Manifestantes en Hong Kong

Durante estos días se han juntado demasiados asuntos en un triángulo formado por China, Hong Kong y Estados Unidos. A la guerra arancelaria le ha salido una derivada en forma de guerra de divisas, todo esto mientras en Hong Kong se suceden unas protestas multitudinarias que reclaman no caer en la espiral hacia la autocracia que buscan en Pekín. Las dos primeras a menudo se leen como una cuestión económica; la segunda, como un asunto de libertades civiles. Sin embargo, todas ellas están relacionadas y tienen un nexo común: la geopolítica. Pero vayamos por partes.

Cuando Trump se lanzó a la carrera por la Casa Blanca hace prácticamente cuatro años, una de sus fijaciones durante la campaña fue China. Se aprovechaba comercialmente de Estados Unidos, no respetaba la propiedad intelectual, manipulaba la moneda y otro sinfín de ventajas que, más allá del histrionismo trumpiano, eran ciertas. Por ello se propuso revertir todo eso si alcanzaba a la presidencia. Y lo hizo. Uno de sus objetivos ha sido renegociar todos los acuerdos comerciales posibles en favor de Estados Unidos, y China no ha sido una excepción. Como Pekín se ha resistido a esta solución, el presidente simplemente optó por algo que a un hombre de negocios como él se le da bien hacer: apretar a su oponente. Lanzó así a lo largo de 2018 una batería de aranceles sobre casi cualquier producto chino que Estados Unidos importe, algo que no ha hecho sino escalar desde entonces, alternando réplicas chinas y contrarréplicas norteamericanas.

En paralelo a este pulso comercial han surgido protestas en Hong Kong por la polémica ley de extradición a China, que acabó siendo retirada por el enorme rechazo social que generó. Sin embargo, más allá de esta cuestión de derechos políticos, Hong Kong y sus avatares internos son una pieza fundamental en estas dinámicas entre Estados Unidos y China. La pugna política se fundamenta en que los sectores prochinos quieren ir asimilando el sistema hongkonés, que hoy día goza de gran autonomía y bastantes libertades impensables en China, precisamente a ese sistema que impera en la potencia asiática. Por el contrario, la parte más liberal de la sociedad quiere mantenerse en la situación de autonomía actual o bien avanzar hacia la independencia para alejarse todo lo posible de China. Sin embargo, esta situación favorece a la larga a Pekín, ya que el acuerdo de autonomía de Hong Kong entró en vigor cuando este territorio pasó de ser una colonia británica a manos chinas en 1997, y donde se estipulaba que esta autonomía se mantendría durante 50 años –hasta 2047–. Por tanto, ese año China podrá simplemente asimilar de forma total el territorio.

En el contexto de la guerra comercial la importancia de este territorio no es menor: Hong Kong recibe un trato especial en términos comerciales por parte de Estados Unidos gracias a una ley de 1992, la Hong Kong Policy Act. Esta ley se fundamenta en la autonomía del territorio y, a cambio de que se sigan garantizando los buenos niveles de libertad política y económica que existen allí, Estados Unidos se compromete a tratar a Hong Kong como si fuese un país distinto de China en el aspecto comercial. Y de esta situación se beneficia también la República Popular, y mucho. Hong Kong es el segundo destino de las exportaciones chinas tras Estados Unidos, y es que las compañías chinas utilizan este enclave como intermediario para vender su mercancía a otras multinacionales radicadas en el territorio autónomo, que a su vez lo usan para penetrar en la China continental. El gran problema para Pekín de la guerra comercial es que Estados Unidos grava cualquier importación procedente de China. Pero gracias a Hong Kong, los productos chinos pueden esquivar, al menos parcialmente, esos aranceles y así mitigar su impacto gracias a un sistema llamado first-sale rule.

Hasta aquí el panorama no parece excesivamente perjudicial para China. Sin embargo, desde mediados de junio –al poco de empezar las protestas en Hong Kong–, demócratas y republicanos han impulsado en el Congreso estadounidense una nueva ley –aún no aprobada– llamada The Hong Kong Human Rights and Democracy Act para exigir que se identifique a aquellas personas que han cometido violaciones de derechos humanos en la autonomía para poder sancionarlas, así como para crear un procedimiento por el cual, de manera anual, Estados Unidos avale mantener el acuerdo de 1992 vigente teniendo en cuenta que el nivel de autonomía en el territorio hongkonés no se ha visto mermado. Si no, Washington se reserva el derecho de revocar esa prerrogativa comercial y equiparar a nivel comercial la China continental y Hong Kong. En ese supuesto, China perdería una de sus grandes cartas para esquivar los aranceles estadounidenses. Sin embargo, si Estados Unidos llevase a cabo este movimiento, China asumiría muchos menos costes acelerando la asimilación total de Hong Kong. Por el contrario, en Pekín saben que deben ser cuidadosos con no excederse atrayendo al régimen autónomo para no activar la cláusula de Estados Unidos y perder así su gran baza, al mismo tiempo que tiene que evitar que en la excolonia británica prospere un movimiento independentista que pueda hacer que Hong Kong se le acabe escapando de las manos.

En este sentido, China, a pesar de tener la carta hongkonesa, está en clara desventaja en su guerra comercial con Estados Unidos por el hecho de que su balanza comercial con el país norteamericano es enormemente asimétrica: la potencia asiática exporta mucho más a EEUU que al contrario, por lo que está mucho más expuesta a los aranceles que su rival. Así, en vez de seguir escalando en un pulso que tiene perdido, ha optado por llevarse la batalla a otro terreno en el que juega con algo más de ventaja: las divisas.

Para que nos entendamos, el Banco Central Chino tiene bastante más poder de control sobre el tipo de cambio del yuan –la moneda china– que el que tiene la Reserva Federal con el dólar. El primero no flota libremente –su tipo de cambio no viene determinado por la oferta y la demanda del mercado de divisas–, mientras que el segundo sí. Y esa diferencia hace que China pueda devaluar su moneda para ganar cierta competitividad comercial por una vía en la que Estados Unidos no dispone de tal herramienta. Además, esta devaluación supone un reto a Trump de primer nivel: el mandatario había acusado a China de que manipula su moneda para ganar competitividad comercial de forma injusta –porque es cierto–, pero esta jugada de China supone aceptar el órdago de Trump e ir a hacer daño en una herida que, quizás, en la Casa Blanca no se esperaban que Pekín podía atreverse a hacer.

La gran esperanza de China para acabar con este conflicto comercial es que Trump pierda las presidenciales de noviembre de 2020. Hasta el momento, todas las rondas de negociación que se han sucedido entre ambos han sido infructuosas. Es una jugada arriesgada, porque las encuestas no aseguran una derrota del actual presidente y el panorama de candidatos demócratas tampoco apunta a que vayan a presentar una figura de carisma arrollador y visión privilegiada. Por tanto, en este lapso de tiempo hasta los comicios –y quién sabe si con una prórroga de cuatro años más gracias a un nuevo mandato del neoyorquino–, China parece que solo tiene dos opciones: o capitular ante Estados Unidos o continuar la escalada hacia un límite que nadie sabe dónde está.

Por Fernando Arancón - El Orden Mundial

06/08/2019 - 21:13h

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Lunes, 24 Junio 2019 06:41

Cuba: Los conceptos y los hechos

Cuba: Los conceptos y los hechos

 

“Los hechos no pueden ser destruidos por los conceptos”, afirmaba Boileau, poeta y crítico literario francés que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Le asistía toda la razón; sin embargo, su comentario puede ser glosado con esta observación: los conceptos sí pueden encubrir, al menos por un tiempo, a los hechos.

El caso del profesor René Fidel González García es una demostración evidente de ocultación, tras el flamante concepto de Estado Socialista de Derecho acabado de aprobar a inicios de año en la nueva Constitución, de una cadena de violaciones conscientes y sistemáticas no solo de la legislación cubana, sino también de convenios sindicales internacionales.

Si se hubiera declarado en huelga de hambre, o se hubiera instalado frente al Consejo de Estado u otra instancia con un cartel que denunciara los atropellos cometidos contra su persona, ya sería tendencia en las redes sociales y quizás se hubieran dignado a atenderlo. Pero este doctor en Ciencias del Derecho, comunista por convicción, ha tenido la paciencia de recurrir a los “canales correspondientes”. Aún espera.

Sus demandas de justicia han llegado al Ministerio de Educación Superior, a la Fiscalía General de la República y a la oficina del Presidente Miguel Díaz- Canel. No obstante, todos los plazos que la Constitución establece para que reciba respuesta se han extinguido.

Quien piense que esto se trata de un asunto relativo al ámbito del derecho laboral es muy ingenuo. La sanción aplicada a René Fidel González García, profesor titular hasta hace tres años de la Universidad de Oriente, le impide trabajar en cualquier otro centro de enseñanza superior de su país, de ese modo lo imposibilitan para ejercer influencia directa sobre la educación de los jóvenes que se forman como futuros juristas en Cuba. ¿Qué delito cometió para recibir tan enorme castigo?

La explicación es sencilla. Decía un profesor latinoamericano de antes de la reforma universitaria: “Nuestra misión no consiste en ayudar a los estudiantes a pensar por sí mismos… Nuestro deber es hacer de modo que piensen como nosotros, o a lo menos como nosotros creemos útil decir que pensamos”. Pues bien, la terrible transgresión cometida por René Fidel González García fue desmarcarse totalmente de una postura como esa e intentar preparar a sus estudiantes con un pensamiento crítico, con un sentido de responsabilidad como ciudadanos y como profesionales del Derecho.

Y lo peor, trató de ser ejemplo de lo que preconizaba. Por ello también publicó artículos en sitios de la blogosfera como este propio blog de La Joven Cuba, sus trabajos defendían una opción marxista de gobierno para Cuba, pero resultaban incómodos para la burocracia política.

La pérdida de prestigio que le atribuyen como pretexto para retirarle su categoría docente y aislarlo de la enseñanza superior es un torpe recurso, negado por las declaraciones de sus antiguos alumnos que han reclamado el regreso del maestro y amigo a la docencia. ¿Ante quién perdió prestigio realmente René Fidel González García? Responder esa pregunta es crucial para entender que aquí de lo que se trata es de un ejemplo clarísimo de discriminación laboral por las ideas políticas del sancionado.

Cuando se debatía el proyecto de constitución publiqué el post Disonancia, en el que manifestaba mi preocupación porque, aun cuando el artículo 1 del proyecto reconocía: “Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”; se apreciaba que en el artículo 40, entre los derechos, libertades y oportunidades que recibían la protección de las autoridades y que no podían ser objeto de discriminación se habían omitido las creencias políticas.

Allí advertía: “Esta incongruencia no puede ser justificada por ningún argumento. Todas las ideologías deben tener igual protección ante la ley, más si el propio artículo 1 reconoce su disfrute como uno de los objetivos de la República”. El modo en que nuestra burocracia resolvió la susodicha incoherencia puede pasar al libro de Récords Guinness de la desvergüenza. Simplemente omitieron una palabrita, una simple palabrita del artículo 1. Donde antes se decía libertad política, quedó escrito así en el documento definitivo de la Constitución: “para el disfrute de la libertad, la equidad, la igualdad, la solidaridad, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva”.

Saber qué entiende la burocracia por libertad a secas es más de lo que puedo discernir. Lo cierto es que el cambio de redacción parece haberle dado ínfulas para ejercer la discriminación sin ningún tipo de límites. Una de las muchas definiciones de discriminación la considera como: “toda aquella acción u omisión realizada por personas, grupos o instituciones, que produce y reproduce desigualdades en el acceso a recursos y oportunidades —como la salud, la alimentación, la educación o el empleo— en favor o en contra de un grupo social y sus miembros, con base en la pertenencia a una determinada categoría social en lugar de las cualidades o méritos individuales”.

En filosofía moral se define la discriminación como un trato o consideración »desventajosa”. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada. Simplemente tiene que ser tratada peor que otros por razones arbitrarias. Y arbitrariedad discriminatoria es algo que abunda en el tratamiento que se le ha dado a René Fidel González García.

Estas arbitrariedades desconocen el Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, o convenio n.º 111, uno de los ocho acuerdos fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los Estados partes del convenio se comprometen a promover una legislación que prohíba todo tipo de discriminación y exclusión en cualquier forma, incluyendo “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Cuba es miembro de la Federación Sindical Mundial (FSM), que a su vez es fundadora de la OIT. La oficina regional de la FSM para América Latina se encuentra precisamente en La Habana. Debieran tomar nota los directivos de esa organización acerca del modo en que en este país se discrimina a las personas y se les separa de sus empleos por sus opiniones políticas, incluso cuando estas opiniones sean ideológicamente marxistas y comunistas.

Es posible que muchos de los altos dirigentes que no se han molestado en responder las peticiones de justicia de René Fidel González García piensen que con su actitud están prestando un servicio a la defensa de la Patria. Al parecer siguen a Maquiavelo, que retomaba el concepto planteado por Tito Livio en sus discursos, cuando señalaba: “la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera estará defendida”.

Yo les aseguro que no es así, si la Patria se defiende con ignominia se la ofende. Todos los que no responden a René Fidel González García están ofendiendo a Cuba. Y son muchos los que esperamos respuesta junto a él. Los conceptos ya no pueden encubrir los hechos

 

Por Alina Bárbara López Hernández

(Matanzas, 1965). Doctora en Ciencias Filosóficas. Profesora, ensayista y editora. Trabaja actualmente en Ediciones Matanzas. Es autora de textos sobre el pensamiento político y cultural republicano. Sus artículos y ensayos han sido publicados en revistas especializadas, como Temas, Islas, Matanzas, Calibán, Perfiles de la Cultura y Debates Americanos, entre otras. Ganó el concurso de ensayos de la revista Temas en el año 2007 en la modalidad de ciencias sociales con “Crónica de un fracaso anunciado. Los intelectuales de la República y el socialismo soviético”, y el Concurso Nacional de Ensayos Juan Marinello in Memoriam, 2008. Obtuvo mención del concurso de ensayos de Temas en 2012 por: “Con cristales de larga duración: una mirada a la política cultural comunista anterior a 1959”

Fuente:

https://jovencuba.com/2019/06/14/conceptos-y-hechos

16/06/2019

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Sanciones punitivas contra el pueblo de Venezuela

Los medios televisivos del mundo transmiten el mensaje de que el gobierno de Nicolás Maduro ha provocado una crisis humanitaria. La narrativa es que la mala gestión de la economía que acompaña cualquier proyecto socialista conduce al caos. En muy pocas ocasiones se habla de la historia del régimen que comenzó con Hugo Chávez y de la larga lista de intentos para sabotearlo y derribarlo, comenzando con el frustrado golpe militar de 2002, apoyado por el gobierno estadunidense, como revelan muchos estudios bien documentados.

Venezuela tiene hoy las reservas probadas de petróleo más importantes del planeta: más de 300 mil millones de barriles. Es un crudo pesado, caro de extraer y refinar, pero Estados Unidos no le quita la vista de encima a este recurso. Las exportaciones de crudo generan 98 por ciento de las divisas extranjeras utilizadas por esa economía.

Durante años a nadie pareció preocuparle cuál era el destino de la renta petrolera en Venezuela. El monto del gasto social como proporción del PIB promedió 8 por ciento entre 1990-1998. Cuando accedió Chávez al poder, en 1998, el gasto social se incrementó hasta alcanzar 14.7 por ciento del PIB en 2005. Para entonces todas las alarmas en Washington se habían activado. Desde el principio Chávez fue visto como un enemigo peligroso, en especial porque tuvo apoyo popular masivo.

En 2017 el gobierno de Washington impuso una primera serie de sanciones económicas contra Venezuela. El componente más importante consistía en la prohibición de realizar operaciones financieras en el mercado estadunidense. Como resultado, Venezuela no podía emitir bonos en ese mercado y no podía restructurar su deuda externa. La deuda de la empresa estatal petrolera PDVSA estaba siendo renegociada, pero la restructuración se interrumpió. La empresa venezolana Citgo, con más de 5 mil gasolineras en Estados Unidos, fue impedida de remitir sus ganancias a Venezuela. Se cerraron cuentas de instituciones venezolanas en bancos y entidades financieras estadunidenses, y se terminaron las líneas de crédito. La falta de crédito frenó las operaciones de mantenimiento, compra de refacciones e inversiones que se necesitan para mantener la producción. Estas medidas y sus efectos pasaron casi desapercibidas por el gran público, lo que permite transmitir ahora la impresión de que fue la mala gestión económica del gobierno lo que provocó la crisis. En especial, la caída del flujo de divisas impactó la capacidad de comprar medicinas y alimentos, lo que trajo aparejado un fuerte aumento de la inflación.

El castigo más brutal vino en enero de 2019, cuando Washington cerró a Caracas su mercado más importante de petróleo. Estados Unidos compró un promedio de 586 mil barriles de crudo diariamente en 2018, pero para el 15 de marzo de este año esa cifra se redujo a cero. Y Washington presionó a otros países y empresas para que cancelaran sus operaciones con Venezuela o se hicieran acreedores a sanciones adicionales.

En Venezuela la producción de crudo se colapsó, porque no se puede comercializar el producto y porque ese país carece de instalaciones para almacenar este gigantesco inventario. Pero tanto CNN y MSNBC, como el New York Times y el Washington Post, insisten en que la caída de la producción de crudo revela la incompetencia de Maduro y su gobierno.

Debido a las sanciones de enero de 2019 los activos de PDVSA en Estados Unidos fueron incautados. Con el reconocimiento del señor Juan Guaidó como presidente interino, Washington intensificó la presión y tomó el control de los recursos de Citgo en Estados Unidos. Otras ramificaciones incluyen el embargo de recursos venezolanos por el gobierno de Reino Unido y la suspensión de la cuenta de derechos especiales de giro de Caracas por el Fondo Monetario Internacional.

La falta de divisas impide comprar medicinas y muchos artículos de primera necesidad. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), administrada por tres universidades venezolanas, revela que entre 2017 y 2018 hubo un incremento de 31 por ciento en la tasas de mortalidad general. Este es el resultado directo de la guerra económica contra Venezuela.

Una pregunta clave: ¿son legales las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Venezuela? La respuesta es negativa. La Carta de la Organización de Estados Americanos prohíbe en sus artículos 19 y 20 la interferencia en los asuntos internos de otro país y la imposición de medidas coercitivas. Las sanciones son también ilegales desde otro punto de vista: la Ley de Emergencias Nacionales de Estados Unidos establece que para imponer sanciones debe haber una emergencia nacional en ese país. Pero nada de lo que ha sucedido en Venezuela entraña una emergencia para Estados Unidos.

Toda guerra está basada en el engaño, dice Sun Tzu en su Arte de la guerra. El objetivo de las sanciones en contra del gobierno de Caracas no es iniciar una negociación. Lo que busca esta guerra es castigar a la población para doblegar al gobierno.

Twitter: @anadaloficial

 

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"No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios martianos" dijo Díaz Canel.

La medida del gobierno de Trump permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas tras la revolución cubana.

 

Estados Unidos endureció ayer el embargo que pesa sobre Cuba al implementar en su totalidad la ley Helms-Burton. La medida, que no se aplica desde 1996 y desde entonces es repudiada por la Unión Europea, permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la isla que fueron expropiadas luego de la revolución cubana. 

Pero la decisión de Estados Unidos de activar por primera vez en23 años el título III de la Ley Helms-Burton no puede leerse si no es a la luz de la crisis política que hoy vive Venezuela. El mismo Trump dijo el miércoles en una entrevista con Fox Business que le proponía a Cuba una nueva apertura si dejaba de ayudar al país caribeño. “A Cuba le espera un embargo muy duro si sigue apoyando a Maduro”, afirmó Trump en referencia al apoyo dirigido a Maduro mientras que Estados Unidos apoya al opositor y autoproclamado presidente Juan Guaidó.


El mandatario cubano, por su parte, ratificó ayer que el bloqueo de Estados Unidos no hará que se aparten de sus principios. “No hay fuerza, amenaza o bloqueo que pueda apartarnos de nuestros principios solidarios, internacionalistas, latinoamericanistas, bolivarianos y martianos”, afirmó Miguel Díaz Canel. Desde su cuenta en Twitter, el presidente subrayó que América Latina y el Caribe es una zona de paz, proclamación que tuvo lugar en La Habana el 29 de enero de 2014 durante la celebración de la II Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. El gobierno de Trump, en tanto, cree que en Venezuela hay cerca de 25 mil cubanos que presuntamente actúan dentro de la estructura de inteligencia y del sector del militar, algo que Cuba desmintió a la par que acusó a Washington de “mentir descaradamente”. “Mentiras y calumnias que constituyen ofensas contra el pueblo cubano, ofenden también y amenazan la soberanía de los pueblos. A esa perversa práctica acude el imperio para justificar su descalabro en Venezuela. No más mentiras y amenazas. Nuestros pueblos no se rinden”, tuitió Díaz Canel. Pero Cuba no fue el único país en repudiar la aplicación del título III de la ley Helms-Burton sino que también la Unión Europea lamentó “profundamente” la decisión de Estados Unidos.


“La entrada en vigor hoy de esa ley, que estaba suspendida desde su promulgación por el rechazo causado a nivel internacional, supone una violación de los compromisos asumidos en los acuerdos UE-EEUU de 1997 y 1998, que ambas partes han respetado sin interrupción desde entonces”, indicó la alta representante comunitaria para la Política Exterior, Federica Mogherini. La funcionara afirmó además que el nuevo movimiento de Washington originará fricciones innecesarias y debilita la confianza de la asociación transatlántica. Según afirmó Mogherini, la Unión Europea considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional, por lo que aseveró que recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton. “Seguiremos trabajando con nuestros socios internacionales, quienes también han manifestado su preocupación a este respecto”, finalizó Mogherini.


La embajadora de Cuba ante la Unión Europea, Norma Goicochea, coincidió con Mogherini. “Nosotros no tememos una fuga de inversiones. Nosotros confiamos en que la UE tomará todas las medidas para proteger a sus inversionistas (...) y prevalezca la decisión de continuar los negocios con Cuba”, aseguró Goicochea.


La entrada en vigor del título III de esta ley da luz verde a las demandas contra empresas multinacionales que operan en terrenos o inmuebles expropiados en Cuba luego de la revolución. Es por eso que desde ahora los ciudadanos estadounidenses (gran parte de origen cubano) que vieron confiscadas sus propiedades en Cuba podrán demandar en los tribunales del país norteamericano a cualquier empresa extranjera que se beneficie de ellas. Esa disposición, activada por la administración de Trump, había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados. “Nosotros esperamos que no existan afectaciones y que la decisión del empresariado de continuar las relaciones con Cuba se mantenga”, aseguró la embajadora ante la UE, que afirmó no tener cifras de las posibles empresas afectadas.


La inversión extranjera es una de las prioridades de la isla caribeña para desarrollar una economía afectada por el bloqueo de Estados Unidos. La UE fue en 2017 el primer inversor extranjero en sectores como el turismo y la construcción.


La Unión Europea, en tanto, prometió llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y recordó que cuenta con el llamado estatuto de bloqueo para esquivar la ejecución de sentencias estadounidenses y permitir a las empresas europeas resarcirse. Goicochea expresó su confianza en la eficacia de este estatuto de bloqueo, pero expresó además el interés de Cuba en cualquier instrumento que proteja las relaciones económicas, financieras y comerciales.


En 2017, la isla registró 600 millones de euros en inversión directa procedente de la UE, según la Comisión Europea. Ese mismo año, Cuba atrajo 2.000 millones de dólares, casi la mitad de lo necesario para estimular su economía.

 


 Demanda contra Carnival

Viaje a los tribunales de Miami

 

La empresa de cruceros Carnival fue la primera en ser demandada en los tribunales federales de Miami en el primer día de aplicada en su totalidad la ley Helms-Burton. Las demandas fueron interpuestas por Javier García Bengoechea, que afirma ser el legítimo propietario del puerto de Santiago de Cuba, y Mickael Behn, cuya familia originaria de Kentucky poseía la compañía Havana Docks Corporation en el puerto habanero. En una improvisada rueda de prensa a las afueras de los tribunales de Miami, ambos expusieron las razones de sus demandas acompañados de sus respectivos abogados, pero no dijeron cuánto reclaman a Carnival como compensación. Behn, por su parte, se mostró conmocionado e incluso lloró al mencionar la propiedad “robada” a su abuelo. “Somos los primeros en anunciar demandas en virtud de la ley Helms Burton contra Carnival que fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley”, declaró Behn. Portavoces de Carnaval, en tanto, se limitaron a señalar que continúan operando los cruceros a Cuba con el calendario que tienen previsto. Según John Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico EE.UU.-Cuba, las autoridades estadounidenses certificaron 5.913 casos de ciudadanos y empresas de ese país que pueden acogerse en la nueva implementación de la ley por un total de 1.900 millones de dólares, que con los intereses desde hace más de 60 años ascenderían a 8.521 millones. Pero además, afirmó Kavulich, hay otros muchos que podrían demandar incluso sin certificación.


Según afirmó hace pocos días el abogado Bengoechea, tanto su cliente como el otro demandante Behn cumplieron con una suerte de mecanismo de conciliación que ofrece el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de una carta oficial que se envía a los potenciales demandados advirtiéndoles de que tienen un plazo de 30 días para llegar a algún arreglo extrajudicial. “Todos estamos dispuestos a acordar si nos ofrecen una compensación”, subrayó el abogado Nicolás Gutiérrez. Según la ley Helms-Burton, para poder presentar una demanda la propiedad confiscada debe tener un valor igual o superior a los 50.000 dólares.

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Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

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Miércoles, 09 Enero 2019 06:02

EU castiga a los venezolanos

John Bolton, durante una comparecencia ayer en la Casa Blanca.

En línea con el afán de Estados Unidos (EU) de derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de imponer en ese país un gobierno favorable a sus intereses, el Departamento del Tesoro del país vecino anunció ayer un nuevo paquete de sanciones contra la nación sudamericana. Entre las medidas económicas hostiles destacan diversas restricciones, prohibiciones y persecuciones comerciales y financieras contra 23 empresas venezolanas y siete personas físicas.


Poco después, el gobierno de Caracas presentó un recurso ante la Organización Mundial de Comercio (OMC), y advirtió que tanto las restricciones comerciales como la prohibición de viajes a ciudadanos venezolanos incluidos en la “lista negra” de Washington son violatorias de las normas internacionales.


Más allá de tales señalamientos es claro que las represalias económicas y comerciales –que han sido por tradición uno de los instrumentos favoritos del intervencionismo estadunidense en el mundo–, suelen ser un mecanismo políticamente ineficaz, pero terriblemente lesivo para las poblaciones, las cuales acaban pagando las consecuencias en forma de penurias y caídas en sus niveles de vida y bienestar. El caso emblemático de esta consideración es el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde hace casi seis décadas: esa medida, universalmente condenada año con año en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ha impedido, en efecto, el crecimento económico de la isla y se ha traducido en un sufrimiento indecible para su población, pero no ha logrado que los cubanos depusieran su determinación de vivir en un modelo político y económico distinto al que Washington pretendía imponerles.


En la circunstancia actual de Venezuela, es evidente que las restricciones a los intercambios internacionales de dos decenas de empresas de ese país incrementarán las carencias, el desempleo y los problemas internos del país sudamericano. Y es paradójico que tales sanciones hayan sido adoptadas bajo el paraguas propagandístico e ideológico que le dio a Washington la declaración emitida el viernes anterior por el Grupo de Lima –que honrosamente la representación mexicana se abstuvo de firmar– en la que se tachó de “ilegítima” la presidencia venezolana, habida cuenta que ese cónclave dice actuar movido por el propósito de ayudar a los venezolanos a superar la crisis política y económica que padecen.
El injerencismo de los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía llegó al colmo de pedir que Maduro se abstuviera de tomar posesión mañana, cuando empieza su nuevo mandato.


Los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los ciudadanos de ese país en forma pacífica, mediante el diálogo y la negociación política. La imposición de sanciones comerciales y financieras, así como las agresiones diplomáticas de gobiernos extranjeros no sólo no contribuyen a ello, sino que dificultan el entendimiento entre los venezolanos.

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Emite la ONU-DH resolución contra el gobierno de Maduro

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó en Ginebra la primera resolución de su historia sobre Venezuela, en la que apremia al gobierno de Nicolás Maduro a aceptar ayuda humanitaria y expresa su profunda preocupación por las "graves violaciones" a los derechos humanos en el país.

La resolución fue adoptada por 23 votos en favor, siete en contra y 17 abstenciones. Cuba –junto a Venezuela– fue el único país americano que votó en contra de la resolución en el organismo intergubernamental de la ONU, integrado por 47 estados.

La resolución expresa la "más profunda preocupación" del organismo "por las graves violaciones a los derechos humanos en un contexto de crisis política, económica, social y humanitaria".

Según la ONU, 2.3 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014.

La resolución fue aprobada justo un día después de que seis países americanos (Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú) oficializaron en Nueva York una petición a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue a Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Canadá se sumó a la iniciativa, pese a que dicho tribunal fue descalificado por Estados Unidos al considerarlo "ilegítimo" y "sin autoridad".

En su resolución, el organismo llamó al gobierno de Venezuela "a aceptar asistencia humanitaria para enfrentar la escasez de alimentos, medicinas y suministros médicos, el aumento de la malnutrición, especialmente entre los niños, y el brote de enfermedades que habían sido erradicadas o controladas en Sudamérica".

La resolución fue impulsada por 11 de los países miembros del Grupo de Lima, que nació el año pasado para presionar a Maduro ante la falta de resultados en la Organización de los Estados Americanos.

Pide además a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que prepare un informe escrito sobre la situación en Venezuela para que lo presente ante el consejo en su 41 periodo de sesiones.

Al cierre de esta edición no se conocía respuesta de Venezuela al texto.

La resolución "marca un punto de inflexión para el pueblo venezolano, poniendo el foco en la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país", manifestó el director de Human Rights Watch, John Fisher, quien aseguró que permitirá "presionar" al gobierno de Maduro para que afronte "la crisis de la que es responsable".

Pese al argumento de que los patrocinadores necesitaron descafeinar la resolución para ganar mayoría en un consejo poblado por numerosas no-democracias cercanas a Caracas, el resultado es un "texto embarazoso que tapa abusos manifiestos del régimen de Maduro", manifestó Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, organismo que observa a la ONU.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dijo que Venezuela tiene un gobierno que no respeta ni la libertad ni los derechos humanos.

Maduro se reúne con Rohani y Lavrov

En ese contexto, Maduro se reunió con el presidente de Irán, Hassan Rohani, y con el canciller de Rusia, Serguei Lavrov, el pasado miércoles, al margen de la Asamblea General de la ONU.

Tanto Rusia como Irán han condenado enérgicamente las explosiones provocadas por dos drones durante un desfile militar en Caracas el 4 de agosto pasado, que Maduro asegura tenía como objetivo atentar contra su vida.

"Venezuela e Irán han sido blancos de agresiones y sanciones unilaterales por el gobierno de Estados Unidos, hecho que ambas naciones han rechazado en reiteradas oportunidades haciendo un llamado al respeto por la autodeterminación de los pueblos venezolano e iraní", señaló la cancillería del país sudamericano en un comunicado.

Ambos presidentes conversaron sobre "petróleo, geopolítica y cooperación entre ambas naciones para afianzar las alianzas estratégicas", agregó la cancillería.

Lavrov "trajo muestras de amistad y solidaridad del presidente, Vladimir Putin para afianzar los lazos y objetivos comunes de ambas naciones", tuiteó Maduro tras el encuentro.

A su vez, la embajadora estadunidense ante la ONU, Nikki Haley participó en una manifestación contra el gobierno de Maduro.

 

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Bloomberg: Acciones de ConocoPhillips pueden ser peores para Pdvsa que sanciones de EEUU

(11-05-18). La acción legal tomada por la petrolera estadounidense Conoco Phillips de tomar activos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en la isla caribeña de Bonaire y las solicitudes introducidas ante cortes para hacer lo mismo en Aruba y Curazao, pueden hacer en definitiva más daño al financiamiento del Gobierno de Venezuela que las sanciones impuestas por Estados Unidos, reseña Bloomberg.


De acuerdo con Bloomberg, las terminales petroleras de Pdvsa en el Caribe, específicamente en Bonaire, Aruba y Curazao, representan 16% de las exportaciones de crudo que envía Venezuela hacia Estados Unidos, China y la India.

De acuerdo con Francisco Monaldi, profesor en el Iesa e investigadora del Instituto Baker en Houston contactado por Bloomberg, “la situación de Conoco, como está, con Pdvsa incapacitado para usar los tanques de almacenaje en el Caribe, es pero que las sanciones de Estados Unidos”.


Agrega Monaldi que, debido a la dificultad para llenar en las islas los tanques que usa para exportar a China y la India, Pdvsa se vería obligada a enviar mayores cantidades de petróleo a refinerías estadounidenses con descuentos aún mayores.


De acuerdo con datos de Bloomberg, Venezuela exportó 1,26 millones de barriles diarios en abril de 2018, lo que representa 20% menos de lo exportado en 2017, y cedió el liderazgo en la exportación petrolera a países del hemisferio con considerable menos reservas como México y Brasil.


Las toma de los activos de Pdvsa en el Caribe por parte de Conoco forma parte de una deuda de más de 2,4 billones de dólares que debe la petrolera venezolana a la empresa estadounidense. La acción se dio luego de que la Corte Internacional de Comercio fallara en favor de Conoco y resolviera que las expropiaciones hechas por el fallecido presidente Hugo Chávez en 2007 a los activos de la transnacional en Venezuela habían sido ilegales.



Viernes, 11/05/2018 02:30 PM

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Trump y Netanyahu incendian al Medio Oriente: EU reniega el acuerdo de Obama con Irán

Como esperado, en coordinación con las mentiras de su supremo aliado Netanyahu, Trump reniega el creativo acuerdo nuclear de Obama y su secretario de Estado John Kerry respecto a Irán del P5+1: los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU (Estados Unidos (EU), Gran Bretaña (GB), Francia, China y Rusia), sumados de Alemania.

El presidente francés Macrón, después de su calurosa visita a Trump, adelantó que EU renegaría su compromiso debido a factores "domésticos" a seis meses de las cruciales elecciones intermedias.

¿Se referirá a los escándalos pornográficos y sus concomitantes líos legales en el frente interno?

Ni el experimentado ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani –encubridor artístico del montaje hollywoodense de los atentados del 11/9–, quien se sumó al desfalleciente equipo legal del presidente, no puede sofocar el incendio de su cliente y amigo.

Tampoco la visita de la canciller Ángela Merkel ni del ministro de Relaciones Exteriores de GB, el extravagante Boris Johnson, pudieron disuadir a Trump de poner en riesgo el agónico orden internacional.

Lo de menos son las falsas justificaciones basadas en mentiras de Netanyahu (https://bit.ly/2JO3CjQ) que Trump tomó al pie de la letra como pretexto y que no fueron avaladas ni por la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) ni por la Unión Europea (UE) ni por Rusia ni por China, es decir, los otros co-signatarios del acuerdo nuclear lubricado por Obama.

Desde su campaña Trump anunció que rompería el acuerdo conseguido por Obama que consideró un "desastre". Así que el montaje circense del teatral Netanyahu contra Irán ya estaba escrito en el muro.

The Guardián reveló que los "ayudantes" de Trump habían contratado a Black Cube, firma privada de espionaje de Israel, con el fin de "excavar" información que podría ser usada para desacreditar a los funcionarios de Obama quienes ayudaron a negociar el acuerdo nuclear con Irán” (https://bit.ly/2rl1f1q). ¡Clásico operativo del siniestro Mossad israelí!

Ya el ministro de Transporte y Espionaje –¡curiosa mezcla!– Israel Katz había predicho que Trump renegaría el acuerdo de Obama con Irán (https://bit.ly/2ImADXs).

Los "ayudantes" de Trump usaron las tácticas del degenerado multisexual Harvey Weinsten –el fétido cineasta israelí de Hollywood atrapado en su red de prostitución cinematográfica (https://bit.ly/2j9bf99)– para descarrilar el acuerdo nuclear con Irán, según The New Yorker (https://bit.ly/2wlqPbe).

Sobra recalcar que Obama fustigó la grave decisión de Trump cuando Irán ha cumplido a carta cabal con el acuerdo (https://bit.ly/2FW9SE4).

Más allá de las bravatas retóricas de Trump, se desprende que busca maximizar la puja para que Irán negocie sus misiles balísticos y se desvincule de sus asociados chiítas de Iraq/Siria/Líbano (donde el grupo chiíta Hezbolá obtuvo un resonante triunfo electoral)/Yemen.

Trump amenazó con el ominoso "cambio de régimen" mediante las asfixiantes sanciones económicas llevadas al "más alto nivel" cuando la teocracia chiíta persa sufre poderosos embates contra su divisa, el rial, como aduje en mis entrevistas a Telesur (https://bit.ly/2rvIU0z) e HispanTV (https://bit.ly/2rpMBFc).

Trump adelantó una semana su anuncio esperado contra Irán, para aprovecharse del "hueco cronológico" de aquí hasta el fin del mundial de futbol en Rusia (15 de julio).

El zar Vlady Putin acaba de iniciar su cuarto mandato presidencial y nombró de nuevo a Medvedev como primer ministro, del ala negociadora con Occidente, lo que delata su voluntad de buscar un arreglo.

Tampoco pasa desapercibido que en estos días el zar recibirá al primer ministro Netanyahu en el Kremlin.

En una clásica jugada de apostador de casinos, a los que es adicto Trump, después de haber exhibido su "garrote" económico contra Irán, promovió lo valioso de la "zanahoria" de su próximo acuerdo con Norcorea –que deberá tomar nota de la falta de confianza de la(s) firma(s) de EU.

Irán ganó las guerras de Irak y Siria en contra del espantapájaros de los yihadistas islámicos del Daesh, apuntalados por la dupla de EU e Israel y sus aliados en la región, lo cual obligó a Trump y Netanyahu a maximizar su puja militar.

En espera de la decisión unilateral de Trump, Irán se abstuvo de tomar represalias contra Israel que bombardeó varios de sus puestos militares en Siria y cobraron la vida de decenas de iraníes.

Después de las amenazas truculentas de Trump, que alientan a la revuelta interna en Irán y al "cambio de régimen", Israel lanzó misiles contra Damasco.

En EU, el Partido Demócrata criticó la grave decisión aventurera de Trump. Hace poco John Kerry –quien pronosticó que Trump no duraría más de dos años en el poder– visitó al canciller iraní Javad Zarif para persuadirlo de no renegar del acuerdo.

El presidente Rouhani declaró en forma sagaz que Irán no se saldría del acuerdo hasta consultar con los otros firmantes europeos y que congelaría su decisión por "unas semanas".

La UE, en su totalidad, y GB/Francia/Alemania en forma individual, han lamentado la decisión unilateral de Trump que pone en riesgo el Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares que, por cierto, Israel no firma, pese a poseer un máximo de 400 bombas atómicas clandestinas, y se da el lujo de no aceptar la inspección de la OIEA, lo cual ha respetado al pie de la letra Irán.

En medio del caos global en varios frentes, la dupla Trump/Netanyahu prácticamente aniquila lo que queda del orden internacional en vías de extinción y juega con el fuego nuclear con el fin de obtener el máximo de beneficios bajo el chantaje de la desestabilización regional al borde del precipicio.

Sea lo que fuere, Trump, azuzado por Netanyahu –quien busca una guerra de Washington contra Irán hasta el último soldado "estadunidense"–, rompe con un acuerdo avalado por los otros cuatro miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, lo cual deja a la deriva el mínimo del "fractal" que subsiste del orden internacional en medio del caos global.

Más allá del "hueco cronológico" de aquí a finales del mundial de futbol en Rusia, el incendio provocado por la dupla piromaniáca Trump/Netanyahu, si es que no consiguen en este breve lapso de dos meses el impensable colapso del "cambio de régimen" en la antigua Persia, será apagado por los bomberos de Rusia, China y de quienes, de las tres potencias europeas (GB/Francia/Alemania) deseen quitarse los grilletes del chantaje conjunto de Trump y Netanyahu.

A mi juicio será difícil doblegar a Irán que, pese a las asfixiantes sanciones desde 1979 se encuentra en el lugar 19 de la economía global, según la CIA (https://bit.ly/2woSGr3).

Más allá del alza del petróleo, en un escenario más realista de "asentamientos post-sísmicos", el peor error de Trump y Netanyahu es haber arrojado a Irán –país que nunca ha sido esclavizado, potencia gasera a carta cabal con una población juvenil muy educada y sofisticada, y ahora eslabón super-estratégico de la Ruta de la Seda china– a los brazos del RIC (Rusia,China e India).

Una realidad infranqueable es que los decadentes Trump y Netanyahu no pueden imponer solos su "nuevo orden global".

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Miércoles, 09 Mayo 2018 06:33

Cuenta regresiva

Cuenta regresiva

Donald Trump activó la cuenta regresiva de una bomba que los europeos trataron de desarmar a lo largo de los meses. Desde enero de 2018 hasta la visita oficial que realizó a Estados Unidos el presidente francés, Emmanuel Macron (finales de abril), seguida luego por la de otros responsables, los países europeos implicados en el acuerdo nuclear firmado con Irán en julio de 2015 en Viena (Francia, Gran Bretaña, Alemania junto a Estados Unidos, Rusia y China, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) buscaron por todos los medios disuadir a la administración de Donald Trump de no romper el pacto cuya negociación, bajo el mandato de Barack Obama, consumió más de dos años. La tarea resultó imposible. La doble meta que consistió en convencer a Donald Trump, a través de una serie de contrapropuestas destinadas a complementar el acuerdo de 2015 con un nuevo texto y, al mismo tiempo, no hostigar a Teherán terminó chocando con la intransigencia del presidente norteamericano.


El oráculo más acertado sobre lo que iba a suceder este 8 de mayo lo adelantó Macron al final de su visita cuando dijo que Donald Trump se retiraría del acuerdo con Irán “por razones domésticas”. Los europeos siempre refutaron el argumento simplista de la administración Trump, para la cual “el pacto se construyó a partir de un engaño” (Mike Pompeo, Secretario de Estado norteamericano). A su vez, Trump, durante su encuentro con Macron, retrató el acuerdo con la grosería que lo identifica: los calificativos fueron “ridículo, demencial y ruinoso”. Nada que ver con la posición repetida muchas veces por los europeos. Se trata, para ellos, de un pacto que implica “compromisos precisos, mecanismos de verificación y un control a largo plazo por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica”, la AIEA.


El exhibicionismo muscular de Trump pudo más que la razón. Los dirigentes del Viejo continente que patrocinaron el texto con Irán vieron cómo, poco a poco, el trumpismo iba preparando el terreno de la ruptura. Junto a Rusia y China, los otros garantes, el grupo tenía dos respaldos sólidos en la capital norteamericana: Brian Hook, un alto funcionario del Departamento de Estado, y, sobre todo, la pieza clave “razonable” que fue Rex Tillerson, el ex Secretario de Estado norteamericano. Pero Trump lo decapitó en beneficio de Mike Pompeo y, con ello, firmó con anticipación el fin de toda negociación. A finales de abril, en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas, Pompeo preparó la primera granada cuando dijo que el acuerdo contenía “demasiadas fallas”. Emmanuel Macron, la canciller alemana Angela Merkel y luego Boris Johnson, el responsable de la diplomacia de Gran Bretaña, emprendieron el camino hacia Washington para salvar el pacto. Encontraron puertas y oídos cerrados. En Europa nadie cree que Teherán esté empeñado en desarrollar en secreto un programa nuclear que, como lo reiteró la Alta Responsable de la diplomacia europea, Federica Mogherini, supondría “una ruptura con Occidente” al mismo tiempo que, en el plano interno, equivaldría a un retroceso de la postura del presidente reformista Hassan Rohani. La fase que se inicia con la decisión de Donald Trump es tan incierta como peligrosa. El pasado 5 de mayo, en una entrevista publicada por el semanario alemán Der Spiegel, Emmanuel Macron manifestó su temor de que la postura norteamericana “abra una caja de Pandora que podría conducir a una guerra”.


Washington es sólo uno de los firmantes del texto, pero su poderío mundial proyecta una sombra sobre la estabilidad regional y mundial. Donald Trump actuó como si estuviera sólo, sin el más mínimo tacto o responsabilidad hacia las otras potencias que pusieron fin a la crisis con Teherán al cabo de innumerables negociaciones. En junio de 2017, Trump procedió con el mismo método cuando decidió salir del acuerdo de París sobre el clima. Guerra contra el clima y, ahora, contra sus aliados y la región de Medio Oriente. El trumpismo abre un frente que podría tragarse todo con el desencadenamiento de una guerra entre Israel e Irán con, en el telón de fondo, Siria y el Líbano como primeras víctimas en segunda línea.


A través de Twitter, el presidente francés lamentó una decisión que, escribió, lleva a que “este en juego el régimen internacional de lucha contra la proliferación nuclear”.


¿Qué harán ahora los europeos? Todo apunta a que, tal y como apareció en filtraciones en la prensa durante las últimas semanas, el Viejo Continente cuenta con un plan B. Desde ya, salvo algún que otro siervo entre los 28 países de la Unión Europea, el núcleo fuerte no se plegará a la demencia del mandatario norteamericano. Federica Mogherini recalcó que el acuerdo de 2015 “responde a nuestro objetivo que consiste en garantizar que Irán no desarrolle armas nucleares. La Unión Europea está determinada a preservar el acuerdo”. La responsable de la diplomacia de la UE aclaró que “mientras Irán cumpla”, la Unión Europea “aplicará el acuerdo”. La amenaza mayor reside precisamente en ese “mientras Irán cumpla”.


El portazo de Donald Trump no sólo rompe un acuerdo que su propio país promovió, no solo es un escupitajo en la cara de la comunidad internacional y de los países que lo respaldaron, sino, también, representa un caluroso espaldarazo a los sectores iraníes más conservadores que siempre abogaron por no ceñirse a ningún acuerdo con Occidente. Con el objetivo de mantener el acuerdo vigente, de no aislar al presidente Hassan Rohani (foto), de contener la influencia del ala más conservadora de Teherán y de demostrar el compromiso europeo, la UE tejió, hasta lo que se conoce, un modesto plan B con dos vertientes: la primera consiste en una línea de créditos que el BEI (Banco Europeo de inversiones) le otorgaría a las empresas que mantengan negocios con Irán y que, debido a la posición de Washington, no consigan financiación en el mercado mundial. La segunda consiste en evitar que las empresas que ya firmaron acuerdos con Irán o están por hacerlo se vean sancionadas por el unilateralismo estadounidense. Cabe recordar que eso es precisamente lo que ocurrió con la llamada ley Helms-Burton adoptada en Estados Unidos en 1996 y mediante la cual se sancionaba a cualquier empresa que, sea cual fuere su origen, hiciera negocios con Cuba.


La multinacional francesa Total tiene acuerdos con Irán que rozan los 5 000 millones de dólares. Y no es la única. Siemens, Airbus y Peugeot integran la amplia lista de empresas que sellaron jugosos contratos con Irán después del acuerdo nuclear de 2015. Es altamente probable que muchos de los acuerdos en curso queden en la nada. La influencia de Estados Unidos es decisiva, a menudo más allá de lo que los lectores suponen. Un ejemplo de ello es el alucinante relato que la periodista Sylvie Kauffmann hace en el vespertino Le Monde acerca de las dificultades con las que se encontró en febrero pasado Mohammad Javad Zarif, el Ministro iraní de Relaciones Exteriores. Zarif estaba en Munich asistiendo a la conferencia anual sobre la seguridad. De allí debía desplazarse a Moscú, pero ninguna de las empresas que suministran combustible en el aeropuerto de Múnich aceptó entregarle los 17.000 litros que necesitaba el avión del canciller para llegar a la capital rusa. Tenían miedo de que Washington las castigara. Hizo falta la intervención del gobierno alemán para que la empresa Bundeswehr abasteciera el avión de Mohammad Javad Zarif. Ello despeja las incógnitas de lo que ocurrirá en el futuro. Decenas de bancos y de atemorizadas empresas seguirán la danza mortal del amo del mundo y de las guerras.


Con Trump, Estado Unidos pasó de ser la primera potencia mundial a convertirse en la primera república bananera del planeta cuyo poder tiene un alcance devastador. Trump mató el acuerdo, la endeble paz en la región e hipotecó el destino de millones de seres humanos de Medio Oriente. El colonialismo occidental sigue haciendo estragos en el siglo XXI.


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