Este es nuestro futuro: hackers o siervos (o cómo enfrentar la distopía digital)

La economía política de la era digital sigue siendo prácticamente una “terra incognita” para casi todo el mundo; el libro Techno-Feudalismo, del economista de la Sorbona Cédric Durand, brinda un servicio público porque desentraña esta nueva “Matrix” que controla todas nuestras vidas. Durand coloca la era digital en el contexto de la evolución histórica del capitalismo demostrando cómo el “Consenso de Washington” terminó haciendo metástasis en el “Consenso de Silicon Valley”

El libro define la nueva biblia del poder como “la ideología californiana”, muy lejos de los hippies y los Beach Boys. Esta ideología se parece más a la «destrucción creativa de Schumpeter con esteroides”, eso sí que complementada con «reformas estructurales» (estilo FMI), «flexibilización del trabajo” y la mercantilización/financiarización de la vida cotidiana.

La era digital estuvo asociada desde el principio con la ideología de la derecha empresarial. El proceso de incubación fue proporcionado por la Fundación Progress and Freedom (PFF), convenientemente financiada, entre otros, por Microsoft, At&T, Disney, Sony, Oracle, Google y Yahoo. En 1994, la PFF celebró una conferencia en Atlanta que elaboró su Carta Magna: el ciberespacio y la era del conocimiento eran fundamentales para el desarrollo del “sueño americano”.

No por casualidad años antes se fundó la revista Wired, que al igual que PFF, se convirtió en uno de los órganos promotores de la llamada “ideología californiana”. Entre los autores de la Carta Magna Digital estuvo al futurólogo Alvin Toffler y el ex consejero científico de Reagan, George Keyworth. Y antes que nos diéramos cuenta, estos intelectuales orgánicos ya habían conceptualizado el ciberespacio “como un entorno bioelectrónico universal”. En realidad, la Carta Magna Digital fue la hoja de ruta para explorar una «nueva frontera».

Los héroes de Ayn Rand

Tampoco por casualidad el gurú intelectual de esta nueva frontera fue Ayn Rand y su ideología brutalmente primitiva de «pioneros” y mafia. Rand es conocida porque pretendió justificar filosóficamente el egoísmo como bueno, el altruismo como malo y la empatía como irracional. Por tanto, cuando se trata de derechos de propiedad todo el poder debe ser ejercido por los “pioneros” de Silicon Valley (un grupo de narcisos, enamorados de su imagen) que en nombre de la innovación están llamados a destruir todas las reglas establecidas, con una revolución schumpeteriana de “destrucción creativa”. Esta idea de los “elegidos” nos ha llevado a nuestro actual mundo, donde Google, Facebook, Uber y compañía, traspasan olímpicamente cualquier marco legal, imponiendo sus innovaciones como un hecho consumado.

Cédric Durand va al meollo del asunto cuando se trata de la verdadera naturaleza de la “dominación digital”: el liderazgo estadounidense nunca se habría conseguido gracias a los héroes del planeta digital o a las benditas fuerzas espontáneas del mercado. Por lo contrario, la historia de Silicon Valley es la historia de una dependencia prácticamente absoluta de la intervención de estado, especialmente a través del complejo industrial-militar y el complejo aeroespacial estadounidense.

Como ejemplo hay que recordar que el Centro de Investigación Ames, uno de los mejores laboratorios de la NASA, se encuentra en Mountain View y la Universidad de Stanford ha sobrevivido debido a los jugosos contratos de investigación militar. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Hewlett Packard creció por la fabricación de dispositivos electrónicos utilizados para fabricar radares y en la década de los 60s, el ejército estadounidense financió la producción de los semiconductores, que aún estaban en una etapa primaria de desarrollo.

Más recientemente un informe del MIT de 2016 elaborado «en asociación» con Oracle (The Rise of Data Capital) explica por qué las redes digitales abren el acceso a un campo virgen repleto de beneficios: «Aquellos que llegan primero y toman el control obtienen los recursos para monetizar en beneficio propio los datos de quienes usan las redes más conocidas”.

Entonces, a partir de esta visión de negocio, todo es posible. Desde las imágenes de la videovigilancia, la banca electrónica o las muestras de ADN todo absolutamente todo implica alguna forma de apropiación de nuestras vidas. Es la lógica extractivista en “todo su esplendor” aplicada al desarrollo del Big Data.

Durand nos da el ejemplo de Android para ilustrar esta lógica extractivista. Cuando Google ofreció gratuitamente el sistema operativo Android para los teléfonos inteligentes, obtuvo una posición estratégica en el mercado, que le permitió superar el ecosistema de Apple. Desde ese momento Google se convirtió en el punto de entrada de Internet para prácticamente todo el planeta. Así es como se ha construido de facto un imperio online, enormemente valioso y espantosamente monopólico.

Hoy el punto clave es que cualquiera que sea el negocio de origen (Google, Amazon, Uber) todas sus estrategias de conquista del ciberespacio apuntan al mismo objetivo: tomar el control de los “espacios de observación y captura de datos”.

Los chinos y su versión el Big Data

El economista francés ofrece un análisis finamente equilibrado del sistema de crédito chino -un sistema híbrido público / privado- puesto en práctica en 2013, bajo el lema “dar valor a la sinceridad y sancionar la falta de sinceridad”.

Para el Consejo de Estado, máxima autoridad gubernamental en China, lo que realmente importaba era fomentar comportamientos considerados responsables en el ámbito financiero, económico y sociopolítico, y sancionar lo que no lo es. Se trata de la “confianza”. Beijing lo define como «un método para perfeccionar el sistema de economía de mercado socialista, mejorando la gobernanza social».

El término chino “shehui xinyong” (confianza) es habitualmente mal traducido en Occidente. Significa mucho más que «crédito social», se trata «confiabilidad», en el sentido de integridad. De ninguna manera es un sistema orwelliano. Sus prioridades son la lucha contra el fraude, la corrupción, las violaciones a las reglas ambientales, y la falta de respeto a las normas de seguridad alimentaria.

La gestión cibernética de la vida social se está discutiendo seriamente en China desde la década de 1980. Incluso se podría decir que está inspirada en el principio maoísta de una política de masas: estudiar las ideas dispersas y no son sistemáticas de la mayoría, para a continuación condensarlas en ideas generales y sistemáticas. Luego volver a las masas para difundirlas y explicarlas, asegurándose que el pueblo la asimilen y plasmen en la acción”.

Durand va un paso más allá del de Soshana Zuboff

El núcleo de la tesis de “La era del capitalismo de vigilancia” de Soshana Zuboff tiene como objetivo demostrar cómo las plataformas digitales se han convertido en «feudos» que se benefician de un vasto «territorio digital» poblado de datos con servicios que hoy en día se consideran indispensables. Y al igual que en el feudalismo, estos grandes señores dominan el territorio, ganándose la vida con un poder social derivado de la explotación ilimitada de sus siervos (esta vez digitales).

Es la concentración total del poder. Peter Thiel (un ideólogo incondicional de Silicon Valley) ha reconocido en sus escritos que el objetivo del emprendedor digital es exactamente esto: evitar toda competencia: “el capitalismo y la competencia son antagónicos. La competencia es para perdedores «. Así que ahora nos enfrentamos no a un mero choque entre el capitalismo de Silicon Valley y el capital financiero, sino a un nuevo modo de producción: una supervivencia turbo-capitalista; un capitalismo rentista donde los gigantes de Silicon dominan sus haciendas y también dominan al Estado. Esa es la opción “tecno-feudal”.

Ahora, el libro de Durand revela que la crítica teórica y política de la era digital está aún en pañales. No existe una cartografía de todos los dudosos circuitos de extracción de ingresos. No hay un análisis de cómo se benefician del casino financiero, especialmente de los megafondos de inversión que facilitan la híper-concentración. O cómo se benefician de la explotación extrema de los trabajadores en la llamada irónicamente “economía cooperativa”.

La concentración total del mundo digital está llevando a un escenario ya soñado por Stuart Mill, un planeta donde toda la tierra de un país pertenece a un solo dueño. Hoy , nos dice Cédric Durand, la dependencia generalizada de los gigantes digitales se parece demasiado a ese mundo: «el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos».

¿Hay salida posible?

La tentación es radical: un crossover (cruce) entre Blake y Burroughs. Tenemos que ampliar nuestra comprensión y dejar de confundir el mapa (la carta magna digital) con el territorio (nuestra percepción).

William Blake, en sus visiones proto-psicodélicas, creía que en el futuro el mundo estaría dominado por una especie de deidad autoritaria que imponía la conformidad a través de una especie de código fuente de influencia masiva. Su idea aparentemente loca aparece hoy como una anticipación de la era digital.

Por su parte, William Burroughs conceptualizó el Control como un conjunto de manipulaciones a través de los medios de comunicación (las redes sociales lo horrorizarían): “Las figuras de la autoridad se ven por lo que son: máscaras muertas y vacías”. Para romper el Control, según Burroughs tenemos una alternativa: piratear e interrumpir sus programas principales.

Este es nuestro futuro: hackers o siervos.

Por Pepe Escobar | 10/12/2020

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Foto: Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando se amotinaron en Cochabamba (Archivo - Tarija 200, foto de Daniel James)

La Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación de los motines policiales de noviembre del 2019. Sectores de la Policía se declaran en emergencia y Anssclapol advierte al Gobierno que "no jueguen con fuego".

 

Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.

Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.

Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].

Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.

A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.

Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.

Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.

Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.

Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.

El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?

En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.

Cabe recordar que inicialmente la CIDH califició de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.

Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.

Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Sábado 5 de diciembre | 00:01

[1https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201203/principal.php?n=39&-esposas-de-policias-en-emergencia-por-procesos-a-implicados-en-motin

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Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

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Lunes, 30 Noviembre 2020 05:33

Una guerra desde el limbo

Soldado marroquí en una carretera entre Marruecos y Mauritania en la localidad de El Guerguerat, Sahara Occidental, el 23 de noviembre Afp, Fadel Senna

EL REGRESO DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

A mediados de mes volvieron los combates al territorio saharaui, donde vive más de medio millón de personas y que permanece ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. La región, testigo de un proceso de descolonización inacabado, tiene una importancia estratégica como vía de comunicación entre Europa y el turbulento Sahel.

 

El recuerdo la deja sin habla. Tenía 15 años cuando corrían los rumores de una posible invasión marroquí en el Sahara Occidental. Después de la que sería la última visita a sus amigas, Suelma Beiruk regresó a la casa de sus padres, en el centro de El Aaiún. Su madre hablaba con el resto de las vecinas y la conversación mezclaba desconfianza e incredulidad: los civiles marroquíes, acompañados por tanques y militares, habían llegado a la capital en noviembre de 1975. Le rogó que se refugiase en el interior del edificio, pero por aquel entonces Beiruk ya militaba en el Frente Polisario y decidió que lo más seguro era huir a pie por el desierto con su marido y su hijo. «Vuelvo mañana», fueron sus palabras, y no ha podido hacerlo hasta la fecha. A su madre y sus hermanas las ha vuelto a ver en una única ocasión.

A principios de noviembre de 1975 y a finales de la dictadura franquista, Marruecos invadió la entonces provincia española con la llamada Marcha Verde. Estalló una guerra con el Polisario, facción política que ya reclamaba la independencia bajo el dominio español. El conflicto cesó con el alto el fuego de 1991, que consolidó la división del Sahara en una zona ocupada por el reino alauita y otra liberada, donde se construyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La separación se materializó con un muro minado que divide la región de norte a sur.

El viernes 13 de noviembre, el Polisario consideró roto el alto el fuego con Marruecos tras una acción militar contra civiles saharauis. El Ejército marroquí disolvió una protesta pacífica que exigía la autodeterminación del Sahara Occidental (donde viven unas 600 mil personas, según varias estimaciones) y bloqueaba una carretera en un área desmilitarizada en la frontera con Mauritania, conocida como «el tapón de El Guerguerat». El sábado 14 el Ejecutivo saharaui decretó oficialmente el estado de guerra y así dejó atrás los años de reivindicación pacífica.

Beiruk ejerce hoy como ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer en la RASD. Como la mayor parte de los saharauis exiliados, ha madurado su vida en los campos de refugiados en el oeste de Argelia, en los que hoy viven más de 170 mil personas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace 45 años tres generaciones viven en un limbo. La construcción de los campos en mitad del desierto era una solución temporal a la espera de un referéndum de autodeterminación, que aún no ha tenido lugar, prometido por España como potencia administradora y reconocido por la ONU. Los relatos de los habitantes de los campamentos y las ciudades saharauis mostraban esperanza en esta votación, pero tras la reciente injerencia militar las voces se alzan a favor de la lucha armada.

EL PRIMER DÍA

Aún era de noche cuando Bala Salama caminaba hacia la mezquita con su padre. El bullicio era ya abrumador. Su padre le contaba lo que había escuchado en la radio. «Estamos en guerra. Lo ha anunciado el Polisario tras un incidente en El Guerguerat», aseguraba. Los coches recorrían las calles y sólo se oían sus bocinas. Cuatro días más tarde, el joven de 29 años ya estaba ubicado en una academia militar con otros cientos de saharauis para ser formado como soldado. No conoce a nadie de su entorno que no se haya presentado voluntariamente. «En los últimos 29 años, la situación se calmaba con negociaciones y en los despachos, pero ahora [las autoridades marroquíes] han roto el alto el fuego», opina. Bala nació en el campamento de El Aaiún, pero trabajaba en Madrid. Viajó hace meses a Argelia para visitar a sus familiares, pero, debido a la emergencia sanitaria, ese país africano cerró sus fronteras, por lo que tuvo que quedarse. Hace unas semanas que nació su primer hijo. «Me atormenta pensar que cuando crezca deba decirle que tiene que luchar por recuperar su hogar. Que él fuera refugiado sería muy frustrante», cuenta desde el cuartel.

Beiruk olvidó las pésimas condiciones de vida de sus 45 años en el exilio esa mañana de viernes. Conoce el sufrimiento de la guerra y perdió a su marido en el primer conflicto, pero considera la lucha como «la única solución al haberse agotado la paciencia y el diálogo». Recuerda que la población de los campamentos se despertó con la noticia y la gente salió a la calle en masa. Cuenta que los padres aplaudían la decisión de los más jóvenes de alistarse y que diariamente «llegan solicitudes desde el extranjero y las zonas ocupadas».

En cuanto comprendió la situación, Jalil Naama comunicó su reincorporación al Ejército. Pasó el servicio militar al cumplir la mayoría de edad y ahora, con 34 años, ha sido reubicado en el frente. Todavía no se ha despedido de su mujer y sus hijas, de 2 y 3 años. Es funcionario público y posee su propia clínica dental, pero concibe como un deber responder al llamamiento a filas. Hijo de un excombatiente, vive desde niño la desesperación «de no pertenecer a ninguna parte». «A nadie le gusta la guerra. No hay vencedores. Pero en nuestro caso son 45 años en el exilio con promesas de paz y de un referéndum», confiesa. Habla de su generación, que ha vivido en carne propia la falta de avances y «la mentira». «Las organizaciones internacionales no han garantizado la votación. Vivimos en un limbo eterno. Quiero que mis hijas se sientan en su tierra, que no sientan lo que sentí yo. Lo dejo todo por la causa», concluye.

PREOCUPACIÓN EN LA CRUZ ROJA

El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce la gravedad de la situación y teme por las consecuencias humanas que conllevaría una escalada de violencia en el Sahara. Aun así, no ha planificado una estrategia para garantizar la seguridad del colectivo saharaui en los territorios bajo dominio marroquí. Mantiene, no obstante, «diálogos de carácter confidencial con los dos frentes implicados».

Esos territorios, al oeste y al norte del muro, se han convertido en un correccional a cielo abierto. Las libertades de expresión y movimiento no tienen cabida, de ahí que sean pocas las familias que han podido reencontrarse. Los activistas se ven sometidos a vejaciones, detenciones ilegales, torturas bajo custodia policial y violencia económica. Las asociaciones saharauis denuncian la brutalidad de las autoridades marroquíes incluso ante agentes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental.

Durante la primera semana del estado de guerra aumentó con creces la presencia policial, se detuvo a decenas de personas y las manifestaciones fueron reprimidas con gran violencia, según informan medios locales. En octubre Amnistía Internacional insistió a la ONU que se debía realizar una «supervisión efectiva de los derechos humanos» en la zona. Recordó que las autoridades marroquíes restringen el acceso a las organizaciones que los defienden y subrayó la necesidad de garantizar los derechos universales en los campamentos, alegando que tampoco el Polisario había esclarecido ciertos abusos cometidos bajo su control.

LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

La carretera que atraviesa El Guerguerat une el norte de África con Sahel y es fundamental para las rutas que conectan el continente con el sur de Europa. Desde 2001, Marruecos ha asfaltado la zona de forma intermitente para conectarla con su red de carreteras y conseguir «una vía con salida a Mauritania para llegar al África central», lo que el Frente Polisario considera, y así lo ha venido comunicado, una violación de los acuerdos.

Asimismo, el Polisario denuncia que la carretera es un punto estratégico para el narcotráfico. Recientes investigaciones en Malí, llevadas a cabo por un panel de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, revelan que el flujo de estupefacientes en el Sahel tiende a ser cada vez más estable y regular. El documento se refiere, entre otros temas, al contrabando de hachís procedente de Marruecos, cuyo destino final es Libia, tras ser transportado por Mauritania, Malí y Níger. En abril de 2019, la Policía marroquí incautó 12 toneladas de hachís en El Guerguerat. La droga era transportada en un camión y estaba escondida en cajas que contenían envases plásticos. Además, la región se caracteriza, desde hace décadas, por el intenso tráfico de armas.

Según el derecho internacional, España todavía es la responsable de proteger los derechos del pueblo saharaui, ya que nunca renunció a su papel como potencia administradora. De hecho, los acuerdos de Madrid de 1975 con Marruecos y Mauritania, en los que se establecía una gestión tripartita del territorio, carecen de validez legal. Todavía se puede pasear por las ciudades saharauis y hablar en castellano con algún anciano que cuenta cómo fue esa despedida tan agria, en la que vio marchar a cientos de conocidos hacia el desierto.

Ana Cortéz
27 noviembre, 2020

(Tomado de El Salto, por convenio. Brecha reproduce fragmentos.)

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta en la plaza San Martín de Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Tras ocho días consecutivos de marchas pacíficas protagonizadas por los jóvenes, Perú espera que Francisco Sagasti, titular del Congreso y opositor a la vacancia de Martín Vizcarra, juramente este martes como nuevo presidente interino.

 

Eran apenas unos recién nacidos cuando sus padres tuvieron que salir a las calles para exigir la caída del autoritario exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), han padecido casi toda su vida una educación y una sanidad públicas fuertemente precarizadas por políticas neoliberales, y tienen hoy como hábitat alternativo a las redes sociales. Así son los centennials peruanos, los protagonistas del desenredo de una crisis política que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, decenas de heridos y desaparecidos, y que Perú se haya liberado en seis días del Gobierno de Manuel Merino de Lama, acusado de golpista y usurpador.

La juramentación este martes del congresista Francisco Sagasti como presidente de Perú, opositor junto a otros 18 congresistas a la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020), ha sido la señal de que lograron su propósito: torcer a una mayoría del Congreso acusada de golpista por haber utilizado la figura constitucional, aunque polémica por su amplio margen de interpretación, de vacancia por "incapacidad moral permanente" para remover a Vizcarra del poder.

La lucha empezó la noche del lunes en que el Legislativo vacó a Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, pero que se fue acrecentando desde la toma de mando del congresista de centroderecha Manuel Merino de Lama, y la posterior juramentación de su gabinete de ministros el jueves. Miles de ellos tomaron las calles y plazas y se ubicaron en la primera fila, para bloquear, con creatividad y recursos aprendidos en Youtube, las excesivas bombas lacrimógenas y perdigones que la Policía Nacional lanzó contra marchas pacíficas de protesta en todo el país. Resistieron con gritos de "Merino no me representa" y cubiertos con banderas del Perú, a una brutal represión que fue condenada por organismos nacionales e internacionales como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las manifestaciones se dieron consecutivamente hasta el sábado, día en que se convocó a una marcha nacional, y en el que las abusivas acciones de represión perpetradas por la Policía provocaron la muerte de los jóvenes universitarios Jack Bryan Pintado (22), que fue disparado con diez proyectiles en el rostro, cabeza y tórax; e Inti Sotelo Camargo (24), con cuatro proyectiles, uno de ellos en el corazón. Se sumaron también casi un centenar de heridos con perdigones, graves y leves, decenas de desaparecidos, y por lo tanto el pedido de gran parte de la clase política peruana de que Merino renuncie, algo que terminó por hacer al día siguiente.

Por ello, fue a los jóvenes a los que se refirió este lunes el congresista Francisco Sagasti Hochhausler, del centroderechista Partido Morado, en sus primeros segundos como flamante presidente del Congreso de Perú; y que luego ocupará interinamente el cargo de presidente de la República, hasta culminar el quinquenio de 2016-2021, el 28 de julio de 2021.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes expresando sus puntos de vista, y prácticamente sin violencia. Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado han fallecido, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo este lunes en el hemiciclo, ante los aplausos de los presentes.

La tensa mañana del lunes

Sagasti, un ingeniero industrial, reconocido investigador académico y catedrático de 76 años, que tiene en su hoja de vida haber sido consultor y asesor de organismos internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OEA, llegó este lunes a presidir la mesa directiva del Parlamento, en un segundo proceso de votación por una nueva mesa directiva.

Y es que el mismo domingo de la renuncia de Merino, en el hemiciclo solo existía un único acuerdo claro: que la nueva mesa estuviera integrada exclusivamente por congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia (19 de 130), como gesto de respeto al sentir popular. Por ello, la conformación de la primera lista presentada el domingo por la noche, encabezada por la izquierdista Rocío Silva Santisteban y que tenía como vicepresidente al propio Sagasti, no alcanzó los votos necesarios, aún cuando había sido planteada con el compromiso de apoyo de otras bancadas.

Así las cosas, Perú se acostó el domingo y amaneció este lunes prácticamente acéfalo, sin un presidente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, solo dirigido por el gabinete de ministros del presidente saliente. Hasta que la tarde del lunes, el Partido Morado, el único que votó en bloque contra la vacancia, decidió reemplazar una lista presentada a primeras horas de la madrugada del lunes, que integraban solo los miembros de su bancada, y por ello con poca aceptación previa, por una que conformaba junto con otros partidos.

Llegó así, minutos antes de las dos de la tarde, la que terminó siendo la lista única (hubo una intención de los congresistas provacancia de presentar una segunda, pero no prosperó). Esta estuvo presidida por Sagasti, cuyo carácter democrático y conciliador había sido resaltado como clave para lograr un consenso entre bancadas, y la completaron la congresista izquierdista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio; el congresista de centroderecha Luis Roe, de Acción Popular; y la congresista de centroderecha Matilde Fernández, de Somos Perú; que ganó con un total de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.

Generación del Bicentenario

Algo que han reconocido diversos políticos ha sido la importancia de la participación juvenil, y sobre todo de los chicos centennials, en el reencauzamiento del orden democrático en Perú. Un trascendental papel que les ha valido ser llamados Generación del Bicentenario, en referencia a la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del país latinoamericano, y por el halo de heroicidad que atañe. Entre ellos, la congresista Mirtha Vásquez, recientemente electa primera vicepresidenta del Legislativo, que agradeció este lunes ante los medios "a todos esos jóvenes" por haber dado "una lección para poder reconducir lo destinos del Estado".

 17/11/2020 07:55 Actualizado: 17/11/2020 07:57

Mercedes Palomino

@mercepalm

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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Protestas en Lima contra el gobierno de Merino. (EFE)

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años y otro de 24 años heridos por arma de fuego

 

La zozobra política en Perú alcanzó este sábado un punto álgido con una nueva y masiva movilización contra el Gobierno de transición de Manuel Merino, cuya dura represión dejó al menos dos muertos que abonan tanto el sólido rechazo a su figura como su cada vez mayor debilidad. Decenas de miles de peruanos marcharon por calles y avenidas de todo el país en una movilización de rechazo espontánea, coordinada tan solo a través de redes sociales, sin líderes ni portavoces, muy diversa, mayoritariamente joven y con una dominante presencia femenina.

En Lima, la marcha desató duras escenas de violencia y represión que se saldaron con dos fallecidos, un joven de 25 años con una herida por arma de fuego en la cabeza y otro de 24 años con cuatro impactos de proyectiles de arma de fuego. Merino, muy duramente criticado y expuesto como el ejemplo de la política que los peruanos quieren desterrar del país y por su pésima gestión de las protestas, tendrá que responder ahora ante una tragedia que solo servirá para solidificar la masiva oposición en su contra.

Hasta ahora el presidente transitorio no se ha pronunciado por estas muertes, pero sí lo hizo su antecesor, Martín Vizcarra, quien lamentó los decesos y culpó directamente de ellas a "la represión de este gobierno ilegal e ilegítimo".

Aún sin los jóvenes fallecidos, y más allá de los números, esta marcha marca un hito en la vida política del país y ya hubiera supuesto una presión extra sobre Merino, que ha visto como algunos ministros ya han dimitido tras haber asumido el cargo hace dos días y cómo sus aliados en el Congreso que lo auparon a la presidencia comienzan a distanciarse de su Gobierno.

Mayor fuerza

La movilización fue, si cabe, mayor que la que el jueves último, y en Lima volvieron a verse las mismas imágenes de apoyo masivo a las protestas en la céntrica plaza San Martín, donde se congregaron más de 15.000 personas a las que añadir varios miles más que marcharon en otros lugares de la capital. Tal y como en ocasiones anteriores, hubo graves disturbios en el entorno de la sede del Congreso de la República, protegido por varios círculos de policías, con disparos de perdigones y bombas lacrimógenas.

Uno de esos disparos fue el que causó la muerte del joven. Además, hubo varios heridos, algunos de gravedad, según pudo verse en las transmisiones de televisión y a través de las redes sociales. A falta de valorar aún el alcance de la represión, que la Defensoría del Pueblo calificó como "uso indebido de fuerza", todo parece indicar que las escenas vividas en el corazón de la capital peruana tendrán consecuencias para un Ejecutivo muy cuestionado por su manejo con mano dura e intransigente de esta situación.

El carácter descentralizado y acéfalo de la protesta dejó también marchas y concentraciones menores, pero también muy nutridas, en prácticamente todos los distritos de la capital, donde los incidentes brillaron por su ausencia.

En el quinto día consecutivo, que la movilización congregara a un número mayor de personas parece ir en contra de las previsiones del Gobierno, cuyos responsables estimaron que la gente "ya se cansaría" de protestar y que sin embargo acudió en masa pese a la amenaza de represión.

"Constitucionalidad"

Antes del inicio de las marchas, el nuevo presidente y su primer ministro Ántero Flores-Aráoz salieron a defender la "constitucionalidad" de su Gobierno de transición, que surgió tras un juicio político contra Vizcarra que contó con el apoyo de 105 de los 130 diputados del Congreso. En su primera, y muy breve, aparición ante un medio de comunicación peruano Merino insistió en la tesis del Ejecutivo de no dar credibilidad a la movilización y no asumir los reclamos de la población.

Así, llegó a indicar que él prestaba "respaldo a la juventud" que protestaba, si bien interpretó de forma un tanto forzada que el clamor popular era por la situación económica y social causada por el covid-19. Nada en la movilización de esta jornada permite sostener esa tesis, pues el principal reclamo ha sido la preocupación por la situación de la democracia en el país y subrayar la ilegitimidad del Gobierno de Merino.

"Merino, NO eres mi presidente", "Merino, el pueblo te repudia", "No me representas", "Merino usurpador" o, más crudamente, "Me orino en Merino" y "Fuera, mierda", han sido los lemas recurrentes de estos días que se repitieron en la jornada de hoy.

Renuncia y escisiones

La presión hacia Merino y su gobierno, formado por técnicos y políticos de marcado carácter conservador y derechista, comenzó a llegar también por parte del Congreso, que puso al presidente en el poder, pero que ahora parece responder a la exigencia ciudadana. A los anuncios ya conocidos de que varias fuerzas que apoyaron la destitución de Vizcarra ahora evalúan hacer lo mismo con Merino si atiende el pedido de dimisión que ya llega de miembros de su propio partido, como el alcalde de Lima, Jorge Muñoz.

El vicepresidente del Congreso, Luis Valdez, que ejerce de manera interina las funciones de presidente del Congreso mientras Merino es presidente de la República, también exigió la renuncia del mandatario y anunció una reunión de la junta directiva de portavoces para evaluar la renuncia de la mesa directiva del hemiciclo. Si dimite la mesa directiva del Congreso, el parlamento deberá elegir una nueva de consenso entre las distintas fuerzas que asuma la Presidencia de Perú hasta las elecciones de abril de 2021.

Varios partidos ya retiraron este sábado su apoyo a una comisión parlamentaria que iba a seleccionar los candidatos para formar el Tribunal Constitucional, un órgano clave en esta crisis y que el gobierno de Merino quería llevar a cabo pese a su carácter de transición y pese a que las elecciones generales que renovarán el Congreso se harán en menos de cinco meses.

Dimitir, ¿por qué?

Poco antes de la marcha, Flores-Aráoz declaró ante la prensa que pese a las protestas, que había dicho no saber a qué se debían, el presidente no pensaba dimitir por que muchos peruanos lo respaldan. "Tiene millones de peruanos que lo respaldan, lamentablemente están en sus casas. No los invitaría a salir", dijo en declaraciones al Canal N.

Flores-Aráoz pidió "tranquilidad" y conversar con aquellos que se encuentran en contra de la sucesión presidencial, pues "la política es diálogo, no imposición". Las escenas tanto de unidad y objetivo común multitudinario para desbancar al gobierno de Merino como de violencia innecesaria e innegable, que fue transmitida en directo por medios de comunicación y redes sociales, hablan lamentablemente un intento de imposición, que los peruanos en las calles no parecen aceptar

EFE

15/11/2020 - 09:32 Actualizado: 15/11/2020 - 09:32

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Simpatizantes del Frente Polisario responden a una arenga en uno de los campos de refugiados saharauis en Rabuni, Argelia, el viernes 13 de noviembre.Javier Martín Rodríguez / EFE

La organización saharaui sostiene que ha bombardeado cuatro bases militares y dos puestos de vigilancia marroquíes y ha causado bajas. Rabat guarda silencio

 

El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali, anunció este sábado la ruptura del alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra. Desde la otra parte, el Estado marroquí guardó silencio. Mientras el Frente Polisario informaba sobre ataques contra posiciones del “enemigo”, varios medios marroquíes se centraron en los mensajes de apoyo que Rabat ha recibido desde países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania.

El Frente Polisario aseguró el sábado por la mañana haber causado víctimas mortales a Marruecos y “considerables pérdidas materiales” en la madrugada del viernes al sábado mediante bombardeos efectuados contra cuatro bases militares (entre ellas, las de Mahbes, Hauza, Auserd) y dos puestos de vigilancia. Al caer la tarde del sábado, la organización saharaui emitió su segundo parte de guerra, en el que informaba de que había continuado con los bombardeos contra las bases militares de Mahbes y Bagari y hostigado al “ocupante” en la zona de Guerguerat.

Desde El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, Ahmed Tanji, fundador del grupo de periodistas saharauis Equipe Media, indicó en conversación telefónica: “Aquí han puesto más policías y militares por todas partes. El viernes reprimieron una manifestación de saharauis. Y hoy sábado, algunos agentes marroquíes han lanzado piedras contra algunas casas de activistas saharauis”.

Los 240 observadores que integran la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) no han podido evitar las hostilidades sobre el terreno. La labor de la ONU se ha visto sobrepasada más que nunca en los últimos 29 años, desde la firma del alto el fuego

El ministerio de Exteriores de la RASD emitió el sábado un comunicado en el que indicaba que, tras llevar 29 años a la espera de que se celebre un referéndum de autodeterminación, el pueblo saharaui ha perdido su confianza en las Naciones Unidas y en su misión sobre el terreno. Para la organización saharaui, la misión de la ONU se ha convertido en “custodio” de la explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental, lo que considera un “expolio”.

La comunidad internacional también asiste impotente al desarrollo de los hechos. El ministerio de Exteriores de España, antigua potencia colonial del Sáhara, instó a las partes a través de un comunicado difundido el viernes por la noche a reanudar las negociaciones. Lo mismo hicieron varios representantes de la Unión Europea y de la ONU.

La situación en el Sáhara Occidental vivió el viernes el momento de mayor violencia desde 1991. Fuerzas del ejército marroquí disolvieron una protesta de civiles saharauis que mantenían cerrada desde el 21 de octubre la carretera que une el Sáhara Occidental con Marruecos. El ejército marroquí señala que en ningún momento tomó contacto con civiles, pero ambas partes reconocen que durante la operación de desalojo intercambiaron disparos, sin que se registrara en principio ningún herido. El sábado por la tarde el tráfico en el paso de Guerguerat quedó restablecido por el Ejército marroquí, según indicó informó la agencia oficial MAP. El comunicado no mencionó ningún ataque del Frente Polisario.

Marruecos no reconoce bajas por ahora

Ante el hecho de que Rabat no haya reconocido hasta el momento ninguna baja mortal, una fuente del Frente Polisario alegó: “Marruecos no va a reconocer ni que estamos en guerra ni que han sufrido bajas mortales. Solo lo reconocerán cuando entremos en algunas de sus bases militares. Marruecos nunca reconoció que tuvimos presos a 4.000 de sus soldados durante la guerra que mantuvimos [1976-1991].

Respecto a la desproporción que hay entre los dos bandos, la citada fuente añadió: “Somos conscientes. Nunca hemos negado que ellos son mucho más poderosos que nosotros. Pero el muro que ellos construyeron en el desierto juega a nuestro favor. Porque el muro [construido a lo largo de 2.500 kilómetros en el desierto] les obliga a atrincherarse. Y esa posición nos da la ventaja de marcar el ritmo de las ofensivas”.

Mientras el Frente Polisario señala abiertamente que la guerra se ha desatado en el Sáhara Occidental al cabo de 29 años, Rabat no se expresa en los mismos términos. El Estado Mayor de Marruecos indicó en un comunicado el viernes por la tarde que, frente a los disparos recibidos de la parte del Frente Polisario, sus fuerzas decidieron responder y provocaron la huida de los “milicianos”.

Por Francisco Peregil

Rabat - 14 nov 2020 - 15:23 COT

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Participantes en la protesta en la plaza San Martín en Lima, en el quinto día de movilizaciones en rechazo a la remoción del presidente Martín Vizcarra. Foto Afp

Lima. En el quinto día de protestas contra la destitución del presidente Martín Vizcarra, un grupo de jóvenes que se manifestaban pacíficamente fueron violentamente reprimidos por la policía cuando intentaron llegar a la casa del nuevo mandatario Manuel Merino y a inmediaciones de la del primer ministro, Ántero Flores Aráoz, informó ayer la televisión local.

Los choques se produjeron luego que antenoche 27 jóvenes resultaron heridos durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en protestas contra el gobierno de Merino, algunos con balas de goma y otros con armas de fuego, reportaron fuentes médicas y organizaciones de derechos humanos.

Además, el Poder Judicial prohibió ayer al destituido ex mandatario salir del país durante los próximos 18 meses debido a las investigaciones en su contra por los presuntos pagos ilícitos que recibió cuando era gobernador del departamento sureño de Moquegua (2011-2014).

Miles de personas marcharon la noche del jueves en la capital y en otras ciudades peruanas en rechazo al nombramiento del presidente interino Manuel Merino, quien remplazó a Vizcarra a cinco meses de las elecciones generales de abril para completar el mandato hasta julio de 2021.

Jorge Amorós, director del hospital Almenara de Lima, indicó a periodistas que a este centro ingresaron dos personas con heridas de "armas de fuego", y una de ellas se encuentra en la unidad de cuidados intensivos. Pese a que no precisó el calibre de las balas que hirieron a las víctimas, apuntó que "se trata de perdigones".

Percy Pérez Shapiama, de 27 años, recibió un impacto en el abdomen, que le causó tres perforaciones en los intestinos, por lo que fue operado, mientras Luis Aguilar Rodríguez, de 26, tuvo un disparo en el tórax que no requirió cirugía y su estado es estable, detalló Amorós.

El ministro de Salud, Abel Salinas, dijo al Canal N que el proyectil que hirió a Pérez "aparentemente es un perdigón", aunque indicó que hay que esperar los peritajes oficiales. La prensa peruana indicó que los policías antidisturbios dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersar a quienes intentaron manifestarse en el Congreso.

La coordinadora nacional de Derechos Humanos reportó que las protestas dejaron 11 heridos, entre ellos algunos periodistas, que presentaron impactos de proyectiles y contusiones. La agencia de noticias Afp indicó que uno de sus reporteros gráficos recibió el impacto de perdigones en un brazo y una pierna durante la multitudinaria protesta.

La concentración en la plaza San Martín transcurrió de manera pacífica por unas cuatro horas hasta que una columna de manifestantes intentó acercarse al Congreso, que recibe la ira de miles de peruanos tras haber destituido a Vizcarra por "incapacidad moral" el lunes.

Los inconformes quemaron objetos y se enfrentaron con piedras y palos a los policías, quienes dispararon perdigones y gas lacrimógeno para dispersarlos. En redes sociales se ha reportado la respuesta desmedida de la policía, con agentes de seguridad infiltrados entre los manifestantes y el uso de gas pimienta desde helicópteros.

El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, rechazó que la policía haya utilizado armas letales y destacó que sólo usa gas lacrimógeno y balas de goma cuando una protesta se desborda. La autónoma Defensoría del Pueblo rechazó "las amenazas" que sufrieron abogados de organizaciones de derechos humanos y solicitó la actuación de la fiscalía.

"Todo Perú está encendido, todos estamos muy enojados por la situación que está pasando en nuestro país", aseguró José Vega, manifestante de Lima, donde muchos portaban pancartas diciendo que Merino no los representa.

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