Eindhoven, John Jorritsma, llamó “la peor escoria del mundo” a los alborotadores, y alertó de que, si la sociedad no está “unida contra esto (la pandemia), estaremos de camino a una guerra civil”. Al menos 55 personas fueron detenidas al final de la noche.

El alcalde de Tilburgo, Theo Weterings, condenó por “reprobable” e “inaudito” el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio, y subrayó que las tiendas afectadas “pertenecen a empresarios que ya lo están pasando mal” por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esta ciudad.

“Ladrones sin vergüenza, no puedo decir otra cosa. Tuvimos que amenazar con el uso de gas lacrimógeno, una medida de gran alcance, me parece triste porque nunca he tenido que hacer algo así en toda mi carrera”, respondió el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. 

El edil de Bolduque, Jack Mikkers lamentó también lo ocurrido. “Es inaudito lo que ha sucedido esta noche. Esta gente no se da cuenta para nada del miedo, la preocupación, el daño y la vergüenza que producen a los vecinos de la ciudad. Un montón de malhechores lo arruinan todo para muchas otras personas. Somos muchos los que no entendemos nada de este comportamiento”, dijo.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, señaló a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia” con una declaración de una facción del Partido de la Libertad contra el toque de queda, algo que el populista Geert Wilders señaló como “¡inaceptable, antidemocrático y francamente peligroso!”

Agencias

La Haya

26/01/2021 01:27Actualizado a 26/01/2021 09:01

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Parlamento de Honduras aprueba ley que prohíbe el aborto

El proyecto, aprobado este jueves, prohíbe de forma absoluta el aborto en Honduras. En medio de la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina y el resto de Latinoamérica, los antiderechos y conservadores no se han hecho esperar, e impulsan ataques y trabas prohibiendo la legalidad del aborto, no así su clandestinidad.

 

En Honduras, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años. Este dato consolida al país en los primeros puestos de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina. Aun así, el pasado jueves fue aprobado por el Parlamento el proyecto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto. Este proyecto introduce a Honduras dentro del grupo conformado por El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Suriman, como los países de la región que prohíben en todas sus formas el aborto.

Este proyecto viene a fortalecer el artículo 67 de la Constitución de Honduras, que instituye que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”.

Dicho proyecto fue presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, quien es diputado del partido en el gobierno. Además, fue discutido solamente en dos debates virtuales, a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres por el derecho a decidir y contra la criminalización del aborto, como Somos Muchas, de que fuese discutido en tres debates.

El movimiento de mujeres en Honduras afirma que este proyecto es un “acto condenable”, y que “la cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional”. Además, catalogan este proyecto como un retroceso, pues está “bloqueando el acceso a abortos seguros”. Sin embargo, existen varias iniciativas que pretenden la despenalización del aborto en tres casos: riesgo de vida de la mujer o persona gestante, inviabilidad fetal y violación.

Este proyecto es un ataque más contra el derecho a decidir, ya que, en Honduras, el aborto es penalizado en todas sus formas desde 1997, lo que ha conllevado al encarcelamiento de mujeres. Además de la penalización del aborto, la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales, así como la prohibición de venta, uso, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia y su penalización con cárcel, son factores que contribuyen a la alta cantidad de embarazos forzados, dentro de los que se destacan los embarazos en adolescentes. En este ataque al derecho al aborto han tenido gran influencia los grupos religiosos, injerencia que las organizaciones de mujeres catalogan como “perjudicial en cuestiones de salud pública”.

Organizarnos para exigir y hacer posibles nuestras demandas

La legalización del aborto en Argentina, dio un empuje a las demandas del movimiento de mujeres en varios países de Latinoamérica. La marea verde en Argentina se ha extendido en la región, siendo un ejemplo de que, si nos organizamos, podemos ganar. Tanto en México como en Chile, el movimiento de mujeres ha retomado con fuerza sus demandas por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, pese a la negativa de sus gobiernos.

La otra cara de la moneda es que, ante la fuerza del movimiento de mujeres internacional, los grupos conservadores y antiderechos han dado respuesta; es decir, estos grupos se encuentran activos y empujan ataques contra nuestro derecho a decidir. Tal es el caso del proyecto de ley aprobado en Honduras. En Costa Rica, los grupos antiderechos, avalados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, impulsan el proyecto de ley de adopción anticipada y el derecho de la persona no nacida.

Como movimiento de mujeres internacional, es necesario sacar la conclusión de que es la movilización en la calle lo que podrá garantizar nuestras demandas. En su lugar, hay que organizarnos para ganar, como movimiento de mujeres es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito y avanzar junto con la clase trabajadora para luchar contra toda forma de opresión y explotación.

Solamente dando la pelea en las calles, como movimiento de mujeres, junto con nuestros compañeros de clase, es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Además, es necesario dar en conjunto la pelea por la separación real de la(s) Iglesia(s) y el Estado. Hay que garantizar que la marea verde barra con los dinosaurios y quienes negocian con nuestras vidas y nuestros derechos.

Por Fernanda Quirós

Viernes 22 de enero | 15:13

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Un hombre camina con sus pertenencias en una de las zonas inundadas durante la temporada de huracanes en Honduras.

Si la situación en Honduras era complicada antes de 2020, la pandemia y los dos huracanes que azotaron el país han llevado a miles de personas a unirse a la última caravana migrante hacia EEUU

 

Bajo un puente y resguardada en carpas de plástico en un suburbio de San Pedro Sula, Lilian María describe sus muchas preocupaciones tras meses a la intemperie. Su barrio desapareció por la ferocidad de las lluvias, pero ahora lo único en lo que piensa es saber algo de su hijo. Se despidió de él hace poco más de una semana, cuando se incorporó a la última caravana migrante que intenta avanzar por Centroamérica con dirección a Estados Unidos. "Estoy pensando en él, porque a saber si lo golpearon o si está preso", dice en el campamento improvisado donde duerme desde el paso del huracán Eta.

Si la situación social en Honduras era complicada antes de 2020 -con un 40% de la población viviendo en indigencia y un 70% en pobreza-, el coronavirus y los dos huracanes que azotaron la región a finales del año pasado terminaron de darle el tiro de gracia a una población cansada de no encontrar respuesta en las autoridades.

Abandonados a su suerte, acosados por la violencia de pandillas, la delincuencia, sin opciones laborales y con un sistema de salud colapsado que ya contaba con una ocupación del 90% antes del confinamiento, muchos prefieren jugársela con la esperanza de garantizar a sus familiares una vida mejor a través del envío de remesas, que representan el 20% del Producto Interior Bruto nacional. Ya no escapan de forma anónima y clandestina, con los riesgos que implicaba caer en manos de alguna red de trata de personas durante el camino. Ahora, como lo han hecho en distintas caravanas desde 2018, vuelven a organizarse para protegerse de manera colectiva.

"No nos llega ni para tortilla, ni queso"

Lilian María y su familia vive bajo lonas entregadas por iglesias cercanas y se alimentan a base de comida donada. Su hija acaba de dar a luz. "La acabo de traer del hospital, bien tiernita. Y no tiene ni cama", lamenta la mujer hondureña. "No nos llega ni para tortilla, ni queso", continúa para describir la precariedad que, dice, empujó a su hijo a sumarse a las cerca de 9.000 personas que partieron unidas desde la estación de autobuses de San Pedro Sula el pasado viernes. El plan, explica, consistía en que él migrase a Estados Unidos para ayudar a su madre, su hermana y al recién nacido.

En el punto de partida de la caravana estaba también el pasado viernes María Belén, de 22 años y también oriunda de Chamelecón, en las afueras de San Pedro Sula. La joven decidió invertir el poco dinero en llegar a México por su cuenta en varios autobuses y esperar allá a la caravana para ir juntos hasta la frontera norteamericana.

No ha tenido suerte. Su intención se vio frustrada cuando la policía guatemalteca la detuvo y la deportó, a pesar de que el convenio CA4 permite circular libremente y sin necesidad de un pasaporte por los tres países que limitan con Honduras. Desde el pasado fin de semana, buena parte de la caravana se encuentra varada en Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad del país frenasen su camino con porras y gas lacrimógeno. Alrededor de 1.800 integrantes del grupo han sido ya deportados a Honduras.

"Volveré a intentarlo el mes que viene"

Una vez retornada a su país, María Belén ha regresado el mismo campamento donde vive Lilian María. Su vivienda también se ha perdido tras las inundaciones: "Me fui para darle a mi mamá y a mi abuela lo poco que teníamos y que perdimos por el huracán. La casa, todo".

La hondureña cuenta que no pudo estudiar el Bachillerato porque tuvo que abandonar los estudios para ponerse a trabajar. "No me daba tiempo para seguir estudiando porque acá no dan oportunidades para que uno se prepare mejor", explica la mujer. No quiere vivir de la caridad, insiste, y la única salida que encuentra es volverlo a intentar. Ya tiene fecha para partir de nuevo hacia Estados Unidos: "Salgo el mes que viene. A ver si la suerte me acompaña", remata.

Quien sí regresó al terreno donde tenía su casita es Mayra Suyapa. Con láminas de chapa y nylon ha tratado de reconstruir su vivienda, aunque más alejada del río. "Donde nosotros vivimos está feo. Ni maquinaria -para limpiar la zona- nos han traído, está empozada toda el agua también", con el peligro que representa por la propagación de enfermedades. Y continúa describiendo la tragedia que pasaron: "Hasta un tío se me ahogó, enrollado en una hamaca. Lo rescataron los bomberos. Ahí está en la morgue todavía creo yo, no lo hemos ido a reclamar, no tenemos ni ataúd, ni cómo enterrarlo".

Aunque el Valle de Sula -una de las zonas agrícolas más productivas, al norte del país- haya sido uno de las regiones más afectadas por los huracanes, se calcula que casi la mitad de toda la población hondureña fue damnificada por el paso de Eta e Iota. Desde todos los departamentos se sumaron integrantes a la caravana migrante. Johnatan Josué, de Lempira (sector occidental), aceptaba el riesgo que implicaba. Nora Torres, de Danlí, El Paraíso (al sur), se fue por la necesidad de empleo: "Si se trabaja, es para el día a día", decía para describía la realidad de un país donde más de la mitad de los asalariados antes de la crisis de la COVID-19 trabajaban en la economía informal. Estos empleos han caído desde el inicio de la pandemia lo que ha disparado la mendicidad en el país.

Esperanzados con Joe Biden

"Acá la verdad no se puede vivir", decía Junior Alexander justo antes de emprender la caminata que pretendía atravesar Centroamérica y México, hasta llegar a EEUU. Este hombre partió de Tegucigalpa con su mujer y su hija para unirse con la caravana migrante en San Pedro Sula. Ellos también perdieron su casa a causa de la catástrofe climática. Tampoco tienen ya donde vivir.

También desde la capital de Honduras se había sumado Norma Amador, quién igualmente se quedó en la calle por las inundaciones. Ella, como tantos otros, se encontraba esperanzada de que la investidura de Joe Biden implicara un beneficio para los migrantes. Las expectativas con el cambio de administración en Estados Unidos con inversamente proporcionales a su enojo con el gobierno hondureño. Sus quejas llegan sobre la falta de anticipación ante la inminente llegada del huracán Eta, el primero de los dos huracanes que golpearon en un lapso de diez días.

El presidente entrante ha prometido dar la nacionalidad a once millones de inmigrantes en situación irregular que se viviesen en EEUU antes del 1 de enero de 2021. Ella no cumpliría ese requisito, pero se aferra a él a ciegas. "Esperamos en nombre de toda la caravana que cumpla su palabra y que nos ayude. Que nos de oportunidad. Nosotros somos personas luchadoras que queremos salir adelante, no tenemos nada. Solo pedimos un poquito de trabajo".

 

San Pedro Sula (Honduras) — 23 de enero de 2021 21:11h

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«El progresismo latinoamericano no es un proyecto acabado»

Entrevista a Álvaro García Linera

 

Álvaro García Linera es un reconocido intelectual y exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2006-2019) acompañando a Evo Morales. Siguiendo la línea de anteriores entrevistas en este espacio, se conversa en esta charla (previa a la rotunda victoria del MAS en las recientes elecciones presidenciales bolivianas) por la exitosa experiencia de desarrollo nacional y social del “Proceso de Cambio”, logros y obstáculos de las nacionalizaciones de recursos estratégicos y la apuesta por la industrialización de los mismos. También, acerca de los alcances del poder estatal y las perspectivas pospandemia

APU: Para empezar, haciendo un balance de los 14 años del «Proceso de Cambio Boliviano» se ha destacado el éxito económico del modelo con respecto al resto de los gobiernos progresistas o nacional-populares. ¿Cuál diría que fue la clave o la fórmula para el gran desempeño económico articulado con una importante presencia estatal de carácter plebeyo?

Álvaro García Linera: Yo diría que hubo al menos unas 3 medidas concéntricas para ello. La primera: la nacionalización de las actividades económicas de alta rentabilidad, que le permitieron al Estado disponer casi instantáneamente de un excedente económico: hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. No son áreas deficitarias, sino que generaban excedentes que se iban afuera. Cuando logras con esta medida retener el excedente económico, lo que haces es inyectarlo en el país para que eso dinamice la economía, vía distribución de recursos, inversiones públicas, mejora de la educación, etc. Esta retención del excedente fue clave.

Un segundo elemento fue dinamizar el mercado interno, porque éste está vinculado a pequeños productores que son la mayoría en mi país: agrícolas, urbanos, artesanales, pequeños comerciantes. ¿Y esta dinamización del mercado interno cómo la logras? Distribuyendo la riqueza: bonos, ayuda a la gente más necesitada, elevando el salario; y entonces en los sectores populares la gente gasta casi el 50% de su salario en comida, y luego también en servicios básicos, transporte, telecomunicaciones, educación.

Tuvimos un incremento sostenido del salario mínimo: pasamos de 52 a 306 dólares en una década, fue fundamentalmente dinero que regresaba otra vez a la economía. Alguna parte se ahorraba, pero para alquilarse un mejor cuarto, comprar o mejorar la casita, etc. Alguna gente evidentemente se compraba el smartphone o el televisor plano, y por supuesto ha habido una parte de dinero que se ha ido hacia el extranjero, pero cuando uno ve la estructura de gastos ello nunca rebasaba el 15% de los ingresos y exageradamente en sectores más acomodados hasta el 20%. El resto quedaba en dinámica de consumo interno. Y esto no significa aislarnos del mundo, claro está. Aprovechamos además las oportunidades de exportación, de hecho, se multiplicaron las exportaciones en esa década, casi por 4 veces en las áreas donde nos iba bien.

Hemos sacado así al 30% de la población de la pobreza extrema en una década. Es un récord continental en tan poco tiempo. Todos los países han avanzado en eso, pero Bolivia, no en número sino en porcentaje, ha sido el más acelerado en ello. Eso representó gente que consumía más, dinamizando el mercado interno, lo cual te permitía una expansión de la economía al margen o no tan dependiente de los precios internacionales. Se dice que crecimos porque era el boom de los commodities, sin embargo, desde el 2014 cuando caen los precios del petróleo, gas, soya, el crecimiento boliviano se sigue manteniendo en el 5%, por esta fuerza del mercado interno (con esos commodities elevados llegamos a tasas de crecimiento del 7%).

APU: ¿La tercer medida cuál fue?

Álvaro García Linera: Lo tercero que hicimos fue controlar el sector financiero. En dos sentidos: ponerle unos impuestos muy elevados, de hasta el 50% de sus ganancias, y luego obligarlos por ley a que un 60% de los flujos financieros y créditos vayan a producción y vivienda, a una tasa regulada del 5%. El restante 40% podían prestarlo para el comercio, para especulación financiera, no nos hacíamos problemas. Si querías préstamos para comprarte un automóvil podías hacerlo, pero las tasas iban al 12/14%. Eso dinamizó el consumo de insumos locales en la vivienda, contratación de fuerza laboral o para la producción agrícola o para la producción artesanal. Esto es muy importante, porque encima se dio un incremento en el ahorro interno boliviano en este periodo: llegamos en 2005 con un ahorro interno en los bancos de 2.700 millones, y al año pasado era de 27.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 10. 

Si bien hay más elementos, yo creo que la combinación de esos tres factores fue lo que nos permitió que la economía creciera muy rápidamente, y tuvieron una sostenibilidad en el tiempo, aún a pesar de las variaciones de los precios internacionales. Una otra cuarta, que no deberíamos olvidar, es la bolivianización de los ahorros, porque eso también te permite políticas monetarias. En Bolivia, el dólar era casi como la moneda de uso corriente. Tú podías comprar electrodomésticos, una cantidad elevada de harina o de arroz, eso es muy grave, porque tu Banco Central no puede controlar el flujo de los dólares. En cambio, mediante incentivos logramos que la gente fuera ahorrando en bolivianos, que el Banco Central aparezca como el que regula los flujos monetarios del país. Pasamos de un 30% de ahorro en bolivianos y 70% en dólares en 2005, a un 95% de ahorro en bolivianos y un 5% de ahorro en dólares, porque premiabas al ahorro en bolivianos y lo castigabas en dólares. No fue fácil, pero se fue avanzando para que después de una década el peso boliviano fuera sólido, fuerte, y eso le permite al Estado intervenir, ya tienes una nueva herramienta de regulación de la economía.

APU: Y en relación con la nacionalización de los recursos estratégicos -o bienes comunes- en Bolivia y la apuesta por la industrialización, en una economía por demás primarizada, ¿qué alcances y limitaciones, dificultades, complejidades, se encontraron en esta apuesta por la industrialización, la diversificación y la complejización productiva?

Álvaro García Linera: Fue gradual. Cuando llegamos al gobierno teníamos que el 40% del PBI estaba en empresas extranjeras. Brasil tenía el 25%, era casi el dueño de la cuarta parte de Bolivia con Petrobras. Aparte de que eso significa que tus excedentes económicos se externalizan, se van afuera, los saberes productivos, los conocimientos técnicos, están en otras manos. Las propias universidades públicas no se encargaban de dar formación en hidrocarburos, ni minería ni agricultura, porque eran sectores devaluados. Debías tener tu maestría o doctorado en el extranjero, o ser contratado por una empresa extranjera o ser del extranjero. Entonces, la mayoría de las actividades productivas, no de la construcción sino de la gestión, de la administración, de la planificación, estaba en manos extranjeras.

Hubo un período de hueco cognitivo en la sociedad boliviana. Recuperarse de eso no fue rápido. Una primera labor que tuvimos, cuando se nacionalizaba una actividad, y luego de remover a los gerentes y accionistas, fue sostener al área administrativa y científica privada, con los mismos salarios durante un tiempo, ofreciéndoles que se quedaran en el Estado y formando rápidamente un grupo de personas en distintas áreas que fueran sustituyendo estos conocimientos.

En telecomunicaciones no nacionalizamos todo, porque es un sector muy dinámico, muy competitivo, y corres el riesgo de simplemente apoltronarte en el monopolio de las telecomunicaciones. Entonces, de ahí la idea de que haya habido empresas privadas con las cuales la empresa estatal competía. De hecho, nacionalizamos cuando ENTEL tenía el 45% de los clientes y al día de hoy tiene 45/47% de clientes. Eso significa que ha permitido mantener la fidelidad de sus clientes a pesar de que los privados, supuestamente más dinámicos, podrían ofrecerle mejores cosas (o no…). También el Estado fue dinámico y pudo volverse mucho más competitivo en áreas de rápida renovación tecnológica.

APU: ¿En qué medida se logró desarrollar capacidades nacionales, productivas, científico tecnológicas, estatales e institucionales para la transformación de la matriz productiva?

Álvaro García Linera: Al principio, los primeros años no hubo reacción del sector académico, y recién para la segunda gestión, al cuarto año, comenzaron nuevamente a reabrirse las carreras de ingeniería, en minerales, etc. No había una sola carrera de hidrocarburos en Bolivia y somos un país hidrocarburífero desde 1920… Se han abierto por todos lados carreras de hidrocarburos, petroquímica, etc.

Y luego, para los procesos de industrialización, por ejemplo, en hidrocarburos, hemos tenido que construir una planta de separación de líquidos, una planta de reconversión del gas en GNL para llevar el gas congelado a las comunidades más alejadas, la planta de urea, la planta de plásticos. Se ha tenido que contratar tecnología extranjera, con recursos del Estado. Se ha hecho una licitación pública para contratar empresas que tuvieran la tecnología, en medio de la observancia de los conocimientos del personal boliviano.

A la vez, en paralelo abrimos un concurso de becas en las áreas en las que creíamos que íbamos a trabajar mucho -minería, telecomunicaciones, hidrocarburos, litio-, de tal manera que el Estado pagaba maestrías y licenciaturas en áreas científicas a cualquier estudiante boliviano que quisiera estudiar en cualquier universidad del mundo. En ciertos casos, en negociaciones con empresas extranjeras -por ejemplo, con Samsung-, pactábamos que nos construían la planta de urea, pero como parte del contrato había 200 estudiantes bolivianos que se iban a Seúl por 3, 4 años a estudiar en la gestión de ese tipo de planta. Cuando los estudiantes daban los exámenes y lograban entrar en una universidad extranjera en estas áreas, nosotros corríamos con todos los gastos de ese joven: transporte, alimentación, estadía. La beca la daba el Estado para sacar la titulación, y el compromiso era trabajar luego para el Estado al menos por 5 años.

APU: El desarrollo en el litio fue muy importante, no?

Álvaro García Linera: Tuvimos que comenzar casi de 0, porque allí tomamos una decisión en 2008 de que íbamos a tener el control de toda la cadena. Tuvimos que comenzar con baldes en galpones en Uyuni, al estilo de como uno se imagina los inventores del siglo XIX, y de ahí comenzó el proceso de la extracción una vez que se encontró el método boliviano (porque cada salmuera tiene distintos componentes de otros minerales en cada salar del mundo). Una vez que hicimos eso en el laboratorio con ingenieros bolivianos, que algo sabían del área evaporítica, luego hicimos la planta artesanal, luego piloto, luego industrial, y luego de ahí ya comenzamos otro tipo de derivaciones: carbonato de litio al 99% y de ahí a las baterías.

De manera que después de 10 años ya tuvimos todo el proceso de nuestro lado, y ahí ya a los procesos de industrialización, es decir, la conversión de litio a batería para los carros, nos lanzamos a hacerlo con empresas extranjeras: fundamentalmente por el mercado, porque tenías que lograr que las empresas de automóviles nos compraran, por ejemplo, 100.000 baterías. Entonces nos asociamos con los alemanes, pero ya en la parte final y sobre los derivados del litio. Porque también, por Constitución ninguna empresa extranjera puede entrar al salar. Una vez que se ha extraído la materia prima, por fuera del salar puedes tú procesarla. Tomamos esa decisión porque justamente con esto es lo que nos encontrábamos cuando queríamos industrializar el litio, las veces que fuimos a Corea, Alemania, Japón, EEUU, para buscar los apoyos, comprar tecnología, hacer acuerdos para la extracción del litio. Nos decían “nosotros hacemos todo, dividimos 50% ustedes, 50% nosotros, pero la planta es nuestra”. En Uyuni, aparte del litio hay otras cosas más, gran parte de las cuales no conocemos aún. Entonces dijimos: sacamos la salmuera, extraemos y se vuelve a reinyectar al salar, a la espera de tener tecnología para otras cosas. Lo que ellos querían es controlar ese proceso en el salar, nosotros dijimos no. En el salar nosotros, y para afuera asociados, con quien sea, especialmente en el ámbito de la producción y comercialización de las baterías.

Eso ha permitido de la nada ir creando toda una empresa nacional de evaporíticos que está a cargo ahora ya de 4 laboratorios, 2 industrias grandes -de cloruro de potasio y de carbonato de litio- y se estaba planificando un total de 42 industrias pymes alrededor del salar, de usos y procesamientos de derivados de litio. Ya hay 5 y tenían que irse construyendo gradualmente el resto, con personal propio, científicos propios. Tienes una estructura fuerte con muchos recursos (tenías… ahora está todo paralizado). Y alrededor de ello han comenzado a surgir las carreras universitarias. Pero como no había experiencia en evaporíticos, muchas de esas carreras universitarias están asociadas a otras partes del mundo: Holanda, China, etc. Se tiene que ir armando gradualmente, porque gente que pueda enseñar sobre eso hay los que han trabajado con nosotros, no hay una estructura académica paralela independiente que se hayan formado, porque es muy reciente, apenas de una década. Pero eso es un buen comienzo, ya hay 2 carreras de estos recursos evaporíticos en Bolivia vinculadas a otras universidades, para dar otros tipos de cursos. O sea, aquí tienes toda una gran veta. No ha sido algo fácil, es complejo y dependiendo cada área se ha tenido que actuar en función de las circunstancias.

APU: En torno a los márgenes de acción que tuvieron desde el Estado, ¿cuánto de lo planeado pudieron llevar a cabo y qué grado de limitaciones, obstáculos y resistencias se encontraron?

Álvaro García Linera: Es claro que desde el Estado no tienes todo el poder. Pero lo que sí tienes es capacidades de influir, selectivamente, en los demás núcleos de poderes (territoriales, políticos, económicos, etc.). El poder estatal tiene eso: es el monopolio de los monopolios. Ahora, según cómo utilizas ese monopolio va a depender cómo va a ir tu proceso. Te pongo el ejemplo de la nacionalización: quieres nacionalizar hidrocarburos, eso va a tener un efecto inmediato: va a hacer que todos los personajes se vayan, se paralice la actividad. Tienes que pensar cómo haces para funcionar luego. Luego, la más complicada: te hacen inmediatamente un juicio. Tú tienes tu derecho soberano para nacionalizar, pero ellos tienen su derecho a ampararse y a proteger sus inversiones demandándote. Puedes tardar un año, dos, pueden embargarte tus reservas internacionales guardadas en el extranjero.

¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, revisemos antes los papeles. Toda empresa cometió algún error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con ENTEL, con todo.

APU: Por otro lado, ¿hubo una desmovilización o reflujo social popular en el proceso boliviano en los últimos años previos al golpe de Estado? ¿Se fue erosionando o disolviendo el enraizamiento del Estado en los movimientos sociales durante el último tiempo de gobierno del MAS?

Álvaro García Linera: Para empezar, hay que decir que los momentos de ascenso social de los sectores populares y plebeyos no es perpetuo ni permanente, sino por oleadas, y eso es normal en la historia de las sociedades. Después de las grandes luchas y movilizaciones, los grandes hechos que cambian las sociedades, la gente regresa a su mundo cotidiano, y esos reflujos son normales. Y es clave allí cómo en la cresta del proceso de movilización social logras cristalizar como derecho, institución, experiencia colectiva, sentido común del mundo, esas luchas.

Hubo en Bolivia una convocatoria a sectores que protagonizaron las luchas para hacerse cargo de niveles importantes de conducción del Estado, y eso significó no solamente una modificación de un nivel de conducción fundada en diferencias políticas, sino también fundada en diferencias étnicas y racistas. Fue la plebe entrando al Estado: sectores que habían sido excluidos durante décadas, hasta siglos. Ha sido muy evidente, en espacios que eran reservados totalmente para sectores de clase media, profesionales con cierto apellido, con cierta notoriedad social y con larga tradición de vinculación al Estado como proveedores, consultores, etc. Fue un hecho de democracia. Eso ha ido en contra de la lógica falsamente meritocrática, en un medio en que estaba segmentado clasista y étnicamente.

Ahora bien, en este escenario, ¿que comenzó a darse? Tanto en el período de reflujo social de la gente a lo local como de renovación clasista y étnica de la composición de la administración del Estado. Sindicatos y organizaciones sociales que ya no habían atravesado este periodo de lucha, de forja en la adversidad, frente a los gobiernos, a la empresa, y en la medida en que la mayor parte de las demandas sociales de la gente de base no necesitaban la fuerza de la confrontación frente al gobierno para ejecutarse -incremento salarial, vivienda social, mejora de la infraestructura, etc.

Se comenzó a tener recursos para ir cumpliendo esas demandas y ello llevó a un relajamiento también al interior de la sociedad civil entre los niveles de dirección y las bases, un proceso de distanciamiento. No diría burocratización, en el sentido de que son los mismos. Al contrario, tiene una excesiva rotación, en esa lógica de que no se permite que se establezca una capa burocrática que tape los poros de una base movilizada. Es muy democrático, pero tiene sus efectos en el ámbito de la cohesión de la estructura organizativa y es lo que ha pasado recientemente. Los niveles de dirección, de un nivel bajo-medio para arriba han entrado en una dinámica ya no tanto de la organización, la lucha, la formación, porque no había necesidad de la confrontación frente al gobierno. Se entró en una disputa por la ocupación de los cargos públicos. La organización social ha devenido en un mecanismo de apuesta a la ocupación de cargos públicos y por lo tanto de movilidad social de personas del pueblo, como un ascensor de movilidad social.

APU: Entonces, empezaron las movilizaciones opositoras…

Álvaro García Linera: Si no tienes grandes problemas eso funciona, en una sociedad que se ha estabilizado, que se mantiene con crecimiento, no hay necesidad de grandes confrontaciones, que tiene un gobierno que está muy atento, en consulta. Evo se reunía con el ejecutivo nacional y luego con el departamental, provincial, de barrio. Tenía por día 10 reuniones, todos los días. Cuando se contabilizó, había tenido cerca de 15.000 reuniones frente a 80 aprox. de los presidentes anteriores. Una locura, imposible de comparar. Entonces, las grandes demandas sociales podían ser canalizadas directamente frente a la presidencia. Pero las organizaciones sociales, de ser actores de lucha social y de conversión de la fuerza numérica en voto (en los años 2000-2010), devinieron menos en organización y lucha, y más de conversión de la fuerza numérica en voto y mecanismo de movilidad social.

Cuando en 2019 hubo que defenderse, para movilizar en función ya no del voto sino de la resistencia, se expresaron estos problemas. Había que mostrar la fuerza de masas frente a esta movilización de sectores de clase media tradicional, que no eran masivas, pero sí persistentes. Una fuerza de masas que demuestre tu convocatoria y legitimidad, no para enfrentarse sino simplemente para defender. Pero no la tenías, no había vínculo orgánico. Cuando entran los militares es lo que cambia. Si no se hubiera dado un momento donde una de tus instituciones -el monopolio de la coerción- se da vuelta podías mantenerte así 5 años más, pero la debilidad de esto es que no funciona en momentos de tensionamiento.

Entonces, ¿qué lecciones sacamos más en lo conceptual? Un gobierno progresista tiene dos ámbitos de gobernabilidad: la legitimidad electoral y el parlamento, y el ámbito de la calle. No puede dejar de tener su brazo de gobernabilidad en la calle, por muy tranquilo que se esté. Las derechas han salido a disputar la calle, por más que no tengan tu fuerza.

Por otro lado, parte de esas clases medias que se enfrentaron con nosotros y nos interpelaron con el tema de la democracia, tienen que ver con un vacío que dejó el Proceso de Cambio en el mundo de formación de la cultura (en las cátedras, los medios de comunicación, etc.), un problema de relevos. Más aún en Bolivia, donde lo que se discute en las universidades influye mucho en el ámbito familiar. Hay una sobrevaloración de la educación como mecanismo de ascenso social: tiene una función cuasi sagrada lo educativo, la autoridad del profesor, en el mundo popular, imaginado como medio de ascenso social -aunque luego ello no se dé tanto en la realidad.

APU: La última: en tiempos de crisis civilizatoria que la pandemia manifestó crudamente, ¿qué mito movilizador, horizonte utópico, te imaginas que puede funcionar para las fuerzas populares o progresistas y el pensamiento crítico?

Álvaro García Linera: La clave de la época no es tanto la existencia del mito movilizador sino la ausencia de mitos. El neoliberalismo, la globalización, también en su tiempo el socialismo, representaron mitos. Y la clave de este tiempo es la evanescencia, resquebrajamiento de los mitos. Eso puede ser bueno porque veníamos de un mito dominante muy poderoso: el globalismo como ideología. Una cosa es el hecho material, que está ahí y seguirá funcionando, pero como ideología, esperanza en torno al cual uno dirigía todas sus expectativas, esfuerzos, apuestas de vida, eso comienza a desvanecerse. Y lo que tienes ahora es incertidumbre. La cualidad de la época es la incertidumbre.

Reivindico este momento de incertidumbre estratégica porque es un momento de creatividad a nivel mundial, como lo fue en los años 2000 en América Latina. Solamente que surge y se elabora en ese laboratorio donde habrán de surgir, pelear los futuros mundos, unificadores de expectativas, de identidad. Desde el lado conservador, salvacionista religioso, tienes ahí la Biblia entrando al palacio en Bolivia, o Camacho diciendo que quería que Dios gobernara en Bolivia.

Aparecen también salidas más progresistas, que todavía no tienen forma. El progresismo latinoamericano en cierta manera fue un adelanto, un preámbulo de lo que ha sucedido, y adelantó cosas que ahora se discuten: mercado interno, distribución, mayor participación. Con sus problemas, sus dificultades, por supuesto. Pero no es un proyecto agotado: no ha fallado por agotamiento, sino que lo interrumpieron y bloquearon. Por supuesto que puede persistir y renovarse.

Hay una diversidad de propuestas -progresistas, centristas, más radicales- para enfrentar esta crisis, pero ninguna tiene todavía la cualidad unificadora de mito, a excepción del progresismo latinoamericano, que se implementó y ha dejado huellas, lo cual posibilitó recuperar ciertos gobiernos. En otras partes las propuestas progresistas todavía están a nivel de laboratorio de academia, son de grupos de amigos, conocidos que se leen sus libros. Pero todavía no hay un mito unificador, universal, planetario.

Creo que se ha abierto en esta década un debate en torno a esta incertidumbre de cuál es nuestro destino imaginado. Somos seres de creencias, necesitamos una creencia movilizadora a la cual aferrarnos, luchar, hacerse perseguir, sacrificar esfuerzo. Para las fuerzas de izquierda es un gran momento, hay que bregar para que la idea fuerza que alumbre el orden sea la progresista y no la conservadora. Que supere las dificultades de la experiencia previa, que vaya más allá de lo que se hizo en la última etapa y también de lo que se pensó en el siglo XIX. No está nada dicho, no hay saberes legítimos ni hay modelos a imitar, ni autoridad a la cual seguir y obedecer en este debate. Entonces es un momento de mucha creatividad, pero esta incertidumbre de época tiene que cerrarse. La gente no puede estar mucho tiempo en incertidumbre, es desesperante.

Son tiempos que no duran mucho, son cortos en la perspectiva de la historia social en que tiene que dirimirse de una u otra manera un tipo de esperanza, creencia movilizadora. Como idea inicialmente, pero engarzada en la gente, los jóvenes, estudiante, la calle. Es un momento que nos demanda creatividad y vinculación para que las ideas se vuelvan hecho material.

Por Julian Bilmes | 23/01/2021

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Lunes, 11 Enero 2021 07:02

Trump, ¿perdedor?

Trump, ¿perdedor?

La invasión del Capitolio el pasado 6 de enero ha sido sin duda un nuevo éxito para el ya ex-presidente, y supone la antesala de lo que puede venir bajo un gobierno que nace siendo señalado por un porcentaje alto de la población como un gobierno ilegítimo que pone en peligro la libertad del país y que ha robado la democracia. Ante eso, muchos estarán dispuestos a luchar.

 

Con la resaca del 2020 aun en sus primeros compases quedan muchas cosas por cerrar. Siguiendo el nivel de lo acontecido en el pasado año, el 2021 no podía empezar de otra forma que con una invasión de manifestantes armados al Capitolio en Washington en el momento en el que el vicepresidente de Estados Unidos ratificaría la victoria de Joe Biden en las pasadas elecciones.

Muchas personas se han mostrado sorprendidas de que se haya llegado a esto, otras, por el contrario, señalan que haciendo un seguimiento de los acontecimientos los últimos cuatro años, pero sobre todo de los últimos meses, lo sucedido no debería sorprenderle a nadie. Al final, esta es la consecuencia de la retórica que empezó Trump hace meses cuestionando los resultados de las elecciones antes de que tuvieran lugar y negando su derrota una vez que se terminó el largo conteo de votos pese a todos los rechazos judiciales de sus denuncias y los recuentos de votos de determinados estados.

El 2020 vimos crecer como nunca de forma mediática a los grupos de extrema derecha y supremacistas, milicias armadas muchos de ellos, con el amparo y apoyo explicito del aun presidente. Este crecimiento no era nuevo, se llevaba dando los últimos años de forma paralela al incremento de atentados y ataques supremacistas por todo el país. Hace cuatro años uno de los líderes del KKK felicitaba a Trump su victoria, y desde entonces, se convirtió en referente y refuerzo del supremacismo y la ultraderecha. Ahora podían votar sin problemas a alguien que les representaba, que los escuchó, que les alagó en ocasiones y sobre todo que les defendió y no condenó cuando desde distintas estancias se le reclamaba posicionamientos contundentes contra estos grupos y su violencia. El terrorismo supremacista de ultra derecha es el que más muertes ha dejado en el país desde los atentados del 11 de septiembre.

Y esta sinergia la vimos el jueves una vez más, cuando dos horas antes de lo ocurrido Trump en un discurso pedía a la gente que fueran al Capitolio para impedir la ratificación de la victoria de Biden bajo el mantra repetido hasta la saciedad del robo de las elecciones. De esta forma se alentaba a la acción y cuando esta tuvo lugar la respuesta de Trump no dejaba dudas de su posicionamiento: “Sé de vuestro dolor. Ganamos unas elecciones y nos las han robado” y mientras les invitaba tibiamente a irse a casa, pasando por alto el hecho de que estas personas tuvieran que ser detenidas por entrar de forma violenta y armados al Capitolio, se mostraba parte de ellos utilizando la palabra “somos” —gente de ley y orden— y mostrando su tierno cariño con un: “os queremos”.

Es importante destacar que fue la administración Trump la que decidió que sería la policía civil la que se encargaría de la seguridad durante la jornada pese al anuncio de las manifestaciones en torno al Capitolio, generando imágenes muy dispares a las de la militarización con miles de soldados cuando se organizaron las marchas por parte de Black Lives Matter como han señalado muchas de las activistas de este movimiento que participaron en las protestas. Paréntesis. Cabe destacar que el 18 de septiembre el FBI manifestó que los incidentes en los disturbios del pasado año habían sido causados por supremacistas blancos y que los llamados Antifa no eran un grupo concreto sino una ideología. Pero sigamos, Trump tardó y titubeó en enviar a la Guardia Nacional, tal es así que antes tuvieron que llegar las fuerzas del Estado colindante de Virginia. La CNN señaló que ni siquiera fue Trump sino que tras la espera terminó por ser el vicepresidente Mike Pence el que coordinó con el Pentágono el envío de la Guardia Nacional. Trump no titubó en mandar a las fuerzas nacionales a Portland ni a grupos paramilitares frente a las protestas del Black Lives Matter.

Se plantea que hubo un error a la hora de predecir lo que podía pasar. La CIA se pronunciaba el año pasado asegurando que la mayor amenaza para el país venía de grupos supremacistas de extrema derecha y hacía diez días que muchas organizaciones de supremacistas como los Proud Boys o “Los vigilantes de Wolverine” habían convocado manifestaciones masivas de personas fuertemente armadas para el momento de la votación. Pero de alguna forma no se podía “predecir”, o no se había planteado como posibilidad, que se descontrolara la situación.

Esos “errores” se basan en las lecturas públicas y políticas que se llevan a cabo en función de los actores o colectivos a los que se referencia. De esta forma, las percepciones y las construcciones de los “otros” vienen determinadas nuevamente por su racialidad. En ese momento entran en juego las categorizaciones históricas racistas que definen lo negro como lo violento, lo peligroso y en general al “otro” no blanco como lo amenazante. Ante esa construcción la blanquitud está (irónica pero políticamente) definida por lo opuesto: la seguridad, la bondad, la educación y el buen hacer. Los negros son cuerpos para vigilar mientras que los blancos son cuerpos a proteger. Ello se ha visto durante el año pasado con la desproporción de los dispositivos de seguridad, muchas veces especialmente violentos, contra las manifestaciones del Black Lives Matter frente a las contramanifestaciones llevadas a cabo por grupos de ultraderecha. Aun recordamos las imágenes de milicianos blancos armados en el Capitolio de Michigan el pasado abril sin detenciones.

Pero esta situación también nos ha permitido darnos cuenta de algo. O, mejor dicho, confirmar lo que se viene repitiendo. La diferencia en el uso de la fuerza y la violencia por parte de las fuerzas de seguridad sobre los cuerpos blancos y el resto es uno de los elementos esenciales del racismo, así como la impunidad con la que se lleva a cabo. De esta forma vimos cómo la policía llevó a cabo un proceso de desescalada de la situación que se tornaba violenta frente a personas armadas. Es decir, existen protocolos y están entrenados para este tipo de situaciones. De tal forma que la decisión de buscar desescalar situaciones tensas se da por un lado desde las ordenes de arriba y segundo desde las posturas individuales de los agentes de seguridad cuando estos se encuentran solos o en poco número de efectivos. La policía supo no sobrepasarse pese a la situación. Así, se constata, que estas decisiones, como su capacidad de contención, están marcadas por la racialidad de los cuerpos que tienen en frente.

Llevamos años banalizando a la extrema derecha incluso cuando ya están en el poder en tantos países del mundo. Espera. Matizo. Las personas blancas llevamos años banalizándolo y, sobre todo, no escuchando a los movimientos antirracistas que vienen sintiendo la presión cada vez más fuerte sobre sus cuellos. Por eso no entendimos lo que significaban los 8 minutos de la rodilla en el cuello de George Floyd. Aunque creemos que sí. Por eso, si hubiera sido por el voto blanco en Estados Unidos (tanto de hombres como de mujeres) no estaríamos asistiendo a estas imágenes porque Trump hubiera ganado las elecciones. Trump perdió las elecciones por el voto de las personas no blancas, sobre todo por las personas negras que salieron a votar tras unas campañas como nunca habían existido animando a las poblaciones afroestadounidenses a acurdir  las urnas. Y es precisamente ese mismo voto el que, el mismo día que el supremacismo ocupaba el Capitolio, propiciaba que por primera vez en siglos de democracia estadounidense fuera elegida una persona negra como senador en el estado de Georgia, con un 32% de población negra.

Las personas que han entrado con armas en el Capitolio de los Estados Unidos lo hacen para defender la blanquitud. Y pueden hacerlo como lo han hecho precisamente desde esa blanquitud. No son personas simplemente de extrema derecha, son personas profundamente racistas, y cuyo vinculo ideológico principal se basa en la defensa del supremacismo blanco. Sin tener esto en cuenta, sin pensarlo como un elemento central en los análisis que se hagan, no se estará entendiendo ni la historia de este país ni su construcción sociológica y el contexto actual que vemos.

Por lo tanto, una vez más no podemos desprendernos de la raza (como constructo social) como categoría de análisis. Trump no hubiera ganado sin el voto blanco. O mejor dicho, ganó por él. El dispositivo de seguridad no hubiera sido el mismo de haber sido convocadas las manifestaciones por personas no blancas y la proporcionalidad de la respuesta policial para contener y evitar el asedio. Lo que nos permite afirmar categóricamente que de haber sido personas negras, árabes o inmigrantes racializados nunca hubieran podido entrar en el Capitolio. Y como sugiere el historiador Antumi Toasije, muchos hubieran terminado muertos.

En este caso, y ninguna muerte debe ser celebrada, fueron cinco personas las que murieron. Que se sepa por el momento una de ellas fue a causa de un disparo de un policía, otra tras caer al escalar un muro, dos más de las que se ha dicho por emergencias médicas y la quinta persona fue un policía atacado por asaltantes. De todas las personas que entraron en el Capitolio, estando este luego rodeado de policía, fueron detenidas únicamente 26 pudiendo salir libre y tranquilamente el resto. Otros 26 fueron detenidos en otros puntos de la ciudad por violar el toque de queda que se impuso. La policía confiscó armamento, cocteles molotov y desactivaron dos bombas caseras cerca de las sedes de los comités nacionales de los partidos demócratas y republicanos. En el conjunto de manifestaciones de BLM el año pasado se dieron unas 14 mil detenciones.

Por ir terminando, considero que se debe tener cuidado con las lecturas que buscan situar a Trump como perdedor. Esto ha sido sin duda un nuevo éxito y es la antesala de lo que puede venir bajo un gobierno que nace siendo señalado (falsa pero conscientemente) —como el actual de España— por un porcentaje alto de la población como un gobierno ilegítimo que pone en peligro la libertad del país y que ha robado la democracia. Ante eso, muchos estarán dispuestos a luchar.

No pasemos por alto que, según una encuesta de YouGov, entre los votantes republicanos el 45% han aprobado el asalto al Capitolio; el 30% piensan que las personas que lo llevaron a cabo eran patriotas y un 10% pro-demócratas; y el 85% piensa que Trump debe terminar su mandato y no debe ser destituido mostrando su apoyo al presidente saliente. Y sobre todo, recordar que a Trump le votaron 76 millones de personas que sabían muy bien lo que votaban. Y por supuesto, no olvidemos que, de una forma u otra, Trump ha conseguido que la bandera confederada recorriera los pasillos del Capitolio.

Por Pablo Muñoz Rojo

10 ene 2021 10:35

Foto: Blink O'fanaye

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Del punk al hiphop y el trap: así evolucionan las tribus urbanas

Los tiempos cambian con lo digital, pero el trasfondo sigue ahí: los jóvenes buscan cómo evadirse de las preocupaciones cotidianas y romper con lo establecido.

Por las tardes, el histórico mercado de Sant Antoni de Barcelona cobra una fuerza especial. La música emana de las escaleras que llevan al subterráneo, un gran espacio generado con la reforma del recinto y mediante el cual se pueden admirar los restos del baluarte de la muralla del siglo XVII. Sin embargo, cuando suena la música la atención la acaparan los jóvenes que allí se resguardan.

Bailan hiphop, el sonido de una de las subculturas urbanas con más tirón de los últimos años, y que sigue manteniendo la calle como uno de sus principales espacios de encuentro y expresión, pese al auge imparable de todo lo digital. Los jóvenes no lo tienen nada fácil para trabajar o emanciparse y, tras unas piruetas de break dance que quitan el aliento, hay ganas de alejarse de quebraderos de cabeza, buscar respuestas a dudas vitales y lucirse, sin olvidar que también les mueve un afán inconformista y rompedor.

Sitios consagrados al hiphop hay varios en Barcelona –están las academias y también la calle, como la zona del Macba, la meca del skate–, pero el coronavirus ha puesto muchas restricciones a la enseñanza. Además, los jóvenes cuentan que la Guardia Urbana desaloja con frecuencia a quienes se reúnen en el Macba, así que Sant Antoni ha cobrado aún más protagonismo del que ya tenía. La Policía ahí aparece menos, hay un techo y está ventilado.

Kevin, de 22 años, hace tres o cuatro meses que acude, pero baila desde los 16, cuando le encandiló el programa estadounidense America's Best Dance Crew (ABDC). Empezó yendo a una academia, hasta que hace nada ha comenzado a perderle el miedo a Sant Antoni. "Hay gente con mucho nivel", recalca. Este sitio gusta porque se aprende y se baila freestyle (estilo libre), y eso significa darse la capacidad a uno mismo para imaginar y echar abajo límites puede que innecesarios.

Se enseñan unos a otros –al lado de Kevin entrenan Carmen y Sara, de 18 y 19 años, que son bailarinas de danza contemporánea pero que también quieren saber de break–, así que los bajos del mercado se convierten en escuela de baile y de vida. Kevin dice que "mucha de la gente que está aquí viene de barrios marginales", y añade, sin entrar en detalles, que en su caso es migrante. No cuesta imaginar que no lo habrá tenido fácil, pero ya es por la tarde y es hora de dejarse llevar por el hiphop. "Ha sido un punto de apoyo y una manera de superarme a mí mismo. Lo que aprendes aquí sirve para fuera", subraya.

Para Josselyne, de 26 años y que hace año y medio que entrena, ha sido una vía de escape ante los problemas que ella tiene en casa. Fuera de ella, las cosas tampoco van muy bien en global: en Catalunya, la tasa de emancipación juvenil ha caído a mínimos, hasta el 19,7%, y la de paro es del 25,3%, 6,3 puntos más que hace un año, según la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre.

Josselyne reflexiona que los jóvenes, ante dificultades laborales o de estudios, o al no poder pagar la universidad, se dicen: "Si no puedo progresar en esto, me hago fuerte en el break dance y doy lo mejor de mí", alimentando así el ego. Asegura que cada uno puede aportar, ni que sea "un poco del amor" que se lleva dentro al salir a bailar.

Javier, de 27 años, acude desde hace un par de años, motivado por "una duda existencial". Todos recuerdan también que pueden surgir rivalidades, pero que estas se zanjan retándose en las denominadas "peleas de gallos".

Un componente de clase tras la estética

La expansión de lo digital ha hecho más complejo el análisis de la evolución del fenómeno que mucha gente conoce como el de las tribus urbanas, si bien pese a que los tiempos cambian no lo hacen tanto las motivaciones de los jóvenes para adentrarse en ellas. Eduard Ballesté, que es investigador postdoctoral del grupo Jovis.com vinculado a la Universitat Pompeu Fabra (UPF), prefiere usar el concepto de subcultura al de tribu urbana, pues cree que este "ha perdido un poco el sentido" por su connotación de algo exótico. Especifica que una subcultura urbana no se ciñe solo a una música o estética, sino que hay un "componente de clase" detrás, y ayuda a dirimir con frustraciones e incertidumbres vitales. También está la vertiente comercial, con marcas de ropa y otros productos que tratan de sacar tajada.

En la segunda mitad del siglo XX surgieron el mod, el punk o el hiphop, y este sigue haciéndose notar: Ballesté cita el fenómeno del rapero Morad del barrio de la Florida de L'Hospitalet. El trap también está en boca de muchos. Edu Bertrand y Mike Bonet han impulsado la asociación Hip Hop Collective.

Explican que esta subcultura tiene cuatro elementos principales: los raperos, los dj, los grafiteros y el break dance, baile que se estrenará como deporte olímpico en los juegos de París 2024. Bertrand destaca que empezar en el hiphop es "accesible para todos" y permite conectar con gente muy diversa. Él empezó con el break hace dos décadas, yendo al Jamboree. Bailó en plaza Catalunya y, cuando alguien se iba de vacaciones y volvía con un VHS de break, "era como un tesoro". Ahora hay academias, su entidad y Youtube. Bonet añade que el hiphop se basa en la unidad y la fraternidad, pero ahora se prima la individualidad. "Es raro tener un grupo estable a no ser que te dediques a eso de manera profesional", indica.

La difusión en redes sociales como elemento diferenciador

Puede que hayan influido en ello las redes sociales, que a la par facilitan las críticas. Luego está el trap, al cual se hacen muchas referencias alimentadas por fenómenos como los de Rosalía y C. Tangana, pero no hace trap todo el que tiene una canción con Auto-Tune, según el doctor en filosofía Ernesto Castro.

La música trap se popularizó a principios de este siglo en Estados Unidos como subgénero del rap y versaba acerca del tráfico de drogas, pero ha acabado mezclado con géneros como el reguetón o el flamenco. Castro opina que Rosalía y C. Tangana deberían encajarse en la fórmula "artista urbano", mientras que el "trap español" designaría lo que tiene que ver con la metamúsica –el estilo de vida– originada con la crisis del presente a partir de un género musical.

Entre los pioneros del trap en España sitúa a KEFTV VXYZ y PXXR GVNG. Hay patrones que se repiten. Según defiende Castro en su libro El trap: filosofía millennial para la crisis en España (Errata Naturae, 2019), "se puede establecer un sólido paralelismo entre el trap y el punk: si el punk fue la metamúsica babyboomer de la crisis de los años 70 que dio origen al neoliberalismo, el trap es la metamúsica millennial de la crisis de los años que vinieron a partir de 2010". Las fronteras entre un mero estilo de música y una subcultura a veces son difíciles de establecer.

Ahora mucho se mueve por Internet, como Youtube –echen un vistazo al K-pop coreano–. Ballesté considera que no se puede hablar de subculturas en lo que es estrictamente digital, puesto que cree que tiene mucha importancia la identificación con el barrio, pero sí que se ha perdido rigidez. Un ejemplo prepandemia: "Puedes escuchar punk, pero el fin de semana bailar en una discoteca más comercial".

Barcelona

09/01/2021 09:01

Jordi Bes

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Shoshana Zuboff: "Las grandes tecnológicas de Silicon Valley han dado un golpe de Estado contra la humanidad"

Este año, las grandes empresas tecnológicas se enfrentan a importantes batallas judiciales tanto en Estados Unidos como en Europa. Responderán, entre otras cosas, por la desinformación y por su situación de monopolio. Esta socióloga fue una de las primeras voces que nos advirtió del enorme poder de estas compañías. Y ya es considerada una de las personas más influyentes de este siglo.

 

Silicon Valley ha perpetrado un golpe de Estado contra la humanidad. Así lo cree la socióloga y economista estadounidense Shoshana Zuboff. «Se ha hecho sin que nos percatemos y sin sangre».

Zuboff explica que los usuarios de la tecnología ya no son meros clientes, sino la materia prima de un nuevo sistema industrial; a los que se exprime para extraer sus datos, hacer predicciones sobre su conducta y vender productos a terceros. Este es el hilo conductor que recorre La era del capitalismo de vigilancia (Paidós), considerado ya como uno de los libros más influyentes de este siglo. A Zuboff se la compara con el economista Thomas Piketty, que alertó de que la creciente concentración de la riqueza es inevitable si no se modifica el sistema, pero, a diferencia de Piketty, Zuboff concita el aplauso del Financial Times y The Wall Street Journal.

XLSemanal. Hay una idea muy potente en su libro y es que nuestras vidas digitales no tienen por qué ser como son ahora, que podrían, y deberían, ser de otra manera…

Shoshana Zuboff. No solo me refiero a lo que hacen Google o Facebook, sino a toda una lógica económica que condiciona muchos aspectos de nuestras vidas. El capitalismo de vigilancia demanda nuestra atención continua con técnicas de persuasión y de ingeniería de la conducta que antes habían sido probadas y perfeccionadas por las empresas de juego, porque cualquier casino sabe que no hay nada más rentable que un adicto. Y el capitalismo de vigilancia se agarra al poder de muchas formas. Una de ellas es la retórica. Ha aprendido a confundir a todo el mundo durante veinte años. Cuando te quejas de algo de lo que hacen, ellos te responden que es la consecuencia inevitable de la tecnología digital.

¿Y no lo es?

S.Z. Para nada. Le pondré un ejemplo. Cuando el público descubrió que Google se quedaba con todos esos datos de nuestras búsquedas, Eric Schmidt –el antiguo CEO– reconoció que era verdad que los motores de búsqueda retenían información. ¡Pero eso es retórica! Porque en el fondo está diciendo: «Hey, no soy yo; es la máquina». Y no es verdad. Son ellos los que se quedan con los datos para alimentar a la inteligencia artificial y hacer predicciones.

¿No es un peaje razonable a cambio de un servicio gratuito?

S.Z. Es que estamos hablando de dos cosas totalmente diferentes. Una es la tecnología digital. Y otro es la lógica económica basada en extraer datos en secreto, apropiárselos y venderlos. Esa lógica económica no puede sobrevivir sin lo digital, pero es muy fácil imaginar la tecnología digital sin capitalismo de vigilancia.

Perdone que sea un aguafiestas, pero a estas alturas dudo de que sea fácil…

S.Z. En 2000, un grupo de ingenieros de Georgia Tech diseñó un proyecto que llamaron Aware Home, un precedente de lo que hoy conocemos como ‘hogar inteligente’: con teleasistencia para ancianos, eficiencia energética… Pero los datos circulaban en un bucle cerrado. Los aparatos de la casa le proporcionaban información exclusivamente a los que residían en ella. Porque son datos muy privados. Esa tecnología era respetuosa. Pues bien, pasó el tiempo, y en 2017 dos expertos legales de la Universidad de Londres analizaron algunos altavoces inteligentes, tipo Google Home (o Nest), de los que puedes poner en tu salón. Y calcularon que un consumidor informado debería revisar un mínimo de mil contratos de privacidad, porque ese dispositivo recoge datos de lo que hablan los inquilinos, en qué habitación están, los ruidos… Y se comunica a su vez con otros aparatos inteligentes de la casa. Y envía esos datos a Google. Y Google los vende a terceros. Y estos los revenden…

No hace falta comprarse un altavoz, mucha gente se va a la cama con el móvil. Y es lo primero que consulta cuando se levanta.

S.Z. No queda ahí la cosa. Google dice que no asume ninguna responsabilidad de lo que hagan esos terceros con los datos. Y cada contraparte dice lo mismo. Así que hay cientos de compañías que tienen un dominio completo sobre tus datos. Toman lo que quieren y lo usan como quieren, sin transparencia y sin control. Y esto viene a cuento porque hace 17 años teníamos un futuro prometedor: un hogar inteligente para vivir mejor. Y esa idea ha sido traicionada. Y en nuestro hogar, que debería ser un santuario, no solo entran Google, Apple, Amazon y Facebook, entran cientos de compañías que no conocemos. No puedes cerrar la puerta de tu casa. Y, aunque la cierres, da igual porque ya están dentro. Y esto no debería ser así; se nos ha impuesto de manera unilateral, ilegítima y secreta. Pero no es inevitable.

Muchos niños manejan el móvil mejor que sus padres. ¿De verdad cree que se le puede dar la vuelta a esto?

S.Z. Sí, pero va a llevar algún tiempo… Si hubiéramos estado los últimos veinte años intentándolo y no lo hubiéramos conseguido, sería pesimista, como usted, pero la verdad es que no lo hemos intentado. El capitalismo de vigilancia ha tenido barra libre. La democracia se ha dormido al volante. Tenemos una oportunidad porque ahora conocemos sus peligros. Es hora de remangarse y hacer una labor crucial para nuestro futuro y el de nuestras democracias.

¿Pero estamos por la labor?

S.Z. A principios del siglo XX había niños trabajando en las fábricas. Las grandes compañías tenían todo el poder en Estados Unidos. Ni los trabajadores ni los consumidores podían enfrentarse a ellas. Sus abogados ganaban todos los pleitos. Pero fuimos capaces de utilizar la democracia, la ley y la política para crear nuevos derechos y contener los excesos del capitalismo industrial. Y ¿sabe qué? La segunda mitad del siglo XX fue muy próspera en muchos países. Nada es perfecto, pero ahora tenemos una oportunidad similar. Entramos ahora en una década en la que se va a decidir el futuro del siglo XXI. Y creo que veremos emerger un paradigma nuevo que va a poner freno o, por lo menos, a limitar los aspectos más perniciosos del capitalismo de vigilancia. Y creo que será necesario que algunas de sus actuaciones se ilegalicen porque son conductas criminales.

Ya se está investigando a las grandes tecnológicas. Mark Zuckerberg y Jeff Bezos han tenido que responder ante el Congreso, pero de ahí a considerarlos delincuentes va un trecho.

S.Z. Yo considero a los ejecutivos de Silicon Valley como emperadores. Ejercen un poder que no da cuentas a nadie. No queremos a estos ejecutivos poderosos a los que les importan un bledo nuestras vidas, que son radicalmente indiferentes a los problemas reales de la gente. ¡No los queremos!

¿Cómo convence a la gente de que Google o Facebook son peligrosos, aunque nos hagan la vida más fácil?

S.Z. No creo que tenga que convencer a nadie. Recientemente se ha publicado una gran encuesta en Estados Unidos. Se les preguntó a los norteamericanos si los riesgos de que las compañías recopilen sus datos eran mayores que los beneficios. Y es la primera vez que el 81 por ciento considera que los riesgos exceden a los beneficios. Es un punto de inflexión. Estábamos acostumbrados a preocuparnos por cómo manejan nuestros datos los gobiernos y no tanto las corporaciones, pero ahora las cosas han cambiado.

Pero entre los ganadores de la pandemia están las tecnológicas. Bezos ha duplicado su fortuna desde marzo y es el ser humano más rico de la historia.

S.Z. Las encuestas detectan otra tendencia. El 84 por ciento de los norteamericanos no confían en que las compañías que poseen las redes sociales arreglen los problemas que han creado. Y un estudio global de Pew Research señala que once países consideran que la desinformación es la mayor amenaza contra la democracia. Lo que estamos viendo es una pérdida de fe en estas corporaciones. La gente ahora se moviliza. Ve el riesgo.

¿Qué hay de malo en que Netflix y Amazon conozcan nuestros gustos y nos recomienden libros o series?

S.Z. Los gigantes tecnológicos quieren que creamos que la privacidad es privada. Que nosotros tenemos el control de lo que queremos exponer y lo que no. Yo les doy unos pocos datos a Facebook a cambio de un servicio que es gratis.

Se supone que ese es el trato, ¿no? Las condiciones de servicio que pocos leen y casi todos aceptan para tener correo, mapas, hacer búsquedas, compartir fotos…

S.Z. Pero lo que hemos aprendido es que, cada vez que consentimos darles datos, ellos toman muchos más de los que creemos. Si publicas algo en Facebook, no les importa lo interesante o veraz que pueda ser, pero lo desmenuzan. Examinan si usas signos de admiración para sacar conclusiones sobre tu estado emocional. Porque las emociones son comportamientos fáciles de predecir. Y muy rentables. La inteligencia artificial de Facebook examina billones de esos datos cada día y es capaz de producir seis millones de predicciones por segundo. Y muy pocos de esos billones de datos los damos a sabiendas ni por propia voluntad. Los cogen sin que nos enteremos. Cada vez que utilizamos las redes sociales, alimentamos a un sistema cuyas asimetrías de poder y de conocimiento están minando nuestras democracias y aumentando la desigualdad.

¿A qué se refiere cuando habla de asimetrías?

S.Z. A que hay una gran diferencia entre lo que ellos saben de nosotros y lo que nosotros sabemos de ellos; entre lo que podemos hacer y lo que ellos nos pueden hacer. El conocimiento y el poder son inextricables.

Siempre lo han sido…

S.Z. Pero ahora vemos, por ejemplo, que el sistema de reconocimiento facial de Microsoft, desarrollado con fotos de Facebook, no se utiliza solo con propósitos académicos, como nos habían contado, sino que Microsoft lo vendió a clientes militares, incluido el Ejército chino, que mantiene a los uigures musulmanes sometidos a una vigilancia constante. Nuestras fotos de Facebook están sirviendo para encarcelar a gente inocente en una campaña genocida contra una minoría religiosa. No es algo trivial. Estamos exponiendo no solo a nuestra sociedad, sino a todas las sociedades, a estos sistemas. Y la gente empieza a entenderlo. Es un desafío político y legal. Nos están robando una parte de nuestras vidas sin nuestro permiso. Tenemos que parar esto. Y creo que podemos.

 

Por Carlos Manuel Sánchez / Fotografía: Bernd Von Jutrczenka

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