Viernes, 12 Agosto 2016 07:30

Maduro y Santos reabren la frontera

Maduro y Santos reabren la frontera
Se decidió crear una cédula especial para los residentes en la zona limítrofe y un aumento de los controles de seguridad para la lucha conjunta contra el tráfico de drogas, el contrabando de combustibles y el crimen organizado.

 

 

Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Colombia, Juan Manuel Santos, acordaron ayer abrir la frontera de forma ordenada, controlada y gradual en beneficio de ambos pueblos. En una reunión en Puerto Ordaz, en Venezuela, los mandatarios escucharon los informes de sus respectivas delegaciones, que trabajaron en la normalización de la frontera.

 

El jefe de Estado colombiano explicó que será un apertura transitoria y ordenada, que empezará con permitir el paso a los pobladores a partir del sábado 13 de agosto: “Se va a expedir un documento de facilitación fronteriza para que los habitantes de la frontera tengan las facilidades, pero también para controlar quién entra y quién sale”. Indicó que el tema más importante discutido en la reunión fue la seguridad, un punto que va a contribuir a la normalización de la zona limítrofe. En este sentido, anunció la creación de un centro binacional para luchar contra el crimen transnacional en la frontera.

 

Se habilitarán cinco puntos entre ambos países para el paso de las personas. También habrá dos horarios: desde las 17 hasta las 20 (hora colombiana) y desde las 18 hasta las 21 (hora venezolana).

 

Maduro explicó que la jornada de varias horas de conversación se realizó “con la mayor voluntad de fortalecer nuestras relaciones integrales entre gobiernos y los pueblos”. Indicó que estuvo motivada por las buenas noticias de ambas delegaciones “para la regularización y el mejoramiento de la vida en nuestra frontera”.

 

A su llegada al Club Macagua, Maduro estrechó la mano del gobernante colombiano, quien llegó acompañado de su canciller María Angela Holguín y del ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entre otros funcionarios. El encuentro fue anunciado la semana pasada por Holguín y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, como el escenario en que Maduro y Santos definirá la normalización de los pasos limítrofes. Unas 14 citas de comisiones binacionales antecedieron a esta cumbre presidencial.

 

En esos encuentros se discutieron aspectos migratorios, comerciales y de seguridad en el territorio de 2219 km, afectado por el contrabando y bandas criminales ligadas al narcotráfico, según las autoridades.

 

Se espera una declaración conjunta para el final de la jornada sobre el cronograma de reapertura de los pasos fronterizos, que será progresiva.

 

Maduro ordenó el cierre de la frontera el 19 de agosto de 2015 tras un ataque de paramilitares colombianos contra una patrulla militar venezolana, que dejó tres heridos. En ese entonces también declaró el estado de excepción. Inicialmente fue clausurado el paso por el estado de Táchira, pero la medida se extendió luego a los demás corredores fronterizos.

 

En la reunión de cancilleres de la semana pasada, se resolvió la creación de una cédula de identidad especial para los residentes en la frontera, así como un aumento de los controles de seguridad, en el marco de la lucha conjunta contra el tráfico de drogas, el contrabando de combustibles y el crimen organizado.

 

Otro encuentro entre autoridades policiales y militares tuvo lugar el martes pasado en la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira, fronteriza con la colombiana Cúcuta. Allí se creó una instancia de cooperación contra el crimen organizado y se acordó un nuevo esquema aduanero. El llamado Centro Binacional contra el Crimen Organizado se formalizó como resultado de un acuerdo alcanzado en junio por los ministros de Defensa Vladimir Padrino López (Venezuela) y Luis Carlos Villegas (Colombia). La cooperación en seguridad había quedado en suspenso tras la medida de cierre. Con miras a la reapertura, los dos países también pactaron la instalación de gasolineras venezolanas en el lado colombiano. Sobre esos expendios, la canciller Rodríguez explicó que fue un planteamiento de su gobierno y consiste en vender la nafta venezolana –la más barata del mundo– en pesos colombianos.

 

El cierre de la frontera crispó las relaciones bilaterales, tras la deportación y el éxodo de miles de colombianos por parte de las autoridades del país vecino. Según cifras de Naciones Unidas citadas en un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 21 de agosto al 9 de septiembre de 2015 un total de 1482 colombianos indocumentados fueron deportados, mientras que 19.952 retornaron por miedo a ser expulsados. También salieron debido a que, por su condición migratoria, ya nos les vendían alimentos y sufrían “discriminación y persecución’’ por parte de autoridades, de acuerdo con el reporte. La CIDH denunció en esa oportunidad una crisis humanitaria y violaciones de derechos de los deportados, lo que fue rechazado por Caracas.

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Sábado, 06 Agosto 2016 08:08

Guerrillero busca empleo

Guerrillero busca empleo
A las puertas de un acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia, miles de milicianos de las FARC tendrán que dejar las armas para reintegrarse en la sociedad

 


La primera vez que Jhonier Martínez vio al máximo comandante de las FARC, Timochenko, estaba en una pantalla gigante en una sala de la cárcel de La Picota, de Bogotá. “Camaradas, siento una emoción muy grande de poderlos saludar, así sea de forma virtual”, empezó Timoleón Jiménez desde La Habana, con camiseta gris y sonrisa de líder con buenas noticias. Unos 150 guerrilleros se miraron incrédulos, impresionados de verlo en directo.

 

Era el 10 de junio, el día en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empezaron a explicar a sus combatientes presos qué va a ocurrir ahora que el principal grupo rebelde del país está a punto de cerrar un acuerdo de paz con el Gobierno para poner fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. “Cuando saludó a los camaradas fue emotivo y la guerrillerada recibió con satisfacción que haya sido él personalmente quien estuviera en la pedagogía. Es un estímulo saber que a pesar de que estamos en manos del enemigo, nos tienen presentes”, cuenta Martínez. Condenado a 36 años por terrorismo, homicidio y rebelión, lleva 14 años entre rejas y ahora espera un acuerdo inminente para la transformación de la guerrilla comunista en partido político: “Aquí en la cárcel estamos preparados (...) Nuestra consigna primordial es la paz y la paz se construye haciendo política”.

 

Desde Cuba, donde el Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla ultiman sus diálogos para acabar con más de medio siglo de enfrentamiento, el líder de las FARC respondía a inquietudes y explicaba punto por punto los acuerdos alcanzados desde noviembre del 2012: una reforma agraria, la erradicación de los cultivos ilícitos, la reparación a las víctimas o un sistema complejo de justicia de transición que prevé penas de hasta ocho años para los responsables de delitos de lesa humanidad, para quienes contribuyan a esclarecer los hechos, pero que sigue dejando los interrogantes de unos 2.500 combatientes de esa guerrilla reclusos en las cárceles de todo el país.

 

Tampoco los 8.000 guerrilleros que siguen en armas en las selvas de Colombia, y otros tantos milicianos, saben qué va a pasar con ellos el día después de que dejen las armas. El 23 de junio, tras casi cuatro años de negociaciones, el Gobierno y las FARC anunciaron los pasos y el calendario del alto el fuego definitivo: firmada la paz, la guerrilla se concentrará en 23 puntos en zonas rurales de su influencia para desarmarse en un plazo máximo de seis meses bajo la supervisión de la ONU. Además de en las cárceles, la guerrilla hace pedagogía en sus campamentos. El Gobierno, que coordina esos actos en las prisiones, avanza por su parte en zonas rurales, colectivos de víctimas, de jóvenes o el sector privado.

 

A Wilson López, uno de los 30 guerrilleros amnistiados por el Gobierno como gesto de confianza hace seis meses, volver a la calle casi le costó la vida. Cuando llegó a Medellín, donde radica su familia, empezó a recibir amenazas de muerte y tuvo que regresar a la clandestinidad. “¿No estamos en un proceso de paz? ¿No vamos a vivir en paz? Entonces, no voy a estar huyendo”, reta, con la espalda firme pero resignado, en la segunda ciudad del país y bastión de la oposición más dura al proceso, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe. El Gobierno, cuenta, le ofreció protección –dos escoltas y un coche blindado– pero él la rechazó porque con tanta seguridad uno se convierte en un blanco y optó por ir despistando al enemigo con cambios constantes de casa, de ruta, de trabajo y de móvil. Tiene una lista con diez o doce números, pero eso no le evita llamadas por la noche ni que sus sobrinas vivan asustadas por las piedras que caen sobre su casa.

 

Los Rastrojos, quienes firman las cartas en las que lo declaran “objetivo militar”, asegura, son una de las tres mayores bandas criminales del país, que se han convertido en el principal reto de seguridad para el Estado. Estos grupos dedicados al narcotráfico, la minería ilegal o la extorsión disputan territorio a las guerrillas. Mientras los enfrentamientos de las FARC están en mínimos históricos, especialmente desde la tregua unilateral proclamada en julio del 2015, el Gobierno declaró en marzo la guerra a las bandas criminales y permitió usar contra ellas “todas las fuerzas del Estado”, incluidos los bombardeos aéreos y la artillería pesada.

 

En el conflicto de Colombia, que ha dejado más de 220.000 muertos, 45.000 desaparecidos y casi siete millones de desplazados, la violencia ha involucrado además de a las FARC y el ejército a paramilitares y otros grupos guerrilleros.

 

El acuerdo sobre alto el fuego alude específicamente a estos grupos derivados del paramilitarismo y obliga al Gobierno a proteger a las FARC de sus amenazas. López considera que con estas intimidaciones los acuerdos de La Habana y toda su puesta en marcha se tambalean. Entre los rebeldes siguen vivos los recuerdos de viejos procesos fallidos y el temor de que se repita la sangría de la Unión Patriótica, el partido formado por guerrilleros desmovilizados en los años ochenta que vio caer a unos 3.000 militantes a manos de grupos de extrema derecha. “Dios quiera que el Estado cumpla lo que está diciendo, que no sea una patraña para exterminar a la gente cuando esté trabajando”, continúa este hombre que sólo quiere volver a cultivar el campo. “Vamos a trabajar por nuestra revolución, porque algún día este país sea libre, andemos tranquilos, haya paz. Yo cargaba el fusil por esta idea y ahora que salí a la vida civil mi intención es hacer política por mis comunidades campesinas, por los más pobres”, explica López, que sigue considerándose guerrillero pese a haber dejado el arma.

 

En los primeros cuatro meses de este año, doce defensores de los derechos humanos fueron asesinados, según datos oficiales, una violencia contra políticos creciente y cada vez más focalizada, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac). “La violencia no pertenece sólo al conflicto y las FARC han hecho llamamientos constantes en ese sentido que hay que atender”, afirma Jorge Restrepo, director del Cerac. Por la naturaleza de la guerrilla, estima el experto, su reintegración va a ser principalmente en comunidades rurales y su participación política será muy importante a nivel local en zonas rurales, justo donde más amenazas se registran.

 

León Valencia, analista político y exguerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN), segundo grupo insurgente de Colombia, con unos 2.000 combatientes, no descarta asesinatos esporádicos en esas zonas conflictivas, pero duda de una sangría como la que vivió la Unión Patriótica. “La comunidad internacional está muy presente, una parte mayoritaria de la élite política ya no está por apoyar esa actitud genocida y hay un sector importante de las fuerzas militares comprometido con la paz, algo que antes no era así”, afirma, pero advierte de que “las cosas no están saldadas y se está matando a gente por hacer política de izquierda”. Otro de los riesgos, destaca, es que rebeldes de las FARC pasen a otros grupos, como el ELN.

 

No sólo los guerrilleros que dejen las armas en los próximos meses tienen miedo de volver a la vida civil. Marcela Peña, de 28 años –y que se llama de otro modo pero teme ser identificada–, lleva ocho en un proceso de reintegración. De familia campesina, entró en las FARC a los 13 años porque en su pueblo no había colegio y su padre no pudo mandarla a otro lugar. “La primera vez que salí a la ciudad me atropelló una moto porque yo no sabía ni cruzar la calle”, dice ahora, a punto de terminar la carrera de Derecho, casada y con un bebé de 11 meses.

 

Llegó a Bogotá huyendo y se levantaba a las cuatro de la madrugada todavía con el gesto de calzarse el chaleco y el fusil. Pero a esa hora, nadie estaba despierto en la capital. Aprendió a despertarse a las ocho, empezó a buscar trabajo y cuando le preguntaban por su experiencia se quedaba en blanco. “No puedes decir que vienes de la guerrilla porque todos nos consideran bandidos. No ven que somos gente que reímos y lloramos”, explica. También en la universidad tiene que tragar saliva cuando sale el tema: ella apoya la inclusión y sus compañeros rechazan que los rebeldes compartan clases con ellos sin saber que ya lo hacen.

 

El 63% de los colombianos contrataría a un desmovilizado

 

El 63% de los colombianos está dispuesto a contratar a un desmovilizado y el 73% apoya que sus hijos compartan clases, según las últimas encuestas estatales. Los excombatientes, sin embargo, siguen viviendo entre la vergüenza y el anonimato. Las FARC llevan, además, décadas en la selva, sin internet ni teléfonos. El propio Timochenko admitió ante los reos su “susto” por hablar por videoconferencia. “Es mi primera vez”, afirmó con otra sonrisa. Para Valencia, si la guerrilla quiere convertirse en un partido político solvente debe “modernizarse” no sólo a nivel tecnológico, sino también adaptar su discurso y estar dispuesta a crear coaliciones con otras fuerzas de izquierda, algunas de ellas con buenas experiencias en la incorporación de exguerrilleros en las altas esferas del poder, incluida la alcaldía de Bogotá, con Gustavo Petro.

 

La escolarización de los excombatientes es la parte que más tiempo les lleva en su paso del frente a la ciudad: entre los que llegan a la Agencia Colombiana de Reintegración (ACR) alrededor del 70% son analfabetos, proceden de zonas rurales y pocos retornan a sus pueblos. “Generalmente no regresan a su entorno porque, como operaron allá y desertaron del grupo, por su seguridad no es muy seguro regresar. Es probable que ante una desmovilización colectiva o masiva sí retornen a sus zonas”, prevé Lucas Uribe, coordinador de programas de la ACR, que desconoce cuál será el papel de esta institución en el posconflicto. Desde que empezó a funcionar, en el 2003, la ACR ha atendido a unos 17.000 excombatientes de esta guerrilla.

 

Cuando en La Habana se acaben de definir las líneas de la reintegración los guerrilleros sabrán si optan por instalarse en la ciudad o si se dedican al campo, si hacen política vinculados a las FARC o si siguen por su lado; y qué opciones tendrán para tomar sus decisiones. Hasta ahora, la idea de la paz les provoca esperanza mientras dudan sobre su seguridad y situación jurídica. “Si se dan todas las garantías para que la batalla de las ideas pueda tener resultados y que se dé una garantía de seguridad para salvar la vida, allí estaremos –asegura desde la cárcel Martínez–. En muchos aspectos no confiamos en el Gobierno; por más de 50 años se ha tenido un adoctrinamiento de enemigo interno y generaciones sucesivas crecieron con una mentalidad de guerra, de odio enmarcado dentro de esa sangre del pueblo contra los revolucionarios. Tumbar eso es difícil”.

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El proyecto tendrá sensores para detectar actividades de excavación, contará con una inversión de unos 470 millones de euros.

 

El Ministro de Defensa de Israel informó este miércoles sobre la construcción de un muro subterráneo para rodear la Franja de Gaza, en Palestina, bajo la excusa de “prevenir infiltraciones de milicianos palestinos en su territorio a través de túneles”, reseñan medios israelíes.

 

La medida se suma a las numerosas restricciones que sufren los palestinos en su propio territorio a causa de la ocupación ilegal israelí, que ha sido condenada por la comunidad internacional.


El muro tendrá sensores para detectar actividades de excavación y rodeará por completo la Franja de Gaza. Veinte empresas han sido convocadas a participar en el concurso para la construcción de la barrera.


Las empresas en concurso estarán cubriendo diez de los sesenta kilómetros de frontera con el enclave costero, informó el diario Yediot Aharonot en su versión digital.


Asimismo, se espera que los trabajos inicien el próximo mes de octubre y que haya cuatro empresas israelí involucradas, previsiblemente con el apoyo de firmas extranjeras con experiencia en la construcción de barreras subterráneas, y se calcula que el proyecto tendrá un coste de unos 470 millones de euros.


Este muro será el tercer sistema de defensa de este tipo construido por Israel a lo largo de las lindes de la Franja de Gaza con los territorios ocupados palestinos. El primero, de 60 kilómetros, fue levantado en 1994 tras los acuerdos de Oslo, y el segundo después de la retirada de Gaza, en 2005.


El régimen israelí mantiene desde 2007 un bloqueo contra Gaza, mediante el cual impide a los ciudadanos de esta región ejercer sus principales derechos, entre ellos, el trabajo, la salud, la educación y la libertad de circulación.


Las fuerzas sionistas promueven una escalada de violencia contra la población palestina en los territorios ocupados tras los hechos del pasado 13 de septiembre, cuando fuerzas de seguridad israelíes invadieron la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén mientras cientos de árabes practicaban la oración. Desde entonces, han muerto unos 80 palestinos a manos del Ejército israelí, según datos de la ONU.


(Tomado de TeleSur)

 

 

 

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Jueves, 28 Julio 2016 11:50

Estado omnipresente

Estado omnipresente

Julio de 2016. Veinticinco 25 años después de la aprobación de la Constitución Política, y 46 desde que fuera expedido el decreto 1355 que regulaba las funciones de la Policía, estamos ante un nuevo Código Nacional de Policía que reproduce los autoritarismos característicos de la Constitución del 86, y que desconoce los derechos fundamentales inscritos en la Carta del 91.

 

 

Su sombra ya nos acecha. El 17 de junio de 2016 fue aprobado el nuevo Código Nacional de Policía (CNP). Sin mayores discusiones ni análisis profundos, es decir, a pupitrazo limpio, los “padres de la patria” aprobaron 243 artículos impregnados de ese tufillo autoritario del que nunca ha podido escapar el establecimiento colombiano, y del cual se ha valido para reprimir y violentar “legalmente” a sus connacionales; Código igualmente impreganado de ese moho moralista con el cual han pretendido inculpar a quien pretenda salirse del marco de la tradición y las “buenas constumbres.”

 

Protección legalista. El Código le permite a las “autoridades”, desde el ingreso a los hogares sin una orden judicial, pasando por la prohibición del trabajo informal en las calles, hasta la retención y la privación de la libertad de una persona, hasta por 6 horas, solo por sospecha. La nueva normativa sintetiza y enfatiza lo que para el neoliberalismo depredador es el deber ser de la vida pública y privada:

 

“Las disposiciones previstas en este Código son de carácter preventivo y buscan establecer las condiciones para la convivencia en el territorio nacional al propiciar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de los civiles, así como determinar el ejercicio del poder y la función de la policía, de conformidad con la Constitución Política, el ordenamiento jurídico vigente y el criterio de nuestros uniformados”.

 

Palabras elocuentes con un propósito “noble”: el orden y la buena convivencia. Eso diría cualquiera que no fuera más allá de la letra gruesa, de la superficie del texto, sin adentrarse en los entre líneas que esconden un extenso compendio de normas, multas y castigos cuyo fin es modelar conformismos, silencios, y reproducir estereotipos del criminal (generalmente pobre) y formas de ser y de pensar que por años nos han impuesto aquellos que con garrote y hambre aprietan las cadenas de quienes habitan el territorio colombiano. Ellos lo saben: Imponiendo terror y sumisión, el cuerpo armado a su servicio –la violencia legalmente establecida– ha cumplido satisfactoriamente la tarea impuesta por la clase dirigente: mantener, asegurar y perpetuar su dominio autoritario.

 

 

Imprecisiones e incertidumbres

 

El nuevo Código que entrará a regir el próximo año, deja a consideración del uniformado cuando violentar o no los derechos básicos de sus “protegidos”, por lo cual a quienes sufrimos el acoso policial no nos queda más opción que confiar en “su buena fe”. Sobre todo si la Ley no se aplicará al acto policial ni a los procedimientos policiacos, sino hasta después de que se rindan declaraciones y los informes pertinentes y, naturalmente, el proceso jurídico será realizado, en primera instancia por la misma institución.

 

Con todo a su favor. Basta con leer unas cuantas páginas para encontrar una serie de imprecisiones que dan pie a múltiples interpretaciones que propician el abuso de autoridad de la Policía. Es el caso del Artículo 35 “Comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades”, en el que indican que una persona “no deberá resistirse a procedimientos de identificación o individualización, ni negarse a dar información veraz sobre lugar de residencia, domicilio y actividad, a las autoridades de policía cuando estas lo requieran. No podrá ofrecer ningún tipo de resistencia a la aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”.

 

Sin ser perspicaces, podríamos concluir: no podemos salir ni a la esquina sin algún documento de identidad, tratar –en lo posible– de no parecer sospechoso. En caso de no tener un documento esto podría ser considerado como “resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía”, en consecuencia, el uniformado procedería a la “aplicación de una medida o la utilización de un medio de policía”; cuestionar el procedimiento nos costaría 687 mil pesos.

 

 

Espacio público

 

El Código defiende el espacio público privatista y restrictivo. El Artículo 140. Comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, numerales 4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes, 5. Ensuciar, dañar o hacer un uso indebido o abusivo de los bienes fiscales o de uso público o contrariar los reglamentos o manuales pertinentes y 6. Promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente:

 

Artículo 28 del decreto 1504 de 1998. -La ocupación en forma permanente de los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público, [...] sin la debida autorización de las autoridades municipales o distrital, [...] y la ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de amoblamiento o instalaciones dará lugar a la imposición de las sanciones urbanísticas que señala el artículo 104 de la Ley 388 de 1997. El Artículo 104 de la Ley 388 de 1997 numeral 4 dice: Multas sucesivas entre treinta (30) y doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales, para quienes ocupen en forma permanente los parques públicos, zonas verdes y demás bienes de uso público [...].

 

Así las cosas, cualquier actividad económica informal realizada en el espacio público y que lo ocupe permanentemente, tendrá una reprimenda de 86 mil, 344 mil y hasta 687 mil pesos y además… Parágrafo 3°. Cuando el comportamiento de ocupación indebida del espacio público a que se refiere el numeral 4 del presente artículo, se realice dos (2) veces o más, se impondrá, además de la medida correctiva prevista en el parágrafo anterior, el decomiso o la destrucción del bien con que se incurra en tal ocupación.

 

No queda lugar a duda alguna: el Código vela por el patrimonio de las grandes cadenas comerciales, en su afán por atacar y erradicar la economía informal, las economías populares y el trabajo no formalizado. Son, entonces, los/as trabajadores/as de las ventas informales criminales que no pagan impuestos y atentan contra el paisaje urbano del ideario de país que invisibiliza los serios problemas de desempleo e inequidad.

 

 

El derecho a la protesta: sí, pero no

 

Aunque en el Código es reconido el derecho fundamental a la protesta, el mismo exige unos requisitos y eleva unas especificaciones que terminan por contradecir totalmente el principio de este derecho y de la libre expresión.

 

-Debe darse aviso por escrito ante la primera autoridad administrativa del lugar o mediante correo electrónico.

-Tal comunicado debe ser suscrito por lo menos por tres personas.

-Tal aviso deberá expresar día, hora y sitio de la proyectada reunión.

-Debe presentarse con 48 horas de anticipación indicando el recorrido prospectado.

-Toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta.

-Los alcaldes distritales o municipales deberán permitir el uso de las vías salvo circunstancias excepcionales o de fuerza mayor.

 

De esta manera, el derecho a la protesta queda sujeto a la aprobación de las autoridades administrativas pues en caso de incumplir alguno de los requisitos, podrá ser calificada como ilegal, por lo que podrá ser disuelta (así llaman a la represión o violencia) por la Policía. Es inherente a la marcha, manifestación y protesta la alteración de la cotidianidad, en cuanto a que esta implica la obstrucción de la vía pública. Como se ha visto en muchas ocasiones, las movilizaciones que recurren al bloqueo de las vías terminan siendo víctimas de la arremetida violenta del Esmad.

 

En el artículo 53 del Código no quedan claras cuáles son las circunstancias excepciones por las que, un alcalde puede prohibir una manifestación, ni a qué se le puede llamar “alteración a la convivencia”. El Código, además, hace énfasis en la manifestación y la protesta pacífica, es decir, aquella que no altere la normalidad de un día cualquiera. Entonces, ¿cómo puede llevarse a cabo la misma para que cumpla con esta exigencia?

 

Entre norma y norma, lo cierto es que estamos ante un simple eufeminsmo. Lo que suscita el nuevo reglamento resalta el empeño del gobierno por silenciar a la oposición, extendiendo por todo el cuerpo social sus prácticas y procederes contrainsurgentes, los cuales siguen inundando su comprensión de la vida cotidiana “anormal” y de la inconformidad social. De esta manera y para lograr su propósito de control y sujeción social, el Esmad, la normatividad penal y este Código de Policía, son parte de los instrumentos de represión legal del establecimiento, sumados, por supuesto, a la represión paramilitar que sigue actuando con total impunidad y complicidad de sectores de las Fuerzas Armadas.

 

No en vano fueron las palabras del presidente Santos respecto al reforzamiento de estas Fuerzas:

 

“[...] Y ahora que vamos a ver, porque eso es parte natural de este proceso, más movilizaciones y protestas sociales, porque ya no va a ser en las selvas a punta de bala, sino por la vías democráticas como se solucionen las diferencias de nuestra sociedad, el papel de nuestra fuerza pública se vuelve también muy importante, el papel de Esmad se vuelve especialmente importante. Preservar la seguridad en todo el territorio es otra prioridad [...] es falso que la institución vaya a desaparecer o que la Fuerza Pública se va a ver disminuida tras el desarme de la guerrilla. Aclaró, eso sí, que tendrán un nuevo rol, como el de hacerles seguimiento a las manifestaciones sociales y a su legalidad, defendiendo el legítimo derecho de quienes decidan protestar ya no con las armas sino en las calles de forma pacífica [...] se requieren personas de temple, personas fuertes, personas con nervios de acero, pero con el corazón ardiente por el amor a su institución y a su Patria para cumplir bien ese indispensable deber de preservar el orden público en todas las zonas y territorios del país”.

 

Palabras más apropiadas para un país con un conflicto en auge y no para uno que se dispone para la paz armada. El aumento de la protesta es directamente proporcional a la inconformidad del pueblo, demostrando así, que la guerra no es causa, sino consecuencia de la desigualdad y la inequidad en Colombia.

 

 

 

 

Además...

 

El Código faculta a la policía para retener a personas que consideren estan bajo la influencia del alcohol u otras sustancias sicoactivas, aún si el consumo de drogas ocurre en la intimidad del hogar. La Policía puede irrumpir en cualquier casa, sin ninguna orden judicial, si consideran que allí se está cometiendo alguna falta contra el Código de Policía. Nuevamente queda sometido al criterio de un policía la posibilidad de vulnerar un Derecho, de intervenir sin que la persona lo solicite o sin que haya una orden judicial, medidas que en un Estado represor como el colombiano, seguramente serán usadas para abusar de la autoridad y realizar acciones con motivaciones políticas y de persecución.

 

Buenas son razones, pero... El CNP castiga a quienes dañen el medio ambiente, criminaliza la minería artesanal, pero no hace mayor referencia a la afectación causada al mismo por las grandes empresas multinacionales. Así las cosas, ¿en dónde quedan los acuerdos, las demandas democráticas de las comunidades y procesos sociales, expresados una vez más en la reciente Minga nacional?

 

En general, este nuevo Código represivo, resume una aspiración de control total con enfoque autoritario, convirtiendo a la Policía en el estandarte de la sociedad a través de la regulación del comportamiento y la convivencia, asumiendo el control pleno de la vida ciudadana. Estamos pues, ante un Código con visión punitiva y criminalista, nunca civilista, que nos remonta cien años en el pasado nacional.

 

 

Colombia: un Estado de sitio

 

Ante el yunque de este nuevo Código Nacional de Policía, bueno es mirarnos en nuestro propio espejo.

 

Estuvo entre nosotros por muchos años. Con la excusa del peligro de una subversión emergente y grupos al margen de la ley, el gobierno colombiano utilizó el estado de sitio para violar sistemáticamente los derechos humanos y las libertades ciudadanas. Con la Constitución de 1886 fue implementada esta herramienta de la opresión.

 

Artículo 121. -En los casos de guerra exterior, o de conmoción interior, podrá el Presidente, previa audiencia del Consejo de Estado y con la firma de todos los Ministros, declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella.

 

Mediante tal declaración el Presidente investido de las facultades que le confieran las leyes, y, en su defecto, de las que le da el Derecho de gentes, para defender los derechos de la Nación o reprimir el alzamiento. Las medidas extraordinarias o decretos de carácter provisional legislativo que, dentro de dichos límites, dicte el Presidente, serán obligatorios siempre que lleven la firma de todos los Ministros.

 

El Gobierno declarará restablecido el orden público luego que haya cesado la perturbación o el peligro exterior; y pasará al Congreso una exposición motivada de sus providencias. Serán responsables cualesquiera autoridades por los abusos que hubieren cometido en el ejercicio de facultades extraordinarias.

 

Así, durante 70 de los 105 años que mantuvo vigencia la Constitución del 86, el autoritarismo fue elevado a norma de la nación, y con éste la criminalización de la protesta, la persecución política y la “limpieza” social. La violencia en la historia de nuestro país ha moldeado el orden estatal y la manera como éste legisla, priorizando la protección del orden público, sobrevalorando el papel de la Fuerza Pública y la militarización de la vida cotidiana, enfatizando en el castigo y no en la prevención. Corresponde al prolongado uso del estado de sitio el mecanismo y el espacio, además, para consolidar a la Policía y a las Fuerzas Armadas como las herramientas por antonomasia usadas por el gobierno para imponer un sistema opresor en un marco de aparente democracia.

 

 

Estatuto de Seguridad

 

“Por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados”.

 

No fue suficiente el estado de sitio, y le dieron una vueltas más a la tuerca. Eran tiempos de fuerte convulsión social. La inconformidad ganaba espacio a lo largo y ancho del país, y su máxima expresión se logró el 14 de septiembre de 1977, con la realización del Paro Cívico Nacional, del cual echaron mano para declarar una vez más el estado de sitio.

 

El Presidente de entonces, Alfonso López, con el sol a sus espaldas, se resiste a firmar el Estatuto de Seguridad, el que vendría a ser aprobado por quien le sucederá en sus funciones: Julio César Turbay Ayala.

 

Así, en 1978, el 6 de septiembre, mediante el Decreto 1923, fue establecido el Estatuto de Seguridad utilizando como plataforma jurídica el Estado de excepción, con la excusa de combatir los grupos guerrilleros, lo que desencadenaría una constante y difícil situación de orden público.

 

La confrontación entre el Estado y la insurgencia captó la atención de toda la sociedad colombiana, tras bambalinas, quedó encubierta una guerra sucia que fue apoderandose del país con el aliento del narcotráfico. Se criminalizó la oposición política; todo tipo de protesta: sindical, popular, libre circulación y expresión, etcétera. Toda manifestación de inconformidad era catalogada y castigada como subversiva.

 

El Estatuto de Seguridad respondía a la Doctrina de Seguridad Nacional (DSN) según la cual las Fuerzas Armadas debían combatir al “enemigo interno”, al considerar que cualquier opositor o crítico del Estado era una amenaza a los valores políticos importantes del país. Esta Doctrina le otorgaba importancia decisiva a la representación directa de las fuerzas militares en las diversas instituciones estatales.

 

Hace 38 años, bajo tal Estatuto, las fuerzas militares y de policía fueron investidas de facultades judiciales, se inventaron supuestos delitos que atentaban contra el orden público y condenas exageradas por cualquier expresión de inconformidad social o de supuesto desorden social. Por ejemplo, una contravención que era sancionada con 30 días de arresto, entonces era de uno a cinco años de prisión; hoy, con el nuevo Código de Policía, amenazan el bolsillo de las personas. Entonces las cárceles se llenaron de presos políticos. Hoy ya están colmadas por ellos, ¿quedarán repletas?

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Sábado, 23 Julio 2016 07:51

Terror y muerte en un shopping de Munich

Cerca del shopping atacado se apostaron miembros especiales de comandos policiales y varias ambulancias que asistían a los heridos.
 
AL MENOS DIEZ MUERTOS EN UN ATAQUE CON ARMAS LARGAS EN LA CIUDAD ALEMANA. EL AUTOR SE HABRIA SUICIDADO


Según la policía, un joven alemán-iraní disparó a mansalva en un restaurante de comida rápida, en uno de los centros comerciales más grandes de la capital de Baviera. Para los investigadores, aún no hay indicios de que se trate de un atentado de islamistas radicales.

 

El terror se apoderó ayer de la ciudad alemana de Munich al producirse un ataque en el centro comercial Olympia-Einkaufszentrum con un saldo de por lo menos diez muertos y 21 heridos. La policía declaró un “alta alerta terrorista” tras el tiroteo.


La policía local informó al principio que habían actuado tres atacantes, pero luego aclaró que casi con seguridad había sido uno solo, un alemán de 18 años de origen iraní que vivía en Munich desde hace muchos años. El atacante se habría suicidado después de la masacre, agregó el vocero policial. El terrorista, pertrechado con un arma larga, se dio a la fuga después de haber disparado en un restaurante de comida rápida en uno de los centros comerciales más grandes de la capital de Baviera. La policía dijo que no hay indicios de que se trate de un atentado de islamistas radicales. “Es prematuro especular sobre el motivo de los atacantes”, aseguró el portavoz policial Marcus da Gloria Martins. “Hablamos de un ataque terrorista porque ante esta alerta alcanzamos el mayor despliegue de seguridad”, explicó un alto funcionario de seguridad. Tras varias horas de búsqueda de los supuestos fugitivos, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, dijo que el motivo del horrible ataque no está claro y que las evidencias son contradictorias.


Horas más tarde la policía informó que el cadáver de un hombre que fue hallado cerca del centro comercial correspondería al único atacante que habría actuado en el atentado, quien luego se habría suicidado. El hombre llevaba una mochila que está siendo examinada por expertos en artefactos explosivos.


“Estamos analizando de forma intensa la posibilidad de que se trate de un atacante”, dijo un portavoz de la policía de la ciudad alemana. En Internet y en los medios circula un video sobre un hombre vestido de negro que abre fuego a quemarropa contra gente en la acera delante de un restaurante de cómidas rápidas. No está confirmado si fue grabado durante el ataque de ayer. También se especula con que el ataque podría haber sido perpetrado por radicales de derecha. Un video en Internet del que se hicieron eco los medios alemanes muestra a un presunto agresor discutiendo a gritos con un vecino en el que dice “Soy alemán, nací aquí”. Testigos citados por CNN y medios alemanes aseguran que los atacantes gritaban “extranjeros de mierda”.


Las autoridades llamaron a la población a no abandonar sus casas. Todo el transporte urbano (metros, autobuses y tranvías) quedó paralizado y también fue suspendido el tráfico ferroviario. La estación central de Munich fue evacuada. La policía pidió a los conductores que abriesen paso a los patrulleros y vehículos policiales en las autopistas hacia la capital bávara. Médicos y enfermeras fueron llamados a asumir turnos adicionales en los hospitales.


Tras el atentado en el centro comercial conocido como #Oez que está en el distrito de Moosach cercano al Parque Olímpico de la ciudad, trascendieron versiones de un tiroteo en una plaza del centro de la ciudad. La policía desplegó un gran operativo en el centro después de que muchas personas corrieran en la zona presas del pánico, pero luego aseguró que se trató de una falsa alarma. Policías fuertemente armados patrullan también en estaciones de metro del centro. Poco después del atentado las autoridades efectuaron un llamamiento a la población a través de un sistema de alarma de teléfonos celulares instándolos a permanecer en sus hogares. “No sabemos dónde están los agresores. Cuídense y eviten los lugares públicos”, habían alertado a través de la red Twitter.


El primer ministro de Baviera, Horst Seehofer, y el titular de Interior bávaro, Joachim Herrmann, pusieron en marcha un gabinete de crisis. Policías de toda la ciudad acudieron al centro comercial que fue escenario del tiroteo y acordonaron ampliamente la zona. Varios helicópteros sobrevolaban la ciudad, a la que fueron destacadas tropas de elite procedentes de Bonn.


El tiroteo comenzó a las 17.52 hora localen un restaurante de cómidas rápidas en el centro comercial Olympia, dijo el viceportavoz de la presidencia de la policía de Munich, Thomas Baumann. El centro comercial se encuentra enclavado en un área residencial y está a dos estaciones de metro del Estadio Olímpico de la ciudad. Tiene 135 locales comerciales y es uno de los mayores centros de compras de Munich. Al principio, la situación era muy confusa, y diversos videos y fotos empezaron a circular por las redes sociales mostrando escenas de pánico, con personas corriendo por el centro comercial a la búsqueda de un refugio, policías ingresando a los estacionamientos, e incluso posibles tomas de los tiradores saliendo del lugar. Otros archivos que circulaban por las redes sociales dejaban oír el sonido de los disparos, que empezaron en el local de la hamburguesería McDonald’s integrado al shopping.


En el noreste de la ciudad, allí donde se registraron los disparos en el centro comercial, regía el estado de excepción. Rápidamente la policía cercó y evacuó la zona. Seguía prevaleciendo la incertidumbre y la policía pidió a los ciudadanos que permanezcan en sus casas. Un viernes por la tarde normalmente la zona está en plenitud. Todas las grandes marcas tienen tiendas en el centro comercial.


La policía llamó a la población a no publicar fotos ni videos de los operativos policales. “Por favor, no publiquen en la red fotos/videos de las medidas policiales en el lugar del hecho. ¡No apoyen a los agresores!”, tuitéo. Facebook activó en horas de la tarde el “Safety Check” a través del cual los usuarios pueden dar señales de que se encuentran a salvo. Asimismo, habitantes de la ciudad emplearon en Twitter el hashtag #OffeneTür (Puertas abiertas) para ofrecer o recibir refugio en la ciudad. Los pasajeros que hayan quedado varados por la suspensión del tránsito ferroviario hacia Munich por el ataque en un centro comercial podrán pasar la noche en trenes en las afueras de la ciudad alemana, informó ayer la compañía ferroviaria Deutsche Bahn. Además, varios hoteles se ofrecieron a albergar gratuitamente a gente que quedó varada en Munich.


El ministro del Interior de Alemania, Thomas de Maizière, que al momento del atentado se encontraba en un avión que lo llevaba a los Estados Unidos, donde iba a iniciar sus vacaciones de verano, retornó inmediatamente al país. Cerca de las 21, hora local (16 hora argentina), la cancillería federal convocó a una reunión de crisis para seguir la evolución de la situación. La canciller, Angela Merkel, no se encontraba presente, pero presidirá hoy una reunión del Gabinete Federal de Seguridad, junto a los titulares de las principales carteras, para analizar la situación tras el brutal ataque, comunicó la cancillería alemana. A la reunión asistirán, además de Merkel, su jefe de Gabinete, Peter Altmaier; la ministra de Defensa, Ursula von der Leyen; el vicecanciller, Sigmar Gabriel; el ministro de Exteriores, Frank-Walter Steinmeier; el de Justicia, Heiko Maas; el de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y el de Cooperación, Gerd Müller.


Alemania es sacudida por segunda vez en pocos días por un acto de terror. El lunes, un refugiado afgano de 17 años atacó con hacha y cuchillo a pasajeros en un tren regional al grito de “Alá es grande” dejando un saldo de cuatro heridos graves. El joven fue abatido por la policía. Los especialistas en terrorismo habían avisado de la posibilidad de atentados en “objetivos blandos” poco vigilados como centros comerciales, escuelas u hospitales.

 

 


 

 

Confrontación confesional, xenofobia y exclusión

 

Por Eduardo Febbro


Desde París


Ben Laden y el entorno teórico de Al Qaeda están obteniendo una horrenda victoria póstuma a través del Estado Islámico. Las miles y miles de personas que mueren víctimas de los atentados en varias regiones del mundo tienen un origen teórico común, una decisión estratégica fundacional pactada por Estados Unidos y Arabia Saudita y un error garrafal cometido en Irak luego de la invasión de 2003. Esos tres elementos van a diseñar el espantoso mundo en el cual vivimos.


El jihadismo que conocemos hoy se nutre de tres fuentes. En primer lugar, es hereditario de la política que Washington y Riad implementaron a finales de los años 70 (1979) mediante la cual islamizaron, con la ayuda de Bin Laden, la resistencia interior contra la invasión soviética de Afganistán. Por ese diseño pasó también, aunque con otras intenciones, una multinacional argentina, Bridas, cuando, antes que los enceguecidos norteamericanos, va a descubrir la utilidad de los talibanes en su proyecto de trazar el recorrido de un gasoducto de cerca de 1500 kilómetros que iba dese Turkmenistán hasta Pakistán. En segundo lugar, los atentados en Occidente se inspiran en una obra teórica de 1.600 páginas escrita por Abou Moussab al-Souri, el teórico de la tercera jihad y ex mano derecha de Ben Laden. Este sirio nacido en Alepo hace 60 años plasmó en en el libro “Llamado a la resistencia islámica mundial” lo que el Estado Islámico está llevando a cabo en la realidad, o sea, la Jihad global del pobre. La obra, aún accesible en internet, se ha convertido en una biblia y en el manual de iniciación básico para todos los candidatos a la guerra santa contra Occidente. El tercer elemento es la invasión de Irak, la disolución de la policía y el ejército iraquí decidida por un analfabeto critico de las relaciones internacionales, el administrador civil de Irak, el norteamericano Paul Bremer, el montaje posterior de un gobierno iraquí de mayoría chiíta pero tan violento como corrupto y el aislamiento de la minoría sunnita en el seno de la cual estaban los altos mandos del ejercito iraquí, los servicios secretos, los miembros del partido Bass y la policía, hoy espinas dorsales del Estado Islámico.


Pero la cuna es siempre una combinación de la confrontación durante la llamada Guerra Fría entre las dos potencias, Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, los intereses gasíferos y petroleros, Irak y el extremismo islamista, el cual, con la ayuda de Arabia Saudita, Estados Unidos y Pakistán, será propagado, armado y entrenado por la primera potencia mundial con el objetivo de desalojar al ejército rojo de Afganistán. Todos los hechos terminan componiendo el eslabón de una cadena que llega hasta nuestros sangrientos días y en la cual el libro de Abou Moussab al-Souri es una pieza fundamental. El “Llamado a la resistencia islámica mundial” es, ante todo, el producto del desacuerdo entre Osama Bin Laden y Abou Moussab al-Souri, nombre de guerra con el que remplazó al auténtico, Mustafá Setmariam Nassar. Al-Souri estaba totalmente en contra de actos terroristas tentaculares y espectaculares como el que Bin Laden cometió en Estados Unidos en septiembre de 2001. Para él, ese tipo de estrategia sólo podía acarrear consecuencias destructoras porque accionaban dos resortes de una potencia con una capacidad de intervención militar enorme: primero, el aumento de los créditos militares, dos la invasión de los llamados “territorios cuna”, es decir, Afganistán. No se equivocó, el 11 de septiembre atrajo a Estados Unidos a Afganistán y esa expedición militar terminó con el desmantelamiento casi total de Al Qaida. La ex cabeza pensante de Bin Laden criticó a su jefe en un correo electrónico donde decía: “nuestro hermano fue contaminado por la enfermedad de las pantallas, los flashes, sus admiradores y los aplausos”. Abou Moussab al-Souri propuso cambiar la meta y apuntar no hacia los Estados Unidos, país muy alejado y potente, sino hacia lo qué el llamaba “el vientre blando” de Occidente, es decir, Europa. Para ello, el sirio -más tarde nacionalizado español en virtud de su matrimonio con una española–, inventó el término de “nizam la tanzim”, un “sistema pero no una organización”: es decir, una estructura terrorista compuesta por células auto gestionadas, sin lazo con un órgano central, una suerte de jihad horizontal autónomo, separado de cualquier idea piramidal. Ya hemos visto su eficacia en los últimos años. Internet y las redes sociales serán en esa visión otro aporte clave porque ambos, en la idea de al-Souri, ocupan el lugar de las mezquitas o los imanes. Sin contacto físico, sin frecuentación de lugares vigiladas, los individuos se empapan en esa opción.


En su libro, Abou Moussab al-Souri calculó las consecuencias en el seno mismo de las sociedades occidentales: confrontación racial, xenofobia y exclusión por parte de los occidentales y, por consiguiente, radicalización de los musulmanes víctimas del racismo. Por curioso que parezca, ninguno de los muy publicitados servicios de inteligencia de las potencias mundiales prestó la debida atención a ese libro. No sólo aún se lo encuentra en Internet sino que, además, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, las decenas de think tank que se crearon en Washington para pensar el mundo gozaban de créditos millonarios pero sufrían de una falencia absurda: en esos think tank casi nadie hablaba árabe. El Estado Islámico aplicó con letra de sangre esa yihad horizontal pero también introdujo blancos nuevos que no estaban en el libro de Al-Souri: Arabia Saudita, Yemen, Túnez, Libia, Turquía y Rusia con el atentado contra el avión ruso derribado el 31 de octubre de 2014 por el ISIS. Las peregrinaciones de Abou Moussab al-Souri no están tampoco exentas de interés para comprender las barrabasadas cometidas por los servicios de inteligencia. El sirio fue arrestado en 2005 por los servicios secretos de Pakistán cuando huyó de Afganistán y entregado a Estados Unidos. Washington tenía la perla entre sus manos pero se la entregó a la Siria de Bachar el-Assad en 2011 (otras fuentes hablan de 2007). Assad lo liberó el mismo año con una intención semejante a la que llevó a Washington a armar la resistencia afgana: islamizar las revueltas árabes que estallaron en 2011 y, con ello, restarles legitimidad. Hoy nadie sabe donde está.


El perfil de guerra confesional que Estados Unidos, Arabia Saudita y Pakistán trazaron en torno a Afganistán explotó en las manos de todos. Ningún cerebro de la CIA o la NSA previó la expansión posterior. La mayoría de los llamados “hombres más buscados” por Estados Unidos fueron, en su momento, aliados de esos tres países. Los llevaron a Pakistán, los adiestraron en las famosas escuelas coránicas de Peshawar y luego los soltaron en Afganistán con armas en las manos. “El enemigo es fuerte y poderoso, nosotros somos pobres. La guerra será extensa”, escribió Abou Moussab al-Souri en su libro. El Estado Islámico se empapó en esa literatura y llevó a la realidad esa guerra “nizam la tanzim”, es decir, el sistema de lobos solitarios que azota a Occidente. Su yihad descentralizada se extiende ahora por las capitales del Viejo Continente, y más allá: la matanza de Niza, el atentado en el aeropuerto de Turquía, el atentado en el aeropuerto de Bruselas, las matanzas de París, y, en estas horas, tal vez Monich. Abou Moussab al-Souri conocía muy bien ese “vientre blando” de Occidente. Vivió exiliado en Francia, en Londres y luego, con su esposa, en Andalucía. Abou Moussab al-Souri presidió el nacimiento de las dos primeras yihad e inventó la tercera. La primera se articuló contra el ejército soviético en Afganistán: la segunda contra la invasión norteamericana de Irak en 2003 y, esta, la tercera, una fuerza heredera de cada uno de esos hechos, el Estado Islámico, la siembra en occidente. La obra de Abou Moussab al-Souri no habría tenido la influencia que tuvo si Estados Unidos y sus lacayos no hubiesen despertado y alimentado el islamismo radical, si no hubiesen luego fracturado de una manera espantosa Irak. A ello se le sumaron la exclusión, el racismo y el desprecio de que son objeto los musulmanes en Europa. Las palabras de al-Souri se convirtieron en semillas de bombas humanas que no sólo destrozan vidas en París sino, también, en Irak donde, casi en silencio, centenas de vidas humanas desaparecen tragadas por bombas activadas hace mucho por las potencias occidentales.

 

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Jueves, 30 Junio 2016 07:46

Paz sin paramilitarismo (III)

Paz sin paramilitarismo (III)

En la construcción de la paz, las Farc organizaran su movilización política con un nuevo partido. Hay que implementar ya todas las medidas de protección de sus miebros acordadas para prevenir la repetición del exterminio de la Union Patriótica.

El drama vivido por la Unión Patriótica no puede ser repetido. El exterminio espantoso de sus militantes por los grupos paramilitares es una amenaza que debe ser conjurada.

El paramilitarismo que es el alma y esencia del Estado oligárquico colombiano mutara e intentara acribillar a los integrantes del nuevo partido político que organicen las Farc y el movimiento social agrario en su legítima acción política.

En ese sentido son prioritarias las medidas acordadas en la Mesa de conversaciones de La Habana entre el gobierno y la delegación guerrillera para generar un sistema de seguridad efectivo para el ejercicio de la política democrática y transformadora.

Acá queremos referirnos a este punto neurálgico en la construcción de la paz, el cual fue acordado el pasado 23 de junio y que requiere ser implementado rápidamente, especialmente en las regiones y zonas donde el conflicto ha sido más agudo.

Veamos pues los detalles de lo consensuado.

Se creará un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

El Sistema Integral desarrollará un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el consenso sobre Participación Política.

 

Medidas de protección, seguridad personal y colectiva

 

El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando que en el Acuerdo de Participación Política fue pactado “Un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”, el cual debe complementarse y definir sus contenidos respecto a las garantías en materia de seguridad y protección para las personas destinatarias de este sistema, y con el fin de brindar garantías de seguridad para el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, para sus integrantes –hombres y mujeres– en proceso de reincorporación a la vida civil, además de la aplicación del modelo de prevención, seguridad y protección de los territorios y las medidas de protección inmaterial definidas en el marco del “Acuerdo de Participación Política, apertura democrática para construir la paz”, acuerdan:

Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.

En cumplimiento de lo establecido en el punto 2.1.2.1, literal a, del acuerdo de participación política ( http://bit.ly/298kHFA ), la instancia de Alto Nivel tendrá como propósito la implementación del Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión. De igual forma será el espacio de interlocución y seguimiento para la seguridad y protección de las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, especialmente los que ejerzan la oposición, y el nuevo movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus integrantes en proceso de reincorporación a la vida civil.

La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Acuerdo de Participación Política: numeral 2.1.2.1 ver http://bit.ly/298kHFA) desarrollará e implementará, los siguientes componentes del Sistema de Seguridad:

- Protección especializada, sobre la base de una evaluación del nivel de riesgo y en coordinación con las Entidades del Estado correspondientes, para las siguientes personas:

Quienes hayan sido elegidas popularmente, quienes se declaren en oposición política y líderes/as de partidos y movimientos políticos, con enfoque diferencial y con presencia nacional y regional, así como su instancia de evaluación de riesgos a nivel regional y local, a los que se refiere el inciso 2.1.2.1. literal c. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz. Tanto los estudios de nivel de riesgo como las medidas de protección especializada, aplicarán protocolos de género que aseguren la idoneidad respecto a la condición sexual y la identidad de género de las personas.

- Sistema de planeación, monitoreo y evaluación con carácter interinstitucional, enunciado en el numeral 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

- Comité de Impulso a las investigaciones por delitos contra quienes ejercen la política, teniendo en cuenta a las mujeres y la población LGTBI, consignado en el inciso 2.1.2.1. literal d. del Acuerdo de Participación Política: Apertura Democrática para construir la Paz.

La Instancia estará conformada por:

a) El Presidente de la República.

b) El Ministro del Interior.

c) El Ministro de Defensa.

d) El Consejero de Derechos Humanos de la Presidencia de la República.

e) El Comandante de las Fuerzas Militares.

f) El Director de la Policía Nacional.

g) El Director de la Unidad Nacional de Protección, en adelante UNP.

La Instancia de Alto Nivel garantizará la participación permanente del nuevo movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal.

El Gobierno Nacional garantizará la participación en la Alta Instancia de los partidos y movimientos políticos, especialmente de aquellos que hayan sido afectados en su seguridad, de organizaciones de víctimas y de derechos humanos y de movimientos sociales, incluidos los de mujeres. Podrán ser invitados cuando se considere pertinente un delegado/a de las organizaciones internacionales de derechos humanos con presencia en Colombia y otros delegados/as de entidades del Estado y órganos de control.

Delegado/a Presidencial:

El Presidente de la República, designará un delegado/a adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia, que estará a cargo de la Secretaría técnica de la Instancia de Alto Nivel, y será el responsable del sistema de planeación, información y monitoreo (Acuerdo 2.1.2. literal a) y de coordinar y hacer seguimiento a las medidas de protección y seguridad que se adopten en la materia. Mantendrá una interlocución permanente con las y los integrantes de los partidos y movimientos políticos y sociales, defensores/as de derechos humanos, incluyendo el partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil.

Programa de protección integral para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores, de acuerdo con el nivel de riesgo.

El Gobierno Nacional asume el compromiso de implementar un programa de protección integral en coincidencia con lo desarrollado en el acuerdo "Participación política: Apertura democrática para construir la paz", numeral 2.1.2.1, literal c, ( http://bit.ly/298kHFA ) que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

Este Programa que estará adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República bajo la supervisión del Delegado Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, contará con autonomía administrativa y financiera, mantendrá coordinación permanente y operativa con las instituciones del Estado pertinentes.

Las medidas establecidas en el presente numeral, se aplicarán a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP, conforme a lo que se establezca en el Acuerdo Final y desde la firma del mismo.

Subdirección especializada de seguridad y protección en la UNP.

El Gobierno Nacional, creará una Subdirección al interior de la UNP, especializada en la seguridad y protección, para las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, actividades y sedes, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, contará con la participación activa y permanente de no menos de dos representantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y el conjunto de su estructura y funcionamiento se definirá por el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Esta Subdirección especializada de seguridad y protección, garantizará la administración, funcionamiento y operación de la Mesa Técnica y del Cuerpo de Seguridad y Protección que se crea en el presente acuerdo.

Mesa Técnica de Seguridad y Protección:

El Gobierno Nacional, pondrá en marcha una Mesa Técnica de Seguridad y Protección, en adelante la Mesa Técnica, con participación del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, que iniciará su funcionamiento inmediatamente se haya firmado este Acuerdo, para desarrollar, coordinar y hacer seguimiento y sugerencias a la implementación de un Plan Estratégico de Seguridad y Protección, que contemple medidas materiales e inmateriales para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Mesa Técnica tendrá las siguientes funciones:

Desarrollar la estructura de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, conforme a lo acordado por el Gobierno Nacional y las FARC-EP.

Identificar las necesidades en materia de recursos humanos, físicos y de presupuesto requeridos para la implementación del Plan Estratégico de Seguridad y Protección, de manera que se garanticen los derechos a la vida e integridad personal, a la libertad, a la movilidad y a la seguridad, de las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y las y los integrantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil dada su situación de riesgo derivada del ejercicio de sus actividades o funciones políticas, públicas, sociales o humanitarias y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo.

La Mesa Técnica será permanente, hará seguimientos y evaluaciones periódicas en coordinación con las instituciones estatales que tengan competencia sobre el tema. El diseño y el seguimiento de las acciones de protección, será tanto de carácter individual como colectivo para las y los integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades. Así como a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo al nivel de riesgo.

A iniciativa de la Mesa Técnica y en coordinación con el Delegado/a Presidencial, el Gobierno realizará las reformas y ajustes normativos -decretos y desarrollos- que regulen todos los aspectos relacionados con la protección y seguridad de integrantes del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal y de sus familias de acuerdo con el nivel de riesgo. Dichas normas y procedimientos serán elaborados por la Mesa Técnica y presentados al Gobierno Nacional para su aprobación antes de la firma del Acuerdo Final.

La Mesa Técnica estará integrada por las y los delegados/as del Gobierno Nacional, en cabeza del Delegado/a Presidencial, el Director/a de la UNP y el Subdirector/a de la nueva subdirección especializada, creada en el presente acuerdo, quien actuará como secretario/a, y otras entidades que se estime pertinentes, entre estas como invitado permanente, asistirá el o la representante de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Colombia.

Antes de la firma del Acuerdo Final, participarán las y los representantes que las FARC-EP consideren pertinentes.

Firmado el acuerdo los delegados/as designados/as por las FARC-EP seguirán haciendo parte de la Mesa Técnica. Creado el movimiento político se incorporarán a la Mesa Técnica las y los representantes que este designe.

Exigimos que este esquema institucional sea organizado desde ya para que la construcción de la paz sea una realidad inmediata. Sin dilaciones y sin trampas como las que están colocando ciertas fichas del sistema judicial ordinario.

 

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Publicado enColombia
Lunes, 27 Junio 2016 06:38

Llamado a las armas

Llamado a las armas

No pasa un día sin noticias de múltiples homicidios y heridos por balas. En un país que está obsesionado con ser excepcional, logra serlo en un rubro: no hay ninguna otra nación avanzada que se parezca –ni de cerca– a Estados Unidos en el nivel de sangre en sus calles por la violencia con armas de fuego.

Una masiva expresión de amor y solidaridad brotó este domingo en las calles de Nueva York, durante el ya casi oficialista Desfile por el orgullo gay, donde al comienzo se guardó un minuto de silencio por los 49 muertos y 53 heridos en el club de Orlando –la mayoría latinos– a manos de un hombre armado con, entre otras cosas, un rifle de asalto. Alto al odio, fue la mayor consigna. Habían latinos y musulmanes que declaraban y coreaban contra la ola de odio promovido por Donald Trump y su partido afirmando que se enfrentarán contra la triple amenaza de la islamofobia, el sentimiento antimigrante y la homofobia. Un refugiado sirio, Subhi Nahas, fue uno de los tres seleccionados para encabezar la marcha este año. Otra consigna en letreros, disfraces y carros fue: No viviremos en el temor.


Pero estas expresiones se tenían que hacer bajo un despliegue masivo de seguridad policiaca –incluyendo francotiradores en algunos techos, a lo largo de la ruta por la Quinta Avenida, barricadas y miles de agentes. Todo porque en cualquier momento alguien con armas –frecuentemente, legalmente adquiridas– podría declararse patriota, terrorista o sólo un loco y atacar el festival.
El temor se ha vuelto el pilar de la vida en el país más poderoso de la historia del mundo. Ese es el pretexto para casi todo, incluso de los que defienden lo que aquí sigue siendo el sagrado derecho de tener y portar armas. Justo después de la tragedia en el club Pulse, de Orlando, las acciones de los fabricantes de armamento –y la compra de sus productos– se (perdón por la palabra) dispararon.


Hay suficiente armamento en manos privadas para armar a todos los adultos en Estados Unidos –alrededor de 300 millones. Con éstas mueren aproximadamente unas 33 mil personas cada año (dos tercios son suicidios) y 70 mil son heridas. Los homicidios con armas de fuego son ahora causa común de decesos en este país, cobrándose la vida de aproximadamente el mismo número de gente por accidentes en automóviles. La tasa de mortalidad por armas de fuego es de 31 por millón de habitantes, equivalente a 27 personas cada día del año, reporta el New York Times –más que en cualquier otro país avanzado (aunque no más que en otras naciones, incluyendo a México, donde la tasa es de 122 por millón).


Las balaceras masivas –la peor en la historia del país y la más reciente, en Orlando– ocurren en promedio en 5 de cada 6 días en este país, según datos del Gun Violence Archive analizados por The Guardian, un total de mil incidentes en mil 260 días (hay diferentes definiciones, pero para este cálculo se trata de incidentes en los que cuatro o más personas son baleadas).


Muchos periodistas aquí nos tenemos que hacer la pregunta demasiado frecuentemente: ¿cuántas veces más tenemos que escribir esta historia? Una vez más hay horror, una vez más el presidente expresa condolencias y lamenta que no se ha hecho nada más para controlar las armas de fuego, una vez más los expertos recuerdan las estadísticas mortales, una vez más se detona el debate sobre el armamento en foros públicos, en medios, en los pasillos del poder. Y una vez más: nada.


La parálisis política muestra ante los ojos del mundo la inoperancia del sistema político estadunidense para proteger a sus ciudadanos. Cuatro iniciativas de ley para imponer muy moderados controles sobre las armas fueron derrotados en el Senado durante días recientes. Ni la sencilla iniciativa para prohibir la venta de las armas de asalto, modelos civiles de armamento para uso militar, incluyendo el popular AR-15, que han sido las más usadas en las matanzas (donde cuatro o más son baleados) en tiempos recientes, desde Columbine, Aurora, la primaria en Newtown, y ahora Orlando se han podido prohibir.


Por eso fue notable el breve espectáculo de la semana pasada, cuando representantes federales demócratas ocuparon el recinto de la cámara baja durante poco más de 24 horas, sentándose en el piso del recinto y declarando que permanecerían ahí hasta que se programara un voto para una medida muy modesta (aunque problemática): que se prohibiera la venta de armas de fuego a todo aquel que esté en la famosa lista de no volar, antiterrorista, que mantiene el gobierno federal. Encabezados por el legendario diputado afroestadunidense John Lewis, veterano del movimiento por los derechos civiles de los 60, y acompañados en momentos diferentes por la lideresa de la minoría demócrata Nancy Pelosi y el aún precandidato presidencial Bernie Sanders, desafiaron las órdenes del presidente de la cámara para retomar la agenda del día. “A veces se tiene que hacer algo fuera de lo común... Llega un momento en que se tiene que decir algo, en el que hay que hacer un poco de ruido, en el que hay que dar un paso”, expresó Lewis con su voz inconfundible.


Los republicanos rehusaron ceder y hasta ordenaron que se apagaran las cámaras de CSPAN, el canal de cable que transmite las actividades del Congreso. Aparentemente aún no se han dado cuenta de que en este mundo digital apagar las cámaras no evita que todo se difunda por teléfonos por las redes sociales, lo cual ocurrió. Pero después de 24 horas, el Congreso fue declarado en receso.


Mientras tanto, algún colega en alguna esquina de este país está reportando sobre otro muerto, otro herido por bala en Chicago, Baltimore, Oakland o cerca del Capitolio, donde ya se fueron de vacaciones los que supuestamente trabajan en nombre del pueblo.


PD: este reportero está contemplando solicitar de su periódico un chaleco antibalas para seguir reportando desde Estados Unidos.

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El yihadista estadunidense de Orlando, empleado de la trasnacional paramilitar británica

G4S, mayor empresa de seguridad del mundo y bizarra firma paramilitar trasnacional británica, destaca por sus poco conocidas operaciones en 125 países, entre ellos el “México neoliberal itamita”, con 618 mil "empleados" sui géneris, como el "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen.

G4S encabeza la privatización de la "seguridad" global y es el tercer empleador privado del mundo detrás de la explotadora Walmart y Foxconn.

Es curioso que se sepa muy poco de la trasnacional paramilitar privada G4S que controla nuestras vidas, que carga con estruendosos escándalos (http://goo.gl/fvl2tl). Su comedia de "errores" es infinita, desde el pésimo cuidado de las cárceles en Gran Bretaña hasta los Juegos Olímpicos de Londres, donde no pudieron cumplir con la cuota de 13 mil vigilantes, por lo que el gobierno llamó a miles de soldados y policías en su lugar.

¡Qué parecido existe entre la siniestra paramilitar G4S y la funesta Blackwater, empresa privada (sic) militar de EU en Iraq, que tuvo que trasmutar su nombre al de Xe Services y luego al de Academi, después de su barbarie ocupacional!

¿Se trata de una nueva modalidad de ocupación/intervención paramilitar de los países vasallos al outsourcing (deslocalización) de la "seguridad", donde brilla intensamente la tripleta israelí-anglosajona y su panoplia ­ciberbélica?

Hoy las invasiones son multidimensionales, más que únicamente con ejércitos, donde juegan un papel decisivo las "guerras geofinancieras" de los banksters israelí-anglosajones y sus empresas paramilitares de "seguridad" con sus bélicos ­"empleados".

De no ser por la deleznable carnicería en Orlando perpetrada por el presunto "yihadista estadunidense" Omar Saddiqui Mateen –exhibicionista de playeras de la policía de Nueva York y empleado desde 2007 de la siniestra G4S (http://goo.gl/qjiLXn)–, es probable que la tan desinformada opinión pública nunca se hubiera enterado de la existencia de la trasnacional paramilitar y multifuncional británica.

Pregunta tonta: ¿por qué nadie investiga a G4S en EU, ya no se diga en el “México neoliberal itamita”?

La privada paramilitar G4S pre­gona sus labores multifuncionales: "Servicios de personal de seguridad, servicios de manejo de efectivo, servicios de justicia, vigilancia de espec­táculos masivos y externalización de procesos de negocios (sic) relacionados con la seguridad y sus riesgos" cuando "protege los principales aeropuertos del mundo (120)" y puertos (70 países), además de que maneja cárceles y correccionales, provee logística y transporte de bancos (sic), realiza vigilancia electrónica, dispone de minas (¡supersic!) terrestres y artefactos explosivos militares y da entrenamiento en seguridad”.

Más bien G4S parece una trasnacional paramilitar en el limbo entre lo privado y lo público, donde oculta el número de sus empleados ex militares en el mundo turbio del contratismo de la "seguridad" local/regional/global que abarca a los impresentables “guaruras (body guards)” para todo tipo de "servicios" cuando 27 por ciento de sus ingresos globales provienen de contratos con los gobiernos.

¿Qué tipo de contratos tuvo y tiene G4S con el fallido “México neoliberal itamita”? ¿Lo sabrán sus ignaros congresistas? ¿Chi lo sa?

No cuadran sus magros ingresos netos, unos raquíticos 26 millones de dólares, con sus alcances globales y su espectacular número de empleados.

Su división en Estados Unidos (EU) se ha cansado de hacer trampas en sus ejercicios antiterroristas, por lo que ha sido expulsado y sustituido en 10 principales sitios nucleares (sic) tras el 11-S.

A mi juicio, muchas "fallas" de G4S sirven para sembrar el terror deliberado con propósitos extra-curriculares.

Según el feroz investigador Way­ne Madsen, “Sitora Yusufiy, ex mujer del tirador del bar Pulse, Omar Mateen, confesó que había sido instruida por los agentes de la FBI de no decir a los medios que su ex marido era gay (http://goo.gl/z9u0Au)”, lo cual ya había sido referido por Bajo la Lupa.

Wayne Madsen exhuma los "es­trechos vínculos" de G4S con el sector judicial (sic) de EU cuando operaba como Wacken­hut, empresa que arrancó con el ex agente de la FBI (sic) George Wackenhut Sr, en representación del director de la FBI Edgar Hoover. ¿Es la filial G4S en EU una cobertura de la FBI?

Se ha cocinado una extraña mezcla de yihadista/gay/neoyorquino del terrorista Omar Mateen cuando resulta que su padre, candidato a la presidencia en Afganistán, forma parte de la red pro talibán de los propagandistas afganos/paquistaníes que usan las redes de televisión y radio financiadas por Broadcasting Board of Governors (BBG), influida por la CIA.

¿Entonces, los consagrados comentaristas de radio y televisión en Estados Unidos son palomeados por la CIA/FBI/Mossad para desinformar a su audiencia ignara? Ahora queda claro por qué ya no me invitan en fechas recientes. Jajaja.

Se ha gestado una clásica colisión bipolar entre la FBI, consagrada a asuntos domésticos, y la trasnacionalidad de la CIA, cuyo director es John Brennan, anterior jefe de la estación en Arabia Saudita y quien "testificó ante el Congre­so que no existía evidencia de una conexión entre Omar Mateen y los yihadistas del califato islámico", según Madsen.

G4S operó antes como Group 4 Securicor, y su sede se encuentra en Crawley (Sussex). Su presidente es el británico John Connolly y su director ejecutivo es el anglosudafricano Ashley Almanza, cuya operatividad es perturbadora: hace 23 años fue director financiero (sic) en el área de exploración y producción de British Gas (¡supersic!) y luego director financiero de BG Group con ingreso neto de mil 44 millones de dólares con solamente 5 mil 200 empleados (http://goo.gl/cpaUxJ).

En forma extraña, Almanza es director simultáneo (sic) de Schroders –trasnacional británica de manejo de capitales financieros en 28 países– y Noble Corporation, contratista de perforación off shore.

¿Qué tienen que ver juntos "seguridad de G4S" con manejo de activos financieros de Schroders y exploración petrolera de Noble Corporation en las aguas muy profundas de la geopolítica y el outsourcing de la "seguridad"?

La estructura operativa de G4S, nominada por la ONG Public Eye Award como una de las peores compañías del mundo, se divide en dos rubros: 1) Secure Solution: consulta de riesgo, manejo de seguridad y sistemas de seguridad, y 2) Cash Solutions: outsourcing del ciclo del manejo de liquidez para bancos, instituciones financieras y menudeo: 18 por ciento (sic) de su rotación.

G4S ha sido acusada de usar como "mano de obra barata" a los detenidos inmigrantes en las cárceles (https://goo.gl/Sxkzhg). ¿G4S explotará también a los migrantes mexicanos detenidos en las cárceles que "maneja"?

A lo que ha llevado la perniciosa "privatización paramilitar" de la seguridad pública y su outsourcing, que forma parte intrínseca del neoliberalismo global israelí-anglosajón y que no pocas veces es manipulado por las agencias de espionaje (FBI, CIA, Mossad, etcétera) y sus macabros juegos electoralistas y hasta geopolíticos cuando ahora las elecciones en el Atlántico Norte se están decidiendo con la siembra de atentados y la difusión deliberada del miedo ulterior.

AlfredoJalife.com

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Exhortan a crear ciberejército en América Latina

Los países del Sur no serán libres si no cambian la manera en que se maneja la información y no aumentan sus defensas para evitar graves consecuencias, indican desde un foro dedicado a Julian Assange en Quito.


“Los países del Sur no vamos a poder romper con esta forma de ‘neodependentismo’ cognitivo, digital, tecnológico, y no vamos a poder ser libres si no disputamos el sentido de cómo se maneja la información y no intentamos romper esos monopolios de conocimiento”, afirmó el lunes el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ecuatoriano, René Ramírez.


Pronunció estas palabras durante la apertura del foro “Julian Assange: cuatro años de libertad negada”, organizado en Quito, capital ecuatoriana, y que se desarrolla entre este lunes y el viernes con motivo de los cuatro años de asilo político del fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, capital del Reino Unido.


Los países del Sur no vamos a poder romper con esta forma de ‘neodependentismo’ cognitivo, digital, tecnológico, y no vamos a poder ser libres si no disputamos el sentido de cómo se maneja la información y no intentamos romper esos monopolios de conocimiento”, indicó el secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación ecuatoriano, René Ramírez.

Dada esta historia, Ramírez llamó a las naciones latinas a desarrollar “tecnología propia”, y advirtió que si “no tomamos acción, vamos a quedar en la esclavitud de la ignorancia”. Las acusaciones contra Assange, aseguró por otro lado, son en realidad “una “vendetta” política contra Wikileaks por haber publicado cables diplomáticos que han avergonzado a muchos gobiernos”.


Por otra parte, en la misma jornada y evento, el periodista español Ignacio Ramonet aseveró que los países de América Latina han de desarrollar un ejército cibernético para proteger aquellos aspectos que los dejan indefensos contra la nueva capacidad de las grandes potencias a intervenir. Equiparó también la importancia de ello con la de las defensas nacionales tradicionales (agua, tierra, mar y aire).


“Si un adversario penetra en el cerebro informático que administra alguna actividad importante de un país lo puede poner de rodillas sin siquiera invadirlo”, alertó el periodista en el evento, organizado por del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (Ciespal).


Estudiar la ciberguerra y desarrollar un equipo de “hackers patriotas”, para crear “un cuerpo armado de inteligencia informática”, es algo que Ramonet describió como indispensable ya que si la información de un país es violada ello “puede perjudicar severamente a una nación”. Todas las que llamamos “las grandes potencias”, insistió, ya disponen de un ciberejército que no depende de las fuerzas armadas o el “estado mayor”, sino que es un cuerpo en sí mismo.


Las intervenciones de países como EE.UU. en los asuntos internos de diferentes países latinoamericanos, han suscitado numerosas quejas por parte de esas naciones. El propio WikiLeaks reveló el programa de espionaje de EE.UU. a distintos países latinoamericanos como Perú, Paraguay, Panamá, Uruguay, Ecuador, Nicaragua y Argentina. Otro periodista estadounidense además destacó que uno de los principales blancos del programa mundial de espionaje de Washington era Brasil, que se encuentra en medio de una crisis política por la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff.

(Con información de HispanTV

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 Reynaldo Bignone y Jorge Rafael Videla, en el tribunal de Buenos Aires, el 30 de abril de 2011.

 


Sábado 28 de mayo de 2016.


Buenos Aires.


El tribunal oral federal uno de Argentina condenó este viernes a 20 y 25 años de prisión, respectivamente, a los ex comandantes Reynaldo Bignone y Santiago Omar Riveros por crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de la llamada operación Cóndor, coordinación criminal de las dic- taduras del Cono Sur en los años 70 y principios de los 80.

 

La causa investigó el complot de las dictaduras latinoamericanas para secuestrar, trasladar de un país a otro ilegalmente, asesinar a opositores en el exilio o importantes dirigentes políticos y ex guerrilleros. Los jueces Adrián Federico Grünberg, Óscar Ricardo Amirante y Pablo Gustavo Laufer, además del juez sustituto Ricardo Ángel Basílico, comenzaron en 2003 el juicio oral, en el cual había 32 acusados, de los cuales sólo 17 llegaron vivos a la lectura del veredicto.

 

El general Bignone fue el último presidente de facto de la dictadura militar que gobernó el país entre 1976 y 1983, que dejó saldo de unos 30 mil desaparecidos, miles de muertos y sobrevivientes que fueron sometidos a torturas y vejaciones en el contexto del terrorismo de Estado impuesto en el país, que utilizó como metodología sistemática el robo de niños nacidos en cautiverio o detenidos con sus padres y luego desaparecidos.

 

Decenas de familiares y algunos sobrevivientes, así como organismos defensores de los derechos humanos e hijos de desaparecidos dentro del esquema Cóndor, esperaron en una sala expectante y cargada de emoción, separados por una pared del estrado, donde un magistrado leyó la sentencia y la lista de los nombres de las víctimas. 

 

Fue el primer juicio sobre la operación Cóndor en el país y la región de este acuerdo criminal de las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile y Bolivia.

 

En esta causa también se investigó parte de lo que fue el expediente del juicio que se realizó sobre el centro clandestino de detención Automotores Orletti, adonde fueron llevadas la mayoría de las víctimas. Hubo mayor cantidad de uruguayos refugiados en Argentina, detenidos y entregados a las fuerzas militares uruguayas que actuaban dentro de la operación Cóndor, como fue el caso de la joven María Claudia García de Gelman, esposa de Marcelo Gelman, hijo del reconocido poeta Juan Gelman, quien pudo recuperar a su nieta Macarena, después de años de búsqueda.

 

Macarena, nacida en un centro clandestino de Uruguay y entregada a un policía y su esposa, con su madre desaparecida en ese país y su padre asesinado en Argentina, se encontraba por la tarde cargada de emociones, pero también de esperanza en la justicia.

 

También estaba Sara Méndez, uruguaya detenida en Orletti y llevada con otros compañeros a Uruguay después de que le fue arrebatado 20 días su bebé, mismo que fue encontrado posteriormente en Buenos Aires en el hogar de un comisario.

 

Muchos de los que sobrevivieron en Orletti fueron testigos invaluables del infierno vivido esos años. También condenaron a los que tuvieron responsabilidad en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de dos jóvenes diplomáticos cubanos, Jesús Cejas Arias y Crescencio Nicomedes Galañena Hernández, cuyo restos, como los de Marcelo Gelman, los encontraron en tambos de aceite con cemento, los cuales fueron arrojados a una río y hallados muchos años después.

 

La mayoría de los acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por “asociación ilícita”, con sentencias que van de ocho, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno. La mayoría estaban sentenciados en otras causas como responsables de centenares de crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar.

 

La pena de 25 años de prisión fue para Santiago Omar Riveros y el agente de inteligencia Miguel Ángel Furci, quienes se robaron a una hija de desaparecidos en el contexto de la operación Cóndor. En este caso, implicado en los tormentos contra víctimas en Orletti. Asimismo, el coronel retirado del ejército uruguayo Manuel Cordero Piacentini.

 

Reynaldo Bignone y Rodolfo Feroglio recibieron penas de 20 años. De 88 años, Bignone fue condenado por ser autor “penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado plan Cóndor”, aseveró el juez Amirante al leer el veredicto.

 

Cordero, a su vez, fue sentenciado por ser “partícipe necesario, responsable penalmente de privación de la libertad en 11 casos”. Entre éstos, ya probados, está el de María Claudia de Gelman. Algunos de los principales responsables, como el ex dictador Jorge Rafael Videla, ya murieron. Otros fueron apartados de la causa por razones de salud.

 

En los primeros años de la investigación, en 2001, se pidió la extradición de los dictadores Alfredo Stroessner (Paraguay), Augusto Pinochet (Chile) y Hugo Bánzer (Bolivia), pero la justicia no dio curso en seguida y luego fallecieron todos.

 

“Se trata de un juicio único por sus características. Es el primero en Latinoamérica que logra llegar a la sentencia de un proceso cuya existencia se conoce desde hace décadas”, expresó el joven fiscal Pablo Ouviña.

 

El mismo día en que la justicia dictó sentencia en el primer juicio sobre la operación Cóndor, organismos humanitarios manifestaron su enorme preocupación por la decisión del gobierno del presidente derechista Mauricio Macri por una iniciativa de acuerdos de seguridad, la cual comienza con la iniciación de un seminario dictado por especialistas en inteligencia y antiterrorismo de Israel.

 

“Es una iniciativa llamada a tener una fuerte gravitación en la orientación de las decisiones geopolíticas del Estado argentino con las consecuencias que esto ocasionaría (...) esto confirma el riesgo, que fue adelantado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que la región y nuestro país sean llevados a involucrarse en el escenario de conflictos que se desarrollan en otras partes del mundo y que terminaron desatando verdaderas tragedias humanitarias”, aseveró el legislador Leopoldo Moreau con base en lo publicado por el diario Clarín, el cual agregó que participarán 16 empresas israelíes que vendrían a proveer a las fuerzas de seguridad locales de elementos tecnológicos de inteligencia.

 

Se advierte que está prevista una conferencia del general de brigada Royi Elcabets, israelí, quien disertará sobre cómo sus compatriotas “combaten las acciones de terrorismo”.

 

Moreau, experto en el tema, señaló: “No podemos dejar de preguntarnos qué tiene que ver esa problemática con nuestra realidad local, sin dejar de lado también la interrogante de si la definición de terrorismo que tiene el Estado argentino es similar o, por el contrario, difiere con la que tiene el Estado de Israel”

 

 

 

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