Sábado, 23 Julio 2016 07:51

Terror y muerte en un shopping de Munich

Cerca del shopping atacado se apostaron miembros especiales de comandos policiales y varias ambulancias que asistían a los heridos.
 
AL MENOS DIEZ MUERTOS EN UN ATAQUE CON ARMAS LARGAS EN LA CIUDAD ALEMANA. EL AUTOR SE HABRIA SUICIDADO


Según la policía, un joven alemán-iraní disparó a mansalva en un restaurante de comida rápida, en uno de los centros comerciales más grandes de la capital de Baviera. Para los investigadores, aún no hay indicios de que se trate de un atentado de islamistas radicales.

 

El terror se apoderó ayer de la ciudad alemana de Munich al producirse un ataque en el centro comercial Olympia-Einkaufszentrum con un saldo de por lo menos diez muertos y 21 heridos. La policía declaró un “alta alerta terrorista” tras el tiroteo.


La policía local informó al principio que habían actuado tres atacantes, pero luego aclaró que casi con seguridad había sido uno solo, un alemán de 18 años de origen iraní que vivía en Munich desde hace muchos años. El atacante se habría suicidado después de la masacre, agregó el vocero policial. El terrorista, pertrechado con un arma larga, se dio a la fuga después de haber disparado en un restaurante de comida rápida en uno de los centros comerciales más grandes de la capital de Baviera. La policía dijo que no hay indicios de que se trate de un atentado de islamistas radicales. “Es prematuro especular sobre el motivo de los atacantes”, aseguró el portavoz policial Marcus da Gloria Martins. “Hablamos de un ataque terrorista porque ante esta alerta alcanzamos el mayor despliegue de seguridad”, explicó un alto funcionario de seguridad. Tras varias horas de búsqueda de los supuestos fugitivos, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo que el motivo del horrible ataque no está claro y que las evidencias son contradictorias.


Horas más tarde la policía informó que el cadáver de un hombre que fue hallado cerca del centro comercial correspondería al único atacante que habría actuado en el atentado, quien luego se habría suicidado. El hombre llevaba una mochila que está siendo examinada por expertos en artefactos explosivos.


“Estamos analizando de forma intensa la posibilidad de que se trate de un atacante”, dijo un portavoz de la policía de la ciudad alemana. En Internet y en los medios circula un video sobre un hombre vestido de negro que abre fuego a quemarropa contra gente en la acera delante de un restaurante de cómidas rápidas. No está confirmado si fue grabado durante el ataque de ayer. También se especula con que el ataque podría haber sido perpetrado por radicales de derecha. Un video en Internet del que se hicieron eco los medios alemanes muestra a un presunto agresor discutiendo a gritos con un vecino en el que dice “Soy alemán, nací aquí”. Testigos citados por CNN y medios alemanes aseguran que los atacantes gritaban “extranjeros de mierda”.


Las autoridades llamaron a la población a no abandonar sus casas. Todo el transporte urbano (metros, autobuses y tranvías) quedó paralizado y también fue suspendido el tráfico ferroviario. La estación central de Munich fue evacuada. La policía pidió a los conductores que abriesen paso a los patrulleros y vehículos policiales en las autopistas hacia la capital bávara. Médicos y enfermeras fueron llamados a asumir turnos adicionales en los hospitales.


Tras el atentado en el centro comercial conocido como #Oez que está en el distrito de Moosach cercano al Parque Olímpico de la ciudad, trascendieron versiones de un tiroteo en una plaza del centro de la ciudad. La policía desplegó un gran operativo en el centro después de que muchas personas corrieran en la zona presas del pánico, pero luego aseguró que se trató de una falsa alarma. Policías fuertemente armados patrullan también en estaciones de metro del centro. Poco después del atentado las autoridades efectuaron un llamamiento a la población a través de un sistema de alarma de teléfonos celulares instándolos a permanecer en sus hogares. “No sabemos dónde están los agresores. Cuídense y eviten los lugares públicos”, habían alertado a través de la red Twitter.


El primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, y el titular de Interior bávaro, Joachim Herrmann, pusieron en marcha un gabinete de crisis. Policías de toda la ciudad acudieron al centro comercial que fue escenario del tiroteo y acordonaron ampliamente la zona. Varios helicópteros sobrevolaban la ciudad, a la que fueron destacadas tropas de elite procedentes de Bonn.


El tiroteo comenzó a las 17.52 hora localen un restaurante de cómidas rápidas en el centro comercial Olympia, dijo el viceportavoz de la presidencia de la policía de Munich, Thomas Baumann. El centro comercial se encuentra enclavado en un área residencial y está a dos estaciones de metro del Estadio Olímpico de la ciudad. Tiene 135 locales comerciales y es uno de los mayores centros de compras de Munich. Al principio, la situación era muy confusa, y diversos videos y fotos empezaron a circular por las redes sociales mostrando escenas de pánico, con personas corriendo por el centro comercial a la búsqueda de un refugio, policías ingresando a los estacionamientos, e incluso posibles tomas de los tiradores saliendo del lugar. Otros archivos que circulaban por las redes sociales dejaban oír el sonido de los disparos, que empezaron en el local de la hamburguesería McDonald’s integrado al shopping.


En el noreste de la ciudad, allí donde se registraron los disparos en el centro comercial, regía el estado de excepción. Rápidamente la policía cercó y evacuó la zona. Seguía prevaleciendo la incertidumbre y la policía pidió a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Un viernes por la tarde normalmente la zona está en plenitud. Todas las grandes marcas tienen tiendas en el centro comercial.


La policía llamó a la población a no publicar fotos ni videos de los operativos policales. “Por favor, no publiquen en la red fotos/videos de las medidas policiales en el lugar del hecho. ¡No apoyen a los agresores!”, tuitéo. Facebook activó en horas de la tarde el “Safety Check” a través del cual los usuarios pueden dar señales de que se encuentran a salvo. Asimismo, habitantes de la ciudad emplearon en Twitter el hashtag #OffeneTür (Puertas abiertas) para ofrecer o recibir refugio en la ciudad. Los pasajeros que hayan quedado varados por la suspensión del tránsito ferroviario hacia Munich por el ataque en un centro comercial podrán pasar la noche en trenes en las afueras de la ciudad alemana, informó ayer la compañía ferroviaria Deutsche Bahn. Además, varios hoteles se ofrecieron a albergar gratuitamente a gente que quedó varada en Munich.


El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, que al momento del atentado se encontraba en un avión que lo llevaba a los Estados Unidos, donde iba a iniciar sus vacaciones de verano, retornó inmediatamente al país. Cerca de las 21, hora local (16 hora argentina), la cancillería federal convocó a una reunión de crisis para seguir la evolución de la situación. La canciller, Angela Merkel, no se encontraba presente, pero presidirá hoy una reunión del Gabinete Federal de Seguridad, junto a los titulares de las principales carteras, para analizar la situación tras el brutal ataque, comunicó la cancillería alemana. A la reunión asistirán, además de Merkel, su jefe de Gabinete, Peter Altmaier; la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen; el vicecanciller, Sigmar Gabriel; el ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier; el de Justicia, Heiko Maas; el de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el de Cooperación, Gerd Müller.


Alemania es sacudida por segunda vez en pocos días por un acto de terror. El lunes, un refugiado afgano de 17 años atacó con hacha y cuchillo a pasajeros en un tren regional al grito de “Alá es grande” dejando un saldo de cuatro heridos graves. El joven fue abatido por la policía. Los especialistas en terrorismo habían avisado de la posibilidad de atentados en “objetivos blandos” poco vigilados como centros comerciales, escuelas u hospitales.

 

 


 

 

Confrontación confesional, xenofobia y exclusión

 

Por Eduardo Febbro


Desde París


Ben Laden y el entorno teórico de Al Qaeda están obteniendo una horrenda victoria póstuma a través del Estado Islámico. Las miles y miles de personas que mueren víctimas de los atentados en varias regiones del mundo tienen un origen teórico común, una decisión estratégica fundacional pactada por Estados Unidos y Arabia Saudita y un error garrafal cometido en Irak luego de la invasión de 2003. Esos tres elementos van a diseñar el espantoso mundo en el cual vivimos.


El jihadismo que conocemos hoy se nutre de tres fuentes. En primer lugar, es hereditario de la política que Washington y Riad implementaron a finales de los años 70 (1979) mediante la cual islamizaron, con la ayuda de Bin Laden, la resistencia interior contra la invasión soviética de Afganistán. Por ese diseño pasó también, aunque con otras intenciones, una multinacional argentina, Bridas, cuando, antes que los enceguecidos norteamericanos, va a descubrir la utilidad de los talibanes en su proyecto de trazar el recorrido de un gasoducto de cerca de 1500 kilómetros que iba dese Turkmenistán hasta Pakistán. En segundo lugar, los atentados en Occidente se inspiran en una obra teórica de 1.600 páginas escrita por Abou Moussab al-Souri, el teórico de la tercera jihad y ex mano derecha de Ben Laden. Este sirio nacido en Alepo hace 60 años plasmó en en el libro “Llamado a la resistencia islámica mundial” lo que el Estado Islámico está llevando a cabo en la realidad, o sea, la Jihad global del pobre. La obra, aún accesible en internet, se ha convertido en una biblia y en el manual de iniciación básico para todos los candidatos a la guerra santa contra Occidente. El tercer elemento es la invasión de Irak, la disolución de la policía y el ejército iraquí decidida por un analfabeto critico de las relaciones internacionales, el administrador civil de Irak, el norteamericano Paul Bremer, el montaje posterior de un gobierno iraquí de mayoría chiíta pero tan violento como corrupto y el aislamiento de la minoría sunnita en el seno de la cual estaban los altos mandos del ejercito iraquí, los servicios secretos, los miembros del partido Bass y la policía, hoy espinas dorsales del Estado Islámico.


Pero la cuna es siempre una combinación de la confrontación durante la llamada Guerra Fría entre las dos potencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, los intereses gasíferos y petroleros, Irak y el extremismo islamista, el cual, con la ayuda de Arabia Saudita, Estados Unidos y Pakistán, será propagado, armado y entrenado por la primera potencia mundial con el objetivo de desalojar al ejército rojo de Afganistán. Todos los hechos terminan componiendo el eslabón de una cadena que llega hasta nuestros sangrientos días y en la cual el libro de Abou Moussab al-Souri es una pieza fundamental. El “Llamado a la resistencia islámica mundial” es, ante todo, el producto del desacuerdo entre Osama Bin Laden y Abou Moussab al-Souri, nombre de guerra con el que remplazó al auténtico, Mustafá Setmariam Nassar. Al-Souri estaba totalmente en contra de actos terroristas tentaculares y espectaculares como el que Bin Laden cometió en Estados Unidos en septiembre de 2001. Para él, ese tipo de estrategia sólo podía acarrear consecuencias destructoras porque accionaban dos resortes de una potencia con una capacidad de intervención militar enorme: primero, el aumento de los créditos militares, dos la invasión de los llamados “territorios cuna”, es decir, Afganistán. No se equivocó, el 11 de septiembre atrajo a Estados Unidos a Afganistán y esa expedición militar terminó con el desmantelamiento casi total de Al Qaida. La ex cabeza pensante de Bin Laden criticó a su jefe en un correo electrónico donde decía: “nuestro hermano fue contaminado por la enfermedad de las pantallas, los flashes, sus admiradores y los aplausos”. Abou Moussab al-Souri propuso cambiar la meta y apuntar no hacia los Estados Unidos, país muy alejado y potente, sino hacia lo qué el llamaba “el vientre blando” de Occidente, es decir, Europa. Para ello, el sirio -más tarde nacionalizado español en virtud de su matrimonio con una española–, inventó el término de “nizam la tanzim”, un “sistema pero no una organización”: es decir, una estructura terrorista compuesta por células auto gestionadas, sin lazo con un órgano central, una suerte de jihad horizontal autónomo, separado de cualquier idea piramidal. Ya hemos visto su eficacia en los últimos años. Internet y las redes sociales serán en esa visión otro aporte clave porque ambos, en la idea de al-Souri, ocupan el lugar de las mezquitas o los imanes. Sin contacto físico, sin frecuentación de lugares vigiladas, los individuos se empapan en esa opción.


En su libro, Abou Moussab al-Souri calculó las consecuencias en el seno mismo de las sociedades occidentales: confrontación racial, xenofobia y exclusión por parte de los occidentales y, por consiguiente, radicalización de los musulmanes víctimas del racismo. Por curioso que parezca, ninguno de los muy publicitados servicios de inteligencia de las potencias mundiales prestó la debida atención a ese libro. No sólo aún se lo encuentra en Internet sino que, además, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las decenas de think tank que se crearon en Washington para pensar el mundo gozaban de créditos millonarios pero sufrían de una falencia absurda: en esos think tank casi nadie hablaba árabe. El Estado Islámico aplicó con letra de sangre esa yihad horizontal pero también introdujo blancos nuevos que no estaban en el libro de Al-Souri: Arabia Saudita, Yemen, Túnez, Libia, Turquía y Rusia con el atentado contra el avión ruso derribado el 31 de octubre de 2014 por el ISIS. Las peregrinaciones de Abou Moussab al-Souri no están tampoco exentas de interés para comprender las barrabasadas cometidas por los servicios de inteligencia. El sirio fue arrestado en 2005 por los servicios secretos de Pakistán cuando huyó de Afganistán y entregado a Estados Unidos. Washington tenía la perla entre sus manos pero se la entregó a la Siria de Bachar el-Assad en 2011 (otras fuentes hablan de 2007). Assad lo liberó el mismo año con una intención semejante a la que llevó a Washington a armar la resistencia afgana: islamizar las revueltas árabes que estallaron en 2011 y, con ello, restarles legitimidad. Hoy nadie sabe donde está.


El perfil de guerra confesional que Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán trazaron en torno a Afganistán explotó en las manos de todos. Ningún cerebro de la CIA o la NSA previó la expansión posterior. La mayoría de los llamados “hombres más buscados” por Estados Unidos fueron, en su momento, aliados de esos tres países. Los llevaron a Pakistán, los adiestraron en las famosas escuelas coránicas de Peshawar y luego los soltaron en Afganistán con armas en las manos. “El enemigo es fuerte y poderoso, nosotros somos pobres. La guerra será extensa”, escribió Abou Moussab al-Souri en su libro. El Estado Islámico se empapó en esa literatura y llevó a la realidad esa guerra “nizam la tanzim”, es decir, el sistema de lobos solitarios que azota a Occidente. Su yihad descentralizada se extiende ahora por las capitales del Viejo Continente, y más allá: la matanza de Niza, el atentado en el aeropuerto de Turquía, el atentado en el aeropuerto de Bruselas, las matanzas de París, y, en estas horas, tal vez Monich. Abou Moussab al-Souri conocía muy bien ese “vientre blando” de Occidente. Vivió exiliado en Francia, en Londres y luego, con su esposa, en Andalucía. Abou Moussab al-Souri presidió el nacimiento de las dos primeras yihad e inventó la tercera. La primera se articuló contra el ejército soviético en Afganistán: la segunda contra la invasión norteamericana de Irak en 2003 y, esta, la tercera, una fuerza heredera de cada uno de esos hechos, el Estado Islámico, la siembra en occidente. La obra de Abou Moussab al-Souri no habría tenido la influencia que tuvo si Estados Unidos y sus lacayos no hubiesen despertado y alimentado el islamismo radical, si no hubiesen luego fracturado de una manera espantosa Irak. A ello se le sumaron la exclusión, el racismo y el desprecio de que son objeto los musulmanes en Europa. Las palabras de al-Souri se convirtieron en semillas de bombas humanas que no sólo destrozan vidas en París sino, también, en Irak donde, casi en silencio, centenas de vidas humanas desaparecen tragadas por bombas activadas hace mucho por las potencias occidentales.

 

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Jueves, 30 Junio 2016 07:46

Paz sin paramilitarismo (III)

Paz sin paramilitarismo (III)

En la construcción de la paz, las Farc organizaran su movilización política con un nuevo partido. Hay que implementar ya todas las medidas de protección de sus miebros acordadas para prevenir la repetición del exterminio de la Union Patriótica.

El drama vivido por la Unión Patriótica no puede ser repetido. El exterminio espantoso de sus militantes por los grupos paramilitares es una amenaza que debe ser conjurada.

El paramilitarismo que es el alma y esencia del Estado oligárquico colombiano mutara e intentara acribillar a los integrantes del nuevo partido político que organicen las Farc y el movimiento social agrario en su legítima acción política.

En ese sentido son prioritarias las medidas acordadas en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno y la delegación guerrillera para generar un sistema de seguridad efectivo para el ejercicio de la política democrática y transformadora.

Acá queremos referirnos a este punto neurálgico en la construcción de la paz, el cual fue acordado el pasado 23 de junio y que requiere ser implementado rápidamente, especialmente en las regiones y zonas donde el conflicto ha sido más agudo.

Veamos pues los detalles de lo consensuado.

Se creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el consenso sobre Participación Política.

 

Medidas de protección, seguridad personal y colectiva

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado “Un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integrantes –hombres y mujeres– en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del “Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz”, acuerdan:

Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política ( http://bit.ly/298kHFA ), la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: numeral 2.1.2.1 ver http://bit.ly/298kHFA) desarrollará e implementará, los siguientes componentes del Sistema de Seguridad:

- Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las Entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas:

Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas.

- Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

- Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

La Instancia estará conformada por:

a) El Presidente de la República.

b) El Ministro del Interior.

c) El Ministro de Defensa.

d) El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

e) El Comandante de las Fuerzas Militares.

f) El Director de la Policía Nacional.

g) El Director de la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.

La Instancia de Alto Nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

El Gobierno Nacional garantizará la participación en la Alta Instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado/a de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados/as de entidades del Estado y órganos de control.

Delegado/a Presidencial:

El Presidente de la República, designará un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores/as de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo.

El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo "Participación política: Apertura democrática para construir la paz", numeral 2.1.2.1, literal c, ( http://bit.ly/298kHFA ) que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

Este Programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes.

Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo que se establezca en el Acuerdo Final y desde la firma del mismo.

Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP.

El Gobierno Nacional, creará una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección especializada de seguridad y protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo.

Mesa Técnica de Seguridad y Protección:

El Gobierno Nacional, pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este Acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Mesa Técnica tendrá las siguientes funciones:

Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Mesa Técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección, será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades. Así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo.

A iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el Delegado/a Presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos -decretos y desarrollos- que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del Acuerdo Final.

La Mesa Técnica estará integrada por las y los delegados/as del Gobierno Nacional, en cabeza del Delegado/a Presidencial, el Director/a de la UNP y el Subdirector/a de la nueva subdirección especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario/a, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá el o la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia.

Antes de la firma del Acuerdo Final, participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes.

Firmado el acuerdo los delegados/as designados/as por las FARC-EP seguirán haciendo parte de la Mesa Técnica. Creado el movimiento político se incorporarán a la Mesa Técnica las y los representantes que este designe.

Exigimos que este esquema institucional sea organizado desde ya para que la construcción de la paz sea una realidad inmediata. Sin dilaciones y sin trampas como las que están colocando ciertas fichas del sistema judicial ordinario.

 

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Publicado enColombia
Lunes, 27 Junio 2016 06:38

Llamado a las armas

Llamado a las armas

No pasa un día sin noticias de múltiples homicidios y heridos por balas. En un país que está obsesionado con ser excepcional, logra serlo en un rubro: no hay ninguna otra nación avanzada que se parezca –ni de cerca– a Estados Unidos en el nivel de sangre en sus calles por la violencia con armas de fuego.

Una masiva expresión de amor y solidaridad brotó este domingo en las calles de Nueva York, durante el ya casi oficialista Desfile por el orgullo gay, donde al comienzo se guardó un minuto de silencio por los 49 muertos y 53 heridos en el club de Orlando –la mayoría latinos– a manos de un hombre armado con, entre otras cosas, un rifle de asalto. Alto al odio, fue la mayor consigna. Habían latinos y musulmanes que declaraban y coreaban contra la ola de odio promovido por Donald Trump y su partido afirmando que se enfrentarán contra la triple amenaza de la islamofobia, el sentimiento antimigrante y la homofobia. Un refugiado sirio, Subhi Nahas, fue uno de los tres seleccionados para encabezar la marcha este año. Otra consigna en letreros, disfraces y carros fue: No viviremos en el temor.


Pero estas expresiones se tenían que hacer bajo un despliegue masivo de seguridad policiaca –incluyendo francotiradores en algunos techos, a lo largo de la ruta por la Quinta Avenida, barricadas y miles de agentes. Todo porque en cualquier momento alguien con armas –frecuentemente, legalmente adquiridas– podría declararse patriota, terrorista o sólo un loco y atacar el festival.
El temor se ha vuelto el pilar de la vida en el país más poderoso de la historia del mundo. Ese es el pretexto para casi todo, incluso de los que defienden lo que aquí sigue siendo el sagrado derecho de tener y portar armas. Justo después de la tragedia en el club Pulse, de Orlando, las acciones de los fabricantes de armamento –y la compra de sus productos– se (perdón por la palabra) dispararon.


Hay suficiente armamento en manos privadas para armar a todos los adultos en Estados Unidos –alrededor de 300 millones. Con éstas mueren aproximadamente unas 33 mil personas cada año (dos tercios son suicidios) y 70 mil son heridas. Los homicidios con armas de fuego son ahora causa común de decesos en este país, cobrándose la vida de aproximadamente el mismo número de gente por accidentes en automóviles. La tasa de mortalidad por armas de fuego es de 31 por millón de habitantes, equivalente a 27 personas cada día del año, reporta el New York Times –más que en cualquier otro país avanzado (aunque no más que en otras naciones, incluyendo a México, donde la tasa es de 122 por millón).


Las balaceras masivas –la peor en la historia del país y la más reciente, en Orlando– ocurren en promedio en 5 de cada 6 días en este país, según datos del Gun Violence Archive analizados por The Guardian, un total de mil incidentes en mil 260 días (hay diferentes definiciones, pero para este cálculo se trata de incidentes en los que cuatro o más personas son baleadas).


Muchos periodistas aquí nos tenemos que hacer la pregunta demasiado frecuentemente: ¿cuántas veces más tenemos que escribir esta historia? Una vez más hay horror, una vez más el presidente expresa condolencias y lamenta que no se ha hecho nada más para controlar las armas de fuego, una vez más los expertos recuerdan las estadísticas mortales, una vez más se detona el debate sobre el armamento en foros públicos, en medios, en los pasillos del poder. Y una vez más: nada.


La parálisis política muestra ante los ojos del mundo la inoperancia del sistema político estadunidense para proteger a sus ciudadanos. Cuatro iniciativas de ley para imponer muy moderados controles sobre las armas fueron derrotados en el Senado durante días recientes. Ni la sencilla iniciativa para prohibir la venta de las armas de asalto, modelos civiles de armamento para uso militar, incluyendo el popular AR-15, que han sido las más usadas en las matanzas (donde cuatro o más son baleados) en tiempos recientes, desde Columbine, Aurora, la primaria en Newtown, y ahora Orlando se han podido prohibir.


Por eso fue notable el breve espectáculo de la semana pasada, cuando representantes federales demócratas ocuparon el recinto de la cámara baja durante poco más de 24 horas, sentándose en el piso del recinto y declarando que permanecerían ahí hasta que se programara un voto para una medida muy modesta (aunque problemática): que se prohibiera la venta de armas de fuego a todo aquel que esté en la famosa lista de no volar, antiterrorista, que mantiene el gobierno federal. Encabezados por el legendario diputado afroestadunidense John Lewis, veterano del movimiento por los derechos civiles de los 60, y acompañados en momentos diferentes por la lideresa de la minoría demócrata Nancy Pelosi y el aún precandidato presidencial Bernie Sanders, desafiaron las órdenes del presidente de la cámara para retomar la agenda del día. “A veces se tiene que hacer algo fuera de lo común... Llega un momento en que se tiene que decir algo, en el que hay que hacer un poco de ruido, en el que hay que dar un paso”, expresó Lewis con su voz inconfundible.


Los republicanos rehusaron ceder y hasta ordenaron que se apagaran las cámaras de CSPAN, el canal de cable que transmite las actividades del Congreso. Aparentemente aún no se han dado cuenta de que en este mundo digital apagar las cámaras no evita que todo se difunda por teléfonos por las redes sociales, lo cual ocurrió. Pero después de 24 horas, el Congreso fue declarado en receso.


Mientras tanto, algún colega en alguna esquina de este país está reportando sobre otro muerto, otro herido por bala en Chicago, Baltimore, Oakland o cerca del Capitolio, donde ya se fueron de vacaciones los que supuestamente trabajan en nombre del pueblo.


PD: este reportero está contemplando solicitar de su periódico un chaleco antibalas para seguir reportando desde Estados Unidos.

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El yihadista estadunidense de Orlando, empleado de la trasnacional paramilitar británica

G4S, mayor empresa de seguridad del mundo y bizarra firma paramilitar trasnacional británica, destaca por sus poco conocidas operaciones en 125 países, entre ellos el “México neoliberal itamita”, con 618 mil "empleados" sui géneris, como el "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen.

G4S encabeza la privatización de la "seguridad" global y es el tercer empleador privado del mundo detrás de la explotadora Walmart y Foxconn.

Es curioso que se sepa muy poco de la trasnacional paramilitar privada G4S que controla nuestras vidas, que carga con estruendosos escándalos (http://goo.gl/fvl2tl). Su comedia de "errores" es infinita, desde el pésimo cuidado de las cárceles en Gran Bretaña hasta los Juegos Olímpicos de Londres, donde no pudieron cumplir con la cuota de 13 mil vigilantes, por lo que el gobierno llamó a miles de soldados y policías en su lugar.

¡Qué parecido existe entre la siniestra paramilitar G4S y la funesta Blackwater, empresa privada (sic) militar de EU en Iraq, que tuvo que trasmutar su nombre al de Xe Services y luego al de Academi, después de su barbarie ocupacional!

¿Se trata de una nueva modalidad de ocupación/intervención paramilitar de los países vasallos al outsourcing (deslocalización) de la "seguridad", donde brilla intensamente la tripleta israelí-anglosajona y su panoplia ­ciberbélica?

Hoy las invasiones son multidimensionales, más que únicamente con ejércitos, donde juegan un papel decisivo las "guerras geofinancieras" de los banksters israelí-anglosajones y sus empresas paramilitares de "seguridad" con sus bélicos ­"empleados".

De no ser por la deleznable carnicería en Orlando perpetrada por el presunto "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen –exhibicionista de playeras de la policía de Nueva York y empleado desde 2007 de la siniestra G4S (http://goo.gl/qjiLXn)–, es probable que la tan desinformada opinión pública nunca se hubiera enterado de la existencia de la trasnacional paramilitar y multifuncional británica.

Pregunta tonta: ¿por qué nadie investiga a G4S en EU, ya no se diga en el “México neoliberal itamita”?

La privada paramilitar G4S pre­gona sus labores multifuncionales: "Servicios de personal de seguridad, servicios de manejo de efectivo, servicios de justicia, vigilancia de espec­táculos masivos y externalización de procesos de negocios (sic) relacionados con la seguridad y sus riesgos" cuando "protege los principales aeropuertos del mundo (120)" y puertos (70 países), además de que maneja cárceles y correccionales, provee logística y transporte de bancos (sic), realiza vigilancia electrónica, dispone de minas (¡supersic!) terrestres y artefactos explosivos militares y da entrenamiento en seguridad”.

Más bien G4S parece una trasnacional paramilitar en el limbo entre lo privado y lo público, donde oculta el número de sus empleados ex militares en el mundo turbio del contratismo de la "seguridad" local/regional/global que abarca a los impresentables “guaruras (body guards)” para todo tipo de "servicios" cuando 27 por ciento de sus ingresos globales provienen de contratos con los gobiernos.

¿Qué tipo de contratos tuvo y tiene G4S con el fallido “México neoliberal itamita”? ¿Lo sabrán sus ignaros congresistas? ¿Chi lo sa?

No cuadran sus magros ingresos netos, unos raquíticos 26 millones de dólares, con sus alcances globales y su espectacular número de empleados.

Su división en Estados Unidos (EU) se ha cansado de hacer trampas en sus ejercicios antiterroristas, por lo que ha sido expulsado y sustituido en 10 principales sitios nucleares (sic) tras el 11-S.

A mi juicio, muchas "fallas" de G4S sirven para sembrar el terror deliberado con propósitos extra-curriculares.

Según el feroz investigador Way­ne Madsen, “Sitora Yusufiy, ex mujer del tirador del bar Pulse, Omar Mateen, confesó que había sido instruida por los agentes de la FBI de no decir a los medios que su ex marido era gay (http://goo.gl/z9u0Au)”, lo cual ya había sido referido por Bajo la Lupa.

Wayne Madsen exhuma los "es­trechos vínculos" de G4S con el sector judicial (sic) de EU cuando operaba como Wacken­hut, empresa que arrancó con el ex agente de la FBI (sic) George Wackenhut Sr, en representación del director de la FBI Edgar Hoover. ¿Es la filial G4S en EU una cobertura de la FBI?

Se ha cocinado una extraña mezcla de yihadista/gay/neoyorquino del terrorista Omar Mateen cuando resulta que su padre, candidato a la presidencia en Afganistán, forma parte de la red pro talibán de los propagandistas afganos/paquistaníes que usan las redes de televisión y radio financiadas por Broadcasting Board of Governors (BBG), influida por la CIA.

¿Entonces, los consagrados comentaristas de radio y televisión en Estados Unidos son palomeados por la CIA/FBI/Mossad para desinformar a su audiencia ignara? Ahora queda claro por qué ya no me invitan en fechas recientes. Jajaja.

Se ha gestado una clásica colisión bipolar entre la FBI, consagrada a asuntos domésticos, y la trasnacionalidad de la CIA, cuyo director es John Brennan, anterior jefe de la estación en Arabia Saudita y quien "testificó ante el Congre­so que no existía evidencia de una conexión entre Omar Mateen y los yihadistas del califato islámico", según Madsen.

G4S operó antes como Group 4 Securicor, y su sede se encuentra en Crawley (Sussex). Su presidente es el británico John Connolly y su director ejecutivo es el anglosudafricano Ashley Almanza, cuya operatividad es perturbadora: hace 23 años fue director financiero (sic) en el área de exploración y producción de British Gas (¡supersic!) y luego director financiero de BG Group con ingreso neto de mil 44 millones de dólares con solamente 5 mil 200 empleados (http://goo.gl/cpaUxJ).

En forma extraña, Almanza es director simultáneo (sic) de Schroders –trasnacional británica de manejo de capitales financieros en 28 países– y Noble Corporation, contratista de perforación off shore.

¿Qué tienen que ver juntos "seguridad de G4S" con manejo de activos financieros de Schroders y exploración petrolera de Noble Corporation en las aguas muy profundas de la geopolítica y el outsourcing de la "seguridad"?

La estructura operativa de G4S, nominada por la ONG Public Eye Award como una de las peores compañías del mundo, se divide en dos rubros: 1) Secure Solution: consulta de riesgo, manejo de seguridad y sistemas de seguridad, y 2) Cash Solutions: outsourcing del ciclo del manejo de liquidez para bancos, instituciones financieras y menudeo: 18 por ciento (sic) de su rotación.

G4S ha sido acusada de usar como "mano de obra barata" a los detenidos inmigrantes en las cárceles (https://goo.gl/Sxkzhg). ¿G4S explotará también a los migrantes mexicanos detenidos en las cárceles que "maneja"?

A lo que ha llevado la perniciosa "privatización paramilitar" de la seguridad pública y su outsourcing, que forma parte intrínseca del neoliberalismo global israelí-anglosajón y que no pocas veces es manipulado por las agencias de espionaje (FBI, CIA, Mossad, etcétera) y sus macabros juegos electoralistas y hasta geopolíticos cuando ahora las elecciones en el Atlántico Norte se están decidiendo con la siembra de atentados y la difusión deliberada del miedo ulterior.

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Exhortan a crear ciberejército en América Latina

Los países del Sur no serán libres si no cambian la manera en que se maneja la información y no aumentan sus defensas para evitar graves consecuencias, indican desde un foro dedicado a Julian Assange en Quito.


“Los países del Sur no vamos a poder romper con esta forma de ‘neodependentismo’ cognitivo, digital, tecnológico, y no vamos a poder ser libres si no disputamos el sentido de cómo se maneja la información y no intentamos romper esos monopolios de conocimiento”, afirmó el lunes el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ecuatoriano, René Ramírez.


Pronunció estas palabras durante la apertura del foro “Julian Assange: cuatro años de libertad negada”, organizado en Quito, capital ecuatoriana, y que se desarrolla entre este lunes y el viernes con motivo de los cuatro años de asilo político del fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, capital del Reino Unido.


Los países del Sur no vamos a poder romper con esta forma de ‘neodependentismo’ cognitivo, digital, tecnológico, y no vamos a poder ser libres si no disputamos el sentido de cómo se maneja la información y no intentamos romper esos monopolios de conocimiento”, indicó el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ecuatoriano, René Ramírez.

Dada esta historia, Ramírez llamó a las naciones latinas a desarrollar “tecnología propia”, y advirtió que si “no tomamos acción, vamos a quedar en la esclavitud de la ignorancia”. Las acusaciones contra Assange, aseguró por otro lado, son en realidad “una “vendetta” política contra Wikileaks por haber publicado cables diplomáticos que han avergonzado a muchos gobiernos”.


Por otra parte, en la misma jornada y evento, el periodista español Ignacio Ramonet aseveró que los países de América Latina han de desarrollar un ejército cibernético para proteger aquellos aspectos que los dejan indefensos contra la nueva capacidad de las grandes potencias a intervenir. Equiparó también la importancia de ello con la de las defensas nacionales tradicionales (agua, tierra, mar y aire).


“Si un adversario penetra en el cerebro informático que administra alguna actividad importante de un país lo puede poner de rodillas sin siquiera invadirlo”, alertó el periodista en el evento, organizado por del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).


Estudiar la ciberguerra y desarrollar un equipo de “hackers patriotas”, para crear “un cuerpo armado de inteligencia informática”, es algo que Ramonet describió como indispensable ya que si la información de un país es violada ello “puede perjudicar severamente a una nación”. Todas las que llamamos “las grandes potencias”, insistió, ya disponen de un ciberejército que no depende de las fuerzas armadas o el “estado mayor”, sino que es un cuerpo en sí mismo.


Las intervenciones de países como EE.UU. en los asuntos internos de diferentes países latinoamericanos, han suscitado numerosas quejas por parte de esas naciones. El propio WikiLeaks reveló el programa de espionaje de EE.UU. a distintos países latinoamericanos como Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Otro periodista estadounidense además destacó que uno de los principales blancos del programa mundial de espionaje de Washington era Brasil, que se encuentra en medio de una crisis política por la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.

(Con información de HispanTV

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 Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla, en el tribunal de Buenos Aires, el 30 de abril de 2011.

 


Sábado 28 de mayo de 2016.


Buenos Aires.


El tribunal oral federal uno de Argentina condenó este viernes a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, a los ex comandantes Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la llamada operación Cóndor, coordinación criminal de las dic- taduras del Cono Sur en los años 70 y principios de los 80.

 

La causa investigó el complot de las dictaduras latinoamericanas para secuestrar, trasladar de un país a otro ilegalmente, asesinar a opositores en el exilio o importantes dirigentes políticos y ex guerrilleros. Los jueces Adrián Federico Grünberg, Óscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, además del juez sustituto Ricardo Ángel Basílico, comenzaron en 2003 el juicio oral, en el cual había 32 acusados, de los cuales sólo 17 llegaron vivos a la lectura del veredicto.

 

El general Bignone fue el último presidente de facto de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, que dejó saldo de unos 30 mil desaparecidos, miles de muertos y sobrevivientes que fueron sometidos a torturas y vejaciones en el contexto del terrorismo de Estado impuesto en el país, que utilizó como metodología sistemática el robo de niños nacidos en cautiverio o detenidos con sus padres y luego desaparecidos.

 

Decenas de familiares y algunos sobrevivientes, así como organismos defensores de los derechos humanos e hijos de desaparecidos dentro del esquema Cóndor, esperaron en una sala expectante y cargada de emoción, separados por una pared del estrado, donde un magistrado leyó la sentencia y la lista de los nombres de las víctimas. 

 

Fue el primer juicio sobre la operación Cóndor en el país y la región de este acuerdo criminal de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia.

 

En esta causa también se investigó parte de lo que fue el expediente del juicio que se realizó sobre el centro clandestino de detención Automotores Orletti, adonde fueron llevadas la mayoría de las víctimas. Hubo mayor cantidad de uruguayos refugiados en Argentina, detenidos y entregados a las fuerzas militares uruguayas que actuaban dentro de la operación Cóndor, como fue el caso de la joven María Claudia García de Gelman, esposa de Marcelo Gelman, hijo del reconocido poeta Juan Gelman, quien pudo recuperar a su nieta Macarena, después de años de búsqueda.

 

Macarena, nacida en un centro clandestino de Uruguay y entregada a un policía y su esposa, con su madre desaparecida en ese país y su padre asesinado en Argentina, se encontraba por la tarde cargada de emociones, pero también de esperanza en la justicia.

 

También estaba Sara Méndez, uruguaya detenida en Orletti y llevada con otros compañeros a Uruguay después de que le fue arrebatado 20 días su bebé, mismo que fue encontrado posteriormente en Buenos Aires en el hogar de un comisario.

 

Muchos de los que sobrevivieron en Orletti fueron testigos invaluables del infierno vivido esos años. También condenaron a los que tuvieron responsabilidad en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de dos jóvenes diplomáticos cubanos, Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, cuyo restos, como los de Marcelo Gelman, los encontraron en tambos de aceite con cemento, los cuales fueron arrojados a una río y hallados muchos años después.

 

La mayoría de los acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por “asociación ilícita”, con sentencias que van de ocho, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno. La mayoría estaban sentenciados en otras causas como responsables de centenares de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.

 

La pena de 25 años de prisión fue para Santiago Omar Riveros y el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, quienes se robaron a una hija de desaparecidos en el contexto de la operación Cóndor. En este caso, implicado en los tormentos contra víctimas en Orletti. Asimismo, el coronel retirado del ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini.

 

Reynaldo Bignone y Rodolfo Feroglio recibieron penas de 20 años. De 88 años, Bignone fue condenado por ser autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado plan Cóndor”, aseveró el juez Amirante al leer el veredicto.

 

Cordero, a su vez, fue sentenciado por ser “partícipe necesario, responsable penalmente de privación de la libertad en 11 casos”. Entre éstos, ya probados, está el de María Claudia de Gelman. Algunos de los principales responsables, como el ex dictador Jorge Rafael Videla, ya murieron. Otros fueron apartados de la causa por razones de salud.

 

En los primeros años de la investigación, en 2001, se pidió la extradición de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Bánzer (Bolivia), pero la justicia no dio curso en seguida y luego fallecieron todos.

 

“Se trata de un juicio único por sus características. Es el primero en Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia se conoce desde hace décadas”, expresó el joven fiscal Pablo Ouviña.

 

El mismo día en que la justicia dictó sentencia en el primer juicio sobre la operación Cóndor, organismos humanitarios manifestaron su enorme preocupación por la decisión del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri por una iniciativa de acuerdos de seguridad, la cual comienza con la iniciación de un seminario dictado por especialistas en inteligencia y antiterrorismo de Israel.

 

“Es una iniciativa llamada a tener una fuerte gravitación en la orientación de las decisiones geopolíticas del Estado argentino con las consecuencias que esto ocasionaría (...) esto confirma el riesgo, que fue adelantado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que la región y nuestro país sean llevados a involucrarse en el escenario de conflictos que se desarrollan en otras partes del mundo y que terminaron desatando verdaderas tragedias humanitarias”, aseveró el legislador Leopoldo Moreau con base en lo publicado por el diario Clarín, el cual agregó que participarán 16 empresas israelíes que vendrían a proveer a las fuerzas de seguridad locales de elementos tecnológicos de inteligencia.

 

Se advierte que está prevista una conferencia del general de brigada Royi Elcabets, israelí, quien disertará sobre cómo sus compatriotas “combaten las acciones de terrorismo”.

 

Moreau, experto en el tema, señaló: “No podemos dejar de preguntarnos qué tiene que ver esa problemática con nuestra realidad local, sin dejar de lado también la interrogante de si la definición de terrorismo que tiene el Estado argentino es similar o, por el contrario, difiere con la que tiene el Estado de Israel”

 

 

 

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Entrevista a Ignacio Ramonet, periodista y cofundador de ATTAC “Las empresas nos vigilan mejor que los Estados”

De la mano de Barack Obama, Google planea su aterrizaje en Cuba. Mark Zuckerberg pide en el Mobile World Congress de Barcelona internet “para los más pobres” y Apple se niega a dar los datos del teléfono de un presunto terrorista al Gobierno estadounidense. Las GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), reinas de Silicon Valley, mueven ficha. Buscan mercado y fidelizar a sus clientes. En el mundo hay 4.100 millones de personas sin acceso a internet que viven desconectadas de ese Imperio de la vigilancia (Clave Intelectual, 2016) del que Ignacio Ramonet habla en su último libro.

 

Conversamos con este experto en geopolítica, cofundador de ATTAC y director de la edición española de Le Monde Diplomatique sobre la crisis sistémica global, sus vínculos con las tensiones entre seguridad y libertad y el panóptico tecnológico en el que vivimos.

 

¿Qué es esto del imperio de la vigilancia?

 

El imperio de la vigilancia es esta especie de articulación que se ha creado entre los Estados, las grandes empresas que dominan internet y los sistemas de inteligencia. Es el resultado de la facilidad técnica que existe hoy para vigilarnos a partir del momento en que cada uno de nosotros y nosotras, en los países desarrollados, decidimos voluntariamente equiparnos con aparatos como los teléfonos móviles, los Ipad o los ordenadores. Nos hemos dotado de sistemas que le permiten a organizaciones del Estado o grandes empresas vigilarnos. Esto es lo nuevo con respecto a la vigilancia histórica. Consideramos que la existencia de estos instrumentos amplía el perímetro de nuestra libertad, pero al mismo tiempo ampliamos la superficie de nuestra vigilancia.

 

La vigilancia es un accidente. Paul Virilio dice que cada vez que se hace un avance tecnológico surge un accidente no previsto. Cuando se inventa la electricidad se inventa la electrocución, cuando se inventa internet se inventa la vigilancia de masas. Antes la vigilancia era un fantasma, un temor paranoico porque era imposible vigilar a todo el mundo. Hoy la vigilancia es posible.

 

Parece que esta vigilancia, que implica la pérdida de libertades, se ampara y legitima en un discurso sobre la seguridad. ¿Qué rol juegan los medios de comunicación avalando este paradigma securitario?

 

Los medios juegan un rol muy conservador con la idea de que si los Estados establecen un sistema de vigilancia es para protegernos. Es una especie de trueque. Yo te doy seguridad y tú me das tu libertad, o una parte de ella. Los medios se adhieren a eso. El problema es que si para combatir el terrorismo liquidamos el conjunto de las libertades democráticas, pagamos un precio demasiado alto y uno de los objetivos del terrorismo se consigue. Cuidado con este negocio falseado porque la seguridad total no existe, los propios gobernantes hablan constantemente de que están tomando todas las precauciones pero no pueden garantizar que no haya un atentado. En cambio, la libertad sí que se puede disminuir mediante leyes.

 

¿Qué riesgos tiene ese discurso?

 

Tiene el riesgo de que de esa manera estemos liquidando libertades fundamentales. ¿Qué diferencia hay entre una dictadura y una democracia? Que la dictadura te controla, te condiciona, te vigila sin que estés informado de ello. Pero si actualmente nos vigilan, ¿dónde está la verdadera democracia?

 

¿Existe un techo de cristal en este espionaje, en este control de la población? ¿Hasta dónde se pretende llegar?

 

El objetivo es crear lo que llamo la justicia predictiva. Existen dos obras que imaginaron sociedades distópicas, totalmente vigiladas. Una es 1984 (1949) de George Orwell y otra Minority Report (1956) de Philip K. Dick. 1984 es una sociedad completamente vigilada a través de la tecnología. Minority Report habla de un aparato que esencialmente sirve para prevenir el crimen. Se vigila a toda la población con un objetivo preciso de evitar el crimen. Se detiene a la persona por un crimen que aún no ha cometido. En Francia hay un artículo de la ley que lo permite. La intención del crimen ya es un crimen.

 

Hablas mucho de que el objetivo de este control es la supuesta seguridad pero también existe una parte comercial, de venta de datos a gobiernos y multinacionales.

 

La novedad es que ahora nos vigilan las empresas y lo hacen mejor que los propios Estados. Cuando el Estado quiere vigilarte le pide a tu proveedor telefónico la lista de tus llamadas. Es tu proveedor telefónico el que te vigila. El Estado, los gobiernos también le van a pedir a Google la lista de lo que has consultado, porque lo tiene todo. Esto es lo que explica que empresas como Google, que no venden nada, sean las más ricas del mundo, porque venden nuestros datos.

 

La otra cara de la moneda sería la potencialidad que tienen todas estas redes como Facebook o Twitter para promover movilizaciones.

 

No se trata de condenar internet, es un avance fundamental, se trata de estudiar el accidente, qué es la vigilancia y cómo reducirlo y protegerse.

 

Esa vigilancia se incrementó mucho a partir del 11S. Ahora, la situación en Europa ha cambiado mucho. La crisis de los refugiados o la guerra en Siria necesitan nuevos marcos de interpretación. ¿Qué análisis geopolítico hace?

 

Estamos en un momento de transición. El periodo de estos últimos 20 años ha estado marcado a escala geopolítica por la crisis de Oriente Medio, que ahora estalla con las cuestión de Siria, y también por la hegemonía de China. En este momento, China está cambiando de modelo económico y de desarrollo, lo que tiene una repercusión muy grande. La caída del precio de las materias primas es algo nuevo en estos 20 años, que se han caracterizado por una subida incesante de las commodities y por el hecho de que muchos países del sur aprovecharon esta situación para transformarse, hasta el punto de que se pudo hablar de países emergentes, los BRICS, se creó el G20... De los emergentes ya no se habla, muchos están en crisis. En América Latina el ciclo está cambiando y en Europa los partidos consolidados han visto reducir su solidez.

 

¿Cómo influye este cambio en las crisis de los distintos gobiernos de izquierdas de América Latina?

 

Mucha gente lee el cambio de ciclo en América Latina como si de repente la oposición tuviera argumentos, pero no los tiene. El cambio de ciclo político es consecuencia de un cambio de ciclo económico que se basaba en tres pilares. Por un lado, China tenía un crecimiento muy elevado, acompañado de una política de ser la fábrica del mundo para la exportación de productos, para lo cual tenía que importar muchísimas materias primas de América Latina, entre otros sitios.

 

En segundo lugar, el precio del petróleo ha caído por distintas razones muy complejas, como rivalidades entre Arabia Saudí y Estados Unidos o el fracking. En último lugar, el dólar ha subido mucho, lo cual encarece las inversiones, que ya no vienen a América Latina. Son tres parámetros que han cambiado la economía latinoamericana. Los países que antes tenían muchos recursos por el precio de las materias primas, por los inversores o por el precio del petróleo ya no pueden distribuir como lo hacían antes. Ecuador, por ejemplo, ha tenido que reducir su presupuesto en 2.000 millones de dólares a pesar de ser un país muy bien administrado. Otro ejemplo es Bolivia, que va a tener dificultades porque el gas es muy importante en la exportación.

 

En 15 años muchas sociedades en Latinoamérica han cambiado. Decenas de miles de personas han salido de la pobreza y se han integrado en las clases medias por lo que el discurso del poder no puede ser el mismo. Las ambiciones de estas clases medias no son las mismas que las de las clases populares anteriores. La gente ya no se contenta con tener escuela. En Bolivia, Ecuador y Venezuela se eliminó el analfabetismo. En Venezuela se construyeron once universidades que no existían. Pero la respuesta mediante la cantidad ya no es suficiente para millones de personas que ya están acostumbradas a tener escuela. Lo que quieren es que haya una buena escuela, hospitales de calidad y transportes públicos eficaces. Muchos de estos gobiernos no han sabido contestar a estas demandas. En Venezuela se perdieron las elecciones legislativas, pero la oposición sólo ganó 300.000 votos. Quien perdió fue el chavismo, que perdió dos millones de votos. En Bolivia se ha perdido el referéndum. ¿Era necesario hacer este referéndum para alguien que está 10 años en el poder? La respuesta la ha dado la ciudadanía. No era indispensable. Has cambiado la sociedad. Ahora es más culta, está mejor cuidada, no la puedes tratar como si fuera lo contrario.

 

 

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"Hay que actuar sin que se vuelva un espectáculo"

Habitualmente quienes sostienen que en materia de narcos la Argentina ya es México o está en trance de serlo no dicen qué pasa en México. Página/12 entrevistó al politólogo canadiense Prud-homme y recogió una explicación sobre los riesgos de declarar guerras y luchas y de hacer intervenir a las Fuerzas Armadas.


Habla español con acento francés por su origen canadiense, pero hace 32 años que reside en México. Politólogo e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del prestigioso centro académico El Colegio de México, Jean Francois Prud-homme accedió a responder sobre la cuestión del narcotráfico y subrayó un dato histórico: "Entre el 2006 y el 2012, el sexenio del presidente Felipe Calderón, hubo miles de fallecidos, con una estimación mínima de 60 mil víctimas mortales sin contar desaparecidos".


–México discute qué hacer con el narcotráfico de manera constante. ¿Cuál es para usted el punto más importante del debate?


–Un punto clave es la capacidad del Estado de garantizar el Estado de derecho. Quizás en la historia reciente de México una de las lecciones, que no ha sido bien asimilada y entendida por la clase política, sea del partido que sea, y que debería ser una gran lección, es lo que pasó en el gobierno de Calderón. Creyó que el discurso de la guerra y la lucha contra el narcotráfico es políticamente rentable. Calderón lo usó inspirándose en el éxito de Alvaro Uribe en Colombia. Pero al final del camino está claro que para la clase política la idea de ganar la guerra y aniquilar al enemigo termina siendo muy complicada.


–¿Porque no ganaron la guerra?


–Porque es muy difícil presumir de resultados. No es una guerra convencional. Uno puede apresar a varios de los actores, y actores importantes, pero de todas maneras eso no impide que el negocio prospere y que las organizaciones se mantengan. Como se requiere de cuerpos especializados, y no hay o nunca son suficientes, al final es una responsabilidad que cae en manos del ejército. Esto a su vez crea dinámicas en las que el ejército se ve involucrado en acciones criticables desde la perspectiva de los derechos humanos. Entonces se desata una lógica de la cual es muy difícil salirse. El discurso del presidente Calderón en el que declaró la guerra al narcotráfico hizo que todo su gobierno quedase atrapado por el tema. Y al final, por más que fuesen apresados algunos jefes de carteles, es difícil evaluar si hubo un triunfo.


–¿Existe alternativa?


–Hay que actuar de manera más discreta, consistente, sin que se vuelva un gran espectáculo. En el caso de México, además, lo que resulta muy complicado es la suma de un problema de dimensiones geográficas de un país extenso y de un problema geopolítico: México está pegado al mayor mercado de consumo de drogas. Hoy quizás haya también un componente más doméstico que antes. Pero básicamente igual tiene que ver con el consumo en el mercado norteamericano. Eso hace que por más que se limiten las actividades de ciertos carteles surjan nuevos grupos delictivos. Hay un negocio y hay delincuentes que están dispuestos a responder a la demanda. En México queda bastante claro que esa situación crea situaciones regionales diferentes, determinadas por las rutas de tránsito de la droga o, para tomar un caso, por la producción de heroína en el Estado de Guerrero. Hay una geografía de la violencia.


–¿Esa geografía plantea escalas distintas dentro del Estado?


–Sí. Genera aspectos distintos de corrupción y complicidad con las autoridades políticas. En un país federal como México se plantea a menudo el tema de la jurisdicción sobre quién tiene que luchar. ¿Agencias locales o agencias nacionales? Incluso hay complicidades más marcadas y evidentes a nivel de ciertos municipios y de policías municipales. O, a veces, en los gobiernos de los Estados. A nivel federal el asunto es más complicado, pero también existen complicidades que tienen más que ver con el aparato especializado de administración de la Justicia y con las autoridades carcelarias. Lo vimos con la evasión del Chapo Guzmán de un penal de máxima seguridad. Esa es otra lección importante.


–¿Se relaciona con la Justicia?


–Claro, porque hace falta contar con las instituciones de control y supervisión y con los órganos de administración de la Justicia. Antes de declarar una guerra habría que ver los efectivos reales con los que cuenta el Estado en conjunto. Si no, las guerras solo exponen las vulnerabilidades del Estado y sirven para vulnerar los derechos ciudadanos y destruir las instituciones.


–Usted dijo antes que el problema básico es la demanda de los Estados Unidos pero que a la vez crecía un problema doméstico. ¿Qué alcance tiene?


–La cercanía a los Estados Unidos no es el único tema porque también hay problemas de consumo, pero eso lo tenemos que ver como un problema de salud pública.


–¿Es intenso el debate sobre la descriminalización de la droga o de la tenencia para el consumo?


–Es un tema complejo. Desde luego que hay grupos cada vez más presentes en el debate público que mencionan el tema de la descriminalización por lo menos del consumo y de la producción de drogas. Algunos plantean descriminalizar marihuana y otros todas las drogas, como sucede no solo en Uruguay sino en varios Estados de los Estados Unidos.

–Página/12 publicó el año pasado un documento de expertos convocados por la ONU, entre ellos Fernando Henrique Cardoso y Mario Vargas Llosa, en el que recomendaban cambiar de paradigma en la cuestión de las drogas, abandonar la idea de la guerra y reforzar la reducción de los daños en los adictos.


–Ese tipo de documentos impacta en México en dos sentidos. Por un lado progresó en el debate una especie de apertura a la posibilidad de descriminalizar algunas actividades asociadas a la producción y al consumo de drogas. Sobre todo, repito, en relación con la marihuana. La receptividad hacia la descriminalización creció. En diciembre del año pasado un fallo de la Suprema Corte abrió posibilidades hacia una actitud distinta. Pesa mucho el debate en los Estados Unidos, en Colorado o California. Habrá un debate similar en Canadá. Todo esto cambiará los parámetros de la discusión en México. Un segundo punto, que tiene que ver con el caso colombiano, está relacionado con el reclutamiento de individuos que terminan participando como sicarios de esas bandas. Se da a nivel de base. Se relaciona con la prevención y con la búsqueda de soluciones sociales. Pienso en Ciudad Juárez. Hasta cinco o seis años era una de las zonas más violentas, con mayor cantidad de homicidios. En un momento se intentó abordar el problema no solo desde la represión sino buscando responder a las causas sociales. Todo es relativo, pero la violencia descendió en los últimos cinco años. La idea en cierto modo fue buscar soluciones como las implementadas en Bogotá, en Colombia, donde la acción de dos alcaldes fue importante. Enfocaron la violencia y el reclutamiento atendiendo a sus raíces sociales. Es importante entender que a ese tipo de violencia organizada se la puede enfrentar no solo con soluciones policiales.

–¿También discuten los expertos mexicanos el peso de los pequeños dealers?

–En relación con eso, por lo menos en las ciudades y en los territorios donde hay mayor capacidad institucional, una idea fuerte consiste en cambiar la relación entre la policía y los ciudadanos. Se observa un intento de desarrollar más las policías de cercanías, que colaboran con los vecinos. Pueden hacer algo de prevención y también tienen capacidad rápida de respuesta mientras quedan como una instancia de colaboración entre habitantes y cuerpos policíacos. Sin embargo, no es una estrategia única. Está la otra, más represiva, de control o eliminación del delito.

–¿Cuándo tiene mayor legitimidad esa estrategia?

–En general cuando hay violencia evidente, cuando hay problemas asociados a otros tipos de delitos como la venta de protección y el secuestro, hay también acciones de carácter más represivo y tradicional. Frecuentemente es la población misma la que pide ese tipo de reacciones a nivel local, porque la realidad suele tornarse muy grave. En Michoacán hasta hace dos o tres años esos grupos delictivos terminaron controlando todo el Estado y asumiendo funciones de regulación violenta e informal que casi terminaban sustituyendo a las funciones normales del Estado. Todo esto se combina con el problema geopolítico del que hablábamos y con su incidencia doméstica mayor cuando hay exceso de oferta y los carteles canalizan droga a nivel local. Los dos ámbitos están relacionados.


–¿Cuándo se agudizó la cuestión del narcotráfico en México?


–En gran parte la cuestión del narco tiene que ver con el mercado norteamericano desde los años 90, cuando los mexicanos desplazaron a los colombianos en los Estados Unidos y en las rutas hacia los Estados Unidos. Hay rutas que van desde el litoral hacia puntos del territorio estadounidense. Cuando esas rutas atraviesan ciudades importantes, se vuelven plazas atractivas y producen la pelea por el control entre distintos grupos de narcotraficantes. Los carteles quieren controlar Estados o regiones: el cartel de Juárez en Chihuahua y Sinaloa, los Zetas en Tamaulipas, el cartel del Golfo en el Golfo... Las dimensiones geográficas son importantes. Está la serie Narcos, sobre los colombianos. Cuando los mexicanos los reemplazan recrudece la violencia en México. A partir de ese momento las complicidades se vuelven menos discretas y más condenables. Lo revela el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. Detrás de la trama política aparente hay una trama vinculada al narcotráfico y a las complicidades locales y de grupos de narcotraficantes.

–En el arresto del Chapo Guzmán intervinieron comandos de la Marina.

–Es una línea importante de debate en México: cómo hacemos para sacar a las Fuerzas Armadas de la lucha contra el narco. Si bien es cierto que a primera vista el ejército parece más competente por su despliegue y su poder de fuego, y también la Armada, que se encarga de las acciones más difíciles, se producen divisiones entre distintos cuerpos. Ahora estamos discutiendo si conviene o no un cuerpo especial con mando único, ajeno a las fuerzas armadas, en todo el país. Además, como daño producido por la intervención de las fuerzas armadas empeora la situación de los derechos humanos, que se pone peor aún por responsabilidad de la administración de Justicia. El narco en México no es un tema nuevo.

–¿Cuándo sitúa el comienzo del narco?

–Desde que existe el problema de la producción y comercialización de las drogas. Sobre todo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En ese momento empezaron a generarse complicidades a distintos niveles. No es un fenómeno nuevo. Lo que le da más relevancia pública a la cuestión del narco es el nivel de violencia. La cantidad de víctimas directas e indirectas de ese negocio se incrementó mucho en los últimos diez años por lo menos. La violencia hace más visibles las complicidades. Por eso resurgieron debates y análisis como éste: ¿Qué es mejor, capturar a los capos de los grandes carteles o más bien buscar el mantenimiento, como supuestamente lo hacían antes los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, un equilibrio de la violencia entre distintos grupos? La idea entonces era preservar ese oligopolio que en la práctica entrañaba menos violencia. Frecuentemente el encarcelamiento o la eliminación física de capos desata guerras por la sucesión, divisiones y profusión de pequeños grupos que buscan ocupar el espacio que antes existía.


–Al menos en la Argentina de estos días el planteo oficial de la cuestión narco le quita importancia al lavado de activos, o por lo menos no lo pone como tema principal.


–En México el lavado es importante a todos los niveles. Se supone que el Estado tiene cada vez más instrumentos, ¿no? Para comprobar el origen de los recursos o para controlar las transacciones bancarias en efectivo... El tema es la captura de los operadores financieros de los narcotraficantes. Cobra cada vez más importancia el flujo financiero relacionado con los narcos pero no hay éxitos en este campo. No hubo golpes importantes contra el lavado de dinero. El Estado no sabe, no puede o no quiere actuar. Depende de los casos. Uno de los problemas del Estado de derecho es poder establecer pruebas. Me imagino que todavía, a pesar de todos los instrumentos que se desarrollaron y se utilizaron, sigue siendo complejo comprobar el delito de lavado de dinero. Y cuando alguien no quiere actuar es peor.
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Miércoles, 30 Diciembre 2015 07:33

Peligro: Estado de Seguridad

Peligro: Estado de Seguridad

A partir del caso francés, Agamben plantea la amenaza para la democracia que implica acostumbrar a los ciudadanos a las "medidas de emergencia" con la excusa del terrorismo. El papel de la despolitización y la degradación de las instituciones públicas.

El filósofo italiano Giorgio Agamben, critica en un artículo publicado en el periódico francés Le Monde tres características del Estado de seguridad que son inquietantes: el mantenimiento de un estado de miedo generalizado, la despolitización de los ciudadanos y la renuncia a toda certeza de derecho. El gobierno de François Hollande propone retirar la nacionalidad a los franceses nacidos en Francia y con doble nacionalidad que hayan sido condenados por terrorismo e incluir el estado de emergencia en una reforma constitucional,

Agamben sostiene que el estado de emergencia es el dispositivo mediante el cual los poderes totalitarios se instalaron en Europa. "En los años que precedieron a la toma del poder por Hitler, los gobiernos socialdemócratas de Weimar habían recurrido tan a menudo al estado de emergencia que se pudo decir que Alemania había dejado de ser, antes de 1933, una democracia parlamentaria." El pensador recuerda que la primera acción de Hitler fue proclamar un estado de emergencia que jamás fue revocado. En esa línea, el experto opina sobre la Francia actual. "No vemos por qué un escenario semejante no podría repetirse en Francia: imaginamos sin dificultad un gobierno de extrema derecha sirviéndose para sus fines de un estado de emergencia al que gobiernos socialistas han habituado a partir de ahora a los ciudadanos. En un país que vive en un estado de emergencia prolongado, y en el que las operaciones de policía sustituyen progresivamente al Poder Judicial, cabe aguardar una degradación rápida e irreversible de las instituciones públicas."

El filósofo entiende que la palabra "seguridad" entró de lleno en el discurso político. "Las 'razones de seguridad' han tomado el lugar de aquello que se llamaba, en otro tiempo, la 'razón de Estado'." En su reflexión, Agamben retoma el modelo británico de Thomas Hobbes. "El contrato que transfiere los poderes al soberano presupone el miedo recíproco y la guerra de todos contra todos: el Estado es aquello que viene precisamente a poner fin al miedo. En el Estado de seguridad, este esquema se invierte: el Estado se funda duraderamente en el miedo y debe, a toda costa, mantenerlo, pues extrae de él su función esencial y su legitimidad."

Para Agamben, "la seguridad que está en cuestión hoy no apunta a prevenir los actos de terrorismo (lo cual es, por lo demás, extremadamente difícil, si no imposible, porque las medidas de seguridad sólo son eficaces después del golpe, y el terrorismo es, por definición, una serie de primeros golpes), sino a establecer una nueva relación con los hombres, que es la de un control generalizado y sin límites, de ahí la insistencia particular en los dispositivos que permiten el control total de los datos informáticos y comunicacionales de los ciudadanos, incluyendo la retención integral del contenido de las computadoras".

El analista advierte de los peligros de mantener el estado de emergencia. "El riesgo, el primero que nosotros levantamos, es la deriva hacia la creación de una relación sistémica entre terrorismo y Estado de seguridad: si el Estado necesita el miedo para legitimarse, es entonces necesario, en última instancia, producir el terror o, al menos, no impedir que se produzca." Y agrega: "En el Estado de seguridad, vemos producirse una tendencia irreprimible hacia aquello que bien hay que llamar una despolitización progresiva de los ciudadanos, cuya participación en la vida política se reduce a los sondeos electorales".

Agamben aclara que no se trata de confundir el Estado nazi y el Estado de seguridad contemporáneo. "Lo que hay que comprender es que, si se despolitiza a los ciudadanos, ellos no pueden salir de su pasividad más que si se los moviliza mediante el miedo contra un enemigo que no le sea solamente externo (eran los judíos en Alemania, son los musulmanes en Francia hoy en día)."

En esa línea, el filósofo cuestiona el proyecto que envió Hollande al Congreso. "Es en este marco donde hay que considerar el siniestro proyecto de deterioro de la nacionalidad para los ciudadanos binacionales, que recuerda a la ley fascista de 1929 sobre la desnacionalización de los 'ciudadanos indignos de la ciudadanía italiana' y las leyes nazis sobre la desnacionalización de los judíos."

Agamben marca un último aspecto: la transformación de los criterios que establecen la verdad y la certeza en la esfera pública. "Mientras en un Estado de derecho es entendido que un crimen sólo puede ser certificado con una investigación judicial, bajo el paradigma seguritario uno debe contentarse con lo que dicen de él la policía y los medios de comunicación que dependen de ésta –es decir, dos instancias que siempre han sido consideradas como poco fiables–. Al Estado de seguridad le interesa que los ciudadanos –cuya protección debe asegurar– permanezcan en la incertidumbre sobre aquello que los amenaza, porque la incertidumbre y el terror van de la mano."

En definitiva, sostiene Agamben, el Estado de seguridad es un estado policíaco y entonces el horizonte democrático se desdibuja. "Mediante la despolitización progresiva del ciudadano, devenido en cierto sentido un terrorista en potencia, el Estado de seguridad sale al fin del dominio conocido de la política, para dirigirse hacia una zona incierta, donde lo público y lo privado se confunden."

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Ignacio Ramonet: La seguridad total no existe pero la vigilancia masiva sí

Advierte de que "la sociedad no acaba de tomar conciencia" de la amenaza que supone la vigilancia masiva a pesar de las alertas de "héroes" como Julian Assange o Edward Snowden

 

Ignacio Ramonet dirigió durante 18 años Le Monde Diplomatique, uno de los medios más prestigiosos del mundo y principal tribuna del movimiento altermundista. Afincado en Francia, este periodista español que actualmente dirige Le Monde Diplo, la versión española del citado mensual, contempla cómo el Gobierno de François Hollande aprueba un recorte de libertades y una prórroga de tres meses del estado de emergencia intentando fortalecer las capacidades de sus fuerzas de seguridad.


Para el autor de El imperio de la vigilancia (Ediciones Galileo), los gobiernos "no pueden garantizar la seguridad total". Sin embargo, "el estado de emergencia supone un abandono de las libertades democráticas y republicanas", mientras que "hoy en día hay instrumentos para vigilarnos a todos". Una vigilancia que, además, "es ineficaz". Es la tesis de Ramonet en su nuevo libro, convertida casi en premonición, puesto que se publicó el jueves 12 de noviembre. Un día después tuvieron lugar los atentados yihadistas que han empujado a la "intimidada" sociedad francesa a no criticar las medidas propuestas por Hollande. Para Ramonet, es un error.


¿Aceptará la sociedad francesa, que tradicionalmente ha defendido sus derechos de forma férrea, el cambio de menos libertad por más seguridad?
Estamos en el momento más emocional. Los atentados se produjeron el pasado viernes, y desde entonces se han ido sabiendo los detalles de lo que ha ocurrido, con los testimonios de gente que ha vivido un infierno. En este momento el Estado puede pedirle prácticamente lo que quiera a su sociedad y ésta está en condiciones de otorgarlo.


Acabamos de ver como el presidente ha conseguido una unión nacional en plena campaña electoral para las elecciones del 6 de diciembre. Ha logrado aprobar una serie de medidas, algunas de ellas propuestas por la derecha además, en medio de un unanimismo general. Cuando ocurren monstruosidades como la de París las sociedades se intimidan, apenas ha habido críticas contra la prórroga del estado de emergencia, que supone un abandono de las libertades democráticas y republicanas. En mi libro hablo de lo que pasó tras el 11-S cuando EEUU promulgó la Patriot Act con esta misma idea, un contrato con los ciudadanos: aceptad perder un poco de vuestras libertades y yo os voy a garantizar una mayor seguridad. El problema es que la Patriot Act todavía está vigente.


¿Supone la vigilancia más seguridad?
No, la vigilancia masiva ha demostrado que no es eficaz. La seguridad total no existe, aunque obviamente los gobernantes no lo puedan decir, sobre todo en este momento. Lo que le pide la sociedad al gobernante es seguridad absoluta, y es lo que éste promete. Pero la seguridad absoluta no existe. Y en particular frente a grupos terroristas.


En cambio la vigilancia masiva sí que existe. Lo comprobamos tras las revelaciones de Edward Snowden. Hoy en día hay instrumentos para vigilarnos a todos. Es una especie de coacción: yo te doy seguridad total pero permíteme que te vigile totalmente. Porque mientras ellos pueden vigilarte, en cambio no te van a poder garantizar la seguridad total.


¿Deben las sociedades aceptar ese canje?
¡Claro que no! Ése es todo el sentido del libro que acabo de publicar. El problema es que en este momento es muy difícil emitir críticas, porque si lo haces apareces como un aliado de los terroristas.


¿Cuál es la alternativa a la vigilancia?
La vigilancia es legítima. Es perfectamente legítimo que un Gobierno vigile. En la medida en que lo haga de manera democrática, es decir, por orden de un juez y con un control democrático. Si un juez determina que una persona debe ser vigilada, hay que vigilarla. La cuestión no está en oponerse a toda vigilancia, el problema es que lo que se practica ahora es una vigilancia masiva y clandestina. El principio es "vigilamos a todo el mundo para poder, el día de mañana, identificar a aquellos que puedan cometer un atentado". Estamos perdiendo libertades sin que esto se haya debatido lo suficiente, o discutiéndolo en un marco emocional muy determinado.


Francia promulgó una ley en mayo que permite la interceptación y escucha de conversaciones por parte de los servicios secretos sin que haya control judicial. Y se hizo en la emoción de los atentados de enero contra Charlie Hebdó. Solo debe autorizarlo el primer ministro, Manuel Valls. ¡Pero el primer ministro no es un magistrado! No es el poder judicial, es un político, es el poder ejecutivo.


La herramienta para la vigilancia masiva es Internet, que permite un registro exhaustivo de todos nuestros movimientos y conversaciones. ¿Se puede decir qeu ya hemos perdido la libertad en la red?
Cuando surgió Internet era un ambiente de libertad, porque democratizaba el acceso a la información. Sin embargo hoy se ha centralizado. El 99% de las personas que utilizan Internet recurren casi inevitablemente a una de las grandes cinco empresas digitales: a Google, a Apple, a Facebook, a Amazon o a Microsoft.


Hoy cuando utilizas Internet estás entrando por ese cuello de botella que permite a las autoridades tener acceso a todos tus datos, primero porque estas empresas se lo pasan al Gobierno de EEUU por ley, y segundo porque los estados han puesto en marcha sus propios sistemas de vigilancia. Hoy es mucho más seguro enviar una carta por correo que enviar un e-mail. La carta no la vigila nadie, en cambio cualquier comunicación digital deja una huella, los metadatos. Desde dónde te comunicas, con quién te comunicas, cuánto tiempo duró ese comunicado, cuándo se produjo... Toda una serie de datos con los que se puede hacer una especie de galaxia de todos tus contactos y conocimientos, un verdadero atlas de ti mismo. Sin que tú sepas lo que dice.


Aunque se graban, escuchar conversaciones es muy complicado porque hay que poner alguien allí a escucharlas. Sin embargo estos datos se recolectan automáticamente, de forma masiva, de todos nosotros.


EEUU tiene acceso directo a esos datos gracias a las empresas que nombra. ¿Cree que existe un neocolonialismo en Internet? ¿Que la red, que aparenta ser abierta y supranacional, es un territorio controlado por EEUU?
Está controlado por estas empresas americanas. En el libro por ejemplo publico un informe de la CIA al respecto, "El mundo en 2030". Dice que de aquí a 2030, precisamente uno de los peligros para EEUU es que estas cinco empresas logren tener mayor poderío en términos de información que el propio Gobierno de EEUU, que la propia Administración estadounidense. No hablamos de imperialismo norteamericano, sino del dominio de empresas que efectivamente son estadounidenses.


¿Dominamos la tecnología o la tecnología nos domina a nosotros?
El problema es que hoy ya no podemos pasar de la tecnología. Sería muy difícil hacer todo lo que hacemos sin Internet. La pregunta es legítima. A día de hoy, yo creo que la respuesta es que la tecnología nos domina a nosotros, no podemos desconectarnos.


Usted alaba en su libro a los "lanzadores de alertas". Denomina "héroes" a personas como Julian Assange o Edward Snowden. Sin embargo, las alertas que han lanzado no han calado en la sociedad, muy poca gente ha tomado conciencia o modificado sus costumbres.


Exacto. Ésa es una realidad. A la mayoría de la gente le da igual el estado de vigilancia, no les molesta. La prueba: ¿de qué vive Facebook? De los datos que nosotros ponemos voluntariamente, no nos los arranca.


Lo que colectivamente la sociedad dice con su comportamiento es que el que se moleste porque se le vigile es que algo debe querer esconder. Y si quiere esconder algo es porque, como dice Assange, es a uno de los cuatro caballeros del infocalipsis: o es un traficante de droga, o es un pedófilo, o es un tipo que está huyendo del fisco, o es un terrorista. Si yo no soy nada de esas cuatro cosas qué me importa a mí que me vigilen, no tengo nada que ocultar. Esta es la problemática.


El problema es cuando los gobiernos empiezan a hacer uso de esa información en tu contra, estamos todos desnudos ante ello. Es la distopía de 1984. Los europeos lo vemos como algo muy lejano, pero es algo que ya está pasando en Irán o Arabia Saudí, con gobiernos que persiguen a la disidencia.


¿Estamos fracasando los periodistas a la hora de comunicar ese peligro?
Yo creo que no, porque aunque quizá los periodistas tengan mayor sensibilidad, es la sociedad la que no acaba de tomar conciencia. La sociedad no valora suficientemente el heroísmo de gente como Assange. ¿Quiénes son las personas más perseguidas del mundo? Es Assange, es Snowden, es Chelsea Manning, condenada a 30 años de cárcel por haber revelado crímenes que no había que ocultar. Assange lleva tres años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres y Snowden está exiliado en Rusia. ¿Y qué es lo que han hecho que merezca tal persecución? Demostrar que nos vigilan. Denunciar un atentado contra nuestras libertades.

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