¿Por qué Bill Gates se ha convertido en el mayor propietario privado de tierras agrícolas en EE.UU.?

Especialistas advierten que la concentración de propiedades en pocas manos podría afectar a la biodiversidad.

El cofundador de Microsoft, empresario y filántropo, Bill Gates, ha acumulado la mayor cantidad de tierras agrícolas privadas en EE.UU.: alrededor de 98.000 hectáreas. Dichos terrenos forman parte de una cartera más amplia de 109.000 hectáreas que pertenece a su familia y entidades asociadas en 19 estados de EE.UU. Las propiedades más grandes están en Luisiana (28.000 hectáreas), Arkansas (20.000 hectáreas) y Arizona (10.500 hectáreas).

Durante una sesión en la red social Reddit del pasado 22 de marzo, Gates explicó que el desarrollo del cultivo de semillas y nuevos biocombustibles son los principales motivos de las adquisiciones. 

"Mi grupo de inversión decidió hacer esto. No está relacionado con el clima", subrayó el empresario. Sin embargo, sostuvo que "el sector agrícola es importante. Con semillas más productivas podemos evitar la deforestación y ayudar a África a lidiar con las dificultades climáticas".

Al mismo tiempo, dijo que "no está claro qué tan baratos pueden ser los biocombustibles, pero en caso de que sean baratos pueden resolver el problema con las emisiones de la aviación y los camiones". 

Refiriéndose a la cuestión de la sostenibilidad del sistema agroalimentario, Gates indicó que "tenemos mucha agua. El problema es que es caro desalinizarla y trasladarla a donde se necesita, [...] su costo es prohibitivo para el uso agrícola del agua. Las semillas nuevas pueden reducir el uso de agua".

El problema de la concentración de tierras agrícolas

Según los datos de la ONG Coalición internacional por la tierra (ILC, por sus siglas en inglés) vigentes para noviembre del 2020, el 1% de las granjas del mundo posee el 70% de los campos de cultivo. Es en EE.UU. donde últimamente se ha producido el cambio más abrupto en la redistribución de tierras en beneficio de las personas más ricas.

La falta de tierra es más baja en China y Vietnam, y más alta en América Latina, donde el 50% de los propietarios más pobres tienen solo el 1% de los terrenos. 

La concentración de la tierra en cada vez menos manos lleva a la expansión de las técnicas de agricultura industrial más intensivas para generar mayores beneficios. Mientras tanto, los pequeños agricultores y los pueblos indígenas son más cautelosos con el uso de la tierra.

Nick Estes, profesor de la Universidad de Nuevo México (EE.UU.), recordó este lunes, en una columna de opinión en The Guardian, que las tierras aún administradas por pueblos indígenas sustentan el 80% de la biodiversidad del mundo. Sostiene que eso ocurre porque utilizan "prácticas anatemas" para la agricultura industrial, no consideran el proceso del cultivo en términos de inversión y tratan de mantenerla para la próxima generación, conservando su biodiversidad.

Publicado: 6 abr 2021 01:46 GMT

Publicado enInternacional
Sábado, 15 Febrero 2020 06:35

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Nuevo asalto corporativo a la alimentación

Se está gestando un ataque en varios frentes por parte de las mayores trasnacionales de los agronegocios –junto con las de informática y otras– para apropiarse de la decisión global sobre políticas agrícolas y alimentarias. El intento es reconfigurar el sistema de gobierno internacional –actualmente basado en agencias públicas y de Naciones Unidas, como la FAO– y de investigación agrícola para crear instituciones globales manejadas por y dependientes de las transnacionales, pero desde donde se pretende instaurar políticas públicas para todos los países. O sea, políticas que nos afectan a todos y todas, que definen la calidad, cantidad y condiciones de acceso a los alimentos, en desmedro de las redes campesinas, que son las que producen la mayoría del alimento que consume 70 por ciento de la población mundial, y de la posibilidad de definir nuestra propia alimentación.

Se trata de tres iniciativas internacionales que vinculan los temas de gobierno, nuevas tecnologías e investigación agrícola: una Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios, a realizarse en 2021, una propuesta para establecer un concejo digital internacional de agricultura y alimentación y una propuesta de "unificación" de los centros de investigación agrícola pública internacionales (sistema Cgiar) bajo una sola mesa directiva global, en función de intereses corporativos. Son iniciativas digitadas por trasnacionales y filantrocapitalistas, como la Fundación Bill y Melinda Gates. El nuevo informe The next agribussiness takeover, del Grupo ETC, analiza estas propuestas y su contexto ( https://tinyurl.com/wbf25tg).

Paradójicamente, se presentan como iniciativas "públicas", por el involucramiento de actores de Naciones Unidas o gobiernos, pero lo que subyace son estrategias para sabotear el multilateralismo, evitar la supervisión pública y, sobre todo, evitar que organizaciones campesinas, indígenas, de derecho a la alimentación y otras puedan opinar y actuar sobre estos procesos.

Por ejemplo, la Cumbre Mundial de Sistemas Alimentarios fue anunciada en 2019 por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, desde su sede en Nueva York, afirmando paralelamente que se realizará en colaboración con el Foro Económico Mundial (Foro de Davos), donde se reúnen las trasnacionales y los más ricos del mundo. La FAO y otras agencias multilaterales de la ONU no fueron consultadas, sino posteriormente.

Se podría creer que una cumbre convocada por el secretario general es una cumbre de Naciones Unidas. Pero esto no es así, como tampoco lo son las cumbres del Clima o de los Océanos, realizadas antes en Nueva York. Son anunciadas desde un cargo público y usando las instalaciones de Naciones Unidas, pero con actores privados. Quién participa y cómo, depende de las posibilidades económicas que se tenga para llegar allí, o que alguno de los financiadores, filantrocapitalistas o empresas, solvente el gasto. La dinámica, decisiones y declaraciones son decididas por esos organizadores.

En las agencias de la ONU, como la FAO en el caso de agricultura y alimentación, todos los países miembros deben participar, cada uno con un voto, y para ello se debe garantizar desde la ONU la participación de los países pobres. Dentro de esos organismos hay mecanismos para que los grupos afectados participen en las negociaciones. En el caso del Comité Mundial por la Seguridad Alimentaria, que reúne a todas las agencias de Naciones Unidas relacionadas con el tema, se formó un Mecanismo de la Sociedad Civil, que se autoorganiza para discutir los temas en negociación y garantizar se expresen las posiciones, especialmente de las organizaciones campesinas e indígenas.

Sería ingenuo creer que esto alcanza para que haya participación igualitaria de los países y las empresas siempre han intervenido, cabildeado y presionado dentro de Naciones Unidas de todas formas. No obstante, la propuesta ahora viene directamente desde los centros de poder de las trasnacionales, en este caso a través de la Iniciativa de Sistemas Alimentarios del Foro de Davos, y es parte de una estrategia global para garantizar que sean las propias empresas las que definan las políticas públicas.

La intención es asegurar las mejores condiciones en todo el mundo para desplegar la "agricultura 4.0", es decir, agricultura industrial dependiente de alta tecnología, desde cultivos transgénicos y semillas corporativas hasta sistemas digitalizados en producción y comercio, todo controlado por las trasnacionales de agronegocios y las plataformas digitales con las que están aliadas (Ver La insostenible agricultura 4.0, https://tinyurl.com/qt2emkt).

Como una forma de afianzar esto, Guterres nombró enviada especial para la Cumbre de Sistemas Alimentarios a Agnes Kalibata, presidenta de AGRA (Alianza para la Revolución Verde en África), iniciativa para devastar ese continente con agricultura industrial y transgénica, promovida por la Fundación Gates.

El Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria, que reúne a miles de organizaciones campesinas y de la sociedad civil que han interpelado a las cumbres de la Alimentación desde 1996, lanzó una carta pública de protesta –aún abierta a firmas– exigiendo al secretario general de la ONU que separe a Kalibata del cargo y cuestionando la forma de organización de esta nueva cumbre (https://tinyurl.com/vr22583).

* Investigadora del Grupo ETC

Publicado enMedio Ambiente
Sábado, 21 Octubre 2017 07:20

La privatización de la Amazonia brasileña

La privatización de la Amazonia brasileña

Con la llegada de Michel Temer al Gobierno la privatización y la extranjerización de la Amazonia crecen de forma exponencial. Desde las más diversas posturas ideológicas, se consolida la convicción de que el control del pulmón del planeta está siendo perdido por el Estado brasileño.


El primer punto a considerar es la hegemonía de la bancada ruralista en el Parlamento y en el Gobierno. Se trata de las viejas oligarquías que protagonizaron la historia de Brasil, aliadas ahora con una nueva camada de ocupantes ilegales de tierras que los sucesivos Gobiernos han legalizado. Pero en estos momentos los ruralistas están promoviendo leyes que prevén incluso la extinción de las Unidades de Conservación si no hay indemnización a los 'propietarios' que las ocupan de modo legal o ilegal.
De aprobarse el proyecto de ley presentado por los ruralistas, sería un enorme paso atrás en la conservación de la Amazonia y en el combate a la deforestación. Datos oficiales muestran que el 21% de la selva amazónica ya fue devastada pero que dentro de las Unidades de Conservación se mantiene prácticamente intacta.


Por otro lado, la nueva legislación vulnerará los compromisos adquiridos por Brasil en la Conferencia del Clima para contener la deforestación, proceso que debería estar detenido en 2030 y reducido a sólo 3.900 kilómetros cuadrados anuales en 2020.


La segunda cuestión son las razones económicas de la deforestación. Un reciente libro publicado por el Instituto Agronómico de la Amazonía, titulado 'Dueño es el que deforesta', sostiene que los responsables no son ni la soja ni la ganadería, como aseguran buena parte de los ambientalistas. Quienes deforestan son los ocupantes ilegales, que al abatir la selva elevan el precio de la tierra 20 veces, y en algunos casos hasta 200 veces su valor inicial.


Luego venden la tierra a los ganaderos y los sojeros, legalizándola de forma también irregular, usando a su favor resquicios legales y la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la integridad de la Amazonia.


La ocupación ilegal de tierras va de la mano de la violencia contra campesinos, indígenas y pescadores, según un reciente informe de la periodista Eliane Brum en el diario brasileño El País. Desde que Temer ocupa el Palacio de Planalto, se registra un incremento sustancial de las muertes por conflictos de tierra, a razón de un asesinado cada seis días. Son 47 en lo que va de 2017, como señalan los informes periódicos de la Comisión Pastoral de la Tierra.


La violencia no es una desviación de la norma, sino la forma habitual de hacerse con tierras estatales, de pueblos o de pequeños productores. De ese modo, el llamado 'consorcio de la muerte' está consiguiendo que las tierras públicas de la selva pasen a manos privadas, en gran medida destruyendo las organizaciones campesinas por la violencia. Los crímenes ambientales, como los reconoce la legislación, suelen ser amnistiados cada cierto tiempo, como sucede ahora bajo el Gobierno Temer.


El Gobierno debió dar marcha atrás en su intento por anular la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (RENCA), un área de 46.000 kilómetros cuadrados creada en 1984 que fue bloqueada a los inversores privados. Su objetivo es abrir la reserva, entre los estados de Pará y Amapá, a la minería aurífera. La oposición de la sociedad fue tan grande, que en apenas un mes Temer debió retirar el decreto.


La tercera cuestión es la más compleja porque tiene un carácter estratégico. Podemos focalizarla en el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, con acceso privilegiado a las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco que conectan la Amazonia con el Caribe. En Roraima están las mayores reservas de oro, niobio y estaño del mundo, además de importantes yacimientos de torio, cobalto, molibdeno, diamantes y titanio, según el Inventario Mineral del Escudo Geológico de Roraima, realizado por el Ministerio de Minas y Energía de Brasil en 2003.


Esa misma región alberga los mayores yacimientos de uranio del mundo, compartidos por Brasil, Venezuela y la Guayana Esequiba, zona en disputa desde 1966 entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, antigua Guayana Británica. Desde 2009 empresas canadienses explotan yacimientos de uranio en esa región, algo que no es visto con buenos ojos ni por Caracas ni por Brasilia.


El Gobierno de Lula había previsto formar en el norte de Brasil y en el sur de Venezuela un 'espacio económico común', en una zona considerada geoestratégica, con el objetivo de 'ocupar' una región que es codiciada por multinacionales del Norte y es zona de expansión de los paramilitares colombianos.


Los militares nacionalistas brasileños tienen perfecta conciencia de esta situación. Afirman que el declive estratégico de Estados Unidos implica retrocesos en todo el mundo menos en el área del Caribe, que es la fuente histórica de su poder. Citando un trabajo de los periodistas Robert D. Kaplan y Karen Hooper, publicado en Stratfor bajo el título 'La fuente del poder estadounidense', recuerdan que el Gran Caribe del imperio abarca desde Yorktown (Virginia) hasta las Guyanas, o sea hasta la selva amazónica.


En esa región, aseguran los nacionalistas, se está produciendo una "ocupación internacional silenciosa" de la mano de ONG ambientalistas que han promovido la instalación de reservas indígenas y forestales que "obstaculizan cualquier actividad económica moderna". Sostienen que a través de organismos internacionales, Washington sigue aspirando a controlar la Amazonia, acotando la soberanía de Brasil sobre la región con la excusa del conservacionismo ambiental.


Mientras el Gobierno de Temer acelera la privatización de la mayor selva del mundo, sectores militares apuestan por revertir las políticas de conservación, en la misma línea del Gobierno aunque desde intereses opuestos. En tanto, la sociedad brasileña contempla la privatización y la extranjerización de su principal riqueza sin siquiera poder participar en un inexistente debate nacional. Todo indica que las fuerzas capaces de frenar la destrucción están paralizadas, desmoralizadas y a la defensiva, mientras que los depredadores tienen el timón en sus manos para avanzar sobre lo que queda de la Amazonia.

Publicado enInternacional
Miércoles, 18 Octubre 2017 06:42

Otro retroceso más en Brasil

Otro retroceso más en Brasil

La Organización Mundial del Trabajo (OIT) afirmó que el país “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”, a la vez que tilda la nueva medida de ilegal, porque altera el Código Penal.

 

En sus olímpicos esfuerzos para mantenerse en el sillón presidencial alcanzado a raíz de un golpe institucional, Michel Temer da reiteradas muestras de considerar que, en esa lucha, cualquier arma es buena.

En vísperas de enfrentar la segunda denuncia presentada por la Procuraduría General de la República, esta vez por formación de bando criminal y obstrucción de la Justicia, Temer una vez más transformó su despacho en un balcón de negocios. Recibe a diputados, oye sus demandas, negocia la liberación de recursos (desviados, por cierto, de su destino inicial), la distribución de cargos y puestos, así como el envío al Congreso de medidas de interés de grupos económicos o religiosos, en especial los de sectas evangélicas fundamentalistas.


Este lunes, de manera inesperada, Michel Temer decidió acatar una antigua reivindicación de los grandes terratenientes brasileños: aprobó medidas que dificultarán, cuando no imposibiliten, la fiscalización y la punición de los responsables por trabajo esclavo o en situación análoga a la esclavitud. Con eso espera asegurarse los votos favorables de la llamada “bancada ruralista”, que reúne a más de 200 de los 531 diputados, y que representa intereses propios (muchos de ellos son grandes propietarios rurales) y de todo el sector del agro negocio.


Hubo protestas inmediatas, dentro y fuera del país. El más contundente partió de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), que en una dura nota afirmó que el país “deja de ser referencia global en el combate al trabajo esclavo y pasa a ser ejemplo negativo”. Además, advierte que la medida es ilegal, porque altera lo que determina el Código Penal brasileño.


Para OIT, la legislación anterior contenía puntos considerados ejemplares, que ahora fueron anulados o neutralizados. Antes, se consideraba que “jornadas exhaustivas y en condiciones degradantes” configuran situación análoga a la esclavitud. La nueva determinación de Temer dice que no, y que la fiscalización solo podrá sancionar al empleador cuando haya “restricción de libertad”. No aclara qué sería “restricción de libertad”, o sea, prevalecerá el criterio del empleador.


Antes, impedir que alguien abandone determinado lugar en que es forzado a ejecutar tareas en situaciones degradantes era esclavitud. A partir de ahora, solo será esclavitud cuando se emplee el uso de la fuerza o haya vigilancia armada para impedir que el trabajador abandone el local.


La legislación anterior determinada la divulgación, a cualquier momento, de una “lista sucia” con los nombres de los sancionados por emplear mano de obra esclava. Esa lista era elaborada por el cuerpo técnico del ministerio del Trabajo, sin injerencia alguna. Ahora, divulgarla pasa a ser de competencia exclusiva del titular de la cartera de Trabajo. Si decide mantenerla bajo sigilo, nadie sabrá quienes la integran.


Antes, los integrantes de la lista eran obligados a pagar deudas laborales e indemnización a las víctimas. Además, su nombre quedaba registrado por al menos un año. Ahora, los que practiquen trabajo esclavo ya no tendrán ninguna obligación frente a sus víctimas. Los pobres miserables tendrán que recurrir, por su cuenta, a la justicia, lo que jamás ocurrirá.


Todo eso llevó la OIT a otro alerta: sin que se divulgue el catastro de quien somete en el país trabajadores a esclavitud, Brasil corre el riesgo de enfrentar barreras comerciales, especialmente en las exportaciones de alimentos. Abandonar el criterio estrictamente técnico en la elaboración y divulgación de la lista para adoptar criterios meramente políticos seguramente generará desconfianza de compradores por todo el mundo. El sistema brasileño de la “lista sucia” era considerado referencia internacional.
Desde la llegada de Michel Temer y su grupo al poder, las presiones de los “ruralistas” no hicieron más que aumentar. Como consecuencia, el combate al trabajo esclavo perdió fuerza, pero perduraba. La fiscalización, por ejemplo, sufrió una drástica reducción en su presupuesto, a tal punto que el pasado agosto se agotaron los recursos previstos en el presupuesto nacional para todo este año.


Acosado por consistentes denuncias de corrupción, entre otros delitos, el presidente más impopular de toda la historia brasileña no pensó dos veces. A cambio de apoyo para mantenerse y también preservar los dos ministros más fuertes de su gobierno, que además de integrar la misma denuncia que será analizada por la Cámara de Diputados responden a un sinfín de acusaciones en la Justicia, retrocedió y eliminó conquistas de décadas.


A tal punto impactó el retroceso, que tanto el Ministerio Público del Trabajo como el Ministerio Público Federal, fiscalías máximas, hicieron críticas muy duras a la medida y recomendaron que sea anulada.


Ya el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, poderosísimo terrateniente y cultivador de soja transgénica, dijo que “solo tenemos que celebrar” la decisión de Michel Temer.
Nada podría ser más aclarador.

Publicado enInternacional
Viernes, 21 Octubre 2016 06:51

La tierra para los delincuentes ambientales

La tierra para los delincuentes ambientales

A cuatro años de la destitución del presidente Fernando Lugo, son evidentes el retroceso que esto significó para los campesinos, y el avance exponencial de los negocios de la soja y la carne, que profundizan la desigualdad y se rigen por los métodos mafiosos que caracterizan al narcotráfico. Lo peculiar del caso paraguayo es el ferviente apoyo estatal a las ilegalidades empresariales.

 

“¿Por qué para desalojar a 50 familias campesinas envían a 400 policías?”, le preguntan a la socióloga Marielle Palau, quien sigue la lucha campesina desde hace más de dos décadas. “Porque si son pocos (los policías) no les tienen miedo y no pueden de¬salojarlos”, responde. “Por eso emplean niveles inéditos de violencia, y en casi todos los desa-lojos, muchos de ellos asentamientos legales establecidos en colonias estatales, les queman las viviendas y los cultivos y les roban sus pertenencias.”


Un buen ejemplo de lo que afirma Palau es lo sucedido en la colonia San Juan (departamento de Canindeyú) el 17 de agosto pasado, cuando más de 200 policías desalojaron 12 lotes, dejando a cien campesinos sin sus tierras ni viviendas luego de que, según un comunicado del instituto Base-Investigaciones Sociales (Base-IS), la comitiva fiscal-policial “derribó las casas de las familias, trabajo que realizaron policías y peones de los productores de soja”.


El caso es grave porque la colonia San Juan fue creada en 1995 sobre tierras del Estado a través de la ley 620, que permitió a familias campesinas beneficiarias de políticas agrarias colonizar una amplia zona de 8 mil hectáreas. Presionadas por las fumigaciones y el envenenamiento de animales y cultivos, muchas familias vendieron sus lotes a productores de soja, en su mayoría brasileños. El desalojo de las familias que permanecían en la colonia se produjo tras la denuncia de un sojero que aseguró que los campesinos invadían su propiedad. Pero el operativo no contaba con orden judicial de de¬salojo.


La policía de elite se quedó varios días en la colonia, arrestando a los campesinos que circulaban por los caminos vecinales. El 8 de setiembre, señala un comunicado de Base-IS, un grupo de policías y sojeros llegó al asentamiento “con la intención de fumigar con secantes químicos los cultivos de las familias”. Ante la oposición encontrada, hirieron de gravedad a un campesino. “El corazón del conflicto es el acaparamiento irregular por productores sojeros de tierras estatales reservadas para la reforma agraria”.


Paraguay ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de países productores de soja transgénica, por delante de Canadá y detrás de China, India, Argentina, Brasil y Estados Unidos. Los 9 millones de toneladas de soja se cosechan en 3,5 millones de hectáreas que han sido robadas (literalmente) a campesinos, indígenas y a un Estado aliado de los sojeros.


LA SOJA SE COME TODO.


Lo más curioso e indignante es que los productores de soja avanzan sobre tierras del Estado que fueron entregadas a campesinos beneficiarios de planes de reforma agraria. En claro, se trata de colonias estatales, aunque el propio Estado paraguayo las haya abandonado sin asignarles servicios mínimos. En las zonas de expansión sojera, en los departamentos de la franja lindera con Brasil, los productores brasileños alegan tener títulos de propiedad, conseguidos de forma fraudulenta por la corrupción de funcionarios estatales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) y de la Dirección de Catastro.


Dos trabajos de Base-IS documentan el avance del agronegocio y de la represión. El informe “Con la soja al cuello”, coordinado por Palau (2015), y el estudio “Judicialización y violencia contra la lucha campesina”, de Abel Areco y la propia Palau (2016), son dos pormenorizados trabajos que resumen lo sucedido en el campo paraguayo entre 2013 y 2015, o sea en los dos primeros años del gobierno de Horacio Cartes.


Entre 2004 y junio de 2012 (cuando un golpe parlamentario destituyó al presidente Fernando Lugo) se había liberado legalmente un solo cultivo transgénico. Tras la caída de Lugo se liberaron 19 más, de modo legal o ilegal, según la abogada Silvia González. “Para acceder a información sobre la liberación de semillas transgénicas –escribe la abogada– nos hemos visto en la necesidad de recurrir a información de organismos del exterior, ya que la página oficial de la Comisión de Bioseguridad Agropecuaria y Forestal (Conbio) desde hace meses tiene ‘problemas técnicos’.”


En segundo lugar, se constata una fuerte concentración de las empresas oligopólicas, que controlan el 75 por ciento del mercado global, seis grandes empresas, encabezadas por Monsanto y seguidas por Syngenta, Dow, Bayer (ahora en proceso de fusión con Monsanto), Basf y DuPont. Cuatro empresas brasileñas controlan las exportaciones paraguayas de carne y tres estadounidenses las de soja, en un país donde el presidente es, a la vez, empresario ganadero, sojero, tabacalero, agroindustrial y financiero, por mencionar apenas sus negocios legales.


Sólo tres empresas controlan el 40 por ciento de las exportaciones globales paraguayas. Las consecuencias son catastróficas para el ambiente y los campesinos. Según la Asociación Guyra Paraguay, cada año se deforestan 260 mil hectáreas de bosque, por lo que en poco más de una década “la deforestación rampante promete eliminar los bosques de la faz del país”. Cada día se destruyen 2 mil hectáreas.


El economista Jorge Villalba, de la Sociedad de Economía Política, concluye, luego de analizar los datos oficiales, que los grandes productores evadieron nada menos que el 87 por ciento del impuesto a la renta agropecuaria. El sector apenas aportó 110 millones de dólares en todo 2015, lo que alcanza para mantener al Estado en funcionamiento apenas tres días. Las seis principales agroexportadoras vendieron 2.500 millones de dólares, de los cuales sólo aportaron 14 millones por el impuesto a la renta, el 0,5 por ciento.


RESISTENCIAS Y DESTRUCCIÓN.


Hasta la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, en 1989, la mitad de los paraguayos vivía en zonas rurales. En ese momento las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, pretendían que la población rural se situara en torno al 12 por ciento del total. En consecuencia, entre dos y tres millones de campesinos debían ser desplazados hacia las ciudades.


Las cosas marcharon según lo previsto. En 1991 había casi un millón de trabajadores rurales, cifra que se redujo a 238.400 en 2008, según el trabajo del sociólogo Ramón Fogel, del Centro de Estudios Rurales Interdisciplinarios. Por un lado, se vive un crecimiento exponencial del uso de herbicidas como el glifosato y otros venenos, a razón de nueve quilos de veneno per cápita cada año. Entre 2009 y 2015 la superficie sembrada con soja creció 31 por ciento, pero los agrotóxicos importados lo hicieron en 42 por ciento y los fungicidas secos se expandieron un 937 por ciento.


La agricultura mecanizada utiliza un trabajador cada 500 hectáreas, mientras que “la agricultura campesina, en un promedio de tres hectáreas de cultivo de productos agrícolas ocupa alrededor de cinco trabajadores de forma permanente”, señala el informe “Con la soja al cuello”. Un conjunto de factores –crecimiento de la superficie de cultivos transgénicos, fumigación masiva con venenos y caída de los precios de la agricultura familiar– explican buena parte del éxodo rural. Sin embargo, el factor decisivo es la violencia sistemática de los sojeros y las mafias, apoyados por el Estado.
En departamentos sojeros como Canindeyú, seis de cada diez propietarios de más de mil hectáreas son brasileños. Según Fogel, se trata de grandes empresarios que tienen capacidad de comprar influencias, favores y sobre todo impunidad, en lo que define como “un capitalismo de mafia que incorpora en sus prácticas el soborno y elementos ligados a la coerción física”.


En dos años hubo 43 comunidades campesinas violentadas por reclamar sus derechos a la tierra y por resistir las fumigaciones de cultivos de soja. En 16 de esos casos el Estado intervino y terminó destruyendo las viviendas campesinas. En total, seis de cada diez comunidades atacadas lo son en el marco de luchas por la tierra, y en cuatro de los casos por la resistencia a los agronegocios, que vienen creciendo de forma exponencial.


En los dos años relevados por Base-IS hubo 87 personas heridas o torturadas, en 16 casos se quemaron viviendas, se destruyeron cultivos y se robaron bienes de las familias campesinas. Como señalan Areco y Palau, la criminalización es “una estrategia pensada y montada desde el Estado para enfrentar las luchas sociales y colocar en el plano judicial (delictivo) los problemas sociales, para deslegitimar las luchas por sus derechos”.


La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay relevó en un informe 120 asesinatos de campesinos a manos de las fuerzas policiales desde el fin de la dictadura. Todos ellos “fueron planificados y tuvieron la coherencia de una finalidad política”, consistente en forzar el desplazamiento de campesinos “para apropiarse de sus territorios, mediante la perpetración sistemática y generalizada de métodos de terrorismo de Estado que gozan de impunidad judicial”.


DELINCUENTES AMBIENTALES.


El abogado Juan Martens sostiene en el prólogo del informe “Judicialización y violencia contra la lucha campesina” que el paraguayo es un “Estado débil (no ausente), útil y funcional a poderes fácticos y mafias regionales y departamentales que violan impunemente la ley o utilizan algunas de ellas para la protección de sus negocios”.


Destaca la existencia de una “selectividad punitiva” por parte del Ministerio Público, que se focaliza en las personas que lideran movilizaciones contra las fumigaciones e integrantes de comisiones vecinales. De forma sistemática, tanto jueces como fiscales se han posicionado a favor de los intereses de los poderosos. Se han emitido sentencias de hasta 30 años de cárcel por “invasión de inmueble”, la clásica ocupación de fincas que realizan los campesinos desde hace décadas.


A ese tipo de empresarios Marten los llama “delincuentes ambientales”, e incluye en esta categoría a los cultivadores de soja que contravienen la legislación ambiental, a traficantes de rolos de madera y a los propietarios de tierras malhabidas. La impunidad de estos delincuentes es posible por “la cooptación de las instituciones policiales, fiscales y judiciales por estas mafias”, sobre todo en los departamentos de “mayor incidencia de la soja, la ganadería y el narcotráfico”.


La impunidad y la subordinación del Estado a los empresarios se relacionan con el acaparamiento ilegal de tierras facilitado por el estatal Servicio de Información de Recursos de la Tierra (Sirt). Formalmente, este organismo apunta a informatizar el registro agrario de las 1.018 colonias que tiene el Estado, pero la investigadora Inés Franceschelli, de Base-IS, afirma que es el modo de “pasar una capa de cemento sobre las tierras irregulares”. En apoyo de su tesis cita al gerente del Sirt Hugo Giménez, quien dijo el año pasado que “los lotes que ya tienen título definitivo, aun los conseguidos con informes falsos, no serán cambiados. Hay gente que tiene cinco lotes, contraviniendo lo que dice el estatuto. Es injusto. Pero si se pretende recuperarlos pasarán 50 años en una demanda” (ABC Color, 9-I-15).


En la lucha por la tierra no hay ninguna estructura de alcance nacional que se destaque. La mayor parte es protagonizada por las Comisiones Vecinales locales, en tanto la resistencia a las fumigaciones la lleva adelante la Federación Nacional Campesina (Fnc), una de las pocas organizaciones campesinas que no hipotecaron su independencia en el apoyo al gobierno progresista de Fernando Lugo, al igual que la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y la Organización de Lucha por la Tierra (Olt).


Pese a los elevados grados de violencia, la resistencia campesina sigue en pie y consigue algunos logros gracias a la tenacidad de las organizaciones y el apoyo de profesionales y movimientos urbanos. Teodolina Villalba, dirigente de la Fnc, asegura: “Mucho se cuidan para realizar las fumigaciones en los lugares donde hubo conflicto, varios dejan de fumigar, otros dejan de plantar y también algunos ya abandonaron sus tierras”. Con una sonrisa dice bien alto: “Omuñama chupekuera lomitá” (los echaron los compañeros).

Publicado enInternacional