Los empleados de Amazon votaron en contra de su propia sindicalización

Jeff Bezos no tendrá que vérselas con una comisión interna en Amazon. Los empleados de la empresa del hombre más rico del mundo (177 mil millones de dólares, gracias a la suba de acciones que más que duplicó su patrimonio) rechazaron la posibilidad de unirse a un sindicato en Bessemer Alabama. 

Hubiera sido la primera vez que uno de los grandes almacenes de la empresa pasaba a tener trabajadores agremiados.

La decisión fue por voto secreto. Sobre casi 5900 trabajadores, votaron 2536. Al momento de abrir las urnas, 1798 sufragios fueron en contra de la sindicalización contra 738 por la opción favorable. 

Pese al amplio triunfo propatronal, el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas (al que se hubieran afiliados los trabajadores si ganaba la alternativa de agremiarse) denunció que Amazon impugnó 500 boletas y acusó a la empresa de "tácticas antisindicales".

El sindicato pidió una reunión con la Junta Nacional de Relaciones Laborales "para determinar si los resultados de la elección deben descartarse porque la conducta del empleador creó una atmósfera de confusión, coacción y/o temor a represalias y, por lo tanto, interfirió con la libertad de los empleados de elección".

Amazon rechazó toda acusación. "El sindicato dirá que Amazon ganó esta elección porque intimidamos a los empleados, pero eso no es cierto", afirmó la firma a través de un portavoz. "Amazon no ganó; nuestros empleados tomaron la decisión de votar en contra de unirse a un sindicato", añadió. 

Los esfuerzos por sindicalizar Amazon contaron con el apoyo, entre otros, del senador demócrata Bernie Sanders, mientras el poder político se cuestiona las condiciones laborales de la compañía creada por Bezos. 

Pese a haberse declarado prescindente y a negar acusaciones, lo cierto es que Amazon hizo campaña, de acuerdo al New York Times, y prometió mejores condiciones a sus empleados sin que hubiera un sindicato. De hecho, Amazon prometió crear nuevos puestos de trabajo. 

Durante el último año, se incorporaron más de 400 mil personas a la compañía, en plena pandemia, a razón de 1400 nuevos trabajadores por día, no solamente en los Estados Unidos, sino también países como India e Italia. 

A la fecha, Amazon es el segundo mayor empleador de los Estados Unidos, solamente superado por Walmart.

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¿Por qué el Partido Comunista de Venezuela se aleja de Maduro?

Aliado histórico del proceso bolivariano, el Partido Comunista de Venezuela se viene alejando del régimen de Nicolás Maduro, al que incluso acusa hoy de autoritario. La crisis económica, la pérdida de derechos laborales y las persecuciones a dirigentes sociales, sumadas a presiones de las bases y cálculos políticos, explican las tensiones actuales.

 

El apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV) a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro, como líderes histórico y actual del movimiento chavista, se enmarcó en su estrategia clásica de «revolución por etapas»: una de «liberación nacional» y otra «socialista», de la que se deriva, para la primera etapa, una alianza catalogada como «frente nacional amplio patriótico», con un sector de la «burguesía nacional no monopólica y no asociada y ni dependiente del capital imperialista», al menos en su línea política vigente hasta 2017 (XIV congreso).

Entonces, en la concepción del PCV, su apoyo a los gobiernos chavistas tendría como objetivo respaldar el proceso de liberación nacional, en en que se define como enemigos principales al imperialismo, representado por Estados Unidos, y a la «fracción tradicional» de la burguesía venezolana. En esa primera etapa, la clase trabajadora debe acumular fuerza política y conquistar una ampliación de sus derechos laborales y sociales, pero sin trascender la relación capital-trabajo; porque lo fundamental es el desarrollo de las fuerzas productivas, para crear la base material que necesita la futura transición al socialismo.

Esta ha sido la política tradicional del PCV, que antes de su alianza con el movimiento chavista, lo ha llevado a apoyar a los gobiernos del general Isaías Medina Angarita (1941-1945) y del vicealmirante Wolfgang Larrazábal (1958), e incluso su posterior candidatura presidencial. También, a la realización de una alianza con militares nacionalistas para acabar con el segundo gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1964), un estrecho aliado de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Y, por último, a apoyar la candidatura de Rafael Caldera en las elecciones presidenciales de 1993 y los dos primeros años de su segundo gobierno (1994-1998).

Maduro, como el liderazgo del movimiento chavista, también heredó de Chávez el apoyo del PCV, en medio de los llamados a unidad que proliferaron a partir de la última operación y muerte del líder histórico de la Revolución Bolivariana. Así, el PCV convocó de urgencia a su XII Conferencia Nacional y apoyó al «hijo de Chávez» como su candidato presidencial, asumió el programa gubernamental presentado por Chávez en 2012 (el llamado Plan de la Patria), y realizó críticas puntuales a la «corrupción» y «burocratismo» del aparato estatal. Esto, en el marco de la denominada amplia unidad patriótica antiimperialista.

Después de la victoria de Maduro en las elecciones presidenciales de abril de 2013, el PCV planteó propuestas económicas como la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA), una central estatal de importaciones, aumento de los impuestos a la banca y suspensión de la asignación de divisas a la burguesía. Ya, en  2014, recomendó un aumento general y escalonado de salarios. Pero, a su vez, el partido realizó un giro para adaptarse al discurso oficial del gobierno acerca de la existencia de una «guerra económica» responsable de los altos índices inflacionarios y la escasez de mercancías, que provocó un deterioro sostenido del salario real. Así, empezó a exigir «cárcel para los especuladores, acaparadores y corruptos», en tanto expresiones de «una conspiración dirigida a profundizar las debilidades de la economía como instrumento que revierta el proceso político y social venezolano». 

En realidad, la recesión económica que comenzó en el 2014, acompañada de un incremento de la inflación y fenómenos como la escasez de mercancías, fue originada por la contracción unilateral de las divisas asignadas a las importaciones para dirigir esos recursos al pago de deuda externa del gobierno y los pasivos totales de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ambos legados de Chávez. Una recesión económica que se agravó con el desplome del precio del petróleo en 2015 y con las primeras sanciones económicas estadounidenses en agosto de 2017. La aplicación de ese ajuste inflacionario desde 2013 inició el prolongado y profundo proceso de deterioro de la capacidad de compra de los salarios y pensiones, y afectó el acceso a bienes básicos como medicinas. No obstante, el encubrimiento o negación de esa política económica regresiva permitió al PCV mantener la alianza con el gobierno de Maduro para las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015 en las que obtuvo una importante victoria la coalición de partidos de la oposición tradicional: la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consiguió dos tercios de la Asamblea Nacional. 

Esta victoria de la MUD, que canalizó el descontento por la depauperación de las condiciones de vida y el rechazo al gobierno de la mayoría de la población venezolana que ejerció su derecho al voto, fue explicada por el PCV como consecuencia de «no haber logrado que las masas adquirieran conciencia de la confrontación con el imperialismo y la oligarquía; es decir, existiría aún una incomprensión acerca de la agresión imperialista sostenida y multifacética». Por supuesto, en el marco de esa caracterización, el PCV defendió la declaración de desacato y revocación de las competencias a la Asamblea Nacional controlada por la oposición tradicional. Ello conllevó un cierre de facto del Parlamento y el establecimiento de un régimen político dictatorial por el gobierno de Maduro, a través del uso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), entre 2016 y 2017.

Así, justificó la suspensión de derechos democráticos y recorte de libertades, que llevaron a la represión de las masivas protestas ocurridas en 2017, que comenzaron en defensa de la AN elegida en 2015, y después se convirtieron en una expresión de todo el descontento popular, con manifestaciones pacíficas y algunos hechos violentos. En sus palabras, «la ofensiva violenta reaccionaria podría ser neutralizada y derrotada con una acción eficaz, coherente y contundente de las instituciones y el pueblo». Claro, en la concepción del PCV, se enfrentaba simplemente a la «derecha fascista». Por eso, también, apoyó la imposición inconsulta de la Asamblea Constituyente en agosto de 2017, aunque solicitando retóricamente que fuera «revolucionaria».

Pero, más allá de ese respaldo político al gobierno, el agudo deterioro de los salarios y evidentes negocios de altos funcionarios y empresarios amigos con la asignación de dólares a un tipo de cambio oficial sobrevaluado, generó presiones en el PCV, y entonces en el mismo 2017 hubo un cambio de la línea política de ese partido, que es la base programática de la actual ruptura de la alianza con Maduro. Según el XV Congreso del PCV «se agudizan los conflictos en el bloque bolivariano, parte del cual ha cambiado su condición de clase para integrarse a los distintos sectores de la burguesía, produciendo contradicciones intercapitalistas no antagónicas». Y, también, resaltó la necesidad de organizar un «bloque popular revolucionario», que es el germen de la Alternativa Popular Revolucionaria (APR). 

Esos cambios programáticos no se tradujeron rápidamente en un ruptura con el gobierno. Por el contrario, el PCV apoyó a Maduro en las cuestionadas elecciones presidenciales de mayo 2018, porque, en su opinión, la agresividad de la escalada del imperialismo estadounidense y sus aliados europeos, pone en riesgo la perspectiva de la liberación nacional. Para intentar protegerse de las presiones de sus bases y algunos dirigentes, la dirección del PCV firmó un acuerdo programático con la presencia de Maduro, en su sede, que planteaba «jerarquizar el trabajo formal y con derechos» y «fortalecer el salario y restituirlo como componente principal y mayoritario del ingreso». Al contrario de lo suscrito con el PCV, el gobierno de Maduro comenzó entre julio y agosto de 2018 la aplicación del llamado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica que incluyó una megadevaluación del tipo de cambio oficial, la eliminación del control de precios, exoneración de aranceles para los empresarios importadores y del impuesto sobre la renta para Pdvsa y el capital transnacional socio en las empresas mixtas, y una reforma laboral regresiva con el memorando 2792, emitido el 11 de octubre de ese año y firmado por el ministro de trabajo Eduardo Piñate. 

La ejecución del memorando 2792 ha sido central en el proceso de distanciamiento del PCV con el gobierno, ya que este promueve una destrucción de los ingresos salariales de la clase trabajadora y cambios regresivos en las relaciones laborales con la creación de una mesa técnica gubernamental encargada de evaluar la adaptación de los antiguos y nuevos contratos colectivos al salario mínimo, que ha implicado la violación del principio de progresividad, la afectación del concepto general de salario, el fin de facto de la negociación colectiva de los contratos laborales, despidos masivos e indirectos en empresas privadas mediante el uso de la figura de la suspensión de trabajadores con la continuidad del pago del salario mínimo pero sin recibir bonos compensatorios, y la eliminación del derecho a huelga al suprimir las salas de reclamos de las Inspectorías del Trabajo.

El resultado buscado, y logrado, fue la transformación en bonos a la mayoría de los ingresos salariales de la clase trabajadora, al mantener un depauperado salario mínimo en bolívares y establecer bonos en divisas. Esto, por supuesto, ha repercutido en el cálculo con base en el salario de incidencias como vacaciones, utilidades, prestaciones sociales y horas extras y nocturnas. Desde 2018, los empresarios aplicaron esa bonificación salarial, con el pago de esos bonos en divisas de entre 50 y 30 dólares mensuales, los cuales tienen como objetivo evitar la masiva deserción de la fuerza de trabajo, parte de la cual ha migrado o se dedica al comercio informal. Ahora, en 2021, el gobierno de Maduro ha formalizado esa política laboral y empezó con un inconsulto contrato colectivo petrolero que establece una retribución de 137 millones de bolívares (74,11 dólares), con un salario que es de solo 5 millones de bolívares (2,7 dólares) y el resto son bonos de alimentación y transporte.

Las respuestas sindicales al memorando 2792 comenzaron en el mismo 2018 y fueron significativas, con la constitución y protestas de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV) en noviembre de ese año. En esa confluencia sindical participaron importantes dirigentes de diferentes ramas económicas y miembros de organizaciones políticas del chavismo crítico, la oposición tradicional y la izquierda. El PCV no participó en la ITV, pero sí sectores políticos y sindicales aliados de su frente laboral. Esto aumentó la presión de las bases y algunos dirigentes a la dirección del partido para que se distanciara del gobierno, porque aunque la ITV según su concepción era conducida por «opositores» y «cierta izquierda antichavista» también había «participación de líderes obreros con militancia revolucionaria».

Paralelamente, la aplicación de una política del gobierno de desalojo y entrega de tierras a viejos y nuevos terratenientes ha afectado a sectores campesinos y también fue otro factor que incidió en la futura ruptura del PCV con Maduro. En ese marco, el PCV participó en una marcha campesina a Caracas en julio de 2018, que ante la presión de sectores militantes del movimiento chavista fue recibida por Maduro. Igual, continuó la misma política de desalojo y falta de apoyo a los proyectos productivos de esos campesinos, en el contexto de una alianza del gobierno con productores agrícolas grandes y medianos cercanos al ministro de agricultura y tierra Wilmar Castro Soteldo, que los ha catalogado como una «burguesía revolucionaria». En este clima de conflictividad en el campo venezolano, en octubre de 2018 fue asesinado Luis Fajardo, dirigente campesino y miembro del Comité Central del PCV. Un crimen sigue impune. 

Entonces, en el transcurso de 2019 y hasta la creación de la APR en agosto de 2020, el PCV desarrolló una contradictoria y oportunista política de denuncias y protestas en contra de altos funcionarios como los ministros Piñate y Castro Soteldo, pero sin cuestionar al principal responsable de esas políticas laborales y agrarias: el presidente venezolano. Al mismo tiempo, apoyaba incluso las maniobras corruptas del gobierno para desmontar el intento de gobierno paralelo de Juan Guaidó, aliado de Estados Unidos, y defensor de repudiables sanciones económicas extranjeras, que en realidad agravan la depauperación de las condiciones de vida de las clases populares y son fuente de corrupción en las filas de la oposición tradicional. En enero de 2020, el PCV regresó a la AN elegida en 2015 y respaldó a Luis Parra, al que el gobierno de Maduro intentó imponer como presidente del Parlamento en alianza con un grupo de diputados que había sobornado para que rompieran con la política de la oposición tradicional.

Las denuncias y protestas focalizadas en sedes del Ministerio del Trabajo e Instituto Nacional de Tierra y pedidos de rectificación gubernamental del PCV, no revirtieron la aplicación por el gobierno de sus políticas estatales, que por un lado benefician a sectores empresariales y acentúan la destrucción del salario real. Al contrario, entre 2018 y 2020, la respuesta de Maduro fue la criminalización de las protestas laborales ocurridas en la industria petrolera, empresas básicas de Guayana, administración pública, sector salud y educación, que incluyeron paros nacionales de enfermeras y del magisterio en 2018 y 2019, respectivamente. Por ejemplo, fueron despedidos o jubilados forzosamente varios dirigentes laborales como Jairo Colmenarez, Deillily Rodríguez, William Prieto y José Bodas: Y peor, detenidos otros como Rubén González, Tania Rodríguez, Elio Mendoza, Marcos Sabariego, Bartolo Guerra, Darío Salcedo, Gil Mujica, Eudis Girot, Guillermo Zarraga y Robert Franco. Hasta hoy, la mayoría de esos dirigentes laborales siguen presos en celdas militares o en casa por cárcel.

En ese marco, presionado por sus bases y algunos dirigentes, e intentando canalizar el descontento de sectores de base del chavismo, el PCV constituyó a la APR en agosto de 2020, junto a otros partidos y organizaciones políticas chavistas, para participar en las también cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de ese mismo año. La respuesta de Maduro fue igualmente autoritaria, con la intervención de fuerzas chavistas como Patria para Todos (PPT) y Tupamaros, y su entrega a direcciones progubernamentales a través de sentencias del Tribunal Superior de Justicia. Y, además, el despido de sus trabajos y la detención de candidatas y candidatos de la APR, en medio del inicio de una campaña en contra de la «izquierda trasnochada»”.

Esos ataques de Maduro a la izquierda trasnochada, ocurren a partir de las críticas de la APR y oposición de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad, a la llamada «ley antibloqueo», que fue legislada por la inconsulta Asamblea Constituyente, y que plantea en sus artículos 26 y 29 una profundización de la política gubernamental de privatizaciones. Así, al principio de 2021, como parte del intento de aplicación de la ley antibloqueo y apertura de una negociación pública con el gobierno de Joe Biden y la Unión Europea, la nueva y fraudulenta AN, controlada por Maduro, ha realizado reuniones con gremios empresariales tradicionales como Fedecamaras y Conindustria para negociar la repartición de empresas y activos estatales en proceso de privatización, pero exigiendo apoyo con el objeto de solicitar el levantamiento de las sanciones extranjeras económicas y personales. Mientras, siguen sus ataques al PCV, afirmando que son agentes de EEUU y prohibiendo el derecho de palabra, a su único diputado.

El 30 de enero de 2021, el PCV respondió con un comunicado que sin decirlo textualmente es una ruptura con Maduro. Allí denunció la aplicación de un «brutal ajuste neoliberal» en curso e instó «a corregir ese llamado a la intolerancia, al odio, la persecución y el irrespeto del ejercicio de los derechos políticos y democráticos». Pero, esas políticas que el PCV ahora rechaza totalmente, tienen origen en el ajuste inflacionario que comenzó en 2013, en los intentos para atraer capital transnacional con el decreto-ley de inversiones extranjeras y las zonas económicas especiales de 2014, y la ejecución del Arco Minero del Orinoco y la implantación de un régimen político dictatorial desde 2016. Ahora, el PCV reconoce las políticas autoritarias del gobierno de Maduro, y en el comunicado antes citado señala que ese camino «puede conducir al fascismo». No obstante, aunque es un avance, todavía reivindica solo las libertades y derechos democráticos de militantes y simpatizantes chavistas, como si el resto de la población venezolana de diferentes orientaciones políticas debería ser privada de derechos políticos; así también lo consideran los líderes gubernamentales del movimiento chavista.

El chavismo crítico del PCV, que reivindica a Chávez y sus aportes a la llamada liberación nacional, pero se opone a Maduro, ya ha fracasado antes, cuando fue intentado por Marea Socialista y Redes. El chavismo es un movimiento nacional-populista y de rasgos castrenses, con una lógica de mando-obediencia entre dirección y bases. El PCV lo único que puede canalizar es chavismo militante, por eso su pírrico resultado en las pasadas elecciones parlamentarias.

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Al comienzo de cada año se suelen hacer balances y proponer alternativas. El gobierno tiene sus prioridades, y ha dicho que es urgente una reforma laboral y pensional. Sin ellas, dice, no se podrá recuperar el empleo, y se agudizará la crisis fiscal.

Este diagnóstico no es correcto. Los problemas centrales de la economía no se resuelvan con la reforma laboral y pensional. Allí no está la raíz de los males actuales. Las reformas sustantivas deben estar inspiradas en los siguientes tres principios: i) Estímulo a la demanda. ii) Tributación progresiva. iii) Ordenamiento territorial y economía verde.

Las reformas laboral y pensional no son urgentes. Y, aún más, si se avanza en las tres dimensiones mencionadas, no son necesarias.

Es importante replantar el foco de la discusión, buscando que se examinen los aspectos estructurales.


Estímulo a la demanda

 

La reforma laboral que impulsan los empresarios y el gobierno tiene, entre sus motivaciones, el “elevado” costo de la mano de obra. En su opinión, el salario mínimo que se paga en Colombia es muy alto.

Esta apreciación tiene tres sesgos. Primero, centra todo el énfasis en el lado de la oferta, desconociendo la relevancia de la demanda. Segundo, deja por fuera del análisis costos significativos, como los financieros. Y, tercero, olvida que en el panorama internacional el salario mínimo de Colombia es muy bajo.

El éxito de las empresas radica en la fortaleza de la demanda. Si el consumo de las familias aumenta, mejora las ganancias. La rentabilidad de la firma no depende de una depresión del salario, sino de los estímulos a la demanda. Los industriales colombianos minimizan la importancia de este factor y, de manera equivocada piensan que la recuperación de la producción depende de la depresión del salario.

En la estructura de costos de las empresas el peso de los compromisos financieros puede ser más significativo que el de la mano de obra. Para los gremios empresariales el costo salarial impide que la productividad sea mayor. Esta mirada desconoce que la alta rentabilidad de los intermediarios financieros se explica por las elevadas tasas de interés. Mientras que el Banco de la República le presta a los bancos privados al 1,75 por ciento año, éstos prestan para igual periodo de tiempo al 12-14 por ciento. Y peor aún, si el crédito es de consumo la tasa de interés sube al 22 por ciento año

En el panorama internacional, el salario mínimo de Colombia es muy bajo. Además, es insuficiente para superar el umbral de la pobreza.


En el cuadro se presenta el salario mínimo –en pesos y dólares– por mes, día y hora. En dólares, el salario mínimo mes es de 261,25, por día es 10,89 y por hora es 1,36. En Estados Unidos el salario hora oscila alrededor de 12 dólares. En Los Ángeles se acerca a 15 dólares. Por tanto, el salario mínimo día en Colombia es considerablemente inferior al salario hora en Estados Unidos. No se entienden, entonces, las afirmaciones del Ministro de Hacienda que considera que el salario mínimo en el país es excesivamente alto.

Y con respecto a la línea de pobreza el salario mínimo también es bajo. Las dos últimas columnas del cuadro presentan los umbrales de pobreza para una familia de 4 miembros. Se hace la diferencia entre la línea de pobreza (LP) y la línea de indigencia (LI), o pobreza extrema. El valor de la LI es el de la canasta de alimentos mínima. Si en la familia trabaja una sola persona, el salario mínimo (908.256 pesos) alcanza para comprar los alimentos básicos (558.245 pesos), pero no es suficiente para superar la línea de pobreza (1.331.798 pesos). Para que el hogar pueda superar la barrera de la pobreza necesitaría un ingreso mensual adicional de 423.542 pesos.

 

Tributación progresiva

 

Se requiere una reforma tributaria que cumpla dos objetivos: mejorar el recaudo y reducir la desigualdad. En lugar de insistir en una reforma laboral y pensional, el gobierno debería darle prioridad a la reforma tributaria.

Es lógico esperar que las reformas tributarias mejoren en el recaudo, pero no sucedió así con la última reforma, que aumentó las exenciones y no incrementó los ingresos. Durante estos meses de pandemia emanó con claridad la vulnerabilidad de la estructura fiscal del país. La escasez de recursos ha sido notoria. Las transferencias a las familias son modestas, y las limitaciones del aparato estatal se observan en sectores tan importantes como el de la salud. El primer objetivo de una nueva reforma tributaria tendría que ser el incremento del recaudo.

Y el segundo propósito de la misma debe ser mejorar la equidad. Cuando la distribución del ingreso y de la riqueza es tan desigual, como sucede en Colombia, el sistema tributario es el mejor instrumento para reducir la concentración. El Estado del Bienestar en Europa se construyó sobre la base de impuestos progresivos. Las tarifas del impuesto a la renta suben a medida que el ingreso es mayor. En los años 70, en los países desarrollados, la tarifa en el último rango de ingresos llegó a ser del 90 por ciento. Estos porcentajes tan altos tenían el propósito explícito de evitar la concentración de la riqueza. A partir de los años 80, inclusive en Europa, estos propósitos distributivos se fueron debilitando.

A pesar del discurso a favor de la equidad, en Colombia no se avanza. Y al contrario, en las últimas estadísticas del Dane se observa un aumento de la desigualdad.

Mientras que los impuestos continúen siendo tan bajos, no habrá recursos para financiar proyectos como el de renta básica, que buscan garantizar los ingresos necesarios para que las personas superen el umbral de pobreza.

 

Ordenamiento territorial y economía verde

 

Es urgente que Colombia adelante un adecuado ordenamiento territorial. Y el paso inmediato es la consolidación del catastro multipropósito. Esta dinámica se inscribe en una estrategia de largo plazo, que es la economía verde.

La dependencia de los hidrocarburos y de la minería, y el pésimo manejo hecho por el país de los excedentes, obliga a repensar el modelo de desarrollo. La producción sostenible exige modificar de manera radical la matriz energética.

La minería ilegal y el narcotráfico son dimensiones centrales del ordenamiento del territorio. En el caso de la coca es inútil continuar con la política prohibicionista. El país está en mora de avanzar en procesos de legalización y regularización de la producción de coca y marihuana. Mientras estos cultivos permanezcan en la ilegalidad, siempre habrá grupos armados protegiéndolos.

El asunto de la tierra es el principal problema político de la sociedad colombiana. Allí habría que buscar la raíz del asesinato de los líderes sociales. Y, además, es un obstáculo a la modernización de la agricultura. La causalidad propuesta por el Ministro de Defensa es inaceptable. Su solución al asesinato de líderes sociales sigue una lógica lineal que debería causar indignación: la fumigación lleva a la eliminación de los cultivos y al cese de los asesinatos de líderes sociales. Esta secuencia analítica, que es de un simplismo aterrador, niega las causas estructurales del conflicto social.

 Salario mínimo (pesos y dólares)
Valor en pesos de la línea de pobreza y de indigencia, para un hogar de 4 personas 2020 
Salario mínimo   
Pesos Dólares LP-Fan LI-Fam
Mes 908.256261,25558.245
Día37.85510,8918.608
Hora4.7311,36 

 

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Publicado enEdición Nº275
Jueves, 17 Diciembre 2020 08:50

Esto es una revolución, señor

Esto es una revolución, señor

Probablemente la huelga más grande de la historia de la humanidad tuvo lugar en India

El 26 de noviembre, los trabajadores de India hicieron una huelga general que fue acatada por alrededor de 250 millones de personas, convirtiéndose probablemente en la huelga más grande de la historia de la humanidad. Ahora están uniendo fuerzas con el sector campesino para protestar contra la agenda de extrema derecha y proempresaria de Narendra Modi.

Las huelgas generales han sido un rasgo característico durante el gobierno del primer ministro de la India, Narendra Modi. En general sucede siempre lo mismo. Los sindicatos nacionales —excepto los que están alineados con el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de extrema derecha de Modi— llaman a una huelga general de uno o dos días. La mayoría de las veces lo hacen en respuesta a alguna de las muchas medidas antiobreras del BJP. Millones de personas en todo el país salen a las calles para manifestar su apoyo. Quienes dirigen la huelga, la caracterizan como la huelga más grande de la historia. Los medios de izquierda de afuera del país saludan las protestas, mientras que los medios principales de la India apenas las mencionan. Y luego la vida parece volver a la normalidad.

La huelga general del 26 de noviembre mostró algunas de estas características: fue llamada por los sindicatos nacionales en respuesta a las medidas antiobreras del BJP; las declaraciones posteriores afirmaron que hubo una participación masiva (en este caso, 250 millones de personas); y la duración de la medida fue limitada. Pero siendo el año 2020, este paro tuvo también un significado distinto. En marzo, el gobierno utilizó la pandemia como una excusa para quebrar y remover los últimos remanentes físicos de las protestas que se extendían en contra de una serie de leyes discriminatorias. Por lo tanto, volver a ver a la gente protestando en las calles fue realmente impactante.

Lo que es más importante, la huelga general confluyó con una marcha convocada por un amplio sector de organizaciones campesinas que planeaban descender a la capital de Delhi. De repente, las redes sociales se llenaron con imágenes de tractores y camiones que eran utilizados para romper los bloqueos levantados por la policía, que pretendían mantener la manifestación fuera de la ciudad. En un video, un manifestante le explica enfáticamente a un policía en las barricadas: «esto es una revolución, señor».

Luego de reconocer la determinación de la que daba cuenta la protesta, el gobierno dio permiso para que se llevara a cabo en un rincón de Delhi alejado de los centros de poder de la ciudad. A pesar de que algunas personas terminaron marchando hacia el sitio de la protesta oficial, la mayoría rechazó la oferta y permaneció en la frontera, argumentando que habían traído suficiente comida y provisiones como para quedarse durante meses. Esto no era simplemente un asunto simbólico de un día. El martes 1 de diciembre, el gobierno central empezó a reunirse con la dirección de los sindicatos campesinos, pero los sectores movilizados dicen que mantendrán el acampe en la frontera hasta que se responda a todas sus demandas.

En muchos sentidos, la marcha de Delhi fue una continuación de las protestas que habían estallado en septiembre, cuando la legislatura nacional, controlada por el BJP, empezó a presionar para que se aprueben tres leyes muy controversiales que pretenden abrir el sector agrícola a los grandes intereses financieros y empresariales. Los sectores que se movilizan temen que esta legislación sea un preludio al desmantelamiento del antiguo sistema de precios mínimos de sostenimiento (MSP, por sus siglas en inglés), que provee algo de estabilidad a estos sectores, estableciendo el precio al cual el gobierno compra una variedad de granos.

El gobierno pensó que tal vez sería capaz de aprobar las leyes en medio del caos del COVID —India superó en cantidad de casos a Brasil ese mismo mes—, pero el tratamiento de estas leyes inició una ola de indignación generalizada, en el marco de la cual los sectores campesinos denuncian la profundización de las reformas neoliberales en el sector agrícola. Las protestas se extendieron por todo el país pero fueron más fuertes en Punjab y en Haryana, dos estados ricos del norte que alguna vez fueron la zona cero de la revolución verde de India. A pesar de que las figuras que dirigen las manifestaciones suelen provenir de sectores campesinos ricos, las manifestaciones ganaron un amplio apoyo entre las distintas clases de la población rural.

La cuestión de los movimientos campesinos ha sido siempre motivo de disputas en el campo de la izquierda marxista. Esto es así también en el caso de India. Si nos retrotraemos hasta Lenin, Kautsky e incluso Marx, la izquierda ha debatido la «cuestión agraria» asumiendo algunas veces que el campesinado es una reliquia histórica, un remanente del feudalismo condenado a desaparecer a medida que las relaciones capitalistas penetran en el mundo agrario. Pero muchas décadas de desarrollo capitalista en India ponen en cuestión este supuesto, dado que el campesinado sigue siendo con obstinación uno de los elementos centrales de la economía del país.

A menudo el campesinado se divide analíticamente mediante las categorías de rico, medio o pobre, pero todos estos grupos están unidos en su rol de propietarios de la tierra y productores de commodities para el mercado. Con todo, es cierto que los sectores más pobres del espectro a menudo combinan este trabajo con trabajo asalariado, y que lo hacen algunas veces en la tierra de otros propietarios. Tal como observaron Amit Basole y Deepankar Basu en un artículo de 2011, «la coexistencia del trabajo asalariado y de la producción mercantil simple, en la medida en que participan de ambas tanto trabajadores sin tierra, campesinos marginados y pequeños campesinos, en un caso como fuerza de trabajo libre y en el otro como propietarios-productores, ha dificultado los objetivos de la política revolucionaria».

Estas dificultades salieron a luz en los años 1980, cuando India empezó a avanzar hacia el neoliberalismo. A medida que los términos del intercambio se modificaban en la agricultura, «nuevos movimientos campesinos» emergieron en todo el país, en general nucleados alrededor de la demanda de mayores precios para las commodities agrícolas. En aquel momento, muchos sectores marxistas desestimaron estos movimientos, argumentando que estaban compuestos por las franjas más ricas del campesinado que explotaban en sus tierras al proletariado rural. Hubo otros sectores que no estuvieron de acuerdo y, reconociendo la estratificación en el campesinado, argumentaron a su vez que la gran mayoría sufría bajo el neoliberalismo.

En su artículo, Basole y Basu analizan estadísticas económicas y demográficas durante un período de cinco décadas para determinar los mecanismos precisos de la explotación capitalista que operan en India. En el sector agrícola, observan, «la diferenciación de clase se desarrolla, pero en un sentido distinto al del caso europeo […] Más que entre capitalistas y trabajadores, la diferenciación que está teniendo lugar en la India rural se produce entre un señorío rural heterogéneo y sectores rurales pobres heterogéneos».

La porción más pobre de estos sectores participa del trabajo asalariado y, por lo tanto, es explotada en el sentido marxista clásico. Pero muchos pequeños productores, no solamente los más pobres, enfrentan lo que Basole y Basu denominan «extracción de plusvalor a través del intercambio desigual». En este contexto, «los comerciantes se las arreglan para garantizar sistemáticamente la desviación de los precios […] de su valor-trabajo subyacente debido a la posición monopólica que tienen en estos mercados».

«Desde el punto de vista de la clase trabajadora», escriben, «es difícil identificar dónde termina la extracción de plusvalor por medio del intercambio desigual y dónde comienza la que se realiza por medio del trabajo asalariado». Hay que agregar que tanto los sectores campesinos medianos como los pequeños están atrapados en ciclos de endeudamiento, lo cual alimenta la horrenda crisis de suicidios campesinos que la pandemia solo ha exacerbado.

Esto sirve para explicar por qué las actuales protestas campesinas, a pesar de ser dirigidas principalmente por el campesinado rico, han encontrado un amplio apoyo más allá de los estratos acomodados del mundo rural. A pesar de que la clase y la casta divide a todo el campesinado, el giro neoliberal ha creado una apertura para que se produzcan alianzas entre clases y entre castas en el sector agrario. Y con la intervención de los sindicatos que sintonizan con las necesidades de los sectores más explotados —trabajadores agrícolas, propietarios marginados, castas oprimidas— los movimientos campesinos podrían verse presionados a demandar un cambio más radical.

La presencia de sectores más ricos en estos movimientos, por lo tanto, debería ser vista menos como una barrera insuperable a la organización de la izquierda que como un desafío a abordar con flexibilidad y atención, teniendo en cuenta los cambiantes vientos económicos y políticos. Durante los años recientes, la izquierda ha adoptado este tipo de enfoque sobre la organización agraria; a pesar de su decreciente fortuna electoral, el Partido Comunista de India (Marxista), o CPM, jugó un rol importante en una masiva marcha campesina que se desarrolló en 2018, la cual ayudó a abrir la puerta a la ronda actual de protestas campesinas militantes.

Incluso en la esfera electoral, los partidos comunistas están mostrando una flexibilidad y una inteligencia política similares, al menos en algunos lugares. Durante las últimas elecciones en el estado de Bihar, no solo los principales partidos comunistas (el CPM y el Partido Comunista de la India, o CPI), sino también el CPI (ML) Liberación —un partido que hunde sus raíces en el movimiento de inspiración maoísta Naxalbari, y que ganó experiencia dirigiendo luchas bastante violentas en contra de los regresivos sistemas de propiedad y de explotación—, entraron en una coalición electoral con otros partidos anti-BJP.

La flexibilidad no siempre fue el fuerte de la izquierda india. En 1996, en un evento que sigue siendo denominado como el «error histórico», luego de que las elecciones nacionales concluyeron en un parlamento indeciso, el CPM rechazó la oferta de designar al primer ministro en una coalición anti-BJP. Por lo tanto, las recientes elecciones de Bihar representan un punto de partida renovado.

Evitando la pureza ideológica, los tres partidos comunistas se unieron a una coalición dirigida por Tejashwi Yadav del Rashtriya Janata Dal (RJD) regional, un partido que ha intentado consolidar el voto de las clases más bajas en el estado apelando a un mensaje de justicia social. Yadav se rehusó a dejar que el BJP estableciera los términos del debate en torno a una línea hinduista nacionalista, poniendo el eje en cambio en las necesidades reales frente a las cuales el BJP no ha dado ninguna respuesta, especialmente en lo que concierne al empleo. Este mensaje resonó en el electorado de Bihar, como así también en las campañas de los partidos comunistas.

Al final, la coalición del BJP terminó ganando las elecciones, en parte porque la campaña de Yadav, a pesar de ser muy popular, tardó mucho tiempo en despegar. Aun así, los partidos comunistas, y especialmente el CPI (ML) Liberación, tuvieron un desempeño excepcional. Este último conquistó doce de los diecinueve de los escaños que disputó.

Hay quienes atribuyen este resultado al pragmatismo del que dio cuenta la izquierda al unirse a una coalición popular en contra del gobierno actual, pero también hay quienes apuntan a la profunda inserción y a la dedicación militante, especialmente en el caso del CPI (ML) Liberación. Si bien el partido abandonó su carácter subterráneo para entrar en la política electoral, todavía mantiene conexiones firmes con las bases de los grupos oprimidos junto a los cuales ha luchado durante mucho tiempo.

Entre los partidos comunistas, Liberación se ha adaptado particularmente bien a las cuestiones de casta, en parte porque las luchas que han dado junto al campesinado asalariado han sido simultáneamente luchas por la dignidad de los Dalits, a quienes se considera tradicionalmente como parias o «intocables» y constituyen la gran mayoría del proletariado rural. Tal como observó el líder anticastas Jignesh Mevani, «en las elecciones de Bihar, [Liberación] no propuso ningúnn candidato de las castas más altas, cambiando la noción del liderazgo brahmánico, popular en la izquierda».

Estos destellos de esperanza no implican que el resurgimiento de la izquierda sea inevitable. A pesar de la enorme devastación social, económica y sanitaria que resultó de la pandemia, Modi todavía disfruta de una gran popularidad, en parte porque a diferencia de sus colegas reaccionarios Trump y Bolsonaro, Modi ha aceptado la gravedad de la pandemia, aunque la ha definido como una calamidad natural que está fuera de su control. Esta retórica no solo deja en la sombra las décadas de desinversión neoliberal en el sector de la salud pública —que el gobierno del BJP ha empeorado— sino también el desastroso anuncio de un confinamiento abrupto y corto de miras, que ha dejado en la calle a millones de trabajadores migrantes, forzándolos a hacer penosos viajes de vuelta a sus pueblos de origen.

Pero Modi ha desplegado con mucha habilidad el lenguaje del sacrificio compartido, invocando la mitología hindú y comparando a los ciudadanos y a las ciudadanas que combaten el COVID con los guerreros de la antigua épica Mahabharata. El resultado de las elecciones de Bihar sugiere que su gobierno no ha sido castigado por la gestión de la pandemia, a pesar de que el estado es sede de un gran número de trabajadores migrantes cuyas vidas fueron trastocadas por el repentino confinamiento. Y, al menos en el frente electoral, todavía no emergió a nivel nacional ninguna alternativa al BJP.

Sin embargo, como observó alguna vez la filósofa Isabelle Stengers, «la esperanza es la diferencia entre la probabilidad y la posibilidad». La huelga general, el movimiento campesino, las elecciones de Bihar… todo esto ofrece la posibilidad, cuando no la probabilidad, de presionar en contra del gobierno de la derecha en India, y de navegar a través de las ambigüedades de la política de clases, para poner a punto una coalición por el cambio transformador.

Por Thomas Crowley | 17/12/2020 

Fuente: https://jacobinlat.com/2020/12/13/esto-es-una-revolucion-senor/

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Las mujeres en Colombia ganan un 27% menos que los hombres

En Colombia, poco más del 50% de las mujeres en edad de trabajar está fuera de la fuerza laboral y las que tienen un empleo ganan un 27% menos que los hombres. La cifra se desprende del informe Mujeres y hombres: brechas de género en Colombia, de ONU Mujeres, la Consejería Presidencial para la Mujer y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que presenta un panorama detallado sobre la situación económica, educativa y de violencia contra las mujeres en Colombia entre los años 2008 y 2019.

El documento muestra como un avance que la participación laboral de las mujeres se ha incrementado en más de seis puntos porcentuales pasando 46.4% a 53.1%, pero reconoce que persisten enormes desigualdades que comienzan desde la adolescencia y son aún más fuertes en el campo. La brecha con relación a los hombres es todavía de 20,8 puntos (73,9% de ellos son parte de la fuerza laboral). “La incorporación de las mujeres a los mercados laborales ha tenido un importante avance, pero todavía sucede en condiciones desventajosas que se expresan en mayor desempleo, mayor informalidad, concentración en ciertas ocupaciones y también, en las partes inferiores de las estructuras jerárquicas y, en la persistencia de la brecha salarial”, indica el informe presentado este martes.

Pero estar en el mercado laboral tampoco les garantiza condiciones iguales. Aunque trabajan diariamente 2 horas y 10 minutos más que los hombres y además se encargan de labores de cuidado en sus hogares, ganan mensualmente un 27% menos que ellos. “Las opciones laborales de las mujeres están sumamente limitadas por la responsabilidad de las actividades domésticas y de cuidados no remuneradas, que recae desproporcionadamente en ellas”, dice el informe soportado en las estadísticas del DANE. Y esas condiciones laborales desventajosas se reflejan en los índices de pobreza: por cada 100 hombres en hogares pobres, hay 118 mujeres.

Para Patricia Fernández Pacheco, Representante Adjunta en ONU Mujeres, una de las novedades de la publicación es el enfoque en el trabajo doméstico no remunerado. “Ya venía siendo asunto de análisis antes de la pandemia del covid-19. Esta crisis ha evidenciado la sostenibilidad en su distribución pero también un reconocimiento a su valor económico”, dijo. En Colombia – agrega Fernández- la producción de servicios de cuidado no remunerado en su mayoría realizado por las mujeres equivale al 20 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). “De los 37 mil millones de horas que se dedican anualmente al cuidado y bienestar de la población sin recibir pago, 29 mil millones lo realizan las mujeres, mientras que los hombres dedican 8 mil millones de horas”, explicó.

Violencia contra las mujeres

“El embarazo y la maternidad en adolescentes es una expresión de desigualdades de género y también de etnia”, agrega el informe en el que se entregan datos sobre el número de niñas madres y de matrimonio infantil, una práctica que se considera lejana pero es real en muchas regiones de Colombia. De acuerdo con las cifras, en 2018, 7.453 niñas de 10 a 14 años y 220.868 adolescentes de 15 a 19 años han tenido al menos un hijo.

“Los nacimientos de niñas menores de 14 años representan menos del 1% de los nacimientos totales. No obstante, detrás de estos casos, se configuran graves violaciones a los derechos humanos de las niñas que deben ser investigados desde una perspectiva de género y de protección de la niñez, así como de garantías de no repetición”, recomiendan las tres instituciones. En Colombia, los actos sexuales con menores de 14 años son un delito en el código penal.

La publicación aborda también cómo la discriminación de género tiene su “expresión extrema en actos sistemáticos de violencia que se cometen contra ellas”. Revela que en 2019 fueron asesinadas 1.001 mujeres, de acuerdo con del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y que los agresores eran en su orden parejas o exparejas, amigos, conocidos y familiares de las víctimas. “Los asesinatos de mujeres presentan características particulares, permeadas por relaciones de género asimétricas, en una estructura de violencia sustentada por una sociedad que normaliza, justifica y perpetúa la violencia al desvalorizar y degradar a las niñas y mujeres”, se observa en la publicación.

Lo mismo que ocurre en la violencia sexual. Solo en 2019 se hicieron 26.158 exámenes médicos por presunto delito sexual, de los cuales el 86,1% fueron practicados a mujeres y de estos, una abrumadora mayoría (85,6%) correspondieron a niñas y jóvenes menores de 18 años. “Por cada hombre víctima de presunto delito sexual se presentan seis mujeres víctimas”, aclara el libro, que aporta datos como la incidencia de delitos sexuales concentrados en los domingos o las prácticas más comunes contra las mujeres.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 10 nov 2020 - 20:53 COT

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Linda Chesser en su autocaravana con la que recorrió EEUU para escribir su libro 'País nómada'. IMAGEN CEDIDA POR CAPITÁN SWING.

Jessica Bruder recorrió durante tres años 24.000 kilómetros para escribir 'País nómada' (Capitán Swing), una crónica sobre el nuevo modelo de trabajo estadounidense: cientos de miles de trabajadores itinerantes viviendo en furgonetas y vagando por el país para encontrar un empleo mal pagado, extenuante y con apenas derechos. Y, como telón de fondo, una crítica demoledora de Amazon como paradigma del capitalismo de Estados Unidos.

 

Una crónica sobre el fin de la clase media y sobre un modelo económico que se está imponiendo con un ímpetu que desafía el Estado de derecho y la estabilidad social. Esto es lo que retrata la periodista y profesora de periodismo Jessica Bruder en País nómada. Supervivientes del siglo XXI, que acaba de editar Capitán Swing: un reportaje de 300 páginas producto de tres años de trabajo que llevaron a Bruder a recorrer 24.000 kilómetros a lo largo y ancho de Estados Unidos. El balance es rotundo y desolador: "Este capitalismo [en Estados Unidos] está expulsando a la clase media y a las personas mayores de la sociedad", dice Bruder a Público.

La película basada en el libro, producida y protagonizada por Frances McDormand, obtuvo el León de Oro el pasado 12 de septiembre en el Festival de Venecia. McDormand interpreta a Fern, un trasunto de la personaje principal del libro, Linda Chesser, una exasesora académica en la Universidad del Estado de Washington que tenía de 68 años cuando conoció a Bruder y que es una de los cientos de miles de trabajadores itinerantes que deambulan por las carreteras y los campos de trabajo de ese país nómada, como si fueran de nuevo los años treinta.

Ese telón de fondo de País nómada está poblado con dos tipos de personajes: Por un lado, empresas como Amazon, responsables del auge del modelo económico y laboral cada vez más agresivo para el trabajador, un modelo que se extiende como un tsunami a consecuencia del declive de la industria manufacturera estadounidense (Bruder cuenta los casos del cierre en 2011 de una planta de US Gypsum, fabricante de placas de yeso, y de la empresa de fundición de cobre propiedad de Phelps Dodge que cerró en 1987).

Por otra parte, los de abajo, los ciudadanos de ese país nómada: las personas, en su mayoría, de más de 60 o 70 años que habían sido clase media y hasta media alta durante décadas y que, de pronto, a esa edad, se quedaron sin nada debido a un capitalismo sin red de coberturas sociales públicas. Así que para sobrevivir tuvieron que declararse en bancarrota o venderlo todo, comprarse una furgoneta y convertirse en trabajadores itinerantes. Como aquellos que ya retrató John Steinbeck en Las uvas de la ira, libro y autor que Bruder cita en varias ocasiones. Los Estados Unidos de aquellos años treinta de la Gran Depresión retratados por Steinbeck regresan casi un siglo más tarde, esta vez a los Estados Unidos del capitalismo financiero y la economía telemática y digital.

"En aquella crisis hubo mucha gente que tuvo que recurrir a la itinerancia, pero cuando las cosas se recuperaron volvieron a sus trabajos y a su vida de clase media del sistema tradicional", dice Bruder. "Sin embargo, creo que ahora es diferente –añade–, porque la deriva de este capitalismo hace indicar que no vamos a regresar al modelo previo, a la situación anterior. Todos los trabajadores itinerantes piensan que ya no hay ni habrá en la sociedad un espacio para ellos, así que están formando una nueva comunidad en la carretera de personas en su misma situación".

Bruder cuenta en País nómada que en enero de 2011 visitó la planta de US Gypsum. El exdirector de la cadena de suministros dijo: "He enviado algunos currículos, pero sin resultado... Puede que acabe talando leña para ganarme la vida". Monika Baker, una joven de 22 años que buscaba trabajo en la planta y se encontró con su cierre, dijo: "Tendré que trabajar en una tienda de Walmart o de Lowe". Empire, el pueblo construido junto a la fábrica quedó vaciado en pocas semanas y hasta su código postal (89405) fue anulado por las autoridades. Situaciones así son la antesala de la furgoneta, la carretera y los campos de trabajo.

Bezos y su riqueza de 200.000 millones de dólares

Esta situación económica, unida a la práctica inexistencia de un modelo social público en Estados Unidos (la sanidad, la educación y las pensiones son eminentemente privadas, el despido es libre, no hay bajas laborales pagadas ni desempleo, etcétera), fue el terreno abonado que terminaría por denominarse como el modelo Amazon, que acabaría implantándose tras la crisis económica de 2008 y sigue haciéndolo con la actual de la pandemia. De hecho, el propietario y fundador de la compañía Jeff Bezos no ha dejado de incrementar su riqueza desde la llegada del coronavirus, con un patrimonio que el pasado 27 de agosto un valor récord de 200.000 millones de dólares.

"Estamos en una situación tremenda en la que el 1% más rico de Estados Unidos ha doblado la porción de su riqueza desde 1980 al mismo tiempo que el país registra datos récords en desigualdades sociales", dice Bruder, quien denuncia en el libro que "la sociedad estadounidense es la más desigual de todos los países desarrollados".

Si a un capitalismo sin red de coberturas públicas, con los salarios estancados desde hace años y los precios de la vivienda en alza se le añade una crisis económica (2008) o dos (2020), la situación de máximo riesgo recae principalmente en la población de mayor edad. Esas fueron las que Bruder encontró como trabajadores itinerantes en su periplo por las carreteras y campos de trabajo de Estados Unidos. Todas ellas, además, cumplían un patrón común: personas que sufren un golpe de la vida (un divorcio, quedarse en el paro en los últimos años de la vida laboral, contraer una deuda médica por una enfermedad repentina) que, en un sistema como el estadounidense, resulta ser fatal, de manera que a sus 60 o 70 años sólo les queda una opción para huir de la indigencia: hacerse como sea con una vieja furgoneta y echarse a la carretera en busca de un trabajo por mal pagado dondequiera que esté. Todo eso de un hogar fijo, una comunidad donde arraigar, unos vecinos estables, se acabó.

"La gente que yo conocí en la carretera piensa sobre todo en poder ganar algo dinero para poder jubilarse definitivamente. Claro que no hay muchas opciones para eso en Estados Unidos, con un salario mínimo federal de apenas 7,25 dólares la hora [6,15 euros]. Es disparatado. Nadie debería estar condenado a endeudarse para proveerse de lo básico y poder cubrir cubrir sus necesidades básicas como ser humano", dice Bruder.

La vivienda y la educación, dos derechos básicos fundamentales, atraviesan malos momentos en Estados Unidos. En febrero, la deuda por estudiar alcanzó su récord histórico de 1,54 billones de euros. Es muy frecuente que en EEUU cualquiera que haya estudiado una licenciatura en la universidad y después un máster amase una deuda de 100.000 o 200.000 dólares.

Por otro lado, los desahucios están también en cotas récords. A falta de datos oficiales para todo el país, una base de datos creada por unos investigadores de la Universidad de Princeton revela que en 2016 un total de 2,3 millones de personas fueron expulsadas de sus viviendas. El Estado de Virginia ocupó el triste primer puesto nacional en esa clasificación con una ratio de desalojos del 5,12% (más del doble que la media nacional). Es decir, que cada cada año cinco de cada cien viviendas reciben una orden de desalojo. En algunas ciudades del Estado esa cifra llegaba al 10%.

Amazon creó en 2008 su primera estrategia de contratación de trabajadores itinerantes, el programa CamperForce. Según cuenta Bruder, la empresa había tenido problemas para contratar a personas en momentos de actividad punta. Amazon lanzó entonces de forma experimental esta iniciativa para el almacén de Coffeyville, Kansas, para el período de navideño de máxima actividad. Resultó ser un éxito y ahora es un patrón para toda la compañía en Estados Unidos. Los almacenes de Amazon son el lugar donde acaban esos cientos de miles de seres humanos convertidos en hormigas casi invisibles que van yendo y viniendo a lo largo y ancho de su país en busca de un trabajo mal pagado, con malas condiciones, extenuante, con escasas coberturas y sin apenas derechos laborales asociados. Olvídese de un salario mínimo decente, de una cobertura médica digna, de una asociación sindical, de un horario razonable o de una baja laboral pagada.

Medidores de productividad en tiempo real

El retrato que hace Bruder de las condiciones de trabajo en los almacenes de Bezos son la distopía hecha realidad. Y no sólo por lo que le cuentan a Bruder sino por lo que la propia periodista experimentó en carne propia: se hizo contratar por uno de ellos, en Haslet, Texas, con un tamaño de 19 campos de fútbol.

Cuenta Bruder que en las instalaciones de Amazon hay medidores de productividad personales en tiempo real y cualquier descenso puntual en la curva de productividad es acompañado de una reprimenda, dispensadores de analgésicos en las paredes para combatir el dolor, pasillos interminables poblados por trabajadores que llegan a caminar veinte y treinta kilómetros diarios en jornadas extenuantes entre robots sherpas "de color naranja, 100 kilos de peso y que parecen aspiradores gigantes", y cintas transportadoras… Todo ello, por supuesto, con el recordatorio generoso de que la empresa valora enormemente que no estén sindicados ni organizados.

"Para este tipo de trabajadores, que están yendo y viniendo y no tienen arraigo en un sitio concreto, es muy complicado asociarse en un movimiento organizado a medio o largo plazo", dice Bruder, que denuncia que "hay muchos ejemplos de gestores de Amazon que impelen a sus trabajadores a no que se organicen ni se asocien, hay hasta vídeos sobre esto". A pesar de todo, añade la escritora: "Creo que existe en Estados Unidos un interés renovado por estas organizaciones y por el poder del trabajador frente al empresario y por cómo pueden organizarse los trabajadores para luchar por sus derechos y sus condiciones laborales. En diciembre de 2019 cubrí una historia para la revista Wired sobre cómo la comunidad africana en Mineápolis (Minesota), fundamentalmente somalíes, se había convertido en la primera organización de gestión laboral estable en Amazon en términos de reclamar mejores condiciones de trabajo para los empleados". En cualquier caso, Bruder recuerda en su libro que una investigación de Morning Call de 2011 "reveló [en los almacenes de Amazon] unas condiciones de explotación similares a las de los talleres clandestinos".

"De todos modos", dice Bruder, "yo misma trabajé en Amazon [también lo hizo en una planta de remolacha azucarera en Dakota del Norte], pero el libro no es sobre mí. Entré en Amazon para entender las condiciones en que trabajaban las personas sobre las que escribía y qué podían sentir viviendo situaciones así, pero no para convertirme en un personaje del libro. Realmente la idea no era infiltrarme sino estar durante unos días en el mismo mundo que esos trabajadores itinerantes".

Aunque en País nómada son mencionadas otras empresas como Walmart o Uber, Amazon es la que tiene una presencia nuclear. "Amazon es enorme y domina muchísimo el mercado en Estados Unidos y la gente no sabe de la existencia de estos trabajadores itinerantes", dice Bruder, que añade: "Tenemos un sistema que en teoría fomenta la competición y tiene leyes antimonopolio, pero eso ha dejado de funcionar: Amazon es una compañía muy singular en términos de lo que hace y del poder que tiene en la economía".

Linda Chesser es la persona central de esa odisea hacía ninguna parte que narra Bruder. Pero enseguida Bruder descubrió que no era un perfil estrambótico entre los trabajadores itinerantes. La reportera encontró a gente como Don Wheeler, de 69 años, quien en su anterior vida había trabajado con un buen puesto en una empresa de informática; su salario había llegado a ser tal que gastaba 100.000 dólares anuales (85.000 euros) pero "en la nueva vida", cuenta Bruder en libro, "ha aprendido a sobrevivir con 75 dólares [64 euros] a la semana". También aparece LaVonne Ellis, una periodista de 77 años, que había trabajado para la cadena nacional ABC y como directiva de una emisora de Mineápolis. También recorría el país en su furgoneta y acampaba aquí y allá según el trabajo que encontrara.

"En Estados Unidos hay cientos de miles de personas así, hay estimaciones y las recojo en su libro, aunque no hay datos, y esto es muy preocupante. Ahora, además, debe haber mucha más gente por la crisis desatada por la pandemia", dice Bruder. "Realmente deseo que alguien estudie este fenómeno porque es uno de esos terrenos donde es imprescindible tener datos. El problema es que para ejercer tus derechos realmente en Estados Unidos es muy importante tener un trabajo en un lugar estable: el seguro de salud depende del trabajo, para obtener el permiso de conducir uno ha de tener una dirección estable en algún sitio, para votar también, etcétera, y estamos hablando de una gran cantidad de población".

Entre los datos indirectos que ofrece Bruder en País nómada destaca éste: casi nueve millones de personas de 65 años o más siguen trabajando en Estados Unidos, un 60% más que diez años antes, y sólo un 17% de los estadounidenses prevé dejar de trabajar en sus últimos años de vida.

"Arruinado, solo y sin casa"

A lo largo de las 300 páginas de País nómada las personas con las que habla Bruder comentan su situación, unos con más pesar que otros, pero ninguno de ellos carga contra las grandes fortunas o las empresas que están promoviendo este modelo económico y laboral y tampoco se cuestiona frontalmente el sistema del país, simplemente, comentan con resignación que el modelo en el que vivían se ha terminado. Como hace Bob, un trabajador itinerante que lanzó una web para contar su experiencia y reflexiones; escribió: "Hubo un tiempo en que teníamos un contrato social que establecía que, si una persona cumplía las normas (estudiaba, conseguía un empleo y trabajaba duro), todo iría bien. Ya no es así. Uno puede hacerlo todo bien […] y aun así acabar arruinado, solo y sin casa".

Para explicar esto, Bruder recurre a sendas frases de los escritores norteamericanos Kurt Vonnegut y John Steinbeck. Los estadounidenses pobres se burlan de sí mismo y ensalzan a los más afortunados que ellos, dijo el primero. "Y Steinbeck dijo algo parecido: que los americanos no se revelaban porque se consideraban todos no como obreros sino como capitalistas temporalmente avergonzados", dice Bruder.

Según cuenta Bruder en el libro, muchos no se califican de trabajadores itinerantes, simplemente se ven dentro de una fase transitoria para ganar algo de dinero porque puntualmente les ha ido mal. Incluso, hay quien presume con orgullo de ser uno de esos que trabaja duro. Un trabajador itinerante le contó a Bruder: "Hay muchísimos quejicas indolentes, holgazanes y vagos deseosos de quejarse de casi cualquier cosa y no es difícil encontrarlos. Yo no soy uno de ellos".

Bruder describe alguna oferta de trabajo sin salario asociado y otras en la que señalan que lo importante es la experiencia de trabajar y de conocer a gente nueva, qué más da las condiciones. En el fondo de esto, como cuenta la periodista en País nómada, hay una concepción casi nacionalista o religiosa del trabajo. Como le dijo el antiguo supervisor de calidad de la instalación de la planta de US Gypsum, Calvin Ryle, que había trabajado 39 años y 7 meses en la misma hasta que cerró: "Lo peor que puede ocurrir en una fábrica es echar el cierre. Aquí participamos en la construcción del país".

"Sin embargo", dice Bruder, "todo esto se produce en un sistema que se basa en poner todo el riesgo sobre los hombros del trabajador, que tiene la falsa apariencia de que todo es posible y eso se traduce como la existencia de un grado máximo de libertad. Y cuando las cosas te van mal el sentimiento más común es la vergüenza".

"Mucha gente que conocí y que trabajaban en almacenes de Amazon acaban sus jornadas laborales exhaustos y su vida depende del cheque con el que cobraban su sueldo. Para protestar o clamar contra esa situación supondría poner toda esa responsabilidad sobre sus hombros. Es una situación realmente difícil para ellos", dice Bruder.

Linda Chesser recorría con su furgoneta los campos de trabajo de Estados Unidos, pero tenía un plan. Se acercaba a los 70 años y no podía seguir así toda la vida. Quería comprar un terreno e instalarse. Una casa sostenible. Muchos trabajadores itinerantes, cuenta Bruder, tienen sueños anticonsumistas: hacerse una casa sencilla con sus propias manos y materiales duraderos, que use energía solar o eólica, pozos de agua, que aproveche el agua de la lluvia y vivir así con lo mínimo. Nada de esa cultura de comprar en el centro comercial o por internet para tirarlo todo al poco tiempo o que se rompa y volver a la misma rueda una y otra vez a costa de la tarjeta de crédito.

Linda encontró primero un terreno muy barato en el árido suelo de Arizona. Lo allanó y trató de construir una casa. "Pero aquellas tierras eran demasiado cálidas", dice Bruder, "fue demasiado para ella, así que las donó a una organización, Home in Wheels Alliance, que ayuda a las personas nómadas y los trabajadores itinerantes. Después de eso, Linda se mudó cerca de Taos, un pueblo de unos 5.000 habitantes en el Estado de Nuevo México. Allí planea construir sus proyectos de vida sostenible y sencilla junto a otros cuatro amigos que encontró en la carretera: Gary, LaVonne y una pareja que vivía en un autobús escolar". Todos ellos tienen más de 70 años. Será la Ítaca que dé el carpetazo final a tantos años en la carretera.

Washington

12/10/2020 07:58

Por manuel ruiz rico

@ManuelRuizRico

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Salario Cero: El "valor" del Salario mínimo, Bono Alimentación y Pensión es esquivalente a 0.88$ mensuales

29 de septiembre de 2020.- El salario mínimo en Venezuela, establecido en Bs 400.000 llega al valor de cero literalmente. El equivalente de esta cantidad  es de 0,88 dólares mensuales, según la cotización de la moneda estadounidense para este 29 de septiembre.

Muchas han sido las voces que se levantan en contra de este duro golpe que ha recibido la clase trabajadora en Venezuela, en la que millones de empleados públicos se encuentran literalmente despedidos de manera indirecta y que se expresan en las redes sociales.

"La desaparición del salario es la destrucción del trabajo como hecho social, lo que ocasiona a la par de la miseria y el hambre, la desestructuración de la sociedad toda. Por eso en los hospitales el déficit de enfermeras, en las escuelas y liceos el déficit de docentes y así en cada institución se puede notar las consecuencias del despido indirecto y masivo de los trabajadores de la administración pública nacional", así lo manifiesta Zuleika Matamoros en su cuenta twitter. Matamoros es integrante de la organización política Marea Socialista quienes an introducido un recurso de amparo ante el TSJ exigiendo el cumplimiento del Art. 91 de la Constitución de la  República Bolivarina de Venezuela.

Artículo 91 "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".

Así, los bonos de alimentación y el "valor" de la pensión es de esta suma que no cubre tan siquiera 1Kg de harina de maiz. Lo que ha traido como consecuencia el exponencial empobrecimiento de la población. Ante el silencio de las centrales obreras, las redes sociales han servido de medios de difusión del descontento ante tal situación.

"Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano en 1 mes,si la gente, el pueblo se queja o protesta salen los ultra borregos a decir que: 1.-  Esos son escuálidos 2.-  Es que estamos bloqueados 3.-  Están dividiendo 4.-  No dicen nada. ¡Bueno todos a luchar por nuestro salario!" Así lo expresó Jesús Superlano quien se indentifica en la red social twitter como Diputado del estado Lara, revolucionario, contra el reformismo y la burguesía revolucionaria.

"Todo trabajador merece una justa remuneración para poder cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar, y eso lo dice la Constitución en su Art.91, el salario debe cubrir la Canasta Básica Familiar"  Expresó Whirmelis Villalobos quien es periodista egresada de la LUZ

Solo basta revisar un poco el twitter para enterarse de la opinión de trabajadores que se an visto en la obligación de emigrar hacia otras actividades económicas de la mermada economía informal para poder darle alimento a sus familias.

Mientras el valor del salario mínimo en Venezuela es de 0,88 dólares para este 29 de septiembre. El valor de la Canasta Alimentaria para el mes de agosto, según CENDA es equivalente a 177 dólares. Mientras que CENDAS FVM ubica la Canasta Alimentaria para el mismo periodo en 270$. El valor de la Canasta Básica se calcula al doble del valor de la Canasta Alimentaria.


Ya como todos sabemos 1$ vale más q todo el salario d un venezolano un 1 mes, si la gente, el pueblo se queja, o protesta salen ls ultra borregos a decir que:

1 Esos son escuálido

2 Es que estamos bloqueados

3 Están dividiendo

4 No dicen nada

Bueno todos a luchar por nuestro salario

Por: Aporrea | Martes, 29/09/2020 09:25 AM

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Ecuador recortará 4 mil mdd al gasto fiscal por la pandemia del Covid-19

Quito. Ecuador, en crisis económica por la pandemia de coronavirus, recortará 4 mil millones de dólares en el gasto fiscal mediante la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos, la eliminación de ministerios, entidades estatales, embajadas y consulados, pero ofrecerá mil millones de dólares para la reactivación privada, anunció ayer el presidente Lenín Moreno.

Agregó que son medidas "para evitar el derrumbe de la economía nacional... el país jamás ha enfrentado una situación tan grave: Ecuador dejará de recibir 8 mil millones de dólares por los estragos de la emergencia, además de los 4 mil millones de déficit del presupuesto general del Estado".

Destacó que sumadas todas las guerras y desastres naturales que ha sufrido el país en toda su historia "nunca llegaríamos a las pérdidas humanas y económicas que hoy vivimos".

Con estas medidas la masa salarial bajará 980 millones de dólares y los bienes y servicios otros 400 millones. Los empleados públicos trabajarán seis horas diarias en lugar de ocho y recibirán un pago por la jornada reducida. Médicos, militares y policías seguirán trabajando ocho horas y en el sector educativo se laborará siete horas.

Moreno explicó que desde que empezó la crisis sanitaria, 150 mil personas han perdido su empleo. Al detallar su plan mencionó que desaparecerán o se fusionarán 10 ministerios, siete empresas públicas, como ferrocarriles, medios de comunicación y correos, y algunas embajadas. Las entidades que no cierran deberán reducir su presupuesto entre 10 y 15 por ciento.

En el caso de la aerolínea Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, Moreno indicó que entrará en proceso de liquidación.

Durante la gestión de Moreno, que comenzó en 2017 y concluye en 2021, más de 40 ministerios e instituciones públicas han sido eliminadas. El mandatario, quien se desempeñó como vicepresidente del pasado gobierno, ha desarticulado los principales programas sociales creados por su antecesor Rafael Correa.

La difícil situación económica de Ecuador, por el alto endeudamiento de 65 mil millones de dólares (con un PIB de 110 mil millones de dólares) y su dependencia del petróleo como principal producto de exportación en un contexto de caída de precios, se agravó con la pandemia del coronavirus.

El ministro de Finanzas, Richard Martínez, aseguró que las decisiones adoptadas por el gobierno tienen "un claro enfoque de sacrificio y esfuerzo en el sector público... estamos actuando con la mayor responsabilidad posible y protegiendo a sectores prioritarios como salud y seguridad".

Moreno ofreció más de mil millones de dólares para el sector privado con el fin de reactivar la economía y dispuso una reducción en el precio de la gasolina de 1.85 1.75 dólares el galón.

Ante este panorama, el lunes se reportaron protestas de miles de trabajadores de diversos sectores sociales en Quito, Guayaquil y Cuenca, contra la nueva Ley Humanitaria, que flexibiliza el régimen laboral, ya que favorece a los patrones, pues podrán descontar hasta 45 por ciento del salario a sus empleados, denunció Mesías Tatamuez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador.

Por otra parte, Guayaquil, epicentro de la pandemia en el país, entrará hoy en una nueva fase que le permitirá relajar las medidas de confinamiento, anunció la alcaldesa Cynthia Viteri

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Tensión en Haití por un enfrentamiento entre policías y militares que dejó al menos dos muertos

Un grupo de oficiales ataca un cuartel en exigencia de mejores condiciones laborales y las autoridades hablan de “una situación de guerra

La tensión vuelve a reinar en Haití tras un enfrentamiento el domingo entre policías y militares después de que un grupo de oficiales de la policía local intentara asaltar un cuartel del Ejército en el centro de Puerto Príncipe, cerca del Palacio de la Presidencia, en demanda de mejoras laborales. El tiroteo entre las dos fuerzas de seguridad ha dejado al menos dos muertos y una docena de heridos. La tensión se mantiene el lunes en la capital, con barricadas levantadas en las principales arterias y la actividad comercial paralizada, por lo que el Gobierno calificó los hechos como “una situación de guerra” y decidió suspender el carnaval local, cuyo inicio estaba previsto para el martes, “para evitar un baño de sangre”. El Ejecutivo que encabeza el polémico presidente Jovenel Moïse acusó a los oficiales rebeldes de rechazar el diálogo para encontrar una solución a la crisis.

“Estamos bajo asalto. Estamos bajo fuego de todo tipo de armas, rifles automáticos, cócteles molotov, gases lacrimógenos. Debido a que somos atacados, ha habido respuesta”, justificó Jodel Lessage, general de las Fuerzas Armadas, en declaraciones difundidas por France Presse. El cuartel atacado está cerca de la céntrica Place du Champs de Mars, localizada a pocos metros del Palacio Nacional. “A pesar de los ataques, las autoridades militares mantuvieron una postura defensiva para evitar un baño de sangre”, agregó el Ministerio de Defensa en un comunicado. La tarde del domingo también fue atacada la sede de Radio Television Caraibes, en lo que el Ejecutivo ha tildado de ataques “contrarios a los ideales democráticos”.

Los policías han encabezado varias protestas desde inicio del año en exigencia de mejoras laborales y la creación de un sindicato para garantizar sus derechos frente a la jerarquía policial. Hasta ahora el Gobierno no ha hecho caso a estas demandas, lo que ha llevado a los oficiales a tomar medidas drásticas, como quemar los escenarios en los que se realizaría el carnaval. El sábado Moïse anunció una serie de medidas para evitar una escalada de la crisis, que incluían nuevos beneficios como préstamos hipotecarios a tasas bajas, seguros de vida y la creación de un fondo para beneficiar a las familias de policías muertos en el ejercicio de sus funciones, informó la prensa local. Los policías, sin embargo, consideraron estas medidas insuficientes y convocaron a una protesta que terminó el domingo con el ataque al cuartel del Ejército.

El Gobierno de Moïse estalló en cólera. “¿Por qué rechazar el diálogo y la mano tendida para resolver los problemas difíciles que enfrenta la patria, preferir el camino de la anarquía y ofrecer a la población más dolor y lágrimas que tal situación no dejará de causar?”, afirmó en un comunicado difundido por EFE. La Policía de Haití cuenta con al menos 15.000 oficiales, frente a los 500 soldados del Ejército formado en 2017, después de que el expresidente Jean-Bertrand Aristide decidiera disolver las Fuerzas Armadas en 1995, aduciendo que estas organizaban golpes de Estado, controlaban el 40% del miserable presupuesto del país y violentaban los derechos humanos.

Haití es un país en perpetua crisis. Desde el terremoto que devastó a la nación caribeña hace 10 años y dejó 300.000 muertos, la economía del país es de miseria, con 3,6 millones de personas de sus 11.000.000 de habitantes viviendo en situación de emergencia alimentaria, ha afirmado a EFE Dominique Burgeon, director de Emergencia y Resiliencia de la FAO. "Esto significa que el 40% de los haitianos necesitarán asistencia", ha dicho. A esto se unen tragedias como el incendio ocurrido el pasado 14 de febrero en un orfanato en Kenscoff, al sur de la capital, que dejó 15 niños muertos. El año pasado estallaron nuevas propuestas contra el Gobierno, que fue señalado de corrupción. Los haitianos han demostrado su hartazgo ante la incapacidad de su mandatario de atajar la fuerte crisis económica, crear empleos y mejores condiciones de vida. Las protestas, reprimidas con violencia, dejaron al menos 77 muertos y decenas de heridos, según estadísticas de Naciones Unidas. Acorralado por el descontento social, el mandatario ha sido incapaz de nombrar un primer ministro y las elecciones legislativas previstas para octubre no se han podido celebrar debido a la inestabilidad política. La semana pasada la ONU instó al Gobierno y la oposición a resolver este callejón sin aparente salida y evitar un mayor deterioro político en el país caribeño.

México 24 FEB 2020 - 22:05 COT

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Empleados en una oficina bancaria. E.P.

Un estudio sobre el "estado del poder" analiza la naturaleza cambiante de las corporaciones y pregunta cómo se podría enfrentar mejor su poder y construir alternativas.

Con el fin de minimizar su responsabilidad, 50 de las empresas con más ganancias en el mundo emplean únicamente a un 6% de los trabajadores de forma directa. A estas conclusiones ha llegado el informe State Of Power 2020, elaborado por The Transnational Institute (TNI). El estudio analiza cómo las corporaciones dominan la economía, distorsionan la política y remodelan la sociedad.

En esta línea, la investigación hace hincapié en cómo las empresas se han ayudado entre sí para construir una estructura legal internacional que actúe en su beneficio. Así, los estados han firmado 2.658 acuerdos de inversión internacional para proteger a las grandes empresas y estas han utilizado los derechos adquiridos mediante estos acuerdos para demandar a los estados hasta 942 veces.

En los diferentes ensayos se analizan también los cambios que se han dado en las grandes corporaciones. Por ejemplo, uno de los textos analiza cómo se han incorporado a los planes de empresa los compromisos de responsabilidad corporativa, en la línea de la sostenibilidad y de lo social. Ante este supuesto, el profesor Joe Bakan sostiene que la "nueva corporación" es "probablemente aún más peligrosa" que su predecesora.

El informe también analiza cómo las grandes empresas convierten los datos en capital. Dada esta situación, las autoras Anita Gurumurthy y Nandini Chami inciden en la necesidad de que los movimientos sociales comprendan el poder de "los datos en red" para cambiar de marcha en sus luchas. Además, siete de las empresas más valiosas del mundo son corporaciones tecnológicas y algunas de ellas son más grandes que algunos estados en lo que a términos económicos se refiere. 

Sobre la localización de estas, tradicionalmente ubicadas en Estados Unidos y Europa y la situación en cambio actual con el crecimiento del mercado chino, también habla el estudio. En concreto, el informe trata de explicar en qué se diferencia una transnacional china de una occidental y cuáles son las implicaciones para los movimientos a los que afectan sus movimientos.

Por último, el informe se detiene a analizar en qué manos se encuentran estas empresas y concluye en que las firmas privadas son propiedad de una pequeña élite de bancos e inversores: 147 compañías controlan el 40% del negocio global.

madrid

27/01/2020 17:57

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