El líder de la etnia yanomani acusó a presidente de Brasil en la ONU

Denuncia urgente a la depredación de  Amazonia

Viajó a Suiza a delcarar en la comisión de DD.HH. que preside Bachelet. Denuncian que los pueblos originarios corren riesgo de genocidio por las políticas de Bolsonaro.

 

Desde Brasilia.Los pueblos originarios de la Amazonia ante el riesgo de genocidio. Una delegación integrada por el líder de la etnia yanomani, Davi Kopenawa, y ONGs brasileñas viajó a Ginebra, Suiza, para alertar sobre la situación dramática que se vive en la floresta tropical más extensa del mundo ante la invasión de las reservas, las quemadas y los asesinatos.

"Los hombres blancos (..) se contentan con atacar nuestra floresta, que no es la tierrra de ellos pero ellos declaran que les pertenece, ellos piensan ´ les vamos a arrancar el oro y cortar sus árboles ´ ", dijo Kopenawa ante el plenario de la 43a. Sesión de la Consejo de Derechos Humanos en la que deploró al presidente Jair Bolsonaro.

El organismo, dirigido por la ex presidente chilena Michelle Bachelet, ya recibió desde el año pasado numerosas denuncias de las comunidades amazónicas sobre la política de tierra arrasada y el riesgo de "genocidio" y "etnocidios" . Dijo Davi Kopenawa, "el nuevo presidente de Brasil, yo no lo menciono su nombre" desde que llegó al Palacio del Planalto se ha dedicado a decir "vengan los hombres blancos que quieran dinero" para enriquecerse a través de la "contaminación de nuestros ríos, la quemada de los árboles".

El gobierno del ex capitán del ejército es el primero desde el fin de la dictadura militar, en 1985, que lleva a cabo una una política abiertamente hostil hacia las comunidades originarias de la Amazonia, agregó la antropóloga Manuela Carneiro da Cunha. "El Poder Ejecutivo realiza una campaña ostensiva envalentonando a los ocupantes ilegales de tierras, a los madereros, a los explotadores de recursos minerales que amenazan de genocidio a los pueblos indígenas", aseguró a Página/12 Carneiro da Cunha. "Empleamos la palabra genocidio porque es la palabrqa que corresponde", remarcó.

Las ONGs Comsión Paulo Evaristo Arns y el Instituto Socioambiental, acompañaron al cacique Kopenawa en su visita a Ginebra, y este martes participaron en un encuentro con otras entidades de la sociedad civil internacional donde se volvió a tratar la realidad de los pueblos originarios. La situación más grave la enfrentan unos "ciento veinte pueblos indígenas aislados que son muy vulnerables al primer contacto" con las personas ajenas a sus territorios, ya que les pueden transmitir enfermedades para las que no tienen defensas, precisó Carneiro de Cunha.

En noviembre de 2019, la Comisión Arns solicitó al Tribunal Penal Internacional (TPI), en La Haya, la apertura de una "investigación preliminar" sobre las medidas del gobierno brasileño que amenazan la supervivencia de los pueblos originarios.

Aquella iniciativa ante el TPI tuvo el respaldo del Colectivo de Abogacía y Derechos Humanos, y puede dar lugar a un proceso que continuaría en pie "incluso luego de que Bolsonaro deje la presidencia", apunta la antropóloga. Debido a sus posiciones de ultraderecha, los insultos a dirigentes indígenas y la devastación de la Amazonia, Bolsonaro se ha convertido en uno de los líderes más repudiados del mundo.

Lo cual se comprueba a poco de repasar su agenda internacional. O su no-agenda internacional. El año pasado se vio obligado a suspender un viaje anunciado a Nueva York para evitar vérselas con las protestas de ambientalistas y de activistas del movimiento LGBT. Más tarde prometió pero al final no cumplió realizar viaje a Italia, que dejó sin efecto ante la caída de su amigo, el ex ministro del interior Matteo Salvini, también de extrema derecha.

En enero último canceló sobre la hora su participación en el Foro Económico de Davos, posiblemente advertido de los cuestionamientos que la prensa y ONGs le habían preparado por la depredación de la Amazonia. El desprestigio del presidente perjudica su "credibilidad" ante la opinión pública y organismos internacionales como el TPI y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU "que aún conserva su fuerza moral", apuntó Carneiro da Cunha en este diálogo telefónico desde San Pablo.

Al respecto la investigadora recordó la polémica entre el gobernante y el actor Leonardo DiCaprio sobre las quemadas de la floresta en 2019, cuando la superficie incendiada fue el 90 por ciento más extensa que en 2018. "Bolsonaro llegó a acusar a DiCaprio de fomentar los incendios, una cosa que causa risa y nadie creyó a nivel internacional, fue algo burdo porque se sabe que Bolsonaro tiene una gran afinidad con los grupos que desmatan e incendian".

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 Un indígena guaraní fuma una pipa junto a un árbol talado por desarrolladores en Sao Paulo. Andre Penner AP

La norma propuesta debe ser aprobada por el Congreso y enfrenta el rechazo de los pueblos originarios y los ambientalistas, quienes la consideran "genocida"

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció esta semana que presentará un proyecto de ley en el Parlamento que permitiría la explotación de recursos en tierras indígenas protegidas. La iniciativa —que incluye la minería, la extracción de petróleo y gas, la construcción de hidroeléctricas y la exploración de tierras para agricultura, ganadería y el extractivismo forestal— será enviada al Congreso para su tramitación, donde se enfrentará al rechazo de la comunidad indígena y de los ambientalistas, que califican la propuesta de “genocida”. La Constitución de Brasil prevé la minería en estas reservas, pero hasta el momento no se ejecuta porque prescinde de un desarrollo normativo que la regule y además debe contar con la aprobación de la población indígena. Por estas causas, no hay declarada ninguna mina oficial en las 619 áreas indígenas localizadas en el país, aunque esté probada la existencia ilegal de decenas de ellas, principalmente en la región amazónica, donde mineros que practican la actividad de forma ilícita han asesinado a indígenas de la región.

El proyecto de Bolsonaro también prevé que se permita la exploración de tierras de los pueblos originales para el turismo, la agricultura, la ganadería o el extractivismo forestal. Y sugiere que el Parlamento consulte a los indígenas sobre su propuesta, pero que se les impida ejercer su derecho a veto, una solicitud que iría en contra de la Constitución del país.

El presidente, que anunció la incitativa durante la celebración de sus 400 días en el poder, presionó al Legislativo para que apruebe su propuesta y declaró que, si pudiera, encerraría a los ambientalistas en la Amazonia. “Este gran paso depende del Parlamento, que sufrirá la presión de los ambientalistas. Esos del medio ambiente”, dijo con su habitual estilo de desprecio a los defensores de la naturaleza. “Si un día pudiera, los encierro en la Amazonia, ya que les gusta tanto el medio ambiente, así dejan de molestar a los amazónicos aquí desde dentro de las áreas urbanas”, señaló.

En su discurso alegó que los indígenas son “seres humanos”. “Exactamente iguales que nosotros. Tienen corazón, sentimientos, tienen alma, deseos, y son tan brasileños como nosotros”, añadió. La frase refuerza la idea del actual Gobierno —que evoca al pasado de la dictadura militar— de que los indígenas deben “integrarse” a la sociedad no indígena.

Según el comunicado emitido por el Ministerio de la Casa Civil, las comunidades indígenas afectadas por la industria minera percibirían indemnizaciones de las empresas que exploten las áreas y se contaría con consejos de vigilantes que estarían compuestos únicamente por indígenas. El texto prevé también que los indígenas puedan explorar las áreas en las que residen. El pasado enero, el Ministerio de Minas y Energía brasileño ya había realizado una reunión para presentar el proyecto a todos los embajadores europeos en Brasilia y dejar claro que Bolsonaro va a insistir en su objetivo.

Entidades vinculadas a las comunidades indígenas protestaron contra la medida y recordaron que Bolsonaro está obligado a respetar los derechos constitucionales de los indígenas, incluido el de mantener las particularidades de sus modos de vida. La ONG Observatorio do Clima advirtió a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia; y del Senado, David Alcolumbre, de que rechazarían este tipo de propuestas. “Esperamos que cumplan sus palabras y no acepten este proyecto genocida. Ambos se habían comprometido a no someter a votación aquellas propuestas que amenazasen a los bosques ni a los pueblos tradicionales. Es hora de poner a prueba esa determinación”, escribió la asociación en una nota.

Desigualdad

Para estas poblaciones, la explotación económica traerá como consecuencia la desigualdad en las comunidades, la devastación forestal acelerada y la desaparición de especies nativas del planeta. El último informe de la ONU, de 2019, sobre la velocidad con la que las especies se están extinguiendo —una de cada ocho está amenazada—, subraya que esta destrucción de la naturaleza es más lenta en las tierras donde viven los pueblos indígenas.

El proyecto de exploración de áreas indígenas no es el único punto del Gobierno de Bolsonaro que preocupa a los indigenistas. Las últimas semanas, su gestión fue objeto de varias críticas por haber designado al exmisionero evangélico Ricardo Lopes Dias como nuevo coordinador de indígenas aislados. En un comunicado, el Consejo Indigenista Misionario (CIMI) afirmó que el presidente ha dejado de respetar la existencia libre de los pueblos indígenas y que fomenta el genocidio de dicha población.

Por Afonso Benites

Brasilia 6 FEB 2020 - 22:36 COT

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Viernes, 06 Diciembre 2019 06:15

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Bolsonaro privatiza tres parques nacionales

Incluye el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú

Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el Presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

 

A través de un decreto el presidente de Brasil Jair Bolsonaro privatiza tres parques nacionales, entre ellos el lado brasileño de las Cataratas de Iguazú. Los parques fueron incluidos en el Programa Nacional de Desestatización (PND) a través de los cual el presidente brasileño espera generar nuevos ingresos. Se trata de los parques nacionales de Lençois Maranhenses (noreste), Jericoacoara (noreste) e Iguazú (sur). Estos espacios naturales paradisíacos podrán ser privatizados y entregados en concesión. Este es sólo el comienzo un plan más amplio de privatizaciones, dijo el Ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes.

El decreto fue publicado por el Diario oficial de la Unión (boletín oficial) el martes y tiene vigencia inmediata. Establece que las empresas que obtengan las concesiones tendrán que brindar apoyo para las visitas públicas. También deberán prever costos y generar acciones de apoyo a la conservación y gestión de los parques. La privatización recae tanto sobre los servicios como la infraestructura, así como la liberación del mercado aéreo a empresas extranjeras. El PDN en el cuál fueron incluidas estas privatizaciones está vigente en Brasil desde la década de 1990. Ese programa fue usado por varios gobiernos para dar en concesión bienes y servicios públicos al sector privado.

La medida contempla promover la llegada de más turistas al país. Para eso otorgará facilidades en la obtención de visas turísticas a ciudadanos de Australia, Canadá, China, Japón y Estados Unidos. Además establece la contratación del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) para que estudie las concesiones. Esta entidad también deberá llevar a cabo acciones de apoyo para la supervisión de servicios técnicos y la revisión de proyectos.

Según la legislación de Brasil, los parques nacionales son unidades de conservación federal. Esto quiere decir que son áreas naturales creadas y protegidas por el poder público. El uso de sus recursos naturales sólo se puede realizar de forma indirecta.

El Parque Nacional de Iguazú, ubicado en la frontera con Argentina, es internacionalmente conocido por las cataratas del mismo nombre. Es un área protegida de gran biodiversidad, con miles de especies de plantas y unas 400 de aves. Hasta hoy el gobierno de Brasil cobraba entradas para las visitas. La empresa responsable de su cuidado dependía de un órgano gubernamental. Con el decreto el estado se desprenderá de su gestión. Recibe a cerca de 1,7 millones de turistas por año.

El Parque de los Lençois Maranhenses tiene unas 160.000 hectáreas. Se caracteriza por las interminables dunas que a mediados de año, en la transición de las lluvias a la temporada seca, se llenan de agua dulce formando unas piscinas naturales. Es visitado por más de 100.000 visitantes al año. El Parque de Jericoacoara, de 8.850 hectáreas, tiene unas inmensas playas de aguas cálidas que cada año reciben a miles de turistas extranjeros. Se encuentra rodeado por extensas dunas de arena fina y blanca. Recibe cerca de 150 mil visitantes anualmente.

El Gobierno de Brasil lanzó un amplio plan de privatizaciones y concesiones. Con estas medidas busca generar ingresos para las arcas del estado y reequilibrar las cuentas públicas del país. Brasil intentará "vender todo" para lograr este objetivo, expresó el Ministro de Economía, Paulo Guedes. No obstante, admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de llevar a cabo que lo previsto. Hasta ahora lograron ingresos por unos 100.000 millones de reales (23.810 millones de dólares), según informó Guedes. El Ministro señaló que están estudiando un proyecto de privatización para generar otros 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares), aunque evitó dar detalles del mismo. En la actualidad Brasil recibe un promedio de 6,5 millones de turistas por año, y espera poder duplicar esa cifra en 2022.

Bolsonaro es un negacionista del cambio climático. Durante los incendios en la Amazonia culpó a grupos ecologistas de haberlos incitado. En otras oportunidades se expresó a favor de la explotación comercial de tierras indígenas y áreas protegidas.


Opinión

 

Así es la política ambiental de Bolsonaro

 Por Eric Nepomuceno

Una reunión ocurrida el pasado seis de noviembre pero solamente revelada ahora explica la base de la política ambiental aplicada en Brasil desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia.

En aquella ocasión, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, recibió en su despacho a cuatro integrantes del Congreso, todos vinculados al sector rural, acompañados por cinco propietarios rurales del estado amazónico de Acre.

Luego de la reunión, Salles – quien sigue asegurando que no hay devastación en la Amazonia – determinó que se suspendiese totalmente la fiscalización en la reserva ambiental Chico Mendes.

De esa forma, Salles acató y cumplió lo prometido por el ultraderechista Jair Bolsonaro a lo largo de la campaña electoral y luego reforzado cuando se instaló en la presidencia: terminar con lo que clasifica como ‘industria de la multa’, o sea, la fiscalización ambiental.

Junto a sus ataques furiosos a la extensión de las reservas indígenas, las áreas de protección ambiental son foco permanente de críticas de Bolsonaro, ahora llevadas a la vida real por el ministro del sector.

Solamente entre enero y fines de octubre de este año, la reserva Chico Mendes tuvo 75 kilómetros de floresta totalmente devastados, un aumento de 203% en comparación con todo el año pasado.

De los cinco propietarios participantes del encuentro, todos infractores ambientales, cuatro fueron a las barras de los tribunales. Son conocidos por acciones ilegales en la Chico Mendes, bautizada con el nombre del militante ambientalista asesinado hace 21 años.

Uno de los activistas más respetados y reconocidos globalmente en su época, Mendes defendió la creación de una reserva natural de protección en Xapuri, municipio de su estado natal.

Nunca la vio: fue muerto por orden de dos propietarios rurales que habían invadido tierras públicas y por él denunciados y luego presos.

Los presentes hicieron duras denuncias de "actos truculentos" llevados a cabo por los fiscales responsables de preservar la mata de la región. Por "actos truculentos" se referían a la fiscalización que impide, o trata de impedir, actividades prohibidas, de la creación de ganado a la extracción ilegal de madera.

Uno de los presentes, Rodrigo Santos, amenazó de muerte a un funcionario del Instituto Chico Mendes, responsable por preservar la región demarcada por ley. Fue su respuesta a la denuncia presentada por el fiscal, probando que Santos, además de haberse apoderado de tierras públicas mediante documentación falsa, había desmatado 69 hectáreas protegidas.

Otro, un ex procurador-general de Justicia del estado de Acre, Jorgenei Ribeiro, el pasado septiembre fue denunciado por el Ministerio Público por haber desmatado 71 hectáreas de la floresta protegida para abrir la ruta, destinada al transporte de madera extraída ilegalmente.

Ya Gutierri da Silva fue condenado por extracción ilegal de maderas nobles, y recurre de la sentencia en libertad. Fátima Sarkis, por su vez, tiene creación de ganado en área protegida, o sea, creación ilegal, e igualmente responde a una acción en la Justicia.

Uenderson de Brito es blanco de una denuncia oficial por ocupar 400 hectáreas dentro de la reserva para creación ilegal de ganado.

De los políticos presentes, una diputada y un senador preparan un proyecto de ley destinado a reducir drásticamente el área de la reserva ambiental, ya ocupada por vastas zonas de pecuaria ilegal. Una senadora es pastora evangelista, condenada en segunda instancia por improbidad administrativa.

Que un ministro reciba a acusados y condenados por acciones contra su cartera ya sonaría a algo absurdo.

Pero que luego de oírlos atienda de inmediato a sus demandas, violando lo establecido por ley, rompe cualquier límite de decencia.

Mejor dicho: rompería. Porque no hay una sola señal, un vestigio ínfimo de decencia en todo lo que se refiere a Bolsonaro y su gobierno fétido.

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Domingo, 03 Noviembre 2019 05:37

Pacto por la Casa Común

Pacto por la Casa Común

Evocando el llamado "Pacto de las Catacumbas", por el que un conjunto de obispos católicos latinoamericanos se comprometieron a partir de 1965 a vivir una vida sencilla, cercana a los pobres y alejada de riquezas, propiedades y privilegios, los participantes en el Sínodo Pan-Amazónico, que concluyó el 20 de octubre, decidieron acordar –también ese día– ante las iglesias que conforman los nueve países de la región, las de América Latina y El Caribe, y las solidarias de África, Asia, Oceanía, Europa y el norte de América, un pacto por una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana, que denominaron Pacto de las Catacumbas por la Casa Común.

Dada la trascendencia social amplia que puede traer consigo su puesta en práctica, me parece oportuno traer a colación los 15 compromisos eclesiales que decidieron asumir:

  1. Ante la amenaza del calentamiento global y el agotamiento de los recursos naturales, el compromiso de defender sus territorios y la selva amazónica en pie.
  1. Reconocer que no somos los dueños de la madre Tierra, sino sus hijos e hijas, f ormados del polvo de la Tierra (Génesis 2:7-8), huéspedes y peregrinos (1 de Pedro 1:17b y 1 de Pedro 2:11), llamados a ser sus celosos cuidadores y cuidadoras (Génesis 1:26). Para ello se comprometen con una ecología integral en la que todo está interconectado, el género humano y toda la creación, porque todos los seres son hijas e hijos de la Tierra y sobre ellos aletea el Espíritu de Dios (Génesis 1:2).
  1. Acoger y renovar cada día la alianza de Dios con todo lo creado.
  1. Renovar en las iglesias la opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios, y junto con ellos garantizar su derecho a ser protagonistas en la sociedad y en la Iglesia. Ayudarlos a preservar sus tierras, culturas, lenguas, historias, identidades y espiritualidades. Crecer en la conciencia de que éstos deben ser respetados local y globalmente y, en consecuencia, fomentar por todos los medios que sean acogidos en pie de igualdad en el concierto de los demás pueblos y culturas. 5. Abandonar, en consecuencia, todo tipo de mentalidad y postura colonialista, acogiendo y valorando, en un diálogo respetuoso con todas las tradiciones espirituales, la diversidad cultural, étnica y lingüística.
  1. Denunciar todas las formas de violencia y agresión a la autonomía y a los derechos de los pueblos originarios, a su identidad, a sus territorios y a sus formas de vida.
  1. Anunciar la novedad liberadora del Evangelio en la acogida al otro y a lo diferente.
  1. Caminar ecuménicamente con otras comunidades cristianas en el anuncio inculturado y liberador del Evangelio. Y en solidaridad con los pueblos originarios, con los pobres y los pequeños, caminar con otras religiones y personas de buena voluntad en la defensa de sus derechos y en la preservación de la Casa Común.
  1. Instaurar un estilo de vida sinodal, donde representantes de los pueblos originarios, misioneros y misioneras, laicos y laicas, en razón de su bautismo y en comunión con sus pastores, tengan voz y voto en las asambleas, en los consejos, y en todo lo que concierne al gobierno de las comunidades.
  1. Empeñarse en el urgente reconocimiento de los ministerios eclesiales ejercidos por agentes pastorales, catequistas indígenas, ministras y ministros de la Palabra, ya existentes en las comunidades, valorando en particular su cuidado frente a los más vulnerables y excluidos.

11 . Hacer efectivo en las comunidades el paso de una pastoral de visita a una pastoral de presencia, asegurando que el derecho a la Mesa de la Palabra y a la Mesa de la Eucaristía sea real.

  1. Reconocer los servicios y la auténtica diaconía de gran cantidad de mujeres que hoy dirigen comunidades en la Amazonía, y buscar consolidarlas con un ministerio adecuado de animadoras de comunidad.
  1. Buscar nuevos caminos de acción pastoral en las ciudades, con el protagonismo de los laicos y los jóvenes, con atención a sus periferias y a los migrantes, los trabajadores y los desempleados; con atención a los estudiantes, educadores, investigadores, y al mundo de la cultura y de la comunicación.
  1. Asumir ante la avalancha del consumismo un estilo de vida sobrio, sencillo y solidario con los que poco o nada tienen; reducir la producción de basura y el uso de plásticos; favorecer la producción y comercialización de productos agroecológicos, y utilizar más el transporte público.
  1. Ponerse al lado de los que son perseguidos por su servicio profético de denuncia y reparación de injusticias, de defensa de la tierra y de los derechos de los pequeños, de acogida y apoyo a los migrantes y refugiados. Cultivar verdaderas amistades con los pobres. Visitar a las personas más sencillas y a los enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo, que traen aliento y renuevan la esperanza.
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Paz para el pueblo y guerra para la selva: la deforestación en Colombia aumenta tras el fin de la guerrilla

Las cifras de la tala ilegal venían mejorando hasta que el gobierno de Santos comenzó a negociar el acuerdo de paz

La ausencia de las FARC ha creado un vacío aprovechado por quienes se apoderan de la selva para actividades como la minería, la ganadería y el cultivo de coca

En 2016 se perdieron 179 mil hectáreas de bosque en Colombia, cifra que ha ido a más en los siguientes años

El acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC el 24 de noviembre de 2016 fue un hito para la sociedad colombiana, desangrada por 52 años de conflicto. También fue un punto de inflexión para las selvas de un país que, tras una década de mejoras en la tasa de deforestación, perdió ese año una superficie de bosque comparable a la de Toledo, Guipúzcoa o Almería: 179.000 hectáreas.

Según los datos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), el ritmo de la deforestación en la Amazonia colombiana y otras reservas forestales del país llevaba diez años bajando de forma casi ininterrumpida. Pero en 2016 la tasa comenzó a acelerar de nuevo, con una subida de 44% en la superficie deforestada de ese año y otra del 23% en la del siguiente. La ganadería, el oro, la madera y la coca protagonizan gran parte del aumento de un fenómeno que, según los datos del IDEAM, es la principal fuente de gases de efecto invernadero de Colombia (debido al CO2 que se libera al talar los árboles). Por no hablar del daño irreversible al hábitat de las comunidades indígenas, además de la dramática pérdida en biodiversidad y recursos hídricos.

De acuerdo con el profesor y consultor medioambiental Manuel Rodríguez Becerra, que en 1993 fue el primer ministro de Medioambiente de Colombia, para entender lo ocurrido hay que distinguir entre el año del acuerdo de paz y lo que vino después. Según él, el aumento de la deforestación durante 2016 se explica por la negociación con las FARC, un momento en que el Gobierno quiso alejar fuentes de conflicto: "La mayor tolerancia que hubo ese año con las FARC les permitió aumentar la deforestación para los cultivos de coca". 

Paradójicamente, Rodríguez Becerra también atribuye el incremento del 2017 a las FARC, aunque esta vez el motivo fue su retirada de la zona. "Una vez hecho el proceso de paz el gobierno de Santos no tomó el control efectivo del antiguo territorio de las FARC y algunas regiones se convirtieron en tierra de nadie y comenzaron los procesos de apropiación". La explicación es la siguiente: en su último año, las FARC aprovecharon la tregua negociadora para aumentar las plantaciones de coca, pero en la década anterior habían ejercido de vigilantes impidiendo que los campesinos deforestaran. Entre otros motivos, porque así dificultaban el acceso del ejército colombiano a su área.

Terminado el miedo a una represalia de las FARC, en 2017 llegaron los grandes capitales. Como dice Rodríguez Becerra, "se puede ver claramente el tamaño de los deforestadores, porque en tres meses talan hasta 1.500 hectareas en áreas perfectamente trazadas y hacer eso significa una capacidad grande, tener mucho dinero".

Según Brigitte Baptiste, que hasta julio dirigió el Instituto Humboldt para la Investigación sobre la Biodiversidad de Colombia, uno de los factores de la impunidad de los responsables es la falta de claridad de los títulos de propiedad. A principios de los años 40, explica, "se instituyó un mecanismo para proteger a los campesinos y fue que tras 20 años de ocupación, si presentaban pruebas de desarrollo productivo, eran reconocidos como propietarios".

"Lo que era una ley con buena intención acabó convirtiéndose en un incentivo para el robo de tierras del Estado", concluye Baptiste. Agrega que hay procesos históricos de ocupación que aún no han sido resueltos, con comunidades agrícolas viviendo hace décadas en reservas forestales sin títulos: "Sólo los cafeteros fueron apoyados por el Estado con títulos claros desde principios del siglo XX, por eso casi no hay conflictos en tierras cafeteras".

Al abuso de la ley se añade la falta de reacción estatal por la dificultad de hacer valer la ley en un territorio con escasa implantación de las fuerzas de seguridad. "Las autoridades regionales no tienen personal o están cooptadas por los ilegales", resume Baptiste. "Y tampoco es que puedan hacer mucho, si tratas de llegar sin respaldo a una zona donde se está deforestando, no tienes ninguna opción de salir vivo".

La alternativa a castigarlos con la ley es eliminar los incentivos económicos de la deforestación. La venta de la coca ilegal ya está prohibida, pero el veto se podría extender a la ganadería de tierras deforestadas. Una medida elemental, según Baptiste, "que algunos congresistas y senadores resisten pidiendo hacer un punto de corte para que solo afecte a lo deforestado a partir del año 2016". Sostiene: "Me da la idea de que quienes lo piden están envueltos en la corrupción".

Según Rodrigo Botero, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, la responsabilidad de muchos poderes públicos se hace evidente cuando hacen llegar servicios como carreteras o electricidad a tierras no formalizadas, "generando un estímulo a la apropiación de tierras que luego son incorporadas a la frontera agropecuaria".

Pero también hay motivos para el optimismo. A principios de 2018, un grupo de niños y jóvenes ayudados por la ONG DeJusticia presentaron una demanda contra el Estado colombiano exigiendo que les garantizase una vida libre de catástrofes medioambientales. Un año después, la Corte Suprema les dio la razón, exigiendo al Gobierno cumplir con sus promesas de frenar la deforestación en la Amazonia colombiana. 

Los activistas esperan que la presión del fallo contribuya a que el nuevo gobierno de Iván Duque acelere la dotación de recursos para capturar y castigar a los responsables de la deforestación. Tras los aumentos de 2016 y 2017, el ritmo de deforestación mejoró en 2018. Aunque sigue en niveles catastróficos, las 197.000 hectáreas del año pasado representan una reducción de 10% con relación al 2017. Según Baptiste, el Gobierno ha desplegado recientemente fuerzas en algunas zonas y ha habido señales de control en el Amazonas pero aún es pronto para saber si 2019 confirmará la tendencia con nuevas bajas. "Como la deforestación es una actividad tan estacional, hay que esperar a que termine la temporada de lluvia, en las próximas semanas veremos en los satélites si sigue aumentando o no".

Por Francisco de Zárate

30/09/2019 - 22:03h

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Sábado, 07 Septiembre 2019 06:31

Cumbre urgente por la Amazonia

Aborígenescolombianos  y jefes de Estado en la foto de la cumbre por la Amazonia. Imagen: AFP

Los representantes de seis países amazónicos se reunieron en Colombia para tomar medidas que protejan la mayor selva tropical del mundo. 

Los presidentes de seis países amazónicos se reunieron con carácter de urgente en Colombia para tomar medidas que protejan la mayor selva tropical del mundo. En la cumbre, convocada en la ciudad de Leticia, los presidentes de Bolivia, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y el vice Surinam, discutieron la conservación de la Amazonia tras los graves incendios forestales que desde hace semanas consumen grandes áreas selváticas de Bolivia y Brasil principalmente. La cumbre finalizó con la firma del "Pacto de Leticia para la Amazonia" donde consensuaron la preservación de los recursos naturales de la zona.

"Debemos resolver las causas estructurales de la crisis climática que actualmente enfrentamos, porque la tendencia de cada día es que se vaya agravando, exponiendo a la humanidad a múltiples catástrofes", manifestó el presidente de Bolivia, Evo Morales, durante el evento. "Mientras no cambiemos la forma en que producimos y consumimos a nivel global será imposible asegurar un futuro a esta y las próximas generaciones", dijo. Y criticó que no se haya invitado a Venezuela a participar de la cumbre: “por encima de esas diferencias ideológicas están los intereses de la madre tierra", afirmó.

Además del presidente boliviano, participaron los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y Perú, Martín Vizcarra, que convocaron el encuentro. También los presidentes de Ecuador, Lenín Moreno; y el vicepresidente de Surinam, Michael Adhin. Brasil, cuestionado internacionalmente por sus respuestas a los graves incendios que afectan su selva desde hace semanas, fue representado por su canciller, Ernesto Araújo. El ministro reemplazó al presidente Jair Bolsonaro, quien no pudo viajar a la cumbre por razones médicas, aunque estuvo presente vía videoconferencia. De la cuenca amazónica forma parte también Venezuela, que no fue invitada a la cumbre, y Guyana y la Guyana Francesa (esta última un departamento francés de ultramar), que tampoco participaron.

En la videoconferencia a través de la cual participó el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llamó a proteger la soberanía de la Amazonia. "Tenemos que decir que la Amazonía es nuestra: de Brasil, Bolivia, Colombia, de las Guayanas, es de todos nosotros", aseguró Bolsonaro. "Estamos en una posición firme de defensa de nuestra soberanía y firme también para que cada país pueda, dentro de su tierra, desarrollar la mejor política de la región amazónica y no dejar que esa política sea tratada por otros países", agregó. Durante su intervención, el presidente brasileño también acusó de la situación en la Amazonía a sus predecesores: "gobiernos de izquierda en Brasil, socialistas que no creían en el capitalismo y odiaban la propiedad privada", afirmó.

Las llamas que arrasan una parte de la Amazonia brasileña desde hace semanas provocaron una crisis ambiental y diplomática para el gobierno del ultraderechista Bolsonaro, escéptico del cambio climático y quien propugna la explotación minera en reservas indígenas y áreas protegidas.

Los países participantes suscribieron el Pacto de Leticia por la Amazonia, una hoja de ruta que deberán emprender no solo los países amazónicos, sino también las naciones de la región y la comunidad internacional. "Aquí estamos firmando un pacto donde coordinamos y trabajamos armónicamente por objetivos comunes. Nos motiva a proteger la Amazonía para hacer trabajos de prevención y mitigación cuando se presentan riesgos como los incendios forestales", dijo el presidente colombiano, Iván Duque, al firmar el pacto en la cumbre celebrada en Leticia. También se prevé la creación de una red amazónica para articular esfuerzos entre institutos meteorológicos de investigación. Esta medida tendrá como finalidad anticiparse a eventos ambientales e intercambiar información sobre actores ilegales que atentan contra el medioambiente, informó el ministro colombiano de Ambiente Ricardo Lozano.

El 60% de la selva amazónica está en Brasil. El resto se extiende por Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, así como la Guayana Francesa, una región departamental ultramarítima de Francia. En Brasil, desde enero hasta el 2 de septiembre, los satélites del instituto de observaciones espaciales INPE contabilizaron 93.175 focos de incendio - récord desde 2010 para ese periodo-, un 51,9% de ellos en la región amazónica. En Bolivia, el fuego arrasó desde mayo con 1,7 millones de hectáreas de bosque y pastizales, entre ellas áreas protegidas, según la gobernación del departamento de Santa Cruz (este).

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