Emmanuel Macron aumenta cien euros el salario mínimo y libera de impuestos las horas extras

Después de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado francés rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se aleja de él

Con un paquete de medidas y retoques de fuerte carácter social, el presidente francés, Emmanuel Macron, salió de su silencio en una corta intervención televisada con la meta de desarticular el movimiento de los chalecos amarillos que, desde el pasado 17 de noviembre, ha puesto a Francia en vilo. Macron anunció un aumento de 100 euros del salario mínimo (SMIC, 1.184,93 euros por mes) a partir de 2019, la desfiscalización de las horas extras así como su objetivo de que las empresas paguen una prima excepcional de fin de año libre de todo impuesto. La desfiscalización de las horas extras no es una decisión nueva. El ex presidente conservador Nicolas Sarkozy la introdujo en 2007 y el ex mandatario socialista François Hollande la abolió en 2012.


Al cabo de casi cuatro semanas de movilizaciones lideradas por los chalecos amarillos, el jefe del Estado rompió el silencio en un intento de responder a algunas de las demandas y reconectarse con una sociedad que se alejaba peligrosamente de él. “Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente de su trabajo, un punto en el que hemos avanzado muy lentamente”, dijo el mandatario. Macron asumió como suya una realidad que le plantean constantemente desde la izquierda cuando constató que existía en Francia “un estado de urgencia económica y social”. En complemento de estas medidas el presidente también anuló el aumento de la CSG (Contribución social generalizada, impuesto pagados por todos para financiar el seguro social) en lo que atañe a las jubilaciones de menos de 2000 euros.


Todo este paquete de iniciativas deja afuera tres cosas. La primera, los gastos estarán asumidos por el Estado. Las empresas no participarán en el montaje financiero de las medidas, que costarán entre 12 y 15 mil millones de euros. Macron no introdujo ningún dispositivo mediante el cual las empresas y los millonarios contribuyan a este esfuerzo. La segunda, y ello es lo más paradójico, el presidente francés no integró una de las exigencias del país, a saber, la reintroducción del ISF, el impuesto sobre las grandes fortunas que él mismo modificó hasta sacarle todo su sentido y regalarle mucho a los ricos cuando asumió la presidencia en 2017. Esta preservación de los intereses de la alta burguesía ya cuestiona de por sí el conjunto de las medidas anunciadas. En una columna publicada por el diario Le Monde y firmada por el economista Thomas Piketty, el autor del best-seller El Capital en el siglo XXI, el intelectual francés advirtió que “si Macron quiere salvar su mandato debe restablecer inmediatamente el impuesto sobre las grandes fortunas”. Como lo demostró esta crisis, ese es, también según Piketty, una de las grandes deudas del Viejo Continente. El ensayista francés escribe: “la crisis de los chalecos amarillos le plantea a Francia y a Europa una pregunta central: la de la justicia fiscal”. Según datos de la OCDE (Organización de cooperación y desarrollo económico), dentro de este organismo Francia es el país donde la recaudación impositiva es la más alta, 46% de su PIB. Al mismo tiempo, el Estado gasta el 56% de su PIB. La tercera es el tema de las jubilaciones. El congelamiento de las jubilaciones se mantuvo tal como había sido decidido para los próximos dos años.


No había anoche una clara dirección sobre lo que podría ocurrir en las semanas siguientes. El jefe del Estado respondió segmentariamente a lo que le pedía la calles: uno, mejorar el poder adquisitivo, dos reforzar la democracia directa. A lo primero respondió con las medidas, a lo segundo con la promesa de entablar un gran “debate nacional” sobre la ecología o la fiscalidad. El cambio de perfil tanto del presidente como del Ejecutivo ha sido notorio. Se pasó de un estilo “despreciativo y centralista” (reproche permanente de los manifestantes) a algo más aperturista con la promesa de organizar un gran debate nacional sobre las jubilaciones, los transportes, la ecología o la fiscalidad. La inflexión populista se deslizó en las declaraciones del jefe del Estado. Emmanuel Macron quiere “poner a la nación en acuerdo consigo misma”. Para ello destapó una de las ideas que Nicolas Sarkozy utilizó en su mandato: la identidad nacional. Entre los temas de la gran concertación nacional figura el de “la identidad profunda” del país y el de la inmigración. Las primeras reacciones de los chalecos amarillos estaban a medio camino, aunque se percibió anoche cierta desmovilización: “levantamos el pie pero seguimos atentos, “dijo uno de sus líderes. Igual, ya le ganaron, y no sólo en los aumentos. Los gastos ocasionados por esta crisis harán que Francia se salte el 3% de déficit exigido por la Unión Europa. Un símbolo enorme, tanto como ver a un presidente joven y patriarca supremo de la globalización volver sobre los pasos de la identidad nacional.
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Publicado enInternacional
Martes, 07 Agosto 2018 09:01

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enColombia
Sábado, 28 Julio 2018 08:35

No más fondos privados de pensiones

No más fondos privados de pensiones

Desde el pasado 17 de abril se conformó el movimiento “Con las pensiones no, y Salario mínimo digno”, el que a pesar de contar con unos pocos meses de existencia ya lo conforman una veintena de organizaciones. Ha publicado miles de boletines explicativos, llevado a cabo conferencias y cuatro plantones de varias horas con el propósito de denunciar las lesivas reformas que se fraguan al sistema pensional en los altos círculos financieros, empresariales y en los centros de estudios que les sirven de voceros. El 29 de mayo, el movimiento le dirigió una carta abierta a las confederaciones obreras para instarlas a participar, al lado de muchas otras fuerzas sindicales, cívicas y populares, en un esfuerzo mancomunado por hacer añicos el ruinoso plan que se cierne sobre los asalariados, trabajadores independientes, profesionales y clases medias.

 

El propósito de “revolcar” el sistema de jubilaciones, como sucedió a comienzos de los noventa, lleva varios años. Los ministros de Trabajo de Juan Manuel Santos, Lucho Garzón y Rafael Pardo, avanzaron una propuesta que contenía los elementos esenciales que se discuten actualmente y cuyas directrices han sido trazadas en el plano internacional por la Ocde, el FMI, el Banco Mundial, el BID, la Cepal y en el plano interno por entidades como Anif, Asofondos, Fedesarrollo, el Consejo Gremial y la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, quienes porfían en que esta es la primera entre las múltiples urgencias del país.

 

¿Pensiones para la vejez o para el capital?

 

Con su anhelada reforma lo que pretenden es ajustar el sistema de jubilación a las exigencias de tres componentes normativos fundamentales: el Acto Legislativo 03 de 2011 de sostenibilidad fiscal, que inicialmente fue erigido en “principio” constitucional, la Ley 1473 del mismo año, conocida como Ley de Regla Fiscal y, la Ley 819 del 2003 llamada Marco Fiscal de Mediano Plazo.

 

Adecuada articulación de normas que persigue, a su vez, garantizar el estricto pago de la deuda pública, convertido en flamante mandato constitucional, al cual deben sujetarse todas las ramas del poder público, priorizando tal propósito sobre la satisfacción de las necesidades y derechos de la población, bajo el supuesto de lograr “[…] un equilibrio de las finanzas públicas y contribuir a la estabilidad macroeconómica del país […]” (Artículo 1, Ley 1473 de 2011). Con ese propósito, el gobierno nacional se trazó una ruta decreciente anual del déficit estructural en el balance fiscal, que lo obliga a cumplir unas metas de reducción desde el año 2014, y que para esta anualidad debía ser de 1.9 por ciento del PIB o menos y de 1.0 por ciento del PIB o menos en 2022. Dada la inmensa estrechez de tales metas y la imposibilidad de cumplirlas, recientemente fueron ajustadas en 0,5 por ciento.

 

El afán de pagar la deuda pública busca satisfacer las exigencias de las agencias multilaterales y los magnates de los grupos Aval y Grupo Empresarial Antioqueño, propietarios de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, Porvenir y Protección, empresas que concentran el 86 por ciento de los 230 billones de pesos que han acumulado desde 1994 los cuatro fondos que hoy concentran el ahorro pensional privado, cifra que equivale a una cuarta parte del PIB nacional; capital con el cual tales grupos han logrado el control de diversas ramas económicas, especulado en las bolsas colombiana y del exterior, y adquirido masivamente deuda pública, mecanismos que parasitan los dineros de los trabajadores, proceso que logran directamente y sin pagar réditos, y que antes de la privatización el Estado recaudaba y eran el soporte del régimen pensional público de prima media.

 

La privatización del sistema, mediante la tristemente célebre Ley 100 de 1993 y sus sucesivas reformas, trajo como primera consecuencia la asfixia del sistema público, pues éste, debido a la oficiosidad de la cúpula política que se prestó a toda maniobra legal o ilegal de los fondos privados, se fue quedando con la casi totalidad de los pensionados, mientras la mayoría de los cotizantes los acaparaban los privados. Hoy Colpensiones tiene a su cargo más de un millón doscientos mil pensionados y únicamente dos millones trescientos cotizantes regulares; mientras que las AFP solo responden por ciento veintiún mil pensionistas, pero apilan más de seis millones de aportantes.

 

Debido a esta extorsión de los agiotistas de la banca, el Estado se ve obligado a recurrir al fisco para cumplir con las mesadas, entonces los usufructuarios del sistema y sus acólitos ponen el grito en el cielo culpando al régimen de prima media, administrado por Colpensiones, de ser, junto con los sistemas pensionales especiales, como los del magisterio, las Fuerzas Militares y la Policía, el causante principal del desbarajuste de las finanzas públicas. Una cuenta elemental fácilmente demuestra que si los más de 6 millones de personas que cotizan a las AFP lo hicieran a Colpensiones, el Tesoro público no tendría que aportar un solo peso para las mesadas y, por el contrario, luego de pagarlas, podría hacer una reserva de varios cientos de miles de millones anuales. Con lo cual quedan sin piso las falacias sobre “bomba fiscal”, “bomba social”, “altos subsidios” mediante las que los financistas y sus “académicos” a sueldo pretenden eliminar o “marchitar” el sistema público.

 

¿Por qué y para qué la reforma pensional?

 

El afán mayor de los magnates deriva de que El Dorado prometido por las AFP ya entró en un irreversible proceso de crisis, hasta el punto de que los traslados de cotizantes hacia Colpensiones vienen creciendo geométricamente; solo en el 2017 se produjeron 133.829 y en el primer trimestre de este año sumaron 33.000. Esta especie de migración masiva permitió que al fondo público ingresaran $6,2 billones nuevos, apreciable suma con la cual se facilitó la financiación del pago de las mesadas del más de millón doscientos mil pensionados que hoy tiene este fondo.

 

Todo ello debido a que cada vez con mayor certeza asalariados, profesionales y clases medias se percatan de la realidad que se esconde detrás de la palabrería sobre grandes rendimientos obtenidos en la cuentas individuales de ahorro, pues consecutivamente sus extractos registran pérdidas cuantiosas, y en años completos (como 2011, 2013 y 2015) “los rendimientos reales reconocidos a los ahorradores afiliados en este régimen han sido negativos y la tasa de rendimiento promedio anual ha disminuido respecto a los primeros años de su funcionamiento” (Stfano Farné, 2018). Además de esto, que las mesadas no sean vitalicias, ni se puedan disfrutar a la edad que se quiera, que disminuyan abruptamente de acuerdo con la expectativa de vida del cónyuge, o si entre los eventuales beneficiarios de la pensión sustitutiva existen personas con discapacidad y, para colmo, que la pensión, en el mejor de los casos, apenas pase del 20 por ciento del último salario, y que las más de las veces no alcance a ser ni la cuarta parte de lo que se obtendría en Colpensiones, alimentan la tendencia a retirarse de las AFP.

 

Conscientes, pues, de que en corto tiempo la avalancha de traslados se hará irrefrenable, los monopolistas –contando con la atávica complicidad de cúpula política– decidieron que para finales del presente año, deben haber convertido en Ley de la República un paquete de medidas que ambientan con una insidiosa arremetida ideológica que aduce, entre otras demasías, que el gasto en pensiones es regresivo financiando a los ricos a costa de los pobres (o al “quintil más pudiente”, es decir a quienes devengan entre 1,5 y 2 salarios mínimos en adelante); que quienes logran jubilarse, luego de 30 o más años de esforzado trabajo y de cotizar regularmente, carguen sobre sus hombros la responsabilidad del déficit fiscal y la baja cobertura del sistema pensional; y de que el 76 por ciento de los mayores de 65 años no reciban ingreso alguno, como lo vienen planteando en diversos análisis, entre otros, Santiago Montenegro de Asofondos, y Leonardo Villar de Fedesarrollo. (Ver, por ejemplo, edición 352 de abril de 2018 de la revista Economía Colombiana, de la Contraloría General de la República)

 

La propaganda mediática

 

La puesta en escena de los pregoneros de la reforma pensional, la primera que se implementará entre las reformas recomendadas por la Comisión del Gasto y la Inversión Pública y la banca multilateral (entre otras como la laboral, tributaria, a la salud, la justicia, etcétera), ha sido cuidadosamente programada desde los anuncios altisonantes hasta los lamentos e invocaciones a la ancianidad desprotegida. La campaña dirigida a preparar la presentación del proyecto ante el Congreso de la República se intensifica día a día. Abundan los seminarios, encuentros, conferencias y demás eventos supuestamente de orden “académico” organizados y controlados por los promotores de la reforma. Como parte de esto, el pasado 6 de junio se llevó a cabo un foro en el cual tomaron parte como expositores, entre otros, Mariano Bosch (de la Unidad de Mercados Laborales del Banco Interamenricano de Desarrollo BID), Juan Carlos Ramírez Jaramillo (Director de la Oficina Cepal Colombia), Leonardo Villar (Director Ejecutivo de Fedesarrollo), Stefano Farné (Académico), Eduardo Lora (Consultor Internacional) y Santiago Montenegro (Presidente de Asofondos).

 

Allí, con estadísticas distorsionadas, acomodadas en el afán de dar sustento a sus premisas y afirmaciones falaces, omitieron deliberadamente dar respuesta a situaciones de orden perfectamente verificable y objetivo, como la acelerada acumulación de recursos por parte de los fondos privados de pensiones, la cual hoy alcanza la fabulosa suma de $230 billones, en contraste con el insignificante monto de las pensiones que ha reconocido, cuya cifra no llega a 50.000, pues el resto corresponde al llamado retiro programado.

 

• Que el Congreso de la República emita una Ley Marco, muy general, tanto que no se ocupe de los “detalles” como semanas de cotización, edad para jubilarse, etcétera, pues tales atribuciones serían otorgadas a un nuevo organismo institucional llamado Consejo Pensional.
• Tal Consejo sería conformado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Trabajo o la Presidencia de Colpensiones, los Representantes de las AFP y dos técnicos o expertos en pensiones. Este Consejo se encargaría de fijar y revisar constantemente los requisitos para obtener la jubilación, establecer de acuerdo con esos parámetros la edad, las semanas de cotización y su monto, teniendo en consideración los cambios demográficos y otros factores.
• Crear una jurisdicción especializada en pensiones, para lo cual habría que “capacitar” a jueces y demás funcionarios de ese ámbito, pues consideran que los actuales “desconocen” la materia.

 

Como se ve, estos comerciantes de la vida y de la muerte no paran mientes en calcular cada moneda de su ganancia, previendo cualquier circunstancia que les impida acrecentar su atesoramiento; la reforma que se proponen sacar adelante les asegura seguir acentuando las exigencias en cuanto su ambición así lo requiera; pues con la creación del Consejo se corre el peligro de que ya no baste con reformar, necesitan un órgano de bolsillo que ostente toda la potestad para cambiarles a los afiliados las reglas del juego. El Consejo pensional podría ser una especie de pequeño Congreso, cuestión que desborda la misma legalidad y desconoce al propio órgano legislativo, el cual por su conformación, con toda seguridad impartirá bendición al catastrófico proyecto, pero no podrá dar vía libre a que se legisle por fuera de su espectro.

 

Solo hay una senda que los colombianos deben empezar a transitar: La movilización como en otras latitudes se ha producido. El capital financiero no puede seguir desangrando la seguridad social en Colombia ni pauperizando a su población. La viabilidad del régimen de prima media y fondo público de pensiones está demostrada. Hay que crear un contrapoder que levante como eje de su lucha la abolición de los fondos privados y rompa la dinámica y la lógica existente, el cual debe incluir no solo a los actuales trabajadores que estén afiliados a cualquiera de los sistemas, sino que logre reunir a la multitud de colombianos que sobreviven en la informalidad, a los desempleados, a los contratados a destajo por labor realizada, a los temporales, porque si no, al final, todos los colombianos seremos convertidos en víctimas.

 

* Comité nacional provisional “Con las pensiones no, Salario mínimo digno”

 


 

Recuadro

 

Sus propuestas, nuestro perjuicio

 

  • Las acá relacionadas son las principales enmiendas propuestas, de las cuales, según sus apetitos o lealtades, cada grupo “académico”, financiero o político, enfatiza unas u otras.
  • Acabar con el régimen de prima media que administra Colpensiones.
  • Establecer un sistema de pilares, obligando a cotizar a los fondos privados a todo aquel que perciba un ingreso superior a un salario mínimo. Este sistema que tiene alta posibilidad de permitir los consensos entre los grupos financieros, aparece como el más idóneo para mantener compulsivamente a una alta porción de los cotizantes en las AFP, quienes recibirían la pensión básica sobre un salario mínimo, la cual sería decreciente en la medida en que con los ahorros extras en las AFP lo primero que se cubriría sería el “subsidio”, equivalente a algo así como el 65 por ciento de la mesada mínima, por lo que solo a partir de aportes basados en ingresos de entre 3,4 y 5 salarios mínimos se podría pensar en pensiones leve y progresivamente superiores al mínimo.
  • Eliminar los subsidios que supuestamente tienen las pensiones del régimen de prima media. Esto significaría el envilecimiento de la totalidad de las mismas, hasta niveles de verdadera indignidad.
  • Subir por lo menos a 65 años la edad de pensión para hombres y mujeres, y aumentarla cada cinco años. Las mujeres serían las más perjudicadas, y eso que los mismos que piden las reformas realizan densísimos estudios sobre la necesidad de realizar “discriminaciones positivas” de género, cuando con medidas como esta se desconoce el desgaste de la mujer en la crianza de los hijos y el cuidado del hogar.
  • Elevar la cotización a 18 por ciento –los dos puntos más a cargo del trabajador.
  •  Aumentar la prima y las comisiones que cobran los fondos privados; y permitir la disminución de la renta vitalicia a cualquier momento.
  • Mientras exista Colpensiones, calcular la pensión con base en el promedio de ingresos de toda la vida laboral y no de los últimos 10 años.
  • Gravar las pensiones superiores a dos salarios mínimos.
  • Permitir que haya pensiones inferiores al salario mínimo, y reducir a 75 por ciento la pensión de los sobrevivientes del pensionado fallecido.
  • Eliminar el régimen especial del magisterio; disminuir los beneficios y aumentar las cotizaciones de Fuerzas Militares y Policía.
  • Intimar a jueces y magistrados a fallar bajo la orientación de los economistas pagos por la banca y de acuerdo con las exigencias de reducir el gasto público en materia social. Santiago Montenegro viene sosteniendo que los fallos de tutela en cuanto a pensiones de sobrevivencia o por discapacidad “están debilitando y poniendo en dudad la viabilidad del sistema pensional (público y privado) e incrementando el déficit fiscal del régimen público y haciendo también inviable la existencia, por ejemplo, del mercado de rentas vitalicias” (Economía Colombiana, edición 352, abril-junio de 2018). Por su lado, la
  • Comisión del Gasto señala que las decisiones judiciales vienen afectando el equilibrio del sistema y que “se debe propender a la unificación de las decisiones jurisprudenciales alrededor del sistema pensional en temas que generan grandes costos al erario público (sic) e incertidumbre a los actores privados del sistema.” (Comisión del gasto y la Inversión Pública, Informe final. Diciembre, 2017).
  • Hacer una reforma laboral que permita contratos sin cotizar para pensión ni pagar el salario mínimo –el cual se propone bajarlo aún más- a cambio de ínfimos aportes a los Beneficios Económicos periódicos, Beps, sistema administrado por Colpensiones que inició su operación a mediados de 2015, destinado a “quienes tienen capacidad de ahorro” pero no alcanzan a cumplir los requisitos para adquirir una pensión, al que también se obligará a cotizar a quienes viven del rebusque y a los trabajadores rurales para, si acaso, obtener “pensiones” de alrededor de $150.000; disminuir los pagos de incapacidades y por recargos dominicales y festivos.
Publicado enEdición Nº248
Cenda: Canasta Alimentaria Familiar se ubicó en más de 220 millones de bolívares en mayo

19 de junio de 2018.- El precio de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) de mayo de 2018 se ubicó en 220.138.620 bolívares, lo que representa un incremento de Bs 119. 963.639 (119,8%) con respecto a abril, reportó el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda). Así lo reseñó "El Universal".


En una nota de prensa la organización indicó que la inflación anualizada entre mayo 2017 y mayo 2018 fue de 22.115%, y que se requieren 220 salarios mínimos para poder adquirir la canasta básica, referida a una familia de cinco miembros: 7.337.954,02 bolívares diarios (7.33 salarios mínimos diarios).


Todos los rubros subieron de precio


En el informe el Cenda explica que todos los rubros de la canasta alimentaria aumentaron de precio: raíces, tubérculos y otros, 266,4%; frutas y hortalizas, 193,4%; pescados y mariscos, 126,8%; café, 125,0%; azúcar y sal, 119,7%; cereales y productos derivados, 108,6%; leche, quesos y huevos, 107,5%; carnes y sus preparados, 90,6%; salsa y mayonesa, 78,1%; granos, 69,0% y grasas y aceites, 59,8%.
Escasez


Según el instituto de análisis, al menos quince productos presentaron problemas de escasez: leche en polvo, atún enlatado, margarina, avena, azúcar, aceite de maíz, lentejas, arroz, harina de trigo, pastas alimenticias, harina de maíz, café, mayonesa, pan, queso amarillo: el 25,00% de los 60 productos que contiene la canasta.

Por: Agencias | Martes, 19/06/2018 06:26 PM

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El gran negocio de las cárceles de EE.UU.

La paga a los presos es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Si se niegan, los encierran en celdas de aislamiento. Analistas hablan de esclavitud en el siglo XXI o, cuanto menos, de explotación.

 La política penitenciaria de Estados Unidos es un engranaje clave de su sistema económico. Los detenidos trabajan para corporaciones que facturan sumas millonarias. Las cárceles ocupan el tercer lugar como dadoras de mano de obra. Solo son superadas por la General Motors y Wall Mart. Desde que muchas fueron privatizadas se transformaron en un redituable negocio. Albergan al 25 por ciento de los presos del mundo cuando la población de EE.UU apenas alcanza al 5 por ciento. La paga es de 0,23 centavos de dólar la hora, según el sitio de investigación Global Research. Analistas de estas estadísticas hablan de esclavitud en el siglo XXI o cuanto menos de explotación. Por eso el malhumor de los reclusos va en aumento. Proyectan una gran huelga para el 21 de agosto que ya tuvo antecedentes en lo que va de este año, como una en Luisiana. En ese estado del sur se levanta Angola, la prisión de máxima seguridad más grande del país. Se construyó en 1869 sobre 73 kilómetros cuadrados de una ex plantación de esclavos. Sus condiciones de vida, que incluyen los trabajos forzados, son la reproducción más exacta de la desigualdad carcelaria. La mayoría abrumadora de sus presos son negros.


Según el informe anual que difundió Human Rights Watch en 2017, hay 2,3 millones de detenidos en EE.UU. De esa cifra, 211 mil en cárceles federales y el resto en prisiones estaduales. Pero si se ampliara el universo a quienes están en libertad condicional o bajo alguna restricción de movimientos, habría 5 millones de personas más en cuarentena. Las cifras de presos en Estados Unidos superan con amplitud a las de China, Rusia y Brasil, que le siguen en orden y rondan entre los 600 y 700 mil cada uno. Comparadas las tasas de encarcelamiento, arrojan que por cada blanco hay cinco negros detenidos o dos hispanos en esa misma proporción. A expensas de esa población penitenciaria, un grupo de corporaciones muy conocidas hacen negocios que todavía están lejos de alcanzar su techo.


Un estudio del pequeño Partido Laborista Progresista - una escisión del PC de EE.UU- sostiene que “la contratación privada de prisioneros para el trabajo fomenta incentivos para encarcelar a la gente. Las prisiones dependen de este ingreso y los accionistas corporativos que lucran del trabajo de los prisioneros hacen lobby a favor de las sentencias más largas a fin de ampliar su fuerza laboral. El sistema se alimenta a sí mismo”. Más de un centenar de cárceles privadas se extienden por todo el territorio estadounidense. En varias se les cobra la estadía diaria a los presos como si vivieran en un hotel. En un artículo del 9 de noviembre de 2015, BBC Mundo describió lo que pasaba en el sistema penal de Ohio. Había reclusos que debían entre 20 y 35 mil dólares por entrar y salir de prisión después de cometer delitos menores. En general bajo los efectos de las drogas.


Corrections Corporation of América (CCA) es la más vieja de las compañías que administra cárceles en EE.UU. Se creó en 1983. Según un artículo publicado el 9 de mayo de este año por el escritor cubano no vidente Miguel Angel García Alzugaray, tiene 66 prisiones, 91 mil detenidos y ganancias anuales de 1.700 millones de dólares. Geo, la otra corporación que sobresale junto a CCA, colecciona 65 penales, 65.700 detenidos y gana 1.600 millones de dólares por año. Ambas empresas aumentaron sus ingresos un 46% entre 2007 y 2014 según la misma fuente que publicó su texto bajo el título La ignominia de las cárceles estadounidenses.


CCA y Geo no son las únicas que hacen lucrativos negocios a expensas de los presos. Otras compañías tienen garantizado que los reclusos trabajen a tiempo completo. No pueden llegar tarde o faltar por problemas familiares. Y si la paga les resulta insuficiente y se niegan a cumplir con su labor, los encierran en celdas de aislamiento, según Global Research. Resulta obvio que carecen de protección sindical, no cobran horas extras, ni vacaciones, beneficios de salud o por la seguridad social. IBM, Motorola, Microsoft, Telecom y hasta la petrolera británica BP se valen de la mano de obra esclavizada. Fabrican gracias a ella distintos implementos de la industria en un amplio abanico de actividades.


Una de las grandes ganadoras de esta política es UNICOR (la ex Industrias de Prisiones Federales). Esta corporación contrata el trabajo en las cárceles. Tiene 110 fábricas en 79 penitenciarias. Es muy ilustrativo sobre el tema un trabajo del periodista Justin Rohrlich en World in Review. Señala que los presos producen a cambio de centavos la hora, “componentes para los aviones de combate F-15 de la McDonnell Douglas/Boeing, los F-16 de la General Dynamics/Lockheed Martin y los helicópteros Cobra de la Bell/Textron”. También fabrican “gafas de visión nocturna, chalecos antibalas, uniformes de camuflaje, equipos de radio y comunicación, sistemas de iluminación y componentes para cañones antiaéreos de 30 mm a 300 mm, rastreadores de minas terrestres y equipos electro-ópticos para el telémetro láser del vehículo Bradley de combate”.


La trasnacional aeronáutica BAE Systems, el segundo mayor contratista militar del mundo, es uno de los principales clientes de UNICOR. De origen británico, pero con grandes negocios en EE.UU, uno de sus principales productos han sido los misiles Patriot. Las prisiones de Estados Unidos les reportan ganancias a este tipo de compañías por unos 30 mil millones de dólares anuales. Lo perverso del sistema es que estas operaciones comerciales se garantizan con la población carcelaria que cada estado les asegura a las empresas. En el caso de las prisiones privadas, deben alcanzar entre el 95 y el 100 por ciento de ocupación. Si eso no pasa, los gobiernos estaduales deben indemnizarlas.


Las cuotas de detenidos también alcanzan a los inmigrantes indocumentados o flojos de papeles. Por una norma del Congreso, el Departamento de Seguridad Interna está obligado desde 2009 a garantizar 34 mil personas por noche en los centros de internamiento de extranjeros. La disposición fue escrita en el presupuesto federal por el senador Robert Byrd, un demócrata de Virginia. Estuvo en el Congreso de Estados Unidos de manera ininterrumpida durante 51 años, entre 1959 y 2010, cuando murió.


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Lunes, 14 Mayo 2018 05:43

Re-insurrección

Re-insurrección

Medio siglo después resucita la Campaña de los Pobres contra la pobreza sistémica, el racismo y el militarismo, que encabezó Martin Luther King en 1968, cuando fue asesinado, nutriendo lo que ha sido en la era Trump la mayor expresión social de oposición contra un gobierno en la historia de Estados Unidos.

A lo largo de los pasados 15 meses de este régimen, las expresiones masivas de disidencia brotan en todas partes del país, incluso en algunas donde no ha existido ni se esperaba, algo parecido –o sea, que estaban dormidos– durante décadas. Pocos pronosticaban que parte del movimiento de los trabajadores resucitaría con decenas de miles de maestros en algunos de los estados más conservadores del país: Virginia Occidental, Oklahoma, Kentucky, Arizona; tampoco que estallara un movimiento nacional detonado por estudiantes de preparatoria en Florida, o un nuevo capítulo del movimiento de los derechos de las mujeres con la Marcha de las Mujeres y después del “#MeToo y el #TimesUp, todos los cuales acompañan expresiones de organización social y disidencia masiva que se han formado en los años recientes, aun antes de Trump, como Black Lives Matter, los Dreamers y otras fuerzas de defensa de inmigrantes, aí como el movimiento encabezado por indígenas en Standing Rock, entre otros.

Nunca antes tantos han marchado, participado en manifestaciones y mítines y otras expresiones de repudio y protesta. Según la organizadora social y autora LA Kaufman, quien publicó en The Guardian que entre 10 y 15 millones han marchado y participado en mítines desde la toma de protesta de Trump (90 por ciento han sido antiTrump), "más gente en términos absolutos que jamás ha protestado antes en Estados Unidos", y tal vez hasta un porcentaje de la población más alto aun que las masivas movilizaciones contra la guerra en Vietnam a finales de los años 60.

Más aún, estas expresiones disidentes no sólo se limitan a unas cuantas marchas nacionales, sino en acciones en todas partes del país. Por ejemplo, en la Marcha de las Mujeres del 21 de enero de 2017, hubo movilizaciones en 650 comunidades, además de la nacional en Washington. En la Marcha por Nuestras Vidas, impulsada por los estudiantes de preparatoria contra las armas, se organizaron actos en más de 750 lugares.

Jane McAlevey, organizadora sindical y analista de movimientos laborales, señala que los maestros en los pasados tres meses "han convertido al país entero en su aula. No han presionado sólo por una mejor paga y mejores condiciones de trabajo, sino que también han montado un reto directo a décadas de recortes de impuestos para empresas, ayudándonos a entender qué significa la austeridad. Y al promover una serie de propuestas políticas para redistribuir la riqueza del 1 por ciento para regresarlo a la clase trabajadora y media, nos han enseñado cómo puede ser derrotada la austeridad".

La Campaña de los Pobres (Poor Peoples Campaign) busca reiniciar la iniciativa más radical de King, quien afirmó que “los males del racismo, explotación económica y militarismo están enlazados (…) no puedes deshacerte de uno sin deshacerte de los otros”. Hoy día, para enfrentar una realidad nacional con casi 41 millones de personas viviendo en la pobreza (la mayoría blancos), un total de 140 millones que están en la pobreza o apenas sobreviviendo con lo que ganan (incluidos maestros en varios estados), con un país que dedica más de tres veces en catidad de recusos al gasto militar que a programas sociales, y con un índice de desigualad económica extrema sin precedente en casi un siglo, con mayor racismo expresado en nuevas leyes, en el encarcelamiento masivo y en violencia policiaca, entre otras cosas, concluyen que se requiere de una coalición de "fusión moral" entre razas, generaciones, género y geografía para lanzar un nuevo “movimiento moral amplio y profundo a escala nacional –enraizado en el liderazgo de la gente pobre y reflejando las grandes enseñanzas morales– para unir al país desde abajo hacia arriba”.

El extraordinario reverendo William Barber y su colega, la reverenda Liz Theoharis, han promovido nuevas coaliciones por todo el país durante los dos años recientes para llevar a cabo la campaña que se inicia este lunes con actos simultáneos en unos 40 estados, seguido de acciones sobre diversos temas de una "agenda moral" durante los próximos 40 días. Barber afirma: "debemos tener disidencia moral, resistencia moral y visión moral en este momento".

"Nuestro movimiento es un llamado nacional por la recuperación moral", afirma Barber, señalando que "confrontaremos de manera no violenta a nuestro gobierno y sus políticas, y rehusaremos abandonar nuestro derecho constitucional a protestar". Varios sindicatos y organizaciones nacionales ya declararon su apoyo, pero Barber insiste que las bases locales serán las que encabecen este esfuerzo.

El reverendo Jesse Jackson, en 1968, un joven asistente de King, estuvo entre los que insistieron en continuar la Campaña de los Pobres después del asesinato de su líder, el 11 de mayo de 1968, cuatro semanas después de la tragedia en Memphis, llegaron miles de todo el país –afroestadunidenses y blancos pobres, indígenas, jornaleros mexicano-estadunidenses y más– donde establecieron un pueblo de tiendas de campaña que llamaron Ciudad de la Resurrección sobre el parque central, frente al Capitolio en Washington –una "coalición de la conciencia"– con la demanda de poner fin a la guerra en Vietnam y empezar a atender las necesidades sociales en casa. Jackson declara que ahora la nueva Campaña de los Pobres está llegando "justo a tiempo", ya que todo por lo que se ha luchado durante medio siglo está bajo ataque, desde derechos civiles hasta derechos laborales, salud, educación y medio ambiente; "y yo orgullosamente me sumaré (...) Nunca he guardado mis zapatos de marcha".

Esto no es, insisten, un intento de resurrección del pasado. Tal vez esta campaña, junto con los otros movimientos que han brotado en estos tiempos, podrán lograr algo más parecido a una re-insurrección contra las fuerzas oscuras, con sus largas raíces históricas, que han ocupado el poder en este país.

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Lunes, 19 Marzo 2018 06:50

En la calle

En la calle

En España los pensionados se han volcado por millares a las calles de muchas ciudades para reclamar la reposición del valor de sus ingresos. Muchos de ellos reciben un ajuste anual de 0.25 por ciento en términos nominales, lo que hace que sus ingresos alcancen cada vez menos para subsistir.

Salieron a la calle literalmente para no quedarse en la calle. Han tomado al gobierno de bajada, en un momento en que enfrenta serios problemas políticos y una brusca reducción en la preferencia de los electores, según distintas encuestas.

El asunto de las pensiones rebasa, ciertamente, el actual problema español. Con distintas formas, concierne a la población de muchos países. No en todos hay sistemas de cobertura universal para quienes alcanzan la edad de jubilación.

Este es un caso típico de política pública que exige una consideración específica del tiempo y la incertidumbre que eso entraña. Las medidas que se toman hoy tendrán un impacto dentro de varios años, con mayores presiones económicas y sociales; pero inevitablemente ese tiempo llega.

La evidencia general es que el envejecimiento de la población, la menor tasa de crecimiento del producto, la poca generación de empleos remunerativos que permitan cotizar mientras se trabaja y la precariedad de los salarios, apuntan todos a un entorno de mayor conflicto en materia de pensiones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) considera que para la generación a la que se llama de los millennials, que entran a la fuerza de trabajo, la expectativa es que las pensiones públicas no proveerán una red de seguridad como para las generaciones anteriores. Así que tienen que complementar el ingreso destinado al retiro. Esta es la diferencia entre el ahorro forzoso y el voluntario.

Esta consideración ha quedado ya clara para los trabajadores mexicanos que se jubilarán con la reforma de 1997 aplicada al sistema de pensiones. Ésta lo sacó de la bolsa que concentraba el gobierno y que se hizo inviable por muchas razones, incluyendo las non sanctas, y lo pasó a otro de cuentas individuales que administran las Afores. La expectativa de jubilación es ahora bastante pobre para la gran mayoría de la gente.

Esta es una especie de Trampa-22, una situación que entraña la paradoja en la que un individuo tiene que complementar su ingreso futuro para el retiro, cuando el salario actual es insuficiente o de plano no existe.

El caso, entonces, es que en el rango de las personas ya jubiladas las pensiones no alcanzan y, en el otro extremo, el de los jóvenes en edad de trabajar, los ingresos tampoco son suficientes para complementar una pensión esperable.

Esta es una verdadera pinza que representa una fuerte presión social en un entorno en el que la cantidad de empleo es insuficiente y los ingresos que se reciben también. Y cuando, además, hay un proceso de envejecimiento de la población que agrava el conflicto.

El tru tru del FMI plantea que la tasa de personas que trabaja debe aumentar y, además, tienen que elevarse las sumas cotizadas para las pensiones. Esto no puede conseguirse si no se crea más empleo y con ingresos suficientes, algo que estructuralmente hoy no ocurre. Pero incluso esto no llevaría una pensión que repusiera el salario que se obtenía mientras se trabajaba.

Las pensiones son transferencias para soportar los ingresos de los adultos mayores, y tienen una cobertura distinta entre los que las reciben. Son un ingreso que en muchos casos contribuye a contener la pobreza de quienes se retiran del trabajo.

Las pensiones se han convertido en un componente significativo de las cuentas fiscales. En las economías avanzadas representaban 4 por ciento del producto inerno bruto en 1970 y en 2015 habían llegado a 9 por ciento y sigue creciendo.

Ante este costo en aumento y para contener el crecimiento de los pensionados se propone elevar la edad de retiro, lo que no es malo en principio, y restringir las reglas de elegibilidad; también se han de ajustar los beneficios. Esto último es parte de lo que se conoce como la generosidad del sistema de pensiones. Un criterio bastante maleable, hasta casi un eufemismo, en un entorno en que las políticas de bienestar no son las más populares. La tendencia parece ir en la dirección de sálvese quien pueda.

Desde hace más de 30 años en España el gasto por las pensiones representa alrededor de 35 por ciento del ingreso por habitante (el promedio), esta es la tasa de reposición y el FMI proyecta que hacia 2060 alcance sólo 20 por ciento.

El escenario, otra vez, apunta a que para superar ese reducido monto de apenas una quinta parte del ingreso promedio esperable, los trabajadores jóvenes habrán de alargar su vida laboral. Quienes empiecen a retirarse en 2050 y pospongan el tiempo de trabajo cinco años, podrían estrechar sólo la mitad de la brecha del ingreso con respecto a los que están hoy ya pensionados. Y todo esto supone que la situación política y social podrá sostenerse sin conflictos exacerbados, que la gente aceptará esas condiciones. Hoy los pensionados españoles no lo hacen.

 

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