India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:59

La lucha por la vida del pueblo saharaui

La lucha por la vida del pueblo saharaui

De las célebres palabras de Karl von Clausewitz, que sostienen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, podemos intuir que las armas son buenas guardianas de la economía y, en ocasiones, condición para la paz y la vida digna.

Voluntad de paz y vida digna definen al pueblo saharaui. Apostaron por la paz durante casi 30 años de alto al fuego bajo condiciones de despojo, a la espera de un referéndum de autodeterminación. Creyeron en la paz pese a que Marruecos levantara 2 mil 720 kilómetros de muro sembrado de millones de minas antipersona que han causado muerte y soledad, desplazamiento y pobreza.

En noviembre de 2020, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, retoma la lucha armada. ¿Qué lleva a un ejército popular a declarar estado de guerra? A esta pregunta la precede otra: ¿Qué lleva a un pueblo a crear un ejército popular?

Mientras el mundo en el siglo XX avanza hacia la descolonización, la dictadura de Franco convierte la colonia del Sahara español en una provincia más cuyos habitantes adquieren la ciudadanía española. A pesar de la argucia, en 1963 la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluye al Sahara Occidental en la lista de territorios a descolonizar. El franquismo prometió un referéndum que nunca llegaría.

En ese escenario, se crea el Movimiento de Liberación, cuyo referente, Basiri, será detenido y desaparecido en 1970 durante una manifestación anticolonial que acaba con varios muertos y numerosos heridos por la Legión Española, que abre fuego contra la multitud. Bebiendo de esos lodos, nace en 1973 el Frente Polisario (Frente Popular por la Liberación de Saguia Hamra y Río de Oro), que recurre a la guerra de guerrillas para luchar contra la ocupación española y defender su derecho a la independencia.

En 1975 se decide el destino próximo de este pueblo. Documentos de la CIA desclasificados en 2019 revelan el proyecto geoestratégico de Estados Unidos para sacar a España del territorio. El todavía príncipe Juan Carlos, alertado, negocia con el secretario de Estado Henry Kissinger la entrega del Sahara a cambio del apoyo estadunidense al futuro rey. Moribundo el dictador, Juan Carlos asume la jefatura del Estado y firma un pacto secreto con Estados Unidos y Marruecos. Consumada la traición, el hoy rey emérito va al Sahara y defiende ante sus tropas el derecho del pueblo saharaui a ser libre. No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo. Cuatro días después, la Marcha Verde entra a territorio saharaui con miles de colonos respaldados por el ejército marroquí. Las tropas españolas dejan hacer. España entrega el territorio a Marruecos y Mauritania a espaldas de la ONU, a cambio de ventajas comerciales y aguas para la pesca.

Retirada España del territorio en 1976, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La ocupación cambia de actores, el conflicto se intensifica y comienza el éxodo de miles de saharauis a campos de refugiados en Argelia, donde malviven al día de hoy alrededor de 173 mil 600 personas.

El Frente Polisario hará capitular a Mauritania, no así a Marruecos, que tutelado por Estados Unidos con apoyo de inteligencia militar, recursos y armas, levanta el muro de la vergüenza que divide el Sahara en dos. Al este, territorio libre, sin acceso al mar; al oeste, territorio ocupado, mil 200 kilómetros de costa con acceso a codiciadas aguas pesqueras del Atlántico y los mejores yacimientos de fosfato del mundo. Asoman los motivos económicos y el carácter extractivista de la guerra colonial.

En 1991 se declara un alto al fuego. Marruecos se compromete a convocar un referéndum. Compromiso a la altura del que otrora asumiera el régimen franquista. Ese alto al fuego es el que se rompe en noviembre de 2020. Tras 24 días de movilización de civiles saharauis en la brecha ilegal del Guerguerat, protestando por la pasividad de la ONU, el ejército marroquí ataca incursionando en zona desmilitarizada y el frente responde defendiendo a los civiles; se intercambian disparos. El Frente Polisario declara el estado de guerra y moviliza a sus tropas.

Horas antes de la acción militar en Guerguerat, el general de división estadunidense Andrew Rohling se reúne con el comandante marroquí de la zona ocupada. En diciembre, Estados Unidos reconoce por vez primera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto, la auténtica autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución viable, dirá Donald Trump. De nuevo, la voluntad de guerra custodiando espurios intereses económicos.

El gobierno de la RASD y el Frente Polisario responden condenando el inédito paso: “constituye una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas (…). El pueblo saharaui continuará su legítima lucha para completar su soberanía por todos los medios y asumiendo los sacrificios que esto requiere”. Y de nuevo, la voluntad de vida digna levantando la cerviz sobre la infamia.

Por Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García, periodistas

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:15

De Rojava a Chiapas

De Rojava a Chiapas

El Kurdistán es un pueblo con lengua y cultura propias que habita entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde hace años y de distintas formas, este pueblo lucha por su autodeterminación. En el pasado, los territorios kurdos estuvieron divididos por los imperios otomano y persa. Después del reparto imperial que vino con la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo quedó dividido entre Irak, Irán, Siria y Turquía.

La lucha del pueblo kurdo por su liberación se ha vuelto también una lucha por la sobrevivencia, en la que enfrentan a ejércitos de gobiernos nacionales, del Estado islámico y de potencias imperiales. Las organizaciones kurdas son varias y diversas entre ellas, incluso estas diferencias suelen ser usadas por los actores interesados en el petróleo de la región para disminuir la resistencia.

Entre las organizaciones del pueblo kurdo destaca el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en 1978, marxista-leninista, y que formó parte de las luchas anticoloniales que estallaron por aquellos años. Con el paso del tiempo, el PKK fue transformándose intelectualmente para encontrar un "camino propio", el Confederalismo Democrático, un proyecto que, según Abdullah Öcalan –figura ideológica y prisionero político– se caracteriza por ser "flexible, multicultural, antimonopólico, orientado hacia el consenso" y en donde la "ecología y el feminismo son pilares centrales".

El confederalismo democrático puede enunciarse como un proyecto anticapitalista, antipatriarcal, popular, construido por el pueblo kurdo, el cual experimentó entre 2012 y 2014 un momento paradigmático: la declaración de la autonomía de facto de Rojava, una región en el Kurdistán sirio, proceso que encontró eco internacional. En este proceso jugaría un papel determinante la resistencia armada encabezada por las mujeres kurdas y su congreso Kongra Star.

Para la socióloga Azize Aslan, "Rojava no es sólo el territorio donde está teniendo lugar una revolución, es también un territorio donde la idea de una revolución está redefiniéndose". Su argumento es potente: ahí se construye una red de asambleas en donde los pueblos toman las decisiones respecto de su futuro. Son esas asambleas las que posibilitan la democracia directa y el autogobierno: "El propósito del sistema de asambleas populares en Rojava es organizar un modelo anticapitalista y autónomo para una sociedad sin Estado, antipatriarcal y ecológica" (https://bit.ly/2MJ0NYG).

La profundidad teórica y práctica de la crítica y alternativa que se construye en Rojava destaca por varios elementos: es un cuestionamiento a la modernidad capitalista, al Estado-nación, a la ciencia hegemónica, al patriarcado y al ecocidio. La crítica viene acompañada de una praxis encaminada a la construcción –no sin contradicciones– de una "modernidad democrática" con su confederalismo, su autonomía, su economía alternativa, con el protagonismo de las mujeres y también con su ciencia crítica, una ciencia que dio lugar a la Jineolojî o "ciencia de las mujeres", basada en la ética, la estética, con poder práctico y relacionada con la economía.

Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, ha señalado que una de las contradicciones más grandes de nuestro tiempo es la existente entre la resistencia de las mujeres y el patriarcado. Esa contradicción, recuperada como vertebral por la revolución kurda, es lo que propicia que miles de mujeres de todo el mundo se identifiquen con esa lucha: "Para hacer una transformación, tenemos que lograr cambiar a la sociedad con una perspectiva de liberación de las mujeres. La liberación de las mujeres significa liberar la sociedad entera. Eso es algo que los movimientos revolucionarios en el mundo aún no han elaborado como eje prioritario, y creo que por eso hay mujeres de muchos lugares que nos unimos al movimiento" (https://bit.ly/2PucW4H).

La solidez teórica y política que ha alcanzado la revolución kurda se refleja en el reconocimiento de sus pares en otros lugares del mundo. Es con el EZLN y con las mujeres zapatistas con quienes ha establecido un diálogo fraterno. En diciembre de 2019 la palabra de las mujeres de Rojava llegó hasta territorio zapatista, al semillero Huellas del Caminar de la comandanta Ramona, en donde se realizaba el II Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan: "Hoy, querríamos haber estado junto a las mujeres zapatistas en el encuentro de mujeres que se ha celebrado allá, pero está claro que en nuestra situación y con los ataques a nuestro pueblo, esto no ha sido posible. Pero podemos decir que nuestros corazones están allá y con todas las mujeres en lucha por su libertad y la de sus pueblos. Porque estamos luchando contra todo tipo de ocupación impuesta a los pueblos, todo tipo de esclavitud impuesta a las mujeres. Y estamos juntas en la lucha".

En Rojava y en la Chiapas zapatista se construyen alternativas emancipatorias de nuevo tipo. No son las únicas, hay otras con sus propias formas y tiempos. Una nueva historia se está construyendo y hay que aprender a escucharla.

Por Raúl Romero, sociólogo

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Sahara Occidental: referendo y autodeterminación

La decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental ha vuelto a arrojar luz sobre el conflicto y con ello el debate sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación.

Según el relato predominante en los medios de comunicación, Marruecos habría obstruido el trabajo de la ONU, imposibilitando la consecución de una solución definitiva.

Sin embargo, una lectura objetiva y racional del Plan de Arreglo muestra la vacuidad de estas alegaciones. Pese a que Marruecos y el Polisario acordaron seguir adelante con el plan, ambas partes tenían múltiples discrepancias y reservas al respecto. Sus discrepancias desembocaron en el fracaso de todo esfuerzo encaminado a implementarlo.

Para el Polisario, los saharauis elegibles para participar en el referendo eran sólo aquellos incluidos en el censo español de 1974. Para Marruecos todos los saharauis con vínculos familiares o de sangre con la región eran elegibles, independientemente de si fueron incluidos o no en dicho censo.

El entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, respaldaba la posición marroquí. De Cuéllar estimaba que el censo español de 1974 no podía servir como única base para un referendo y sostenía que, dado el modo de vida nómada de los saharauis –con el movimiento constante de personas y familias a través de las fronteras nacionales, ya sea para huir del colonialismo y de los conflictos, por razones económicas o para proseguir estudios– el censo español no pudo incluirlos a todos.

La posición que el Polisario mantuvo desde 1991 contrasta con la que había expresado a principios de los años 80. En junio de 1981, Marruecos propuso la celebración de un referendo sobre la base del censo español de 1974. Pero Argelia y el Polisario lo rechazaron, alegando que había 750 mil saharauis que tenían el derecho de participar en dicha consulta.

En su libro Sahara Occidental: anatomía de un estancamiento, Erik Jensen, ex jefe de la Misión de Naciones Unidas para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) entre 1994 y 1998, explica que los españoles mismos admitieron que su censo no abarcó todo el territorio, y muchos jefes tribales dijeron que miles de saharauis y refugiados fueron omitidos del mismo.

Las reservas

Erik Jensen considera que Marruecos y el Polisario nunca aceptaron plenamente el Plan de Arreglo de 1991. Aunque estuvieron de acuerdo en principio, tenían reservas que no fueron tomadas en cuenta.

Desde el principio, el plan no tenía posibilidades de ser implementado porque adolecía de una falla de procedimiento importante. Tanto Marruecos como el Polisario han tendido a interpretar sus párrafos más relevantes de manera diferente. Aun así, el Consejo de Seguridad lo adoptó.

El resultado de las deliberaciones que precedieron a la adopción del Plan de Arreglo podría haber sido diferente si los funcionarios de la ONU a cargo de redactarlo hubieran informado al Consejo de Seguridad de todas las reservas expresadas por las partes.

Issa Diallo, un miembro de confianza del grupo de trabajo de Pérez de Cuéllar a cargo de elaborar los detalles del Plan de Arreglo, jugó un papel mayor en el fracaso del plan. Según Jensen, Diallo llevó a cabo reuniones confidenciales separadas tanto con Marruecos como con el Polisario y luego no compartió las reservas de ambas partes ni con los demás miembros del grupo de trabajo ni con el Consejo de Seguridad. Lo anterior explica por qué Marruecos y el Polisario reaccionaron de forma furiosa cuando el Consejo de Seguridad presentó el plan.

Antes de la adopción del plan, Marruecos expresó reiteradamente su preocupación por muchos de los párrafos del proyecto. En una carta dirigida al secretario general el 30 de julio de 1990, el rey Hassan II expresó su frustración de que el documento presentado al Consejo de Seguridad no hubiera tenido en cuenta las reservas de Marruecos. Sin embargo, esta carta no alcanzó ni al Consejo de Seguridad ni al grupo de trabajo encargado de redactar el Plan de Arreglo.

La forma en que éste fue adoptado muestra que el principal objetivo de la ONU en ese momento era llegar rápidamente a un entendimiento entre las partes y poner fin a la guerra, en lugar de elaborar una propuesta viable que pudiera desembocar en una solución factible.

Las mismas discrepancias entre las partes persistieron a lo largo de los años 90. En un informe al Consejo de Seguridad en febrero de 2000, el entonces secretario general Kofi Annan enfatizó la falta de medios para hacer cumplir el resultado de un referendo incluso en el caso de que fuera posible organizarlo. Con lo cual instó a su representante personal, James Baker, a estudiar otras vías que pudieran ayudar a las partes a llegar a una solución política consensuada.

Partidarios del Polisario pueden persistir en su afán de hacer creer lo contrario y en tratar de controlar el relato sobre el conflicto, pero sería más edificante y constructivo que se reconciliaran con los hechos y se deshicieran de los puntos de vista tendenciosos y parcializados.

Cuanto más pronto los partidarios del Polisario admitan la realidad, acepten que el referendo nació muerto y comprendan que se deben buscar otras vías para conseguir una solución consensuada, será mejor para la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región y, por ende, para los intereses de los países del Mediterráneo y el norte de África.

Samir Bennis, Doctor, analista político, asesor político senior en una embajada árabe en Washington DC. Es cofundador y editor en jefe de Morocco World News

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Estudio revela que Colombia importa el 30 por ciento de sus alimentos

Según Greenpeace, este es un porcentaje alarmante que afecta las redes de producción local de las que se benefician los campesinos.

 

Según la organización no gubernamental (ONG) Greenpeace, Colombia importa el 30 por ciento de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida. Este dato representa que, al menos 12 millones de toneladas de alimentos son traídas del exterior, entre los que destacan los que son a base de maíz, trigo y azúcar de caña. Esta información fue revelada y sustentada por la entidad en un informe sobre comida y sostenibilidad, titulado ‘Nueva Cultura Alimentaria’, publicado este 4 de marzo.

“La dependencia alimentaria de Colombia, y especialmente Bogotá, a alimentos importados es alarmante, más aún en crisis sanitarias como la actual que ponen en primera plana a la vulnerabilidad en las cadenas de abastecimiento”, asegura Tatiana Céspedes, miembro del equipo de campañas de Greenpeace Colombia.

La ONG explica que en estos momentos, cuando el mundo ha llegado a colapsar por la pandemia del covid-19, se evidencia el problema que representa importar alimentos. Las fronteras entre países se han visto afectadas en varias oportunidades, hecho que impacta la comercialización de los productos. Además, señala que para que la comida llegue desde otros países, incluso otros continentes, debe recorrer kilómetros en transportes contaminantes que ponen en riesgo la salud.

Otro de los argumentos que expone Greenpeace, y que señala como el más fuerte para disminuir los índices e importación de comida tiene que ver con la afectación que sufre la producción local, sobre todo campesina.

Según el informe, solo en Bogotá hay más de 3.000 familias campesinas productoras de alimentos. Y, teniendo en cuenta cifras de la Encuesta de Cultura Política del Departamento Administrativo Nacional de Estadística realizada en 2019, al menos el 31,8 por ciento de la población se identifica como campesina. En el departamento del Cauca esta cifra llega casi a la mitad (48,7 por ciento), mientras que en la región Oriental es del 44.3 por ciento, en el Pacífico del 34 por ciento, en la región Central del 36.4 por ciento y en el Caribe del 32.2 por ciento.

A pesar de estos porcentajes, Greenpeace asegura que la economía de esta población no está protegida. El promedio de intermediarios por los que pasa un alimento antes de entrar a la ciudad es de tres personas o entidades, lo que significa que los productores venden muy barato su producto y los consumidores lo compran mucho más caro.

En Colombia se conocen más de 400 especies de plantas nativas comestibles y el 10 por ciento de la biodiversidad del mundo está albergada en el país. Además, solo Bogotá cuenta con más de 16.000 productores locales, pero la tasa de importación es elevada debido al fenómeno que explica la organización. Esto crea una falsa percepción de que el producto local es más costoso que desincentiva el consumo de estos alimentos.

Greenpeace asegura que, la agricultura campesina, familiar y comunitaria juega un papel fundamental en el abastecimiento alimentario de la población global, pero aún faltan medidas que la protejan y potencien. Teniendo esto en cuenta, la organización pidió al Gobierno que implemente mejores estrategias que permitan fortalecer el sector.

“El país está en mora de diseñar políticas públicas y programas específicos para impulsar este modelo de agricultura, que más allá de ser la principal fuente de producción de alimentos, contribuye a la protección de la biodiversidad agrícola, al uso sostenible de los recursos naturales, a la salvaguarda de las tradiciones culturales, a la generación de empleo y a la construcción de tejido social”, explica Céspedes.

Como una forma de contribuir a ese cambio, Greenpeace lanzó un ‘Manifiesto por una Nueva Cultura Alimentaria’, que busca renovar la manera como los ciudadanos se relacionan con los alimentos, para que entiendan que esto no está desvinculado de las personas que lo producen. La propuesta contiene ocho puntos y cada uno de ellos está relacionado a la compra de productos campesinos, el fortalecimiento del comercio local, la mitigación del impacto ecológico, la disminución de desperdicios, entre otros.

5 de Marzo de 2021

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Biden extiende decreto que considera a Venezuela una amenaza para la seguridad de EE. UU.

El presidente estadounidense, que mantiene las sanciones económicas decretadas por Donald Trump, ha ratificado este miércoles el decreto de Barack Obama de marzo del 2015 que considera a Venezuela “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. La saga del intervencionismo de Trump continúa de la mano de Biden.

 

Joe Biden, extendió la duración del decreto de emergencia nacional con respecto a Venezuela, al considerar que la situación en el país “continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos”.

El 8 de marzo del 2015, el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, emitió una orden ejecutiva en la que implementaba y ampliaba las sanciones que venían siendo aprobadas por el Congreso ya a finales de diciembre del 2014, declarando al mismo tiempo una “emergencia nacional” ante lo que consideraban el “riesgo extraordinario” que supondría la situación de Venezuela para la seguridad de Estados Unidos.

En una carta al Congreso Biden manifiesta que “De acuerdo con esta disposición, he enviado al Registro Federal para su publicación el aviso adjunto en el que se declara que la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13692 del 8 de marzo de 2015, con respecto a la situación en Venezuela, continuará en efecto más allá del 8 de marzo de 2021″.

La misiva del presidente continúa, “La situación en Venezuela continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Por lo tanto, he determinado que es necesario continuar con la emergencia nacional declarada en el Decreto Ejecutivo 13692 con respecto a la situación en Venezuela.”

Una declaración de “emergencia nacional” y que un país constituya una amenaza para la seguridad nacional, es un instrumento que le permite al presidente estadounidense, en determinadas circunstancias, ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país.

Todo el mundo sabe que un país del nivel de Venezuela, hundida en una de las mayores catástrofes económica y social, no constituye ninguna amenaza a la seguridad nacional de una de las potencias más importantes del mundo y con el mayor poderío militar del planeta. Que dicho sea de paso en estos momentos se encuentra en una agresión militar directa en Siria realizando la primera intervención militar de la era Biden.

Biden sigue con la política agresiva de Trump, gobierno durante el cual se vio una de las mayores injerencias contra Venezuela llegando incluso a usar la amenaza de una intervención militar en el país. Y su objetivo, con la extensión del decreto ejecutivo de Obama, no busca más que apuntalar a una oposición de derecha en la representación de Guaidó que desde hace ya tiempo, se encuentra en total debacle política y completamente dividida.

Esta extensión del decreto se da luego que el martes el nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, indicó que continúa considerando a Guaidó como “presidente interino” de Venezuela. Todo esto a través de una videoconferencia entre Blinken y Guaidó.

Sabemos del cinismo y la hipocresía del imperialismo cuando habla de derechos humanos que no pasa de utilizarlo para sus objetivos injerencistas o justificar escaladas para su intervencionismo. Vemos cómo incluso en su propio territorio, en pleno siglo XXI, Biden mantiene los centros de detención para niños migrantes en EE. UU. que son verdaderos campos de concentración, para solo mencionar un ejemplo entre miles de otros.

Jamás les ha interesado la situación del pueblo trabajador de Venezuela, quien es el que sufre en carne propia la más grande violación a sus derechos por parte del Gobierno de Maduro, un régimen autoritario y cuasidictatorial que mantiene decenas de trabajadores presos por luchar además de condenarlos a una de las mayores calamidades con salarios mínimos que no llegan a un dólar mensual.

Basta una demostración para ello. Mientras el pueblo ya sufre una de las mayores penurias y sufrimientos por las políticas antiobreras y antipopulares de Maduro, EE. UU. impone sanciones económicas imperialistas que solo llevan a agravar la situación agobiante. Y para ello no les tiembla el pulso.

Repudiar la política de injerencismo y agresión de Biden con la extensión de los decretos ejecutivos de Obama y la mantención de todas las sanciones económicas mantenidas por Donald Trump que siguen agravando los padecimientos del pueblo, es una cuestión fundamental. El enfrentamiento a Maduro y todas sus políticas autoritarias que violan los derechos democráticos más elementales del pueblo trabajador, no puede pasar por apoyarse en las políticas de la oposición de derecha, que no busca más que ataduras al imperialismo y políticas tan criminales contra los trabajadores como las de Maduro.

Redacción La Izquierda Diario Venezuela

Jueves 4 de marzo | 00:10

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Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las armas en noviembre pasado, desfilaron con motivo del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la ONU del bloqueo político y de apoyar a Marruecos en el Sahara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap / Afp

 

Tindouf. Los independentistas del Frente Polisario, que retomaron las armas en noviembre, responsabilizaron ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del "bloqueo político" y de apoyar a Marruecos en el Sáhara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas.

"Marruecos no podría haber hecho lo que hizo sin el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la ONU, el Consejo de Seguridad, así como del secretario general de la ONU", sostuvo el responsable del Frente Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tuvieron lugar en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en el oeste de Argelia, con ocasión del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las negociaciones de paz cuatripartitas (Marruecos, Polisario, Argelia y Mauritania), realizadas con auspicio de la ONU, están en punto muerto desde marzo de 2019.

Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas en el Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, después de que un grupo de militantes bloqueó la única carretera hacia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Polisario, frustrado por el estancamiento del proceso auspiciado por la ONU, ha dicho que está "en estado de guerra legítima". Aun así, es complicado comprobar lo que sucede en el terreno, de difícil acceso.

"El Frente Polisario ha intentado durante 29 años evitar la guerra haciendo concesiones, pero hace frente a la falta total de cooperación tanto por parte de Marruecos como por parte de la ONU", criticó Addouh, citado por la agencia saharaui SPS. El dirigente del Frente Polisario responsabilizó a la ONU del "bloqueo político" de la cuestión saharaui por su "laxismo" frente a Marruecos.

El jueves, durante una reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Polisario, Brahim Ghali, lamentó "el silencio de la comunidad internacional" e instó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a visitar la ex colonia española "para proteger a los ciudadanos saharauis indefensos".

Este sábado, el Polisario presentó a sus fuerzas armadas en un desfile en presencia de los dirigentes saharauis, como suele hacer en cada aniversario de la fundación de la RASD, autoproclamada el 27 de febrero de 1976. Columnas de soldados, equipados con mascarilla, presentaron armas, siguiendo a una mujer completamente envuelta en la bandera saharaui.

Referendo de autodeterminación

La cuestión del estatus del Sáhara Occidental, considerado "territorio no autónomo" por la ONU en ausencia de un acuerdo definitivo, ha opuesto a Marruecos y al Polisario durante décadas.

El Polisario reclama un referendo de autodeterminación previsto por la ONU, mientras Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

Rabat controla alrededor de 80 por ciento de este vasto territorio desértico, donde se han lanzado grandes proyectos de desarrollo marroquíes en años recientes.

Poco antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente estadunidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en su conjunto, a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel.

Ahora, los saharauis esperan que la administración de Joe Biden dé marcha atrás al respecto, al considerar que la decisión de Trump vulnera "todas las decisiones y resoluciones de las instancias internacionales".

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Activos soberanos como garantía de compra: las insólitas exigencias que Pfizer habría puesto a los Gobiernos de América Latina para venderles vacunas

La farmacéutica estadounidense habría pedido eximirse de responsabilidades ante posibles resultados adversos en el uso de los fármacos, según una investigación periodística realizada por The Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público.

 

Una publicación de la organización periodística The Bureau of Investigative Journalism (TBIJ), en conjunto con el medio peruano Ojo Público, revela que Pfizer, la farmacéutica multinacional con sede en EE.UU., impuso condiciones abusivas a Gobiernos de Latinoamérica al momento de negociar millonarias compras de vacunas contra el covid-19. 

La investigación afirma que, entre las exigencias de la empresa, se pidió colocar en forma de garantía activos soberanos de países, incluyendo propiedades públicas, como embajadas y bases militares, o reservas de bancos federales. Esto, como forma de resguardo ante eventuales demandas por posibles resultados adversos tras la aplicación de las dosis. Frente a ello, una fuente anónima calificó la postura de Pfizer como una "intimidación de alto nivel".

"Una exigencia extrema"

El caso de Argentina, donde los diálogos quedaron truncados, fue uno de los más llamativos. Es que, aunque sea común que los fabricantes de vacunas planteen condiciones para eximirse de la mayor cantidad de responsabilidades legales posibles, desde el Gobierno de Alberto Fernández sostienen que la firma norteamericana se pasó del límite.

"En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más"

En junio, empezaron las conversaciones, y el Congreso aprobó una ley especial para que se indemnizara a Pfizer en caso de demandas civiles, a pedido de la contraparte. Igualmente, para la clase política argentina la compañía sí debía ser responsable ante cualquier conflicto por negligencia o malicia, algo que el grupo privado rechazaba. "En lugar de ceder en algunos puntos, Pfizer exigía más y más", le dijo un funcionario argentino al medio ya citado.

Entre los inesperados planteos, la farmacéutica le solicitó al país que contratara un seguro internacional ante eventuales conflictos. Y en diciembre, llegó la condición que terminó resquebrajando la negociación: pidieron que Argentina colocara sus activos en forma de garantía, algo que podía incluir inmuebles estratégicos y fondos del Banco Central. "Era una exigencia extrema que solo había escuchado cuando había que negociar la deuda externa, pero tanto en ese caso, como en este, la rechazamos inmediatamente", comentó un miembro de la administración peronista. 

De forma pública, el entonces ministro de Salud, Ginés García González, ya había expresado"Pfizer se portó mal con Argentina". En efecto, el país sudamericano fue usado como sede para los ensayos clínicos de la vacuna, pero hoy la ciudadanía no puede contar con ese producto para combatir la pandemia por la falta de acuerdo. 

"Abusivos"

Según la publicación, un conflicto similar se produjo en las negociaciones entre Pfizer y Brasil. Al 'Gigante de Sudamérica' le habrían planteado que, además de disponer de activos soberanos, tendría que depositar dinero en una cuenta bancaria del extranjero para crear otro fondo de garantía. Estos requisitos fueron definidos como "abusivos" por el Ministerio de Salud. Igualmente, el ente regulador brasileño ya aprobó el uso de estas inyecciones a gran escala, aunque la compra está trabada. 

De todos modos, en América Latina y el Caribe Pfizer logró vender su vacuna a nueve países: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y Perú, aunque los detalles de los acuerdos no se hicieron públicos.

Desde Lima, fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que los planteos de Pfizer fueron distintos a los de otros laboratorios, a pesar del pacto logrado. Por eso, las negociaciones del convenio para adquirir 9,9 millones de dosis —se requieren dos aplicaciones— se extendieron por más de seis meses, en medio de pactos de confidencialidad. Finalmente, el precio se fijó en 12 dólares por cada inyección, es decir, 24 por la vacuna completa. 

Por otro lado, Perú cedió parte de su soberanía y aceptó que ante controversias, otra jurisdicción pueda ejecutar decisiones de un tribunal arbitral. "Un Estado, por regla general, no se somete a que otro Estado pueda decidir sobre la confiscación de su propiedad", subrayó el abogado especialista Eduardo Iñiguez.

Con este marco, son varios los políticos latinoamericanos que se quejan por una presunta mala fe de la compañía para negociar con países no desarrollados. Consultado para esta investigación, Pfizer manifestó: "A nivel mundial, también hemos asignado dosis a países de ingresos bajos y medianos bajos a un precio sin fines de lucro, lo que incluye un acuerdo de compra anticipada con Covax para suministrar hasta 40 millones de dosis en 2021".

Entre tanto, esa empresa espera vender este año vacunas contra el coronavirus a un valor total de 15.000 millones de dólares. BioNTech, la firma asociada a Pfizer, ya recibió subvenciones del Gobierno alemán por alrededor de 445 millones de dólares. 

Publicado:24 feb 2021 17:49 GMT

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Domingo, 21 Febrero 2021 06:15

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

El bloqueo es un crimen de lesa humanidad

Según la ONU, son crímenes contra la humanidad los que constituyen ataques generalizados o sistemáticos a la población civil, así como los exterminios, la esclavitud, la deportación o expulsión forzosa, la privación de la libertad física e intelectual que viola el derecho internacional o las torturas, las violaciones, la prostitución y la violencia sexual, la persecución de un colectivo (incluido su “linchamiento mediático”) por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género; la desaparición forzada de personas, el apartheid y otros actos que atenten contra la integridad de las personas y de los grupos sociales. Por ejemplo el bloqueo, aunque lo llamen “embargo”. Antes de que los “puristas” de las clasificaciones leguleyas alienten esperanzas de ensayar elocuencias escolásticas, sepan que no tendrán lugar aquí. Es delito de lesa humanidad todo cuanto atente contra la vida, la libertad, los derechos y la dignidad de las personas… y los bloqueos son una de las formas de las guerras más alevosas, ilegales e ilegítimas, del capitalismo, aunque inventen ideólogos, tratados y legislaciones para camuflarse.

Combatir al bloqueo no es asunto sólo “legal”, de poco han servido el repudio en Naciones Unidas ni las proclamas airadas de las voces más indignadas. La batalla contra el bloqueo es una lucha política que no se detiene a las puertas de las burocracias y que implica una batalla radical contra el capitalismo, su modo y sus relaciones de producción. Sin duda el capitalismo, en su desarrollo, luego de la Segunda Guerra Mundial, produjo iguales o peores horrores contra la especie humana. Produjo usurpaciones, invasiones y hurtos. Todo tipo de engañifas, manipulaciones y humillaciones. Destrucción de países y de culturas. Miseria y desamparo, secuestros, usurpaciones y bloqueos. ¡Imposible maquillar tantos horrores! Las consecuencias empeoran y se comportan como pandemia. No hay futuro para la humanidad bajo un sistema así. Y para castigar a quienes se niegan a aplaudir sus horrores, el imperio impone “embargos” y bloqueos. Formas de una guerra despiadada contra los pueblos. Por ejemplo, el bloqueo contra Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Aunque ha sido condenado sinnúmero de ocasiones nada pasa; lo mismo sucede contra Venezuela y contra todo aquel que intente desarrollar nexos con ambos países.

Algunos se conduelen sólo por los “daños económicos” ocasionados por el bloqueo, pero es insuficiente para comprender y denunciar los estragos en salud, educación, vivienda, trabajo y cultura. El bloqueo es parte de la guerra sicológica imperial contra toda rebeldía. No olvidemos la obligación ética que tenemos todos de denunciar el ataque sistemático contra el estado de ánimo de los pueblos sometidos al bloqueo. Está más clara que nunca la urgencia de una nueva proclama planetaria por los derechos humanos; que despeje toda huella de individualismo para ascender a una práctica humanista que aprenda a no reducir los derechos y, a cambio, aprenda a expandir todas sus nociones a su carácter social necesario. Es hora de habilitarnos con un programa humanista mundial nuevo, con carácter vinculante, en todos los cuerpos constitucionales y jerarquías éticas con que debe armarse una justicia social verdadera que nos ponga a salvo de las formas despiadadas de desigualdad, desamparo y marginación reinantes.

Necesitamos una declaración de los derechos humanos de nuevo género que condene al bloqueo, esta vez democrática, suscrita por las organizaciones de los trabajadores, aceptada por los movimientos sociales en pie de lucha contra la separación de la humanidad en clases sociales. Un sistema humanista nuevo, de capítulos subordinados a una concepción dinámica e integral, capaz de perfeccionarse con su práctica objetiva y con la organización democrática permanente de veedores, supervisores y controladores organizados en comités éticos para el desarrollo de los derechos y las responsabilidades colectivas. Romper con toda “letanía de falsa democracia” para democratizar la Declaración Universal de Derechos Humanos, renovarla desde los consensos. Es un paso obligado en el corto plazo. Romper con la idea de que tal declaración ha de mantenerse enjaulada en la verborrea diplomática, para ascender a una que se vuelva “carne de las luchas” humanistas de base socialista y que sea sinónimo de fortaleza práctica sostenida con pensamiento crítico. Necesitamos una declaración que incluya debates y escrutinio de los pueblos contra sus opresores.

Hasta hoy, “los derechos humanos –escribe Marx– son los de miembros de la sociedad burguesa, es decir, de individuos egoístas, separados de sí y de la comunidad”… pero los derechos del ciudadano “sólo pueden ejercerse en comunidad. Su contenido es la participación en ella, y concretamente en la comunidad política, en el Estado”. Ninguno de los derechos humanos trasciende en individuos replegados en sí mismos. Necesitamos una declaración que sea herramienta de crítica cotidiana, cercana y en acción cuyas proclamas luchen en el sentido fundamental del respeto inalienable por el trabajo: “todos los miembros de la sociedad tienen igual derecho a percibir el fruto íntegro del trabajo” o a un “reparto equitativo del fruto de éste”.

Necesitamos un acuerdo internacionalista, de las bases, para refundar los derechos humanos de manera crítica contra el carácter limitado e inhumano de la lógica del capital. Para luchar contra toda forma de bloqueo, que constituye un crimen, flagrante y sistemático. Humanismo que sea más que un compendio de “buenos propósitos” filantrópicos; que sea una manera más de ascender a la práctica emancipadora. Como lo pensaba Marx, a la luz de la historia, inseparable del contenido insuflado por las fuerzas sociales en sus luchas emancipadoras. Humanismo de “nuevo género” como acción deseable, posible y realizable para las fuerzas que se fundamentan en la democracia participativa. Humanismo para no sucumbir a la opresión ideológica más feroz implícita en la sustracción de plusvalía. Humanismo que no se detenga ante nada, que defienda a la naturaleza, que proteja al patrimonio cultural, que combata a los negocios de las guerras, de los bancos buitres y de los mass media, máquinas de guerra ideológica. No traguemos más engaños, el bloqueo es un crimen de lesa humanidad. Y hay que frenarlo, sancionarlo y obligarlo a reparar los daños, globalmente.

Por Fernando Buen Abad Domínguez, Director del Instituto de Cultura y Comunicación y Centro Sean MacBride Universidad Nacional de Lanús

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El experimento de qué pasa si un país y un gigante tecnológico chocan: la confrontación entre Facebook y Australia

La red social reacciona con un apagón informativo a la intención del gobierno australiano de hacerle pagar por las noticias que comparten sus usuarios. Los algoritmos han censurado también decenas de páginas del gobierno y la sociedad civil

 

En los últimos tiempos los gobiernos han subido el tono con las multinacionales digitales. La cosa empezó con la manipulación informativa de Cambridge Analytica y los rusos pero siguió con la precarización que impone su economía a escala, con los gastos extra que suponen para los estados, con su ingeniería financiera para pagar menos impuestos, con sus prácticas monopolísticas, con sus algoritmos sesgados o con sus estrategias para mantenernos enganchados.

En ese tira y afloja con las GAFAM (Google, Apple, Amazon, Facebook y Microsoft), Australia ha sido la primera en probar hasta dónde puede estirarse la cuerda antes de romperse. Los resultados preliminares de ese experimento son: 1) a los países no va a serles fácil torcer la voluntad de estas multinacionales; y 2) hay varias y todas son monopolios en sus sectores, por lo que un conflicto con solo una de ellas puede llevar a problemas.

Una exigencia made in Australia

El problema que ha elegido Australia para lanzar el órdago es, curiosamente, una disputa aletargada desde los primeros pasos de Internet: ¿cómo deben remunerar las multinacionales tecnológicas a los medios de comunicación por el uso de sus contenidos en sus plataformas?

Tras años de tregua, parlamentos de todo el mundo han retomado el debate sobre esto. También en España. El dominio de la publicidad digital de Google y Facebook está tan consolidado que ya no hay dudas sobre la necesidad de regulaciones a medida. Las compañías por su parte han aceptado que ha llegado el momento de pagar, después de muchos años usando las noticias como vía para extraer datos sobre los intereses de sus usuarios con los que rellenar sus perfiles publicitarios.

El punto medio donde gigantes digitales y empresas editoras se están encontrando son los acuerdos individuales con cada medio para llevar a cabo esa remuneración, que ya se han firmado en varios lugares del mundo.

El Gobierno y el Parlamento australiano quieren ir un paso más allá: pretenden establecer tasas reguladas por ley a negociar entre las plataformas y los medios. Si no se ponen de acuerdo, entra en acción un organismo de mediación. El problema es que las plataformas no quieren ni oír hablar de estos entes intermediarios, ni en Australia ni en ningún otro lugar. España, por ejemplo, es el único país europeo sin Google News y el motivo es que Google se negó a negociar con un intermediario, una SGAE de la prensa, llamada Cedro. Ante el ultimátum del canon AEDE, la multinacional desactivó el servicio de agregación de noticias. Y así lleva desde 2014.

Australia también quiere que tanto Google como Facebook informen a los editores sobre los cambios que vayan a introducir en los algoritmos, con el fin de que puedan estar preparados de antemano. Estas modificaciones en la forma en la que las tecnológicas muestran la información pueden resultar dramáticas para los medios, que sufren una gran dependencia de la visibilidad que obtienen de Google y Facebook.

Si los entes intermediarios son una línea roja para las plataformas, lo de abrir sus algoritmos a los medios locales australianos y darles en exclusiva una información por la que negocios de todo el mundo –mucho más allá de la industria mediática– estarían dispuestos a pagar millones, a las multinacionales les suena ya a exigencia de otro planeta.

Apagón informativo

Google amenazó con bajar la persiana y abandonar totalmente Australia si esta insistía en sus demandas, aunque finalmente ha llegado a un acuerdo con News Corp., la multinacional editora de un buen número de cabeceras en el país, y con otros medios locales. El trato es similar al alcanzado con editores de Francia, Reino Unido o Brasil y no incluye ninguna cláusula sobre algoritmos.

Facebook, en cambio, ha decidido cortar por lo sano y vetar todos los enlaces de noticias y las páginas de Facebook que publican información para los 16 millones de australianos que usan sus servicios. Antes incluso de que Australia apruebe la ley.

La decisión ha producido un caos informativo este jueves. Un apagón informativo que recuerda a esos que los que protagonizan las dictaduras o cuando se llevan a cabo golpes de Estado como el de Birmania, donde lo primero que se hace es cortar el acceso a las redes sociales. La diferencia es que en esta ocasión ha sido una multinacional la que ha dejado a oscuras a los ciudadanos.

El debate ha trascendido rápidamente de disputa comercial a las libertades fundamentales. "Es extremadamente preocupante que una empresa privada esté dispuesta a controlar el acceso a la información de la que dependen las personas. La acción de Facebook demuestra claramente por qué permitir que una empresa ejerza un poder tan dominante sobre nuestro ecosistema de información amenaza los derechos humanos", ha denunciado Amnistía Internacional, que pide a la empresa de Zuckerberg que "revoque inmediatamente la decisión".

Uno de los aspectos más graves es que la acción de Facebook ha arrasado un gran número de páginas que no son medios de comunicación. El periodista Kevin Ngouyen ha ido recopilando en Twitter los casos en los que los algoritmos han censurado páginas meramente informativas, que se cuentan por decenas. Entre ellos hay páginas oficiales del Gobierno australiano, de sindicatos, de ONG, de asociaciones deportivas, benéficas, de víctimas de violencia de género, metereológicas, de aviso de incendios...

por Carlos del Castillo

18 de febrero de 2021 23:03h

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