Marco Enríquez-Ominami: “Las AFP son el cimiento de la rabia chilena”

El líder del Partido Progresista de Chile apunta contra los fondos privados de pensiones, herencia del pinochetismo

El excandidato presidencial no sólo retorna a la política, sino que está dispuesto a colaborar en una oposición tras las megalecciones de este fin de semana, donde se elegirán alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

 

“¿Y vas a ser candidato a presidente?”. Marco Enríquez-Ominami dice que se lo preguntan “todos los días y a toda hora”. Pero dice, con cautela que por ahora su tarea política es “la unidad”. Aunque por eso mismo, si después de las elecciones constituyentes de este fin de semana (donde también se elegirán alcaldes, concejales y gobernadores) se dan las condiciones, “estoy dispuesto a ponerme el overol y ser comandante de la unidad. O lo que haga falta”.

Luego de tres años retirado del debate político y público ha decidido volver, amparado por el Partido Progresista de Chile (PRO) y a nivel latinoamericano por el Grupo de Puebla, reconociendo sus heridas de guerra. “Fui el candidato de ruptura mas votado en la historia de Chile y eso me ha dejado enseñanzas que pretendo usar para no repetir la división de antes. La clave hoy es promover la máxima unidad para una fuerza tranquila de cambio”. En su primera aventura presidencial en 2009 obtuvo un notable 20% (sólo superado por el expresidente Eduardo Frei y Piñera, quien resultó electo). Luego, con casi un 11% y 5,7% su proyecto ha intentado establecerse en medio de una izquierda fragmentada y con movimientos de base universitaria como el Frente Amplio que no pueden llegar a acuerdos comunes.

Su lectura del momento político chileno es que la sociedad se cansó de la alternancia entre la derecha e izquierda que los tenían endeudados debido a una economía que supo crecer vía privatizaciones, desindustrialización y un modelo exportador agresivo. “Todo eso cumplió su ciclo. Y desde el 18 de octubre de 2019 con la revuelta y aún en medio de la pandemia, el pueblo chileno no solo ha decidido ponerse de pie, sino participar del debate económico activamente”, dice.

Actualmente se encuentra inhabilitado de votar por el Servel (Servicio Electoral Chileno) a la espera de un juicio oral en su contra acusado por fraude de subvenciones durante su campaña de 2014. La fecha curiosamente aún no está fijada, al mismo tiempo que el propio Consejo de Defensa del Estado señala su “irreprochable conducta anterior” como atenuante. Incluso el expresidente de Brasil, Lula da Silva, en una carta abierta dada a conocer a fines de abril señaló que ambos han sido “víctimas de la utilización de la justicia como arma de guerra política”.

Pero él está tranquilo. Aunque acusa manos negras proveniente de la clase gobernante (y fiscales y medios de comunicación), dice que esa misma elite política está arrinconada. “Ya no controla el debate como antes. El gobierno está desprestigiado: no logra ser ni árbitro ni protagonista, permanentemente arrastrado por fuertes mayorías sociales que imponen imponen finalmente mayorías legislativas. La oposición está dividida, incapaz de ofrecer una fuerza tranquila de cambio como alternativa”.

Proceso constituyente imperfecto, pero necesario

—¿Cómo ha afectado a tu proyecto político toda esta situación?

—Nosotros somos una fuerza de altibajos. Hemos sido tercera fuerte y primera fuerza. Y hemos sido de las más populares y más impopulares. En medio de esto hemos sido consistentes en defender desde siempre la asamblea constituyente. Por lo tanto, hoy somos parte lo que una mayoría de los chilenos que apoyan el retiro de las AFP (Administradoras de fondos de pensiones) como solución insuficiente, pero incluso mejor que la mezquindad de este gobierno con sus subsidios diminutos e hiperfocalizado. Pero también somos mayoría porque la mayor parte de Chile se ha sumado a una nueva constitución.

—Algunos sostienen que el acuerdo de noviembre de 2019 que nos lleva a la constituyente fue una salida apurada a una crisis de gobernabilidad.

—Nosotros no suscribimos ese acuerdo de paz porque nos pareció equivocado el origen que se impuso: de distritos, no de listas regionales. Y también la regla de los dos tercios, que le devuelve a la derecha oligárquica el poder de veto sobre las grandes transformaciones que se piden en Chile. Además, esta mal hecho el cronograma: vamos a elegir una constituyente y en medio de ella un nuevo poder legislativo y ejecutivo. Y vamos a tener que esperar un año más para que se confirme la Constitución vía plebiscito.

—Al final la Nueva Constitución se desarrollará entre medio de otras elecciones.

—Aun así, consistente con lo optimista de todo progresista estamos apoyando este recorrido imperfecto para que salga lo mejor posible. La clase política sigue creyendo que puede controlar el sentido común desde La Moneda o el Congreso, pero en Chile se acabó la confianza, se volvió un bien escaso, ya sea con la iglesia, policía, militares, congreso, partidos, gobiernos. Nunca había sido tan grave una crisis institucional. En la oposición estamos en deuda y tendremos que corregirlo. Creemos que este proceso constituyente es imperfecto, pero necesario

“Que el presidente se dedique a las vacunas”

—La covid-19 fue una especie de extraña pausa a la inestabilidad social que dejó al descubierto lo que estaba tras el enojo: la imposibilidad estructural del estado (y de los privados) de responder a crisis inesperadas.

—Creo que las AFP son el cimiento de la rabia chilena. Y la pandemia junto a este estado de catástrofe que conocemos hace más de un año, el más largo de la historia, ha permitido al gobierno de Piñera resistir. Un gobierno que estuvo a punto de caer. Nuestra propuesta como Progresistas es que el presidente de Chile se dedique a vacunar, que es lo único que sabe hacer más o menos bien. Porque no ha sabido proteger a su pueblo ni garantizar un mínimo estado de derecho. ¡Que se dedique a las vacunas y al día siguiente de la elección constituyente empieza un gobierno de transición democrática.

—Me llama la atención también cierta explicación de los medios e intelectuales que insisten en esa idea de los 90: que el país llegó al desarrollo gracias al consumo y que las mismas personas que hacen cola para comprar ropa en H&M después andan protestando. ¿Qué piensas de esto?

—Ese milagro chileno, autoproclamado como jaguar, animal que salta y está en extinción, iluminó a América Latina, convirtiéndonos en el mejor alumno del barrio y el peor compañero en materia económica, que arrancó a Asia para reducir la pobreza y que, efectivamente produjo altas tasas de crecimiento en los 90, sostenidas durante tres décadas por la vía de dos secretos: deuda privada y retail. Es impresionante que la deuda de los hogares es cerca del 75% según el Banco Central y la del Estado de un 40%. Es decir, hay un estado rico y un pueblo pobre. Ese es el límite que se busca poner: el absurdo de tener las finanzas de un Estado macroeconómicamente impecable y un pueblo sobreendeudado con ingresos bajos y un modelo de exportador basado en pocos productos, poca competencia y poco valor agregado que se resume en cobre, salmón, madera, vino tinto y turismo. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

14 de mayo de 2021

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Mauricio Weibel: “Los fondos privados de pensiones son el ícono del modelo económico instaurado por Pinochet"

El periodista chileno investigó los desfalcos hechos a la luz del sistema de las AFP

El autor de "La Caída de las AFP" indagó sobre los efectos de este instrumento creado por José Piñera -hermano de Sebastián Piñera- en dictadura: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. 

Una contundente derrota para el gobierno del empresario Sebastián Piñera fue el rechazo del Tribunal Constitucional a revisar el proyecto del tercer retiro del 10% de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que ya había sido aprobado por el Congreso de Chile. Esto se suma al inicio de la revisión en el Congreso de una reforma constitucional para establecer un impuesto a los “súper ricos” para establecer una renta básica de emergencia (aunque sólo por una vez).

Para un país sumergido hace meses en una crisis institucional, sanitaria y económica, que el propio presidente se haya negado al retiro del dinero que los propios ciudadanos han ido ahorrando era un error político que el fallo del TC ratificó. De hecho, desde ayer que está reunido con su comité de emergencia y donde diversas fuentes coinciden en que el gobierno está más quebrado incluso más que el 18 de octubre de 2019 cuando comenzaron las protestas masivas en lo que se conoció como el “Estallido Social” que arrojó decenas de muertos, 500 jóvenes con daño ocular producto de los disparos al rostro de carabineros y un plebiscito donde se aprobó el cambio de la Constitución.

Y tal como el TC es reconocido como uno de los enclaves autoritarios que dejó la dictadura de Pinochet y que permite “atajar” cualquier ley aprobada por el Congreso, la otra institución heredada de la Constitución de 1980 —que deberá comenzar a reescribirse tras la elección de los constituyentes este 15 y 16 de mayo— son las AFP. Un instrumento creado nada menos que por el hermano del presidente, José Piñera que permite a diversas empresas privadas invertir con el dinero depositado obligatoriamente por los trabajadores para retirar en la jubilación.

Un intrincado sistema que, en términos simples, hace a los cotizantes elegir distintos tipos de fondos de mayor o menor riesgos y las administradoras cuyos propietarios son norteamericanos (Cuprum, ProVida), italianos (Plan Vital), colombianos (Capital), chilenos (Modelo, Uno) y chileno-estadounidense (Habitat) que a su vez permiten a otras empresas o holdings “jugar” con ese dinero en el mercado. Por supuesto, los cotizantes no participan de las ganancias, pero si de las pérdidas, dando como resultado jubilaciones bajas y que no se condicen con lo ahorrado. Por cierto, Las fuerzas armadas y carabineros tienen un sistema de pensiones distinto hasta el día de hoy.

El periodista Mauricio Weibel, se sumergió en este sistema en el libro La Caída de las AFP (Aguilar) pero no tanto en su estructura sino en sus efectos: ilegalidad, dineros en paraísos fiscales y fraudes. Sus primeras páginas son reveladoras: una ex jefa de beneficios de Provida que había trabajado durante 28 años exigía recibir su pensión de invalidez. Llevaba dos años postrada, sin recibir el pago de su licencia médica y la AFP tenía la orden expresa de evitar que sus afiliados obtuvieran esa pensión, aunque el caso fuera terminal. Y por supuesto su intento, abogado mediante, fue rechazado. Un tipo de práctica totalmente normal en este sistema.

Pero eso es sólo lo más “suave” de una investigación que ordena y expone malos usos de estos fondos en personeros militares, lo normalizado de los paraísos judiciales, diversos actos de corrupción y personajes como el empresario Julio Ponce Lerou —yerno de Pinochet— ideólogo de una serie de operaciones de compraventa de acciones a través de sociedades anónimas y de inversiones cerradas, organizadas en torno a la compañía minera SQM. En este “juego” llamado “Caso Cascadas” por la estructura de la estafa, sólo la AFP principal (Habitat) perdió más de 11 millones de dólares, mientras que el resto entre 20 o 30 millones, consigna el libro. El empresario ganó nada menos que 128 millones de dólares, debiendo pagar una multa en 2020 de 3 millones de dólares, la multa más cara de la historia chilena.

La captura del estado

“Las AFP son, desde siempre el ícono del modelo económico instalado en dictadura”, señala Weibel. “Extraen y retienen los ahorros previsionales de los trabajadores, para invertirlos en instrumentos financieros, casi la mitad de ellos fuera del país. En otras palabras, miles de millones de dólares depositados en acciones o bonos de las grandes empresas, a través de operaciones que en muchas ocasiones sirvieron para socializar pérdidas de grupos económicos. ¿Cómo puede ser sensato sacar 85,000 millones de dólares de la economía para comprar títulos o monedas fuera de Chile? Si se repatriaran esos recursos, y se invirtieran en la economía real, tendríamos una sociedad con más empleo y, eventualmente, más justa”.

—Desde las primeras páginas del libro se refleja muy bien la ideología de la elite chilena que diseñó este sistema: autoritaria, tutelar y clausurada en si misma.

—En Chile y América latina, las elites han realizado largos procesos de captura del Estado, de sus recursos, de sus estructuras y de sus capacidades represivas. No es un problema sólo de Chile. O sólo de un sector ideológico. La captura del Estado, el ataque a la sociedad civil y la precarización de la democracia han ocurrido en casi todo el continente, salvo la excepción de Uruguay y Costa Rica.

—¿Qué cosas son las que más te impactaron e hicieron ruido en tu investigación?

—El robo a los inválidos y a los enfermos terminales, a quienes se negaba su pensión fraudulentamente. Creo que ese acto muestra la profunda falta de humanidad del sistema neoliberal

—La imagen exterior de Chile, pero también la que se nos impuso es la de un país serio, sin grandes corrupciones, donde la fiscalización ocurría.

—La impunidad y el abuso, por desgracia, son situaciones extendidas en nuestro continente, las que han pervivido por décadas y siglos. La justicia nunca fue un pilar de nuestro desarrollo. Eso permitió desde las desigualdades hasta las masacres.

—¿Cual es la responsabilidad de la Concertación que gobernó durante la transición a la democracia?

—La centroizquierda chilena optó por convivir con el modelo, beneficiándose privadamente de él, en desmedro de amplios sectores de trabajadores y trabajadoras. Los parlamentarios llegaron a tener dietas hasta casi 40 veces más grandes que el nivel del salario mínimo. El modelo de la dictadura se naturalizó apoyado en un modelo político excluyente, un sistema de medios con graves problemas de pluralismo y una concentración de la riqueza creciente, en medio de una cada vez mayor segregación social y territorial de las capas medias y pobres.

Weibel reconoce que la masividad y la forma autogestionada del “Estallido Social” lo sorprendieron. “Sin la revuelta, no estaríamos cambiando la Constitución y abriendo un nuevo ciclo social y político”, aunque también acepta que esta máquina de defraudar impuesta por la elite económica chilena, seguro que seguirá dándonos sorpresas en el futuro. “Ellos creen que son dueños de la vida de los demás, no sólo de su riqueza”.

Espionaje y monstruos en democracia

Weibel, que destapó también los casos de corrupción militar en el libro Traición a la Patria (2016) fue espiado junto a otros periodistas como Alejandra Matus, Pascale Bonnefoy Javier Rebolledo, quienes también han investigado las cloacas del poder. Según consignó el Centro de Investigación Periodística Ciper, la DINE (Dirección de Inteligencia del Ejército) intervino teléfonos y solicitó información personal, incluyendo además a funcionarios que supuestamente estaban prestando testimonio a los periodistas.

—¿Qué efectos tuvo profesionalmente el saber que hubo espionaje a tu trabajo en plena democracia? 

—Siempre lo sospechamos, mientras investigamos la corrupción militar. Hubo robos de equipos, amenazas a nuestras fuentes, seguimientos.

—En El Mercurio hace dos domingos apareció una carta de un contraalmirante justificando esto, ya que es para proteger la institución de sus propios funcionarios que pueden revelar información sensible.

—El trabajo de investigación periodística que hice abrió la puerta para que la Justicia investigara a 850 militares activos y en retiro, incluidos los últimos cuatro comandantes en jefe, Además permitió recuperar para el Presupuesto de la Nación unos 4,500 millones de dólares. El espionaje y las amenazas a la libertad de expresión fueron para acallar ese esfuerzo.

—¿Crees que es miedo de los militares o amedrentamiento o ambas? A mí me preocupa, considerando la persecución y violencia contra periodistas, sobre todo de medios independientes, durante el Estallido. 

—Siempre he creido que el que usa la violencia es porque es profundamente débil, porque tiene miedo. Y sí, hoy tenemos problemas muy graves en Chile con la seguridad de los periodistas.

—¿Qué simboliza este espionaje a periodistas -sé que no es solo contigo- en plena democracia? ¿Que el fantasma de la dictadura sigue materializándose?

—Como decía Gramsci, son los monstruos que emergen cuando el viejo orden cae y el nuevo aún no termina de nacer. Lo importante es que vamos a exigir verdad y justicia, además de construir memoria. La libertad de expresión esencial, pues su ejercicio permite demandar todos los demás derechos humanos.

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

29 de abril de 2021

Desde Santiago, Chile

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El presidente de Chile anuncia una reforma de las pensiones después de tres meses de estallido social

La reforma del criticado sistema de pensiones pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %

Supondrá un aumento promedio del 20% en las pensiones de los hombres y del 32% en el caso de las mujeres

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles una reforma al criticado sistema de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10 % actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3 % también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó Piñera.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Aumento del 32% en las pensiones de las mujeres

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares, 65 euros) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares, casi 82 euros), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo el mandatario.

"Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo", que es de 300.000 pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló Piñera.

El presidente ha dicho que esta reforma "representa un cambio estructural" del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para "fortalecer la competitividad de la industria", entre otras cosas.

"Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad", ha reconocido Piñera. Estos cambios propuestos por el presidente se suman a los ya aprobados el pasado diciembre para aumentar en hasta el 50 % las pensiones más bajas.

Modelo de pensiones instaurado durante la dictadura

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro individual obligatorio.

Su cambio hacia un modelo más solidario es uno de las principales demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.

Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Parece que el presidente Piñera no escuchó bien lo que está pidiendo la calle, que no quiere más el modelo de capitalización individual y quiere dar tránsito a un nuevo modelo mixto de pensiones con la seguridad social como sustento principal", ha lamentado el senador socialista Juan Pablo Letelier.

En Chile, cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados y son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

Por EFE - Santiago de Chile

16/01/2020 - 07:38h

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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Domingo, 15 Diciembre 2019 06:34

El paro se estira y llega Navidad

Una mujer camina por la estación vacía de Gare de L'Est en Paris durante el paro de transporte. Imagen: AFP

Décimo día de huelga de transportes en Francia

La perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno

Diez días de huelga de transportes en Francia y la perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno, que quiere reunirse con los sindicatos para hablar sobre su polémica reforma del sistema de pensiones.

El sábado, entre un 25 y un 30 por ciento de los trenes de alta velocidad y los regionales funcionaban en el país. En París había nueve líneas de metro cerradas, sobre un total de 16, y algo más de la mitad de los autobuses conseguían circular.

El domingo la situación se mantendrá igual y los servicios de transporte en la capital se verán "muy afectados" por este movimiento de protesta el lunes. Faltan diez días para Navidad y ni gobierno, ni sindicatos, ni ciudadanos saben hasta cuándo durará esta huelga y de qué manera podría desbloquearse la situación.

Si el movimiento continúa podría poner en peligro las vacaciones de decenas de miles de personas, ya que harán falta varios días para recuperar la normalidad en los transportes. "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. No creo que los franceses aceptarían que algunos les privaran de ese momento" dijo el primer ministro Édouard Philippe en declaraciones al periódico Le Parisien. "La mitad de los viajeros" tendrán trenes para las fiestas de fin de año, según la SNCF, la compañía nacional de trenes francesa. 

Los sindicatos rechazaron de plano esta semana la idea de una tregua de Navidad. "Si el gobierno quiere que el conflicto termine antes de las fiestas, le queda una semana para tomar la buena decisión, optar por el sentido común y retirar su reforma de las pensiones", dijo a la AFP Laurent Brun, secretario general del sindicato CGT-Ferroviarios, el sindicato más importante de la SNCF.

"Para que circulen los trenes, el gobierno tiene que enviar un mensaje positivo", corroboró Roger Dillenseger, del sindicato UNSA-Ferroviarios.

- Protestas nacionales el martes

El sábado se celebraron protestas en algunas ciudades de Francia como Estrasburgo (este), Lyon (centro-este) y Rennes (oeste) y se esperan grandes manifestaciones el martes en todo el país en las que participarán no sólo empleados del sector transportes sino funcionarios, estudiantes, personal sanitario, abogados, profesores o jueces.

El primer sindicato francés CFDT se ha unido a esta movilización, furioso por que el gobierno haya añadido a su nuevo sistema de pensiones una "edad de equilibrio" fijada en los 64 años, por debajo de la cual no se cobrará la pensión completa. La edad de 64 años es "negociable", respondió el sábado la secretaria de Estado para el ministro de Economía, Angès Pannier-Runacher.

Esta semana, el gobierno y los profesores llegaron a un acuerdo para revalorizar sus salarios, lo que costará al Estado unos 10.000 millones de euros, aunque por ahora no se dijo cuándo entrará en vigor.

Los policías también suspendieron su movimiento de protesta el viernes después de haber obtenido la garantía del gobierno de que podrán jubilarse antes, dados los riesgos que entraña su profesión. El primer ministro, Edouard Philippe, invitó además a los sindicatos a una reunión la próxima semana, aunque por ahora no se sabe si éstos respondieron afirmativamente.

Pese a mostrar que puede hacer alguna concesión, el gobierno del presidente Emmanuel Macron no va a renunciar a su reforma del sistema de pensiones que quiere unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

Desde Bruselas, el jefe de Estado consideró el viernes que esta reforma era "histórica". Los franceses están divididos sobre la reforma, según un sondeo. El 50% se dice favorable y el 49% está en contra. La jubilación es un tema sensible en Francia ya que la población defiende con uñas y dientes uno de los sistemas más generosos del mundo. 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 06:12

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Masiva protesta por la reforma de pensiones 

Sindicatos del transporte, la salud y la educación enfrentan al gobierno en la víspera del anuncio formal de la reforma. 

Las calles de Francia fueron el escenario de la segunda jornada de huelga nacional contra la reforma del sistema de pensiones. Si bien la convocatoria no alcanzó la masividad del jueves pasado , el ministerio del Interior contabilizó a alrededor de 300 mil manifestantes en todo el país. Se trató también del sexto día consecutivo con bloqueos en el transporte público y cancelaciones de vuelos en varias ciudades. Al paro de trabajadores del transporte se sumaron profesionales de la medicina y la educación. El miércoles (hoy), el Ejecutivo presentará finalmente su cuestionado proyecto de reforma de las pensiones.

Por la mañana, miles de personas concurrieron a pie o en bicicleta a sus lugares de trabajo en París, la ciudad más afectada por la huelga. El subte, los colectivos y los trenes suburbanos no funcionaron o presentaron un servicio reducido. Se formaron varios kilómetros de embotellamiento en los accesos a la capital desde primeras horas del día.

El paro de transportes afectó también a los turistas, que se vieron obligados a recorrer decenas de kilómetros a pie, alquilar bicicletas o monopatines para visitar las principales atracciones de París. Además cientos de vuelos programados fueron cancelados, y siete de las ocho refinerías del país permanecieron bloqueadas, lo que hacía temer una escasez de combustible en las próximas horas.

A la huelga de trabajadores del transporte se sumaron los gremios que agrupan a los docentes del país, lo que provocó el cierre de escuelas y guarderías. Una huelga ilimitada fue convocada por médicos y trabajadores de la salud para denunciar "recortes presupuestarios" y un "deterioro de sus condiciones laborales". Argumentan que el Ejecutivo está poniendo en peligro la atención médica pública en Francia. 

Pasado el mediodía, cientos de personas con pancartas y banderas con los colores galos empezaron a concentrarse cerca del Palacio de los Inválidos. Ese fue el punto de partida de una gran manifestación pacífica que recorrió toda la capital y terminó convocando a cientos de miles.

"¡No, no, no cederemos!", coreaba una marea de manifestantes que marchó en París, entre el ruido de silbatos, y carteles con duros mensajes contra el Ejecutivo. Los sindicatos prometen mantener su presencia en las calles hasta que el gobierno de Emmanuel Macron retire totalmente su proyecto de reforma previsional.

Del proyecto del gobierno sólo se conocen algunos puntos, ya que será presentado el miércoles por el primer ministro, Edouard Philippe. Se sabe que consistirá en la creación de un "sistema universal" de pensiones que reemplazará a los 42 regímenes actuales. Los gremios argumentan que esos regímenes permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios. 

También consideran que el actual sistema de pensiones de los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar el riesgo y el desgaste que demandan sus profesiones. Y que eso no se debería ajustar de ninguna manera.

"Espero que Macron escuche el malestar social que se manifiesta aún con mayor fuerza en estos días pero que venimos viendo desde hace meses. Que retire su proyecto y discutamos con seriedad la mejora necesaria del sistema de reformas, que es uno de los mejores del mundo", dijo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Philippe Martinez, al inicio de la manifestación.

En la víspera de que el primer ministro, Édouard Philippe, presente la totalidad de la reforma, Martinez reconoció que hay un problema de "financiación", pero reclamó que los ajustes sean "solidarios" y que se arregle creando más trabajo, elevando los montos que pagan los empresarios y subiendo los salarios. "Lo que queremos es que el gobierno retire completamente esta reforma y después hablamos", agregó el líder sindical.

Desde el Ejecutivo defienden el proyecto a ultranza. "Las manifestaciones no van a detenerse porque yo haga un discurso el miércoles. Al contrario, mi discurso suscitará nuevas preguntas. Y es normal", reconoció el primer ministro Philippe, que concentra toda la atención de Francia en las últimas horas. "Es una reforma indispensable para el país", subrayó por su parte el presidente Emmanuel Macron.

El Ejecutivo francés se encuentra en una situación delicada, frente a un contexto social muy tenso debido a las masivas movilizaciones que iniciaron hace más de un año de los chalecos amarillos . A eso se le suma el mencionado descontento de diversos gremios que engloban a trabajadores de la salud, profesores, ferroviarios, agricultores e incluso policías.

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La huelga en Francia paralizó el transporte público

Trenes, subtes, colectivos o aviones: viajar resulta una hazaña en estos días

Hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y París y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. 

 

 Francia sigue caminando sobre la cuerda de la incertidumbre y de la huelga. Desde finales de la semana pasada, la huelga lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones ha paralizado el transporte público. Los porcentajes de participación han sido y continúan siendo elevados y, hasta que el Ejecutivo no haga público el contenido completo de la reforma, la batalla social seguirá en pie y la gente caminando. Este lunes hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y la capital francesa y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. Trenes, subtes, micros o aviones, viajar resulta en estos días una hazaña.

Este martes 10 de diciembre puede ser peor. Los sindicatos (CGT y Fuerza Obrera) reactivaron para mañana una nueva huelga nacional con el objetivo de forzar al gobierno a corregir el borrador de la reforma. Siguiendo la promesa hecha durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017, el presidente Emmanuel Macron presentó las grandes líneas de una reforma que apunta a unificar los 42 regímenes jubilatorios existentes en uno solo a partir de un sistema donde el cálculo se hará mediante puntos. Como los cambios previstos afectan sobre todo a los ferroviarios, ello explica la altísima adhesión en ese sector.

París es en estos días un caos. Los turistas que llegaron la semana pasada ya tienen cierta experiencia. Los que lleguen en estos días deberán tener una paciencia de monje, piernas sólidas, abrigos para el invierno y también suerte. Encontrar una bicicleta o una trotinette (monopatín) libre es como sacarse el número de la lotería. Los parisinos ya curtidos en el uso de las dos ruedas son los más felices. En medio de un enjambre incalculable de autos y nervios son los únicos que logran llegar a destino. 

A quienes vengan por estas fechas les quedan un par de alternativas: caminar, traer una mini bicicleta plegable en el equipaje o comprar una en París. Si hay alguien que ya ganó con la huelga es la empresa Blablacar y su aplicación. Blablacar es una idea que consiste en compartir el auto entre determinados trayectos con otras personas desconocidas inscriptas a través de la aplicación. La idea ecológica se tornó en una excelente estrategia en un momento de urgencia social. Pese a las trabas y al hecho de que la huelga se instala en el periodo de las fiestas de Navidad, la opinión pública todavía respalda al movimiento. Según una encuesta publicada este fin de semana, 53% de los franceses respalda la huelga. El movimiento ingresa en su cuarto día sin que se intuya un debilitamiento o un cambio de posición, ni por parte de los sindicatos ni del gobierno. La intersindical promete que resistirán hasta que el Ejecutivo “retire el texto completo de la reforma”, según declaró este domingo el Secretario General de la CGT, Philippe Martinez. El problema, por ahora, es que el gobierno mantiene escondido el texto y recién este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, romperá el suspenso y la ambigüedad que ha acompañado desde el principio la presentación de la reforma. 

Mientras tanto, los sectores concernidos están muy movilizados, y en muchos casos hasta radicalizados. Basta con dar un par de vueltas en las terminales de los autobuses o en las estaciones de trenes de París para medir no sólo la dureza de un conflicto social sino, también, el encono del que es objeto Emmanuel Macron y la convicción de que “a este poder la única forma de derrotarlo es poniéndolo de rodillas” (Claude, sindicalista de la compañía nacional de ferrocarriles, SCNF).

La base sindical mantiene su motivación tanto como la base parlamentaria del presidente le exige que “sea claro”. La ausencia de una pedagogía transparente complicó el juego gubernamental hasta convertirlo en una encrucijada política. La reforma no apuntaba al principio a ahorrar como en años anteriores, sino a cambiar la metodología de cálculo y establecer así una suerte de equilibrio entre los regímenes existentes. 

En ese rediseño intervinieron dos factores: hay sectores (ferroviarios) que pierden privilegios adquiridos luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): con el paso de las semanas, la variable presupuestaria (menos peso de la jubilación en el PIB) se introdujo entre los intersticios de la reforma. Esa posibilidad de una pérdida de derechos global o de la necesidad de trabajar más años es la que sembró tanto la confusión como la movilización contra el proyecto. 

Mayoritariamente, la gente siente que “hay gato encerrado” en el asunto, que de una u otra forma “se perderán derechos”, es decir, dinero. Al ala liberal del gobierno ceder ante la CGT le resulta una afrenta de clase. El éxito de la huelga y simpatía que acarrea el movimiento han cambiado las normas. Los sindicatos recuperaron su poder de convocatoria luego de un largo periodo de derrotas sociales. Recién el miércoles se sabrá hasta donde puede maniobrar un gobierno asustado por la amenaza de una insurgencia social generalizada.

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Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

Publicado enColombia
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