El presidente de Chile anuncia una reforma de las pensiones después de tres meses de estallido social

La reforma del criticado sistema de pensiones pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %

Supondrá un aumento promedio del 20% en las pensiones de los hombres y del 32% en el caso de las mujeres

El presidente de Chile, el conservador Sebastián Piñera, ha anunciado este miércoles una reforma al criticado sistema de pensiones, que es privado y se basa en la capitalización individual, cuando están a punto de cumplirse tres meses del grave estallido social que vive el país austral.

La iniciativa, que se presentará esta semana al Parlamento, pretende implementar un aumento gradual del 6 % en las cotizaciones, que pasarían del 10 % actual hasta el 16 %. Un 3 % del incremento de la cotización lo pagará el empleador, se sumará al 10 % actual e irá a la cuenta de ahorro individual del trabajador. El otro 3 % también estará a cargo del empleador, contará con un aporte inicial del Estado y se destinará a un fondo público, denominado Fondo de Ahorro Colectivo y Solidario.

Este fondo es otra de las novedades que presenta la reforma y sumará un pilar de ahorro colectivo al sistema previsional chileno para entregar "un aporte adicional a los jubilados actuales y futuros y beneficiará de manera especial a las mujeres, la clase media y los adultos mayores con dependencia severa", explicó Piñera.

En la actualidad, el modelo de pensiones de Chile se basa en el ahorro individual obligatorio gestionado por empresas privadas, las llamadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y en una pequeña participación estatal a través del llamado Pilar Solidario, dirigido a los más pobres y a quienes tienen las pensiones más bajas.

Aumento del 32% en las pensiones de las mujeres

Esta reforma permitirá un aumento de 56.600 pesos mensuales (cerca de 73 dólares, 65 euros) para los hombres, lo que significa un aumento promedio de 20 % de sus pensiones y beneficiará a más de 500.000 pensionados. En el caso de las mujeres el beneficio será de 70.800 pesos al mes (unos 91 dólares, casi 82 euros), lo que significa un aumento promedio de 32 % de sus pensiones y va a beneficiar a más de 350.000 pensionadas, según dijo el mandatario.

"Con estas reformas, se garantiza que ningún pensionado quede por debajo de la línea de pobreza y que las pensiones de aquellos que hayan cotizado por 30 años o más estén siempre por encima del monto actual del salario mínimo", que es de 300.000 pesos chilenos (cerca de 400 dólares), señaló Piñera.

El presidente ha dicho que esta reforma "representa un cambio estructural" del modelo de pensiones y apuntó otra serie de novedades como la apertura de la administración de los fondos de pensiones a otros actores que no sean las AFP, como sociedades sin fines de lucro o cooperativas de afiliados para "fortalecer la competitividad de la industria", entre otras cosas.

"Chile ha sido un país ingrato con nuestros adultos mayores. Uno de los grandes temores que acechan a muchos de nuestros ciudadanos, además de la enfermedad o la delincuencia, es no tener los recursos necesarios para enfrentar con dignidad la tercera edad", ha reconocido Piñera. Estos cambios propuestos por el presidente se suman a los ya aprobados el pasado diciembre para aumentar en hasta el 50 % las pensiones más bajas.

Modelo de pensiones instaurado durante la dictadura

Ideado por José Piñera, uno de los hermanos del actual mandatario, e instaurado durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), el sistema de pensiones chileno tiene como pilar básico el ahorro individual obligatorio.

Su cambio hacia un modelo más solidario es uno de las principales demandas del estallido social que vive el país desde octubre, que es el más grave desde el retorno de la democracia hace tres décadas y que ya se ha cobrado la vida de al menos 27 personas.

Las manifestaciones, que comenzaron en respuesta a un aumento en la tarifa del metro y se convirtieron en un clamor contra la desigualdad, han perdido fuerza, pero sigue existiendo descontento en las calles y la crisis parece lejos de solucionarse, pese a otras medidas sociales anunciadas por el Gobierno y al plebiscito sobre una nueva Constitución.

"Parece que el presidente Piñera no escuchó bien lo que está pidiendo la calle, que no quiere más el modelo de capitalización individual y quiere dar tránsito a un nuevo modelo mixto de pensiones con la seguridad social como sustento principal", ha lamentado el senador socialista Juan Pablo Letelier.

En Chile, cada trabajador aporta un 10 % mensual de su sueldo bruto a un fondo de pensiones personal del que puede disponer cuando se jubila y que es gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas que obtienen beneficios millonarios tras invertir los fondos en los mercados y son muy criticadas por las bajas pensiones que pagan.

El promedio de la pensión mensual pagada en agosto del año pasado por las AFP fue de unos 220 dólares.

Por EFE - Santiago de Chile

16/01/2020 - 07:38h

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Imagen de un establecimiento de Washington D.C en el que se aceptan cupones ELVERT BARNES / WIKIMEDIA COMMONS

El gobierno de Trump está recortando las ayudas de los cupones de alimentos; millones de estadounidenses con pocos recursos perderán su derecho a recibirlos

Muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder al sistema o para mantenerlos, aún con las normativas actuales

La nueva normativa excluirá a uno de cada tres beneficiarios, e impiden el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños

 

Cuando James Fauntleroy perdió este verano su trabajo en una tienda, rápidamente se dio cuenta de que las ayudas de la seguridad social para personas con discapacidad no eran suficientes para vivir. Entonces recurrió a un sustento del que dependen muchos estadounidenses que están pasando momentos difíciles: los cupones de alimentos, también conocidos como Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).

Al principio, Fauntleroy, de 35 años recibió una carta de aprobación que detallaba que contaría con 197 dólares al mes (177 euros) en cupones. Con eso le bastaba para alimentarse. Pero luego llegaron las malas noticias.

"A principios de septiembre recibí otra carta del Departamento de Infancia y Familias de Florida en la que me comunicaban que el monto se reduciría de 197 a 16 dólares (de 177 a 14 euros)", relata Fauntleroy, residente en Orlando, Florida.

Fauntleroy es uno de los 40 millones de estadounidenses con pocos recursos que reciben algún tipo de beneficio del Snap, un programa que el Gobierno de Trump está reformando, recortándolo y excluyendo a millones de estadounidenses. A algunas personas, especialmente aquellas con algún tipo de discapacidad, ya les costaba trabajo arreglárselas con los beneficios que tenían o estaban por caer entre las rendijas del sistema. Ahora, la normativa nueva y más estricta empeorará su situación aún más.

Para Fauntleroy –que tiene una enfermedad en el riñón–, el recorte en los cupones de alimentos es un desastre. "He tenido que abrir una cuenta [de crowdfunding] para que la gente me ayude a pagar mis gastos hasta que pueda encontrar un trabajo de media jornada. Mientras tanto, la comida es cara y además tengo que elegir ciertos alimentos que sean aptos para pacientes con diálisis en el riñón. Es muy difícil y me afecta a nivel mental y emocional", afirma.

Actualmente, depende de un servicio de transporte para personas con discapacitad que lo lleva a un centro de diálisis tres veces a la semana, y aún así tiene que cubrir unos 65 dólares al mes en copagos (58 euros), más los 135 dólares mensuales (121 euros) que le descuentan de su ayuda por discapacidad para pagar el seguro de salud. Actualmente, está buscando otro trabajo de media jornada, porque si gana más del límite de 1.200 dólares al mes (1.076 euros) le quitarían por completo esta prestación.

Sin embargo, el Gobierno de Trump está decidido a recortar los cupones de alimentos. El 5 de diciembre, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos anunció una nueva normativa que restringirá la posibilidad de los estados de ofrecer exenciones a los requisitos de trabajo a personas "físicamente capaces" de entre 18 y 49 años, sin dependientes a su cargo.

Actualmente, sin una exención, estas personas no pueden recibir ayudas del Snap por más de tres meses en un período de tres años. Los estados podían ofrecer exenciones a estos requisitos en regiones con alta tasa de paro o insuficiente oferta laboral. Se calcula que la nueva normativa le revocará los beneficios de Snap a 668.000 personas en todo el país. Además, el término "físicamente capaz" es confuso y se presta a la interpretación de quién debe cumplir con los requisitos que determinan las agencias del estado.

La nueva medida del Gobierno de Trump excluiría a uno de cada tres beneficiarios. También se busca limitar los niveles de ingresos permitidos para ingresar al Snap al doble de la línea de pobreza, que representarían unos 50.000 dólares (45.000 euros) al año para una familia de cuatro miembros. La nueva norma también impediría que hogares con más de (2.250 dólares) 2.018 euros en activos, o (3.500 dólares) 3.140 euros para un hogar en el que viva un adulto discapacitado, reciban beneficios de ayuda alimentaria. Como resultado, se calcula que casi tres millones de estadounidenses perderán sus beneficios del Snap.

Una tercera norma recortaría más de 4.500 millones de dólares (4.000 millones de euros) del presupuesto del Snap en los próximos cinco años, afectando a una de cada cinco familias beneficiarias.

Estas nuevas normativas han recibido críticas por excluir de los beneficios a millones de estadounidenses que viven en la pobreza y por impedir el acceso a las becas alimentarias que dan las escuelas públicas a 500.000 niños.

Las dificultades de enfermos y discapacitados

Sin embargo, muchos estadounidenses con discapacidad o enfermos ya tienen problemas para acceder a los beneficios del SnapSnap o para mantenerlos, aún con las normativas actuales. Su situación, que ya es difícil, empeorará aún más.

Son personas como Virgil Garwood (37), de Woodville, Ohio, que recibía solamente 50 dólares al mes (45 euros) de beneficios del Snap mientras luchaba contra un cáncer de tiroides. Garwood recibe una ayuda por discapacidad y no puede trabajar por las convulsiones y el deterioro óseo que le generaron los tratamientos médicos y las numerosas cirugías. Con el Gobierno de Trump, los beneficios se le redujeron a solo 15 dólares (13,5 euros) al mes, aunque su situación económica no ha cambiado en nada.

"El estado donde vivo exige que los beneficiarios del Snap vayan a clases sobre nutrición adecuada, otra clase sobre economía familiar, y luego una clase que explica el programa y cómo buscar empleo. Se supone que todo el tiempo que recibes prestaciones del programa tienes que estar buscando trabajo y debes presentar pruebas de ello", explica Garwood. "Tuve que salirme del programa porque ir a las clases para mantener las prestaciones me costaba más que los 15 dólares (13,5 euros) que recibía".

Jennifer Pracht, de Winston-Salem, Carolina del Norte, cuenta con el SnapSnap para alimentar a su hija de 14 años y a sí misma desde 2012, año en que quedó discapacitada y sin poder trabajar a causa de una lesión en la columna vertebral.

"Por alguna razón, este año me recortaron los cupones a 105 dólares mensuales (94 euros). Mi situación no ha cambiado en nada como para que me reduzcan la ayuda. Pero de todas formas lo han hecho", afirma Pracht. Ahora le preocupa que haya más recortes en el futuro.

"No tengo idea de cómo haré para comprar alimentos durante todo el mes, mucho menos si pretendo que la comida sea sana. Ya no podré comprar comida sana porque es mucho más cara".

Varias personas que hablaron con The Guardian sobre su experiencia con los beneficios del Snap pidieron que no se revele su nombre o que no se publique su apellido.

Lisa, de 40 años de Michigan, comenzó a recibir beneficios del Snap en abril de 2018, mientras esperaba que se apruebe su solicitud de una ayuda por discapacidad. En octubre de 2018, fue excluida del Snap por los requisitos laborales.

"La inseguridad alimentaria ha sido una constante. Llevaba un cálculo mental de la comida que tenía en casa y para cuántos días me alcanzaba, teniendo en cuenta cuántos días faltaban para que volviera a recibir la ayuda", dice Lisa. "No es mucho dinero. Esto no se trata de gente que vive a cuerpo de rey a costa del dinero de los contribuyentes. Somos personas que intentamos sobrevivir, y ese pequeño monto de dinero es un regalo del cielo".

Una mujer de 40 años en Berwick del Sur, Maine, actualmente recibe 130 dólares al mes (117 euros) del Snap y una ayuda por discapacidad, ya que sufre el síndrome de Ehler-Danlos, una enfermedad vascular genética, además de otras enfermedades discapacitantes.

Gran parte de su ayuda por discapacidad es destinada a pagar el alquiler, ya que hace poco logró acceder a una vivienda estable tras años de luchar por salir de la indigencia. No cuenta con transporte para ir a comprar alimentos y tiene que seguir una dieta especial a causa de su discapacidad.

"Siempre tengo que separar una parte de mi ayuda por discapacidad –que es de unos 684 euros al mes– para pagar comida y transporte", dice. "Creo que 130 dólares al mes no le alcanzarían a nadie para vivir, y yo recibo el beneficio máximo, teniendo en cuenta que tengo varias discapacidades y no puedo encontrar trabajo".

Por, Michael Sainato

23/12/2019 - 21:06h

Traducido por Lucía Balducci

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Domingo, 15 Diciembre 2019 06:34

El paro se estira y llega Navidad

Una mujer camina por la estación vacía de Gare de L'Est en Paris durante el paro de transporte. Imagen: AFP

Décimo día de huelga de transportes en Francia

La perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno

Diez días de huelga de transportes en Francia y la perspectiva de una Navidad sin trenes ni metros y con los aeropuertos colapsados preocupa a los ciudadanos y al gobierno, que quiere reunirse con los sindicatos para hablar sobre su polémica reforma del sistema de pensiones.

El sábado, entre un 25 y un 30 por ciento de los trenes de alta velocidad y los regionales funcionaban en el país. En París había nueve líneas de metro cerradas, sobre un total de 16, y algo más de la mitad de los autobuses conseguían circular.

El domingo la situación se mantendrá igual y los servicios de transporte en la capital se verán "muy afectados" por este movimiento de protesta el lunes. Faltan diez días para Navidad y ni gobierno, ni sindicatos, ni ciudadanos saben hasta cuándo durará esta huelga y de qué manera podría desbloquearse la situación.

Si el movimiento continúa podría poner en peligro las vacaciones de decenas de miles de personas, ya que harán falta varios días para recuperar la normalidad en los transportes. "Cada uno tendrá que asumir sus responsabilidades. No creo que los franceses aceptarían que algunos les privaran de ese momento" dijo el primer ministro Édouard Philippe en declaraciones al periódico Le Parisien. "La mitad de los viajeros" tendrán trenes para las fiestas de fin de año, según la SNCF, la compañía nacional de trenes francesa. 

Los sindicatos rechazaron de plano esta semana la idea de una tregua de Navidad. "Si el gobierno quiere que el conflicto termine antes de las fiestas, le queda una semana para tomar la buena decisión, optar por el sentido común y retirar su reforma de las pensiones", dijo a la AFP Laurent Brun, secretario general del sindicato CGT-Ferroviarios, el sindicato más importante de la SNCF.

"Para que circulen los trenes, el gobierno tiene que enviar un mensaje positivo", corroboró Roger Dillenseger, del sindicato UNSA-Ferroviarios.

- Protestas nacionales el martes

El sábado se celebraron protestas en algunas ciudades de Francia como Estrasburgo (este), Lyon (centro-este) y Rennes (oeste) y se esperan grandes manifestaciones el martes en todo el país en las que participarán no sólo empleados del sector transportes sino funcionarios, estudiantes, personal sanitario, abogados, profesores o jueces.

El primer sindicato francés CFDT se ha unido a esta movilización, furioso por que el gobierno haya añadido a su nuevo sistema de pensiones una "edad de equilibrio" fijada en los 64 años, por debajo de la cual no se cobrará la pensión completa. La edad de 64 años es "negociable", respondió el sábado la secretaria de Estado para el ministro de Economía, Angès Pannier-Runacher.

Esta semana, el gobierno y los profesores llegaron a un acuerdo para revalorizar sus salarios, lo que costará al Estado unos 10.000 millones de euros, aunque por ahora no se dijo cuándo entrará en vigor.

Los policías también suspendieron su movimiento de protesta el viernes después de haber obtenido la garantía del gobierno de que podrán jubilarse antes, dados los riesgos que entraña su profesión. El primer ministro, Edouard Philippe, invitó además a los sindicatos a una reunión la próxima semana, aunque por ahora no se sabe si éstos respondieron afirmativamente.

Pese a mostrar que puede hacer alguna concesión, el gobierno del presidente Emmanuel Macron no va a renunciar a su reforma del sistema de pensiones que quiere unificar los 42 sistemas diferentes que tiene el país en uno solo, con el que, según el gobierno, "todo el mundo saldrá ganando".

Desde Bruselas, el jefe de Estado consideró el viernes que esta reforma era "histórica". Los franceses están divididos sobre la reforma, según un sondeo. El 50% se dice favorable y el 49% está en contra. La jubilación es un tema sensible en Francia ya que la población defiende con uñas y dientes uno de los sistemas más generosos del mundo. 

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Miércoles, 11 Diciembre 2019 06:12

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Sexto con bloqueo de transportes en Francia

Masiva protesta por la reforma de pensiones 

Sindicatos del transporte, la salud y la educación enfrentan al gobierno en la víspera del anuncio formal de la reforma. 

Las calles de Francia fueron el escenario de la segunda jornada de huelga nacional contra la reforma del sistema de pensiones. Si bien la convocatoria no alcanzó la masividad del jueves pasado , el ministerio del Interior contabilizó a alrededor de 300 mil manifestantes en todo el país. Se trató también del sexto día consecutivo con bloqueos en el transporte público y cancelaciones de vuelos en varias ciudades. Al paro de trabajadores del transporte se sumaron profesionales de la medicina y la educación. El miércoles (hoy), el Ejecutivo presentará finalmente su cuestionado proyecto de reforma de las pensiones.

Por la mañana, miles de personas concurrieron a pie o en bicicleta a sus lugares de trabajo en París, la ciudad más afectada por la huelga. El subte, los colectivos y los trenes suburbanos no funcionaron o presentaron un servicio reducido. Se formaron varios kilómetros de embotellamiento en los accesos a la capital desde primeras horas del día.

El paro de transportes afectó también a los turistas, que se vieron obligados a recorrer decenas de kilómetros a pie, alquilar bicicletas o monopatines para visitar las principales atracciones de París. Además cientos de vuelos programados fueron cancelados, y siete de las ocho refinerías del país permanecieron bloqueadas, lo que hacía temer una escasez de combustible en las próximas horas.

A la huelga de trabajadores del transporte se sumaron los gremios que agrupan a los docentes del país, lo que provocó el cierre de escuelas y guarderías. Una huelga ilimitada fue convocada por médicos y trabajadores de la salud para denunciar "recortes presupuestarios" y un "deterioro de sus condiciones laborales". Argumentan que el Ejecutivo está poniendo en peligro la atención médica pública en Francia. 

Pasado el mediodía, cientos de personas con pancartas y banderas con los colores galos empezaron a concentrarse cerca del Palacio de los Inválidos. Ese fue el punto de partida de una gran manifestación pacífica que recorrió toda la capital y terminó convocando a cientos de miles.

"¡No, no, no cederemos!", coreaba una marea de manifestantes que marchó en París, entre el ruido de silbatos, y carteles con duros mensajes contra el Ejecutivo. Los sindicatos prometen mantener su presencia en las calles hasta que el gobierno de Emmanuel Macron retire totalmente su proyecto de reforma previsional.

Del proyecto del gobierno sólo se conocen algunos puntos, ya que será presentado el miércoles por el primer ministro, Edouard Philippe. Se sabe que consistirá en la creación de un "sistema universal" de pensiones que reemplazará a los 42 regímenes actuales. Los gremios argumentan que esos regímenes permiten jubilaciones anticipadas y otros beneficios. 

También consideran que el actual sistema de pensiones de los empleados de las empresas de ferrocarriles o los marinos, entre otros, fueron creados para compensar el riesgo y el desgaste que demandan sus profesiones. Y que eso no se debería ajustar de ninguna manera.

"Espero que Macron escuche el malestar social que se manifiesta aún con mayor fuerza en estos días pero que venimos viendo desde hace meses. Que retire su proyecto y discutamos con seriedad la mejora necesaria del sistema de reformas, que es uno de los mejores del mundo", dijo el secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGT), Philippe Martinez, al inicio de la manifestación.

En la víspera de que el primer ministro, Édouard Philippe, presente la totalidad de la reforma, Martinez reconoció que hay un problema de "financiación", pero reclamó que los ajustes sean "solidarios" y que se arregle creando más trabajo, elevando los montos que pagan los empresarios y subiendo los salarios. "Lo que queremos es que el gobierno retire completamente esta reforma y después hablamos", agregó el líder sindical.

Desde el Ejecutivo defienden el proyecto a ultranza. "Las manifestaciones no van a detenerse porque yo haga un discurso el miércoles. Al contrario, mi discurso suscitará nuevas preguntas. Y es normal", reconoció el primer ministro Philippe, que concentra toda la atención de Francia en las últimas horas. "Es una reforma indispensable para el país", subrayó por su parte el presidente Emmanuel Macron.

El Ejecutivo francés se encuentra en una situación delicada, frente a un contexto social muy tenso debido a las masivas movilizaciones que iniciaron hace más de un año de los chalecos amarillos . A eso se le suma el mencionado descontento de diversos gremios que engloban a trabajadores de la salud, profesores, ferroviarios, agricultores e incluso policías.

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La huelga en Francia paralizó el transporte público

Trenes, subtes, colectivos o aviones: viajar resulta una hazaña en estos días

Hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y París y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. 

 

 Francia sigue caminando sobre la cuerda de la incertidumbre y de la huelga. Desde finales de la semana pasada, la huelga lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones ha paralizado el transporte público. Los porcentajes de participación han sido y continúan siendo elevados y, hasta que el Ejecutivo no haga público el contenido completo de la reforma, la batalla social seguirá en pie y la gente caminando. Este lunes hubo cerca de 700 kilómetros de embotellamientos entre las rutas de la periferia y la capital francesa y lo mismo ha ocurrido en otras grandes ciudades del país. Trenes, subtes, micros o aviones, viajar resulta en estos días una hazaña.

Este martes 10 de diciembre puede ser peor. Los sindicatos (CGT y Fuerza Obrera) reactivaron para mañana una nueva huelga nacional con el objetivo de forzar al gobierno a corregir el borrador de la reforma. Siguiendo la promesa hecha durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2017, el presidente Emmanuel Macron presentó las grandes líneas de una reforma que apunta a unificar los 42 regímenes jubilatorios existentes en uno solo a partir de un sistema donde el cálculo se hará mediante puntos. Como los cambios previstos afectan sobre todo a los ferroviarios, ello explica la altísima adhesión en ese sector.

París es en estos días un caos. Los turistas que llegaron la semana pasada ya tienen cierta experiencia. Los que lleguen en estos días deberán tener una paciencia de monje, piernas sólidas, abrigos para el invierno y también suerte. Encontrar una bicicleta o una trotinette (monopatín) libre es como sacarse el número de la lotería. Los parisinos ya curtidos en el uso de las dos ruedas son los más felices. En medio de un enjambre incalculable de autos y nervios son los únicos que logran llegar a destino. 

A quienes vengan por estas fechas les quedan un par de alternativas: caminar, traer una mini bicicleta plegable en el equipaje o comprar una en París. Si hay alguien que ya ganó con la huelga es la empresa Blablacar y su aplicación. Blablacar es una idea que consiste en compartir el auto entre determinados trayectos con otras personas desconocidas inscriptas a través de la aplicación. La idea ecológica se tornó en una excelente estrategia en un momento de urgencia social. Pese a las trabas y al hecho de que la huelga se instala en el periodo de las fiestas de Navidad, la opinión pública todavía respalda al movimiento. Según una encuesta publicada este fin de semana, 53% de los franceses respalda la huelga. El movimiento ingresa en su cuarto día sin que se intuya un debilitamiento o un cambio de posición, ni por parte de los sindicatos ni del gobierno. La intersindical promete que resistirán hasta que el Ejecutivo “retire el texto completo de la reforma”, según declaró este domingo el Secretario General de la CGT, Philippe Martinez. El problema, por ahora, es que el gobierno mantiene escondido el texto y recién este miércoles el primer ministro, Edouard Philippe, romperá el suspenso y la ambigüedad que ha acompañado desde el principio la presentación de la reforma. 

Mientras tanto, los sectores concernidos están muy movilizados, y en muchos casos hasta radicalizados. Basta con dar un par de vueltas en las terminales de los autobuses o en las estaciones de trenes de París para medir no sólo la dureza de un conflicto social sino, también, el encono del que es objeto Emmanuel Macron y la convicción de que “a este poder la única forma de derrotarlo es poniéndolo de rodillas” (Claude, sindicalista de la compañía nacional de ferrocarriles, SCNF).

La base sindical mantiene su motivación tanto como la base parlamentaria del presidente le exige que “sea claro”. La ausencia de una pedagogía transparente complicó el juego gubernamental hasta convertirlo en una encrucijada política. La reforma no apuntaba al principio a ahorrar como en años anteriores, sino a cambiar la metodología de cálculo y establecer así una suerte de equilibrio entre los regímenes existentes. 

En ese rediseño intervinieron dos factores: hay sectores (ferroviarios) que pierden privilegios adquiridos luego de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945): con el paso de las semanas, la variable presupuestaria (menos peso de la jubilación en el PIB) se introdujo entre los intersticios de la reforma. Esa posibilidad de una pérdida de derechos global o de la necesidad de trabajar más años es la que sembró tanto la confusión como la movilización contra el proyecto. 

Mayoritariamente, la gente siente que “hay gato encerrado” en el asunto, que de una u otra forma “se perderán derechos”, es decir, dinero. Al ala liberal del gobierno ceder ante la CGT le resulta una afrenta de clase. El éxito de la huelga y simpatía que acarrea el movimiento han cambiado las normas. Los sindicatos recuperaron su poder de convocatoria luego de un largo periodo de derrotas sociales. Recién el miércoles se sabrá hasta donde puede maniobrar un gobierno asustado por la amenaza de una insurgencia social generalizada.

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Francia paró en contra de la reforma jubilatoria

Hasta un millón y medio de personas protestaron en 60 ciudades 

La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. También se sintió en hospitales, la policía y la aeronáutica civil. Sigue hasta el viernes.

 

Francia se quedó de a pie, en el doble sentido del término: caminando por la huelga de los transportes lanzada por los sindicatos contra la reforma de las jubilaciones: y caminando en las multitudinarias manifestaciones que tuvieron lugar en todo el país, con un punto muy fuerte en París, cuyas cifras todavía se desconocen. Según proyecciones del ministerio de Interior, más de 800 mil personas acudieron a las 242 manifestaciones organizadas en 60 ciudades. Para la CGT, la participación subió a más de un millón y medio. La huelga fue contundente en los trenes, el metro y la educación nacional. A ella se sumaron sin embargo varios otros gremios que van desde los hospitales, la policía o la aeronáutica civil con un 20% de los vuelos anulados. Sectores público y privado respondieron masivamente a lo que se espera será sólo el comienzo de una protesta que, al menos en la empresa nacional de ferrocarriles, se prolongará en los próximos días. El Ejecutivo calcula que la huelga se extenderá hasta el viernes e incluso que perdure más allá del fin de semana. El paro golpeó el corazón del sistema. Aunque no es una huelga general, la parálisis de los transportes públicos perturbó a todo el país. Sin posibilidad de desplazarse, la gente se movió como pudo o permaneció en casa. Los sindicados, con la excepción de la CFDT, buscan forzar al gobierno a una negociación con el manual de las huelgas de 1995 en la mano. En aquel entonces, la oposición a una reforma similar de las jubilaciones dejó a Francia sin actividad durante tres semanas, hasta que el proyecto fue retirado. Si los paros importantes persisten el lunes, entonces la batalla social tendrá otro perfil. Y como recién el próximo 12 de diciembre se conocerá realmente el contenido preciso de la reforma, es muy probable que de aquí a entonces los sindicatos mantengan la presión social.

La controversia surgió cuando empezaron a trascender algunos detalles del texto prometido por el presidente Emmanuel Macron durante la campaña electoral para las elecciones de 2017. La idea inicial consistió en terminar con los 42 regímenes de pensiones que están en curso y reemplazarlos por otro a través del cual todos los sectores tendrían los mismos derechos. La ausencia notoria de una pedagogía clara por parte del gobierno, las divisiones en la propia mayoría, la presión de la derecha presidencial que introdujo varias modificaciones a la idea inicial, los rumores y la confusión que el Ejecutivo no se ocupó de neutralizar plantearon la perspectiva de que habría que cotizar más años e, incluso, extender la edad legal de la jubilación, hoy fijada a los 62 anos. El líder de la CGT, Philippe Martinez, hizo campaña contra la reforma con el argumento de que, una vez aplicada, esta equivaldría a trabajar más tiempo y cobrar menos. La huelga está determinada por dos paradojas: una, el movimiento social se lanzó sin que se sepa con claridad qué contiene la reforma: dos, la opinión pública respalda tanto a la huelga como la necesidad de una reforma de las pensiones. Ayer, una encuesta realizada por la consultora Odoxa-Dentsu Consulting para el diario Le Figaro y la Radio Franceinfo, mostró que el 68 por ciento de los encuestados respaldaban a los huelguistas al tiempo que 76 considera que una reforma es necesaria. El porcentaje de apoyo a la huelga era menor hace una semana, pero fue creciendo ante la ausencia de explicaciones del Ejecutivo. El tema fue tanto más mal tratado por el gobierno cuanto que, en Francia, tocar la jubilación equivale a trastornar el pasado –lo adquirido--, el presente –lo que se puede formular cara al futuro—y el mismo futuro. Ante la perspectiva de un endurecimiento de la rebelión social, el Primer Ministro, Edouard Philippe, tiene previsto una serie de concesiones cuyo contenido es, igualmente, vagamente misterioso. De allí la sensación global de que el “gobierno esconde el texto porque su único objetivo es engañarnos y hacernos trabar mucho más, ganar mucho menos mientras sus amiguitos liberales se llenan los bolsillos con nuestra pobreza”, según decía iracundo Michel, uno de los manifestantes -educación nacional—que ayer salió a las marchas de París pese al frío. En las calles de la capital francesa había una sinfonía de reclamos, muchos jóvenes, profesiones de todo tipo y una triple inquietud: la jubilación, el planeta y el liberalismo. Un hombre de unos 40 años llevaba una pancarta que decía:” mejor reformemos el sistema de los accionarios”. ”Viva una reforma social del liberalismo”, clamaba una señora recién jubilada. Una pareja de empleados de la educación nacional declaraba:” llegó el momento de que demos vuelta el flujo. Llevamos décadas y décadas pagando por los ricos y ahora que se preparan para exprimirnos hasta en la vejez y es hora de que les digamos basta. ¡Que empiecen a pagar ellos por nosotros !”. Más adelante, un grupo nutrido de ferroviarios con disfraces de Macron con los atuendos del Rey Luis XVI decía: «No queremos a un monarca del liberalismo. Queremos a un hombre que sienta lo que es una vida de trabajo común y que no liquide aquello por lo cual trabajamos toda la vida”.

Había en París bronca por el presente, las privatizaciones de los aeropuertos y la lotería nacional (La Française des Jeux) y miedo por un futuro de privaciones. ”El liberalismo de Macron nos lleva a la exclusión. No les importa lo que suframos, es una aristocracia egoísta y especuladora. Ninguno de esos reyes que aboga por la reforma sabe lo que es vivir con mil euros por mes. Y ni eso nos van a dejar en los bolsillos”, explicaba una empleada del correo francés. ”Fíjese a dónde llegamos. A fuerza de ajustes, desempleo y precariedad hicieron que nuestro presente sea inestable y apretado. Y ahora quieren que nuestra vejez sea una miseria”, decía una pareja del sector bancario privado. En un año, de noviembre de 2018 a diciembre de 2019, el presidente Macron fomentó dos conflictos mayores: el de los chalecos amarillos y, hoy, el de las jubilaciones. En ambos casos se confrontó a una variable que parece desconocer: la voz y el protagonismo del pueblo y su adhesión a la preservación de sus derechos. Francia es un país más bien conservador, pero no liberal. El jefe del Estado tiene una visión financiera de las relaciones y ello choca fuertemente con una sociedad que atraviesa un “malestar democrático” (Luc Rouban, Centro de Investigaciones políticas de Siences-Po) que se fue forjando a través de múltiples decepciones sociales. La reforma de las jubilaciones terminó por aunarlas a todas.

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Jueves, 05 Diciembre 2019 06:29

El terremoto social llega a Francia  

El terremoto social llega a Francia  

Un total de 245 manifestaciones contra la reforma a las jubilaciones previstas para este jueves

Confluirán chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, así como estudiantes, policías, maestros y judiciales. El Gobierno francés teme que se instale un clima de protesta social como el que sacude a otros países.

 

 Sólo queda por saber la magnitud final del terremoto programado para este jueves 5 de diciembre. El Ejecutivo francés y la presidencia siguen con aprensión los temblores sociales que se fueron expandiendo en el país desde hace varios meses y que convergen este 5 de diciembre en un movimiento social de magnitudes colosales. ”Esto va a ser como un tsunami social histórico”, dice Henry mientras le da las últimas pinceladas a la banderola de la CGT sección ferrocarriles con la que saldrá a la calle. El gobierno espera lo mismo. 

Chalecos amarillos, huelga en los hospitales, en los ferrocarriles y el transporte público, estudiantes, policías, maestros, justicia, un total de 245 manifestaciones están previstas en toda Francia en signo de protesta contra una enésima reforma del sistema de pensiones. El procedimiento propuesto por el Ejecutivo consiste en reemplazar por “un sistema universal de jubilaciones” los 42 regímenes jubilatorios de la actualidad. Los sindicatos no quieren dicha reforma y su oposición ha ido aunando muchos otros sectores sociales. Ello terminó por trazar un horizonte posible de convergencias de luchas sociales que, esperan los sindicatos, podría igualar la huelga de 1995 contra una reforma similar que paralizó a Francia durante tres semanas.

Las previsiones de la movilización son altísimas. 90% de los trenes no circularán este jueves, el 60% de las escuelas estarán inactivas mientras que las compañías aeronáuticas ya anularon cientos de vuelos. La pesadilla, para el gobierno, podría durar un sólo día o muchos según lo que ocurra con la huelga ilimitada decretada por los sindicatos de la SNCF, la compañía nacional de ferrocarriles.

La cantidad de sectores que se han añadido a las manifestaciones o a la huelga es asombrosa. La nueva reforma concentró un montón de malestares sociales dispersos, facilitó la unión de varios sindicatos y hasta un probable resurgimiento del sindicalismo como eje catalizador de la movilización. Fuera de la CFDT, los otros sindicatos, principalmente la CGT y Fuerza obrera, convocaron a “construir un plan de acción contra la reforma de las jubilaciones”. El “cuerpo social” no olvidó sus heridas.

 En noviembre de 2018 surgía en Francia la revuelta de los chalecos amarillos y en diciembre de 2019 se plantea un levantamiento todavía más grande, tanto en el sector público como privado. Varios futuros están en juego, empezando por el de la misión del propio presidente Emmanuel Macron y la imagen que, desde 2016, empezó a destilar en la opinión pública. Según explicaba Macron en un libro publicado ese año (Révolution), la división central se situaba entre “conservadores atados al pasado” y los “progresistas reformistas”. Su reforma se instala en esa narrativa con el riesgo de que, si no pasa por la persistencia de la acción social, ”el mandato se habrá acabado, ya no haremos más nada”, según admitía en las páginas del vespertino Le Monde un miembro del staff presidencial citado anónimamente. 

Macron retrocedió entre finales de 2018 y principios de 2019 cuando se vio confrontado a los chalecos amarillos y anuló las medidas que habían desatado el movimiento. Esta vez no parece ser el caso. Tanto su primer ministro, Edouard Philippe, como él han reiterado su “determinación” para llevar a cabo la reforma a través de la cual ambos se juegan su respectivo capital político. Hay un sector consistente del electorado que lo respalda (39%), que aún ve en él ese dirigente “que soluciona los problemas irresueltos desde hace más de 30 a años” (Frédéric Dabi, director general de la consultora IFOP, Le Monde).

A su vez, los sindicatos se juegan su poder de influencia y su capacidad a volver al centro de la acción social. El sindicalismo francés ha sido reiteradamente derrotado en los últimos a años y vio también como caía en picada su legitimidad de actor social.

 La insurgencia de los chalecos amarrillos se plasmó fuera de los círculos sindicales y así logró arrancarle al poder unas cuantas concesiones sin que mediada ninguna mediación sindical. Presidencia y sindicatos ponen en la mesa sus respectivas fortunas. La historia reciente no es alentadora en la lógica sindical. 

Hace ya casi 20 a años que las manifestaciones, por más importantes que sean, dejaron de tener un impacto en el rumbo fijado por los políticos. No obstante, los chalecos amarillos volvieron a demostrar que en la calle sí se podía aún trastornar las lógicas del poder. Con ello cuentan los sindicatos, respaldados ahora por la señal de la insurgencia amarilla y por la densidad de los actores que ya adhirieron a la huelga. La fuerte oposición incumbe en mucho a la presidencia y al Ejecutivo.

 Mal explicada, casi oculta, compleja, poco “vendida” y maquillada, la reforma de las pensiones es una suerte de onda de varias frecuencias. Por un lado, 76% de los franceses considera que una reforma del sistema de pensiones es “necesaria”, pero 64% no confían en Macron para llevarla a cabo. El gobierno tenía un camino trazado pero sus divisiones internas dieron vuelta a la opinión. La reforma no es una sorpresa porque figuraba en el programa electoral de Macron. El entonces candidato abogaba por un sistema universal, más equitativo y transparente. Pero el ala derecha del macronismo presionó para que se introdujeran variables que no estaban contempladas, entre ellas aumentar la edad de la jubilación o cotizar más tiempo. Allí se rompió el consenso ante la reforma. La gente sintió que la estaban engañado y que, en el fondo, la reforma no más que una manera encubierta de recortar beneficios sociales. Ello explica por qué tantos sectores socio profesionales, públicos y privados, se citan este jueves en las calles del país. Puede ser “la lucha final” o una lucha inicial para una futura negociación.

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Y ahora, Colombia: estudiantes, sindicatos e indígenas se lanzan a un paro general contra las reformas económicas del Gobierno

El presiente colombiano ha criminalizado la protesta y ha dispuesto medidas de seguridad que incluyen el cierre de las fronteras

Los convocantes de la huelga rechazan las reformas laboral y de pensiones que quiere llevar a cabo el Gobierno

También reclaman la implementación del Acuerdo de Paz que se firmó en 2016 entre el Estado y la guerrilla de las FARC

María García Arenales 

20/11/2019 - 21:48h

Las protestas callejeras en América Latina no cesan. Primero fue el turno de Ecuador y después de Chile y Bolivia, que siguen siendo escenario de manifestaciones multitudinarias y una fuerte represión estatal, y este jueves se suma otro país más a las movilizaciones: Colombia.

Sindicatos, organizaciones sociales, estudiantes, indígenas y partidos políticos opositores del país han sumado fuerzas para protestar contra las políticas económicas y sociales del Gobierno que preside Iván Duque en un paro nacional que podría ser uno de los más multitudinarios de los últimos años.

La convocatoria de esta huelga general es resultado del descontento social que se ha ido acumulando en los últimos meses y que se agudizó cuando a principios de octubre la Central Unitaria de Trabajo (CUT) advirtió que la reforma laboral y de pensiones que planea implementar el gobierno de Duque "busca empeorar las condiciones de los trabajadores y pretende aumentar las ganancias de los empresarios". 

Los organizadores del paro nacional recuerdan que esas reformas que se estarían discutiendo contemplan, entre otras medias, un recorte del salario mínimo para jóvenes, un aumento en la edad de jubilación y en la cotización de los trabajadores.

Sin embargo, el presidente colombiano ha señalado en varias ocasiones que su gobierno no ha presentado ninguna reforma en materia laboral o de pensiones ante el Congreso y, si se llegara a dar el caso, ha asegurado que sería de forma consensuada entre el Ejecutivo, empresarios, sindicatos y representantes de los gremios trabajadores.

Más allá de esas posibles reformas, el pueblo colombiano tiene otros muchos motivos para salir a la calle este jueves. El incesante asesinato de líderes sociales en todo el país, un desempleo en aumento que ronda ya el 11%, la corrupción, la crisis en la educación pública y las políticas de seguridad impulsadas por el Gobierno para combatir el narcotráfico son algunas de las razones de la huelga.

Otro de los principales reclamos es también la implementación del Acuerdo de Paz, que fue firmado en 2016 entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Pese a que han pasado 15 meses desde que Duque asumió el poder, el Ejecutivo sigue sin haber definido su política respecto al acuerdo, que además pasó por uno de sus peores momentos el pasado mes de agosto, cuando el exlíder guerrillero Iván Márquez anunció que el grupo insurgente retomaría las armas porque el Gobierno no había cumplido con lo pactado.

"La protesta ayuda a colocar el mensaje de que hay un acuerdo de paz que implementar. Siempre hemos dicho que este Gobierno simula la paz, pero es más amigo de la guerra y lo demuestra con todas las políticas que quiere implementar para militarizar los territorios, de volver al glifosato y de no respetar la política internacional como un elemento de soberanía", cuenta a eldiario.es el analista colombiano Luis Eduardo Celis, experto en temas de conflicto y construcción de paz.

El Ejecutivo que dirige Duque también se vio sacudido en las últimas semanas por la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero, tras ser acusado de ocultar la muerte de varios menores en un bombardeo militar contra un campamento de un grupo disidente de las FARC. Si bien esas muertes generaron una oleada de indignación en el país, no han sido ni mucho menos el único incidente por el que el Ejército está en entredicho.

De hecho el fantasma de los falsos positivos, como se conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que son presentados como bajas en combate, volvió de nuevo a Colombia el pasado mes de mayo, cuando el periódico The New York Times dio a conocer una directriz operacional del Ejército que presionaba a los militares para duplicar las muertes y capturas, tal y como ya se hizo en la década de los 2000 bajo el Gobierno del derechista Álvaro Uribe.

Fuerte desaprobación

Teniendo en cuenta el contexto, no hay duda de que el presidente Duque, que llegó al poder impulsado por Uribe, se encuentra en el peor momento de su mandato. Según la última encuesta de Gallup publicada a principios de este mes, la desaprobación de su gestión se sitúa en el 69%, la más alta de un mandatario en 14 años, mientras que su popularidad apenas alcanza un 26%.

"Es un gobierno errático, que carece de un proyecto que convoque a la mayoría de la sociedad. Está viviendo una situación de desgaste y descrédito enorme", asegura Celis. Además, el gobernante Centro Democrático sufrió una dura derrota en las elecciones locales y regionales de octubre, perdiendo ciudades como Medellín y la propia capital, Bogotá.

La criminalización de la protesta

El paro de este jueves en Colombia coincide con un momento en el que varios países de América Latina viven fuertes estallidos sociales, como es el caso de Chile y Bolivia. Ante el temor de que en Colombia se pueda producir un efecto contagio, en los últimos días Duque no ha dejado de alertar sobre la violencia que se puede desatar durante la huelga.

El Gobierno ha ordenado extremar las medias de seguridad hasta el punto de cerrar temporalmente las fronteras para "evitar el ingreso de extranjeros que puedan alterar el orden público". El Ejecutivo también ha criminalizado la protesta en todo momento y la desinformación en la red ha sido una constante para intimidar a la población.

La Policía Nacional ha realizado numerosos allanamientos en casas de estudiantes y activistas vinculados a la marcha, hecho que los organizadores del paro consideran una provocación.

"Es una protesta normal, pero parece que el Gobierno fuera a parar una guerra. El Ejecutivo ha dicho que tiene información sobre que habrá instigadores de violencia y que se podrían repetir las imágenes de países como Bolivia, Chile y Ecuador, pero no hay ningún informe creíble al respecto", sostiene el investigador Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares)..

"También hay que tener en cuenta que los sectores de la derecha podrían infiltrarse en la marcha para causar violencia para ayudar así al gobierno populista de Duque, que necesita crear un nuevo enemigo", añade. 

El paro nacional más importante y violento que ha vivido Colombia se produjo en septiembre de 1977 contra el gobierno de Alfonso López Michelsen, que no fue capaz de cumplir las expectativas generadas ni de cambiar el rumbo económico del país como había prometido. En aquella ocasión, la represión estatal contra los manifestantes fue contundente.

De momento, la convocatoria de este jueves ya se ha convertido en una gran confluencia de expectativas frustradas y reclamos de diferentes sectores de la sociedad y, aunque sus resultados son imprevisibles, sin duda supondrá un punto de inflexión en el liderazgo de Duque.

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El "éxito" del modelo: endeudar a los chilenos

Había una vez un papá que tenía un montón de plata guardada bajo el colchón, pero que mandaba a sus hijos con los zapatos rotos al colegio. Según la ortodoxia de los economistas que han manejado el Estado hasta hoy en Chile, ese es un papá ejemplar y responsable porque ahorra y no gasta. Había también una mamá que no tenía plata bajo el colchón, pero que necesitaba comprar un remedio para su hijo enfermo, y que decidió comprar ese remedio con su tarjeta de crédito. Según esos mismos economistas, esa mamá es una populista irresponsable. Santificar el ahorro y demonizar el gasto público tiene estos absurdos.

Por eso mi propuesta es heterodoxa. Dado el contexto de la urgencia social destapada en esta fiesta de la democracia que es la manifestación social -otros ven en ella barbarie y la reprimen-, la propuesta de "Agenda Social" del Gobierno es absolutamente mezquina. Es necesario multiplicar por 5 ese paquete fiscal propuesto, de apenas 1200 millones de dólares -que en realidad son 600 millones, porque la otra mitad son simplemente reasignaciones presupuestarias, vale decir, desvisten un programa del Estado para vestir a otro- y para eso debemos romper la regla fiscal del 3%, tomando deuda pública de manera responsable.

Chile tiene una deuda fiscal pública baja, de menos del 40%. Hay economías sanas que deben 100%, 170%. Luego, Sebastián Piñera puede perfectamente, por un tiempo, endeudar conservadoramente al Estado, porque, igual que los padres que deben comprar zapatos, o las madres que deben comprar remedios, los chilenos y chilenas están viviendo un sufrimiento que es inaplazable.

Por lo demás, no es verdad que Chile no esté endeudado. Lo que pasa es que el modelo neoliberal chileno consistió en quitar sus deberes al Estado (salud, educación, pensiones, fiscalización de derechos, etc.), y trasladar esos deberes privadamente a las personas, quienes, para cumplirlos, han debido endeudarse hasta más arriba de la coronilla, y pagar de su bolsillo -y no a través de sus impuestos- por esos derechos que el Estado tiene el deber de administrar y solventar. Las élites achicaron el Estado e hicieron crecer la economía con las tarjetas de crédito de los chilenos y chilenas.

Por eso, un Estado como el chileno pudo soportar que se privatizaran casi todas sus empresas y jibarizarse tanto. Por eso pudieron enriquecerse tanto unos pocos y debieron endeudarse tanto todo el resto. Porque este es un modelo astuto, no inteligente. Tal vez siquiera es un modelo neoliberal, probablemente es simplemente un modelo oligárquico. Se hicieron más ricos no solo privatizando en dictadura las empresas del Estado, sino que, al mismo tiempo, cargaron su fortuna a las tarjetas de crédito de todos los chilenos y chilenas

Pero no basta con esto. Los chilenos y las chilenas me conocen. Fui candidato presidencial 3 veces, por primera vez en 2009, y en todos mis programas mis compromisos fueron: impuesto específico a los súper ricos, nacionalización de las riquezas naturales, descentralización, transformación al sistema de pensiones, de salud y de educación por sistemas públicos, y un largo etcétera, que es ese mismo etcétera está hoy en la calle.

Hoy, más que nunca creo que esas medidas son necesarias, pero también, creo que hay que aprovechar esta coyuntura -de politización de la sociedad- para reordenar las reglas de este juego donde siempre ganan los mismos. Por eso, en paralelo a la reestructuración del gasto público, debemos comenzar también, por otro de los pregones a los que me sumé con fuerza el 2010: La escritura de una Nueva Constitución. El mecanismo es simple y Sebastián Piñera puede empezar ahora mismo si quisiera: a través de un proyecto de ley con discusión inmediata, que reforme la constitución, que deberá ser aprobado en pocas horas por ambas cámaras, y que permita la realización de un plebiscito, que deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes. Para entonces, una asamblea constituyente habrá redactado una Nueva Constitución que será, por fin y sobre todo, legítima. Una constitución política ilegítima, que no representa a nadie es inútil, porque se convierte en un sistema de reglas al que deberás someter al pueblo a través del terror y no de la razón. Y ya basta de terror en las calles de Chile. 

Marco Enríquez-Ominami es ex candidato presidencial por el Partido Progresista en Chile. Grupo de Puebla.  

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Lunes, 08 Julio 2019 05:46

La economía de Trump

La economía de Trump

El Departamento del Trabajo de Estados Unidos anunció la semana pasada que en junio se crearon 240 mil empleos, lo que representa un incremento tres veces mayor al reporte correspondiente a mayo.

 

En la misma semana se informó que la economía ha tenido un crecimiento sostenido por 121 meses consecutivos. (No hay que olvidar que las bases de ese suceso datan de 2008 cuando Barack Obama rescató a la economía de su mayor crisis después de la de los años 30)

 

Trump celebró la noticia y no desperdició la oportunidad para advertir que era una muestra de sus "atinadas" decisiones en materia económica. Sin embargo, el júbilo del mandatario fue matizado por diversos especialistas cuando advirtieron que tal crecimiento enmascara una realidad no tan plausible.

 

El crecimiento ha beneficiado solamente a 10 o 15 por ciento de la población de mayores ingresos que ha recibido 80 por ciento delas ganancias de dicho crecimiento. La desigualdad es la que ha predominado en ese aspecto. Un ejemplo son los gerentes o directores de empresas cuyo salario es mil veces más alto que él de quienes trabajan en o para sus empresas, afirmaron los economistas Heather Boushey, presidente del Washington Center for Equitable Growth, y Matthew Slaughter, decano de la Escuela de Negocios Tuck, entrevistados en la cadena oficial PBS.

 

El agravante es que la tasa de los impuestos que pagan esos trabajadores es igual, y en muchos casos más alta, que el sector de mayores ingresos. El multimillonario Warren Buffet mencionó en alguna ocasión que le parecía absurdo que él pagara igual o menos impuestos que su secretaria, situación que se repite en multitud de casos.

 

La desigualdad también se caracteriza por su distribución en diversos sectores de la economía, ya que aproximadamente 50 por ciento de la fuerza laboral corresponde a los servicios, el comercio y la agricultura, sectores en los que el empleo suele ser de tiempo parcial e inestable. (NYTimes con datos del Departamento del Trabajo) El resultado es que un trabajador en esos sectores debe trabajar dos y hasta tres turnos para poder sobrevivir.

 

Esa es la razón principal de que el desempleo haya llegado a su nivel más bajo en 50 años. Un dato poco conocido que aparece en la información oficial es que por lo menos 7.2 por ciento de la población, la mayoría sin haber terminado la educación media, trabaja en el sector informal y en empleos de tiempo parcial en los que no tienen prestaciones, seguro médico, etcétera.

 

Las estadísticas son evidentes y demuestran, sin lugar a duda, que desde hace varias décadas el crecimiento económico ha sido desproporcionadamente más alto que el salario, al que ha dejado muy rezagado. Para conocer en forma correcta a quienes ha favorecido el crecimiento económico, la estimación del repunte en el ingreso debería tomar como base a las familias en forma individual y no como un agregado del ingreso de toda la nación, según han puesto de relieve Boushey y Slaughter, y también otros especialistas.

 

Tal vez sería mucho esperar que Trump entendiera esas sofisticaciones económicas, pero es la realidad enmascarada por las mentiras y demagogia con la que su maquinaria de propaganda confunde y engaña a buena parte de la población.

 

Hay que recordar que si bien los problemas sociales y el deterioro en las relaciones con otras naciones son elementos que norman el criterio de los electores, sin duda la economía ha sido el criterio que más ha influido en el ánimo de los estadunidenses a la hora de votar. Por ello, de no mediar una estrategia para evidenciar la distorsión que se esconde en el mito del suceso económico que Trump pregona, será difícil evitar que logre su relección.

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