Río de Janeiro, 23 de diciembre. Los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y de Francia, Nicolas Sarkozy, firmaron hoy aquí un tratado de asociación estratégica que incluye la construcción de cuatro submarinos convencionales y uno a propulsión nuclear, que definieron como “histórico”.

Brasil adquirirá cuatro submarinos convencionales modelo Scorpenes, a diesel, y Francia cooperará en el desarrollo de submarino con armamento convencional, que recibirá en Brasil un motor de propulsión nuclear y, según el gobierno local, estará operando en 2024.

El valor del negocio no fue revelado, pero medios de prensa se remiten a fuentes militares para afirmar que llegaría a 6 mil 500 millones de euros (unos 9 mil millones de dólares).

El acuerdo sobre los submarinos forma parte del plan de acción del tratado de asociación estratégica Brasil-Francia firmado hoy por Lula y Sarkozy, que prevé además la compra de 50 helicópteros por mil 899 millones de euros (unos 2 mil 640 millones de dólares) a ser montados en Brasil por la empresa Helibras, e incluye la transferencia de tecnología francesa.

Según Lula, la ayuda de Francia en la transferencia de tecnología de punta constituye un paso importante para ampliar la capacidad militar de Brasil y permitirle al país proteger en forma más eficiente sus riquezas naturales, como la foresta amazónica, las reservas de agua potable y los gigantescos yacimientos de petróleo en aguas profundas, a 300 kilómetros de la costa.

“La cooperación en defensa le permitirá a Brasil dar el salto tecnológico necesario para restructurar sus fuerzas armadas y poner en vigencia su nueva estrategia de defensa. Brasil siempre agradecerá al gobierno francés su comprensión y por querer construir una asociación y no sólo una relación de mercado”, afirmó.

A su vez, Sarkozy aseguró a Lula que Francia también se dispone a colaborar con Brasil en el área espacial y en la reanudación del proyecto de construcción de centrales atómicas para generar electricidad, paralizado desde hace varios años, pero que el actual gobierno planea reactivar.

El presidente francés afirmó que los acuerdos firmados hoy “son consecuencia de la voluntad de Brasil y Francia de aliarse para favorecer la paz y la seguridad en el mundo”.

Sarkozy afirmó que la ayuda de su país para que Brasil construya su primer submarino nuclear es “una decisión histórica” que ayudará a convertir el país sudamericano en “una potencia militar”, pero enfatizó que “un Brasil poderoso es un elemento de estabilidad para el mundo”.

Los acuerdos anunciados hoy confirman la creciente importancia de Francia como suministrador de equipos bélicos a Brasil. En los últimos cinco años, las compras brasileñas de armamentos franceses aumentaron 175 por ciento, mientras que las de equipos estadunidenses se incrementaron solamente 38 por ciento.

La participación francesa podría aumentar aún más, si Dassault sale ganadora de la licitación abierta por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para adquirir 36 nuevos aviones caza. Los Rafale fabricados por Dassault están entre los tres finalistas de la licitación, conjuntamente con los F-18 E/F, de la estadunidense Boeing, y el Gripen, de la sueca Saab.

Además de los acuerdos en el sector de defensa, Lula y Sarkozy firmaron nuevos convenios de cooperación económica y comercial y en las áreas de educación y ambiente que incluye la creación de un Centro Francobrasileño de Biodiversidad Amazónica.

En otro orden, Carla Bruni, esposa del presidente Sarkozy, aprovechó la visita a Brasil para visitar una favela en las colinas de Copacabana, en Río de Janeiro. La ex modelo se reunió previamente con los responsables de un desfile organizado por una asociación que trabaja con las mujeres de las favelas. La víspera visitó un hospital.
 

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Sábado, 19 Febrero 2011 13:09

La nueva ley de salud: ¿más de lo mismo?*

Antes que ir al fondo de la crisis financiera o corregir en serio la inequidad del sistema, la ley que acaba de salir no es más que un reacomodo de los actores que pugnan por los recursos, a espaldas de los pacientes ciudadanos.

El gran anuncio


La Ley 1438 del 19 de enero de 2011 fue presentada con bombos y platillos por el presidente Santos en la Casa de Nariño. Se habló de la anhelada “solución estructural” de los problemas del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Entre otras cosas, se dijo que habrá 1,5 billones anuales para lograr la cobertura universal, que por fin los usuarios necesitarán sólo su cédula para ser atendidos porque el derecho tendrá “portabilidad nacional”, que los infantes y adolescentes tendrán preferencia, que la igualación de planes de beneficios es un hecho, y que habrá mucha vigilancia y control para evitar que se pierdan recursos del sistema.

Desafortunadamente, y como pasa con frecuencia en Colombia, la desinformación ayuda a olvidar los problemas y confiar sin preguntar. Pero los problemas siguen ahí y las soluciones no son tan halagadoras.

Una ojeada a la historia


Para valorar esta pomposa norma, no sobra una mirada hacia atrás. El Sistema de Salud en Colombia ha sido objeto de muchas discusiones desde su reorganización con la Ley 100 de 1993. Se debatió largamente sobre la necesidad de reformarlo en las legislaturas de 2004, 2005 y 2006, hasta producir la Ley 1122 de 2007, de la cual se dijo que, si bien no era la solución, contribuiría a superar los principales problemas.

En 2009, la crisis financiera acumulada desbordó la copa y el gobierno de Uribe acudió a una apresurada emergencia social que pretendía poner en cintura a algunos agentes, en especial a los pacientes costosos y los médicos ‘despilfarradores’, para hacer viable el sistema.1

La Corte Constitucional declaró inconstitucional esa medida porque se trataba de problemas estructurales, no sobrevinientes, que debían resolverse por el medio establecido para este tipo de asuntos: el prístino y racional debate legislativo.

Antes de terminar el gobierno Uribe, el Congreso aprobó el aumento de impuestos al tradicional Estado cantinero para superar parcialmente la crisis. Esta fue la Ley 1393 de 2010, que además ayudaría a financiar la unificación de los planes de beneficios ordenada por la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008.

Tres iniciativas, una ley

El Gobierno ha tomado tres iniciativas legislativas que muestran con toda claridad sus intenciones: lograr la sostenibilidad financiera del sistema, torpedear la tutela y cumplir con las órdenes de la Corte. Las iniciativas fueron:
  1. Apoyar el proyecto de reforma constitucional que había presentado el anterior gobierno para hacer de la “sostenibilidad fiscal” un “derecho de todos”, lo cual implica limitar el contenido de los derechos sociales a la disponibilidad de recursos fiscales, después de pagar la deuda pública y garantizar los recursos para la seguridad.2
  2. Un proyecto de ley estatutaria para el sector salud mediante el cual se defina, de una vez por todas, el contenido del “núcleo esencial del derecho” a la atención en salud; esto es, un plan de beneficios costo-efectivo o financieramente viable, para que los jueces de tutela no sigan poniendo en riesgo financiero al sistema con su amplia concepción del derecho a la salud.3
  3. Una integración de los proyectos de leyes ordinarias para reformar el sistema que habían presentado varios parlamentarios de diferentes partidos, pero con la impronta de la sostenibilidad financiera del seguro como eje de las propuestas.

Contrario a lo esperable de la jerarquía normativa, las dos primeras iniciativas siguen su lento curso en el Congreso, mientras la tercera, dados el liderazgo decidido del ministro Santamaría y el “mensaje de urgencia”, se convirtió en la pomposa Ley 1438.

Nada de nuevo

¿Por qué puede decirse que esta ley es más de lo mismo y no la anunciada reforma estructural? Fundamentalmente, porque conserva –como muchas veces lo expresó el Ministro– la estructura del modelo de aseguramiento con competencia regulada. Es decir, la compleja combinación de Estado y mercado que estableció la Ley 100 de 1993, con dos regímenes, según la capacidad de pago de las personas.

Para ello, la nueva ley trata de ajustar el mal comportamiento de todos los agentes para que con el “uso racional de los recursos” contribuyan a hacer de éste un negocio sostenible. Esto no significa ir a las causas estructurales del desajuste sino apretar clavijas. Algo parecido a la emergencia social, pero ahora, en el seno del Congreso, donde se produjo una negociación desigual con cada actor.

Dependiendo de la fuerza económica, social o política del actor, hubo una dosis mayor de zanahoria o de garrote. Por ejemplo, otra vez se propuso prohibir la “integración vertical” de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), es decir, los negocios con sus propios proveedores, para evitar que los recursos pasen de un bolsillo al otro y así aumenten sus ganancias. Pero esta idea se retiró a último momento y las EPS quedaron con el mismo tope de integración (30 por ciento) que había establecido la Ley 1122 de 2007.

Se conserva también la separación de los recursos de los dos regímenes, contributivo por cotización y subsidiado por impuestos. Si bien el Ministro quería suspender la solidaridad de los cotizantes hacia los pobres, el debate produjo el frecuente resultado intermedio con la palabra “hasta”. Así, el Gobierno podrá usar “hasta el 1,5 por ciento” de los recursos de cotización para apoyar el régimen subsidiado, dependiendo de qué tan sostenible sea el contributivo.

Mejoras dudosas

La portabilidad, la universalización y la unificación de planes son sólo promesas, con plazos que van de junio de 2013 a julio de 2014. Todo en función de la sostenibilidad financiera del sistema. Claro que habrá más recursos gracias al aumento de los impuestos a la venta de cerveza, licores, cigarrillos y juegos de azar de la Ley 1393 de 2010, más unos pocos de regalías, armas, municiones y explosivos, es decir, del Estado cantinero, minero y violento que tenemos. Pero los costos y los sobrecostos de un mercado difícil de gobernar, a pesar de la promesa de regular precios de medicamentos y dispositivos médicos, harán que la sonora cifra de “1,5 billones anuales” siga resultando insuficiente.

La “portabilidad nacional del derecho”, anunciada como una de las principales virtudes, sólo podrá exigirse después de junio de 2013, cuando las EPS y el Ministerio de la Protección Social lleguen a un acuerdo sobre cómo pagarles a los hospitales y clínicas, sin el contrato previo entre la EPS del afiliado y la institución prestadora.

No será fácil, pues las EPS compiten entre ellas, y en su negociación con los prestadores o en sus propias clínicas tratan de obtener la menor tarifa. Por su parte, los hospitales y las clínicas quieren mejorar sus ingresos, y esta renegociación será una buena oportunidad para intentarlo. En medio de agentes opuestos que tratan de obtener un lucro legítimo, ¿es posible construir acuerdos duraderos que garanticen la portabilidad del derecho?

La “universalización del aseguramiento” no resulta de una decisión política de garantizar el acceso real a los servicios que se requieren. Se trata de lograr la afiliación compulsiva al sistema, ahora desde el momento en que se requiera un servicio.

El proyecto –porque todavía falta mucho para ejecutar las previsiones de la nueva ley– es el siguiente: cuando usted se enferme, una gran base de datos integrada, disponible en cualquier punto de atención del país, permitirá saber si está afiliado o no mediante la consulta de su número de identidad.

Si está afiliado, comenzará el trámite correspondiente. Sólo después de julio de 2014, según el proyecto de ley estatutaria y no la ley aprobada, se podrá tener la aplazada “unificación” del Plan de Beneficios que ordenó la Corte, de nuevo por razones financieras. Mientras tanto, habrá una actualización de los planes cada dos años, con criterios de “costo-efectividad”, “disponibilidad de recursos” y “equilibrio” de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) que se liquida a las EPS.

Más papeles y más trámites

Si lo que usted requiere no está en el Plan, tendrá que acudir al Comité Técnico Científico (CTC) de la propia EPS, compuesto por médicos ‘ilustrísimos’, quienes tomarán la decisión de autorizar o no el servicio ‘con total objetividad’, aunque sean empleados de la EPS.

Si fallan en su contra, tendrá que ir a otro grupo de científicos de la Superintendencia Nacional de Salud (SINS), llamado “Junta Médica de Pares”. Y si tampoco encuentra que la “evidencia científica” y la “costo-efectividad” de la atención, según las “guías y protocolos” del nuevo Instituto de Evaluación de Tecnologías Médicas (ITTM), justifican su solicitud, tendrá que poner tutela. Pero por lo menos ha pasado por médicos expertos y no por jueces irresponsables con respecto a las finanzas del sistema (!)

Si por fin le autorizan, el Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) tendrá que pagar, igual que hoy. Pero, para evitar tanto trámite, es mejor que compre un “seguro voluntario de salud” que le cubra lo que está por fuera del Plan. Si usted no tiene con qué, ¡ni modo!: deberá someterse a los trámites. El consuelo es que muy pronto éstos estarán estandarizados y con tiempos definidos.

Si usted no está afiliado cuando llegue enfermo a la clínica o el hospital, deberá declarar si tiene o no capacidad de pago. En el primer caso, se le afiliará provisionalmente a una EPS del régimen subsidiado, que pagará su cuenta. Eso sí, no diga mentiras porque, si en la comprobación que haga la EPS resulta que usted sí tenía capacidad de pago, deberá cancelar la cuenta y afiliarse inmediatamente a una EPS del contributivo, y, por supuesto, comenzar a pagar la cotización obligatoria.

Por si acaso, la base nacional de datos se contrastará con la información sobre sus propiedades, ingresos, retenciones y pago de impuestos, para hacer una estimación objetiva de su capacidad de pago y obligarlo a afiliarse a la EPS. Como debe ser: todos los ciudadanos deben pertenecer a uno u otro régimen, y así garantizar más recursos para la salud financiera del sistema.

Cuidando la platica

La nueva ley presenta una serie de procedimientos minuciosos de pago, de control del flujo de recursos y de resolución de conflictos entre los agentes que participan en este mercado regulado. Anuncia rigurosas medidas de vigilancia y control, con sanciones, multas y todo tipo de mecanismos disuasivos, para impedir la apropiación indebida de los recursos.

Esto incluye el principio de corresponsabilidad y el deber de cuidado de los usuarios hacia sí mismos, sus familias y sus comunidades, y en especial el cuidado de sus hijos o ancianos con discapacidad o enfermedades raras.

En apariencia, todos los agentes son iguales, como sus siglas: EPS, ARP, IPS, ESE. También los usuarios aunque no tengan sigla. Y deben comportarse bien para que el sistema funcione.

Saludos a la tribuna

Para atender las críticas de los salubristas, organizaciones de médicos y académicos, se incorporaron términos de moda en el sector, como Atención Primaria en Salud (APS), que propuso la Organización Mundial de la Salud (OMS); equidad en salud y determinantes sociales de la salud, promovidos por la organización misma; así como atención ‘integral’ que muchos añoran, en especial para mujeres gestantes, niños y niñas, discapacitados, mujeres víctimas de violencia, enfermos mentales y adultos mayores.

Y, como siempre, estas aspiraciones explícitas pueden servir para ejercer presión y exigir que se cumplan. Pero el hecho de que aparezcan en la ley no es garantía. Por el contrario, no será fácil desarrollar, por ejemplo, la prometida estrategia de la APS, porque ésta requiere una organización territorial y jerarquizada de los servicios, de acuerdo con las necesidades de atención de las personas, con un buen sistema de información que permita coordinar la gestión de los sectores estatales con las comunidades para inducir cambios en las condiciones de vida que causan la enfermedad.

La ley ordena todas estas cosas. Pero las EPS compiten entre sí y no tienen interés en generar beneficios para sus competidores. Los agentes están más preocupados por seguir las facturas que las personas. Debido a esta pugna distributiva, no se ha desarrollado el sistema de información que ordenó la Ley 1122. Los municipios y los departamentos tampoco tienen capacidad institucional suficiente para coordinar y hacer cumplir compromisos, ahora menos, cuando el Ministerio girará directamente los recursos del Régimen Subsidiado a las EPS.

Negociaciones a oscuras

En conclusión, asistimos a un nuevo episodio de negociaciones entre actores del sistema, fuerzas políticas y gobierno nacional, con muy poca transparencia y con baja participación de los ciudadanos que se verán afectados. Las EPS seguirán siendo los agentes dominantes del sistema y el Estado seguirá tratando de hacer que todos nos portemos bien, por la salud financiera del sistema. Pero es poco probable que, haciendo más de lo mismo, se resuelvan los problemas.

La sociedad colombiana no puede quedar tranquila con las promesas. Es necesario continuar el debate, y sobre todo profundizarlo, aunque se haya presentado esta nueva ley como la mejor solución.

*    Artículo publicado en www.razonpublica.com el 31 de enero de 2011.
**    Mario Hernández, médico, especialista en Bioética. Magíster y Doctor en Historia. Profesor Asociado del Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá. Analista de la revista Razón Pública.

1    Hernández, M.: ¿Emergencia social o emergencia financiera? UNPeriódico N° 130, domingo 14 de febrero de 2010: 15.
2    Proyecto de Acto Legislativo N° 016 de 2010-Cámara, “por el cual se establece el derecho a la sostenibilidad fiscal para alcanzar los fines del Estado Social de Derecho”. Ver exposición de motivos.
3    Proyecto de Ley N° 186 de 2010-Senado, “por el cual se regula parcialmente el derecho a la salud y a la igualdad en salud en los regímenes contributivo y subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y los principios de prioridad en los afiliados, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, igualdad, solidaridad, equidad, universalidad, calidad, eficiencia, sostenibilidad, progresividad, participación social, corresponsabilidad y transparencia en el acceso a los servicios de seguridad social en salud, así como el deber de procurar el cuidado integral de la salud”. Ver exposición de motivos.


La ley de reforma a la Seguridad Social

Contrarreforma constitucional que niega la salud como derecho fundamental


Comunicado a la opinión pública

 

En comunicado hecho público en enero pasado, la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental hizo público su rotundo rechazo a la Ley 1438 del 19 de enero de 2011 por la cual el actual gobierno Reforma el Sistema de Seguridad Social en Salud.

De acuerdo a la Mesa, el verdadero propósito que se persigue con esta Reforma sólo apunta a preservar el negocio de los intermediarios de la salud, en contra del interés general de los colombianos. La Reforma, de igual manera, revela cómo el gran poder económico de las EPS negoció en el Congreso, desconociendo los argumentos de la Academia, la movilización de las organizaciones sociales y los propios entes de control estatales.

 

Según la Mesa, “Por sus alcances constitucionales y sociales, se trata de una verdadera contrarreforma a la Constitución Nacional y va contra el derecho fundamental a la salud de los colombianos, en claro desacato a lo ordenado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-760 de 2008”.
Primero el negocio, luego los derechos

La Mesa denuncia “…que la preocupación central del actual gobierno en la reforma es la eufemísticamente llamada sostenibilidad fiscal del sistema, en cuyo altar se quemarán todos los demás derechos, incluido el de la propia vida, a través de varios mecanismos como:

El mantenimiento de un ‘plan de beneficios’ limitado, sofísticamente llamado nuevo POS, tanto para el Régimen Contributivo como para el Subsidiado, que deja postergado hasta 2014 el mandato de la Corte Constitucional de igualación de los dos planes.

Los medicamentos y procedimientos que no estén cubiertos en ese “plan de beneficios” lo serán en primer lugar por el usuario, y para eso el sistema tendrá la facultad de investigar la existencia de posibles fuentes de autofinanciación y sostenimiento económico del mismo, lo que recoge todo el contenido de uno de los decretos de emergencia ‘social’, declarado inexequible por la Corte Constitucional en marzo de 2010. El Estado se libera de este cubrimiento de seguridad social en salud, descargando este mayor valor que cubría el Fosyga en hombros del usuario. Los planes de salud prepagada serán el gran negocio que obtendrán las EPS, cuando los requerimientos en cualquier nivel en salud no sean cubiertos por el posito. Las EPS le ‘recomendarán’ al usuario obtener un plan de salud prepagada.

No se garantiza la real ni oportuna prestación del servicio de la salud porque la prioridad de los privados será la ganancia, y al Gobierno –en connivencia con ellos– sólo le interesa la sostenibilidad fiscal.

El ordenador del gasto, el médico, quien directa y permanentemente conoce al paciente, es interferido por el llamado Consejo Médico Científico, que dilata la orden médica mientras en el enfermo avanza su patología.

No se vislumbra un control a la corrupción en la contratación y la comercialización de los medicamentos desde el exterior y en el interior de la nación, canales del verdadero desangre del presupuesto nacional para el sistema de salud y que de mala fe le imputan al paciente, a quien sólo le otorgan el derecho al uso de acetaminofén sin importar sexo, edad o gravedad de su enfermedad.

La integración vertical, en beneficio del negocio de las EPS con posición dominante, en lugar de corregirse y limitarse, se fortalece.

La red pública hospitalaria sólo es mencionada para aplicarle reducción de recursos, amenazas de intervención y liquidación. De esta manera, se continúa con la línea de represión, discriminación y abuso para con la mayoría de los colombianos que entregan su fuerza de trabajo y hasta su vida”.

Para la Mesa Intersectorial de Antioquia por la Salud como Derecho Fundamental, no hay duda, la Reforma en cuestión “…profundiza la crisis de la Ley 100, que desde hace 18 años impera, sin que les haya importado a los gobernantes y legisladores el clamor general al exigir el cambio ‘del estado inconstitucional de las cosas’ para con la población que atiende, y su obligación de proveer una seguridad social integral en salud. ‘La salud es un derecho. No un favor’. ¿En qué queda nuestro Estado Social de Derecho y la democracia participativa, de que tanto nos hablan?

Finaliza la Mesa advirtiendo a la sociedad en su conjunto “que la Ley 1438 es el primer paso, si la Corte Constitucional y la movilización social lo permiten, para hacer desaparecer la Acción de Tutela, tan importante para rescatar los derechos sociales fundamentales de los colombianos”.
Publicado enEdición 166
Viernes, 06 Agosto 2010 06:48

Los retos del gobierno de Santos

La llegada del presidente Juan Manuel Santos a la Casa de Nariño genera expectativas entre los ciudadanos que habitan en  Colombia. Cada uno de ellos,  que en total suman 48 millones, tiene sus prioridades, pero  la de mayor importancia  es su situación económica.    

Así lo determina una encuesta  publicada por Invamer Gallup, que indica que el 42% de los encuestados cree que el principal problema que el Gobierno debe atender es su capacidad adquisitiva.   

Según el informe de la Misión de Empleo, Desigualdad y Pobreza, el 45,5% de los colombianos vive en la pobreza y el 16,4% en la pobreza extrema. A esto se suman las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), que determinan que hay más de 2 millones 600 mil personas sin empleo. 

Por ello,  tal como lo aseguró  el Presidente electo Juan Manuel Santos -quien mañana asume el poder- durante  una entrevista con El Telégrafo,  su Gobierno  tiene como meta reducir los índices de pobreza  y aumentar las plazas de trabajo  a 2,5 millones de empleos nuevos.  

Otro de los temas que deberá afrontar  de inmediato el nuevo Mandatario es reforzar  la seguridad y  mejorar las relaciones internacionales, sobre todo con Ecuador y Venezuela.  Para el ex viceministro de Justicia, Rafael Nieto, el Gobierno entrante enfrentará tres retos importantes en materia de seguridad: la culminación del conflicto armado, la reducción de la actividad del narcotráfico y la disminución de los índices de criminalidad urbana. 

“El conflicto armado obliga a la distracción de una gran parte de los recursos del Estado e implica un costo muy alto en vidas humanas. La producción de narcóticos hace un gran daño a la economía, sigue siendo el principal elemento corruptor de la política y es el motor de la violencia”, explica Nieto.

Una de las principales metas de Santos, como lo demostró en su corta gira como presidente electo por Latinoamérica y Europa, será tener una relación más abierta y cordial con los demás países, pero sobre todo darle un rumbo distinto a las relaciones con los vecinos.   

La especialista en Relaciones Internacionales Socorro Ramírez señala que  “el comienzo de un nuevo Gobierno es una oportunidad para comenzar a construir una política exterior de Estado, de largo aliento, que vincule a los estamentos institucionales”. A su juicio, no es suficiente con los gestos y anuncios de cambio, se requiere con urgencia una política exterior integral, “que tenga una mirada de conjunto”. 

En medio de la ruptura diplomática de Venezuela con Colombia se abre la pregunta entre los expertos sobre cuáles serán los rasgos que caractericen la política exterior del Mandatario electo. Nadie puede predecir sus efectos, pero sí  advertir, desde ya, algunos de sus lineamientos. Por ejemplo, en medio de la ruptura de relaciones con Venezuela, Santos ha preferido guardar silencio, lo que ha sido calificado por los especialistas como una actitud prudente.  

La gira de Santos por Europa (Inglaterra, Alemania, Francia y España) y la actual por América Latina puede considerarse como la primera piedra de esa política de diversificación en las relaciones exteriores.  “Esa fue una señal de que la política exterior tendrá muchos cambios”, señala la politóloga Laura Gil, tras agregar que América Latina no estaba en el radar de la política exterior, salvo para buscar algún acercamiento con Venezuela. 

Otro elemento que destacan los analistas    en la nueva política externa del Gobierno, es  que Santos será amigo de EE.UU., pero sin la subordinación que demostró Uribe.  La internacionalista Socorro Ramírez destaca: “El país debe cambiar su forma de relacionarse, construir una política exterior más diversificada, que entienda que sus intereses no pueden ser iguales a los de Washington. Que mire a la región con respeto”. El politólogo Alejo Vargas considera que, al mismo tiempo, Santos tendrá que mantener la política de seguridad democrática impulsada por su antecesor, “pero introduciendo ajustes tácticos y estratégicos que se adecuen a las nuevas condiciones de la confrontación con las guerrillas y especialmente con las bandas emergentes o neo-paramilitares”, asegura Vargas.

Sin embargo, el Mandatario deberá dar también prioridad a la política de seguridad ciudadana para las grandes ciudades y a una política de seguridad fronteriza que reconozca los esfuerzos de los países vecinos.

El director del Observatorio de Conflicto Armado, Mauricio Romero, sostiene que entre  la lista de prioridades también  está una política de seguridad más activa para las zonas fronterizas. “La guerrilla se desplazó a las zonas limítrofes, lo mismo hicieron estructuras que quedaron de la desmovilización de las autodefensas, en aras del control de la producción de la droga”, explica. 

Y agrega que   no solo se requiere de una política de seguridad, sino de generación de desarrollo específica para las zonas fronterizas, y atención a los desplazados. También, cooperación con los gobiernos vecinos, no  confrontación, pues sin la normalización de las relaciones es imposible resolver el problema fronterizo.
Publicado enColombia
Bogotá, 5 de agosto. En la percepción de un amplio sector de la sociedad colombiana –70 por ciento, según las encuestas–, el presidente Álvaro Uribe, que abandonará este sábado la Casa de Nariño, es prácticamente un héroe que derrotó al narcoterrorismo, que abatió la inseguridad en las principales ciudades y recuperó para los ciudadanos la posibilidad de transitar por las carreteras del país sudamericano sin el riesgo de caer en alguna pesca milagrosa (secuestro y extorsión) con las que asolaban, hasta hace sólo algunos años, las guerrillas y los paramilitares.
 
Un halo de leyenda construido alrededor de Uribe es lo que lleva a su ex asesor José Obdulio Gaviria –conocido como su mosquetero– a expresarse exaltadamente en su artículo del periódico El Tiempo del pasado miércoles. La providencia nos regaló a una inteligencia superior; un guía para dirigir a su pueblo en la travesía del desierto, asegura.
 
Lo cierto es que, según los estudios más serios sobre la materia, la popularidad del presidente Uribe, que se la debe en buena medida a su estrategia de Seguridad Democrática, es más un fenómeno de percepción social, producto de una sólida propaganda oficial que se ejerció con el concurso de los poderes mediáticos –el periodismo patriótico, como lo llamó irónicamente el periodista español José Manuel Medem– que una realidad que pueda constatarse con datos duros.
 
Ariel Fernando Ávila, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), define en entrevista con La Jornada un enfoque mucho más estrecho de la alabada Seguridad Democrática: Es una política contrainsurgente y casi sólo contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Y más nada.
 
La culebra sigue viva, pese a los anuncios oficiales
 
El recuento de las acciones guerrilleras del último año y medio, de las bajas en el ejército y las nuevas zonas de expansión de tropas insurgentes demuestran que Uribe no logró su obsesión de derrotar militarmente a la guerrilla o, puesto en sus propias palabras, terminar de matar a la culebra.
 
En la mayor parte de los balances sobre estos ocho años sostienen que las FARC sufrieron una derrota histórica y que de la guerra de guerrillas más antigua del continente americano sólo quedaría por rematar a los restos de columnas rebeldes aisladas en territorios remotos. Pero un estudio más detallado permite llegar a una conclusión muy diferente.
 
Se trata del reporte La guerra contra las FARC y la guerra de las FARC, que publica la CNAI en su revista anual Arcanos. En esta investigación del Observatorio del Conflicto Armado, cuyo autor es Ávila, se demuestra que en los dos últimos años las FARC y en menor medida el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se consolidaron en zonas que comprenden una tercera parte del territorio nacional. Hoy en día el ejército gubernamental controla solamente 50 por ciento del país.
 
Pese al discurso de la derrota militar de las FARC, Ávila concluye que hay un empantanamiento en el conflicto armado y que en los últimos meses de 2009 las FARC comenzaron a retomar algunos territorios. Explica que a pesar de la tendencia de 2008, de grandes golpes contra los rebeldes con las operaciones Jaque y Fénix, hoy la guerrilla mantiene una fuerte capacidad bélica.
 
Estadísticas, gráficas y mapas permiten sostener que la política de Seguridad Democrática llegó a un techo en cuanto a resultados militares en 2008, y en 2009 empezó a revertirse: Esto es evidente principalmente en La Guajira, Guaviare, Cauca y Nariño, que años atrás no eran escenarios bélicos y hoy sí lo son.
 
–¿No hay un triunfo que acreditarle al gobierno en su lucha?
 
–Sí, bueno, su logro es haber sacado a las FARC del centro de nuestro país. Pero en la periferia la guerra es otra cosa.
 
Error, definir a rebeldes como una narcoguerrilla
 
–¿En su opinión es correcta la definición de narcoguerrilla que acuñó el gobierno? ¿Qué tanto controlan las FARC de las rutas del narcotráfico?
 
Ávila se apoya en mapas para marcar: “La mayoría de la coca sale por Tumaco (suroccidente, en el Pacífico), que va a México; por el Tapón del Darién, a México vía Panamá, y por Buenaventura (Pacífico), que también va a México. Todas estas rutas son controladas por los grupos de paramilitares y neoparamilitares y los nuevos cárteles de la droga. Hay otras, como las rutas que van hacia Venezuela en la Arauca, pero esas también son de paramilitares, Aguilas Negras y Señor Cuchillo.
 
“Existe otra ruta, que es la de Brasil, que es la que controlan las FARC. Por ahí sale 15 por ciento. No es correcto calificarlos como narcotraficantes, y no porque sean buenos o malos. Es que no saben del negocio. No lavan dólares ni invierten. No lo permiten porque se les corrompería la tropa, saben que si lo anterior se expande internamente, ellos se acaban.
 
–¿Es cierto que sostienen su logística con dinero del narco?
 
–En 40 por ciento. Lo demás viene del secuestro y la extorsión.
 
–¿También las FARC se descentralizaron y atomizaron, como lo hicieron los narcos y los paras?
 
–Sí. Ellos vieron lo que le pasó a Abimael Guzmán (Sendero Luminoso) en Perú. Cuando capturan a Gonzalo, al año siguiente se acabaron. Las FARC dividieron el país en siete bloques, cada uno con sus comandantes, que actúan como comisarios: Mono Jojoy (segundo en la línea de mando), Pablo Catatumbo, Timochenco, Mauricio, Alfonso Cano (sucesor de Manuel Marulanda en la comandancia general), Iván Márquez, Joaquín Gómez.
 
De modo que cuando hay un golpe duro en un bloque, la gente de los demás bloques no se desmovilizan. Eso pasó cuando mataron a Raúl Reyes; fue un golpe duro, pero no logró incapacitar a los demás frentes.
 
Nadie está convencido de que pueda ganar la guerra
 
–¿Alguno de los grupos puede ganar esta guerra?
 
–Así como está, no. Hay que preguntarle ahora a Juan Manuel Santos. Por lo pronto las FARC saben que no la ganan. El año pasado hubo más de mil 300 militares fuera de combate (muertos, 470). Este año la cifra va a ser mucho mas alta. Ésta es una guerra terrible, lo que pasa es que no se ve.
 
–¿Puede ser que con Santos en la presidencia el tema de una salida negociada se ponga sobre la mesa en algún momento?
 
–La sociedad tiene una imagen negativa de la negociación por lo que pasó en Caguán (el fracaso de la negociación que impulsó Andrés Pastrana). Aquí es muy difícil sostener en público que ese proceso tuvo algo de positivo. Yo creo que antes de finales de 2011 va a ser muy difícil que se abra un proceso de negociación. Va a ser después, con la crisis económica, con el contexto internacional, porque los vecinos están muy incómodos con el conflicto.

Por Blanche Petrich
Enviada
Publicado enColombia