Martes, 23 Julio 2019 06:09

Lideresas contra el despojo

Lideresas contra el despojo

– No sé leer ni escribir, pero me vengo al río y saco el oro para mi jornal, el pescado para alimentar a mis hijos y nietos, cultivo maíz y café… Y así junté para construirme mi casita y sacar adelante a mi familia yo sola. Porque a mi marido lo mataron los ‘paracos’.

A su marido, y a la mayoría de los tíos y primos de Eva Luceli Higuita Oliveros.  “He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá, mi empresa. ¿De qué vamos a vivir cuando no podamos seguir viniendo?”, nos dice junto al puente La Garrucha, desde el que los paramilitares solían arrojar a sus víctimas al torrente, en la región colombiana de  Antioquia.

Eva Luceli, 52 años, aprendió desde pequeña a multiplicar los panes y los peces cribando la arena del majestuoso río Cauca hasta descubrir entre sus granos las deslumbrantes pepitas de oro. Sus manos obran el milagro de transformar semillas en alimento, y la fuerza física y mental de su pequeño cuerpo lleva décadas consiguiendo cubrir las necesidades de sus hijos y nietos. Pero todos estos conocimientos y resultados que no tienen ningún valor para las cuentas de resultados que compiten en la bolsa -y que no consiguieron exterminar las balas de la guerra colombiana-, van a ser arrasados por Hidroituango, una de las más de cien represas que se están construyendo en Colombia, un país donde ya se produce más energía de la que se consume, pero sin las que no se podrían abastecer las más de 9.000 concesiones de explotaciones mineras concedidas hasta 2015, así como cumplir con el plan estratégico de un país que pretende convertirse en un polo de generación eléctrica para el continente latinoamericano, así tenga para ello que expoliar y agotar los bienes comunes que han garantizado la subsistencia de miles de personas. «He sufrido cuatro desplazamientos forzosos por los grupos armados, pero el peor va a ser este quinto que me va a hacer la hidroeléctrica Hidroituango, porque el río es mi papá», Eva Luceli #Defensoras

De hecho, Eva Luceli, como la mayoría de la población de esta región que vive de la agricultura, la pesca y el barequeo -minería artesanal de oro-, ya tienen vetado el acceso a los 128 kilómetros cuadrados del cañón del río Cauca que han sido privatizados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) para la construcción de la tercera represa más grande de América Latina. 

– Yo sí creo que nos van a matar. Cuando fuimos a protestar contra la represa a Toledo la gente gritaba “Ya llegan los guerrilleros”. Y cuando voy al río a sacar oro –peces ya no, porque desde que construyeron el muro de contención apenas hay– tenemos que tener cuidado porque te encuentras a desconocidos armados. Tengo miedo, pero ¿qué voy a hacer? No tengo otra opción. Esa gente que ha traído EPM nos mira mal.  

El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, campesino implicado en la lucha contra Hidroituango y el tercer integrante finado de Ríos Vivos, un movimiento social colombiano en el que se integran buena parte de las distintas luchas contra las hidroeléctricas.  

Como en las dos anteriores ejecuciones, las circunstancias siguen sin aclararse y están envueltas en la impunidad, como también sucede con los asesinatos de al menos 600 asesinadas, las desapariciones a manos del paramilitarismo —y su alianza con el Ejército colombiano— de cientos de personas entre la década de los 90 y el año 2010 en los 12 municipios afectados por Hidroituango. El terror generado por las masacres fue tal que 110.000 de sus 170.000 habitantes huyeron, perdiendo sus tierras y sus hogares.

La historia de la represa Hidroituango está estrechamente imbricada con la de las últimas dos décadas del conflicto colombiano. Dos días antes de que el entonces presidente de la gobernación de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, acabase su mandato antes de lanzarse a la campaña presidencial, la Asamblea regional aprobó la constitución de la empresa pública de Hidroituango. Era el 29 de diciembre de 1997, año en el que el paramilitarismo cometería algunas de las masacres más sangrientas en la zona afectada por la represa, como fue la de la vereda del Aro, por la que el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos no sólo por no evitarla cuando tenía conocimiento de las torturas, los descuartizamientos, desollamientos, violaciones y todo tipo de barbaries que cometieron durante una semana contra su población –así como el asesinato de quince campesinos–, sino también por “su participación y colaboración directa” a través del Ejército.

El Tribunal Superior de Medellín pidió en 2018 que Uribe Vélez fuese investigado por su posible relación con esta masacre, ya que según varios testimonios de paramilitares, estuvo presente en las reuniones para prepararla y un helicóptero de su gobernación sobrevoló la población mientras era masacrada.  Su hermano Santiago está siendo juzgado por ser supuestamente el creador del grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que con sus matanzas contribuyeron al éxodo masivo de la población de esta región.

“Este proyecto político-militar en el que participaban los paramilitares, la Policía y el Ejército creó así el escenario ideal para la llegada de Hidroituango, porque así la empresa se encontró con un territorio vaciado y una población diezmada y adolorida, que estaba buscando a sus muertos y que difícilmente opondría oposición a la represa por todo el terror que habían generado las masacres. Es así como entiendo el origen de tanto desplazamiento, tantas masacres y tanto dolor contra nosotros”, explica Cristina Isabel Zuleta, socióloga y lideresa del Movimiento Ríos Vivos que tuvo que abandonar su vida en Ituango de adolescente, ante el temor de su familia de que los paramilitares la agrediesen sexualmente como hacían normalmente con las jóvenes. 2010, el año en el que empezó a construirse la represa, fue el momento en el que más personas fueron asesinadas extrajudicialmente en esta región.

Mientras fuera de Colombia se habla de la paz tras la desmovilización de la guerrilla de las FARC, los habitantes de los doce municipios afectados por la represa siguen sometidos al control de los grupos paramilitares –en municipios como Valdivia fuimos testigos de cómo siguen dictando toques de queda–, pero también por la militarización que suele rodear a estos macroproyectos para garantizar el desalojo de las comunidades que viven o trabajan en la parte privatizada, y también para proteger las obras ante la oposición que suelen suscitar. En el caso de Hidroituango, se ha llegado a construir una base militar junto a su muro de contención.

En una región donde el 70% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, gran parte de la misma ya han experimentado lo que supone vivir como desplazada en las ciudades, o fuera de sus comunidades: más miseria, hambre y mendicidad. Y no está dispuesta a volver a vivirlo. Así les cueste la vida, como les advierten las amenazas que ha recibido Ríos Vivos como colectivo y de sus integrantes a título individual. Y como Cristina Isabel Zulueta, o Eva Luceli Higuita Oliveros, muchas de las que se han alzado en lideresas de esta resistencia han sido las campesinas.El 60% de los ríos del planeta están divididos por unas 60.000 represas, de 15 metros de altura, y unas 300 grandes hidroeléctricas con muros de más de 150 metros.

La falsa energía verde que no es renovable

Las grandes hidroeléctricas se han planteado desde organismos como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional como generadoras de “energía verde” y, por tanto, una de las estrategias para combatir el cambio climático. Sin embargo, son muchos los estudios que demuestran que su impacto medioambiental supera al supuesto ahorro de emisiones para el calentamiento global que se les atribuye. En 2014, un equipo de la Universidad de Oxford analizó la inversión económica requerida para la construcción de 245 grandes represas concluyendo que superaba a los beneficios. Y explicaban que otros métodos de producción energética como la eólica, la solar o pequeñas hidroeléctricas instaladas dentro de canales de regadío son más competitivas, generando además un menor impacto socioecológico. 

El mantenimiento de las grandes represas requiere además de inversiones que superan incluso al de su levantamiento, por lo que la mayoría de ellas terminan generando menos voltaje del anunciado y no se suelen desmantelar cuando dejan de ser rentables porque el coste de reubicar y reciclar millones de tonelada de cemento y ladrillo –dos de las industrias más contaminantes y beneficiadas del auge de las hidroeléctricas–, así como de recuperar los cauces hídricos, superarían de nuevo la inversión inicial para su puesta en marcha. Países que tienen que aumentar su endeudamiento público –y por tanto, su dependencia de organismos como el FMI– no sólo por el alto coste de las obras, sino también porque los sobrecostes suelen superar el 100% de lo presupuestado inicialmente: la brasileña de Belo Monte ha costado ya más de 9.500 millones de euros, cuando salió a subasta en unos 5.000. 

Pero es que además del impacto medioambiental que conlleva inundar el territorio, modificar el trazado natural de los caudales, diezmar la población de las 9.000 especies acuáticas que habitan los ecosistemas fluviales y gestionar los sedimentos que se concentran en el reservorio por el muro de contención, hay que tener en cuenta que las ingentes cantidades de metano que emite la putrefacción de la flora inundada y los sedimentos acumulados, supera con creces el supuesto ahorro de emisiones que supondría la quema de combustibles fósiles o de la quema de biomasa. Según un estudio de la Escuela del Medioambiente de la Universidad de Washington, en Vancouver, el metano emitido por la descomposición de la vegetación inundada y de los sedimentos acumulados es un 25% superior a lo estimado hasta el momento de la publicación del informe, en 2016. Aunque el metano sólo permanece en la atmósfera una década, según declaró en la revista BioScience Bridget Deemer, su autora principal, “durante los últimos veinte años, el metano ha contribuido casi tres veces más al calentamiento global que el dióxido de carbono”. Estas emisiones son especialmente superiores en climas tropicales, que es en el que se enclava la mitad de Latinoamérica y de África.

Ninguna de estas revelaciones han frenado el enloquecido ritmo de construcción de represas, como tampoco lo ha hecho la constatación del empobrecimiento que generan entre los habitantes de las comunidades que son expulsadas de su territorio para su construcción, así como en las ribereñas marítimas en las que desembocan los ríos; ni que promuevan la corrupción por por los ingentes intereses económicos que implican; ni que muchas de las personas que se niegan a abandonar su hogar, su modo de vida, así como su fuente de subsistencia, suelan sufrir en determinados países hostigamiento, persecución e, incluso, el asesinato. Sólo en 2017, más de 210 defensores medioambientales fueron asesinados en el contexto de la lucha contra megaproyectos extractivistas como las hidroeléctricas. 

No sólo Berta Cáceres

Edizângela Barros es una de las 40.000 personas -8.000 familias- que han sido obligadas a abandonar su territorio por larepresa Belo Monte, que ha mutilado el río Xingu, en la Amazonía brasileña. Tras ocho años luchando contra su construcción desde el Movimiento de Afectados por las Represas, su función ahora, que ya está en funcionamiento, es exigir que la empresa —de accionariado público en su mayoría— cumpla con los compromisos adquiridos con las comunidades. En la suya el número de asesinatos anuales pasó de 48 a 86 entre 2011 y 2014.

Sólo se ha reconocido el derecho a una vivienda a un 4% de las personas desplazadas, mientras que a un 75% se le ha concedido una indemnización que no alcanza para adquirir una nueva, según la ONG Instituto Socio-Ambiental. El subregistro de impactos es común a estos megaproyectos, ya que —dado que afectan a zonas rurales y a comunidades indígenas— es habitual que la población carezca de contratos de propiedad en los territorios comunitarios.

“El desplazamiento ha roto los vínculos comunitarios. Los pocos que sí han conseguido que les reconocieran su derecho a una vivienda en los campamentos que ha creado la empresa, no tienen de qué vivir porque éramos pescadores, campesinos… Y, encima, el coste de la vida en las ciudades es mucho más caro. Paradójicamente, muchas familias afectadas no pueden pagar la luz. La empresa se comprometió a trasladarnos a barrios con escuelas, centros de salud, pero no han cumplido nada. Eso ha provocado, entre otras muchas cosas, un aumento de la violencia en las familias”, explica Edizângela Barros por vía telefónica desde su nueva residencia.

El Ministerio Público Brasileño ha denunciado al Estado y al consorcio Norte Energía —creado ad hoc por el Gobierno de Lula da Silva para acometer este megaproyecto— por etnocidio, es decir, el exterminio cultural de pueblos indígenas. Una acusación que podría trasladarse a otros países, como Honduras, el más mortífero para los y las defensoras medioambientales: 130 han sido asesinadas y varios centenares encarceladas desde 2009, cuando el Gobierno golpista de Porfirio Lobo empezó a otorgar las más de 110 concesiones hidroeléctricas y 500 mineras a empresas nacionales y transnacionales que vemos hoy. El asesinato más conocido es el de Berta Cáceres, a partir del cual el mundo empezó a entender que ser ecologista va mucho más allá de consumir de determinada estantería del supermercado, que decir “no” a los gobiernos y empresas transnacionales que imponen una ideología basada en el despojo de los bienes comunes puede costar la vida en determinados contextos marcados por la impunidad.

La campesina hondureña Albertina López, de la comunidad lenca Jilamito, se enfrenta, junto con otros cuatro activistas, a cuatro años de prisión. Están acusados de ocupar, durante una protesta, la propiedad privatizada donde se construye la represa Hidrocep, cuyas obras ya han convertido en barro el agua del río del que beben 170 familias.

“Trabajadores del empresario nos dicen que van a contratar a sicarios para que nos maten. También han comprado a vecinos, al Consistorio, a policías… pero nunca van a conseguir comprar nuestra dignidad porque este campamento se ha convertido en una hermandad”, explica Albertina. Desde 2017, decenas de hombres y de mujeres se turnan para impedir el avance de las obras; están poniendo sus vidas porque “el agua es vida”, reivindican.

El panorama no varía mucho en Ecuador, donde las protestas pacíficas contra los megaproyectos también son respondidas con violencia y denuncias por terrorismo o rebelión. Es el caso de Manuela Pacheco, a la que han denunciado por éstos y otros cargos en una quincena de ocasiones por oponerse a la represa que han construido en su aislada comunidad, San Pablo de Amalí, entre cuyo accionariado está la compañía vasca Ingehydro SL. Ahora que ya está funcionando, ni siquiera permiten a la población coger suficiente agua para regar sus cultivos, cuenta por teléfono.

Manuela se convirtió, junto con su esposo Manuel Trujillo, en un símbolo de la lucha contra las extractivistas, después de que ambos salieran con sus brazos —alzados y enlazados— del tribunal que en 2016 reconoció su inocencia por los cargos de terrorismo organizado, lo que ponía en evidencia la hipocresía del Gobierno bolivariano de Rafael Correa, que criminalizó la protesta social.

“Me ofrecían plata, carros, una casa… a cambio de que parásemos. En una reunión con gente del Gobierno, me dijeron que me podían sacar del país y que no hacía falta ni que volviese a mi casa, porque lo que allí tenía no valía nada —recuerda—. Esa es la visión que tienen de nuestras vidas, que no valen nada”.

Desde los Ejecutivos —sin apenas distinción por signo político— se presenta a estas personas como enemigas de sus países por ser contrarias a un supuesto desarrollo que no es sino una nueva forma de colonialismo basado en la acumulación por desposesión, robo o despojo. El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.El extractivismo es más que un modelo económico: es una ideología que impone una cosmovisión social, económica y cultural.

Por ello, parte del trabajo de las organizaciones que trabajan contra estas dinámicas ha sido resignificar sus vidas, como explica Cristina Isabel Zuleta: “El principal ejercicio que hizo Ríos Vivos fue recuperar el orgullo de ser lo que somos porque la violencia te lo quita, te hace sentir muy poca cosa. No quieres ser mujer porque implica un riesgo, no quieres ser campesina porque implica un riesgo… La violencia te quita tus raíces, tu identidad, y lo primero que hay que recuperar es la certeza de que valemos algo, de que no merecemos lo que nos están haciendo y de que tenemos que buscar justicia. Y eso te da la posibilidad de renacer con los otros y las otras, y de sentirnos mejor con nosotras mismas”.

Las nuevas guerras son medioambientales

“El extractivismo es una forma de guerra hacia las comunidades y sus maneras de estar en el mundo, y contra los medioambientes”, explica Daniela del Bene, coordinadora del Atlas de Justicia Medioambiental, que recopila datos de más de 2.400 conflictos ecosociales en todo el mundo.

Aún no hay leyes para esta guerra. No existe normativa internacional que regule la responsabilidad de las transnacionales, una impunidad contra la que organizaciones como el Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL) lleva años proponiendo una hoja de ruta, como explica Erika González, investigadora de OMAL: “En el ámbito internacional debería aprobarse un instrumento vinculante que obligue a las transnacionales a cumplir el Derecho internacional de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente… Y un tribunal internacional que pueda juzgar a los directivos y a sus empresas, pero no sólo a las matrices, sino que siga toda la cadena de valor de las transnacionales: proveedores, filiales y contratas”.

Mientras, las que sí son perseguidas, ninguneadas, encarceladas y hasta asesinadas son las personas a las que le quitan todo lo que tienen para producir una energía destinada a engrosar las arcas de los que más acumulan. Y están dando sus vidas por defender la vida, la de todos y todas.

Por Patricia Simón

22 julio 2019 0

Publicado originalmente en Pikara

Publicado enSociedad
Gran Bretaña y EE.UU vuelven a agitar las aguas del Golfo Pérsico

Quién miente y quién dice la verdad en este conflicto cuyo objeto no es otro que el de obligar a Teherán a negociar el acuerdo nuclear del cual Washington se apartó.

 

Un imperio debilitado, azotado por sus arrancias políticas internas, enfrenta una crisis en uno de los lugares del mundo más críticos de la historia del siglo XX. El otro imperio, su aliado, está enfrascado en su nacionalismo grosero, sus alianzas regionales de dudosa eficacia, su guerra sucia contra Irán y su ineficacia en la escena internacional. Gran Bretaña y Estados Unidos vuelven a involucrarse en una crisis en el Golfo Pérsico que remite a las fracturas y reiterados enfrentamientos que tuvieron lugar después de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y el famoso episodio conocido como “la guerra de los tankers” que sacudió el estrecho de Ormuz en los años 80. Este corredor marítimo situado entre Irán y los Emiratos Árabes Unidos (Golfo de Omán y Golfo Pérsico) es el pulmón por donde transita el petróleo y el gas que alimenta el sistema mundial y uno de los puntos del planeta donde se cristaliza otra confrontación respaldada por la Casa Blanca: Irán y Arabia Saudita. En 2018, por esa vía circularon 21 millones de barriles de petróleo bruto por día --ello equivale al 35% del petróleo mundial--, y una cuarta parte del suministro mundial de gas natural. A su vera está Arabia Saudita, segundo productor de petróleo, y Qatar, primer productor de gas licuado.

Como en el siglo XX, es muy posible que todo concurra a un nuevo desastre tal y como el imperio del Norte se ha empeñado en activar desde que decidió poner sus narices en esa zona del mundo para garantizar el suministro de petróleo y la perennidad de su alianza con Arabia Saudita. Washington, Londres y Riad llevan décadas y décadas intentado romper la hegemonía regional de Irán. Casi 70 años después de haber literalmente destrozado la región con el golpe de Estado fomentado en 1953 por la Casa Blanca y el M16 británico para derrocar al Primer Ministro nacionalista iraní Mohammad Mossadegh y poner a un lacayo en su lugar, el conflicto vuelve a encarnarse con los mismos actores y las mismas metas. Entre 1984 y 1987, cuando estalló la “guerra de los tankers”, se destruyeron en el Golfo Pérsico cientos de barcos. Luego, el 19 de octubre de 1987, un barco de guerra norteamericano, el USS Vincennes, derribó un Airbus de Iran Air con 290 pasajeros a bordo que se dirigía a Dubai. Ahora, todo regresa a su cauce conflictivo. Desde mayo de 2019, seis barcos fueron misteriosamente saboteados cuando ingresaban en el Golfo, hubo un dron norteamericano derribado, la intercepción, en aguas de Gibraltar, del petrolero Grace 1 y el arresto posterior de su tripulación y, volviendo al Golfo, la captura de dos buques británicos y acusaciones y amenazas cruzadas en todas las tonalidades posibles. Parece una remake de la década de los 80, espolvoreada en estos tiempos de trumpismo matonero e inoperancia de una Gran Bretaña sin capacidad de respuesta política racional a la crisis.

 La casi guerra del estrecho de Ormuz es también una guerra retórica que tiene, por razones recientes, un claro perdedor. Los mismos que en 2002 y 2003 organizaron la gran mentira de la supuesta existencia de armas de destrucción masiva en manos del ex dictador iraquí Saddam Hussein para invadir a Irak ocupan altos puestos en la administración Trump. Es el caso de John Bolton, a quien se considera el “armador” de las pruebas falsas contra Hussein que la administración del ex presidente George W. Bush presentó ante Naciones Unidas (lo hizo el ex Secretario de Estado Collin Powell). Bolton es actualmente consejero de Donald Trump para la seguridad nacional y figura junto a Mike Pompeo en el rango de quienes sólo contemplan soluciones por la fuerza. En cuanto a los medios que se han asociado al disparate de estos meses, basta con recordar que, en 2003, cuando se presentaron las fotos falsas y los diagramas fabricados sobre las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein, el New York Times validó esas pruebas falaces con el ya memorable titular: “Inobjetable” (en Francia y Alemania los medios decían “es mentira”).

¿Quién agredió a quién ? ¿Quién miente y quien dice la verdad en este conflicto revisitado cuyo objeto no es otro que el de obligar a Irán a negociar el acuerdo nuclear del cual Estados Unidos se apartó ?. El estrecho de Ormuz no escapa a un destino que se tensó a partir de los años 50. Ello lo convirtió en un volcán de agua estratégico. Tres crisis colocaron al estrecho en el ojo del mundo: el descubrimiento en Arabia Saudita (1951) del yacimiento de petróleo más grandes del mundo ( Ghawar): la crisis petrolera de los años 70 derivada, a su vez, de la guerra del Kippur entre Israel y una coalición de países árabes bajo el mando de Siria y Egipto: y, en 1979, la Revolución Iraní liderada por quien había vivido hasta entonces exiliado en Francia, el Ayatola Jomeini. La victoria en un Irán esclavizado de una revolución islamista en un país chiíta no hizo más que despertar los demonios adormecidos de las potencias sunitas de la región. Washington encontró al títere sangriento que fue Saddam Hussein para encargarse de la guerra: un sunita lo suficientemente obediente como para activar más tarde una guerra contra Irán y ahogar en un interminable río de sangre y represión a la mayoría chiíta de su país. Fue el mismo Hussein quien, en abril de 1984, extendió la guerra a las aguas cuando atacó los barcos petroleros iraníes en la isla de Kharg. Akbar Hachémi Rafsandjani, presidente en ese entonces del Parlamento iraní y posteriormente presidente de la República (1989-1997), advirtió: ”el Golfo Pérsico será accesible para todos o para nadie”. Fue accesible sobre todo para las armas con las cuales Irán e Irak trasladaron el conflicto al Golfo Pérsico: Mirage F1, misiles Exocet, aviones Phantom, Tomcat y Super-Etendard, minas anti navíos. La guerra de los tankers hundió centenas de barcos y sirvió de resorte para que Washington se insertara como salvador mediante el operativo “Earnest Will” (1987), con el cual “acompañó” a los petroleros que venían a buscar el oro negro a Kuwait, Arabia Saudita y Qatar, los tres países del Golfo aliados de Saddam Hussein. Un avión civil derribado con 290 personas, más de 500 barcos destruidos a lo largo de cuatro años, cambios estratégicos en Irán y una guerra sin salida aplacaron el conflicto en las aguas del estrecho. Hubo, en los años siguientes, brotes de crisis semejantes a la de hoy. Cuando en mayo de 2018 Trump se retiró del acuerdo nuclear iraní las cartas ya estaban mezcladas: el estrecho de Ormuz volvería a ser un detonador. Sólo que entre los años 80 y 2019 los actores-compradores no son los mismos: el 76% del petróleo que transita hoy por el estrecho va hacia China, Japón, Corea del Sur y la India. A medida que aumente el riesgo, subirá el precio del petróleo, el de los transportes y los seguros. Tal vez un ramo de razones suficientes para que alguno de los imperios de Oriente le diga al imperio de Occidente y su colérico emperador que ya es hora de dejar de jugar al Far West en aguas estratégicas.

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Marcha-carnaval, San Martín-Cesar

Una de las promesas de campaña del hoy presidente de Colombia, Iván Duque, fue que bajo ninguna circunstancia iba a permitir la explotación petrolera vía fracking. Es claro que todos los políticos realizan propuestas que jamás cumplirán, pero tener un giro de 180 grados en uno de los temas más polémicos y peligrosos en el mundo, demuestra la poca independencia que tiene el jefe de Estado para tomar sus propias decisiones.

Iván Duque tiene la presidencia hipotecada.

En efecto, el entonces candidato llegó a afirmar que en Colombia existe la “superposición de ecosistemas diversos y complejos, acuíferos subterráneos de enorme riqueza y unos riesgos de mayor sismicidad por los tipos de suelos que tenemos, por eso he dicho: en Colombia no se hará fracking” (https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/en-colombia-no-se-hara-fracking-la-promesa-de-ivan-duque-en-campana-presidencial/20190215/nota/3864510.aspx). Esta frase se la han recordado al hoy presidente quien parece haber olvidado, de repente, todas las nefastas consecuencias de esta técnica y la riqueza de las aguas subterráneas en el país. El hecho de permitir que una comisión de expertos analice la “viabilidad” de la fracturación hidráulica es un claro indicio de su deseo por continuar por esta vía de explotación. Sin embargo, el camino para aceptar definitivamente el fracking en Colombia no será nada fácil.

Veamos por qué:

En primera instancia, multitudinarias marchas en por lo menos 70 municipios del país, se llevaron a cabo en contra de la decisión del gobierno de dar vía libre a esta técnica de explotación. La Marcha-carnaval por el agua, contra el fracking y la minería contaminante, logró reunir a miles de personas que se concentraron en las principales plazas del país para exigirle al presidente Duque que cumpla su palabra de prohibir el fracking (https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/galeria/asi-fue-la-marcha-carnaval-contra-el-fracking-y-la-mineria-contaminante/44504). A pesar de que parezca un acto simbólico, la marcha-carnaval fue una manifestación política que demuestra la transformación social que se está generando, pues los líderes de la marcha fueron estudiantes de colegios y universidades que tienen una perspectiva muy distinta con respecto a la protección del medio ambiente y los recursos naturales. No sólo fue una marcha más en el país, sino una concentración con fines políticos de llevar la cuestión del fracking a la agenda de lo público y generar un debate de altura frente a los daños que trae consigo esta técnica.

 Sumado a la toma de conciencia política, la implementación del fracking tiene además una traba de un orden jurídico. En efecto, el Consejo de Estado suspendió las normas que regulan la explotación de yacimientos no convencionales (Decreto 3004 del 26 de diciembre de 2013 y Resolución 90341 del 27 de marzo de 2014), al considerar que no existen elementos que prueben su utilización segura. En una reciente decisión, el alto tribunal pidió a la Universidad Nacional conformar una comisión que entregue un concepto para tomar un fallo de fondo sobre la suspensión definitiva de la reglamentación o permitir su uso controlado. Este grupo que es diferente a la Comisión de expertos convocada por el gobierno, deberá emitir un concepto en el inicio del segundo semestre de 2019 (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Por esa razón, miembros de la comunidad académica, enviaron una carta a la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, solicitando más tiempo para el análisis de las implicaciones del fracking, pues debe tenerse en cuenta en su dimensión integral que incluya no sólo variables biofísicas sino también elementos socioeconómicos, ambientales y culturales.  

 Desde esta perspectiva, la comisión de la Universidad Nacional tendrá un importante papel para defender al país de la fracturación hidráulica, pues si el Consejo de Estado emite un fallo de fondo sobre su decisión, es posible que el fracking quede prohibido definitivamente. Sin embargo, conociendo la argucia del presidente y de sus poderosos jefes, la batalla económica y legal continuará. De hecho, para la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, si el país comienza a explotar los yacimientos no convencionales, la autonomía energética se podría triplicar y las reservas de petróleo y gas serían de 24 años y 30 a 50 años, respectivamente (https://conexioncapital.co/habra-fracking-en-colombia/). Desde el ámbito económico, según la ministra, los beneficios serían considerables pues el país podría obtener 14 billones de pesos adicionales por año. Su postura, es respaldada por el economista Juan Pablo Ruíz, para quien el hecho de negar la fractura hidráulica, podría traer graves consecuencias en temas de abastecimiento energético en Colombia (https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/06/28/fracking-colombia/). Según esta visión, si el gobierno cede ante la presión de los grupos ambientalistas, en unos años el país podría tener una crisis energética considerable y necesitaría importar petróleo y gas, algo impensado para un territorio con grandes reservas de hidrocarburos.

 Siguiendo esta misma línea, la ministra asegura que los ingresos vía recaudo tributario estarían en el orden de los 230 billones de pesos, además de 90 billones en regalías, en total 320 billones, lo que representa un 35% del PIB en Colombia (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180). Esa es la razón por la cual la ministra Suárez insiste en permitir los pilotos en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, en Cesar, La Guajira, Antioquia y Santander. En caso de demostrar que el fracking puede llevarse a cabo de “manera responsable”, se estaría dando un paso en su aceptación. No obstante, por cuenta del fallo emitido por el Consejo de Estado, los pilotos se encuentran suspendidos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), tampoco puede aprobar conceptos favorables para la fracturación hidráulica. De acuerdo con los defensores del fracking, la técnica ha evolucionado de manera permanente por lo que los primeros daños causados en el ambiente han sido controlados y corregidos, entonces por este motivo, en países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Argentina, esta forma de explotación ha sido aceptada.

 En contraste con la postura del gobierno y los economistas de ultraderecha, los cuestionamientos a la fracturación hidráulica se concentran en tres aspectos. Por una parte, los niveles de sismicidad que puede generar la actividad, los cuales justamente fueron denunciados por Iván Duque –candidato. En este orden de ideas, se ha logrado relacionar la entrada de tubería y químicos a presión con sismos de diferentes grados. La segunda dimensión tiene que ver con el uso y disposición final de la industria, pues para generar la fractura de las rocas se utilizan grandes cantidades de agua mezcladas con una serie de químicos que, al volver a la superficie, contienen altos índices de contaminación. Además, existe el riesgo permanente de que las tuberías se rompan y contaminen los acuíferos (otra de las grandes preocupaciones de Iván Duque-candidato). Finalmente, algunos estudios han dado cuenta de las afectaciones en la salud de las poblaciones que han estado expuestas a esta técnica. No sólo con agua contaminada que se enciende en fuego al contacto con gas (https://www.youtube.com/watch?v=1DhF9xPZfYo), sino además por las emisiones que contaminan el aire.  

De hecho, las razones otorgadas por el Consejo de Estado para suspender provisionalmente la reglamentación de los yacimientos no convencionales estuvieron relacionadas con el aumento de la sismicidad, la contaminación hídrica y la afectación de la salud, aún más tomando en cuenta que el fracturamiento se desarrolla en zonas protegidas y ecosistemas estratégicos como los páramos (https://www.elheraldo.co/economia/el-largo-camino-que-le-queda-la-entrada-del-fracking-en-colombia-644180) (nuevamente una de las hipócritas preocupaciones de Iván Duque-candidato).

Por si fuera poco, la Contraloría General de la Nación, publicó un estudio sobre los riesgos y afectaciones ambientales de la utilización del fracking en el país. Sin embargo, en una acción que podría juzgarse digna de Poncio Pilatos, el contralor, Carlos Felipe Córdoba, dijo que el órgano de control no se opone si se hace de manera responsable (https://www.dinero.com/pais/articulo/en-que-quedo-el-fracking-luego-de-la-audiencia-del-consejo-de-estado/273006). De esta manera, diversos organismos dentro del Estado colombiano se han mostrado desconfiados frente al uso de fracking como mecanismo de explotación de hidrocarburos. Pero debe tomarse en cuenta que los socios del presidente harán hasta lo imposible por lograr la aceptación de la técnica.

 Por esa razón, la batalla contra el fracking en Colombia será larga y complicada, pues diversos sectores harán presión para que se logre la aceptación definitiva de esta técnica que pone en riesgo la salud humana y la calidad del medio ambiente. Otro de los elementos que debe considerarse es el aumento de la brecha social históricamente generada en los municipios petroleros. En efecto, la gran paradoja es que en estos territorios existe grandes recursos producto de las regalías, pero poca inversión social, lo que profundiza los niveles de desigualdad. De esa manera, de acuerdo con Leonardo Donado Garzón, uno de los miembros de la Comisión de expertos, “el gobierno debe dar garantías de protección al ambiente y ofrecerles a los municipios acueductos y agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales, entre otros proyectos” (https://www.vanguardia.com/economia/local/brecha-social-clave-para-aprobacion-de-fracking-en-santander-AF1135662).

Así las cosas, la explotación de yacimientos no convencionales sólo traería ventajas a los grandes grupos económicos, o lo que es lo mismo, a los socios del presidente Iván Duque. Es importante entonces que las acciones públicas sigan siendo parte de la estrategia de los sectores que se oponen a la explotación de los recursos naturales.

El concepto técnico de los expertos de la Universidad Nacional marcará un antes y un después en la historia ambiental del país. De las recomendaciones que este grupo le haga al Consejo de Estado dependerá la decisión de suspender definitivamente la reglamentación del fracking en el país. Por ese motivo, estos meses son determinantes para conocer si el gobierno de Iván Duque tendrá vía libre para envenenar el medio ambiente de un país que todavía padece las secuelas de la contaminación, de los errores técnicos en el transporte de petróleo y en el ejercicio desaforado de la explotación minera. Los políticos no dimensionan el daño que sus decisiones han traído al país, pues en busca del “equilibrio en la balanza de pagos” y otro tipo de conceptos falaces, miles de personas han estado expuestas a graves afectaciones sociales, culturales y económicas.

Con todo, la batalla por el fracking no ha terminado y las manifestaciones continuarán hasta que el presidente traiga a su memoria aquellas frases que pronunció en su campaña, cuando no le debía la presidencia a nadie.  

 

LA LUCHA CONTINÚA: NO AL FRACKING EN COLOMBIA

Publicado enColombia
Estados Unidos envía tropas a Arabia Saudita

Crece la tensión con Irán en el Golfo Pérsico

 

Estados Unidos desplegará soldados en Arabia Saudita en medio de las crecientes tensiones con Irán, que hacen temer un conflicto. Con esta medida los aliados pretenden garantizar la estabilidad en la turbulenta región del Golfo, según pudo leerse en comunicados separados presentados desde Ryad, capital de Arabia Saudita, y del Comando militar central de Estados Unidos (Centcom). 

Si bien no revelaron el número de tropas que serán desplegadas en el reino, ubicado a unos 200 kilómetros de las costas de Irán, los medios estadounidenses revelaron que 500 soldados se asentarán en la base aérea militar Prince Sultan, al sur de la capital saudita. El anuncio se realizó un día después de que las fuerzas armadas iraníes notificaran la confiscación de un buque petrolero británico en el estratégico estrecho de Ormuz en el Golfo, por donde transita un tercio del petróleo que se comercializa por vía marítima, aumentando las previsiones de conflicto.

"Basado en una cooperación mutua entre Arabia Saudita y Estados Unidos y en su deseo de reforzar todo lo que pueda preservar la seguridad de la región y su estabilidad el Rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidense", indicó el ministerio de Defensa saudita. “Para Estados Unidos el despliegue tendrá un efecto disuasorio suplementario y reforzará nuestra capacidad para defender a nuestras tropas y nuestros intereses en la región frente a amenazas emergentes y creíbles", añadió.

"El rey Salmán aprobó alojar fuerzas estadounidenses con el fin de aumentar el nivel mutuo de cooperación para preservar la seguridad de la región y su estabilidad, y garantizar la paz", indicó un portavoz del ministerio de Defensa saudita, citado por la agencia estatal SPA.

El viernes la tensión volvió a aumentar en la región del Golfo. Irán anunció la confiscación de un petrolero con bandera británico en el estrecho de Ormuz por "no respeto del código marítimo internacional". Horas antes, Trump había anunciado que un barco estadounidense, el USS Boxer, derribó en el Golfo un avión no tripulado iraní que se aproximó peligrosamente al navío. "Su dron se acercó demasiado a nuestro barco. Si los drones se acercan mucho, los derribaremos", sentenció.

Desde Irán negaron que el avión no tripulado perteneciera a sus fuerzas armadas. De hecho, el vicecanciller iraní, Abas Araqchi, redobló la apuesta al afirmar que tal vez el gobierno norteamericano derribó a uno de sus propios drones.

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos se deterioraron sensiblemente en mayo de 2018, cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, se retiró del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015 y reimpuso duras sanciones contra el país asiático. Ese acuerdo firmando entre Teherán y el Grupo de los Seis (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Rusia y Alemania) tras varios años de esfuerzos, preveía una limitación del programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales que asfixian a su economía. En respuesta a la salida del acuerdo del gobierno norteamericano, Irán también comenzó progresivamente a incumplir algunos de sus compromisos, buscando de esa manera forzar a sus socios a salvar el pacto.

Además, Trump y su aliado Arabia Saudita acusaron a Irán de atacar a petroleros y drones en el Golfo desde mayo de este año. Desde el Pentágono anunciaron que estaban planeando una coalición internacional para escoltar a los buques comerciales en el Golfo. Irán negó estas acusaciones y amenazó con cerrar el estrecho de Ormuz en caso de ataque.

La última vez que Arabia Saudita alojó a soldados estadounidenses fue en 2003, cuando estos se retiraron tras el fin de la guerra contra Irak. Ryad acogió a las fuerzas estadounidenses, principalmente aéreas, durante 12 años, desde la operación "Tormenta del desierto" de 1991, cuando Irak invadió Kuwait, y hasta el fin de la guerra de 2003, en la que se derrocó a Sadam Hussein.

En la base Príncipe Sultán, a unos 80 km al sur de Ryad, llegaron a estar estacionados 200 aparatos estadounidenses, en el punto máximo de las operaciones durante la guerra en Irak. Cada día se gestionaban más de 2.700 misiones desde los cuarteles generales de Arabia Saudita. En contrapartida a la presencia de militares estadounidenses, estos formaban a sus homólogos sauditas.

No obstante, las relaciones entre los dos países durante esos 12 años de cooperación no siempre fueron buenas, especialmente después de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, orquestados por Osama bin Laden, de origen saudita.

La administración Trump recibió críticas en su país por sus escasos esfuerzos para castigar a Arabia Saudita, después del asesinato el año pasado del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado del reino en Estambul. Trump alabó reiteradamente al poderoso príncipe heredero saudita y ministro de Defensa del reino, Mohamed bin Salmán.

El jefe del Centcom, Kenneth McKenzie, se comprometió a trabajar enérgicamente para garantizar la seguridad marítima en las aguas estratégicas del Golfo durante una viaje que realizó el jueves a la base aérea Prince Sultan. La visita se produjo después de que la Cámara de Representantes estadounidense votara a favor de bloquear 8.100 millones de dólares en venta de armas al reino y otros aliados, lo que probablemente será vetado por Trump.

Según los analistas, el despliegue pretende fortalecer los lazos entre Washington y Riad, especialmente las deterioradas relaciones militares. "Estas tropas están allí para preparar la base aérea Prince Sultan para el posible despliegue de un escuadrón aéreo", sostiene el analista Andreas Krieg, profesor del King's College de Londres. "Estados Unidos intenta aumentar sus opciones militares en caso de un ataque a Irán. Para el príncipe heredero se trata de mostrar que Estados Unidos sigue siendo un importante garante de la seguridad y está comprometido con la seguridad saudita", subraya Krieg.

"Los sauditas le dicen a Washington: si se quedan con nosotros, nos quedaremos con ustedes", analiza James Dorsey, investigador en la S. Rajaratnam School of Internacional Studies de Singapur. "Los estadounidenses están intentando decir: los respaldamos", añade.

Publicado enInternacional
El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, participa en Buenos Aires de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. AP

Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos han creado un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la Triple Frontera entre los tres países latinoamericanos, una zona turbulenta donde, según diversos servicios de espionaje, la organización libanesa Hezbolá recauda fondos para sus actividades en el continente. El anuncio coincide con la visita a Buenos Aires de Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, y con la crisis entre Washington y Teherán. Hezbolá, que acaba ser incluido en la lista de organizaciones terroristas por el gobierno argentino, está directamente vinculado al régimen iraní.

 

Pompeo viajó a Buenos Aires para participar en la conmemoración de los 25 años del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas. Tanto Estados Unidos como Argentina acusan a Hezbolá de haber cometido el ataque, impune hasta la fecha, y consideran que el responsable directo de la matanza fue el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel Salman El Reda, miembro de Hezbolá y casado con una ciudadana argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que recompensará con siete millones de dólares a quien facilite información sobre el paradero de Salman, quien supuestamente se encuentra en Líbano.

Los gobiernos de Washington y Buenos Aires, ambos conservadores, parecen vivir un idilio intenso. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió a Mauricio Macri por haber incluido a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, lo que permitirá bloquear cuentas corrientes vinculadas a la organización. Mike Pompeo, en Buenos Aires, afirmó que Hezbolá mantenía “una presencia fuerte y amenazante” en el cono sur latinoamericano y llamó a “todos los países a seguir el ejemplo argentino”. “Entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”, dijo. El grupo de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera se reunirá antes de fin de año en Asunción (Paraguay) para establecer su estructura de funcionamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurie, indicó que Hezbolá mantenía vínculos con la guerrilla colombiana y con los restos de Sendero Luminoso en Perú, y constituía “un peligro para la región entera”.

Todo hace pensar que la buena relación personal entre los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri ha propiciado un intercambio de favores. El canciller Faurie agradeció en presencia de Pompeo “el apoyo de Estados Unidos durante nuestras dificultades financieras”. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, que en septiembre pasado prestó 57.000 millones de dólares a Argentina (la mayor ayuda proporcionada nunca por el organismo) y desde entonces ha atendido todos los ruegos procedentes de Buenos Aires, en especial los referidos al uso de parte de los fondos concedidos para frenar la devaluación del peso respecto al dólar.

Mientras la Casa Blanca respalda a Macri, que necesita un mínimo de estabilidad macroeconómica para tratar de ser reelegido en las elecciones presidenciales de octubre, éste se alinea firmemente con la Casa Blanca en todas las cuestiones diplomáticas, incluyendo las iniciativas antiterroristas. Tradicionalmente, la proximidad a Washington no solía reportar buenos resultados electorales para los gobiernos argentinos; tal vez, como proclamó Mike Pompeo, “los tiempos están cambiando”.

La cercanía entre ambos gobiernos ha hecho que la Casa Blanca autorice la publicación de los datos de la CIA sobre el atentado contra la AMIA, lo que es considerado en Buenos Aires como una muestra de confianza. Según la CIA, no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá, “con el apoyo de Irán”. La CIA considera que personal diplomático iraní trabajó estrechamente con los tres grupos de Hezbolá (el de información, el de ejecución y el encargado de borrar pistas) que organizaron y cometieron el atentado de 1994.

El diario argentino Infobae informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había telefoneado al presidente Mauricio Macri para agradecerle la inclusión de Hezbolá en el listado de organizaciones terroristas.

Buenos Aires 19 JUL 2019 - 18:02 COT

Publicado enInternacional
Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

Publicado enSociedad
Para derrotar a la extrema derecha, la izquierda debe abrazar un Brexit socialista e internacionalista

La Unión Europea consagra el Thatcherismo en el continente: la creencia de que puede ser reformado desde dentro es engañosa.

 

 


2019-07-17 15:41:00

Paul Mason ha hecho una importante contribución al debate desde la izquierda en relación al Brexit. Esta aportación es importante porque Mason es el mayor europeísta dentro de la izquierda militante. La UE es esa anti-democrática y capitalista organización que se ha convertido en un pilar de la globalización y la capitana de la desigualdad.

Su artículo contenía el habitual macartismo de culpabilizar a quienes se oponen a la UE. El ataque de Mason a Eddie Dempsey, un sindicalista antifascista, es un clásico ejemplo de ello. Es imprescindible que nos movamos más allá de este tipo de politícas de la izquierda.
Mason tiene razón al argumentar que existe una amenaza de una reacción desagradable de la derecha. Pero la verdad es que esta amenaza se intensificará si se abandona el Brexit. La decisión de abandonar la UE se tomó en un referéndum con la votación más numerosa de la historia británica.

Esto no fue ciertamente la expresión de una política de extrema derecha, sino la visión establecida de millones de votantes laboristas y conservadores. Si votar no puede producir un cambio, entonces nuestra política está en crisis. Apoyamos la prioridad de la democracia. En las últimas elecciones, los dos partidos principales se presentaron en manifiestos que prometían respetar el resultado del referéndum. El voto de Ukip fracasó y el de los Laboristas se reactivó. Es la falta de voluntad de la clase dominante al llevar a cabo el Brexit, y no el propio Brexit, lo que está llevando a la ira popular.

También es cierto que la izquierda no ha podido articularse ni hacer campaña en torno a una visión democrática de renovación nacional. Parte del problema es que el euroescepticismo en el seno laborista desde una postura más izquierdista, inicialmente encarnado por Barbara Castle, Tony Benn, Michael Foot y Jeremy Corbyn, ha sido sofocado por las responsabilidades del liderazgo, mientras que la derecha euroescéptica del partido, ejemplificada en Hugh Gaitskell, Denis Healey, Peter Shore y Ernest Bevin, fueron eclipsados por la progresiva globalización de la tercera vía. El resultado ha sido una ausencia de liderazgo para posibilidades democráticas y socialistas en el Brexit desde dentro del Partido Laborista, que se ha materializado en un rechazo a los votantes del Brexit que apoyan a los laboristas, al calificarlos de “xenófobos y racistas”. Respaldamos su voto y las posibilidades socialistas que se abren a través del restablecimiento de la soberanía democrática.

El argumento de Mason es que es una falacia autocumplida en el sentido de que abandona el terreno de la disputa democrática sobre el significado del Brexit y luego denuncia a todos los que no están de acuerdo con él como si le hiciesen el juego al fascismo. Mason ha adoptado la táctica de Hillary Clinton de reducir a los votantes del Brexit a un “saco de deplorables”. Eso da lugar a que la extrema derecha pueda reclamar sus afectos políticos.

Nuestro segundo punto es que siempre que la izquierda socialdemócrata ha adoptado una política pro-UE en Europa, ha sido diezmada. En Francia casi ha desaparecido, en Holanda y Bélgica ahora es marginal, en Alemania el Partido Socialdemócrata va por detrás de Alternativa para Alemania (AfD) en las urnas, y en Italia las fuerzas combinadas de las grandes tradiciones comunistas y socialistas no pudieron reunir ni la mitad de los votos del Movimiento Cinco Estrellas, cuyo lema era “vete a la mierda”.

La parálisis colectiva de la izquierda continental, particularmente su ala socialdemócrata, es una advertencia sobre el coste de abandonar las posibilidades de cambio democrático dentro del estado nación. Existen severas restricciones sobre lo que se puede lograr dentro de la UE y los votantes de la clase trabajadora lo saben.

La alternativa a esta historia estuvo representada brevemente por el Partido Laborista de Corbyn en las últimas elecciones generales, cuando el partido se comprometió a “respetar el resultado del referéndum” y propuso políticas que eran claramente contrarias a las limitaciones del Tratado de Lisboa. Esto ha sido posteriormente amenazado por la deriva hacia el remain (a favor de permanecer en la Unión Europea). El Partido Laborista podría haber liderado una campaña democrática a favor del Brexit, pero se ha negado a hacerlo. Nuevamente, las consecuencias de esto favorecen inevitablemente a la derecha.

El consenso emergente en torno a la postura remain, liderado por el Partido Laborista, se basa en la noción de la tercera vía en la que el objetivo principal de nuestra política es preservar y proteger las operaciones sin fricción del capitalismo. El capitalismo, sin embargo, es un sistema económico vorazmente duradero y robusto que no requiere del cuidado o de la protección constitucional. La democracia, por el contrario, es el mejor medio para resistir su dominio y eso no es posible dentro de las limitaciones de la UE. Esta postura conduce a una política de decepción o a la inevitable traición. Tampoco puede ser descrita como una “narrativa de esperanza”. Es más una promesa vacía que lleva al desencanto.

Esto se relaciona con el tercer engaño de la izquierda pro-UE; su negativa a reconocer la imposibilidad de reformar la propia UE. Han construido una posición en torno a “permanecer y reformar” (Mason) o “revuelta y transformación” (el gabinete en la sombra de Clive Lewis hacia el gobierno) que es claramente imposible dentro de las estructuras de los Tratados de Maastricht y Lisboa.

La UE se basa en los tratados y la máxima autoridad del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) para resolver disputas. Los tratados se basan en la prioridad de las “cuatro libertades” (de circulación de mercancías, de personas, servicios y capitales) y las normas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Transformar estos tratados en una dirección socialista es ciertamente imposible. Al menos 15 gobiernos socialistas tendrían que ser elegidos simultáneamente, incluso para iniciar un cambio en el tratado, y el requisito de “consenso” en cualquier convención subsiguiente, y de ratificación unánime, permite el veto de cualquier estado miembro. La experiencia de Syriza en Grecia es una prueba fehaciente de la desesperanza del enfoque de “permanecer y reformar”. Mason informó bien sobre ese asunto. 

Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es evidentemente correcto, pero yerra en no ver que el Thatcherismo en un continente sería claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.Existe una profunda distinción entre globalización e internacionalismo. El movimiento obrero y la izquierda en general, sería prudente al recordarlo. La UE es una fuerza globalizadora que subordina el trabajo al capital y la democracia al derecho de los tratados. No debemos agradecer nuestros derechos laborales o estado de bienestar a la UE, sino a la lucha política del movimiento obrero durante más de un siglo. Su argumento de que el Thatcherismo en un país es malo es obviamente correcto, pero no ve que el Thatcherismo en un continente sea claramente peor. Por eso nos oponemos a la UE.

Estamos viviendo un interregno, un período que Antonio Gramsci describió como un momento en el que “la crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer: en este interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados”. Uno de esos fenómenos morbosos es el compromiso de la izquierda con el mercado único, la unión aduanera y la soberanía del Tribunal de Justicia; hacia la eternidad capitalista de la UE. Por el contrario, instamos a una política basada en la democracia, las reformas económicas radicales y el internacionalismo.

La forma de derrotar a la extrema derecha es que la izquierda abarque un Brexit internacionalista y democrático.

 

the full brexit

The Full Brexit es un grupo a favor de la salida de Reino Unido de la Unión Europea formado por Maurice Glasman, Costas Lapavitsas, Mary Davis, Chris Bickerton, Wolfgang Streeck y Richard Tuck. Artículo publicado en Newstatesman: To defeat the far right, the left must embrace a socialist and internationalist Brexit, publicado con permiso por El Salto.

Publicado enInternacional
Delincuencia política estatal con máscara de delincuencia común

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de acudir al país y al mundo para dejar constancia de los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por seguir en nuestra resistencia civil en defensa de la vida y del territorio.

La muerte lenta sigue siendo el mayor incentivo de terror para someter a la población, pues cada rincón de la zona está cubierto por paramilitares que controlan las salidas y las entradas. El caso del Corregimiento de San José es preocupante pues desde allí los paramilitares controlan todas sus veredas y lo hacen en presencia de un puesto de la policía y de una base del ejército que hacen presencia permanente en el caserío, allí mismo donde los jefes paramilitares se coordinan con sus tropas y organizan festejos sin ser molestados por nadie.

Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • El mes de mayo de 2019, en la  vereda La Unión del corregimiento de San José el reconocido paramilitar alias “Ramiro” quien llegó allí haces unos meses a controlar y someter a la población civil al paramilitarismo, amenazó de muerte a su padrastro el señor Emilio el cual tuvo que desplazarse a otros lugares por seguridad. 
  • El martes 25 de junio de 2019, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz recibió información sobre la ocurrencia de un posible asesinato en el sitio conocido como Caño Seco, en límites con la vereda La Unión- Carepa. Según dichas informaciones, ninguna persona podía denunciar el hecho y mucho menos venir a informar sobre el caso a nuestra Comunidad de Paz. Ese mismo día el programa Familias en su Tierra se reunía en la vereda Mulatos-Cabecera con las juntas de acción comunal de las veredas Mulatos, Resbalosa, La Esperanza, La Hoz, entre otras, en un evento que ocultó el asesinato mencionado, del cual no se tuvo más información.  
  • El sábado 29 de junio de 2019 llegaron informaciones a nuestra Comunidad según las cuales en el caserío de San José de Apartadó el reconocido comandante paramilitar alias René, quien ha sido el encargado de controlar y someter a la población civil a sus proyectos de muerte, realizó una fiesta en la cual participaron muchos paramilitares; allí lanzó serias amenazas de muerte contra pobladores de la zona, algunos de los cuales se encontraban allí mismo. La policía y el ejército que hacen presencia permanente en ese centro urbano conocen muy bien el accionar de los paramilitares y son totalmente permisivos frente a este fenómeno, el cual sigue evidenciando  la complicidad de la fuerza pública con el paramilitarismo, innegable durante varias décadas. El mismo día 29 de junio de 2019, según algunos pobladores, los paramilitares habían planeado asesinar a una familia de la región, razón por la cual esa familia tuvo que desplazarse a otros lugares.
  • El martes  2 de julio de 2019,  en horas de la mañana, el señor Elkin Ortiz y su hijo Wilson Ortiz conocido como “Morochito” quien está integrado al paramilitarismo y quienes desde hace casi dos años viven en el centro urbano de San José, dañaron una de las plantaciones de cacao certificado y productos de  pan coger que se ha cultivado en grupos de trabajo de nuestra Comunidad de Paz en la finca la Roncona, allí cortaron y dañaron los alambrados y de esta manera lo han venido haciendo desde hace más de 6 meses. Nuestra comunidad se desplazó al lugar y tomó evidencias, las cuales el joven paramilitar Wilson Ortiz rechazó y trató de impedir. La finca la Roncona es una propiedad que nuestra Comunidad de Paz ocupa en posesión legal desde hace más de 22 años y donde tenemos nuestras plantaciones de cacao certificado y cultivos de pan coger. El 11 de septiembre del 2018 sufrimos una invasión allí en La Roncona por parte de más de 100 personas, entre las cuales se encontraban el señor Elkin Ortiz y sus hijos paramilitares; en esa ocasión dañaron muchas plantaciones de cacao y pan coger. Ahora el Señor Elkin Ortiz, quien ha buscado apropiarse de un espacio de La Roncona, supuestamente por órdenes de los antiguos dueños y además utiliza a sus hijos paramilitares para amenazar a nuestra Comunidad de Paz. Este caso lo ha puesto la Comunidad en conocimiento de la Defensoría del Pueblo desde hace 6 meses pero no se ha generado ninguna solución para que el señor Elkin Ortiz deje de perjudicar a nuestra Comunidad de Paz.
  • El sábado 6 de julio de 2019, en horas de la tarde, el paramilitar Wilson Ortiz, junto a su padre  Elkin Ortiz, interceptó en la salida de San José a Sirly Cerpa, integrante del Consejo Interno de  nuestra Comunidad y feligrés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para enviar amenazas a nuestra Comunidad, manifestando: “no me gustó ni poquito que me tomaran fotos y videos allá abajo en La Roncona y no voy a permitir que eso vuelva a pasar porque la próxima vez voy a reventarles esas cámaras”.
  • El domingo 7 de julio de 2019, en horas de la tarde, fue asesinado por varios impactos de arma de fuego, en la vereda La Balsa, del corregimiento de San José de Apartadó, el joven YEMINSON BORJA JARAMILLO, en hechos atribuidos a los paramilitares que controlan la zona, pues la carretera que conduce del corregimiento de San José hasta el área urbana de Apartadó está totalmente controlada por paramilitares que se movilizan permanentemente en motocicletas. Las razones o justificaciones que dan para matar es que “son ladrones o marihuaneros”. La verdadera razón de estas muertes es el sometimiento forzado de la población al paramilitarismo; quien no se someta, simplemente es asesinado y así el terror les sirve de instrumento de sumisión. Ya hemos dejado muchas constancias públicas sobre el avanzado reclutamiento de jóvenes que son entrenados por paramilitares para matar; sobre el expendio de drogas; sobre los hurtos y el cobro de vacunas a los campesinos. La nula respuesta del Estado y sus instituciones las hace responsables de que los paramilitares terminen con la vida de personas inocentes, pues los verdaderos ladrones son los integrantes de toda esta estructura paramilitar que recluta y roba los sueños a nuestros jóvenes y los somete al imperio de las drogas y demás formas de degradación de la vida. Nos solidarizamos con la familia de Yeminson y pedimos a Dios que lo tenga disfrutando de la vida en plenitud.
  • El lunes 8 de julio de 2019, nuestra Comunidad partió hacia la vereda La Unión donde se realizó la conmemoración de los 19 años de la masacre de 6 líderes de nuestra Comunidad de Paz, perpetrada por paramilitares y militares el 8 de julio de 2000. Al regresar de allí en horas de la tarde, al pasar por el caserío de San José, el paramilitar Wilson Ortiz alias “Morochito” amenazó de muerte a dos miembros de nuestra Comunidad, manifestando: “Ahí vienen  esos hp para llenarles la cabeza de plomo; me los quiero encontrar solitos”. El lugar donde este paramilitar profirió estas amenazas fue desde una casa de balcón propiedad del señor Darío Tuberquia, en la entrada al casco urbano de San José. Desde hace ya más de un año reconocidos paramilitares han tenido concentraciones allí junto a esta vivienda, a plena vista de la fuerza pública –ejército y policía- quienes patrullan día y noche el minúsculo caserío y donde muchas veces han amenazado a miembros de nuestra Comunidad de Paz.

El gobierno nacional sigue negando la existencia del paramilitarismo mientras su copamiento territorial sigue avanzando intensamente en todo el país. Nadie ignora que el partido político del Presidente actual tiene vínculos históricos y estrechos con las formas más atrevidas de paramilitarismo, incluyendo las “Convivir”, de las cuales ha sido intenso defensor y usuario el ex presidente Uribe, cerebro, ídolo y guía del partido y de la política gobernante. Las formas de relación entre el Estado y el ParaEstado se han ido remodelando y hoy predomina la combinación entre el anonimato progresivo de los pistoleros y la tolerancia pasiva de las instituciones, fórmula exitosa que le permite al país posar de “democracia” ante la comunidad internacional mientras el asesinato de líderes sociales y de excombatientes desmovilizados supera los estándares mundiales de criminalidad política. El Senador Petro acaba de destapar los vínculos entre las “Águilas Negras”, calificadas por muchos años por el establecimiento como “bandas criminales”, y la inteligencia militar. Al mismo tiempo el Presidente Duque, al regular el porte de armas mediante el decreto 2362 del 24 de diciembre de 2018, volvió a legalizar el boquete que siempre ha permitido el paso de las armas oficiales a los criminales privados (art. 1, parágrafo) y al mismo tiempo volvió a canonizar el principio eje del paramilitarismo, o sea la vinculación de los civiles a la guerra, al anunciar en Tolemaida, el 6 de febrero de 2019, que ya llegaba a un millón el número de civiles preparados para asumir tareas militares. Todo esto se camufla como “política de seguridad nacional” y se implementa a través de las estrategias de “vista gorda” y de “brazos caídos” de la fuerza pública y de las demás instituciones, gracias a las cuales nuestras veredas caen todas bajo el dominio paramilitar sin que nadie pueda defender a las víctimas y ni siquiera reconocer la invasión paramilitar.

Una vez más nuestra Comunidad de Paz agradece a la multitud de personas en el país y en el mundo que se solidarizan con nuestra resistencia y que condenan con plena convicción ética y moral la criminalidad del Estado colombiano. A todas ellas nuestra sincera gratitud.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Julio 12 de 2019

Publicado enColombia
Sobrevuelo en el Parque Nacional Chiribiquete. Foto: Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS).

Durante los primeros seis meses de este año mucho se habló sobre la cifra de deforestación en Colombia durante el 2018. Se esperaban noticias negativas. El mismo Ministerio de Ambiente había dicho que, dentro de sus proyecciones, esperaba una pérdida entre 240 000 y 260 000 hectáreas de bosque, es decir, un incremento entre el 9 y el 18% comparado con el 2017 cuando la cifra se ubicó en 219 973 hectáreas deforestadas.

Incluso, algunas organizaciones y expertos en el tema indicaban que la deforestación del año pasado rondaría las 300 000 hectáreas. El pasado 10 de julio la espera y expectativa acabaron y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) dio a conocer la cifra oficial de deforestación en 2018, la cual se ubicó en 197 159 hectáreas. El número sorprendió pues resultó ser menor al del 2017, mostrando una reducción del 10%.

Sin embargo, esta tendencia debe ser vista con cuidado a pesar de que algunos departamentos y municipios desaceleraron sus tasas de deforestación. Por ejemplo, el municipio de San Vicente del Caguán, en el departamento de Caquetá, perdió 19 652 hectáreas de bosque, 7000 menos que en 2017 y aún así esto indica que el 10% de todo lo que perdió Colombia sucedió en este lugar. Además, también aparecieron nuevos núcleos de deforestación.

 

Los nueve núcleos de deforestación

 

Durante 2018 se identificaron nueve núcleos de deforestación. El principal está en las sabanas del Yarí y el bajo Caguán, en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. El segundo se ubica en el norte del departamento de Guaviare, en límites con los departamentos de Meta y Vichada. El tercero está en el sur del Meta, asociado principalmente a municipios como Uribe, Mesetas y Vista Hermosa. El cuarto foco está en Putumayo, principalmente en las riberas del río Caquetá, en municipios como Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo.

El quinto núcleo se ubica en el municipio de Mapiripán, Meta; mientras que el sexto se encuentra en la serranía de San Lucas, en el nororiente del departamento de Antioquia y el sur del departamento de Bolívar. El séptimo punto alarmante de deforestación se ubica en la compleja zona de conflicto armado de Catatumbo, específicamente en los municipios de Tibú, Sardinata y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Finalmente, el octavo núcleo está en las selvas del Sarare —bosques de galería e inundables— en el departamento de Arauca y el último en la frontera con Panamá e inmediaciones del municipio de Riosucio en el departamento de Chocó.

De los nueve núcleos, cinco se encuentran en la Amazonía colombiana y según el reporte oficial ‘Monitoreo de la Deforestación 2018’ entregado por el IDEAM y el Ministerio del Ambiente, “el 70,1% de la deforestación del año 2018 ocurrió en la región de la Amazonía. En 2017 acumuló el 65,5%”, es decir, un incremento de casi el 5%.

Edersson Cabrera, coordinador del grupo de Monitoreo de Bosques del Ideam, asegura que la praderización es el principal motor de deforestación y se asocia a la conversión de bosque tropical hacia nuevas áreas dedicadas a pastos que “pueden tener o no cabezas de ganado, pero están siendo utilizadas como medio para la usurpación de tierras del Estado y el acaparamiento baldíos”. Según el experto, el segundo generador de pérdida de bosque en Colombia son los cultivos de uso ilícito, ya sea de manera directa e indirecta. En tercer lugar están las malas prácticas de ganadería extensiva “donde menos de una cabeza de ganado está siendo alimentada en una hectárea producto de la deforestación, un modelo que no es productivo”, comenta Cabrera.

En el listado de causas de la deforestación siguen la extracción ilícita de minerales  —principalmente en el nororiente antioqueño, el sur de Bolívar y el Pacífico colombiano—,la ampliación de la frontera agrícola no permitida y la infraestructura de transporte sin los permisos requeridos; algo que Cabrera asocia con una proliferación de accesos terrestres sin licenciamiento ambiental y que no están dentro de la política de infraestructura del país.

El ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, dice que “la deforestación también está ligada a delitos como el tráfico de fauna y flora y de madera”, y añadió que “en Colombia nos falta insistir permanentemente sobre las acciones de legalidad. La gente no entiende que tenemos un código penal donde existen los crímenes ambientales. Por primera vez en un gobierno se determinó que la pérdida de agua, bosque y biodiversidad ponen en riesgo la seguridad de este país”.

 

La Amazonía sigue siendo la más deforestada

 

De acuerdo con los resultados del reporte “se presenta una disminución en la deforestación en la región de la Amazonía con respecto a lo reportado para 2017. La deforestación disminuyó en 5 971 hectáreas”.

Es en este punto donde las cifras se tornan un poco confusas. Por ejemplo, en 2017 se perdieron 144 000 hectáreas de bosque en la Amazonía, mientras que en 2018 la cifra bajó a 138 176. Aún así, la proporción de bosque deforestado en esta región, en comparación con Caribe, Andes, Orinoquía y Pacífico, aumentó y pasó del 65,5% al 70,1%. Esto se debe a que Andes, Caribe y Pacífico también tuvieron una desaceleración en la deforestación.

Por otro lado, Caquetá y Guaviare —que han sido los departamentos con las tasas más altas—, redujeron su deforestación pero siguen manteniéndose en los puestos 1 y 3 de los más deforestados.

“Caquetá ha reportado los mayores niveles de deforestación en los últimos 28 años y en este reporte sigue siendo así. Sin embargo, identificamos una reducción de 13 000 hectáreas en los municipios de San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá”, afirma Edersson Cabrera.

La mala noticia para la región es que el sur del departamento del Meta tuvo un aumento en pérdida de bosque y es el segundo departamento más deforestado del país después de Caquetá. Según dice Cabrera, municipios como La Macarena, Uribe, Mesetas y Mapiripán vienen con aumento de la deforestación. “Respecto a 2017, el departamento tuvo un aumento de cerca de 8000 hectáreas deforestadas. El municipio de La Macarena fue el que más incrementó su deforestación en todo el país (26%)”.

Lo anterior también se refleja en la grave situación que enfrentan los Parques Nacionales Sierra de La Macarena, Picachos y Tinigua. Este último es el más alarmante pues pasó de 4000 hectáreas deforestadas en 2017 a 10 471 en 2018.

El departamento de Putumayo, al sur de la Amazonía colombiana, también aportó este año dos municipios a los más deforestados del país: Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo

 

Desaceleración en cuatro regiones e incremento en una

 

La Orinoquía fue la única región que aumentó sus tasas de deforestación. “Presentó aumentos a pesar de que es una de las regiones que menos bosque tiene. Su deforestación en 2018 fue de 12 073 hectáreas, 2120 más que en 2017. Los principales núcleos están ubicados en las selvas del Sarare en Arauca y sectores del municipio de Cumaribo en el departamento de Vichada”, comenta Edersson Cabrera.

En los Andes la deforestación en 2018 fue de 28 089 hectáreas y en 2017 de 36 745; se redujo en 8656 hectáreas. Según el reporte del IDEAM, los departamentos de Cauca, Nariño y Antioquia que tenían una tendencia al alza vienen ahora en control y con reducciones importantes. Sin embargo, en la región del Catatumbo, en la cordillera oriental, los municipios de El Tarra Tibú y Sardinata continúan con un incremento en la deforestación.

Por su parte, el Caribe acumula el 2,8% de la superficie de bosque del país y posee relictos importantes de bosque en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Montes de María, la parte baja de la Serranía del Perijá y las partes bajas de los ríos Cauca y Nechí. En el Caribe se deforestaron 11 367 hectáreas, 4288 menos que en 2017. Los expertos hacen un llamado a controlar la pérdida de bosque en esta región pues allí sobrevive buena parte del bosque seco tropical del que apenas queda un 8% en Colombia.

En el Pacífico colombiano también hubo una reducción en la deforestación. En 2018 se registraron 7454 hectáreas deforestadas cuando en 2017 la cifra superaba las 13 000. Los focos principales están en la frontera con Panamá y en el municipio de Riosucio, Chocó; mientras que la parte Pacífica de los departamentos de Valle y Nariño y el sur del Chocó presentan reducciones.

 

Confusión en las cifras

 

“En 2017 recibimos la cifra de 220 000 hectáreas deforestadas. Nuestro modelo de predicción nos mostraba que en el 2018 tendríamos una deforestación de 260 000 hectáreas si no tomábamos acciones concretas. La media nos decía 240 000 pero la redujimos en un 17%, es decir, pasamos a 197 000 hectáreas deforestadas en 2018. Se evitaron más de 40 000 hectáreas de bosque natural deforestado”, dijo el ministro Lozano.

Esta afirmación, donde se menciona una reducción del 17% en la deforestación, fue la que generó confusión y la cifra fue utilizada por algunos sin tener en cuenta que hacía referencia a una reducción respecto a lo proyectado por el Ministerio de Ambiente —esperaban entre 240 000 y 260 000 hectáreas de deforestación—. En otras palabras, no era la cifra real.

La verdadera disminución de la deforestación fue de 10% entre 2017 (219 973 hectáreas perdidas) y 2018 (197 159 hectáreas perdidas).

 

Por  Antonio José Paz Cardona

11 julio 2019 

*Imagen principal: Cormacarena.

Publicado originalmente en Mongabay

Publicado enColombia
Alerta secretario de la ONU sobre crecimiento y envejecimiento poblacional

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, alertó hoy en el marco del Día Mundial de la Población, que entre los problemas demográficos del mundo figuran el crecimiento y envejecimiento de la población, la migración y la urbanización.

 

En su mensaje con motivo del Día Mundial de la Población, que se celebra cada año el 11 de julio desde 1989, Guterres indicó que el mayor desafío es el envejecimiento de la población, que hace necesario promover el envejecimiento activo y con salud, así como proporcionar una protección social adecuada.

 

Sostuvo que el Día Mundial de la Población es la ocasión para refrendar los compromisos globales en favor de un futuro mejor para todos en un planeta sano, contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

 

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es el plan que ha adoptado el mundo y que su misión guarda una estrecha relación con las tendencias demográficas.

 

A medida que el mundo siga urbanizándose, según las previsiones el 68 por ciento de la población mundial vivirá en zonas urbanas en 2050, el desarrollo sostenible y el cambio climático dependerán cada vez más de una gestión adecuada del crecimiento urbano, agregó.

 

En su mensaje publicado en la página web de la ONU, Guterres resaltó la necesidad de gestionar estas tendencias demográficas teniendo en cuenta la relación existente entre población, desarrollo y bienestar de las personas.

 

Hace 25 años, en la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, los dirigentes mundiales enunciaron por primera vez los vínculos entre población, desarrollo y derechos humanos, incluidos los derechos reproductivos.

 

Este año, el Día Mundial de la Población busca llamar la atención del mundo sobre los asuntos pendientes de la Conferencia de El Cairo.

 

Reconoció que a pesar de los progresos en la reducción de la mortalidad materna y los embarazos no planeados, aún quedan muchos problemas por resolver, en especial los relacionados con los servicios de salud esenciales.

 

Las complicaciones del embarazo siguen siendo la principal causa de muerte entre las niñas de 15 a 19 años, mientras la violencia de género, que tiene sus raíces en la desigualdad, sigue causando estragos.

 

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo estableció en 1989 el Día Mundial de la Población, con el que se pretende centrar la atención en la urgencia e importancia de las cuestiones relativas a la población.

 

La población mundial actual es de siete mil 600 millones de personas y se calcula que alcanzarán los ocho mil 600 millones para el año 2030, según la ONU, que destaca que China e India siguen siendo los países más poblados.

 

(Con información de Notimex)

Publicado enInternacional
Página 1 de 105