El intento de exterminar a Sintraisa hace parte de la estrategia para la venta de ISA, y para el despido de trabajadores de ISA y su filial Intercolombia

Si bien el gobierno de Uribe en 2004 no pudo vender a ISA, hoy es propósito que la venda su títere “el presidente Duque”.

Los gobiernos de turno en Colombia no pueden incumplir los acuerdos que firmaron sus predecesores y menos los compromisos con la banca mundial, so pena de recibir el castigo que hoy sufren los pueblos de Siria, Libia, Venezuela, y para ello tienen a sus vasallos.

En las dos últimas décadas, los gobiernos de turno en Colombia, han tenido en común  la venta del patrimonio público y el propósito de transferir a las corporaciones privadas todas las empresas del estado, primordialmente las más rentables -aquellas que prestan servicios públicos- en las cuales, pueden imponer tarifas a su antojo con la garantía de una rentabilidad siempre creciente, que se convierte en otra causa de empobrecimiento de los pueblos, sin que los gobiernos, ni las nuevas generaciones puedan hacer nada en beneficio del usuario y menos en contra de la multinacionales que operan y despojan a su antojo.

Un caso en Colombia nos sirve de muestra, el que se vive en los departamentos de la Costa Atlántica con la empresa Electricaribe, que hoy distribuye la energía a más del 20% de la población colombiana y que fue intervenida tardíamente por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -Sspd-; territorio en el cual la multinacional prestó un mal servicio, obtuvo grandes ganancias, no obtuvo ninguna sanción, mientras ponen al pueblo a salvar la empresa con el incremento en la tarifa a través del plan de desarrollo del Sr. Duque; y la multinacional demanda al estado por un gran monto de dinero que seguramente pagarán las futuras generaciones por el despropósito de nuestros gobernantes de privatizarla en 1998, bajo los supuestos de que se mejoraría el servicio, se incrementaría el empleo y de la promesa de reducción de la tarifa a la población; supuestos que nunca se cumplieron, por el contrario, se incrementó la tarifa del servicio, quebraron una empresa rentable, saquearon los activos, corrompieron a algunos sindicatos, promovieron la corrupción y se robaron la plata de los pensionados, la que hoy tiene que pagar el pueblo colombiano a través de impuestos; igualmente pasó en el sector salud con Saludcoop y hoy con Medimas.

Por eso la propuesta de venta del patrimonio público a todas luces es contrario a los intereses del pueblo colombiano, no tiene ninguna razón que la justifique, como no la tuvo la venta de Telecóm, de Isagen, ni de UNE, la de los bancos del estado, y tampoco la tienen para justificar la venta de ISA.

Con la firma del acuerdo de Paz, con el aumento de la corrupción a todo nivel, con el asesinato de líderes sociales que ya suman más de 600, con la aniquilación de sindicalistas y el exterminio de sindicatos, se crea el escenario propicio para salir a “vender” el patrimonio público de los colombianos y en su proceso promover más la corrupción a los más altos niveles en beneficio de empresarios y de algunos funcionarios en el alto gobierno.

El escenario para la venta de ISA, desde el año 2005, se ha orientado internamente por su junta directiva, a través de los planes estratégicos y sus administraciones, así han definido e implementado una política de exterminio del sindicato y de flexibilización laboral, que obedece al objetivo del gobierno nacional de entregar a ISA en “bandeja de plata” a las multinacionales, haciéndola altamente rentable en el mercado eléctrico de Latinoamérica con mínima resistencia de la sociedad.  Así lo hemos advertido, ante los permanentes y sistemáticos ataques que las administraciones de ISA han cometido contra Sintraisa y contra los trabajadores, desconociendo derechos, tercerizando áreas, secciones y funciones, para hacer de ISA una empresa atractiva sin mayores responsabilidades laborales y de gran flexibilidad.

En razón de dicha estrategia se crea a Intercolombia -empresa de papel- que seguramente, entrará en liquidación tras la venta de ISA; quedando ISA con todos los activos, utilidades y rentabilidad, pero sin la responsabilidad ni el pasivo de la mano de obra. La suerte de los trabajadores de Intercolombia, poco importará para el nuevo propietario.

Debe entenderse que quien compre a ISA, debe tener experiencia, y por tanto sus propios trabajadores y debe ser altamente eficiente en mano de obra, lo que nos deja ante el escenario de que un buen número de trabajadores de Intercolombia y de ISA engrosarían la lista de desempleados en Colombia, muchos de los cuales hasta tendrán que demandar para que les paguen sus prestaciones.

La administración actual de ISA en cabeza de su presidente Bernardo Vargas Gibsone y su Vicepresidente de Talento Organizacional Carlos Humberto Delgado Galeano, han tratado de desconocer a Sintraisa, porque saben que es parte de los obstáculos para la privatización de ISA. Por lo que han adelantado a nombre propio y de terceros una serie de acciones legales, ilegitimas y hasta ilegales, para desconocer a Sintraisa, a sus representantes y a los trabajadores sindicalizados, tales como: demandas contra la estructura sindical, violación al fuero sindical, falsedad ante autoridades administrativas, violación al derecho de asociación y negociación colectiva al negarse a negociar los pliegos de peticiones, entre otras acciones; el propósito es desconocer los sindicatos y los derechos de los trabajadores que laboran para ISA desde su filial Intercolombia y exterminar a Sintraisa, la cual, desde la legalidad y sus actos se niega a desaparecer, aprestándose  a jugar el papel histórico que le corresponde, aun ante la adversidad de la realidad ya descrita, y ante la indiferencia de los que en poco tiempo ya no serán trabajadores de esa empresa que construyeron.

Es nuestro papel resistir y advertir que la realidad la creamos los trabajadores; que de nuestras acciones colectivas de hoy depende el futuro de las nuevas generaciones de trabajadores en Colombia y en el mundo; que no podemos sucumbir ante el interés de un grupo corrupto de políticos y empresarios que se enriquecen a costa de vender las fuentes de bienestar de las futuras generaciones.

Hacemos un llamado a rechazar la privatización de ISA, y hacer un frente común para que el patrimonio público se conserve como garantía de sostenibilidad y bienestar para el pueblo colombiano y para futuras generaciones de trabajadores en Colombia. 

Medellín, 15 de julio de 2019

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL SINTRAISA

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La mayor huelga general contra Mauricio Macri paraliza Argentina

El quinto paro desde 2015 fortalece el cerco opositor contra el presidente en el inicio de la campaña electoral

Argentina estuvo hoy paralizada. No circularon buses, trenes, aviones ni barcos. En Buenos Aires, donde viven 15 millones de personas, tampoco funcionó el metro. Las escuelas, comercios y bancos no abrieron y los hospitales atendieron sólo las urgencias. La quinta huelga general contra Mauricio Macri encontró a todo el sindicalismo y los movimientos sociales unidos contra la política económica oficial. El presidente no sólo padece la presión de la calle. La caída de su popularidad activó reclamos intestinos en Cambiemos, la alianza de Gobierno, de grupos que no creen que Macri sea la mejor opción para disputar las elecciones generales de octubre.


"Estamos hartos de los paros", dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ocupada en que los grupos de izquierda que se sumaron a la convocatoria sindical no cortasen los accesos a la capital. "Esto ya es como una especie de rutina. Le impiden a la gente que viaje. Es una situación en contra de la libertad y el trabajo", agregó. Bullrich fue la única voz oficial contra la protesta. Macri participó en un acto por el día el Ejército sin siquiera mencionarla. Y desde el ministerio de Hacienda sólo dijeron que la huelga costó a Argentina unos 900 millones de dólares. Las grandes ciudades, mientras tanto, estuvieron desiertas.


La singularidad de la huelga fue la unidad sindical, algo poco común en Argentina. "Es el paro más fuerte y de mayor contundencia en la era de Macri, gracias a que lo convocamos todas las centrales de trabajadores y lo apoyaron todas las organizaciones empresariales, pymes, más todos los movimientos sociales del país", dijo Hugo Yaski, secretario general de la CTA, una central de perfil combativo que no pertenece a la CGT, la gran confederación de gremios peronistas.


El regreso de Hugo Moyano, líder del poderoso sindicato de los camioneros, fortaleció aún más el golpe. Moyano es un dirigente a tener en cuenta. Apoyó al kirchnerismo, luego hizo campaña por Macri y ahora volvió al kirchnerismo. Su poder de movilización es enorme: no hubo reparto de alimentos, faltó combustible y dinero en los cajeros automáticos y no hubo recolección de basura.


Con la huelga, el sindicalismo argentino ingresó por la puerta grande en la campaña electoral. Macri había logrado mantener a raya a la CGT con acuerdos salariales acordes con la inflación, pero el deterioro de la situación económica en 2018 le quitó poder en las negociaciones. La presión de los gremios más duros, sobre todo los alineados con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, terminó por inclinar la balanza a favor de la protesta. El sindical no es, sin embargo, el único frente con que debe lidiar Macri.


Cambiemos, la alianza oficialista, cruje. La Unión Cívica Radical (UCR), el partido de los expresidentes Raúl Alfonsín (1983-1989) y Fernando de la Rúa (1999-2001), exigió a Macri que someta su candidatura a las elecciones primarias que se celebrarán en agosto. Sus líderes consideraron que la caída de popularidad del presidente es un lastre que pone en riesgo su reelección. En un documento firmado durante una convención del partido, celebrada el lunes, advirtieron también que intentarán abrir Cambiemos a otras fuerzas políticas. La presa a capturar es el peronismo federal, "no kirchnerista". Sus líderes, entre los que se cuentan gobernadores con peso en el interior del país, están hoy enfrascados en una discusión sobre el mejor nombre para enfrentar a Alberto Fernández, el hombre al que Cristina Fernández Kirchner acompañará como candidata a vicepresidenta.


Los sondeos dan a la fórmula Fernández -Fernández un cómodo triunfo en la primera vuelta, prevista para el 27 de octubre, pero insuficiente para ganar sin necesidad de un balotaje en noviembre. En la segunda vuelta, las cuentas son más ajustadas, con una leve ventaja para Macri. El apoyo del peronismo no kirchnerista será la clave de un triunfo oficialista en segunda vuelta. No es descabellado pensar que Macri logre ese apoyo. El líder del peronismo federal, el recién reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se considera amigo personal del presidente, mientras que su par salteño Juan Urtubey mantuvo inmejorables relaciones con la Casa Rosada. La pieza suelta se llama Sergio Massa, un exjefe de Gabinete de Cristina Kirchner que no decidió aún si juega a la interna del peronismo federal o negocia algún tipo de alianza con su exjefa política.
A la expectativa


Mauricio Macri, entre tanto, espera. Mientras sus portavoces advierten que la candidatura a la reelección no está en discusión, el presidente confía en un repunte económico que le regale un poco de oxígeno. Las cifras le han dado, al menos, un respiro. El peso lleva un mes estable en su relación con el dólar, después de perder casi la mitad de su valor durante 2018.


Cuando el peso no se derrumba, la inflación, el gran mal de los argentinos, al menos se ralentiza. El IPC subió un 4,7% en marzo y un 3,4% en abril, una curva descendente que, de persistir, permitirá a Argentina cerrar 2019 con una inflación que rondará el 40%. Será clave que los números acompañen a Macri: la popularidad del presidente cae cuando sube la inflación, y viceversa. Con poco que ofrecer en materia económica, la otra pata de la campaña oficialista ha sido hasta ahora más tradicional, con cortes de cinta en grandes obras de infraestructura y ataques directos al kirchnerismo, el gran enemigo a vencer en octubre.

Buenos Aires 30 MAY 2019 - 04:18 COT

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Contundente paro en Argentina en rechazo a las políticas de Macri

Buenos Aires. Esta capital quedó paralizada este martes, como otras ciudades del interior de Argentina, en vísperas del primero de mayo, por el contundente paro general convocado por varias centrales de trabajadores organizadas en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, organizaciones sociales y las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya dirigencia no se adhirió a la medida de fuerza y fue desbordada por la decisión de las bases de trabajadores de diversos gremios de participar ante la gravedad de la situación económico-social.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional junto con las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Federal de Trabajadores –que está dentro de la CGT–, las organizaciones sociales agrupadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otros sectores, en este caso como las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tuvieron una participación masiva y fue clave el paro de subterráneos, un sector del transporte público y los gremios aeronáuticos, por lo cual se suspendieron más de 300 vuelos.

No tuvieron efecto las amenazas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la movilización de fuerzas de seguridad, ni la acción de los medios masivos de comunicación ligados al gobierno de Mauricio Macri, algunos de los cuales calificaron de "terroristas" a los trabajadores. Incluso Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, advirtió que sancionaría a los trabajadores en paro, pero no se logró influir sobre la multitudinaria marchas sindical que llegó a Plaza de Mayo a mediodía. También se impuso a los intentos de grupos de encapuchados que trataron de alterar la marcha rompiendo vidrieras, hechos de los cuales se apartaron rápidamente los trabajadores, ya prevenidos sobre el envío de provocadores a lo largo de la marcha.

Sin embargo, hubo focos de represión de la policía de la ciudad, con 12 detenidos y trabajadores golpeados y maltratados por esta fuerza, ya denunciada en varias oportunidades.

El rechazo a las medidas económicas fue masivo, así como a los despidos, cuando se conocen las nuevas cifras de pobreza e indigencia que afectan a 14 millones de niños, de los cuales cinco están en condición de calle, como se denunció en las últimas horas.

Todos los dirigentes que intervinieron llamaron a la conformación de un gran frente nacional para las próximas elecciones de octubre, con el objetivo de derrotar ampliamente a la gobernante alianza Cambiemos, que hasta ahora en las internas y otros procesos electorales en siete provincias resultó en un lejano tercer lugar.

El texto final consensuado fue leído por Omar Plaini, dirigentes de los Canillitas (vendedores de diarios), quien elogió el triunfo del paro y la presencia en el lugar de las cooperativas que participaron junto a las Pymes y otros, rechazando la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Macri, bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya presencia también repudiaron, exigiendo negociaciones salariales (paritarias), un urgente aumento de salarios, que quedaron totalmente desfasados ante la gravísima realidad que se vive en el país, advirtiendo sobre la nula sensibilidad y responsabilidad del Ejecutivo que no escucha a los trabajadores.

Se exigen también aumentos de emergencia y que las tarifas de servicios básicos y de combustibles se retrotraigan a finales de 2017, planteamiento que se ha hecho al gobierno, mientras la inflación se dispara cada día, y es imparable el aumento de los alimentos.

A su vez, Pablo Moyano, dirigente del gremio de Camioneros, destacó la unidad alcanzada entre centrales sindicales y frentes y dijo que 70 regionales de la CGT participaron en esta medida de fuerza que el gobierno estaba seguro iba a fracasar. Sin embargo, esto no termina aquí porque este miércoles, Día de los Trabajadores, paran los trenes y habrá centenares de ollas populares en esta capital y todo el país, para expresar la lucha contra el hambre y la pobreza que alcanza a más 35 por ciento de la población, y en algunas provincias casi 60 por ciento.

 

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La creciente rebelión popular frente al neoliberalismo: Amazon en Nueva York

Hace unos días apareció en la portada de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte una noticia que cayó como una bomba; veamos lo que ha ocurrido y la noticia que generó. Durante varios meses, una de las principales empresas tecnológicas del mundo, Amazon (dirigida por el hombre más rico del mundo), había anunciado que abriría una nueva sede en el distrito de Queens, en la ciudad de Nueva York, prometiendo generar nada menos que 25.000 nuevos puestos de trabajo. Queens es el distrito más pobre de la ciudad (que es mucho más extensa que su distrito más rico, Manhattan, que es en general la parte de Nueva York más visitada y prácticamente la única conocida por la gran mayoría de turistas que visitan esta ciudad). La inversión de Amazon en Queens iba a renovar, cambiar y modernizar significativamente aquella parte de la mayor urbe de EEUU. El establishment político neoyorquino, incluyendo el gobernador del Estado de Nueva York, el Sr. Cuomo (que a nivel popular había pasado a conocerse, en lugar de Andrew Cuomo, como Amazon Cuomo, del Partido Demócrata) así como el nuevo alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, dirigente del ala progresista del Partido Demócrata, había ofrecido todo tipo de incentivos, incluidos incentivos fiscales (equivalente a un subsidio de más de 3 mil millones de dólares), para atraer a Amazon y que viniera a establecerse a Queens, creando empleo y reavivando aquella parte de la ciudad. Las encuestas señalaban que, aun cuando casi la mitad de los encuestados en la ciudad de Nueva York consideraban el subsidio público excesivo, estaban de acuerdo con el plan que había diseñado y promovido el Partido Demócrata de aquel Estado y de la ciudad para atraer a Amazon.


Invito al lector a pensar qué ocurriría si, en una ciudad como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla o cualquier otra gran ciudad de España, el establishment político de dicha ciudad hubiera visto la oportunidad de atraer a Amazon a su urbe con la posibilidad de crear empleo (la frase que se utiliza más comúnmente para apoyar tales inversiones). Es más que probable que, al menos hasta hace poco, los establishments políticos y mediáticos (y sobre todo aquellos de orientación liberal) estuvieran movilizándose por tierra, mar y aire para conseguirlo. Parecería lógico, razonable y deseable que así ocurriera.


Amazon, sin embargo, se retiró. ¿Por qué?


Ahora bien, hace solo unos días, el 14 de febrero, la noticia bomba en primera página de los mayores rotativos a los dos lados del Atlántico Norte fue que Amazon anunciaba que no iba a establecer la sede ni en Queens, ni en ninguna otra parte de Nueva York, debido a la oposición que había encontrado entre la población y los representantes políticos del distrito más directamente afectado por el establecimiento de la sede de Amazon.


En realidad, hubo una gran oposición entre amplios sectores de Queens y sus representantes políticos. Y la razón es fácil de entender. La gente que actualmente vive en Queens no se habría beneficiado. Al contrario, le habría perjudicado. Así pues, los vecinos no compartieron la euforia del establishment político-mediático, debido a varias causas. Una es que Amazon es una empresa tecnológica, de las más conocidas por su resistencia y agresividad contra la sindicalización de sus trabajadores y empleados. Tal empresa es el prototipo de empresa neoliberal, citada como modelo por los economistas neoliberales. En las negociaciones con los sindicatos Amazon no solo mostró su fuerte oposición a que sus empleados se sindicalizaran (indicando que preferían tener una relación individual y personal con sus empleados), sino que insistió en que se opondría a que los sindicatos intentaran acceder a sus trabajadores, así como a que hubiera elecciones para que los empleados pudieran votar tener un sindicato, y anunció además que tomaría represalias contra sus empleados que intentaran hacerlo. Es más, al analizar otras dimensiones características de Amazon, se ve que es una empresa que está muy en contra de pagar impuestos y utiliza su gran influencia política y mediática para promover una cultura anti-impuestos (desde el de rentas personales al impuesto de sociedades), empobreciendo las arcas de la autoridad pública del barrio, distrito o Estado, como ha ocurrido en la ciudad de Seattle, donde tiene la otra sede. Por otra parte, los empleados mejor pagados de tal empresa no proceden, por lo general, del barrio o distrito donde se encuentra la sede, una zona que se gentrificaría rápidamente, lo que acabaría por expulsar a sus actuales vecinos de donde han vivido siempre. En realidad, con el anuncio de que Amazon se establecería en aquel distrito, los precios de la propiedad y del alquiler subieron espectacularmente, lo cual habría implicado un cambio profundo en las características sociales, de comercio y de política fiscal de la zona, todas ellas desfavorables a los ya residentes en él. La “renovación” y “modernización” del distrito se habrían hecho a costa de la “expulsión de la población que ahora vivía en él”. Esta situación está sucediendo ya en todas las principales ciudades a los dos lados del Atlántico Norte.
La gentrificación de los barrios obreros


Lo que es nuevo es que la población se está rebelando contra el establishment político republicano y demócrata neoliberal, que se siente amenazado por un movimiento al que demonizan denominándolo “populista” y que se está extendiendo no solo en Queens y en Nueva York, sino también a lo largo de EEUU y también de Europa. Entre sus dirigentes está la nueva congresista Alexandria Ocasio-Cortez, que representa a una parte de Queens y el Bronx en el Congreso de EEUU. Este movimiento utiliza el eslogan “sí se puede cambiar la situación”, semejante al “sí se puede” del 15-M en España. En su Twitter, Alexandria Ocasio-Cortez subrayó que “en contra de lo que ellos quieren que te creas, todo es posible”. Y en el día en el que Amazon se retiró afirmó que “hoy es el día en el que un grupo de personas normales y corrientes, gente común, ciudadanos de Nueva York y sus distritos y barrios, han derrotado la avaricia sin límites de la corporación Amazon, la explotación de sus trabajadores y el poder del hombre más rico del mundo”. Su oposición amplia y contundente (los vecinos del distrito tomaron las salas de la cámara del parlamento neoyorkino durante las sesiones en las que se discutía el caso Amazon) al establishment político-mediático le ha generado una gran simpatía popular, facilitada por la enorme arrogancia mostrada por Amazon en sus relaciones con los políticos locales de la zona, a los cuales ni siquiera quiso ver, asumiendo que serían los primeros en acogerlos cuando en realidad fueron los que más se les opusieron. Nadie tomó en serio a los vecinos del distrito hasta que se movilizaron. Uno de sus pósteres denunciaba el contraste entre, por un lado, los planes que Amazon, con la ayuda del gobierno de la ciudad, estaba desarrollando para construir pistas de aterrizaje para los helicópteros de los ejecutivos de esta empresa, –y el deterioro tan acentuado del metro de Queens, por el otro.


Algo parecido ha estado ocurriendo en las grandes ciudades de España. En Barcelona, Ada Colau y el movimiento vecinal que lideró ganaron las elecciones municipales –en contra de todas las predicciones oficiales- como resultado del enfado popular frente a los intereses financieros que estaban destruyendo los barrios populares, haciendo imposible el acceso a la vivienda por parte de la población común. Ello explica la enorme hostilidad de los medios y de las derechas (y algunas izquierdas confusas) hacia su mandato. En este sentido, es importante señalar que en la cobertura de la retirada de Amazon de Nueva York la gran mayoría de los rotativos españoles que han informado sobre ello han presentado la versión de los hechos dada por Amazon y el establishment político-mediático de la ciudad de Nueva York. En ninguna parte se ha presentado la versión de lo ocurrido por parte de las clases populares. Un ejemplo más del enorme sesgo a favor del statu quo, con falta de vocación crítica, de la cultura mediática hegemónica en España (incluyendo Catalunya). Así de claro.

febrero 25, 2019

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Convocan a huelga nacional en Francia en apoyo a los “chalecos amarillos”

La Confederación General del Trabajo de Francia convocó a una huelga nacional para mañana en apoyo a la lucha social iniciada por el movimiento denominado chalecos amarillos, en contra de la política del Gobierno.

‘Debemos actuar por un aumento inmediato de los salarios, las pensiones y la protección social’, indica el llamado del mayor sindicato de esta nación, que aboga por la recuperación del poder adquisitivo de la sociedad.


También se refiere al paro como ‘Gran día de acción el 14 de diciembre en todo el territorio’, donde continúa el descontento y los bloqueos de vías, pese a medidas decretadas el lunes por el presidente, Emmanuel Macron.


Con la intención de frenar las protestas, el Gobierno anunció el aumento del salario mínimo en 100 euros mensuales, la congelación del alza de las cotizaciones para los jubilados con pensiones inferiores a dos mil euros, la exclusión de tributación de las horas extras, entre otras disposiciones.


La convocatoria al paro general se suma a las disímiles acciones de los chalecos amarillos durante el último mes, a las cuales se unieron miles de personas en un llamado a la reivindicación de derechos laborales.


Para el líder del partido de izquierda Francia Insumisa, Jean-Luc Melenchon, las iniciativas gubernamentales no responden a las demandas de la población, pues los sectores más ricos continúan siendo los más privilegiados, y convocó a otra marcha para el sábado.


El Gobierno, que decretó estado de emergencia económica y social, pidió la suspensión de las protestas del movimiento este fin de semana, por la situación que vive el país tras un tiroteo ocurrido el martes, en el que murieron tres personas y resultaron heridas otras 13.


Las protestas se iniciaron el 17 de noviembre contra el alza de los costos del combustible, pero luego los descontentos extendieron sus demandas a la reducción de los impuestos en general y el acceso igualitario a la seguridad social.


Además, piden el respeto a los derechos de los trabajadores, el fin de la política de austeridad y la protección a los migrantes.
Miles de ciudadanos acuden a las demostraciones de los chalecos amarillos y más cuatro mil 500 fueron detenidos por agentes antidisturbios, en tanto cientos resultaron heridos.
(Con información de Prensa Latina)

13 diciembre 2018 

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Viernes, 14 Diciembre 2018 05:41

Protestan la “ley de esclavitud”

Protestan la “ley de esclavitud”

Miles de personas se manifestaron ayer en el centro de Budapest, a un día de haberse aprobado la reforma laboral que la oposición nombró como “la ley de la esclavitud”. La norma fue aprobada con el apoyo de dos tercios del partido conservador Unión Cívica Húngara (Fidesz), dirigido por el primer ministro Viktor Orbán, pese a los intentos de la oposición de bloquear la votación. “Hoy en el Parlamento prácticamente pusieron el último clavo en el ataúd de la democracia, lo que hicieron fue el último paso en la construcción de un estado de partido único”, denunció Miklós Hajnal, portavoz del movimiento Momentum, mientras afuera comenzaban las protestas. 

Entre otras cuestiones, la reforma supone un aumento de las horas extra, como así también una quita del poder de negociación a los sindicatos. La norma prevé el aumento de 250 a 400 horas extras anuales. Esto podría significar en algunos casos que los empleados trabajen seis días por semana. Además permite a los empleadores abonar las horas hasta 36 meses después de trabajadas.


Mientras se debatía la reforma, los diputados opositores hicieron sonar pitos y sirenas en una señal de rechazo a la norma. Mientras tanto afuera, se organizó una manifestación espontánea con miles de personas que marcharon por la ciudad hasta la sede del Fidesz. Allí un grupo de mujeres ondearon la bandera húngara junto a la de la Unión Europea. La multitud también bloqueó el Puente de las Cadenas, uno de los símbolos de Budapest. Al final del día la policía agredió con gases lacrimógenos y detuvo a 34 personas. Ayer la segunda movilización redobló la apuesta. Más de 3000 personas convocadas por sindicatos y estudiantes tomaron las calles del centro de la capital húngara. “Agradezcamos a Viktor Orbán todo este año y todo lo que ha hecho por el pueblo húngaro”, rezaba la irónica convocatoria de los estudiantes. Por su parte, Tamás Szûcs, presidente del Sindicato Demócrata de Maestros, fue determinante: “Ni un paso atrás. Los trabajadores no pueden permitírselo. Esta es la Ley Laboral más reaccionaria de Europa. Ya es hora de que los sindicatos demuestren que pueden superar sus intereses particulares”.


Desde que asumió al cargo en 2010, Orbán fue criticado por sus políticas contrarias al lineamiento de la Unión Europea y gran parte de los húngaros denuncia que la democracia atraviesa una situación crítica.

 

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El Partido Comunista Chino contra las leyes laborales chinas

Xi Jinping inicia su visita a España mientras en China 32 obreros y activistas permanecen arrestados, incomunicados o desaparecidos por organizar un sindicato independiente en su centro de trabajo, una figura reconocida en las leyes de este país asiático.

 

Xi Jinping se presenta a sí mismo como un hombre del pueblo, en sintonía con las necesidades y aspiraciones de quienes se han quedado fuera del milagro económico chino. En el XIX Congreso del Partido, celebrado en 2017, habló de la “principal contradicción” en la sociedad china como aquella entre “el desarrollo inadecuado y desequilibrado y las necesidades siempre crecientes de una vida mejor”. Sin embargo, el presidente ha ido concentrado un poder creciente en sus manos y derribado límites para el mandato presidencial. El acuerdo implícito se basaba en que usaría esta autoridad aumentada para romper el poder de los grupos de interés arraigados en beneficio de la gente común. 

Pero los recientes desarrollos en la provincia de Guangdong sugieren que puede haber otra contradicción más profunda: aquella entre un Gobierno cada vez más dictatorial de Xi y su deseo de mejorar la vida de la gente pobre.


En mayo de 2018, un grupo de trabajadores de Shenzhen Jasic Technology Co (Jasic) comenzó a responder a los diversos esfuerzos de la compañía para engañarlos sobre su debida compensación, mediante el establecimiento de un sindicato de empresa, un derecho que garantiza la ley china. Pero en lugar de recibir apoyo del Gobierno, los trabajadores y sus aliados se han encontrado con el desprecio oficial, despidos, represión violenta, detenciones policiales y cargos legales espurios.


El Gobierno chino siempre ha recelado del sindicalismo independiente, un temor que se ha intensificado en los últimos años. Las centrales unidas a la federación de sindicatos de toda China, vinculada al Gobierno (ACFTU, por sus siglas en inglés), son las únicas autorizados por el Estado. Los sindicatos independientes han sido suprimidos hace mucho. Además, tras una severa represión, en diciembre de 2015, las ONG laborales independientes se han visto gravemente afectadas y sus trabajadores se han quedado sin recursos organizativos.
Ante el conflicto en Jasic, los trabajadores se quejaron ante la federación sindical del distrito, que inicialmente respondió que los trabajadores podían organizar una unidad de nivel empresarial para ayudar a abordar sus preocupaciones. Siguiendo el consejo de la federación sindical, los trabajadores decidieron establecer un sindicato en el lugar de trabajo y recogieron las firmas de 89 trabajadores para apoyar este esfuerzo.


Estas acciones fueron coherentes con la ley sindical de China. El artículo 10 de la ley establece que los sindicatos en el lugar de trabajo deben establecerse en las empresas, mientras que el artículo 11 estipula que el establecimiento de sindicatos en el lugar de trabajo “se presentará a la organización sindical en el siguiente nivel superior para su aprobación”.
Sin embargo, en lugar de ayudar y guiar a los trabajadores a formar un sindicato, en julio, la federación sindical hizo un requiebro y, en virtud de un deber especificado por la Ley de Sindicatos, afirmó que el esfuerzo de los trabajadores era ilegal. Jasic también denunció el intento de sindicalización y despidió a seis obreros en represalia.


A medida que el caso recibía mayor atención nacional, la campaña obtuvo el apoyo de los trabajadores de fábricas cercanas y estudiantes universitarios de todo el país. Sin dejarse intimidar por la hostilidad oficial, los trabajadores de Jasic continuaron protestando contra la fábrica, exigiendo su derecho a formar un sindicato. En lugar de responder a sus solicitudes legítimas, el 27 de julio, el Gobierno arrestó a 29 activistas, incluyendo a trabajadores de Jasic, trabajadores solidarios de otras fábricas y estudiantes, acusándolos de “problemáticos y buscapleitos”, un cargo delictivo que a menudo utiliza el Gobierno para reprimir las protestas.


Aunque fue un movimiento iniciado por los trabajadores, algunas ONG se vieron envueltas en la represión. Un empleado y el representante legal de Dagongzhe, una ONG laboral con sede en Shenzhen, fueron arrestados y detenidos por la policía bajo la misma acusación. Sin ninguna evidencia, la agencia de noticias Xinhua, controlada por el Estado, utilizó como cabeza de turco a Dagongzhe y a la ONG de Hong Kong Empoderamiento Obrero como responsables de las acciones colectivas de los trabajadores de Jasic. Finalmente, el 24 de agosto, el Gobierno desplegó a la policía antidisturbios para reprimir a los trabajadores y sus partidarios, y arrestó a más de 50 personas.


Algunos de ellos fueron liberados, pero a partir del 4 de septiembre, cuatro trabajadores de Jasic fueron acusados oficialmente. Otros once trabajadores y estudiantes de apoyo estaban bajo vigilancia, encarcelados o habían desaparecido.


Sin duda, los trabajadores de Jasic no son los primeros que han tratado de formar sindicatos en el lugar de trabajo de acuerdo con la ley laboral y se han topado con represalias del Gobierno y la patronal. Basándonos en nuestras investigaciones previas en China, desde 2010 trabajadores de numerosas fábricas en la provincia de Guangdong han solicitado la ayuda de federaciones sindicales de nivel superior cuando intentan establecer sindicatos de empresa.


Sin embargo, los sindicatos de nivel superior generalmente se han aliado con las empresas y no han apoyado a los trabajadores. Solo ante las incesantes exigencias de los trabajadores, algunos sindicatos de distrito han apoyado la solicitud de los trabajadores de formar sindicatos. Las quejas de los trabajadores sobre la intromisión de la patronal en la sindicalización han sido tomadas con indiferencia u hostilidad por parte de los altos mandos del sindicato.


Como en el caso de Jasic, muchas compañías han tenido manga ancha para llevar a cabo acciones en represalia contra los esfuerzos de los trabajadores por organizarse, tales como asignarles la tareas menos deseables, suspenderles de sus funciones o degradarles.


Esta imposibilidad del sistema para permitir a los trabajadores asegurar sus derechos legales en un sindicato es particularmente problemática dados los innumerables conflictos laborales del país. El Gobierno chino parece estar al tanto de que una reforma sindical puede ayudar a estabilizar las relaciones laborales. Para hacer a la federación ACFTU y a sus afiliados más responsables de las quejas de los trabajadores, durante el año 2000, el Gobierno apoyó la sindicalización en los centros de trabajo, especialmente entre las más grandes empresas extranjeras. Después de la ola de huelgas en 2010, el Gobierno trató de fortalecer la organización de sindicatos de empresa, junto con la implementación de unas elecciones sindicales piloto en el lugar de trabajo y convenios colectivos.


El intento de los trabajadores de Jasic de establecer un sindicato simplemente reflejó lo que el propio Gobierno ha estado defendiendo. Si los trabajadores toman la iniciativa de mejorar su bienestar de manera compatible con la ley, no hay razón para reprimirlos y los funcionarios deben trabajar activamente para hacer cumplir un entorno laboral legal.


Sin embargo, en el entorno político cada vez más represivo iniciado por el mandato de Xi, cualquier esfuerzo dirigido por los trabajadores se considera potencialmente desestabilizador. Si hacemos caso a las palabras a Xi, garantizar salarios y prestaciones decentes es un aspecto importante para abordar el “desarrollo desequilibrado” que tanto le preocupa.


Sin embargo, sin algún tipo de organización dentro del lugar de trabajo, los empleadores probablemente se sentirán capacitados para seguir engañando a los trabajadores sobre sus salarios y prestaciones, poniendo en cuestión su búsqueda de una mejor vida. Como lo reconoce la ley china, los trabajadores necesitarán cierta capacidad organizativa para perseguir sus propios intereses, ni siquiera el dictador más poderoso puede llegar a todos los lugares de trabajo en un país de 1.400 millones.

La lista de los 32 activistas represaliados


• Mi Jiuping, trabajador de Jasic, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Yu Juncong, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Liu Penghua, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Li Zhan, acusado de delito penal y a la espera de juicio desde julio.
• Shen Mengyu, graduado en la Universidad Sun Yat-sen, desaparecido forzoso desde agosto.
• Yue Xin, graduada de la Universidad de Peking, desaparecida forzoso desde agosto.
• Gu Jiayue, graduado de la Universidad Peking, en arresto domiciliario desde agosto.
• Xu Zhongliang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Zheng Yongming, graduado de la Universidad Agrónoma de Nanjing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Shang Kai, editor del medio de izquierdas HongSeCanKao, detenido en agosto.
• Fu Changguo, empleado del centro de los trabajadores “Da Gong Zhe”, detenido desde agosto
• Yang Shaoqiang, graduado de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Beijing, en arresto domiciliario desde agosto.
• Tang Jialiang, estudiante de posgrado del Instituto de Tecnología de Beijing, detenido a principios de septiembre
• Wu Lijie, editor del medio izquierdista HongQi, detenido el 24 de octubre.
• Zhang Shengye, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Sun Min, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Guangzhou.
• Zong Yang, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Liang Xiaogang, trabajador solidario, detenido en Shanghai el 9 de noviembre.
• Tang Xiangwei, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Shiyou, trabajador solidario, detenido en Wuhan el 11 de noviembre.
• Zheng Yiran, graduado de la Universidad de Peking, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Lu Daxing, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Nanjing, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Li Xiaoxian, graduada en Medicina China en la Universidad de Nanjing, detenida el 9 de noviembre en Beijing.
• He Pengchao, graduado de la Universidad de Peking, fundador del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Beijing.
• Wang Xiangyi, graduada de la Universidad de Peking, fundadora del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Jian Xiaowei, graduado en la Universidad de Remin, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Kang Yanyan, graduado de la Universidad de Ciencias y Tecnologías de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Hou Changshan, graduado en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Wang Xiaomei, graduada en la Universidad de Ciencias de la Información y Tecnología de Nanjing, personal del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• He Xiumei, simpatizante del Centro Social Obrero Qing Ying Dreamworks, detenida el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Zou Liping, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.
• Li Ao, miembro de un sindicato local, detenido el 9 de noviembre en Shenzhen.

 

Revista Jacobin

Traducido por Luisa Cervantes

publicado
2018-11-27 13:16:00

Artículo original: Jacobin Magazine

Publicado enInternacional
ETB: deprecian la empresa para propiciar su venta

En la madrugada del 27 de junio de 2018 varias centrales de trabajo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB– amanecieron cercadas por la policía y el escuadrón móvil antidisturbios Esmad. Al tiempo que las directivas de la empresa iniciaron un despido masivo que hasta el momento deja a más de 40 trabajadores y trabajadoras sin empleo.

Con la excusa de “eficiencia y productividad”, las directivas de la ETB despidieron sin justa causa a casi 50 trabajadores y trabajadoras en la mañana del 27 de junio del 2018. Cabe señalar que este argumento de eliminar puestos para aumentar productividad lo utilizan desde el 2016, cuando después del anuncio de la venta de la empresa fueron despedidos casi un centenar de trabajadores de nivel ejecutivo, debido a la supuesta necesidad de hacer un corte presupuestal.


En esta ocasión las directivas fueron cuidadosas y para evitar ser señaladas de despidos masivos, solo despidieron al 5 por ciento del personal. Sin embargo, las razones que acompañan estos despidos despiertan serias inquietudes en los sindicatos de la ETB, cuyos voceros aseguran que las supuestas pérdidas económicas que argumentan las directivas son una estrategia para acelerar la desvalorización de la empresa e iniciar nuevamente su proceso de venta.


Alejandra Wilches, vocera de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines –Atelca–, declaró para desdeabajo que como sindicato “nosotros hemos argumentado en medios que no es cierto que se estén generando pérdidas, sino que se está depreciando de manera acelerada la empresa”, lo cual pone nuevamente en evidencia el afán de la alcaldía de Enrique Peñalosa por privatizar las pocas empresas públicas que le quedan al distrito.


Por su parte William Sánchez, afiliado a Sintrateléfonos, aseguró que esta situación se presenta por retaliaciones por parte del Alcalde Mayor, debido al cabildo popular realizado en el 2016 para impedir la venta de la empresa, y el más reciente apoyo de Sintrateléfonos al proceso de revocatoria del mandato de Peñalosa.


En un comunicado emitido por la ETB se lee: “el costo del personal sobre los ingresos corresponde casi al doble frente a la competencia. La empresa tiene una menor productividad con respecto a los competidores debido, entre otras, a que tiene una carga prestacional superior al mercado; el horario laboral de su planta operativa oscila entre 36 y 40 horas semanales cuando el trabajador colombiano debe cumplir 48 y el gasto anual para cubrir los beneficios de la convención colectiva de los dos sindicatos de la empresa supera los $65.000 millones”. Párrafos más adelante menciona que “la empresa insistió sin éxito en reducir las cargas laborales y así evitar llegar a esta situación por lo cual se ve en la necesidad de tener que eliminar algunos cargos”.


Palagras que esconden la realidad, pues lo que realmente dicen es que como los sindicatos no accedieron a las presiones de las directivas para aumentar la carga laboral de los empleados, estas decidieron eliminar los puestos del 5 por ciento de los trabajadores de la ETB, como una medida de coacción para los trabajadores y trabajadoras.


En el curso del miércoles 28 de junio, Atelca y Sintrateléfonos citaron una reunión extraordianaria de sus Juntas Directivas para evaluar la situación ante la cual se enfrentan. A la hora de terminar este escrito (4:56 pm) no han explicado cómo enfrentaran la arremita patronal.

 

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En Bogotá, trabajadores del Distrito Capital en defensa de sus derechos

No es común que los trabajadores de planta de la Alcaldía de Bogotá salgan a la calle para hacerse sentir. Pues bien, este 22 de marzo realizaron un mitin al frente del Palacio Liévano, sede de la administración capitalina. Allí, bien trajeados y dispuestos, cerca de 600 trabajadores y trabajadoras respondieron al llamado de las centrales y federaciones que los aglutinan. Su propósito: defender sus derechos laborales.


Los puntos de reivindicación que los motivaron a manifestarse frente a las narices de una de las alcaldías más desprestigiada de los últimos años, parten del hecho de que en el juzgado 51 administrativo de Bogotá cursa una Acción Popular con la cual pretenden despojar a todos los niveles de empleos asistenciales, técnicos, profesionales y directivos de: prima Técnico profesional (40% asignación básica), prima de junio de 37 días, prima de vacaciones de 37 días, reconocimiento por permanencia (18%), bonificación por servicios prestados, prima sectorial (2%), prima de desgaste y alto riesgo visual; gastos de representación, prima técnica médicos y odontólogos especializados del sector de salud medio tiempo, prima secretarial, afectación negativa de cesantías y liquidación de la pensión.


Un pliego en proceso. Es necesario recordar que desde el 28 de febrero las diferentes organizaciones sindicales del sector público, a lo largo y ancho del país, se encuentran en proceso de negociación colectiva, después de presentar pliegos regionales y municipales ante la respectiva administración de sus entidades, en cumplimiento de los Decretos 1092 de 2012 y 160 de 2014, que regulan los procedimientos de la negociación colectiva al interior de las entidades del Estado.


En el evento también hicieron presencia los concejales del Polo Manuel Sarmiento y Celio Nieves por medio de su asesora Elizabeth Fuentes, quienes en sus intervenciones se comprometieron en realizar un debate de control político en el Concejo Distrital contra la administración de Bogotá por sus diferentes incumplimientos con la sociedad capitalina, el reiterado remolino de aseveraciones falaces en que se envuelve la figura del Alcalde, así como la inconsistente ejecución de políticas no contempladas desde el inicio de su campaña, amañando incluso su proceso de revocatoria.


Hay que decir que la puesta en marcha de esta acción popular por parte de la alcaldía que encabeza Enrique Peñaloza es un acto claramente ofensivo que pretende el desmonte del régimen salarial y prestacional del cual gozan los trabajadores distritales, régimen logrado a partir de sus propias conquistas y de los acuerdos que desde el 2013 le disputan al gobierno; que aunque ya sobrepasan el 60 por ciento de incumplimiento, significan importantes mejoras en sus condiciones laborales desde que los trabajadores del sector estatal gozan del derecho de negociación. Esta ofensiva de la Alcaldía es un ataque más en contra del sindicalismo colombiano, tan golpeado desde hace más de 30 años por la violencia, la cooptación y la cultura antisindical fomentada históricamente por el poder hegemónico en Colombia.


Los trabajadores de la ciudad exigen el cumplimiento del acuerdo laboral estatal distrital, con la firma del decreto que regularice el régimen salarial y prestacional del Distrito Capital. Al tiempo que así actúan, suman fuerzas para volver a levantar propuestas que renueven el movimiento sindical, lo articulen con otras comunidades afectadas por este modelo de ciudad y proyecten en Bogotá un movimiento social fortalecido por la valía de todos los derechos que merecemos para habitarla con dignidad.

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Miércoles, 28 Febrero 2018 06:01

Un acuerdo comercial sin consenso

Un acuerdo comercial sin consenso

La Confederación Europea de Sindicatos y Centrales Sindicales del Cono Sur expresaron su rechazo a “un tratado que perjudica a los países de menor desarrollo relativo”. Sucede a un duro cuestionamiento de centrales industriales del Mercosur.

 

Los sindicatos del Mercosur y la Unión Europea expresaron su rechazo al acuerdo de libre comercio que negocian los gobiernos de los bloques regionales. “No aceptaremos el acuerdo en las actuales condiciones ya que se perfila como un tratado que perjudica a los países de menor desarrollo relativo a ambos lados del Atlántico en su industria nacional, en la promoción de la producción y del trabajo decente”, advierte el comunicado que lleva la firma de Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos. Las advertencias realizadas por los gremios se suman así a la inusual manifestación conjunta elevada a las autoridades negociadoras desde las principales cámaras industriales de los cuatro países sudamericanos. La dura declaración empresaria firmada por la Unión Industrial Argentina y la CNI de Brasil exige transparencia en las negociaciones, la preservación de los mecanismos de protección para los sectores afectados por la apertura comercial y el reconocimiento de las diferencias de desarrollo entre ambos bloques.


La CGT y las dos CTA forman parte del espacio gremial sudamericano que se manifestó en contra del acuerdo, pero las tres centrales argentinas emitieron además su propio documento cuestionando las negociaciones birregionales que tienen lugar en Asunción. “La firma es la sentencia de muerte de nuestra industria nacional”, afirmaron al advertir las transformaciones negativas que tendrá para sectores sensibles. Un estudio realizado por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior que depende de la UMET estimó que el proceso de desregulación y reducción de aranceles previstos en el tratado pone en riesgo 11 de cada 100 empleos en actividades fabriles nacionales. Los puestos argentinos en peligro son 186 mil. Las pérdidas estarán concentradas en metalmecánica, calzado, textil, marroquinería, muebles, autopartes, química y automotores.


Las declaraciones conjuntas de sindicatos y cámaras empresarias expresando su rechazo al acuerdo de libre comercio coincidieron con el nuevo intento de ambos bloques por cerrar las negociaciones. La semana pasada la secretaria de Estado de Comercio española, María Luisa Poncela, afirmó que “estamos en un punto muy cercano a cerrar el acuerdo, aspiramos a cerrarlo en las próximas semanas”. Con el fracaso de las negociaciones de diciembre en Buenos Aires, la fecha tentativa para la firma del acuerdo se postergó a marzo. El renovado apuro de los negociadores busca anticiparse a las elecciones en Brasil ya que una eventual victoria del precandidato del PT, Lula da Silva, podría frustrar los consensos alcanzados tras el advenimiento de los gobiernos de Mauricio Macri y Michel Temer.


“No aceptaremos el acuerdo en las actuales circunstancias y condiciones, ya que no se perfila un auténtico acuerdo de asociación justo y equilibrado”, considera el texto firmado por los sindicatos europeos y sudamericanos. “Ante las declaraciones públicas de los gobiernos sobre su voluntad de finalizar la negociación en las próximas semanas, la Unión Europea aún no ha finalizado el estudio de impacto sobre sus sectores sensibles y los países del Mercosur ni siquiera han comenzado estudios análogos que permitan tomar medidas de protección productiva, de mitigación en materia de empleo y dislocación socioeconómica y acciones de resiliencia propias de la transformación comercial y productiva que este Acuerdo implica”, advierte el texto que también está acompañado por centrales sindicales bolivianas y venezolanas.

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