Diez países de la región cuentan con penales que superan su capacidad en un 200%

 

Las cárceles en Latinoamérica enfrentan una situación crítica en materia de hacinamiento y superpoblación, lo que provoca la saturación en los servicios que brindan a los reclusos, en especial la asistencia en salud, según un informe de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), una organización que reúne a 20 defensorías del pueblo, procuradurías y comisiones de derechos humanos. Hasta diez países cuentan con cárceles que superan su capacidad en un 200%.

 

La entidad subraya que la crisis en la que están inmersos los sistemas penitenciarios de la región atenta contra la seguridad de las cárceles y viola los derechos humanos de los presos y del personal. El hacinamiento y la superpoblación generan el aumento de la violencia, la saturación de los servicios de salud y el desgaste de la convivencia entre los presos, entre otros efectos.

 

Además, entre los diez países cuyas cárceles son las más pobladas del mundo, hay cuatro latinoamericanos. Haití encabeza la lista, con una tasa de ocupación carcelaria del 416%. Le siguen El Salvador, en cuarto lugar, con un 320% de sobrepoblación; Venezuela (270%) en séptimo; y Bolivia (256%) en octavo, según datos del Centro Internacional de Estudios Penitenciarios de la Universidad de Essex (ICPS). La superpoblación en Paraguay alcanza un 131%, pero en su principal centro, la Penitenciaria Nacional de Tacumbú, esa cifra salta al 333%, según reportes de la Defensoría del Pueblo de ese país.

 

Puerto Rico es uno de los pocos casos en la región en que las prisiones no están superpobladas. Según el informe de la FIO, los bajos niveles de hacinamiento —un 88%, cifra similar a las de España o Alemania, por ejemplo—, se debe a inversiones realizadas en infraestructura en el sistema penitenciario del país.

 

Entre los países donde hay una atención inadecuada en salud, destacan Colombia, Bolivia, Uruguay y Nicaragua. La mayoría de las denuncias registradas por las defensorías de Panamá y Costa Rica se refieren, asimismo, a la falta de atención médica. El problema se debe, en parte, a la cantidad insuficiente de profesionales. En varios centros penales de estos países es necesario trasladar los presos hacia el centro médico más cercano, de modo que con frecuencia pierden las citas debido a la falta de transporte y personal de custodia.

 

 

La dificultad de acceder al servicio médico viene acompañada de otros problemas: la insalubridad de las celdas e instalaciones, las malas condiciones de higiene y una alimentación inadecuada, que hacen de las cárceles ambientes propicios a la proliferación de epidemias y enfermedades.

 

Brasil ocupa el puesto 35 en la lista de los mayores índices de superpoblación carcelaria, con un 172%. Ese país tiene, sin embargo, la cuarta población penitenciaria del mundo: cerca de 548.000 presos, mientras la capacidad de los centros de detención no sobrepasa los 319.000. Casi la mitad de las prisiones del país no tienen cama para todos los reclusos, y en un cuarto de ellas no hay colchón para todos. El baño de agua no se calienta en el 66% de estas localidades, y en el 40% no se proporciona el material para la higiene personal, según la Procuraduría de los Derechos de los Ciudadanos del país.

 

Cerca del 40% de los reclusos en Brasil están en prisión preventiva, según constató el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria, que visitó varias cárceles del país en 2013 y registró sus impresiones en un informe. "Existe una cultura del uso de la privación de libertad como norma y no como una medida excepcional reservada para delitos graves, conforme lo exigen las normas internacionales de derechos humanos", afirmó tras la visita Roberto Garretón, uno de los miembros del grupo.

 

Los expertos expresaron su preocupación por la falta de asistencia jurídica a los detenidos, lo que se hace aún más grave "en un país donde la mayoría de los presos son pobres y no pueden financiar un abogado", señaló Garretón. El grupo se encontró con innumerables casos donde los reclusos tuvieron que esperar meses o incluso años para tener un juicio y descubrir cuáles eran las acusaciones en su contra.

 

Paraguay, además de Brasil, destaca en el conjunto por el uso excesivo de la prisión preventiva: 6691 de los 9229 presos del país (el 72,5%) están en esta situación.

Las entidades de la FIO recomiendan a las autoridades implicadas hacer un "uso racional de la prisión preventiva"; construir nuevos centros penales y ampliar la infraestructura existente; impulsar medidas alternativas a la reclusión para los delitos menos graves; y mejorar la calificación de los agentes de la Justicia, entre otras sugestiones.

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Sábado, 26 Julio 2014 07:08

El garrote de la injusticia

Van varias veces que me pasa: me subo al taxi, lo saludo, me saluda, le doy la dirección, se frena abruptamente y me dice que a esa zona no va. ¿Por qué? Porque anda peligroso por ahí, joven. ¿Por qué anda peligroso, don? ¿Y los policías? (risa) Ni los policías entran.


¿Qué pasa con la seguridad pública?


En 2008 la Comisión de Fortalecimiento Legal para los Pobres, codirigida por Madeleine Albright y Hernando de Soto, descubrió que más de 4 mil millones de humanos viven sin la protección de la ley. ¿Qué es la ley? En carne y hueso, la seguridad pública.


La epidémica falta de seguridad pública a la mayoría de la población crea una atmósfera fértil para que brote la violencia. Pero aun así sigue siendo un tema subyacente. Cuando uno piensa en pobreza le llegan imágenes de cabañas sucias de madera y metal, agua intragable, un niño con la cara manchada pidiendo pan y condiciones sanitarias infernales, pero casi nunca se piensa en la crónica vulnerabilidad y exposición de los pobres a la violencia.


Ahora, no hablo de violencia catastrófica. La violencia a la que se exponen los pobres no son guerras, no son crímenes masivos, no son limpias raciales. Es una violencia diaria. Y es este tipo de violencia lo que limita, o define, las posibilidades de muchos de los pobres en la vida.
Estadísticamente, se estima que hay cuatro jinetes del apocalipsis que sofocan la vida de los pobres.

El primero es la violencia de género. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha encontrado que para mujeres de entre 15 y 44 años la violencia de género causa más muertes y discapacidades físicas que el cáncer, los accidentes vehiculares, la guerra y la malaria juntos.

El segundo es la esclavitud. El índice mundial de esclavitud, publicado en octubre pasado, destaca que más de 30 millones de personas viven en cautiverio. Esto quiere decir que hoy más gente vive esclavizada que en cualquier otro periodo de la humanidad. ¡Hoy! Más de 30 millones de personas. Trabajando de 16 a 18 horas, todos los días del año, sin remuneración o descanso.


Tercero: abuso policiaco. En 2011 el Banco Mundial hizo un estudio sobre la seguridad pública en el mundo y descubrió que los pobres de todos los países no acuden a la policía, sino que huyen de ella. El sistema de seguridad pública perpetúa la violencia y el abuso contra los menos afortunados. A los que más debería proteger es a quienes más espanta. Es el mundo al revés. Es como si se hiciera un estudio y se descubriera que la mayoría de las escuelas en zonas marginadas incrementará el índice de analfabetismo al no dejar que los niños lean. Bajo este estándar, casi 10 millones de personas pobres son encarceladas cada año sin haber sido declaradas inocentes o culpables. Sirven sólo de estadística para aprobar presupuestos.

El cuarto es la tierra. Cada año más de 5 millones de personas pobres son forzadas fuera de sus hogares por gobiernos o empresas. Millones más son expulsadas de ellos por vecinos más poderosos. ¿Y quiénes, en todo el mundo, son las personas más probables a perder su tierra? Las viudas. Bajo el machismo sistémico, sin un hombre en la casa, la mujer no tiene derecho a una propiedad. Por ello, millones de familias encabezadas por mujeres son empujadas a una vida nómada y mendigante. Y son estas familias, compuestas por madres e hijos, las que suman casi mil millones de seres humanos. Y viven en las calles.


¿Qué es lo más grave de la falta de seguridad pública para los pobres? Que cuando la violencia irrumpe en el hogar, en ese momento de terror, no se reza por mejores maestros ni por un pedazo de pan, ni por una moneda ni por un buen samaritano, ni por una dosis de insulina ni por un micropréstamo. Se reza y se grita por alguien que detenga esa mano que levanta el garrote de la injusticia.


* Diplomático

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Miércoles, 18 Junio 2014 06:19

Paz y Fuerzas Armadas (I).

Con el respaldo mayoritario de la ciudadanía al proceso de paz, siguen las conversaciones de La Habana entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc, diálogos a los que se han sumado los guerrilleros del ELN.


Las gestiones de La Habana han dado pasos trascendentales en varios asuntos. En el momento se han acelerado los trabajos en dos comisiones que atienden los puntos de víctimas y fin del conflicto.


En el fin del conflicto se tratan temas de mucha envergadura como una reforma profunda de las instituciones estatales y gubernamentales, campo en el que seguramente se abordaran los cambios necesarios en el aparato militar del Estado. Problemática que fue eludida en la reforma constitucional de 1991, cuando la materia se dejó en el congelador por la presión de los militares y la debilidad del cuerpo constituyente.


El punto adquiere más relieve si consideramos los hechos recientes en los que bajo la nefasta influencia de Uribe Velez y sus oscurantistas ideas políticas de estirpe fascistoide, amplios núcleos militares y policiales se involucraron en el sabotaje de las negociaciones con las Farc para terminar la guerra civil interna. Generales, coroneles, oficiales, sub oficiales, soldados y policías participaron activamente en apoyo del candidato Oscar Ivan Zuluaga y sus propuestas de suspender la mesa de La Habana y desconocer los puntos ya acordados.


El aparato militar colombiano es una macro estructura estatal con 450 mil integrantes y con un presupuesto equivalente a los 13 mil millones de dólares. Su gestión y operación ocurre en el marco de doctrinas gringas de contrainsurgencia y vulneración de derechos humanos, que se justifican en deformaciones ideológicas anticomunistas.


Los militares y policías ven como normal la operación de grupos paramilitares, los que ayudan a organizar y a operar, porque los consideran parte orgánica y prolongación de su poder político. Los paramilitares son infraestructuras violentas de las mafias del narcotráfico y de potentes hacendados, banqueros e industriales, que son adiestrados por oficiales del Ejército. Sus actos violentos como masacres, falsos positivos, torturas y persecución a lideres populares y de izquierda, son acompañados normalmente por contingentes que salen de las guarniciones armadas. El caso del general Mario Montoya, como el de otros altos oficiales, ilustra muy bien la conducta delincuencial de estos jefes castrenses.


Los militares han mostrado en semanas recientes un inclinación política de ultraderecha usando toda la tecnología comunicacional a su disposición para sabotear el proceso de paz como lo hemos visto con el episodio del hacker Sepulveda, quien trabajaba para la campaña de Zuluaga y para la oficina de Uribe Velez. Hay 5 altos oficiales de la inteligencia policial involucrados hasta el cuello en las irregularidades detectadas por la Fiscalía, quienes deberán atender citaciones en dicho ente judicial el próximo jueves 19 de junio.


Es necesaria una depuración de las Fuerzas Armadas colombianas y para ello se requiere una profunda reforma de las mismas. Reforma que ya ha planteado el presidente Santos con la eliminación del servicio militar obligatorio y el otorgamiento de derechos políticos a los soldados para que puedan participar en procesos electorales. Son dos buenos puntos de arranque que deben abarcan con los días nuevos aspectos sustantivos de la organización y la operación de los cuerpos armados. Como la reducción de su abultado contingente y presupuesto y la reorientación de su función en la construcción del orden público.

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Lunes, 21 Abril 2014 08:07

Sin vergüenza

Sin vergüenza

Durante las últimas semanas se ha ventilado aquí, poco a poco, el horror de la tortura, ese crimen de lesa humanidad según las leyes internacionales, condenado por la Organización de Naciones Unidas, por la retórica de cualquier gobierno que desea aparentar ser civilizado, y denunciado por toda organización de derechos humanos. Durante años la tortura fue practicada, legalizada y después encubierta por Washington.

 

Ahora que se está revelando que fue aún más extensa y brutal de lo que se había admitido, se ha vuelto un problema político, pero lo que más asombra es que no haya causado un escándalo nacional e internacional, y que los responsables sigan impunes. Los que autorizaron y encubrieron el crimen dan lecciones y critican a otros por violaciones de derechos humanos, sin considerar que carecen de autoridad moral para decir algo. Ni vergüenza les da.


De hecho, mientras se filtraban cada vez más detalles atroces sobre el uso de tortura por el gobierno estadunidense, el máximo responsable estaba tan poco preocupado que se dedicó a montar una exhibición de su obra artística. El ex presidente George W. Bush se ha dedicado a pintar retratos de mandatarios y figuras internacionales que conoció, y hace unos días su obra se estrenó en Dallas. Todos los medios nacionales cubrieron la exposición El arte del liderazgo: la diplomacia personal de un presidente, y casi nadie vinculó al artista con los actos ilegales y bárbaros que se cometieron durante su mandato.


Por ello, tal vez la crítica de arte más inusual en tiempos recientes fue la de Jason Farago en The Guardian: muchos artistas hacen cosas malas, y ofreciendo ejemplos de artistas famosos en la historia que asesinaron o eran perversos, o cometieron fraudes, señaló sarcásticamente: "entonces, sólo porque un pintor tiene –por ejemplo– la sangre de 136 mil 12 iraquíes muertos en las manos, eso no comprueba, por sí solo, que carezca de talento". Continúa con una evaluación a fondo de las pinturas y declara que son vacías y nada revelan. Farago concluye: "uno se imagina que la excitación sobre las pinturas de Bush forma parte de un hambre nacional por la expiación del crimen imperdonable de su presidencia, como si transformar a Bush en un jubilado dulce ante su caballete borrara su guerra ilegal, su política económica obscena, la destrucción ambiental... el ahogamiento de Nueva Orleáns".


Entre su legado está la tortura, que ahora sale a la luz cada vez mayor detalle. No hay suficiente pintura en el mundo para encubrirla.


Una investigación de cuatro años realizada por el Comité de Inteligencia del Senado sobre el empleo de técnicas de interrogación severas por la CIA en la guerra contra el terror, declarada a partir del 11 de septiembre de 2001, concluyó a finales de 2012 con un informe de 6 mil 300 cuartillas, el cual ha sido clasificado. El 3 de abril el comité aprobó desclasificar el resumen ejecutivo de 480 páginas, el cual envió a la Casa Blanca para que fuera preparado para su difusión pública (y donde se decidirá qué partes salen a la luz).


Detalles de ese resumen ejecutivo fueron obtenidos recientemente por algunos medios. Entre las conclusiones del informe se asienta que la CIA empleó técnicas de interrogación no aprobadas por el Departamento de Justicia, impidió supervisión efectiva del Congreso, se obtuvo muy poca inteligencia valiosa y la CIA manipuló a la opinión pública, a los medios y a legisladores sobre la efectividad de sus técnicas, entre ellas el waterboarding (ahogamiento simulado), posiciones de estrés, privación de sueño hasta por 11 días, confinamiento en cajas y azotar a sospechosos contra paredes. Las técnicas eran más brutales y mucho peores de lo que la agencia informó a los políticos, y fueron aplicadas a un número mucho mayor de personas de lo que había dicho la CIA. La lista completa de conclusiones obtenida por McClatchy.


Algunos aspectos de esta información ya se conocían desde hace años, incluso durante la presidencia de Bush. Y aunque hubo un amplio coro de condena, no pasó nada.


Cuando llegó Barack Obama a la Casa Blanca declaró que anularía prácticas y políticas que eran legal y moralmente inaceptables, como el uso de algunas técnicas severas de interrogación. Pero subrayó que su gobierno se enfocaría en el futuro y no miraría hacia atrás, o sea, que no haría ningún esfuerzo para que sus antecesores fueran obligados a rendir cuentas, no habría nada parecido a una comisión de la verdad. Esa promesa sí la ha cumplido.


Pero la tortura se realizó en nombre del pueblo, y su encubrimiento también es un delito, ya que supuestamente en una democracia los servidores públicos tienen que rendir cuentas al pueblo. No hay duda de que estos son crímenes. No hay duda de que hay crímenes que crecieron de los crímenes. Aquí hay una prueba severa al estado de derecho... en Estados Unidos, comentó en Esquire Charles Pierce sobre las divulgaciones.


Durante unos siete años se ha negado e ignorado, incluso se ha justificado, el uso de técnicas (tortura) contra miles de detenidos en varias partes del mundo. Como país, necesitamos saber qué ocurrió. Necesitamos confesar. Necesitamos ser específicos. Necesitamos abrir el libro, escribió Eric Fair en un artículo reciente en el Washington Post. El ex militar y contratista especializado en interrogatorios en Irak, arrepentido de su papel, ha denunciado estas políticas en los últimos años.


Pero sus superiores, hasta ahora, siguen instruyendo al resto del mundo sobre los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos. Al parecer, aún no sienten vergüenza.

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"Debemos acercar al diálogo a un importante sector estudiantil"

El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, es moderadamente optimista ante los tímidos avances logrados esta semana entre el Gobierno de Venezuela y los sectores de la oposición que se han sumado al proceso de diálogo auspiciado por Unasur y el Vaticano. Patiño y sus homólogos brasileño y colombiana, Luiz Alberto Figueiredo y María Ángela Holguín, se implicaron en una intensa campaña diplomática para vencer las reticencias de embarcarse en unas negociaciones inmersas en la desconfianza y cuyo futuro es, todavía, muy incierto. "A pesar de que las posiciones siguen siendo distantes, comienza a crearse un clima de entendimiento, lo cual es un bien síntoma para Venezuela y para toda la región", reconoce Patiño a través de varias respuestas remitidas por correo electrónico a EL PAÍS.


El rechazo de los principales promotores de las manifestaciones en la calle, como los líderes políticos María Corina Machado o Leopoldo López, encarcelado, o el movimiento estudiantil -cuyas reivindicaciones detonaron las protestas que ya han cumplido dos meses- es uno de los principales obstáculos que amenazan el éxito de las discusiones, un reto del que el responsable de Exteriores ecuatoriano es muy consciente. "El desafío actual para Unasur, pero también para las partes involucradas en el diálogo, es encontrar los mecanismos más idóneos para incorporar a otros actores que tengan interés en participar en el restablecimiento de la paz en Venezuela y corresponsabilizarse en la construcción de soluciones a los problemas que aquejan al país actualmente", señala Patiño.


El canciller ecuatoriano destaca que la segunda sesión de la ronda de negociaciones entre el Gobierno que preside Nicolás Maduro y una parte importante de la Mesa de la Unidad Democrática ha demostrado que "ha comenzado a superarse la desconfianza que estaba particularmente lesionada por la polarización que había alcanzado el conflicto".


En ese intento por atraer a más voces de la oposición a la mesa de diálogo, Patiño señala directamente a los estudiantes, quienes no han desistido de abandonar la calle. "Debemos acercar a otros sectores que, con honestidad, quieran encontrar soluciones para Venezuela en el marco de la Constitución y, en este caso, podría estar un importante sector estudiantil", afirma. Los representantes del movimiento de estudiantes anunciaron el pasado miércoles, nada más conocerse los tres principios de acuerdo alcanzados entre el Gobierno y la MUD, que sus condiciones para sentarse a dialogar con Maduro pasaban ineludiblemente por una invitación fique exista una invitación formal del Ejecutivo, que la reunión sea transmitida de manera pública y que sea la Iglesia católica el garante del encuentro. El canciller de Ecuador, no obstante, minimiza la influencia que ahora mismo puedan tener las marchas de estudiantes. "En estos momentos han perdido intensidad, son claramente esporádicas y van acompañadas de un creciente grado de concienciación sobre la validez de las mesas de diálogo a las que ha convocado el presidente Maduro desde hace ya varios meses".


Sin nombrarlos directamente, Patiño señala al ala de la oposición liderada por Machado y López, que exige como objetivo ineludible para cualquier negociación la salida del poder de Maduro, como "grupos a los que no les interesa el diálogo para alcanzar la paz y llegar a acuerdos para un pacto nacional sobre los diferentes temas". El ministro ecuatoriano recalca también que, en todo este proceso, "la campaña mediática internacional que ha distorsionado la realidad que se vive en Venezuela y que tiene como una de sus consecuencias la exacerbación de las tensiones y la pérdida de confianza entre actores", es uno de los principales factores que "conspiran" contra su éxito.


Más allá de los elementos externos, Patiño sostiene que, ahora, lo esencial es trabajar para "definir los términos y las condiciones de los posibles acuerdos para su puesta en marcha". Para él, el futuro de este proceso pasa por lograr definir la Comisión de la Verdad, encargada de investigar la violencia en la que se ha sumergido Venezuela en estos últimos dos meses y estipular otros puntos de partida similares que "conciernen a la Comisión Económica y la de Derechos Humanos".


Patiño defiende también la importancia de la implicación de Unasur en este proceso para tratar de acercar posturas frente a quienes sostienen que debería ser OEA –como trató de exigir la propia Machado en una sesión de su Consejo Permanente en Washington- el organismo regional interlocutor. "Unasur ha demostrado ser ágil y efectiva en su funcionamiento y ha buscado canalizar y viabilizar las voluntades políticas reconocidas en la región antes que los aparatos burocráticos", afirma. "La Cláusula democrática ha sido todo un ejemplo de cómo esas voluntades pueden confluir en unas medidas comunes para forzar el entendimiento democrático y pacífico en la región [...] Sus mecanismos han servido en la práctica en las tareas de desactivación de recientes intentos desestabilizadores como los de Bolivia (2008) y Ecuador (2010).

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Domingo, 13 Abril 2014 10:04

Las perspectivas de supervivencia*

Las perspectivas de supervivencia*

En el artículo anterior se exploraba cómo la seguridad es una alta prioridad para los planeadores del gobierno: seguridad para el poder del Estado y para sus electores más importantes, los que concentran el poder privado, todo lo cual implica que la política oficial debe estar protegida del escrutinio público.

 

En estos términos, las acciones del gobierno resultan bastante racionales, incluida la racionalidad del suicidio colectivo. Ni siquiera la destrucción instantánea mediante armas nucleares ha tenido un lugar preponderante en las preocupaciones de las autoridades del Estado.


Para citar un ejemplo de la guerra fría pasada: en noviembre de 1983 la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), encabezada por Estados Unidos, lanzó un ejercicio militar diseñado para poner a prueba las defensas antiaéreas rusas, simulando ataques por aire y mar e incluso una alerta nuclear.


Estas acciones fueron emprendidas en un momento muy tenso. Se habían desplegado misiles estratégicos Pershing II en Europa. El entonces presidente Reagan, que acababa de pronunciar su discurso sobre el imperio del mal, anunció la Iniciativa de Defensa Estratégica, apodada Guerra de las galaxias, que los rusos entendieron como arma para dar el primer golpe, que es interpretación normal de la defensa misilística en todas partes.


Como era natural, estas acciones causaron gran alarma en Rusia, la cual, a diferencia de Estados Unidos, era muy vulnerable y había sido invadida en repetidas ocasiones.


Documentos recién divulgados revelan que el peligro era aún más grave de lo que los historiadores habían pensado. El ejercicio de la OTAN casi se volvió preludio a un ataque nuclear preventivo (ruso), según un recuento de Dmitry Adamsky publicado el año pasado en la revista Journal of Strategic Studies.


Tampoco fue aquella la única vez que estuvimos cerca. En septiembre de 1983, los sistemas rusos de alerta temprana registraron la proximidad de un ataque misilístico de Estados Unidos y enviaron la alerta de más alto nivel. El protocolo soviético era responder con un ataque nuclear propio.


El oficial soviético a cargo, Stanislav Petrov, intuyendo una falsa alarma, decidió no informar de las advertencias a sus superiores. Gracias a su incumplimiento del deber, estamos vivos para hablar del incidente.


La seguridad de la población no era mayor prioridad para los planeadores de Reagan que para sus predecesores. Tal insensatez continúa hasta el presente, incluso haciendo un lado los numerosos accidentes casi catastróficos revelados en un estremecedor nuevo libro, Command and control: nuclear weapons, the Damascus accident, and the illusion of safety (Comando y control: armas nucleares, el accidente de Damasco y la ilusión de seguridad), de Eric Schlosser.


Es difícil disputar la conclusión del general Lee Butler, último titular del Comando Aéreo Estratégico, de que la humanidad ha sobrevivido hasta ahora en la era nuclear por alguna combinación de habilidad, suerte e intervención divina, y sospecho que la mayor proporción es de esta última.


La facilidad con que el gobierno acepta las constantes amenazas a la sobrevivencia es casi demasiado extraordinaria para capturarla en palabras.


En 1995, mucho después del colapso de la Unión Soviética, el Comando Estratégico de Estados Unidos, o Stratcom, encargado de las armas nucleares, publicó un estudio titulado "Aspectos esenciales de la disuasión en la era posterior a la guerra fría".


Una conclusión central es que Estados Unidos debe mantener el derecho a dar el primer golpe nuclear, incluso contra estados no atómicos. Además, las armas nucleares deben estar siempre disponibles, porque arrojan una sombra sobre cualquier crisis o conflicto.


Por lo tanto, las armas atómicas siempre se usan, del mismo modo en que se usa una pistola cuando un asaltante apunta con ella y no dispara, como ha reiterado muchas veces Daniel Ellsberg, quien filtró los Papeles del Pentágono.


Stratcom recomienda en seguida que "los planeadores no deben ser demasiado racionales en determinar... lo que un adversario valora", todo lo cual debe ser incluido como blanco. "Presentarnos como demasiado racionales y fríos nos lesiona... Que Estados Unidos puede volverse irracional y vengativo si sus intereses vitales son atacados debe ser parte esencial de la imagen nacional que proyectamos a todos los adversarios."


Es benéfico para nuestra postura estratégica que se entienda que algunos elementos pueden salirse de control, y por tanto representan una constante amenaza de ataque atómico.


No mucho de este documento se refiere a la obligación que impone el Tratado de No Proliferación Nuclear de hacer esfuerzos de buena fe por eliminar de la Tierra la amenaza nuclear. Lo que resuena, más bien, es una adaptación del famoso dístico que Hilaire Belloc compuso en 1898 acerca del cañón Maxim:
Pase lo que pase, nosotros tenemos la bomba atómica, y ellos no.


Los planes para el futuro no son nada prometedores. En diciembre, la Oficina de Presupuesto del Congreso informó que el arsenal nuclear estadunidense costará 355 mil millones de dólares en el curso de la década siguiente. En enero, el Centro James Martin de Estudios sobre la No Proliferación estimó que Washington gastaría un billón de dólares en arsenal atómico en los próximos 30 años.


Y, por supuesto, Estados Unidos no está solo en la carrera nuclear. Como observó Butler, es casi un milagro que hayamos escapado de la destrucción hasta ahora. Mientras más tentemos al destino, menos probable es que podamos esperar intervención divina para perpetuar el milagro.


En el caso de las armas nucleares, al menos sabemos en principio cómo vencer la amenaza del apocalipsis: eliminarlas.


Pero otro peligro arroja su sombra sobre cualquier contemplación del futuro: el desastre ambiental. Ni siquiera está claro que haya un escape, aunque, mientras más demoremos, más grave se vuelve la amenaza, y no en el futuro distante. Por consiguiente, la forma en que los gobiernos enfrentan este problema exhibe a las claras el grado de compromiso que tienen con la seguridad de su población.


Hoy Estados Unidos cacarea sobre los 100 años de independencia energética que logrará al convertirse en la Arabia Saudita del próximo siglo, el cual muy probablemente será el siglo final de la civilización humana si las políticas actuales persisten.


Uno podría incluso tomar un discurso de hace dos años del presidente Obama en la ciudad petrolera de Cushing, Oklahoma, como una elocuente sentencia de muerte para la especie.


Obama proclamó con orgullo, ante grandes aplausos: Ahora, en mi gobierno, Estados Unidos produce más petróleo que en cualquier momento de los ocho años pasados. Es importante que se sepa. En los tres años anteriores, he dirigido mi gobierno al objetivo de abrir millones de hectáreas a la exploración en busca de gas y petróleo en 23 estados. Estamos abriendo más de 75 por ciento de nuestros recursos petroleros potenciales en las costas. Hemos cuadruplicado el número de pozos, hasta un número sin precedente. Hemos agregado suficientes oleoductos y gasoductos nuevos para dar la vuelta a la Tierra y poco más.


Los aplausos también revelan algo acerca del compromiso del gobierno con la seguridad. Es necesario asegurar las ganancias industriales, así que producir más gas y petróleo aquí en casa seguirá siendo una parte esencial de la estrategia energética, como prometió el presidente.


El sector empresarial realiza grandes campañas propagandísticas para convencer al público de que el cambio climático, si llega a ocurrir, no es resultado de la actividad humana. Estos esfuerzos se dirigen a superar la excesiva racionalidad del público, que sigue preocupado por las amenazas que la abrumadora mayoría de científicos considera próximas y ominosas.


Para decirlo sin ambages, en el cálculo moral del capitalismo de hoy, un mayor bono mañana vale más que el destino de nuestros nietos.


¿Cuáles son las perspectivas de sobrevivencia, entonces? No son brillantes. Pero los logros de quienes se han esforzado durante siglos por lograr mayor libertad y justicia dejan un legado que es posible retomar y llevar adelante... y debe ser así, y pronto, si hemos de sostener las esperanzas de una supervivencia decente. Y ninguna otra cosa puede decirnos con mayor elocuencia qué clase de criaturas somos.


* Este artículo, segunda de dos partes, está adaptado de una conferencia dictada por Noam Chomsky el 28 de febrero, bajo el auspicio de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear, en Santa Bárbara, California.


Traducción: Jorge Anaya

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Snowden aboga desde Moscú por normas internacionales contra la vigilancia masiva

El ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), Edward Snowden, abogó hoy ante los diputados de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con sede en esta ciudad, nuevas normativas internacionales en materia de vigilancia de datos con la finalidad de evitar nuevos casos o abusos de espionaje como los que implementó la NSA.

 

Tenemos la obligación de desarrollar normas internacionales para evitar que se generalicen los abusos, declaró Snowden en una videoconferencia desde Moscú, donde está refugiado.


La NSA desarrolló algoritmos para determinar personas de interés, es decir, que todavía no son sospechosas de ningún crimen, recordó el ex contratista que el año pasado reveló el espionaje masivo que Estados Unidos realiza a través de Internet, así como vigilancia a jefes de Estado incluso de naciones amigas.


Snowden apuntó que la vigilancia masiva creó sociedades no sólo menos liberales, sino menos seguras. Afirmó que la NSA aplicó esta práctica no sólo para la protección contra el terrorismo y otros graves delitos, sino para espiar a poblaciones enteras con base en criterios como creencia religiosa, afiliación política o posesión de armas.


Snowden dirigió sus críticas contra el servicio de inteligencia británico GCHQ, al que acusó de recoger imágenes de cámaras en Internet, algunas de las cuales eran sumamente privadas.


El estadunidense de 30 años advirtió del riesgo de que la tecnología caiga en manos de regímenes autoritarios. Ese no sólo es un problema para Estados Unidos o la Unión Europea. Es un problema global, agregó.


En tanto, el máximo tribunal de la Unión Europea (UE) dictaminó este martes que la directiva de retención de datos de la UE, que requería a las compañías de telecomunicaciones almacenar dos años la información sobre las comunicaciones de los ciudadanos europeos, no es válida.
Supone una interferencia de amplio alcance y es particularmente grave respecto de los derechos fundamentales como el respeto a la vida privada y la protección de datos personales, indicó.

Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

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EU y GB han creado muchos programas como el ZunZuneo

 

Las agencias de inteligencia estadunidenses y británicas, entre otras de Occidente, han empleado secretamente las redes sociales para difundir propaganda política y manipular información y percepciones de manera similar al objetivo del recién revelado programa Twitter cubano impulsado por Estados Unidos en Cuba, según documentos filtrados por Edward Snowden y hoy difundidos por The Intercept.

 

Después de que la agencia Associated Press (Ap) reveló un programa secreto de la Agencia de Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID) para establecer una red de comunicaciones estilo Twitter con el objetivo tanto de recaudar información privada de ciudadanos cubanos como de fomentar disidencia contra el gobierno en la isla, nuevos documentos secretos revelan que este proyecto es sólo uno de muchos que se han contemplado e implementado internacionalmente por agencias de inteligencia occidentales, reporta Glenn Greenwald, director de The Intercept.

 

Greenwald, el periodista a quien Snowden entregó su archivo de documentos secretos sobre las operaciones de espionaje masivo de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) –cuya publicación sigue nutriendo un debate mundial en torno a los derechos de privacidad y las operaciones de las partes secretas de los gobiernos– reportó hoy que nuevos documentos, como algunos publicados anteriormente, registran constantes intercambios entre funcionarios de inteligencia sobre formas de usar Twitter, Facebook, YouTube y otras plataformas cibernéticas con fines de propaganda y manipulación.

 

Los conceptos incluyen propaganda y engaño, mensajes masivos, la promoción de notas y otras formas de manipulación. Uno de los documentos publicados hoy revela que el GCHQ, contraparte británica de la NSA, tiene una unidad cuyo propósito es emplear técnicas en línea para hacer que algo ocurra en el mundo real o cibernético, y que esto incluye operaciones de información (influencia o irrupción).

 

Otro documento del GHCQ publicado por The Intercept contempla la explotación de redes sociales para difundir propaganda de Estado a través de Internet. A la vez, hay exposiciones de cómo generar información para que se vuelva viral en el mundo cibernético.

 

Si los gobiernos deben estar en el negocio de difundir propaganda política es de por sí una pregunta controvertida, escribe Greenwald, al recordar que tales actividades están limitadas o prohibidas por ley en varios países, incluido Estados Unidos. Pero señala que el uso de propaganda política contra poblaciones en el extranjero es más aceptable legalmente. Sin embargo, argumenta que en la era digital es difícil pensar que la propaganda internacional del gobierno pueda separarse del consumo doméstico en Estados Unidos.

 

Greenwald afirma que con la revelación de ZunZuneo en Cuba, los documentos de Snowden muestran cuán agresivamente los gobiernos occidentales buscan explotar Internet para manipular actividad política y moldear el discurso político.

 

Mas aún, advierte que estos programas secretos, creados con poca supervisión y rendimiento de cuentas, amenazan la integridad de Internet, cuando propaganda difundida por el Estado simula ser expresión libre. Señala que hay poca o nula habilidad para que un usuario de Internet se entere si su gobierno lo está llenando de propaganda en secreto, y es precisamente eso lo que lo hace tan atractivo a las agencias de inteligencia, tan poderoso y tan peligroso.

 

Los documentos presentados por The Intercept.

Enlaces:

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks

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Domingo, 06 Abril 2014 10:29

Seguridad y política de Estado*

Seguridad y política de Estado*

En principio rector de la teoría de las relaciones internacionales es que la mayor prioridad del Estado es garantizar la seguridad. Según la fórmula aceptada de George F. Kennan, estratega de la guerra fría, el gobierno es creado para garantizar el orden y la justicia en el interior y proveer a la defensa común.

 

Parece una proposición plausible, casi evidente por sí misma, hasta que miramos más de cerca y preguntamos: ¿seguridad para quién? ¿Para la población en general? ¿Para el poder del Estado mismo? ¿Para los sectores dominantes?


Según a lo que nos refiramos, la credibilidad de la proposición varía de desdeñable a muy alta.


La seguridad para el poder del Estado está en el punto más alto, como ilustran los esfuerzos de los estados por protegerse del escrutinio de sus propias poblaciones.


En una entrevista en la televisión alemana, Edward J. Snowden señaló que su momento de decisión llegó cuando vio al director de inteligencia nacional, James Clapper, mentir abiertamente bajo juramento en el Congreso, al negar la existencia de un programa de espionaje interno dirigido por la Agencia de Seguridad Nacional.


Snowden explicó: El público tenía derecho a saber de esos programas. A saber lo que el gobierno hace en su nombre, y lo que hace en contra del público.


Lo mismo pudieron haber dicho con justicia Daniel Ellsberg, Chelsea Manning y otras valerosas figuras que actuaron con base en el mismo principio democrático.


La postura del gobierno es muy diferente: el público no tiene derecho a saber, porque de ese modo se vulnera la seguridad... en grado severo, afirman los funcionarios.


Existen varias razones para tomar con escepticismo esa respuesta. La primera es que es casi por completo predecible: siempre que se expone un acto del gobierno, éste por reflejo aduce la seguridad. Por tanto, la respuesta predecible conlleva poca información.


Una segunda razón para el escepticismo es la naturaleza de la evidencia presentada. John Mearsheimer, especialista en relaciones internacionales, escribe: "En un principio, de modo nada sorprendente, el gobierno de Obama sostuvo que el espionaje de la NSA tuvo un papel esencial para detener 54 conjuras terroristas contra Estados Unidos, con lo que dio a entender que tuvo una buena razón para violar la cuarta enmienda.


Sin embargo, era mentira. El general Keith Alexander, director de la agencia, reconoció a la larga, ante el Congreso, que sólo en un caso se podía hablar de éxito, y se refirió a atrapar un migrante somalí y tres compañeros que vivían en San Diego, quienes habían enviado 8 mil 500 dólares a un grupo terrorista en Somalia.


A una conclusión similar llegó el Consejo de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles, instituido por el gobierno para investigar los programas de la NSA y que, por consiguiente, tuvo acceso extensivo a materiales clasificados y a funcionarios de seguridad.


Existe, desde luego, un sentido en el cual la seguridad está amenazada por la conciencia pública: la seguridad del poder del Estado al ser expuesto.


El concepto fundamental fue bien expresado por el economista político Samuel P. Huntington, de Harvard: Los arquitectos del poder en Estados Unidos deben crear una fuerza que sea sentida, pero no vista. El poder sigue siendo fuerte cuando permanece en la oscuridad; expuesto a la luz, comienza a evaporarse.


En Estados Unidos, como en todas partes, los arquitectos del poder entienden bien ese aserto. Quienes han examinado la enorme masa de documentos desclasificados en, por ejemplo, la historia del Departamento de Estado, no dejan de notar con cuánta frecuencia la primera preocupación es la seguridad del poder del Estado frente al público, no la seguridad nacional en cualquier sentido significativo.


A menudo el intento de mantener el secreto es motivado por la necesidad de garantizar la seguridad de poderosos sectores nacionales. Un ejemplo persistente es conocido erróneamente como acuerdos de libre comercio, erróneamente porque violan de manera radical los principios del libre comercio y en esencia no tienen nada que ver con el comercio, sino más bien con los derechos del inversionista.


Estos instrumentos, por lo regular, se negocian en secreto, como la actual Asociación Transpacífico... no en completo secreto, por supuesto. No son secretos para los cientos de cabilderos empresariales y abogados que redactan las detalladas normas, cuyo impacto es revelado por las pocas partes que han llegado al público por medio de Wikileaks.


Conforme a la razonable conclusión del economista Joseph E. Stiglitz, la oficina del representante comercial de Estados Unidos representa los intereses de los consorcios, no los del público, y por tanto la probabilidad de que los resultados de las negociaciones sirvan a los intereses de los ciudadanos comunes y corrientes del país es baja; la perspectiva para los ciudadanos comunes de otros países es aún más débil.


La seguridad del sector empresarial es una preocupación regular de las políticas del gobierno, lo cual apenas si sorprende, dado que en principio ese sector es el que formula las políticas públicas.


En contraste, existe evidencia sustancial de que la seguridad de la población del país –que es como se supone que se debe entender el término seguridad nacional– no es una alta prioridad de la política del Estado.


Por ejemplo, el programa global de asesinatos con drones que impulsa el presidente Obama, con mucho la campaña terrorista más grande del planeta, es también una campaña generadora de terror. El general Stanley A. McChrystal, comandante de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN hasta que fue relevado del cargo, hablaba de las matemáticas de la insurgencia: por cada persona inocente que se mata, se crean 10 nuevos enemigos.


Este concepto de la persona inocente nos dice hasta dónde hemos llegado en los últimos 800 años, desde la Magna Carta, la cual sentó el principio de la presunción de inocencia, que alguna vez se creyó que era el fundamento del derecho angloestadunidense.


Hoy, la palabra culpable significa designado por Obama para ser asesinado, e inocente quiere decir aún no investido con ese estatus.


La Institución Brookings acaba de publicar The Thistle and the Drone (literalmente, El cardo y el zángano, en alusión al sentir de la tribu y a los aviones no tripulados /T.), muy elogiado estudio antropológico de las sociedades tribales escrito por Akbar Ahmed, subtitulado "Cómo la guerra de EU contra el terrorismo se convirtió en una guerra global contra el islam tribal".


Esta guerra global presiona a gobiernos centrales represivos para que emprendan ataques contra los enemigos tribales de Washington. La guerra, advierte Ahmed, puede llevar a algunas tribus a la extinción, con graves costos para las sociedades mismas, como se observa ahora en Afganistán, Pakistán, Somalia y Yemen. Y, a final de cuentas, a los propios estadunidenses.


Las culturas tribales, señala Ahmed, se basan en el honor y la venganza: Todo acto de violencia en esas sociedad tribales provoca un contrataque: mientras más duros los ataques contra los hombres de la tribu, más crueles y sanguinarios los contrataques.


El ataque al terror puede volverse contra el país de origen. En la revista británica International Affairs, David Hastings Dunn describe la forma en que los drones, cada vez más sofisticados, son un arma perfecta para grupos terroristas: son baratos, se pueden adquirir con facilidad y poseen muchas cualidades que, al combinarlas, los convierten potencialmente en el medio ideal para un ataque terrorista en el siglo XXI.


El senador Adlai Stevenson III, en referencia a sus muchos años de servicio en el Comité de Inteligencia del Senado, escribe: "La cibervigilancia y el acopio de metadatos forman parte de la reacción continuada al 11-S, que ha producido pocas capturas de terroristas y enfrenta una condena casi universal. En muchas partes se percibe que Estados Unidos está empeñado en una guerra contra el islam, contra chiítas y sunitas por igual, en el terreno, con drones, y mediante testaferros en Palestina, desde el golfo Pérsico hasta Asia central. Alemania y Brasil resienten nuestras intrusiones y, ¿qué se ha ganado con ellas?"


La respuesta es que se ha ganado una creciente amenaza de terror, así como un aislamiento internacional.


Las campañas de asesinatos con drones son un mecanismo por el cual la política de Estado pone a sabiendas en peligro la seguridad. Lo mismo puede decirse de las operaciones de asesinato mediante fuerzas especiales. Y de la invasión a Irak, que aumentó en gran medida el terror en Occidente, confirmando las predicciones de la inteligencia británica y estadunidense.


Estos actos de agresión fueron, una vez más, asuntos de poca monta para sus planificadores, que están guiados por conceptos de seguridad enteramente diferentes. Ni siquiera la destrucción instantánea con armas nucleares ha tenido nunca alta prioridad para las autoridades del Estado. Esto lo veremos en el artículo siguiente.


* Este artículo, primera de dos partes, está adaptado de una conferencia dictada por Noam Chomsky el 28 de febrero, bajo el auspicio de la Fundación para la Paz en la Era Nuclear, en Santa Bárbara, California
** El libro más reciente de Noam Chomsky es Power systems: conversations on global democratic uprisings and the new challenges to US empire. Interviews with David Barsamian (Sistemas de poder: conversaciones sobre levantamientos democráticos en el mundo y nuevos desafíos al imperio estadunidense: entrevistas con David Barsamian). Chomsky es profesor emérito de lingüística y filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Cambridge, Massachusets, EU).


© Noam Chomsky, 2014. Distributed by The New York Times Syndicate.


Traducción: Jorge Anaya.
Enlaces:
Los cables sobre México en WikiLeaks
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Miércoles, 26 Febrero 2014 05:54

Haití: más cooperación, nuevos objetivos

Haití: más cooperación, nuevos objetivos

En 2014 se cumplen dos aniversarios que pocos recordarán: hace 10 años que se constituyó la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití y cuatro del devastador terremoto que acentuó aún más la fragilidad de este país, el más pobre de Latinoamérica. Las crisis políticas y económicas y las catástrofes naturales pueden catapultar a un país a los titulares del mundo, captando durante un tiempo la atención de la prensa internacional y de los dirigentes del planeta. Pero después, sobre todo si el país afectado es pobre y periférico, y carece de peso geopolítico mundial, los focos se apagan, las informaciones se tornan cada vez más infrecuentes, las llamadas a la solidaridad se esfuman y gran parte de las promesas de apoyo se olvidan.


Esto se deriva de una verdad incómoda: es evidente que la reconstrucción física y las auténticas soluciones a los problemas de la gente no pueden producirse con la misma velocidad que las noticias se difunden por Internet y por televisión. Se necesitan iniciativas pacientes y continuas que, prolongándose durante años, con sus altos y bajos, promuevan un proceso que dure mucho más que el envío de ayuda humanitaria urgente. Y para que exista ese proceso es necesario que los países participantes en el mismo asuman un compromiso ético y político.


Es importante recordar que durante la primera mitad de 2004 Haití sufrió una grave crisis política que terminó con el derrocamiento de Jean-Bertrand Aristide, su primer presidente elegido democráticamente. Durante la lucha de poder entre diversos grupos armados, la población civil sufrió enormemente. Cundieron la violencia callejera, los ataques indiscriminados y un desprecio general por los derechos humanos más fundamentales. Las bandas criminales deambulaban a sus anchas por la capital, Puerto Príncipe, ocupando edificios y organismos públicos. Algunos de los distritos más populosos, como Bel-Air y Cité Soleil, cayeron absolutamente en manos de grupos armados criminales. A todos los efectos, el Estado democrático, incapaz de garantizar las condiciones mínimas de seguridad y estabilidad precisas para el funcionamiento del país, se vino abajo.


A instancias del propio Gobierno de Haití, y después de una resolución del Consejo de Seguridad, la ONU envió al país la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización en Haití (MINUSTAH). Un general brasileño dirigió el operativo militar y docenas de países, la mayoría sudamericanos, enviaron soldados.


Brasil y sus vecinos aceptaron la invitación de las Naciones Unidas porque la solidaridad era imprescindible. No podíamos mantenernos al margen de la crisis político-institucional y del drama humano que sufría Haití. Estábamos convencidos de que la misión no podía limitarse a garantizar la seguridad, sino que también debía incluir iniciativas que fortalecieran la democracia, proclamaran la soberanía política de los haitianos y fomentaran el desarrollo socioeconómico. Las tropas han mostrado una actitud respetuosa y ese ha sido su sello.


En la actualidad, y gracias a la labor de la misión, la situación en materia de seguridad ha cambiado: se ha neutralizado el riesgo de guerra civil, se ha recuperado el orden público y se ha derrotado a las bandas criminales. Ahora Haití es más estable y el Estado ha recuperado el control. Además, el contingente de la ONU ha ayudado a dotar y entrenar a una fuerza de seguridad nacional.

Con el tiempo, las instituciones democráticas comenzaron a funcionar y a cobrar fuerza. En 2006 se celebraron unas elecciones generales a las que concurrieron una amplia gama de agrupaciones políticas e ideologías. Sin entrometerse lo más mínimo en los comicios, la misión de la ONU garantizó que se celebraran en paz y que se impusiera la voluntad popular. A pesar de las muchas dificultades, el presidente electo René Preval acabó la legislatura, entregando el poder en 2011 a Michel Martelly, igualmente elegido por el pueblo.


Durante esos años Haití también hizo grandes avances en sus políticas humanitarias y sociales, promoviendo un proceso que, a pesar de los enormes desafíos, sigue en marcha. Evidentemente, el terremoto de 2010 desbarató en parte esas iniciativas, creando también nuevas necesidades. No obstante, según un reciente informe de la ONU, después del terremoto de hace cuatro años el número de personas que vive al raso ha pasado del millón y medio inicial a las 172.000 del año pasado. En la actualidad, tres de cada cuatro niños asisten a la escuela primaria con regularidad, en tanto que en 2006 esa cifra no llegaba ni a la mitad. La inseguridad alimentaria se ha reducido drásticamente y la epidemia de cólera se está combatiendo.


En las tres ocasiones que he visitado Haití he comprobado la tenacidad y la dignidad de la población. En 2004, durante una de ellas, y dentro de la campaña de desarme, el equipo nacional brasileño de fútbol también estaba en el país para disputar un encuentro amistoso con el haitiano. Todavía recuerdo el afecto con el que los haitianos recibieron a nuestros deportistas.


Además de participar en la misión de la ONU, aportando su principal contingente, Brasil ha puesto mucho empeño en solucionar las necesidades sociales de los haitianos. Por sí solo o junto a otros países, Brasil ha contribuido a poner en marcha iniciativas que van desde campañas de vacunación nacional a programas de apoyo directo a pequeñas y medianas empresas y explotaciones agrícolas familiares, pasando por programas de alimentación en las aulas y de formación profesional para jóvenes.


Tres de las iniciativas emprendidas por Brasil han suscitado especialmente mi entusiasmo. Una de ellas es la construcción de tres hospitales comunitarios, en colaboración con Cuba y con el propio Gobierno haitiano. Otra es un innovador proyecto de reciclado de residuos sólidos, desarrollado y puesto en marcha por India, Brasil y Sudáfrica, con la colaboración de la ONU y Haití. Esta empresa ha contribuido a limpiar zonas urbanas, además de generar energía y crear empleo.


El tercer proyecto es la construcción de una central hidroeléctrica en el río Artibonito, que sin duda supondrá una mejora histórica para las infraestructuras del país, ayudando a fomentar la industria y la agricultura; incrementando el acceso de los haitianos a la electricidad y reduciendo su dependencia respecto a las importaciones de crudo. Brasil ya ha proporcionado proyectos de ingeniería y ha donado 40 millones de dólares, casi un cuarto del total necesario para iniciar esta obra, que ahora aguarda la recepción de fondos de otros donantes en una cuenta del Banco Mundial especialmente creada a tal efecto.


Algunos países desarrollados también han contribuido a la reconstrucción de Haití. Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho inversiones considerables en proyectos económicos y sociales.


Sin embargo, lamentablemente no todos los que se comprometieron con Haití han cumplido sus promesas. La verdad es que la ayuda de gran parte de los países ricos a Haití ha sido escasa. La humanitaria está menguando y algunas organizaciones están abandonando el país. Pero la comunidad internacional no debe reducir su compromiso solidario con Haití.


Dentro de dos años, en 2016, Haití celebrará sus próximas elecciones presidenciales. Su ganador será el tercer presidente elegido democráticamente en el país desde 2004. Creo que esto supondrá un hito en el proceso que iniciamos hace una década, conducente a la devolución al pueblo de Haití de la responsabilidad absoluta sobre la seguridad pública. Pero ese objetivo solo será posible si la comunidad internacional continúa financiando, incrementándola si es necesario, la reconstrucción y también otros proyectos de desarrollo económico y social.


Es preciso ir desplazando gradualmente la atención desde el marco de la seguridad y la protección hacia el desarrollo. Esto implica todavía mayor cooperación, pero con nuevos objetivos. Quizá haya llegado el momento de que la ONU convoque una conferencia sobre Haití, para que podamos hablar con franqueza sobre lo se ha logrado con nuestra colaboración y nuestro compromiso durante los últimos 10 años, y sobre lo que necesitamos hacer para avanzar en años venideros

aducción de Jesús Cuéllar Menezo.

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