Parece exageración pero no lo es; parece irreal pero tampoco lo es. En la sociedad de mercado, todos los obreros y empleados –en algún grado significativo– nos prostituimos al vender servicios laborales materiales o intelectuales, pues tales labores exigen esfuerzo físico, concentración mental, algún importante componente sentimental y afectivo y, en especial, una buena dosis de obediencia. Al decir del economista institucionalista Ronald Coase, a uno le pagan no sólo por trabajar sino, en particular, por ser aquiescente con los patronos. Los trabajadores más obedientes y que suelen hacer los trabajos más indeseables, los cuales van en contravía de sus ideologías políticas y sus valores morales, se comportan tan servilmente como lo hacen los mercenarios.

 

Una mercancía cualquiera no escoge, más bien es elegida por algún caprichoso consumidor. Una prostituta tampoco elige a su cliente, más bien es un objeto del deseo y capricho del cliente que tenga suficiente poder adquisitivo. En contravía del equívoco y sospechosamente inocente aserto del economista ultra liberal Milton Friedman, en el sentido de que en el mercado tenemos libertad de elegir, la evidencia muestra más bien que nos formamos en habilidades, funciones, modales y competencias que son demandadas por los que, al comprar nuestros servicios laborales, nos remuneran para servirles.

 

En la perspectiva de (Nussbaum, 1999) la similitud del trabajo sexual con otras ocupaciones es la obediencia a quien paga el servicio y las diferencias residen en la calidad de la relación contractual y prestigio social de la profesión. Quienes hoy ejercen la prostitución están sometidas a la estigmatización y al ultraje.

 

Los límites de la legalización del viejo oficio

 

Mientras el prohibicionismo y el paternalismo buscan extinguir la prostitución, la perspectiva liberal busca legalizarlo y regularlo. Por cierto, algunas tendencias feministas son compatibles con el prohibicionismo, pues sus exponentes encuentran que la prostitución es una expresión del machismo y se presta para que las prostitutas sean instrumentalizadas.

 

En la expansiva sociedad de mercado del siglo XX la prostitución se reconoce como una actividad económica más y en opinión de economistas liberales como (Posner, 1994), debe regularse y ofrecerse garantías y seguridad social. Países como Dinamarca y Holanda adoptaron esta visión y se preocupan por el control sanitario y la formalización de esta actividad donde sus practicantes además gozan de protección social y contribuyen al sistema impositivo. No obstante, la igualdad ante la ley es una quimera en un mundo donde imperan desigualdades extremas entre países y al interior de estos. Como acertadamente lo arguyen (Holmes, S. and Sunstein, C., 2013), los derechos humanos son costosos y dependen tanto de los propios recursos del individuo como de la solidaridad y los tributos sociales, y suele suceder que los migrantes pobres y los marginales sean tratados como ciudadanía de quinta sin protección ante la ley. La marcada diferencia en las clases sociales afecta el mercado ocupacional en general y, en particular, el de la prostitución.

 

Una importante paradoja del liberalismo es que los derechos y garantías suelen hacerse efectivos sólo para quienes tienen suficientes recursos monetarios e influencia. La ley no puede borrar las enormes desigualdades sociales, políticas y económicas.

 

En Colombia, después de reforma constituyente de 1991, se han dado pasos importantes hacia la regulación de la prostitución. Con la sentencia T-629 de 2010 se subrayó que el ejercicio de tal oficio no es punible, y se propuso una serie de medidas para que quienes lo ejercen se empoderen a través del conocimiento de sus derechos y deberes. No obstante, entre los años 2004 y 2013 según el Instituto de Medicina Legal, 238 trabajadoras sexuales fueron asesinadas, entre quienes el 9 por ciento tenía entre 10 y 17 años. El año pasado, a raíz de una acción de tutela tramitada por varias trabajadoras sexuales que fueron violentadas por la fuerza pública, la Corte Constitucional falló a su favor y ordenó al Ministerio del Trabajo regular el trabajo sexual en el país.

 

En Colombia la desigualdad socioeconómica y la segregación espacial también se manifiestan en la ubicación de ciertos oficios, entre ellos el que nos ocupa. La Secretaria Distrital de la Mujer en Bogotá, durante los años 2013 y 2015 llevó a cabo un registro de quienes ejercen el trabajo sexual y halló que el 95 por ciento son mujeres (los otros casos son hombres e intersexuales), y que el 50 por ciento se inició en tal labor entre los 18 y 25 años, y el 25 por ciento entró en condiciones de explotación sexual. Es decir que este oficio es esencialmente de las mujeres jóvenes porque, en opinión de ellas, en estos rangos de edad el oficio es más rentable.

 

Las personas en ejercicio de la prostitución está mayormente concentrado en la localidad de Los Mártires con el 26% de las trabajadoras sexuales de Bogotá. De ellas hay un porcentaje elevado (77%) que se encuentran afiliadas al régimen subsidiado en salud. En esta localidad en comparación con las otras el oficio está más concentrado. Los Mártires ha sido catalogada como de alto impacto y con el Decreto 187 de 2002 se reglamentó el permiso para ejercer estas actividades al interior de su territorio. Aunque esta población goza de protección constitucional el 50 por ciento de los registrados declara haber enfrentado alguna violación de sus derechos. Falta aún más para que las y los trabajadoras/es sexuales emprendan acciones colectivas que presionen la generación de actos legislativos que dignifiquen el oficio más antiguo de la humanidad, el oficio que tiene el mérito de unir el alma con el cuerpo.

 

Mercados de la felicidad y construcción de convivialidad

 

El recientemente fallecido filósofo Zygmunt Bauman afirmó en una de sus últimas entrevistas que: “[...] sea cual sea tu rol en la sociedad actual, todas las ideas de felicidad siempre acaban en una tienda. El reverso de la moneda es que, al ir a las tiendas para comprar felicidad, nos olvidamos de otras formas de ser felices como trabajar juntos, meditar o estudiar” (Bauman, 2016). Tal reflexión resume muy bien las teorizaciones de autores como Marcel Mauss (Mauss, 1990) y (Graeber, Fragments of an Anarchist Anthropology, 2006) pues en el intercambio mercantil cada comprador busca exprimir la utilidad del bien o servicio que le ofrece el vendedor, y entre ellos no se construye una relación social de amistad, convivialidad o de afecto. Pero cuando se construyen relaciones humanas, en particular de amistad y de afecto, hay un intercambio mutuo y obligado de presentes, detalles y regalos.

 

La prostitución es uno de los servicios más codiciados en los mercados de la felicidad, y podría ser una labor en la que, literalmente, se una el cuerpo con el alma, dada la intimidad e intercambio de caricias, afectos y secretos que comparten clientes y trabajadoras sexuales.

 

En la antigua Grecia quienes se dedicaban a la prostitución eran mujeres libres, eruditas y prestantes en la sociedad. Después, con el cristianismo, se dio importancia al matrimonio con el fin de reducir prácticas como la masturbación, la prostitución, el incesto y la homosexualidad. Ya en la era victoriana se introdujo la preocupación por la moral y la salud pública.

 

Tanto en la práctica como en la teoría se ha planteado que las acciones de política pública deben traducirse en un incremento del bienestar de la población, incluso algunos hablan de incrementar la felicidad. Este tema es bien subjetivo, lo que puede hacer felices a uno no necesariamente se cumple con otros; para unos está asociado al tema de la riqueza material para otros la palabra se asocia al terreno emocional o espiritual. Aunque pueden existir muchas interpretaciones, una interesante para los hacedores de política pública es esta dada por Veenhoven: “La felicidad es un disfrute subjetivo de la vida como un todo, se puede alcanzar mayor felicidad para mayor número de personas por acción del gobierno”. Mientras cada vez más sociedades desarrolladas o en vías de desarrollo toman el ingreso como medida de felicidad hay otras como Bután que en lugar de PIB (Producto Interno Bruto) hablan de FNB (Felicidad Nacional Bruta) donde aspectos muy importantes como la equidad, el buen gobierno, la conservación del medio ambiente o la conservación de tradiciones y de valores de su cultura, son fundamentales en su registro.

 

El Departamento Nacional de Planeación de Colombia realiza la Encuesta de Percepción Ciudadana; con base en 9.710 entrevistados de las seis regiones y de las áreas metropolitanas de Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá estableció para 2016 que la región centro-oriente (que incluye a Bogotá y a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Santander y Norte de Santander) es la segunda con mayor percepción de felicidad dentro del territorio nacional. Aunque esta zona se destaca por ser el principal polo de desarrollo del país, es importante resaltar que al interior de esta zona a las poblaciones segregadas necesitan las provean de condiciones de vida que incrementen su bienestar o su felicidad.

 

Bibliografía

Bauman, Z. (11 de November de 2016). El Mundo. Obtenido de elmundo.es/líderes: http://www.elmundo.es/papel/lideres/2016/11/07/58205c8ae5fdeaed768b45d0.html
Graeber, D. (2006). Fragments of an Anarchist Anthropology. Chicago: Prickly Paradigm Press.
Holmes, S. and Sunstein, C., (2013). The Cost of Rights: Why Liberty depends on Taxes . London: W. W. Norton & Company.
Mauss, M. (1990). The Gift: The form and reason for exchange in archaic societies. London: Routledge.
Nussbaum, M. (1999). Wheter from Reason or Prejudice. En M. Nussbaum, Sex and Social Justice (pp. 276-298). New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1994). Sex & Reason. Boston: Harvard University Press.

Publicado enEdición Nº236
Mercado laboral y trabajo decente no mejoraron en 2016. La informalidad está en 56.5%

Según el DANE, de la población colombiana en 2016 (47´343.492 habitantes), 23´550.504 (el 51.16%) constituye la población económicamente activa (PEA), o sea las personas en edad de trabajar que trabajan o buscan empleo[1].

La manera como se inserta esta población al mercado laboral es clave en el aseguramiento de sus derechos económicos y sociales, entre ellos los de salud, la protección contra riesgos laborales que puedan provocar enfermedades profesionales o incapacidades permanentes, y al aseguramiento de una vejez digna mediante la percepción de unos ingresos que protejan contra la pobreza. El acceso a un trabajo decente resulta clave para que las ideas de la libertad e igualdad se puedan realizar efectivamente en la vida cotidiana de las personas.


La situación del mercado laboral no le garantiza a la mayoría de la PEA las condiciones materiales de su libertad y de su igualdad, empezando porque Colombia presenta una tasa de desempleo muy alta para los estándares internacionales y países con características y desarrollo económico similares al nuestro. En 2016 la tasa de desempleo promedio para todo el año fue del 9.2%, sin ninguna mejora respecto del 2015, que fue del 8.9%, y además se situó por encima de la tasa promedio de desempleo de los países de América Latina: 7%, según la CEPAL. Esto equivale a una población de 2´248.801 personas, casi los mismos habitantes que tienen Cali y Yumbo juntas.


El desempleo es peor para los jóvenes (población entre 14 y 28 años), pero sobre todo para las mujeres jóvenes, y en general para los jóvenes de las barriadas pobres de las ciudades. Las mujeres presentan una tasa de desempleo del 12.5%, 5 puntos por encima de la de los hombres. En promedio, los jóvenes tienen una tasa de desempleo del 16.4%, y para las mujeres jóvenes el desempleo en 2016 fue del 21.4%, superior casi 9 puntos de la de los hombres jóvenes. En las comunas pobres de Bogotá, Medellín, Cali o Barranquilla las tasas de desempleo de la población joven son aún más graves, superan el 45%, situación que explica los altos niveles de delincuencia en estas ciudades, pues para muchos jóvenes es la única alternativa de ingreso y de reconocimiento que tienen, pues tampoco tienen acceso a la educación superior. Estos indicadores tampoco mejoraron con respecto de los indicadores del 2015.


El desempleo en general es muy alto en la mayoría de las ciudades. Para las 23 ciudades la tasa de desempleo en 2016 fue 10.2%; para las cabeceras fue 10.3%, y 5.3% para los centros poblados y rural disperso. En las zonas rurales el desempleo se enmascara bajo cualquier actividad, así no sea remunerada.


El promedio nacional de desempleo fue entonces 9.2%, y por encima del mismo estuvieron Bogotá (9.3%), Pasto (9.5%), Santa Marta (9.5%), Pereira (9.9%), Montería (9.9%), Sincelejo (10.1%), Manizales y Villa María (10.3%), Tunja (10.6%), Medellín y Valle de Aburrá (10.7%), Cali y Yumbo (10.8%), Neiva (11.0%), Valledupar (11.8%), Villavicencio (12.0%), Florencia (12.0%), Popayán (12.7%), Ibagué (13.2%), Riohacha (13.3%), Armenia (14.9%), Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia (15.4%) y Quibdó (17.5%). Únicamente en tres ciudades: Cali, Barranquilla y Pasto, la tasa de desempleo bajó en 2016.


Estas tasas de desempleo podrían ser peores sino fuera por la metodología con que el DANE define la población ocupada y la población inactiva, metodología que ha sido adoptada en el seno de la OIT. Según esta metodología, la población ocupada la conforman personas que durante el período de referencia se encontraban en una de las siguientes situaciones: a) trabajaron por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia; b) los que no trabajaron en la semana de referencia, pero tenían un trabajo; c) los trabajadores sin remuneración que laboraron en la semana de referencia por lo menos 1 hora.


Así que si usted trabaja una hora en la semana, aunque no se la paguen, en las estadísticas hace parte de la población ocupada. En el 2016, por ejemplo, el 4.27% de la población ocupada (946.000 personas) se clasificó como “trabajador familiar sin remuneración” y “trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares”. Adicionalmente, entre la población inactiva se incluyen personas que ya no buscan empleo, pues se cansaron de hacerlo y no encuentran atractivo ni dignificante el empleo precario que les resulta, por lo que tampoco figuran entre la población desempleada.


Empleo y Trabajo Decente

Cuando el DANE informa que la tasa desempleo baja o sube, no nos dice nada acerca de la calidad del empleo que se genera o se pierde. Los indicadores sobre trabajo decente en el país hay que buscarlos en otros datos que también entrega el DANE, pero que no son noticia en los medios.
Por ejemplo, los datos sobre trabajo informal que publica el DANE se refieren al trabajo en empresas que ocupan hasta 5 personas, incluyendo al patrono y/o socios, excepto los independientes profesionales[2], no a la protección social que deben tener todos los trabajadores en materia de salud y riesgos laborales, y en materia de ingresos para la vejez (pensiones) y para el desempleo. Para el primer caso, el DANE aplica una encuesta que cubre 23 ciudades y áreas metropolitanas, según la cual de cada 100 ocupados, 48.6 son informales, con una leve mejoría respecto a 2015, año en que fue de 49.2%, indicador que sigue siendo superior al promedio de América Latina. El 60.9% de estos trabajadores son cuenta propia, lo que indica que en Colombia trabajar por cuenta propia no representa en la mayoría de los casos una expresión de autonomía, sino simplemente una estrategia de sobrevivencia ante el poco capitalismo que tenemos, y ante la evidente debilidad del Estado Social para garantizar la protección de los ingresos a los desempleados, situaciones que obligan a millones de personas a auto emplearse en cualquier cosa para asegurarse algún sustento. La mayoría de los “cuenta propia” trabaja en actividades del comercio, hoteles y restaurantes (42.72%), en servicios sociales y personales (16.52%), en la industria manufacturera (11.74%), y en el transporte (11.34%).


En relación con la protección social, la Encuesta Continua de Hogares del DANE arroja datos reveladores sobre afiliación a salud y a pensiones: en 2016, de cada 100 trabajadores 49.1 cotizaban a salud y 36.2 a pensiones, con una leve mejoría respecto a 2015 (48.7% y 35.1% respectivamente). Sobre afiliación al sistema de riesgos laborales, el dato lo da FASECOLDA: en 2016, de cada 100 ocupados 45.3 están afiliados a riesgos laborales. Resumiendo: en 2016, de cada 100 trabajadores, 56.5 tenían un empleo precario por fuera del sistema de protección social.


Respecto de las actividades económicas en las que está empleada la población trabajadora, la mayor proporción, 27.9%, lo está en el comercio, hoteles y restaurantes. Le sigue la ocupación en el sector de servicios sociales, comunales y personales, con el 19.5%. Aquí se ubican los trabajadores del Estado, la fuerza pública, los trabajadores de la educación, la recreación y el deporte, los artistas, las trabajadoras domésticas, los que reparan todo tipo de aparatos personales y del hogar, las peluqueras, etc. Le sigue la ocupación en el sector agropecuario, incluyendo la pesca, con el 16.12%; industria (11.5%); almacenamiento, transporte y comunicaciones (8%); actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (7.9%); construcción (6.3%); intermediación financiera (1.5%); explotación de minas y canteras (0.8%), y suministro de electricidad, gas y agua (0.5%).


La calidad y/o precariedad del trabajo que tienen estas personas las entrega FASECOLDA, y hace referencia a su afiliación al sistema de riesgos laborales, un indicador claro acerca de qué tanto cumplen la ley los empleadores, y qué tanto el Estado la hace cumplir. Según FASECOLDA, en 2016 estaban afiliados 10´039.437 trabajadores, o el 45.31% de la población ocupada, entre ellos 532.165 por cuenta propia.


Aunque en el último año se presentó una mejora respecto a 2015, es evidente que en este terreno la desprotección es mucha, los avances demasiado lentos y exiguos, y la ausencia del Estado enorme. La mayor desprotección se encuentra en la agricultura, donde únicamente está afiliado el 10.29% del total de los trabajadores. El sector de comercio, hoteles y restaurantes tiene solo el 22.63% de afiliación; el transporte, almacenamiento y comunicaciones tiene una afiliación del 41.63%, y en los servicios sociales, personales y comunales la afiliación es de 45.31%.

Fecha: 13 febrero, 2017 


[1] DANE. https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf


[2] DANE, Ficha Metodológica. Gran Encuesta Integrada de Hogares. Proporción de informalidad según tamaño de empresa hasta 5 trabajadores.

Publicado enColombia
Lunes, 07 Noviembre 2016 06:36

Una idea básica: la economía es colectiva

Una idea básica: la economía es colectiva

Asistí el otro día a un debate sobre pensiones en el que uno de los debatientes, partidario de las pensiones de capitalización privada, aseguraba que ese sistema no dependía de la demografía y en cambio las pensiones públicas sí, dejando entrever que las pensiones privadas eran más seguras por eso. Sin embargo otro economista le respondió que eso no era así, que las pensiones privadas también dependían de la demografía porque ésta está íntimamente relacionada con el valor de las carteras de activos de cualquier plan de pensiones.


La verdad es que este segundo economista tenía razón y tanto las pensiones públicas como las privadas dependen de la demografía, pues ambas dependen de la productividad futura y la población y su trabajo son imprescindibles para esa productividad. El sistema público de reparto depende de la futura recaudación de impuestos, que será la que pague las pensiones del futuro, y por tanto depende de que haya pagadores de impuestos en cantidad suficiente para cubrirlas. El sistema privado de capitalización, por otro lado, depende del valor futuro de las acciones y de la rentabilidad de la deuda pública de la cartera de activos que se adquiere con el dinero aportado al plan.


Sin embargo la rentabilidad de la deuda pública y sobre todo su cobro al vencimiento también depende de los futuros pagadores de impuestos, y si una población futura no puede pagar impuestos y/o se reduce en número, pagar esa deuda pública va a ser imposible y eso eventualmente hundiría el valor de esa deuda pública, que será impagada total o parcialmente. Y las acciones también dependen de la demografía porque ante un descenso de población y por tanto de productividad total estas acciones perderán valor real. Pongo un ejemplo fácil de entender: Si compramos acciones de una empresa de suministro de agua que ahora atiende a diez millones de personas tendrá un valor determinado, pero si en el futuro la población disminuye y esa empresa en vez de atender a 10 millones de personas atiende a 8, muy probablemente el valor real de esas acciones disminuirá, afectando negativamente al valor de la pensión capitalizada futura.
Al final la diferencia entre un sistema público de reparto y uno privado de capitalización es en donde se “confía” la pensión futura, pero ambos dependen inexorablemente de las productividades futuras y del trabajo futuro.


Este ejemplo me parece muy interesante para entender por qué la economía es algo eminentemente colectivo y cualquier idea que obvie esto incide en un error de base. Quienes venden sistemas de capitalización intentan transmitir una idea que es falaz, y es que las futuras pensiones pueden depender de uno mismo sin tener que depender de los demás, llámense cotizantes, estado, sociedad o como se quiera llamar. Y eso sencillamente es falso. Hagas lo que hagas la futura pensión va a depender siempre de la colectividad, porque es la colectividad la que va a generar todos los productos y servicios que vas a necesitar en tu vejez.


Al final detrás de todas las teorías ultra-liberales de privatización de servicios públicos subyace la misma idea, depender de uno mismo y no del “estado”, y de hecho las teorías liberales económicas tienen una base dogmática que es fuertemente individualista y “segregacionista” respecto al colectivo. Si escucháis a estos “liberales” veréis como la estructura que sostiene sus ideas es que cada uno puede ser dueño de su propia vida, que con esfuerzo o talento la vida te va a sonreír, que el mercado siempre te pagará en función de tu productividad, etc, etc. Son ideas que sitúan al individuo artificialmente ajeno a la sociedad en la que vive, como si la realidad o decisiones del resto no influyesen sobre el individuo. Es una idea atractiva ¿Quién quiere ser dependiente? Nadie, todo el mundo quiere ser independiente si puede. La cuestión es que, lamentablemente, no se puede ser totalmente independiente.


Decía el economista del Banco Mundial Branko Milanovic en una entrevista en el diario ELPAIS sobre la pobreza mundial, que “sus ingresos dependen en más de un 50% de que usted haya nacido en España. Del resto, el 20%, de quién sean sus padres, y solo luego viene el esfuerzo, la suerte, la raza y el género “. La frase parece obvia pero creo que a veces la olvidamos, por una cuestión de comodidad o quizá porque nos incitan a ello. Si cualquiera de nosotros hubiese nacido en un pueblo de Bangladesh no tendríamos el nivel de riqueza que tenemos, por mucha capacidad potencial que tuviésemos ni esfuerzo que dedicásemos a prosperar.


De hecho no hace falta ir tan lejos. A pesar de que los medios y ciertas personas nos remarcan a ciertos personajes que han creado su riqueza “de la nada” (Bill Gates, Amancio Ortega) la realidad es que mayoritariamente la riqueza (y la pobreza) es hereditaria, y esto se puede comprobar en cualquiera de las estadísticas que se quiera consultar: Probabilidad de pobreza adulta cuando eres pobre de niño, porcentaje de ricos que vienen de familias ricas, diferencias salariales según familia de origen, etc, etc. Por mucho que se estrujen y descontextualicen las estadísticas no hay ninguna que pueda decir que el origen no influye en la realidad económica de alguien, de hecho es un planteamiento ridículo.


Esto del origen nos muestra hasta qué punto no controlamos verdaderamente nuestra propia realidad económica, pero volvamos a la cuestión central, que es que en economía todo depende del colectivo. En el mercado las cosas solo tienen valor si los demás les dan valor, el dinero solo sirve si otros te lo aceptan. Un hombre no puede generar mucha riqueza individualmente, siempre depende de terceros para crearla de forma masiva, de hecho técnicamente un hombre solo y aislado solamente podría crear riqueza para uno mismo pues más allá de uno mismo el concepto de riqueza depende de terceras personas.


Escribía el ex ministro griego de finanzas, Yanis Varoufakis, estas líneas: “Un mito común, promovido por los ricos, es que la riqueza se produce individualmente antes de que el estado la colectivice a través de los impuestos. En realidad, la riqueza siempre se produce colectivamente pero es privatizada por aquellos que tienen el poder para poder hacerlo: La clase propietaria. Granjas y semillas, formas pre-modernas de capital, fueron desarrolladas colectivamente por generaciones de esforzados campesinos y luego fueron apropiadas sigilosamente por propietarios. Hoy día, todos los smartphones tienen componentes desarrollados gracias a alguna subvención del gobierno o mediante ideas agrupadas de la gente común, sin que nunca se haya pagado dividendo alguno a la sociedad por esa contribución”.


Varoufakis tiene razón, la riqueza se crea siempre colectivamente. Sin embargo sabemos que hay hombres que crean más riqueza que otros y que son más productivos, la cuestión es que esto es cuestión de convenio social, de preferencias sociales y de una estructura de asignación de los beneficios de la productividad. Si Bill Gates ha sido muchas veces el más rico del mundo es porque la gente quiere tener productos de Microsoft, pero no solo por eso, también es porque el sistema económico que tenemos protege las patentes, porque Gates ha trabajado con miles de profesionales que han sacado adelante sus productos y por muchas otras razones de estructura económica e infraestructura de los EEUU y el resto del mundo.


¿Podría ser de otra manera? Por supuesto que podría, podría haber millones de maneras distintas de distribuir la riqueza y los beneficios de la productividad. Los “liberales” consideran que existe un “libre mercado” como forma óptima o natural de distribuir la riqueza, pero eso no es verdad. El “mercado” es una realidad determinada que se basa en preferencias y realidades morales, en marcos regulatorios, en posiciones de fuerza de los actores y en un sinfín de realidades coyunturales que lo definen y que perfectamente podían ser de otra forma de haber evolucionado la historia de una manera distinta.

Hoy un CEO de una gran empresa puede ganar 200 veces más que el sueldo medio de un trabajador, pero eso no es una ley natural ni expresa ninguna productividad “objetiva”, simplemente es una estructura salarial que ha creado un mercado en las condiciones que tiene actualmente. En vez de 200 veces podría ser 500 o ser 5 si este mercado fuese de otra manera, y ni se cerrarían las empresas ni colapsaría la economía ni nos encontraríamos en una situación más “inadecuada” que la actual en lo que a asignaciones de productividad se refiere.


Hay que vacunarse contra aquellos que predican teorías sobre la economía con un relato individualista de fondo, vendiendo privatizaciones y un mágico control de uno mismo sobre la vida económica. No es así, las personas podemos hacer cosas para mejorar nuestra situación, podemos esforzarnos, formarnos e intentar tomar racionalmente las mejores decisiones, pero la realidad es que nuestras posibilidades individuales son limitadas.


En una realidad eminentemente colectiva donde una parte esencial de nuestra riqueza económica la marcan los demás es fundamental entender la importancia de la regulación, del estado, de las instituciones sociales y de todas aquellas cosas que pueden hacer mejorar la vida de todos. Fantasear sobre un “libre mercado” ideal a modo de entelequia metafísica, impedido y aprisionado por malvadas intervenciones estatistas solo nos llevaría de cabeza hacia la distopía.

 

07 Nov 2016
Pedro Fresco
Colaborador de econoNuestra

Publicado enEconomía
Miles de chilenos protestan contra el sistema de pensiones impuesto por Pinochet

Una multitud inundó las calles de las principales ciudades de Chile para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet


Miles de chilenos se manifestaron hoy en las principales ciudades del país para exigir el fin del sistema privado de pensiones impuesto en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet.


Según los organizadores, las marchas, que se realizaron de forma pacífica en 50 ciudades y 250 municipios, reunieron a más de un millón de personas en todo el país y más de 600.000 en Santiago, si bien el cuerpo de Carabineros cifró la concurrencia en la capital en 80.000.


"La voluntad de la ciudadanía, la voluntad del pueblo, termina barriendo con la intransigencia de quienes se oponen a la petición, y este clamor que hacemos con mucha humildad, pero con mucha fuerza también", declaró el coordinador del movimiento ciudadano No+AFP, Luis Mesina.


Desde hace 25 años, los ciudadanos chilenos están obligados a depositar sus ahorros de jubilación en cuentas individuales manejadas por entidades privadas conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).


Actualmente, el 90% de los jubilados de Chile reciben pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país sudamericano, según un informe publicado por la Fundación Sol.
Esto representa entre un tercio y la mitad de los ingresos que recibían los pensionistas durante su vida laboral.


"AFP: jubilación de hambre", "Queremos pensiones dignas y no más migajas" o "Las AFP deben morir para que los jubilados puedan vivir", son algunas de las frases que se podían leer en las distintas pancartas que llevaban los manifestantes que desfilaron por las calles de la capital.


Los manifestantes llegaron a la céntrica plaza Italia antes de las 11.00 hora local (14.00 GMT), desde donde comenzaron a caminar por la avenida Alameda en dirección a la plaza Los Héroes.


Al final del recorrido, los portavoces del movimiento ciudadano No+AFP subieron al escenario para celebrar la convocatoria de la movilización, que superó sus expectativas.


"Somos los que hoy juramentamos no descansar hasta lograr que nuestros ahorros previsionales (de jubilación) dejen de estar al servicio de los grupos económicos y se pongan al servicio de quienes son sus verdaderos propietarios: los trabajadores", expresó Mesina durante su discurso.


La pensión que reciben los actuales trabajadores chilenos cuando se jubilan está determinada por la fluctuación de los mercados y el rendimiento de los fondos que los asalariados depositan mensualmente en las AFP, que representa el 10 % de su sueldo.


Los ahorros de los jubilados chilenos superaron en mayo de este año los 171.000 millones de dólares, una suma que es puesta a disposición de entidades financieras que lo reinvierten en empresas chilenas.


Ello convierte a las AFP en empresas rentables que, según una investigación publicada por la Fundación Sol, durante los primeros diez meses de 2015 aumentaron sus ganancias en un 71,4 %.


Las manifestaciones contra este sistema, que según el movimiento No+AFP "ahoga a los ciudadanos", se repitieron en más de medio centenar de ciudades del país, incluidas Arica, San Antonio, Temuco, Coyhaique, Talca o Punta Arenas.
"Estamos muy contentos, muy satisfechos, hemos tenido una manifestación ciudadana absolutamente pacífica (...) Chile despertó y el Gobierno debe escucharnos de una buena vez", declaró hoy la representante de No+AFP Carolina Espinoza.
Mesina aseguró que si el Gobierno no escucha los llamados de la ciudadanía, se convocará a un paro nacional para el próximo 4 de noviembre.


"Llamamos a prepararnos para múltiples actividades y acciones de aquí al 4 de noviembre, fecha en la que deberemos hacer sentir toda la fuerza de nuestro movimiento. Si no se nos quiere escuchar, entonces la paralización de todo el territorio nacional será inevitable", manifestó.


Esta fue la segunda marcha nacional convocada por la plataforma en Chile en menos de un mes. La primera se realizó el 24 de julio y reunió a más de 750.000 personas en todo el país.


La masiva manifestación logró poner el tema de las pensiones en la primera plana de la agenda nacional, lo que llevó a la presidenta, Michelle Bachelet, a anunciar una serie de medidas para mejorar el sistema.

 

Santiago de Chile 21 AGO 2016 - 21:52 COT

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Miles de personas protestan en toda Francia contra la reforma laboral de Hollande

Los sindicatos afirman que la manifestación en París, donde hubo violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías, es la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra las medidas del Ejecutivo francés.


PARÍS.— Tal y como estaba previsto, Francia vivió este martes una jornada masiva de protestas en todo el país en contra de la reforma laboral que quiere sacar adelante el Gobierno francés y que facilitará y abaratará el despido. La protesta fue especialmente multitudinaria y violenta en París, donde bajo una fuerte presencia policial, decenas de miles de personas se manifestaron en el centro de la ciudad.

La Torre Eiffel cerró por el día debido a que el personal dejó de trabajar para unirse a la protesta, lo que hizo poco segura la operación de la mayor atracción turística de Francia, informó la empresa encargada de su gestión.


Tras violentos enfrentamientos entre policías antimotines y jóvenes enmascarados durante manifestaciones previas, se prohibió la entrada al centro de París a cerca de 130 potenciales provocadores para limitar el riesgo de reyertas, dijo el jefe de la policía de la ciudad, Michel Cadot.


El sindicato de trabajadores CGT afirmó que la marcha en París sería la mayor demostración de fuerza desde que comenzaron las protestas contra la reforma laboral a inicios de marzo. "Esto no es el fin. La lucha está lejos de haber terminado", declaró el líder de la CGT, Philippe Martínez.

Unos 700 autobuses transportaron a manifestantes a la capital desde todo Francia para participar en la marcha, sostuvo, y agregó que se estaban realizando protestas menores en otras ciudades.


Al mismo tiempo, los trabajadores de la empresa ferroviaria estatal SNCF paralizaron su trabajo, pero la firma dijo que pese a ello las interrupciones en el servicio eran mucho menores que hace dos semanas u otros parones ocurridos este año.

Los sindicatos CGT y Force Ouvriere afirman que la reforma minará los estándares de protección laboral. El Gobierno y el sindicato CFDT argumentan lo contrario, pues los cambios ayudarán a enfrentar una tasa de desempleo del 10 por ciento y también a desarrollar la representación laboral.

Varios sondeos de opinión demuestran que hasta un 80% de los votantes están descontentos con la reforma, pero también sugiere que el movimiento de protesta ya no goza del respaldo de una mayoría de los franceses.

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En Colombia, cifras que enferman y matan

Según la OIT, en el mundo cada 15 segundos, en promedio, ocurren 153 accidentes laborales producto de precarias condiciones laborales, muchos de los cuales resultan en absentismo laboral. Asimismo, cada 15 segundos muere un trabajador o trabajadora a causa de accidentes o enfermedades relacionadas con el trabajo . O sea que cada día mueren 6.300 personas por ambas causas.

El costo en términos de tragedia humana y carga económica de las malas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, es enorme. Costo que en el mundo se estima en un 4% del Producto Interno Bruto global .

En el año 2003 la OIT institucionalizó el 28 de abril como el Día Internacional en Memoria de los Trabajadores Fallecidos y Heridos, con lo cual atendió la solicitud del sindicalismo mundial agrupado en la Confederación Sindical Internacional (CSI) y su expresión regional, la Confederación Sindical de las Américas; organizaciones que desde 1996 venían insistiendo en instituir una fecha que honrara a los trabajadoras y trabajadores fallecidos y heridos; al tiempo que fuera un llamado a los empleadores y a los gobiernos del mundo por la Tolerancia Cero con la enfermedad, el accidente y la muerte en el trabajo.

Es pues una fecha en que el movimiento sindical organiza movilizaciones y campañas de sensibilización en todo el mundo, tanto entre los sindicatos como entre las organizaciones de empleadores y representantes de los gobiernos, bajo la premisa de que las muertes y lesiones pueden prevenirse y reducirse.

La OIT reconoce la responsabilidad compartida de las tres partes: trabajadores, empleadores y gobiernos, y los anima a promover una cultura preventiva de seguridad y salud, y a cumplir con sus obligaciones y responsabilidades, a fin de sí permitir que los trabajadores regresen sanos y salvo a sus hogares al final de cada jornada.

 

Algunas cifras en Colombia

 

En Colombia la situación no es nada deseable en materia de prevención de riesgos de accidentes y enfermedades laborales. 2015 ha sido el año con mayor reporte de accidentes laborales, con un total de 723.836. Lo que quiere decir que cada hora se presentan 244 accidentes de trabajo. Y en cuanto a fallecimientos, cada día en promedio mueren 2 personas por causas de accidentes laborales.

Asimismo, se diagnostican diariamente 26 enfermedades laborales, pero la cifra es mucho más alta, si nos atenemos al estimativo de la OIT, que considera que en el mundo en promedio solo se diagnostica el 5% de las enfermedades que resultan de deficientes condiciones de trabajo.

Pero lo más grave de todo, es que el 56% de las y los trabajadores colombianos en general están excluidos del sistema de protección social en seguridad y salud laboral. Entre trabajadores independientes, en su mayoría vinculados a la economía informal, la cobertura es mucho menor. Solo el 4% de los independientes tienen acceso al sistema de seguridad social.

En algunos sectores puntuales la desprotección es más alta que en otros. Por ejemplo, entre las trabajadoras de servicios domésticos y los trabajadores del campo. Sólo 344.936 de éstos están afiliados a una ARL, constituyen apenas el 3,4% del total de la población afiliada al sistema de riesgos laborales del país.

Publicado 28 de abril de 2016.

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Se necesita una reforma pensional que fije un piso de protección social

Se ha iniciado el debate sobre la reforma pensional que necesita Colombia, un país donde el sistema pensional que rige desde hace más de 20 años tiene como principal característica el ser excluyente. El tema es apasionante y pone en juego distintos intereses.

De un lado, están los intereses de los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo y carecen de rentas, y que se preguntan, con razón, si el empleo que tienen, o al que aspiran, les va a garantizar acumular las semanas mínimas de cotización que asegure su derecho a una pensión.

También están los adultos mayores que trabajaron toda la vida en actividades de la economía informal, o por cuenta propia, que nunca cotizaron al sistema pensional porque sus ingresos no se lo permitieron, o porque como trabajadores dependientes/asalariados sus empleadores no cotizaron. La pregunta que se hace este sector de la población, que son la mayoría, es, si cuando lleguen a viejos van a contar con un ingreso que les asegure su dignidad y su condición de ciudadanos.

Y están en juego, por supuesto, los intereses del sector financiero, que ven en la reforma pensional la oportunidad de hacer negocios y de acrecentar los que ya tienen, eliminando el régimen de prima media con el fin de disponer de las cotizaciones de toda la población trabajadora cotizante y ponerlas a generar rentas, no siempre en inversiones productivas (el 72% en TES), de las que obtienen enormes beneficios. Las 4 entidades que manejan los fondos privados de pensiones obtuvieron en 2015 utilidades netas por $581 mil millones, sólo por administrar e intermediar recursos de otros.

Por otro lado, está la preocupación del gobierno acerca del impacto fiscal que tiene asegurarles a todos los pensionados sus respectivas mesadas. En el 2015, el Estado colombiano destinó 34 billones del presupuesto nacional para financiar las pensiones de 1´996.000 pensionados, el 60% de ellos de Colpensiones, un gasto que representó el 4% del PIB y el 15.8% del presupuesto general de la nación .

La siguiente tabla da cuenta, en números, de la población cotizante al sistema pensional, y la población que hoy está pensionada:

En un reciente diagnóstico del sistema pensional en Colombia, la OCDE identificaba que los problemas principales del sistema eran la baja cobertura del régimen contributivo y la falta de una pensión mínima en el primer pilar que condena a muchos ancianos a la pobreza. Pero hasta ahora las reformas que ha tenido el régimen pensional en Colombia han estado orientadas, primero a favorecer los negocios del sector financiero, y segundo, a disminuir las presiones que el pago de las pensiones tiene sobre el presupuesto de la nación.

Fue lo que ocurrió con la ley 100 del 1993, que creó un régimen paralelo en manos del sector financiero privado, que aumentó la edad de pensión, las semanas de cotización y disminuyó la mesada pensional. Posteriormente, bajo el gobierno de Uribe, se eliminaron los regímenes especiales que en el sector público se habían negociado en convenciones colectivas y se eliminó la mesada 14 para los nuevos pensionados.

El único avance que en esta materia se han producido, ha sido el de reconocerle a las parejas que convivan en matrimonio (sólo personas de SISBEN 1 y 2) sumar sus respectivas semanas de cotización al régimen de reparto cuando por separado ninguno de los dos alcanza las semanas mínimas para acceder al derecho a la pensión. Las demás políticas que se han implementado en este terreno, no pasan de ser políticas asistenciales que no garantizan derechos, como el establecido por la ley 1251 de 2008 (programa adulto mayor), que incluye subsidios en forma de ración alimenticia, o en dinero ($75.000 mes), con una cobertura del 42.7% de la población adulta mayor que no recibe ninguna pensión. Pero tiene un problema: como no es un derecho efectivo que cualquier persona mayor reclame con su cédula de ciudadanía, es utilizado por los directorios políticos que sustentan al gobierno como instrumento para hacer clientelismo y garantizarse, vía inscripción y asignación de cupos, un apoyo electoral para sus campañas, factor que corrompe la democracia.

Adicionalmente, durante el primer gobierno de Santos, se creó un programa de ahorro individual denominado BEPS (Beneficios Económicos Periódicos), dirigido a la población trabajadora de la economía informal que no puede afiliarse al régimen de prima media, programa que se enfrenta con el problema de los bajísimos ingresos que tiene esta población, los cuales no le permiten en la práctica ningún ahorro.

 

Trabajo precario, debilidad del Estado y sistema pensional

 

Al final, el impacto de las reformas mencionadas ha sido prácticamente marginal en el aseguramiento de derechos, y aunque ha aumentado la población de cotizantes activos al sistema, este resultado no es producto de las reformas sino del incremento de la población ocupada asalariada, y de la implementación de un mecanismo como el PILA (Planilla Integrada de Liquidación de Aportes), que contribuyó a reducir los casos de evasión y de elusión de aportes a la seguridad social.

Aun así, como lo indica la tabla 1, apenas la tercera parte de los trabajadores cotizan activamente al sistema, y apenas la tercera parte de los adultos mayores de 60 años recibe pensión. Los demás están excluidos de un derecho tan importante como el aseguramiento de sus ingresos cuando alcancen la edad adulta mayor, una situación que no hace más que reflejar los problemas de precarización laboral que predominan en el mercado de trabajo: altos niveles de desempleo, alto nivel de empleo informal (60% de la población ocupada), altos niveles de subcontratación, tercerización y de empleos temporales, que no garantizan cotizar al sistema todos los meses del año, lo que tiene como consecuencia que apenas 10 de cada 100 cotizantes reúnan las condiciones para pensionarse .

En este bajo índice de trabajadores que cotizan activamente al sistema y de adultos mayores que reciben una pensión, incide la ausencia de una política de inspección eficaz por parte de las autoridades del trabajo . Es una debilidad que favorece la cultura de la ilegalidad por parte de muchos empleadores, principalmente en ciudades intermedias y en la mayoría de los municipios del país; empleadores que aunque tengan condiciones para afiliar a sus trabajadores a la seguridad social, no lo hacen, pues están convencidos de que nadie los va a denunciar, ni ninguna autoridad los va a intervenir, y menos a sancionar.

Estos datos indican que en Colombia el sistema pensional está diseñado exclusivamente para garantizarles derechos a los trabajadores de la economía formal, con contrato de trabajo estable, una condición que no tiene la mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país.

 

Reforma para establecer Piso de Protección Social

 

¿Cuáles intereses predominarán en los legisladores a la hora de hacer la reforma pensional? Los sistemas de protección social son claves en la construcción de sociedades democráticas, incluyentes y civilizadas, y son el núcleo del Estado social, democrático y de derecho.

En este sentido, el problema principal que debe resolver una reforma pensional en Colombia es el de la exclusión en que se encuentran 2 de cada 3 personas mayores de 60 años que no cuentan con ningún ingreso en su vejez. Así lo ha indicado la OCDE: “(...) la falta de una pensión mínima en el primer pilar condena a muchos ancianos a la pobreza. En 2012 sólo recibió una pensión el 30% de la población en edad de jubilación, en comparación con un porcentaje del 80% al 90% en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay” . Este diagnóstico debería llevar a una reforma pensional que les asegure a todas las personas con edad de pensión las condiciones materiales mínimas que le permita vivir con dignidad y ser ciudadanos y ciudadanas activos en sus comunidades y en el país.

En este mismo sentido va la orientación de los organismos internacionales de los cuales hace parte Colombia, como Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. En 2009 las Naciones Unidas aprobaron el lanzamiento de la iniciativa del Piso de la Protección Social, como una forma de disminuir los impactos de las crisis económicas sobre las poblaciones más vulnerables. Y en el documento final de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, se estipula que el piso de la protección social figura entre las políticas más eficaces para garantizar a los ciudadanos el acceso a los recursos y un nivel mínimo de protección social.

A partir del concepto de piso de protección social, Naciones Unidas y OIT han indicado que entre los componentes esenciales del piso de protección social debe incluirse la seguridad del ingreso para los ancianos y las personas con discapacidad . La viabilidad de esta propuesta la sustenta la OIT con varias investigaciones que muestran cómo, incluso los países de bajos ingresos, están en la capacidad de adoptar una política de pisos de protección social, aclarando que si no se puede implementar de una sola vez, se debe optar por un enfoque escalonado.

Con base en estas reflexiones, y ante la inminencia de una reforma pensional en Colombia, los trabajadores y algunos sectores sindicales han estado construyendo propuestas para intervenir propositivamente en el debate sobre la reforma pensional, con el objetivo de que ésta incluya el derecho a la protección de los ingresos para toda la población adulta mayor. En concreto, entre otros contenidos, proponen:

Primero, que la reforma pensional garantice un sistema público de protección social, cuyo objetivo fundamental sea la garantía de derechos humanos fundamentales y no la posibilidad de hacer negocios, como ocurre hoy con el sistema de ahorro individual.

Y segundo, que se diseñe un sistema pensional de pilares, con un primer pilar solidario, financiado con impuestos, recursos públicos y cotizaciones, que asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica, o de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo antipobreza, equivalente a medio salario mínimo legal, inicialmente focalizado en la población adulta mayor más vulnerable (piso de protección social). Este ingreso se podría incrementar mediante cotizaciones y/o un sistema de ahorros individuales, como los que propone el sistema BEPS. La financiación de este pilar cuesta menos de la mitad del costo fiscal que hoy tienen las exenciones tributarias al capital.

Un segundo pilar, que hace parte del régimen de prima media, con cotizaciones obligatorias hasta 4 salarios mínimos legales, asegurando una pensión en las condiciones que están establecidas para el régimen de prima media.

Y un tercer pilar, para trabajadores que puedan y quieran cotizar por encima de 4 salarios mínimos, a través de la apertura de cuentas de ahorro individual (en Colpensiones o en los fondos privados), que permitan un ingreso superior a la pensión que asegura el segundo pilar.

Publicado 25 de abril de 2016.

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Viernes, 15 Abril 2016 17:14

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Avanza paro de Asoinca en el Cauca

Alrededor de 6.000 educadores del Cauca protestan en la ciudad de Popayán por la mala calidad de los servicios de salud a que acceden lo que incide de manera negativa en su bienestar. La paciencia se agotó y han decidido declararse en huelga y suspender labores en todo el departamento hasta tanto el gobierno nacional no resuelva las situaciones que inspiraron la protesta. En paz y con gran respaldo popular avanza la toma a la Secretaría de Educación Departamental del Cauca ocupada por alrededor de 300 docentes en la Ciudad Blanca.

 

Cinco días de huelga completan este viernes 15 de abril los docentes del Cauca (hombres y mujeres) agrupados en la Asociación de Instructores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca). El cese de actividades, la movilización permanente y ocupación física de estamentos competentes, fue decretado desde las primeras horas del lunes 11 de abril por las bases y los directivos de la Asociación. Decidieron llevar a cabo está estrategia por considerarla como la forma de lucha más efectiva a favor del mejoramiento de los servicios de salud a que tienen derecho, principal bandera de la movilización. Años de padecer un servicio de salud precario, , procedimientos y medicinas inadecuadas, numerosas perdidas de vidas y serias afectaciones para la integridad física de quienes padecen este servicio de salud, son los motivos que han inspirado la protesta que tiene como epicentro la Ciudad de Popayán.

 

Miguel Burbano, presidente de Asoinca, habló en entrevista telefónica para el periódico desdeabajo explicando los fundamentos y alcances de la protesta que lideran.

 

desdeabajo –da– ¿Por qué toman la decisión de parar? ¿Cuál es el fundamento de las acciones de protesta que están llevando a cabo en el departamento?

 

Miguel Burbano: De manera concreta el paro tiene un solo motivo: restablecer la salud como derecho, ese es el único propósito y sentido del magisterio asociado a Asoinca. Ahora bien, en el plan de actividades tenemos que ser un poco más extenso, podemos explicarlo en tres momentos.

 

El primero es que, a partir de la Ley 91 del 89, y de la Ley 100 del 93, la salud es concebida no ya como un derecho sino como un servicio prestado por particulares. Esto ha golpeado mucho al pueblo colombiano, cobrando por negligencia muchas vidas. Lo que hemos comentado es que el negocio está en no prestar el servicio, ese es el negocio de las empresas con la responsabilidad de prestar el servicio.

 

En el segundo momento encontramos que el magisterio no es ajeno a este problema, motivo por el cual pensamos que la dirigencia nacional, a través del ejecutivo de Fecode, ha sido ineficiente porque en vez de contrarrestar la estructura del modelo de salud lo ha convertido en un negocio, lo que hizo fue reformular o proponer una reforma contractual que para nada beneficia la transformación de la atención de la salud. Entonces, como Asoinca nosotros lo que hacemos es plantear una propuesta a través de un estudio, un análisis, una investigación, en la que proponemos al gobierno nacional el restablecimiento de la salud como derecho y no como servicio. Creamos una organización que se llama Asoprosalud y con ella demostramos que hay un respaldo financiero, una experiencia administrativa y que podemos recibir los recursos del Ministerio de Educación Nacional destinados a la salud para gestionar de manera autónoma e independiente las contrataciones de los diferentes niveles del sistema que sean necesarias.

 

El tercer momento es que hemos tenido varios encuentros con el Ministerio de Educación Nacional, con el Viceministerio de Educación, con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, con asesores jurídicos, contadores, con auditores médicos y llegamos a la conclusión que es una buena propuesta, pero el único que jurídicamente plantea que no es posible reconocerla como tal es el Ministerio de Educación. Están de acuerdo con la propuesta, que es propositiva, loable, es única en el país, pero hasta ahí. De allí a buscar las alternativas para que eso sea posible, no hacen nada.

 

En varias asambleas, incluso en una de ellas nos acompañó el delegado asesor del Viceministro, con más de 300 dirigentes. Él nos escuchó y la respuesta que dio fue: “hay que buscarle la comba al palo”, lo que no ha sido posible. Por ello, desde el 11 de abril nos decretamos en huelga regional indefinida. Esto ha causado un impacto importante, hasta el punto que el Viceministro de Educación va a instar hoy en la tarde (15 de abril) una mesa de negociación.

 

da. ¿Con cuánta participación cuentan?

MB. La jornada de protesta y movilización ha sido efectiva. Estamos hablando de más del 95 por ciento de docentes en paro, estamos hablando de más de 6.000 docentes de la ciudad de Popayán y de los diferentes municipios del departamento. El paro gana en intensidad y en este momento más de 300 personas tomamos la Secretaría de Educación del Departamento.

 

da. ¿Cuáles son las exigencias concretas que pondrán sobre la mesa de negociación para levantar el paro?

MB. Varias soluciones. Primero, la departamentalización del sistema de salud para el Cauca, es decir que el departamento tenga su propio autonomía y autodeterminación en el sistema de salud para el magisterio. Lo segundo, estamos vetando a las multinacionales en cabeza del señor Duarte que tiene el monopolio para el sistema de salud de Colombia. En un tercer momento, que los recursos sean girados a la unión temporal Asoprosalud que es coordinada por la junta directiva de Asoinca

 

da. ¿Hasta cuando continuarán con el paro?

MB. Hasta que hayan soluciones.

 

da. ¿Qué ha dicho el Gobierno sobre la viabilidad jurídica de su propuesta? ¿Existe algún caso donde se hayan alcanzado objetivos similares a lo que está exigiendo Asoinca?

MB. Es un caso único el hecho que una organización sindical haga esta exigencia. Ni siquiera Fecode se ha atrevido a hacerlo. Pero ya hay un ejemplo similar en la organización indígena. Hace casi 19 años a los indígenas les dijeron lo mismo, que no era posible jurídicamente. Hoy llevan más de 19 años y tienen su autonomía en salud, autodeterminación en salud. Yo creo que son más de 30 municipios, es toda una red que ha hecho la organización indígena a través de su autonomía en el país.

 

da. ¿Cómo podría garantizarse el manejo idóneo de los recursos en el caso en que les concedan la autonomía administrativa para su manejo? ¿Cómo garantizarían que la salud prestada a los maestros tuviera una mejor calidad?

MB. Hay un primer principio y es la honestidad, la honradez, la transparencia. Ese es el primer principio en el manejo de los recursos entregados para la salud. El segundo principio es el de la calidad, es decir lo que ha perjudicado y lo que ha entorpecido es no prestar el servicio, negar una cita médica general, una cita médica especializada o cirugías. Lo que nosotros queremos hacer es no negarle el servicio a la gente. Es un derecho el que vamos a garantizar y es un derecho que tiene el docente de ser beneficiado, un derecho en los siguientes términos: oportunidad, participación y calidad.

 

da. ¿Cuántos docentes han sido los afectados por las deficiencias en la prestación de los servicios de salud? ¿Tienen algunas cifras?

MB. Todo el magisterio ha pasado por estas cosas. Hace poco un compañero murió por la falta del medicamento. Todo compañero que necesita una cita de medicina general debe esperar ocho días. Incluso colocar tutelas, demandas, para que le entreguen los medicamentos, para que le autoricen exámenes, para que le autoricen procedimientos. Eso lo vivimos no solo en el Cauca, en todo el país. Son evidencias palpables, reales, concretas.

 

da. ¿Han recibido apoyo de Fecode o de otras organizaciones gremiales, sociales y sindicales?

MB. Hay apoyo de las organizaciones populares, campesinas, indígenas, afro, movimientos estudiantiles, las madres comunitarias. Todos han estado acá con nosotros dándonos ánimos en la toma que desarrollamos. Pero lo escuchado de Fecode es una contradicción, es el mismo discurso del Ministerio de Educación Nacional. Uno no sabe si es que están confabulados o cuáles son las intenciones de los ejecutivos de Fecode.

 

Un paro, una toma, una acción directa totalmente justificada. Sin titubeos avanza la protesta de Asoinca que enfrenta una problemática local con un espectro de incidencia nacional, pues el derecho a la salud lo han vulnerado a la mayoría de los colombianos, hombres y mujeres, adultos y niños, jóvenes o viejos. La comunidad caucana y nacional espera que los huelguistas puedan mantenerse firmes en sus reivindicaciones y acciones de protesta hasta tanto el gobierno nacional ponga punto final a las políticas que han motivado la jornada de movilización en el departamento del Cauca, dando ejemplo de que protestar es una alternativa para el restablecimiento de los derechos violentados.

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Uno de cada diez niños padece desnutrición crónica en Colombia

Uno de cada diez niños colombianos sufre desnutrición crónica, precisó el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Anthony Lake, quien además señaló que la alimentación adecuada en los primeros mil días de vida es fundamental para el desarrollo físico e intelectual.


Aunque “hay niños que pasan hambre en todos los países del mundo”, Lake apunta que esta cifra es considerablemente menor que la registrada en África o en el sur de Asia.


Asimismo, destacó que la desnutrición aguda o severa puede causar retraso en el crecimiento, así como sus capacidades cognitivas, y “no solamente daña su futuro, sino también el de su país”.


El director ejecutivo de Unicef alertó a los gobiernos y padres a considerar la importancia de una alimentación adecuada y de la lactancia materna en los primeros meses de vida.


En diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Gobierno de Colombia adoptar medidas para “preservar la vida e integridad” de los niños y adolescentes de la étnia Wayúu.

En 2015, treinta y ocho niños murieron por patologías asociadas a la desnutrición en Colombia, según reportes del Ministerio de Salud de este país.


Ese mismo año se registraron 898 niños desnutridos en La Guajira, según un reporte del Instituto Colombiano de Bienes Familiar (ICBF).


(Telesurtv.)

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Fusión de Pfizer y Allergan crea la mayor farmacéutica y golpea al fisco de EU

La farmacéutica estadunidense Pfizer y su rival irlandesa Allergan anunciaron la decisión de fusionarse mediante una transacción de 155 mil millones de dólares, con lo que crean la empresa más grande del sector y la mayor maniobra en la historia para ahorrar impuestos, en la que una empresa de Estados Unidos se reorganiza en un país con una tasa fiscal corporativa más baja.


El presidente estadunidense Barack Obama calificó este tipo de decisiones corporativas de no patrióticas, mientras en fecha reciente el Departamento del Tesoro emitió reglas para evitarlas. El exilio de empresas estadunidenses a través de la adquisición de compañías instaladas en países fiscalmente más benéficos, está en la mira del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.


De acuerdo con el diario The New York Times, este tipo de decisiones corporativas cuestan al país miles de millones de dólares cada año.


Pfizer es fabricante del Viagra y del popular medicamento para combatir el colesterol Lipitor, en tanto Allergan produce el botox.


La transacción prevé que Pfizer sea absorbida por Allergan, aunque ésta es una empresa de menor tamaño que su rival estadunidense. Las compañías fusionadas adoptarán el nombre de Pfizer PLC y cotizarán en el mercado de valores de Nueva York bajo la clave PFE.


De acuerdo con The Wall Street Journal, Pfizer espera pagar una tasa fiscal combinada de entre 17 y 18 por ciento, comparada contra el 25 por ciento que abona al fisco de Estados Unidos y que es una de las mayores cargas impositivas de la industria.
La transacción está valorada en 363.63 dólares por acción de Allergan. El acuerdo considera que las empresas harán un intercambio de acciones en una proporción de 11.3 títulos de Pfizer por uno de Allergan, además de entre 6 mil y 12 mil millones de dólares en efectivo.


Tras el cierre del acuerdo, que debe ser aprobado por autoridades antimonopolio en Estados Unidos e Irlanda, los accionistas de Pfizer controlarán 56 por ciento de la firma combinada, mientras los de Allergan poseerán el 44 por ciento restante.
El director ejecutivo de Pfizer, Ian Read, señaló en un comunicado que la fusión creará una compañía con la fortaleza de investigar y desarrollar mayor número de medicinas y terapias, sobre una base más competitiva.


Mediante esta combinación, Pfizer tendrá mayor flexibilidad financiera, que facilitará nuestro constantes descubrimientos y desarrollo de medicinas innovadoras para los pacientes, retorno de capital para nuestros accionistas e inversión continua en Estados Unidos, aseguró.


Ambas farmacéuticas han estado lidiando con una fuerte competencia de los medicamentos genéricos y la presión de los inversionistas por estimular el crecimiento. Se calcula que la competencia de los genéricos reduce las ventas de Pfizer en 28 mil millones desde 2010 hasta el año entrante.


El año pasado Pfizer intentó infructuosamente comprar la farmacéutica británica AstraZeneca Plc. en un acuerdo de alrededor de 118 mil millones de dólares, pero las pláticas se cayeron cuando ambas partes no se pusieron de acuerdo en el precio.
La adquisición de Allergan agregaría sus medicamentos para condiciones oculares, infecciones y enfermedades cardiacas al extenso portafolio de vacunas y fármacos de Pfizer contra el cáncer, el dolor, la disfunción eréctil y otros males.


El volumen de negocios de ambas compañías es de 61 mil 500 millones de dólares contra 58 mil millones del suizo Novartis.
El presidente y director general de Pfizer Inc, Ian Read, continuará con el mismo desempeño en la compañía combinada.

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