Venezuela denunció ante la ONU el "bloqueo naval" de EEUU

Venezuela presentó una queja formal contra Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La carta presentada por el gobierno venezolano denuncia el envío que hizo el presidente Donald Trump de buques de guerra a la región del Caribe. Días atrás el gobierno norteamericano había emitido una orden de detención contra Nicolás Maduro . Venezuela calificó las acciones de Estados Unidos como una "monstruosa agresión". Además sostuvieron que la administración Trump busca una transición política forzosa en el país.

Según Trump el despliegue de tropas forma parte de una operación antinarcóticos diseñada para frenar el tráfico de drogas en la región. La iniciativa militar está bajo el control del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, y supuso la intervención de buques de guerra, aeronaves y tropas en la zona del Caribe y el Pacífico. Para Venezuela, en cambio, es una plan genocida coordinado entre la administración Trump y Colombia. "Desvían recursos financieros, materiales y humanos que deberían usarse para salvar a sus propios pueblos", denunció el embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, en su cuenta de Twitter.

El funcionario publicó una copia de la carta al Consejo de Seguridad de ONU en la que señala que la operación tendrá "desastrosas consecuencias". "Denunciamos la monstruosa campaña de agresión militar de Trump y (el presidente de Colombia, Iván) Duque contra Venezuela en momentos en que todos los pueblos del mundo son azotados por la peor pandemia en cien años", añadió el embajador. Venezuela exige al Consejo que actúe contra la política "belicista" de Estados Unidos. Además sostienen que ese país hizo acusaciones "infames" contra el presidente Maduro, y califican como  una "irresponsabilidad suprema" desviar la atención de la pandemia por el coronavirus.

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Al borde del desastre. Venezuela entre el conflicto político y la crisis del sistema de salud.

El sistema de salud venezolano llega a la coyuntura actual en una situación dramática. Mientras, el régimen y la oposición dejan escapar otra oportunidad para lograr una tregua y Estados Unidos recrudece sus ataques.

Desde Caracas.El coronavirus estuvo a punto de lograr lo impensable: un acuerdo entre la oposición y el gobierno venezolanos. En pleno escándalo mundial por la pandemia, Henrique Capriles, excandidato presidencial, abrió, el 25 de marzo, la posibilidad de que se llegue a un acuerdo entre oposición y gobierno para enfrentar la situación. Esa misma noche hubo dos reacciones casi paralelas. Nicolás Maduro aceptó: “Estoy de acuerdo con el planteamiento de Capriles”. Y entonces pidió al nuncio apostólico que sirviera de mediador y prestara la sede del Vaticano en Venezuela para entablar una reunión, lo más pronto posible, con los diferentes actores de la oposición. Pocos minutos más tarde, Juan Guaidó dijo estar dispuesto a hacer todo lo necesario, en un reconocimiento implícito de la necesidad de llegar a un acuerdo, aunque mantuvo reservas y planteó condiciones en torno a la distribución de la ayuda humanitaria, que, según él, debe ser realizada por organismos multilaterales y no por el gobierno de Maduro.

Previamente había habido gestos de distensión. Henry Ramos Allup, presidente de Acción Democrática, el principal partido de oposición, anunció el 10 de marzo que abandonaría la línea radical y abstencionista seguida hasta el momento y acudiría a las elecciones parlamentarias de este año. También en el ámbito internacional se vislumbra un nuevo panorama: el 23 de marzo la Unión Europea hizo público su pedido de que el Fondo Monetario Internacional financie a Venezuela e Irán en esta coyuntura y cesen las sanciones estadounidenses contra Caracas y Teherán. Sanciones que, en palabras de Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, “les impiden obtener ingresos por la venta de petróleo”. El secretario general de la Onu, António Guterres, también pidió que se ceda en las medidas coercitivas. Hasta allí parecía sobrevenir un apaciguamiento en la escalada de ataques y un posible escenario de diálogo, aunque fuera mientras durara esta coyuntura mundial.

Trump, otra vez 

A pocas horas de abierto ese escenario, el día 26 de mañana, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció, en una conferencia de prensa del fiscal general William Barr, la presentación en tribunales de cargos contra el presidente Maduro y algunos de sus colaboradores por delitos de “narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos”. Acto seguido, puso precio a la cabeza del mandatario venezolano y a las de otros funcionarios y exfuncionarios. Como era de esperarse, la declaración del fiscal, luego corroborada por Trump en pleno vendaval viral, canceló cualquier intento de negociación y disparó discursos radicales de las partes enfrentadas en Caracas.

El gobierno de Trump pasó así de activar su radar financiero para bloquear a Venezuela en recursos, compras y ventas de petróleo, a dar luz verde a todo tipo de acción violenta que busque asesinar o capturar a Maduro y los suyos. Más que una salida militar, se trata de revivir las opciones parapoliciales a las que nos acostumbran las películas de la industria cultural más comercial. Esto sucede al lado de Colombia, un país sembrado de fuerzas irregulares, y a pocos días de que el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones confesara a las autoridades colombianas (luego del decomiso de un arsenal en el noreste de ese país) que planeaba invadir Venezuela junto con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro. Paradójicamente, el general aparecía en la lista de personeros buscados por el Departamento de Justicia y a los pocos días viajó bajo arresto de Colombia a Estados Unidos.

A riesgo de que la situación resulte aún más esquizoide, a los pocos días, el 31 de marzo, con un planteo más civilista pero igual de prepotente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, propuso la conformación en Venezuela de un consejo de Estado conformado por el chavismo y la oposición, sin Guaidó ni Maduro, que se encargue de fijar nuevas elecciones. La figura no está contemplada en la Constitución venezolana y ya ha sido rechazada por el canciller Jorge Arreaza.

La respuesta de Miraflores no se ha hecho esperar. La fiscalía venezolana citó a Guaidó para que declare el jueves 2 de abril. Es posible que el líder opositor quede preso bajo sospecha por el caso de las armas incautadas en Colombia. Con Guaidó detenido sólo cabría esperar una escalada mayor entre Caracas y Washington.

No debe perderse de vista que, aunque la actitud belicosa de la administración Trump luce desproporcionada en la actual coyuntura sanitaria mundial, la campaña presidencial en Estados Unidos sigue en marcha. El tema Venezuela es clave en el voto latino del estado de Florida, un territorio relevante en cuanto a lo electoral.

En ese contexto deben leerse las palabras de Carrie Filipetti, subsecretaria de Estado para Cuba y Venezuela, quien ha dicho en los últimos días que Venezuela es un riesgo para la región y puede convertirse en un foco de la pandemia y un peligro para los países vecinos. Es un discurso llamativo en boca de una representante del gobierno estadounidense si se tienen en cuenta los datos oficiales sobre el covid-19: al cierre de esta edición, Venezuela tenía 150 casos y tres muertes por coronavirus, mientras que Estados Unidos tiene 240 mil casos y 5.600 muertes.

Colapso del sistema de salud

De todos modos, estos enfrentamientos se producen no sólo en el marco de las elecciones estadounidenses, sino también con un telón de fondo marcado por la objetiva debilidad de Venezuela en materia de salud pública. La salud venezolana ya estaba en una profunda crisis y podría verse desbordada rápidamente con la propagación del coronavirus.

Algunas relatorías de la Onu, como la publicada en noviembre de 2019 por el secretario general adjunto para Asuntos Humanitarios, Mark Lowcock, plantean que “el sistema de salud venezolano está al borde del colapso y muchos hospitales carecen de la infraestructura básica de agua y electricidad”. “Los pacientes hospitalizados, muchos de los cuales ya están gravemente enfermos, corren un alto riesgo de perder la vida a causa de las nuevas infecciones que adquieren mientras están en el hospital, ya que no es posible realizar una limpieza y de-sinfección básicas. Esto se agrava por la falta de medicamentos y la escasez de médicos y enfermeras para administrarlos. Enfermedades prevenibles, como el paludismo y la difteria, han vuelto con mucha fuerza. Las personas con enfermedades crónicas están entre las más vulnerables.”

En ese escenario, la Federación Médica Venezolana y otras organizaciones sociales alineadas con la oposición han señalado que los 46 hospitales públicos designados por el gobierno para encargarse de los casos de coronavirus no cuentan con las condiciones necesarias para atender a los pacientes. Lo cierto es que, por más que el gobierno se vanaglorie de una supuesta fortaleza en la esfera de la salud debido al apoyo de sus aliados (Cuba y China, entre ellos), el sistema sanitario sufre un gran deterioro. Si extrapolamos a Venezuela el nivel de demanda médica generada por el coronavirus en España e Italia, ya no estaremos hablando de un colapso, sino de un desastre en todos los planos de la vida nacional.

2 abril, 2020

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Palestina: palabras y narrativas (III y Última)

Pellízquenme una vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno mostraba el mapa de Palestina, toda "comida" respecto al plan de partición de la ONU (1947), un surreal archipiélago de islas fragmentado por colonias, caminos exclusivos, muros y retenes militares, fruto de décadas de colonización e imparable crecimiento de asentamientos ilegales –y muestra visual que la "solución de Dos Estados" (Oslo, 1993) era una quimera para ir acaparando más tierra palestina−, le decían que "estaba exagerando", "boicoteando el proceso de paz" (sic), y "que al final esto no se iba a ver así". Todo a pesar de que las "ofertas" israelíes –sean de derecha o de izquierda− a los palestinos siempre contemplaban "algo menos que un Estado" (bit.ly/2w5mFoQ) muy al estilo de los bantustanes ( homelands) sudafricanos diseñados por el régimen de apartheid para fragmentar e ir marginando a la población negra desposeída de derechos políticos (bit.ly/2Utsjdw). Ahora que el Acuerdo del Siglo de Trump y Netanyahu presenta el mismo mapa, una verdadera cartografía de la opresión sazonada con patéticas proyecciones y anotaciones (bit.ly/3bFLGpQ) virtualmente indistinguible del mapa de los bantustanes (bit.ly/2wNn13H) como "logro", "progreso" y "parte del cambio de narrativa para resolver el conflicto", uno no sabe si reírse o llorar. Pellízquenme otra vez porque no me lo estoy creyendo. Cuando por años uno usaba la palabra apartheid para describir la realidad que vivían los palestinos bajo la ocupación israelí (bit.ly/2xyVXp0) se le decía no sólo que "exageraba", sino que dicha analogía era "inaceptable" (bit.ly/2WUMxys). Ahora que el plan de Trump-Netanyahu con su "visión" de Palestina como un "no-Estado" basado en segregación y control racial calculado para sofocar la liberación palestina y el derecho a la autodeterminación (bit.ly/2UuqQ72) y el término apartheid irrumpió en el mainstream –desde un ex embajador israelí en Pretoria usando la paralela para advertir correctamente “que intentos de crear estados ficticios para ‘lavar’ un régimen opresivo no funcionaron en Sudáfrica y no funcionarán en ningún lugar” (bit.ly/2URsPRz) hasta un grupo de políticos europeos que antes jamás se atrevieron a decirle algo a Israel alertando hoy que el Acuerdo “es el camino recto al apartheid” (bit.ly/2UWAHBE)− uno no sabe si seguir riendo o limpiarse las lágrimas.

Tal vez más vale tarde que nunca.

Pero para que todo no sea tan simple, N. Chomsky –al final un lingüista que trabaja con palabras− desde hace años suele alertar “que la situación en Palestina es mucho peor que el apartheid”; J. Dugard un jurista sudafricano y autor de un reporte sobre los territorios ocupados (ONU, 2004) enfatizaba que “el régimen israelí de apartheid es peor que el sudafricano”; también A. Mbembe, el filósofo camerunés afincado en Sudá-frica, afirmando que la situación en Palestina evoca a bantustanes, subraya que “la metáfora de apartheid no alcanza a reflejar la especificad del proyecto israelí de separación” y que “dado su carácter high-tech, los efectos en el cuerpo palestino son mucho más graves que las del sistema relativamente primitivo sudafricano”: "la dialéctica de proximidad-distancia y el control nunca alcanzaron allí niveles tan paroxísticos como en Palestina" (bit.ly/36UNR5N).

He aquí la paradoja: la analogía del apartheid −sin dejar de ser correcta− se queda a la vez corta y "demasiado optimista". Si bien refleja bien el "componente racial" de la ocupación y la colonización israelí –los "mitos raciales", como bien apunta J. Massad son fundamentales para todos proyectos de colonialismo de asentamientos (bit.ly/2wJjCmB)−, contiene una falacia que nos lleva a asumir el mismo desenlace: que igual la combinación de presiones internas y externas (p.ej. la campaña BDS modelada en Sudáfrica) hará que "esta injusticia implosionará" –como insiste p.ej. R. Kasrils un ex combatiente antiapartheid que ve el Acuerdo como “un clon del apartheid” (bit.ly/2Jturf7)– mientras las dos situaciones no son iguales (¡Mbembe!). Tampoco los contextos internacionales: si bien "la cuestión palestina" no es tan passé como quieren algunos (bit.ly/2P3ces7) y mantiene su relevancia universalista (bit.ly/3cv9YnJ), Sudáfrica nunca estuvo tan sola como hoy lo parece Palestina (bit.ly/39zncwI).

Y finalmente esto:coronavirus”, una nueva palabra que está poseyendo al mundo mientras nos pellizcamos tratando de comprender lo que está pasando. Como bien recuerda M. Davis el impacto de la epidemia de la gripe española (1918-1919) en India −que registró 60 por ciento de muertos a escala mundial− fue agravado por la mezcla de la "huella" del colonialismo británico (requisiciones de granos, etcétera) y la sequía (bit.ly/341QYt1); igualmente, en el caso de Cisjordania y Gaza, el impacto del colonialismo israelí –al final los bantustanes fueron modelados en colonialismo británico y reservaciones indígenas en Canadá− hace a la población palestina sumamente vulnerable, si no indefensa frente a la epidemia (bit.ly/3bRUOb1). El otro día, siguiendo con la política de ir comiendo más tierra palestina, el ejército israelí demolió un hospital de campo para los palestinos afectados por el Covid-19 en Izbiq, en el Valle de Jordán, que el Acuerdo del siglo le permite anexar y deshacerse de la población "sobrante". ¿Será porque para Israel los palestinos siempre serán una especie de plaga?

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Plan golpista del Departamento de Estado de EE.UU.

La extorsión a Venezuela crece 

EE.UU. planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, que excluya a Maduro y a Guaidó.

 

El ajedrez golpista se acelera en tiempo de pandemia. Estados Unidos, al frente de la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro, dio un nuevo paso: planteó la creación de un “Consejo de Estado para un gobierno de transición”, en el cual no estén ni Maduro ni el líder opositor Juan Guaidó, que convoque a elecciones presidenciales antecedidas por el levantamiento del bloqueo.

El anuncio fue dado por el secretario de Estado, Mike Pompeo y los detalles publicados por el Departamento de Estado bajo el título de “Marco de transición democrática para Venezuela”.

La hoja de ruta planteada por EE.UU. sostiene que la Asamblea Nacional (AN) encabezada por Guaidó, debe nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral, un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y crear el Consejo de Estado que se convierta en poder ejecutivo. Ese Consejo sería conformado por cuatro miembros de la AN -pudiendo participar los diputados del chavismo- que a su vez designaría al quinto integrante para desempeñarse como presidente.

Una vez asumidos todos los poderes presidenciales por el Consejo, y con la salida de “las fuerzas de seguridad extranjera”, EE.UU. levantaría las sanciones “contra el gobierno, PDVSA y la industria petrolera”. Finalmente, el Consejo de Estado, convocaría  elecciones legislativas y presidenciales en un lapso de seis a doce meses, y, luego de su realización, se quitarían las “sanciones restantes”.

La arquitectura de transición creada por EE.UU. busca sostenerse sobre la figura del Consejo de Estado que aparece en el artículo 251 y 252 de la Constitución. Sin embargo, el texto constitucional afirma que dicho órgano es de consulta de Gobierno y no para reemplazar a un presidente, y el sistema de elección descrito por EEUU no es el que dicta el texto constitucional.

La dimensión legal y constitucional es, en realidad, secundaria. Las palabras de Pompeo y de Elliot Abrams, enviado especial para el expediente Venezuela, se dan cinco días después de que el Fiscal General, William Barr, anunció una recompensa de 15 millones de dólares por Maduro y 10 millones por Diosdado Cabello.

El denominado “marco de transición” aparece en este contexto como un intento de ofrecer una salida o claudicación donde sean apartados Maduro, Cabello, y algunos dirigentes más, pero no toda la dirección. El texto del Departamento de Estado afirma que el “alto mando militar permanece en el lugar durante el gobierno de transición”, al igual que gobernadores y alcaldes, y no excluye al Partido Socialista Unido de Venezuela del nuevo tiempo político.

Según los cálculos de correlación de fuerza que maneja EE.UU., se ha llegado al punto de cerco tan grande que podría darse la ruptura interna. Esa lectura se basa sobre un factor central: la economía y, en particular, la situación de los precios petroleros que llevan varias semanas de caída sostenida. El presidente Maduro afirmó que el precio de venta del barril venezolano no cubre su costo de extracción, lo que, en la economía venezolana representa un impacto transversal y profundo.

La perspectiva de una mejora de los precios es aún lejana debido a la crisis económica global dentro de la cual se enmarca la baja de la demanda petrolera, un exceso de producción, una progresiva saturación de los almacenamientos, y una baja de los precios sobre el marco de una falta de acuerdo entre Arabia Saudita y Rusia, y un diálogo incipiente entre Donald Trump y Vladimir Putin al respecto.

La combinación de bloqueo económico y caída petrolera conforma así un cuadro de gran dificultad para la economía venezolana. Sin embargo, el gobierno venezolano cuenta con el respaldo, por ejemplo, de Rusia, donde, entre otras cosas, el gobierno de Putin ha comprado los activos de la petrolera Rosneft en Venezuela.

No sería la primera vez que Washington realice un cálculo equivocado respecto a la situación en Venezuela. La misma conformación de un gobierno paralelo con Guaidó a la cabeza, incapaz de llevar adelante la transición anunciada, fue la expresión de un error de esa naturaleza.

No resulta sorpresivo que su figura sea puesta de lado en el esquema del Consejo de Estado: Guaidó ha perdido progresivamente su capital político hasta quedar desdibujado ante la pandemia. Según Abrams, el pedido de renuncia de Guaidó responde al hecho de que quien presida el Consejo no podrá presentarse en las elecciones y, por lo tanto, quitar al autoproclamado permitiría que luego se presente.

Resulta improbable que este nuevo llamado norteamericano genere un quiebre interno. Su presentación puede en cambio leerse, por ejemplo, como la preparación del terreno que seguiría a la salida de Maduro planificada través de una operación encubierta. Esa hipótesis volvió a verse evidenciada la semana pasada cuando fue desmontada una operación militar que se preparaba desde Colombia.

Por esa misma operación el Ministerio Público llamó a Guaidó a presentarse el próximo jueves. Esa citación puede transformarse en un nuevo momento de elevación de las tensiones ya que seguramente Guaidó no acudirá.

Este escenario deja claro que el escenario de pandemia, en lugar de permitir un diálogo y levantamiento del bloqueo -como pidió, entre otros, el Grupo de Puebla o Michelle Bachelet- ha generado que Estados Unidos busque acelerar el desenlace con ofertas millonarias de información, captura y muerte_la semana pasada ofreció quince millones de dólares por la cabeza de Maduro-, así como con una asfixia económica utilizada como moneda extorsiva.

Paso a paso, los 13 puntos y las 2 garantías para la transición democrática de Venezuela que propuso Estados Unidos

El Departamento de Estado norteamericano presentó la hoja de ruta para que el régimen latinoamericano deje el poder. Dentro del programa existen señales inequívocas para gran parte de la actual administración

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, presentó este martes en Washington un Marco de Transición Democrática para Venezuela e instó al dictador Nicolás Maduro y al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por Washington como mandatario interino, a hacerse a un lado para celebrar nuevas elecciones.

Luego de más de un año de esfuerzos liderados por el gobierno de Donald Trump para sacar del poder a Maduro, Pompeo dijo en una rueda de prensa que en Venezuela ambas partes deberían establecer un gobierno de transición encabezado por un Consejo de Estado para organizar los comicios en un plazo de 6 a 12 meses. Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus.

Cómo es el plan presentado por el Departamento de Estado norteamericano:

1 - El pleno retorno de todos los miembros de la Asamblea Nacional (AN); la Corte Suprema (TSJ) levanta la orden de rebeldía y restablece todos los poderes a la AN, incluidas las inmunidades para los diputados; la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se disuelve. Estados Unidos levanta las sanciones impuestas a los miembros de ANC debido a su membresía a la ANC.

2 - Todos los presos políticos son liberados de inmediato.

3 - Todas las fuerzas de seguridad extranjeras parten de inmediato a menos que estén autorizadas por 3/4 de los votos de la AN.

4 - La AN elige nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y TSJ que son aceptables para todos los partidos o coaliciones de partidos que representan el 25% o más de los miembros de AN. Esto otorgaría al PSUV y a la coalición multipartidista de Guaidó un veto sobre el personal para cualquiera de estos puestos. Tras la selección de un nuevo CNE y TSJ, los Estados Unidos levantan las sanciones impuestas a los ex miembros del CNE y TSJ debido a su membresía en esos cuerpos.

5 - La AN aprueba la Ley del “Consejo de Estado”, que crea un Consejo de Estado que se convierte en el poder ejecutivo. Cada partido o coalición de partidos con un 25% o más de miembros de AN selecciona dos miembros del Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser un gobernador del estado. Los cuatro miembros del Consejo de Estado luego seleccionan a un quinto miembro, que será Secretario General, y que se desempeña como Presidente interino hasta las elecciones y no se les permite ser candidatos para presidente en las elecciones. Los miembros del consejo no pueden ser miembros de AN o TSJ. Las decisiones del Consejo de Estado se tomarán por mayoría de votos. Un miembro de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela (FANB) servirá como Asesor Militar del Consejo de Estado.

6 - Todos los poderes asignados al Presidente por la Constitución serán conferidos exclusivamente al Consejo de Estado. Los Estados Unidos y la UE levantarán las sanciones contra aquellos que reclamaron las autoridades presidenciales que se impusieron debido a que mantuvieron sus cargos anteriores una vez que el Consejo de Estado está funcionando y esas personas renuncian a cualquier reclamo adicional para ocupar cargos ejecutivos y reconocen al Consejo de Estado como el Poder ejecutivo exclusivo.

7 - Una vez que se establece el Consejo de Estado y las fuerzas de seguridad extranjeras se han marchado (a menos que se apruebe por 3/4 de voto en la AN), se suspenden las sanciones de los Estados Unidos contra el Gobierno de Venezuela, PDVSA y el sector petrolero.

8 - El Consejo de Estado nombra nuevo gabinete. Los Estados Unidos levanta las sanciones a los ex miembros del gabinete debido a sus cargos anteriores. Estados Unidos también levanta las sanciones a los miembros de la FANB que se basan en su posición en la institución.

9 - La comunidad internacional brinda apoyo humanitario, electoral, de gobernanza, desarrollo, seguridad y económico, con un enfoque inicial especial en el sistema de atención médica, el suministro de agua y electricidad. Los programas de bienestar social existentes, que ahora se complementarán con el apoyo internacional, deben ser igualmente accesibles para todos los ciudadanos venezolanos. Las negociaciones comienzan con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo para los principales programas de apoyo.

10 - Se establece una Comisión de la Verdad y la Reconciliación con la tarea de investigar los actos graves de violencia ocurridos desde 1999, e informa a la nación sobre las responsabilidades de los perpetradores y la rehabilitación de las víctimas y sus familias. La Comisión tiene cinco miembros, que son seleccionados por el Secretario General de las Naciones Unidas con el consentimiento del Consejo de Estado. La AN adopta una ley de amnistía consistente con las obligaciones internacionales de Venezuela, que abarca crímenes de motivación política desde 1999, excepto crímenes contra la humanidad. Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú retiran el apoyo a la remisión de la Corte Penal Internacional.

11 - El Consejo de Estado establece una fecha para elecciones presidenciales y AN simultáneas en 6-12 meses. Cualquier ciudadano venezolano elegible de conformidad con la Constitución de 1999 puede competir en las elecciones.

12 - Se celebran elecciones presidenciales y de la AN. Con el consenso de los observadores internacionales de que las elecciones fueron libres y justas, se levantan las sanciones estadounidenses restantes.

13 - La comisión bipartidista dentro de la AN se desarrolla para crear soluciones a largo plazo para rehabilitar la economía y refinanciar la deuda.

Garantías

1 - El alto mando militar (Ministro de Defensa, Viceministro de Defensa, Comandante del CEOFANB y Jefes de Servicio) permanece en el lugar durante el gobierno de transición.

2 - Las autoridades estatales o locales permanecen vigentes durante el período de transición.

El futuro de Guaidó

El Secretario de Estado señaló que los objetivos de Estados Unidos no han cambiado, y dijo que Guaido podrá presentarse en las elecciones futuras, mientras que Maduro debe abandonar el poder. “Hemos dejado claro todo el tiempo que Nicolás Maduro nunca volverá a gobernar Venezuela”, dijo Pompeo a los periodistas. Además aclaró que el presidente del Consejo de transición no podría postularse para presidente en esas elecciones.

Consultado sobre si Guaidó podría ser candidato en los nuevos comicios, Pompeo contestó: “Absolutamente sí”. “Es el político más popular en Venezuela, creo que si se celebraran elecciones hoy, le podría ir increíblemente bien”, apuntó, destacando que Estados Unidos sigue “apoyándolo”. “Cuando armamos este camino hacia la democracia, trabajamos estrechamente con él”, agregó.

Pompeo dijo también que si se cumplen todas las condiciones del programa presentado por Estados Unidos se podrían levantar todas las sanciones a la nación sudamericana y recordó que las sanciones actuales no impiden el envío de ayuda humanitaria, algo especialmente urgente en el marco de la emergencia del coronavirus

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La presidenta taiwanesa, Tsai Ing-Wen, participa en un evento en Los AngelesRingo Chiu / Reuters

A pesar del último choque en torno a Taiwán, los dos mandatarios expresan mensajes de distensión sobre la crisis del coronavirus

La isla de Taiwán se ha convertido este viernes en el último motivo de fricción entre China y Estados Unidos, dos países en desacuerdo que, sin embargo, han mostrado en las últimas horas distensión en torno a la crisis del coronavirus, a través de una conversación entre Donald Trump y Xi Jinping. Después de que el presidente de EE UU firmara una ley que exige a su país aportar un mayor apoyo internacional a la isla, Pekín ha amenazado con represalias si la medida llega a aplicarse en algún momento. Mediante la nueva ley, que ha recibido amplio respaldo en el Congreso tanto entre republicanos como demócratas, el Departamento de Estado de EE UU tendrá que informar regularmente al Capitolio de sus pasos para fortalecer las relaciones internacionales de Taiwán, la isla autogobernada que China considera parte de su territorio y con la que Washington mantiene intensos lazos, aunque no relaciones diplomáticas formales.

El roce entre los dos países llega en momentos de tensión entre ambos debido a la gestión de la Covid-19 y reproches mutuos en torno a la manera de referirse al virus -“virus chino”, lo ha llamado el presidente Donald Trump- y su origen. Pekín insiste en que, aunque los primeros casos se detectaron en la ciudad china de Wuhan, “no necesariamente” la transmisión al ser humano comenzó allí. Un portavoz de Pekín llegó a sugerir que el patógeno podría tener origen estadounidense.

En una conversación telefónica entre Xi Jinping y Trump este viernes, el presidente chino lanzó un llamamiento al inquilino de la Casa Blanca a la unidad frente al coronavirus, que ya ha infectado a más de medio millón de personas en el mundo y ha causado la muerte a más de 23.000. Según informó la agencia estatal de noticias Xinhua, el líder chino pidió “una respuesta colectiva de la comunidad internacional” para hacer frente a la crisis sanitaria. Xi añadió que China “no perdió el tiempo” y “compartió inmediatamente la secuencia genética del virus con Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud”. Trump, en un tono conciliador, manifestó tras la charla que “China ha desarrollado una sólida comprensión del virus” y que los dos países están trabajando “estrechamente juntos”.

La medida que ha provocado el nuevo roce, denominada Ley de Iniciativa para la Protección Internacional y Mejora de los Aliados de Taiwán también obliga a EE UU a “alterar” su relación con los países que perjudiquen la seguridad o la prosperidad de Taiwán.

En la rueda de prensa diaria del Ministerio de Exteriores chino, el portavoz Geng Zhuang acusó a Estados Unidos de injerir de manera “burda” en los asuntos internos chinos con esta ley, que consideró que viola el Derecho Internacional y puede impedir que otros países desarrollen una relación normal con Pekín.

“Instamos a Estados Unidos a corregir sus errores, no poner en marcha esa ley u obstruir el desarrollo de relaciones entre otros países y China”, indicó Geng. “De otro modo, encontrará inevitablemente una respuesta decidida de China”, agregó el portavoz, que no aportó más detalles.

La isla, un Estado de hecho, mantiene relaciones diplomáticas con una quincena de países. Desde la llegada al poder en 2016 de la presidenta Tsai Ing-wen -reelegida este año-, acusa a Pekín de intentar arrebatarle estos aliados, la mayoría de ellos en América Latina o naciones isleñas del Pacífico, además del Vaticano. En las últimas semanas, cuando ha empezado a quedar controlada la epidemia de coronavirus en China, donde se detectaron los primeros casos, el Ejército chino ha intensificado sus maniobras militares en torno a la isla. China nunca ha renunciado a la fuerza como medio para lograr la unificación.

Pekín - 27 mar 2020 - 07:25 COT

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Lo que oculta la agenda bilateral para reducir suministro de cocaína entre Trump y Duque

La Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca (Ondcp) y la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 5 de marzo de 2020 lideraron un diálogo con el gobierno de Colombia acerca de antinarcóticos, para establecer un agenda bilateral de -grupo de acción gubernamental para reducir los altos niveles de cultivo de coca y producción de cocaína en un 50 por ciento para fines de 2023.

“El foco de la discusión fue expandir los resultados del programa integrado de erradicación de coca de Colombia al garantizar el uso completo de todas las herramientas disponibles, incluida la erradicación manual, el desarrollo alternativo y un componente de aspersiones aéreas liderado por Colombia, respaldado por programas de desarrollo rural y seguridad rural”, anotó el comunicado de la Casa Blanca1.

Esto no es algo nuevo que proponga el gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de Colombia en la ‘perdida’ guerra contra las drogas, lo que sí aparece como nuevo –luego de meses de guardar silencio con el tema– es la propuesta de volver a las aspersiones con glifosato, suspendidas en 2015 en Colombia, cuando el gobierno de Santos acogió una advertencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que consideró ese herbicida como "probablemente cancerígeno". La negociación en curso, en ese momento con las Farc, también fue aliciente para ello.

¿A quién le hará caso el gobierno de Iván Duque? A Estados Unidos que desde 1971 –gobierno de Richard Nixon– instaló como uno de sus ejes de política exterior “la guerra contra las drogas”, la que pese al paso del tiempo no ha cumplido con sus propósitos pero sí ha militarizado infinidad de países, sumidos en espiral de violencia, o intentará ejecutar de manera eficiente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis), que está contemplado en el punto 4 del Acuerdo de Paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

La primera de las opciones –seguir arrodillados ante Donald Trump y el Estado norteamericano, como ha sido práctica centenaria de parte de la oligarquía colombiana– y retomar las aspersiones con glifosato implicaría retomar una política que no ha dado resultados, como en su momento lo resaltó la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso de Brasil, César Gaviria de Colombia y Ernesto Zedillo de México en su libro Drogas y democracia: Hacia un cambio de paradigma, que dice: “Colombia es un claro ejemplo de las limitaciones de la política represiva promovida globalmente por Estados Unidos. Durante décadas, este país ha adoptado todas las medidas de combate imaginables, en un esfuerzo descomunal, cuyos beneficios no se corresponden con los enormes gastos y costos humanos”2.

La segunda de las opciones, si tienen algo de dignidad, los obligaría a ser consecuentes con lo firmado en el Acuerdo firmado con las Farc, como lo recordó el Procurador General Fernando Carrillo Flórez, el pasado 4 de febrero vía su cuenta oficial de Twitter: “la Procuraduría no encuentra cómo se puede incumplir con las obligaciones derivadas de los acuerdos de paz. No hay una propuesta que armonice las medidas de sustitución voluntaria de cultivo ilícitos con la de aspersión”, aludiendo así al necesario respeto de los protocolos fijados por la Corte Constitucional en varias sentencias, particularmente en la T236 de 2017, en la que se plantea un conjunto de requisitos mínimos que deben ser cumplidos satisfactoriamente para que se puedan reanudar las aspersiones aéreas con esta sustancia.

Si bien el comunicado de la Casa Blanca también anotó que: “El diálogo se centró en aumentar la erradicación de la coca y la interdicción de la cocaína, mejorar la seguridad y las oportunidades económicas en las zonas rurales más afectadas por el tráfico de estupefacientes, y enfocarse en el lavado de dinero y las finanzas ilícitas relacionadas con los narcóticos”.

Estas finanzas ilícitas, una combinación entre la informalidad y la mafia, son economías subterráneas (la integran todas las actividades informales, el contrabando, la corrupción, las actividades especulativas, el lavado de activos, la venta de divisas en los mercados negros, la prostitución, el crimen y la delincuencia organizados, las mafias políticas, tráfico de armamento y el narcotráfico), son equivalentes al 40 por cuente del PIB del país, como lo evidenció Libardo Sarmiento Anzola en el suplemento económico “El milagro económico colombiano”- publicado por desdeabajo en su edición en circulación febrero 20-marzo 20–.3

Adicionalmente, por ejemplo, desde Colombia se exportan 500 toneladas métricas de cocaína, negocio que le inyecta 3.000 millones de dólares anuales a la demanda interna del país. Es fácil detectar esta economía “paralela u oculta” por los movimientos de activos líquidos. En 2019, la base monetaria, constituida por todo el dinero legal en circulación, aumentó 10,5 por ciento, esto es, 3,2 veces más que el crecimiento en valor del PIB que fue de 3,3, anotó el economista Sarmiento.

¿Cómo espera el gobierno colombiano, junto con la “desinteresada ayuda” del gobierno Estadounidense, derrotar una economía “ilegal” que está profundamente emparentada con la economía “legal” del país?

Es una realidad que ocultan, a pesar de la luz que emite, y con la cual uno de los que sale victorioso de la reiterativa y fallida política de drogas es Monsanto –ahora Bayer– con su glifosato, un herbicida –en realidad un veneno cargado de potentes compuestos químicos– que sirve para la eliminación de plantas y plagas. “El uso comercial de consumo e importación de plaguicidas en Colombia durante los últimos 20 años creció en un 360 por ciento, mientras que en los últimos 45 años la utilización del suelo para siembra aumentó solo en un 29 por ciento”, anotó el periodista Felipe Martínez en un artículo publicado por desdeabajo. 4

“El presidente Trump se enfoca en continuar reduciendo el número de estadounidenses que mueren por sobredosis, y una parte clave de esa misión es trabajar con nuestros socios internacionales para frenar el suministro de drogas mortales. Este próximo año será crítico, y esperamos ver que los esfuerzos acelerados, incluidas las aspersiones aéreas, marquen la diferencia en la reducción del cultivo de coca y la producción de cocaína, lo que eventualmente salvará la vida del pueblo estadounidense”, dijo el director de la (Ondcp) Jim Carroll, en el reciente y ya comentado comunicado publicado por la Casa Blanca.

Consecuente con el verdadero propósito de la Guerra contra las drogas –militarizar sociedades y someter Estados–, el presidente Trump sigue alimentando tal Guerra. Para romper tal continuidad, de nada sirve lo recomendado por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia le propuso a la comunidad internacional un nuevo paradigma sustentado en tres grandes directrices: 1. tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, 2. reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y 3. focalizar la represión sobre el crimen organizado.

¿Quiénes pierden con esta continuidad? En primera instancia, las comunidades campesinas e indígenas, tanto por la guerra sobre sus territorios como por el mismo envenenamiento de sus tierras producto de la aspersión de miles de litros de químicos sobre los mismos, envenenamiento que no solo afecta la coca sino también a todos los sembrados de pancoger, aguas y bosques en general, y de manera directa e indirecta el cuerpo y salud de sus habitantes, tanto humanos como animales en general.

En segunda instancia afecta al país todo, sumido por esta vía en una prolongada guerra que no parece tener final digno y justo para las mayorías. País con su soberanía arriada, sirviendo a su vez como policía de nuestra subregión.

Para remediar tan compleja realidad, la sociedad debe demandar respeto a la soberanía nacional, a la par de reclamar la implementación la tan anhelada y nunca llevada a cabo reforma agraria integral, también asumida en el Acuerdo de Paz, donde se ofrecen verdaderas oportunidades para que el campesinado tenga salidas integrales a sus demandas cotidianas, para que así la siembra de la coca y su transformación deje de ser una opción –la única– para sobrellevar una vida con un rango menor de dificultades.

1 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/united-states-colombian-officials-set-bilateral-agenda-reduce-cocaine-supply/

2 https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/06/drugs-and-democracy_book_ES.pdf

3 https://www.desdeabajo.info/sumplementos/item/39018-el-milagro-economico-colombiano.html

4 https://desdeabajo.info/ediciones/item/36496-la-guerra-quimica-en-colombia-tiene-nombre-de-glifosato.html

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Estados Unidos y los talibanes llegaron a un histórico acuerdo de paz

El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. Aunque la firma en sí misma es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el gobierno de Kabul.

Estados Unidos y los talibanes firmarán este sábado un histórico acuerdo de paz que allana el camino para el fin de una guerra que lleva casi dos décadas. El acuerdo prevé la retirada de la mitad del contingente estadounidense en Afganistán. A cambio, los talibanes deberán garantizar que el territorio afgano no será utilizado para atacar a otros países. Aunque la firma del convenio es un hito histórico, todavía queda por delante un largo proceso de negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Kabul.

Observadores y representantes de diferentes países, además de organizaciones internacionales, están invitados a asistir el sábado a Doha, la capital de Qatar, donde se celebra el acuerdo. Para poder llegar a este punto Estados Unidos y los talibanes pusieron como condición previa una reducción de la violencia. Los últimos siete días fueron la gran prueba de fuego para el grupo fundado por el mullah Omar, cuyo régimen (1996-2001) cayó con la invasión de Estados Unidos. La administración de Bush en esos momentos ardía ante la insistencia talibana de no entregar al fundador de la red integrista Al Qaeda, Osama bin Laden.

A la medianoche del viernes se cumplió el plazo establecido para la disminución de las acciones violentas. Varios dirigentes afganos remarcaron que el objetivo se había cumplido de manera significativa. Esa pretendía ser la prueba del compromiso de los rebeldes con la paz, así como de su autoridad sobre los diferentes comandantes que operan en el terreno.

La comunidad internacional recibió la noticia con gran entusiasmo y muchas expectativas. Sin embargo algunos se mostraron cautos ya que todavía falta un acuerdo entre los insurgentes y el gobierno afgano, que fue excluido del diálogo con Estados Unidos. Las relaciones de fuerzas en Afganistán funcionan en base a las sinergias entre sus grupos tribales.

Por el momento, poco se conoce del texto que se firmará en la capital qatarí. Sin embargo, el representante especial de Estados Unidos para la paz, Zalmay Khalilzad, reveló un detalle importante: el pacto prevé la retirada en 135 días de 5.000 de los alrededor de 12.000 efectivos que Washington tiene desplegados en Afganistán. Según los insurgentes, el acuerdo supondrá también la liberación de unos 5.000 de sus prisioneros y la de un millar de miembros de las fuerzas de seguridad afganas.

De esta forma culminan las negociaciones que comenzaron el 12 de octubre de 2018 y que fueron guardadas celosamente de flashes y micrófonos. El inicio y finalización de cada ronda de diálogos en el golfo Pérsico fue anunciando sobre la hora. Aun así, no faltaron obstáculos y sustos durante el proceso de negociación. El pasado septiembre, el presidente norteamericano, Donald Trump, canceló abruptamente los encuentros en respuesta a un atentado en Kabul en el que murió un soldado estadounidense. El proceso recién se retomó a fines de noviembre tras una visita del mandatario a Afganistán.

Ahora será el turno del ejecutivo afgano de sentarse a la mesa de diálogo con los talibanes. Y no llegan de la mejor manera. El presidente Ashraf Ghani fue recientemente declarado ganador de las elecciones por segunda legislatura consecutiva. Sin embargo el segundo candidato más votado, Abdullah Abdullah, se negó a acatar los resultados. Otro asunto que podría complicar el proceso entre el gobierno y los insurgentes es la formación del equipo negociador. Por el momento el ejecutivo no ofreció detalles sobre sus posibles miembros. Eso encendió la alarma entre partidos y políticos del país asiático. Temen que se trate de una delegación escogida de forma unilateral y que no incluya una representación amplia del espectro político.

Para Estados Unidos la guerra en Afganistán fue la más cara desde la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que los distintos gobiernos gastaron casi 1 billón de dólares en el enfrentamiento bélico. Según cifras actualizadas en junio pasado, desde el inicio de la intervención militar en 2001 el Congreso de Estados Unidos aprobó 975.000 millones de dólares de fondos para Operaciones de Contingencia. Pero el número es aún mayor si a esto se agrega el incremento de los presupuestos del Departamento de Defensa, que asciende a unos 250.000 millones de dólares desde 2001. A su vez, los gastos del Departamento de Asuntos de los Veteranos suman cerca de 50.000 millones.

Estados Unidos financió la guerra casi enteramente tomando deuda. Eso aumentó su déficit fiscal, la deuda externa y causó impactos macroeconómicos, como el alza en las tasas de interés. A diferencia de otras guerras anteriores, la mayor parte de las familias estadounidenses no se vieron afectadas por la guerra en Afganistán. No hubo reclutamientos forzosos ni nuevos impuestos para pagar el conflicto.

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Crece la tensión en Siria tras la muerte de 33 soldados turcos

Fuerzas sirias y rusas atacaron a rebeldes apoyados por Turquía

Los bombardeos tuvieron lugar en Idlib, al noroeste de Siria, último bastión de los rebeldes al gobierno de Bashar al Assad. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió atacando objetivos militares sirios.

Al menos 33 soldados turcos murieron y otros 32 resultaron heridos en bombardeos del Ejército sirio en la provincia de Idlib ubicada al noroeste de Siria. Fuerzas sirias y rusas llevan adelante una ofensiva conjunta contra rebeldes que son apoyados por Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan respondió a los bombardeos con ataques contra objetivos militares sirios. Horas más tarde conversó con su par ruso Vladimir Putin para poner paños fríos a la situación. No se descarta una reunión entre ambos en los próximos días.

Idlib es el último bastión rebelde dentro de Siria. La provincia es controlada por insurgentes islamistas apoyados por el Ejército turco. Los bombardeos llegaron tras semanas de creciente tensión entre Turquía, el único miembro musulmán de la OTAN, y Rusia, que apoya militarmente desde 2011 al gobierno sirio del presidente Bashar al Assad en la guerra contra los grupos rebeldes. Se trata de la mayor cifra de soldados turcos muertos en un solo día desde que Turquía intervino por primera vez en la guerra  Siria en 2016.

El canciller ruso, Serguei Lavrov, dio sus condolencias a Turquía por la muerte de los soldados y remarcó que la tragedia podría haberse evitado si Turquía proporcionara la ubicación de sus tropas. Lavrov informó que siempre están en contacto pero que en esta ocasión Turquía no les había informado que sus soldados estaban en la zona de fuego sirio, mezclados con los insurgentes islamistas de Idlib. "Tan pronto como esto quedó claro, le pedimos al gobierno sirio que hiciera una pausa en la acción militar e hiciera todo lo posible para garantizar la evacuación de los heridos y permitir el traslado de los soldados muertos al territorio turco", agregó el canciller.

Sin embargo, el ministro de Defensa turco, Huluso Akar, rechazó la justificación rusa. “Durante este ataque no había grupos armados (rebeldes) alrededor de las unidades turcas”, sostuvo el ministro. Ankara sostiene que Rusia sabía dónde estaban apostadas las tropas turcas. El encargado de Defensa informó que los ataques continuaron después de que los soldados notificaran al personal ruso que estaban siendo bombardeados.

Luego de conocer la información sobre las muertes, Erdogan convocó a su gabinete en una reunión de emergencia. Asistieron los ministros de Defensa y Asuntos Exteriores, así como el jefe de inteligencia y los comandantes militares. El principal asesor de prensa de la presidencia, Fahrettin Altun, dijo que allí se decidió atacar las posiciones conocidas de las tropas sirias por aire y tierra como represalia. Altun pidió a la comunidad internacional que cumpla con sus responsabilidades para poner fin a la violencia en Idlib. Además hizo referencia a los crimenes de lesa humanidad del gobierno sirio.

Turquía también informó que no va a seguir reteniendo a los refugiados que quieran llegar a la Unión Europea (UE). Esto generó que cientos de migrantes se dirijan a las fronteras entre Turquía y Grecia. En respuesta al anuncio turco, el gobierno griego cerró uno de sus pasos fronterizos con Turquía. También empezó los preparativos para redoblar la vigilancia en el mar Egeo, a lo largo de la frontera entre las numerosas islas griegas y la cercana costa oeste de Turquía. Por su parte, Rusia envió dos buques de guerra equipados con misiles crucero hacia las costas sirias en el Mar Mediterráneo, informó la agencia de noticias rusa Interfax.

Tras conocerse la muerte de los soldados turcos Putin y Erdogan dialogaron telefónicamente. "Se expresó una seria preocupación por la escalada de tensiones en Idlib que provocó numerosas bajas, incluso entre los militares turcos", informó el Kremlin en un comunicado sobre la conversación entre los mandatarios. La nota agregó que ambos líderes estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar medidas adicionales para distender la situación. También mencionaron la posibilidad de reunirse cara a cara para discutir las medidas.

El canciller ruso dijo que la conversación entre los presidentes estuvo centrada en la implementación del acuerdo de alto el fuego al que se había llegado en 2018. "La conversación fue detallada y dedicada a la necesidad de hacer todo lo necesario para implementar los acuerdos sobre Idlib'', precisó Lavrov. El arreglo se había roto luego de que ambos países se acusaran mutuamente de violar sus términos. Turquía exige que las fuerzas sirias que operan en Idlib se replieguen a las líneas del alto el fuego de 2018. Rusia dice que los acuerdos se malograron debido a los continuos ataques de los rebeldes islamistas apoyados por Turquía. "Pero debemos comenzar a implementar esos objetivos. Durante medio año no se ha hecho nada. El ejército sirio tiene todo el derecho de reaccionar ante las constantes violaciones", agregó el canciller ruso.

Horas más tarde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump,y su par turco,  Erdogan, hicieron un llamado conjunto a Rusia y Siria para que detengan su ofensiva militar en la región de Idlib, informó en un comunicado la Casa Blanca.

Con las muertes de ayer, al menos 54 soldados turcos murieron solo este mes como parte de los intentos de Turquía de frenar la ofensiva sirio-rusa en Idlib. Los ataques vienen provocando una verdadera catástrofe humanitaria. Más de 950.000 personas tuvieron que dejar sus casas para huir de la violencia. Según la ONU, este es el mayor éxodo forzoso de desplazados en casi nueve años de guerra en Siria.

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Sábado, 22 Febrero 2020 06:34

Acuerdo de paz entre EE.UU. y los talibanes

Pomeo llega el viernes a Omán, primera escala de su gira por Africa y Oriente Medio.  ________________________________________ Imagen: AFP

Se firmaría el 29 de Febrero y pondría fin a 18 años de guerra

Empezó un alto el fuego de siete días en Afganistán que culminaría con la firma del acuerdo, informaron las partes por separado, luego de un año de negociaciones en Qatar.

 

Estados Unidos y el movimiento islamista talibán anunciaron ayer su intención de firmar un acuerdo de paz el próximo 29 de febrero para tratar de poner fin a 18 años de guerra en Afganistán, el conflicto militar más prolongado de la historia de Estados Unidos.

El anuncio llegó poco después de que los talibanes, Estados Unidos y el gobierno afgano confirmaran que este fin de semana entrará en vigor un pacto ya anunciado de alto el fuego durante siete días, del cual dependerá el éxito del resto del delicado proceso.

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, dijo que, si la tregua tiene éxito, Estados Unidos firmará un acuerdo de paz con el movimiento insurgente el 29 de febrero, coronando más de un año de negociaciones entre ambas partes en Qatar.

Luego de la firma del acuerdo con Estados Unidos, los talibanes iniciarán negociaciones con el gobierno de Afganistán que, en última instancia, permitirían que Washington empiece a retirar a los miles de soldados que tiene en el país asiático desde 2001.

El gobierno afgano no ha participado de las negociaciones en Doha.

"Nos estamos preparando para que la firma tenga lugar el 29 de febrero", dijo Pompeo en un comunicado en el que, no obstante, condicionó el acuerdo a "una implementación exitosa del entendimiento de reducción de violencia" durante una semana. "Las negociaciones internas afganas comenzarán poco después, y este paso fundamental echará los cimientos para cumplir con un alto el fuego integral y permanente, y con una hoja de ruta para el futuro político de Afganistán", agregó.

Los talibanes confirmaron el acuerdo para firmar el pacto con Estados Unidos el 29 de febrero en Doha, capital de Qatar y sede de los contactos entre las partes. "Tras las largas negociaciones, ambas partes han acordado firmar el acuerdo en presencia de observadores internacionales" el sábado 29 de febrero, afirmó la formación insurgente en un comunicado.

Estados Unidos espera que, a partir de ambas negociaciones, pueda comenzar a retirar a sus soldados de Afganistán casi 18 años después de invadir el país para derrocar a los talibanes del gobierno por dar refugio al líder de Al Qaeda Osama Bin Laden. El objetivo de las negociaciones entre talibanes y gobierno afgano sería un alto el fuego nacional y una retirada escalonada de fuerzas estadounidenses, que totalizan unos 12.000 soldados y que según el Pentágono podrían reducirse a 8.000 "con el tiempo".

Los talibanes, además, se comprometieron a no dar refugio a organizaciones "terroristas" internacionales como Al Qaeda, según dijeron la semana pasada fuentes de ambas partes en declaraciones en "off" a varios medios estadounidenses.

Uno de los jefes de la delegación afgana en Qatar, Abdul Salam Hanafi, dijo la semana pasada que, luego de firmar el acuerdo de este mes, Estados Unidos y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros talibanes y los rebeldes liberarán a 1.000 prisioneros.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional de Afganistán, Javed Faisal, y fuentes talibanes dijeron ayer más temprano que el acuerdo de "reducción de violencia" entre todas las partes entrará en vigor mañana. En Estados Unidos, los principales medios citaron a un funcionario de alto rango del Departamento de Estado que dijo que el alto el fuego de siete días comenzaría a regir ayer a la noche, pero no dijo a qué hora exactamente.  El funcionario habló bajo condición de anonimato, dijeron los medios.

En Pakistán, donde los talibanes también tienen presencia, un dirigente del movimiento insurgente dijo que, tras la firma del acuerdo del 29 de febrero, las negociaciones con el gobierno afgano comenzarán el 10 de marzo, informó el canal qatarí Al Jazeera.

Estados Unidos y los talibanes ya estuvieron a punto de firmar la paz el año pasado, pero el presidente Donald Trump se echó atrás a último momento, en septiembre, luego de la muerte de un soldado norteamericano en un ataque de los rebeldes.

Analistas han advertido que el camino a la paz en Afganistán no será fácil y que los acuerdos podrían naufragar en cualquier momento. En el peor de los casos, esos analistas han dicho que las partes en conflicto podrían aprovechar la distensión para reposicionar sus fuerzas en busca de asegurarse ventajas en el frente militar.

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La izquierda latinoamericana frente a Venezuela

Venezuela acabó por ser un peso político para las izquierdas, cada vez más y mejor aprovechado por las derechas para construir fantasmas de «venezuelización». Frente a un escenario en el que el proceso venezolano resulta cada vez más alejado de visiones emancipatorias, gran parte de las izquierdas carecieron de herramientas teórico-políticas para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo.

El 30 de enero de 2005, en el estadio Gigantinho de Porto Alegre, el presidente Hugo Chávez declaraba la necesidad del socialismo. Con su característica camisa roja, el líder venezolano dijo:

«Negar los derechos a los pueblos es el camino al salvajismo, el capitalismo es salvajismo. Yo cada día me convenzo más, [entre] capitalismo y socialismo… no tengo la menor duda. Es necesario, decimos y dicen muchos intelectuales del mundo, trascender el capitalismo, pero agrego yo […] al capitalismo hay que transcenderlo por la vía del socialismo […].»

En estas declaraciones resonaba, lejanamente, aquella declaración del «carácter socialista» de la Revolución Cubana pronunciada por Fidel Castro en abril de 1961, en medio de fusiles y llamados a resistir la agresión imperialista. Venezuela no fue invadida, pero el chavismo extrajo una potente dosis de mística política de su victoria contra el golpe de Estado de 2002, apoyado por la oligarquía local y Estados Unidos, el paro patronal y la huelga en Petróleos de Venezuela (PDVSA) de 2002-2003, que provocó un fuerte golpe a la economía.

Frente a Chávez no había milicianos sino militantes sociales agrupados en el Foro Social Mundial, una articulación de partidos de izquierda y movimientos sociales movilizada contra la «mundialización del capital» y en favor de un cambio en las relaciones de fuerza a escala global. En este nuevo escenario post-socialismo real, el presidente bolivariano anunció, y enfatizó, que la nueva transición al socialismo debía ocurrir «¡En democracia!». Pero acto seguido aclaró: «Ojo pelao y oído al tambor: ¿en qué tipo de democracia? No es la democracia que míster Superman [por G. W. Bush] quiere imponernos desde Washington, no, esa no es la democracia». Y ahí subyace uno de los problemas neurálgicos del chavismo en sus dos décadas de hegemonía sobre la política venezolana. Si esa «no es» la democracia, ¿con qué tipo de democracia «superar» la democracia liberal? Y, en segundo lugar: además de la democracia, ¿qué diferenciaría a este «socialismo del siglo XXI» de las experiencias del socialismo real y las «democracias populares» del siglo XX en la Unión Soviética, el este de Europa, Asia y Cuba?

Se trataba entonces del momento épico de una «marea rosada» que se estaba completando. Ya estaban en el poder Néstor Kirchner y Luiz Inácio Lula da Silva, y estaban por llegar Tabaré Vázquez, Evo Morales, Rafael Correa, Fernando Lugo, el enigmático Manuel Zelaya y, dos años más tarde, el más polémico Daniel Ortega. Venezuela parecía ocupar entonces el lugar de una suerte de «núcleo radical» alrededor del cual se iban ubicando regímenes nacional-populares o de izquierda democrática, más moderados y/o más novatos, que daban forma al inédito giro a la izquierda continental.

No obstante, el «socialismo del siglo XXI», que en sus comienzos contenía la promesa de una renovación de la izquierda que permitiera dejar atrás la historia del socialismo real, terminó por mostrar sus límites infranqueables. Lo que aparecía como una locomotora (la Revolución Bolivariana) para jalar a las fuerzas transformadoras latinoamericanas se fue transformando en un sistema crecientemente ineficiente y poco pluralista, y las semillas militaristas que contenía desde el comienzo terminaron por capturar el proceso político iniciado con el triunfo electoral de fines de 1998. En ese marco, Venezuela acabó por ser un peso político para las izquierdas continentales, cada vez más y mejor aprovechado por la derecha para construir fantasmas de «venezuelización» en cada país donde las fuerzas progresistas tienen posibilidades de triunfo. Como escribió el economista Manuel Sutherland: «En este infausto panorama, Venezuela constituye el mejor ‘argumento’ para las derechas más retrógradas. En cualquier ámbito mediático, aprovechan la situación para asustar a sus compatriotas con preguntas como: ‘¿Quieren socialismo? ¡Vayan a Venezuela y miren la miseria!’. ‘¿Anhelan un cambio? ¡Miren cómo otra revolución destruye un país próspero!’. Sesudos analistas aseveran que las políticas socialistas arruinaron el país y que la solución es una reversión ultraliberal de la revolución».

Frente a esta situación, las izquierdas carecieron de herramientas teórico-políticas para dar cuenta de lo que estaba ocurriendo, especialmente la izquierda congregada en el Foro de San Pablo. En el caso del Frente Amplio de Uruguay, existen visiones cada vez más críticas; en el Partido de los Trabajadores de Brasil, la detención de Lula da Silva y la llegada de la extrema derecha al poder parecen haber provocado un repliegue hacia posiciones más defensivas, lo que incluye la cuestión venezolana. En el Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia, el discurso es poco permeable a un balance crítico. Y aunque Bolivia estaba lejos de ser Venezuela, Evo Morales compartía algunas visiones no pluralistas del poder que lo llevaron a buscar la reelección una y otra vez, lo que a la postre desencadenó una crisis política y una ola de protestas que a su vez dieron lugar a un golpe de Estado policial-militar y a un giro conservador y un represivo gobierno dirigido por la senadora Jeanine Añez, quien entró en el Palacio con una enorme Biblia entre manos.

Mucho de lo que había hecho de Venezuela un modelo atractivo era profundamente contradictorio desde sus orígenes. El proceso venezolano combinó formas diversas de empoderamiento popular con el liderazgo ultracarismático de Chávez; redistribución de la renta petrolera con mecanismos de saqueo de los recursos estatales por parte de camarillas burocrático-militares que feudalizaron el Estado; democracia comunal «por abajo» con formas pretorianas y autoritarias «por arriba»; imaginación para impulsar proyectos posrentistas con absoluta incapacidad para llevarlos adelante; reforzamiento del rol del Estado con incapacidad de gestión pública. Y, desde la muerte de Chávez en 2013, un declive económico que condujo a una caída del PIB de más de 50% durante la gestión de Nicolás Maduro y una inflación de 130.000% en 2018 –según datos oficiales finalmente emitidos tras un largo silencio informativo oficial–.

Las izquierdas latinoamericanas leyeron –y aún leen– Venezuela a partir de los imaginarios del «cerco» construidos en relación con Cuba desde los años 60. De esta forma, el «socialismo petrolero» venezolano –tal como lo denominó el propio Chávez en 2007– es exculpado de manera regular por el retroceso al que está llevando a la sociedad venezolana. Predomina en estas visiones el antiliberalismo fuertemente afincado en las izquierdas regionales y que tiende a minimizar los problemas democráticos, en el marco de lo que en Francia denominan «campismo»: la sobredeterminación de las variables geopolíticas en el análisis de cualquier realidad nacional.

Así, el antiimperialismo se desacopla de su dimensión emancipatoria para asumir una dimensión justificatoria –e incluso celebratoria– de diversos regímenes supuestamente enemigos del Imperio (la popularidad de Muamar Kadafi en algunos sectores de las izquierdas continentales es un buen ejemplo de ello). La narrativa sobre el «poder popular» –a menudo abstracta– se vuelve una forma de encubrir los déficits democráticos y, más aún, las (abundantes) violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas represivas del Estado. De este modo, el «silencio Cuba», al decir de Claudia Hilb, de muchas izquierdas latinoamericanas –y de más allá también– devino en un «silencio Venezuela», que no significó, como tampoco ocurrió en el caso de la isla, no hablar de Venezuela, sino evitar enfrentar los problemas, desechando los datos empíricos y apelando de manera mecánica a las «agresiones imperiales» como única variable explicativa, tras años de hacerlo del mismo modo con la hoy pasada de moda «guerra económica».

Existen diversas correas de transmisión del discurso oficial venezolano hacia el resto de la región. Además de medios como Telesur, durante años la Revolución Bolivariana, al igual que en su momento la cubana, organiza diversos eventos de solidaridad, que sirvieron para organizar a una masa intelectual disponible para diversos tipos de pronunciamientos «solidarios», más o menos automáticos. Algunos han sido más organizados, e incluso apéndices de las embajadas, y otros menos, pero en general se fue construyendo un discurso sobre Venezuela que congeló la foto del golpe de 2002 y es incapaz de ver las aporías del bolivarianismo y los desplazamientos en la coyuntura política.

Hoy es imposible, por ejemplo, pensar el clivaje que atraviesa el país como un enfrentamiento «transparente» entre la izquierda y la derecha, o el pueblo y la oligarquía. En gran parte de las izquierdas regionales, se subestima la profundidad y la multidimensionalidad de la crisis, así como la degradación –política y moral– de la elite cívico-militar bolivariana. La «gente común» puede ser sacrificada sin problemas en el altar antiimperialista y funcionan eficazmente latiguillos como «la oposición es peor», «el problema son las sanciones estadounidenses», etc. Junto con ello, se minimizan los ataques al Estado de derecho y a la propia institucionalidad nacida de la Constitución bolivariana de 1999: la Asamblea Nacional Constituyente actúa como un poder supraconstitional y sin contrapesos, un poder de facto que no se concentró en redactar una Constitución sino en legitimar cualquier medida del gobierno sin necesidad de enmarcarse en una república constitucional.

Esto no significa, sin duda, que no existan agresiones e injerencias imperiales. Ni que los neocons que rodean a Donald Trump, como Elliot Abrams o John Bolton (quien finalmente terminó distanciado del presidente), no sean peligrosos. Pero precisamente esto ilumina otra cuestión: el discurso antiimperialista latinoamericano tiene como contrapartida un débil interés por estudiar el «Imperio» realmente existente, sus dinámicas políticas, sus (in)consistencias y sus intereses geoestratégicos concretos. Tampoco se trata de negar que en la oposición haya sectores financiados por Estados Unidos, halcones anticomunistas estilo Guerra Fría, antipopulistas racistas y elitistas retrógrados. Ni tampoco apelar al ni-nismo: «ni con Maduro ni con el Imperio». Sino, por el contrario, se trata de pensar la realidad venezolana en una doble clave: antiimperialista y democrática, sin sacrificar ninguno de los términos de la ecuación. La pregunta es sencilla: incluso si Maduro sale airoso de esta última batalla contra el «presidente encargado» Juan Guaidó, ¿qué tipo de futuro se puede esperar para Venezuela? ¿Qué energías vitales tiene la Revolución Bolivariana para encarnar los «nuevos comienzos» que Maduro promete una y otra vez para enfrentar la degradación societal que vive el país? El último nuevo comienzo es la dolarización informal de la economía.

Sin una izquierda más activa y creativa respecto de Venezuela, la iniciativa regional fue quedando, sin contrapesos, en manos de las derechas del continente. En la última reunión del Foro de San Pablo en La Habana, la secretaria ejecutiva, Mónica Valente, dijo que el vigésimocuarto encuentro de este espacio que reúne a gran parte de las izquierdas de la región «puede tener la misma importancia histórica de los años 90 cuando cayó el Muro de Berlín». No se refería específicamente a Venezuela, sino al «giro a la derecha» latinoamericano. Pero si se puede hablar de un Muro de Berlín regional, este se vincula de manera directa a la implosión de la Revolución Bolivariana –precisamente en el primer país que se declaró socialista después de 1989–. Por este solo hecho, el balance de esta experiencia es indispensable para cualquier renovación política y teórica de las izquierdas latinoamericanas.

Esta es una tarea importante, aunque las victorias de Andrés Manuel López Obrador en México y Alberto Fernández en Argentina hayan matizado la idea de un giro a la derecha tout court en la región.

Por Pablo Stefanoni | 22/02/2020 

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