Manifestación de la huelga petrolera en Río de Janeiro, el 18 de febrero / Foto: Marcelo Aguilar

Veintiún mil obreros de la petrolera estatal mantienen una huelga desde el 1 de febrero, debido al despido de mil empleados y la negativa a negociar de las autoridades. De fondo, el futuro de un recurso estratégico para Brasil que el gobierno de Bolsonaro busca pasar a manos privadas.

Si usted vio los medios masivos brasileños en las últimas semanas, debe de haber visto que uno de los milicianos sospechosos por el asesinato de Marielle Franco fue asesinado por la policía militar en Bahía, o que el gobierno estatal de Rondonia quiso prohibir libros de Machado de Assis y de otros autores en las escuelas públicas, o que Jair Bolsonaro presentó un proyecto de ley para abrir las tierras indígenas a la minería. Pero difícilmente haya visto que los trabajadores de Petrobras están en huelga desde el viernes 31 de enero. El silencio mediático es monolítico.

Después del anuncio unilateral del repentino cierre de la Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados de Paraná (Fafen) por Petrobras –una medida que causará el despido de más de mil trabajadores–, la Federación Única de los Petroleros entró en huelga. Ya se adhirieron más de 21 mil trabajadores de 58 plataformas de explotación y 11 refinerías, entre otras instalaciones de la compañía estatal: un total de 121 unidades del llamado Sistema Petrobras. Además, cinco dirigentes del sindicato petrolero ocupan una sala del cuarto piso del edificio sede de Petrobras en Rio de Janeiro. Sentados a la mesa, esperan que la directiva, encabezada por Roberto Castello Branco, se presente para negociar. Y afuera, un campamento integrado por diversos movimientos populares y sindicales se mantiene en vigilia permanente desde hace 18 días.

ADENTRO.

Hasta ahora, nada. Lo único que recibieron los dirigentes de los petroleros fueron chicanas: durante los primeros cuatro días, la directiva de la empresa negó el acceso de agua y comida a la sala ocupada.

Cibele Vieira, directora del sindicato y una de las ocupantes, dijo a Brecha que esta situación se explica por el “completo vaciamiento de la negociación colectiva”. Sostuvo que la actual directiva es aún más dura que la que gobernó Petrobras durante el gobierno de Michel Temer. En aquel entonces, “aunque ya se veía un proceso de desmonte de la empresa, teníamos más espacio para la negociación que ahora”. Durante 2019, la construcción del acuerdo colectivo con la actual directiva duró seis meses y “los primeros cinco fueron de mesas vacías”. “Finalmente, vino una mediación del Tribunal Superior del Trabajo, aunque la empresa no quiso aceptar ni los prerrequisitos”, contó Vieira.

“Después de eso, la empresa empezó a cambiar puntos sin consultar a nadie y a tomar decisiones unilaterales”, explicó la sindicalista. La gota que derramó el vaso fueron los despidos en la Fafen: “En el propio acuerdo colectivo dice que las dimisiones en masa deben ser discutidas con los sindicatos; es una cláusula. Pero los trabajadores se enteraron de que iban a ser despedidos por la prensa. O sea, la empresa le filtró a la prensa sin hablar con los trabajadores, incumpliendo totalmente el acuerdo”.

“El hecho de que precisemos estar aquí sentados en una mesa hace 18 días y que no haya hasta hoy ni una conversación demuestra esto que decimos. Este gobierno y Petrobras no quieren negociar, sino fragmentar a los trabajadores. Estamos acá para demostrar que nosotros queremos negociar y que quienes no quieren son ellos”, dijo Vieira.

AFUERA.

Frente a la sede carioca de la empresa, en el acampe construido por los petroleros junto con otros movimientos populares y sindicales, se desarrollan talleres de batucada y de serigrafía, ruedas de debate diarias, aulas públicas, actos y hasta blocos (corsos) de carnaval. Paulo Neves, dirigente del sindicato en el estado de Amazonas, dijo a Brecha que una clave para entender el apoyo de los movimientos es que la huelga “no reivindica sólo cuestiones corporativas”, sino que se hace “sobre todo por la soberanía nacional y contra la desindustrialización del país”: “El petróleo es un recurso importantísimo y debe estar al servicio del pueblo brasileño”.

Matheus Quevedo, de la juventud del Movimiento de los Pequeños Agricultores, señaló a este semanario que “los movimientos están apoyando y construyendo la huelga porque la unión de toda la clase trabajadora se hace muy necesaria para enfrentar tantos retrocesos”. Explicó además: “Petrobras es un símbolo nacional, un patrimonio brasileño. El petróleo es un bien natural que, a pesar de que puede causar grandes impactos ambientales y climáticos, sigue siendo una fuente de energía crucial a nivel mundial. Por eso es necesario que el pueblo participe de la gestión de la empresa que regula ese recurso”.

“Esta empresa es estratégica para Brasil y tiene un fuerte impacto social”, recordó Quevedo. “Petrobras está en la mesa de todos los agricultores y todos los consumidores. Está en el tractor, en la gasolina para llevar la producción a la ciudad, en el gas para cocinar. El petróleo influencia el precio de los alimentos. Defender una Petrobras pública y fuerte es defender el arroz y el feijão en el plato de nuestro pueblo.”

EL SUEÑO DE UN CHICAGO BOY.

Roberto Castello Branco, que asumió la presidencia de Petrobras en enero de 2019, es un neoliberal de manual. Formado en la Universidad de Chicago –al igual que su amigo, el ministro de Economía, Paulo Guedes–, fue economista y jefe de la minera Vale durante 15 años. Nombrado por Dilma Rousseff, entró al Consejo Directivo de Petrobras en 2015, de donde salió en 2016.

El año pasado Castello Branco asumió como presidente de la empresa, a pedido de Guedes, y sus intenciones han sido claras. “Privatizar Petrobras siempre fue un sueño”, dijo en marzo de 2019, a poco de asumir, en un evento de la Fundación Getúlio Vargas. Las ironías de la historia. Petrobras fue creada por el propio Getúlio Vargas en 1953, que estableció el monopolio estatal de la producción, el refinamiento y el transporte del petróleo. En noviembre pasado, Castello Branco dejó en claro durante una entrevista con O Globo que cree que “la regulación es extremadamente complicada”: “Precisamos tener un ambiente institucional promercado, amigable con el inversor”. Él, como presidente de Petrobras, tiene que pensar en “lo que es mejor para los accionistas”.

Los trabajadores defienden lo contrario. Luchan contra la privatización, por considerarla “un robo”. Y parece que la mayor parte del pueblo brasileño está de acuerdo. Según una encuesta de Datafolha de setiembre de 2019, solamente uno de cada cuatro brasileños apoya las privatizaciones de las empresas públicas. En el caso de Petrobras, 65 por ciento de la población está en contra de la venta de la compañía. Sin embargo, a pesar de que Castello Branco ha dicho que, más allá de sus convicciones personales, aún no hay planes para privatizar la petrolera estatal, el diario Valor Económico publicó en agosto de 2019 que estos sí existen. Según el periódico, a pesar de no haber sido incluida públicamente en la lista de empresas a ser vendidas, el gobierno espera privatizarla antes de 2022, último año de mandato de Bolsonaro.

El lunes 17, el Tribunal Superior del Trabajo (Tst) decretó que la huelga de los petroleros es “ilegal”. Según el magistrado del Tst Ives Gandra Martins Filho, la medida sindical “tiene motivaciones políticas y no respeta las leyes sobre huelgas”. La decisión del Tst también ampara “eventuales sanciones disciplinarias” de la directiva de la empresa contra los huelguistas. Pero el martes los petroleros anunciaron que continuarán con la medida y apelarán la decisión del tribunal.

Por Marcelo Aguilar

21 febrero, 2020

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¿Por qué genera tanta indignación la reforma de las pensiones de Macron?

Por primera vez desde 2010, los sindicatos franceses se movilizan conjuntamente el martes contra el nuevo modelo de jubilación. Analizamos cinco cuestiones claves de esta polémica medida.

 

Es una de las medidas claves en el proyecto neoliberal de Emmanuel Macron. Tras dos años de negociaciones con la patronal y los sindicatos, el gobierno francés presentó el pasado miércoles su reforma de las pensiones. Una medida con la que el joven presidente pretende convertir el actual modelo de 42 regímenes de cotización en un único sistema por puntos. “Ha llegado el momento del sistema universal y se acaba el de los regímenes especiales”, aseguró el primer ministro Édouard Philippe durante la presentación de esta medida con un discurso trufado de fórmulas progresistas.

El ejecutivo centrista repite el mantra de que con el nuevo modelo “un euro cotizado dará los mismos derechos a todo el mundo”. La contestación a esta medida originó, sin embargo, la huelga del 5 de diciembre. Con cerca de un millón de personas en la calle, representó la mayor movilización social en Francia en la última década. “Este discurso de un sistema universal se trata en realidad de un mensaje propagandístico para lograr adoptar un régimen de pensiones por puntos cuyo principal objetivo será limitar sus costes”, defiende Romaric Godin, periodista en el diario digital Mediapart.

Con la presentación de la reforma, el gobierno cabreó incluso a aquellos sindicatos que hasta ahora no se oponían a la medida, como la moderada CFDT, la organización sindical con un mayor número de afiliados en Francia. Lo que favoreció la unidad de acción entre los sindicatos. Por primera vez desde 2010, todos ellos se movilizarán conjuntamente en la jornada de huelga y protestas prevista para este martes.

¿Por qué la reforma de las pensiones de Macron genera tanta indignación en Francia? ¿Qué sacrificios comportará al modelo de jubilación francés, uno de los más avanzados del viejo continente? ¿Favorecerá a las mujeres como promete el ejecutivo? Analizamos cinco cuestiones claves para entender el malestar desatado por esta medida.

1. ¿La reforma comportará una disminución de las pensiones?

Sí, probablemente. Según el colectivo ciudadano RéformedesRetraites (Reforma de las Pensiones), formado por trabajadores y economistas, los futuros jubilados percibirán unas pensiones entre un 15% y un 23% más bajas que las de sus conciudadanos que se jubilen ahora con el mismo perfil profesional, salario y años cotizados. Las pensiones dejarán de calcularse en función del salario de los seis últimos meses en el caso de los funcionarios o los 25 mejores años en los trabajadores del sector privado. Con el nuevo sistema, lo harán a partir de los puntos acumulados a lo largo de la carrera profesional. Esto perjudicará a aquellos trabajadores con trayectorias salariales que hayan tardado más en despegar o periodos de desempleo en medio de su carrera.

“Esta reforma comportará un empobrecimiento de los futuros jubilados”, advierte Godin. Según este reputado analista económico, su objetivo principal “es pasar de un sistema con prestaciones definidas a uno nuevo con cotizaciones sociales definidas, en el que las pensiones servirán para ajustar el equilibrio financiero”. Es decir, adoptar un modelo que permita mantener estables, o incluso reducir, las cotizaciones sociales. De esta forma, garantizar el objetivo de “equilibrio financiero” del ejecutivo macronista, que consiste en limitar en el 13,8% el gasto público destinado a las prestaciones de jubilación. Una política, que unida al envejecimiento de la población, favorece una reducción de las pensiones.

“Nos comprometemos a que el valor del punto no sea establecido de forma arbitraria y pediremos a los actores sociales (patronal y sindicatos) que establezcan su valor, con la aprobación del Parlamento”, afirmó Philippe para calmar el malestar ante una futura caída de las pensiones. Además, indicó que establecerán una “regla de oro” para garantizar que el valor del punto no disminuirá. Y precisó que evolucionará en función de los salarios, en lugar de la inflación. No obstante, la disminución de las pensiones también puede hacerse retrasando de manera progresiva la edad de jubilación. Lo que reducirá las pensiones de aquellos que por motivos de salud o laborales se vean obligados a jubilarse antes.

2. ¿Macron quiere retrasar la edad de jubilación?

Durante la campaña de las presidenciales de 2017, Macron prometió que mantendría en 62 años la edad legal de jubilación. La nueva ley no modificará este aspecto, pero sí que establecerá una “edad de referencia” para jubilarse a los 64 años. El ejecutivo se ha sacado de la chistera este concepto de “edad de referencia” que servirá para disminuir las pensiones de aquellos que se jubilen antes de los 64, a pesar de que hayan cotizado durante un periodo completo, entre 42 y 43 años –en España es de 36 años y nueve meses–. Por cada año que se jubilen antes de la “edad de referencia”, la prestación disminuirá en un 5%.

Además, esta medida no solo se aplicará para aquellos afectados por el nuevo sistema por puntos –los nacidos a partir de 1975–, sino también a los que se jubilen en los próximos años. Según las previsiones del gobierno, a partir de 2022 la edad para jubilarse aumentará cuatro meses cada año antes de establecerse en 64 en 2027. “La única solución es trabajar un poco más, como ya sucede en el resto de Europa y del mundo”, defendió Philippe. Aunque los franceses pueden retirarse ahora a partir de los 62 años, la edad real de jubilación se sitúa en 63. En España es de 64 años y dos meses.

3. ¿Qué sectores se verán perjudicados?

Si la reforma es aprobada con su diseño actual, numerosos sectores saldrán perjudicados. Los grandes perdedores pueden ser aquellos funcionarios que empiezan su carrera con salarios modestos y estos aumentan progresivamente. Por ejemplo, los profesores, enfermeras, auxiliares de medicina… Sus pensiones se verán recortadas por el nuevo cómputo que ya no se realiza a partir de los seis últimos meses, sino de toda la carrera. También perjudicará a los asalariados del privado, después de que sus pensiones dejen de calcularse en función de los 25 mejores años. O profesiones liberales como los abogados, que perderán su régimen específico de cotización.

Además, saldrán perjudicados los trabajadores de las empresas públicas en los transportes ferroviarios (SNCF), metropolitanos (RATP) y en el sector eléctrico (EDF y Engie). Todos ellos verán como desaparecen sus regímenes especiales. Estos les garantizaban ventajas a la hora de jubilarse, como retirarse de la vida activa antes de los 60 años, en compensación a sus duras condiciones laborales. La desaparición de estos regímenes especiales se producirá, sin embargo, a partir de aquellos trabajadores nacidos en 1980 o 1985.

4. ¿Quiénes serán los ganadores?

El ejecutivo ha prometido que “una carrera completa tendrá una pensión mínima de 1.000 euros”. Según el proyecto actual, se compromete a establecer una jubilación mínima que equivalga al 85% del salario mínimo. No obstante, según el digital francés Basta!, esta medida ya forma parte de la legislación francesa desde 2003, pero no fue respetada durante la última década. Si Macron cumple con su palabra, esta pensión mínima beneficiará a aquellos sectores con jubilaciones más modestas, como los artesanos o los campesinos, cuya pensión media es de 970 euros. Tampoco se verán demasiado perjudicados los policías, militares o bomberos, ya que conservarán sus regímenes específicos de jubilación.

No obstante, los verdaderos ganadores serán los empresarios. Estos verán limitadas las cotizaciones sociales y, por consiguiente, el coste de la mano de obra. La nueva reforma “servirá para financiar la política de competitividad neoliberal del gobierno. Es el objetivo principal del sistema de jubilación por puntos”, afirma Godin, quien ha publicado recientemente el libro La guerre sociale en France.

5. ¿La reforma favorecerá a las mujeres?

Es uno de los mantras del gobierno. El nuevo modelo recompensará a las mujeres, con pensiones inferiores a las de los hombres. “Las mujeres serán las grandes ganadoras del sistema universal. Actualmente, las pensiones de las mujeres representan casi la mitad de las de los hombres. ¿Quién puede aceptarlo? Nadie”, dijo el primer ministro durante la presentación de la medida. Para mejorar sus jubilaciones, el gobierno pretende establecer una bonificación del 5% por cada hijo y del 7% a partir del tercero. Un bonus que deberán repartirse entre el padre o la madre, pero que de preferencia será para la progenitora.

Sin embargo, economistas, sindicalistas y grupos de reflexión pusieron en duda estas supuestas ventajas para las mujeres. “Hasta ahora aquellas familias con tres hijos veían cómo aumentaba su pensión un 10% tanto para la madre como el padre. Ahora será un 5% por cada hijo. Pero si el marido percibe una pensión de 3.000 euros y la mujer de 1.000, ¿quién se beneficiará de esta bonificación del 5%?”, se pregunta sobre sus posibles efectos contraproducentes el economista Henri Sterdyniak, director de departamento del Observatorio Francés de Coyunturas Económicas (OFCE) y considerado uno de los mayores expertos en el sistema de pensiones francés.

Según un informe reciente del Instituto de la protección social, esta medida comportará una disminución de las prestaciones para “muchas mujeres”. El ejecutivo también ha previsto suprimir una compensación de la que se benefician actualmente: la obtención de ocho trimestres suplementarios de cotización por cada hijo. Además, el hecho de retrasar la edad de jubilación a los 64 años también puede perjudicar a todas aquellas mujeres que por motivos laborales o de salud se ven obligadas a dejar su trabajo antes. Dieciséis mujeres sindicalistas, feministas y economistas lamentaron en un artículo en Le Monde que “al tomar en cuenta toda la carrera (…), esto disminuirá las pensiones para numerosas funcionarias y todas aquellas personas con carreras con altibajos, entre ellas muchas mujeres”.

PARÍS

ENRIC BONET

 @EnricQuart

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Jueves, 12 Diciembre 2019 06:55

Una reforma de pensiones que no convence

Una reforma de pensiones que no convence

Críticas de sindicatos y partidos políticos opositores en Francia 

Las centrales sindicales fijaron para el próximo 17 de diciembre una nueva jornada de huelgas y protestas en todo el país.

El proyecto para reformar el sistema de pensiones francés salió hoy de la nebulosa y, fuera del patronato, no convenció a ninguno de los actores sociales. Sindicatos y partidos políticos cuestionaron la reforma presentada por el Primer Ministro Edouard Philippe al cabo de dos años de negociaciones, varios meses de tergiversaciones y casi una semana de fuertes huelgas en los transportes públicos. El Ejecutivo introdujo algunas concesiones a los sindicatos, pero, en lo global, resguardó la arquitectura de una jubilación “universal por puntos” tal como la definió el presidente Emmanuel Macron cuando aspiraba a la presidencia en 2017. ” Injusto”, ”un engaño”, ”todos pierden”, la oposición política y los sindicatos salieron de inmediato a demoler una reforma que, lejos de ser decorativa, transforma en muchos aspectos la estructura de las pensiones. La consecuencia social era previsible: las centrales sindicales llamaron a continuar el movimiento y fijaron para el próximo 17 de diciembre una jornada de huelgas y protestas.

 

Entre el momento en que se cristalizó el conflicto y el anuncio del contenido de la reforma el Ejecutivo perdió un aliado de mucho peso. El sindicato CFDT no había participado en las huelgas, pero ahora dio vuelta su posición. Su Secretario General, Laurent Berger, declaró que “se acababa de atravesar una línea roja”. La CGT, el principal motor de la protesta, acusó al Primer Ministro de haberse “burlado de todo el mundo”. La reacción revela el trastorno profundo del equilibrio de fuerzas. En lo concreto, los sectores políticos y sindicales que tenían un perfil reformista y, por consiguiente, estaban de acuerdo con un cambio en el sistema de jubilaciones lo empiezan a cuestionar fuertemente. Según el plan presentado por el jefe del Gobierno, la edad legal de la jubilación se mantiene a los 62 años, pero con una variable que extiende “la edad del equilibrio a los 64 años”. Así, la sospecha de que la reforma conduciría a trabajar más años se confirma sin ambigüedad.

El patronato francés, agrupado en el Medef, está satisfecho. Este sector conserva todos sus privilegios. Sin embargo, más allá de los círculos patronales no hay nadie que adhiera a la línea oficialista. A la izquierda, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, juzgó que “Macron acaba de instaurar la jubilación a los 64 años”. Los ecologistas hablan de “fractura” del país, los socialistas de “norme injusticia”, los comunistas de un “sacrificio” y la extrema derecha de “reforma terrible”.

Envuelta en las formulaciones técnico retóricas aparece una realidad ya adelantada por el sindicalismo: habrá que trabajar más, aportar más y, en suma, ganar menos. El principio de una jubilación universal por puntos contaba, hasta ayer, con muchos adeptos. Personalidades como Thomas Piketty (autor del libro El Capital en el Siglo XX) alentaban una restructuración de las pensiones en esa dirección para que hubiera menos desigualdades entre los regímenes especiales (hay 42). Incluso la opinión pública defendía (76%) la urgencia de una reforma capaz de preservar la originalidad del sistema por reparto al mismo tiempo que introducía más equidad en los cálculos. La reforma presentada por el primer ministro asusta, no solo por la variable de los 64 años sino, también, porque amenaza con romper definitivamente con el sistema solidario que rige desde finales de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Dicho sistema ya ha sufrido muchas alteraciones justificadas por la competencia mundial, el multilateralismo o la globalización. 

En 2003 y 2010 hubo dos reformas del sistema de pensiones. En 2016 se trastornó la ley laboral con el fin de adaptarla a los imperativos de la competitividad de las empresas y en 2018 Emmanuel Macron llevó a cabo una reforma sustancial de la compañía nacional de ferrocarriles, la SNCF. En cada caso hubo huelgas y manifestaciones sin que los actores sociales lograran preservar sus derechos. El año 2019 apunta a terminar como concluyó el anterior y empezó este: manifestaciones, enfrentamientos, bloqueos y gases lacrimógenos. En 2018-2019 fueron los chalecos amarillos, en 2019-2020 serán las pensiones las que mantendrán ardiente la llama social. Pasado, presente y futuro, nuevas generaciones, ya jubilados o por venir, todo el mundo está concernido por la reforma. Ferrocarriles, educación nacional, policías, hospitales, profesiones liberales y hasta los miembros de la Opera de Paris, hoy en huelga, se preparan a pasar una navidad en pie de guerra social. El primer ministro, Edouard Philippe, se anotó un punto histórico: aspiraba a apaciguar al país y dividir a los contestatarios y a los sindicatos, pero alcanzó la meta opuesta: todos se aliaron contra él. La reforma reveló al final su auténtica naturaleza. No se trataba únicamente de “retocar” la arquitectura sino de introducir recortes y economías.

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Viernes, 26 Julio 2019 06:35

¿Ser de izquierda?

¿Ser de izquierda?

Recientemente se efectuó el segundo Seminario Nacional de Formación Política del Partido de los Comunistas, singular organización que apoya con congruencia política y especial compromiso ético al Congreso Nacional Indígena–Concejo Indígena de Gobierno y al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Entre otros temas, en la reunión se planteó la interrogante de lo que significa actualmente el término de "izquierda", particularmente en el contexto de la acumulación militarizada y el terrorismo global de Estado, hegemonizado por Estados Unidos, y una realidad nacional marcada por la continuidad de la violencia estructural y el desencanto creciente por transformaciones aparentes.

 

Valorando la vigencia de Marx, se propuso mantener la radicalidad con la que estudió, criticó y combatió al capitalismo, en las condiciones específicas de tiempo y lugar, identificando la raíz de los problemas que derivan de la explotación de clase y los sistemas de dominación, en sus particularidades de género y condición étnico- racial-nacional, esto es, colorear la matriz clasista en su complejidad y diversidad. En particular, se planteó incorporar la etnicidad en el análisis de las contradicciones interclasistas en países como el nuestro, en el contexto del colonialismo interno formulado hace décadas por Pablo González Casanova y Rodolfo Stavenhagen.

 

En la construcción de nuevas alternativas, se revalidó evitar que los pueblos originarios sean subsumidos en categorías que todavía hoy día los observan en el pasado de la gens, el comunismo primitivo, el buen salvaje de la modernidad o la revolución, convocados como objetos pasivos del Estado o aliados subalternos y testigos etnográficos del verdadero acontecer de la historia, asumiendo la condena del eurocentrismo que subyace en el concepto de "pueblos sin historia", aquellos que no se ajustan a la lucha de clases moderna y civilizada. Desde esta perspectiva crítica, se identifica el llamado obrerismo, posición economicista que tanto daño ha hecho a los procesos revolucionarios en el mundo y que ha sido una concepción difícil de abandonar por partidos y organizaciones políticas que se reclaman no sólo de izquierda, sino incluso comunistas. Ya en 1986, Leopoldo Mármora criticó este fenómeno que en el ámbito de la política se expresó en atribuir al proletariado misiones históricas que sobrepasan sus posibilidades reales. “Ni las ‘masas obreras’ ni el ‘partido del proletariado’ están en condiciones de ser –como tales– portadores de los intereses globales de la sociedad. El proletariado tiene y conservará siempre intereses de clase particulares y propios”. En consecuencia, Mármora sostenía que una lucha contra-hegemónica es una tarea nacional popular que desborda a la clase obrera y no puede ser depositada en un destino histórico exclusivo de una clase (El concepto socialista de nación. México: Cuadernos de Pasado y Presente, número 72). Esta lucha, necesariamente, tendrá que ser el resultado de un movimiento democrático y socialmente heterogéneo de masas, en el que los pueblos originarios tienen un papel estratégico. Adolfo Sánchez Vázquez señalaba hace casi 20 años, que no podía sostenerse que la clase obrera fuera “el sujeto central y exclusivo de la historia, cuando la realidad muestra y exige un sujeto plural, cuya composición no puede –ni debe– ser inalterable o establecerse a priori”. ( Discurso en la Universidad de La Habana, Causa, 2004).

 

En el seminario se caracterizó a la izquierda como una organización o partido que objetiva y subjetivamente coadyuva o construye poder popular, sin transformarse en estamento burocrático o vanguardia autodesignada. Ser de izquierda es crear comunidad a partir del sujeto autodesarrollado que propone la marxista ucrania Raya Dunayesvkaya, quien consideraba que la teoría sólo puede desarrollarse plenamente cuando se asienta en lo que las propias masas hacen o piensan, y destacaba que para Marx lo fundamental consistía en que el ser humano no era meramente objeto, sino sujeto; que no sólo estaba determinado por la historia, sino que también la creaba. Esta revolucionaria coincide con Lenin en concebir a las masas, al proletariado, al campesinado, e incluso a la nacionalidad o pueblo oprimido, como sujetos autodesarrollados. Recuérdese que Lenin sustentó la necesidad de un nuevo impulso teórico porque habían nacido nuevos sujetos a partir del derecho a la autodeterminación de pueblos y naciones.

 

Se reconoció la urgencia de mantener viva la idea de una trasformación sistémica de la sociedad, en contraposición a proyectos desarrollistas, "luchas contra la corrupción", políticas clientelares y corporativas de redistribución del gasto público en "sectores vulnerables", que se constituyen en la base electoral del partido en el gobierno, y cambios periféricos en los aparatos de Estado, que no tocan ni con el pétalo de una recomendación de derechos humanos, su continuismo capitalista y su esencia represiva.

 

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Brasil: alto acatamiento al primer paro contra Bolsonaro

La primera huelga general contra el presidente brasileño Jair Bolsonaro, envuelto en una crisis política seria, fue acatada en todos los estados del país, con alta adhesión en sectores como educación y bancos, actos muy concurridos en San Pablo y Río de Janeiro, y represión policial. El disparador de la medida masiva fue el proyecto oficial de reformar el sistema previsional del país. San Pablo, la capital económica, cerró la jornada con una concentración en la Avenida Paulista donde Vagner Freitas, presidente de la Central Unica de los Trabajadores (CUT), aseguró que la jornada de lucha  fue un “éxito y demostró que la sociedad no apoya la reforma previsional”. Junto a Freitas se econtraban dirigentes de otras organizaciones gremiales y de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE).

“Los trabajadores y trabajadoras dijeron no a la nefasta reforma previsional, nuestro pueblo tiene conciencia”, tuiteó la ex presidenta Dilma Rousseff.

Paralelamente, en las primeras horas de la noche miles de personas comenzaron a marchar de la iglesia de la Candelaria hacia la Avenida Getulio Vargas en el centro de Rio de Janeiro. Por la mañana la Policía Militarizada detuvo a diez estudiantes y trabajadores de la Universidad de San Pablo, en la zona oeste de la ciudad, al mismo tiempo que reprimía con gases  y balas de goma a los manifestantes reunidos en Santo André, en el cordón industrial.

Redactada por el ministro de Economía Paulo Guedes, la reforma enviada al Congreso replica a la impulsada por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile hace cuarenta años.

En San Pablo  y su área metropolitana, con unos 18 millones de habitantes, el paro tuvo un alto acatamiento por parte de maestros, bancarios, metalúrgicos y contó con la adhesión parcial de conductores del subterráneo, pero no fue respaldado por los choferes de colectivos y trenes urbanos.

Los colectiveros prometieron parar “pero cambiaron de posición a última hora, lamentablemente, pero esta huelga igual fue muy grande, esto recién empieza, ahora vamos por más luchas y por Lula Libre”, prometió Julio Turra, director de la CUT.

Las movilizaciones, barricadas y piquetes en carreteras  de este viernes heredaron el envión de la multitudinaria marcha en defensa de la educación pública y contra los cortes del presupuesto educativo, especialmente en las universidades, que fueron encabezadas por estudiantes el 15 de mayo, considerada la primer revuelta contra el gobierno del ex capitán del ejército.

“Lideramos las grandes movilizaciones de mayo por la educación pero los jóvenes también queremos jubilarnos, por esto estamos aquí”, tronó Marina Dias, presidenta de la UNE en la Avenida Paulista.

“Queremos decirle a Bolsonaro que no es un rey, que le vamos a demostrar que lo que se impone es la soberanía popular que se está escuchando ahora (...)  que Bolsonaro no duera hoy”, lanzó la jefa de la UNE.

La medida de ayer contó con el  respaldo unitario, y poco frecuente, de todas las organizaciones gremiales , lideradas por las CUT, ligada al PT, hasta Fuerza Sindical, que suele aliarse a partidos conservadores.

“La huelga es fuerte, felizmente los petroleros están adhiriendo  desde el miércoles a la noche en las refinerías”, afirmó David Bacelar de la Federación Única de Petroleros (FUP) en el estado  Bahia, en la región noreste.

Se realizaron paros parciales en refinerías y plantas de Petrobras de 12 estados, indicó un boletín aparecido en el sitio de la FUP donde se repudió la política  de privatización el Sistema Petobras, del cual es responsable el titular de la compañía “Roberto Castello Branco comandado por Jair Bolsonaro”. 

“La clase trabajadora está despertando después de ser engañada el año pasado cuando muchos votaron a Bolsonaro, hoy está revelándose contra el gobierno, la gente está idignada con este escándalo que dio The Intercept”, apuntó el petrolero Bacelar.

El dirgente de la FUP se refería a las revelaciones del sitio The Intercept sobre la complicidad del ex juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia, con los fiscales de la causa Lava Jato a fin de condenar sin pruebas a Luiz Inácio Lula da Silva, preso en Curitiba desde abril del año pasado. Carteles con la consigna “Lula Libre” fueron paseados hoy en San Pablo y Río.

El caso Moro desató una nueva crisis en el gobierno de Bolsonaro, cuya popularidad bajó 20 puntos en los primeros cinco meses de gestión. A ese escándalo se sumó, en la noche del jueves, la caida del ministro de Gobierno, general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Fue el primer miembro del ala militar que dejó un gobierno atravesado por conflictos internos, surgidos prematuramente, que reflejan la incompetencia de un mandatario cada vez más corrido hacia la ultraderecha. Mientras, la economía está al borde de la recesión y los desocupados suman 13,2 millones, más otros quince millones de precarizados o personas que ya ni buscan trabajo.

Bolsonaro habló con un grupo de periodistas ayer en el palacio del Planalto donde reconoció que la salida del general Santo Cruz fue una medida ingrata y aceptó que la reforma de la Previsión ha enfrentado obstáculos en el Congreso. 

Hubo una fuerte adhesión a la huelga en la capital, Brasilia, que en algunos puntos del centro estaba prácticamente desierta. No circularon los colectivos y solo en parte lo hizo el metro. Además se vio una paralización prácticamente total de los trabajadores de la educación, bancarios y de empleados públicos del Distrito Federal.

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Unidad sindical en el primero de mayo en Brasil (CUT São Paulo)

El principal objeto de protesta es la reforma de la seguridad social que plantea el partido de Bolsonaro


El 14 de junio es la fecha en el horizonte que pone a trabajar conjuntamente los sindicatos CUT y Força Sindical


“Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil", dicen los sindicalistas

El Gobierno brasileño, presidido por Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) tiene prisa por aprobar la reforma de la seguridad social presentada por su ministro de economía, Paulo Guedes. Quieren que el Congreso Nacional otorgue su visto bueno definitivo antes de terminar el primer semestre del año. Cuanto más tiempo pase, con mayor eficacia podrá articularse la resistencia sindical, que ya tiene una fecha marcada en el calendario: 14 de junio, huelga general.


Este primero de mayo ha sido la fecha elegida para escenificar esa resistencia, alardeando de una unión nunca vista en la historia del sindicalismo brasileño. Todas las siglas irán de la mano, y al frente de todas ellas, la Central Única de Trabajadores (CUT) –fundada en 1983, y ligada al Partido de los Trabajadores– y la Força Sindical –creada ocho años más tarde, como contrapeso a la CUT–. El principal espacio de protesta ha sido el Vale do Anhangabaú, en São Paulo.


Guedes, al frente de la cartera de economía, es el encargado de recortar el gasto público todo lo posible para que al Ejecutivo de Bolsonaro le salgan las cuentas. “Nunca hemos vivido una situación como esta”, explica Sérgio Nobre, secretario general de la CUT, “ver un sistema de seguridad social siendo desmontado, como quiere el Gobierno. Lo que está sucediendo en Brasil es un retroceso civilizatorio”.


Según los cálculos de Guedes, con la reforma las cuentas públicas ahorrarán un billón de reales –238 mil millones de euros–. La otra cara de la bonanza económica es que las exigencias para acceder al cien por cien del valor de la jubilación aumentan considerablemente, lo cual es todo un llamamiento a los planos de pensiones privados. El Gobierno impondrá condiciones de jubilación a la europea en un país donde el trabajo informal y la miseria es una constante en la ecuación.


El presidente de Força Sindical, Miguel Torres, ha calificado la propuesta de reforma de “nefasta”, porque perjudica a los más pobres, y ha realizado un llamamiento para luchar por mejorar el sistema de la seguridad social con “políticas destinadas al desarrollo y a la creación de empleo”.


De momento la reforma de la seguridad social está siendo analizada por una Comisión Especial, una vez que consiguió pasar la primera traba en la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía. Serán cuarenta sesiones antes de pasar a las votaciones finales en las dos Cámaras. En este proceso es donde la reforma corre el riesgo, en palabras de Bolsonaro y Guedes, de “deshidratarse”, lo cual significaría una dura derrota para el presidente.


El objetivo de la oposición es “presentar el mayor número posible de enmiendas y trabajar para que tengamos una reforma que no sea una oportunidad de reducir derechos y aumentar desigualdad”, describe para eldiario.es la diputada federal Tábata Amaral (del Partido Democrático Trabalhista). Es consciente de que la reforma es importante y urgente, pero no puede presentar fragilidades tan grandes.


“De forma general”, señala la diputada del PDT, “el área social en Brasil, cuando hablamos de sanidad, educación, asistencia, han sido muy relegadas con este nuevo Gobierno”. Resalta, a su vez, alguna de los olvidos más dañinos de la reforma de la seguridad social propuesta por Bolsonaro y su equipo, como las jubilaciones en el ámbito rural o la cuestión de género.


Amaral se sitúa a favor de la jubilación por edad –incluso de elevar la edad mínima, si fuera el caso–, pero nunca por tiempo de contribución. Lo considera injusto porque, en Brasil, la población más pobre no logra contribuir tantos años como son requeridos. También está en contra de aumentar este tiempo de contribución mínimo. “Habrá personas que alcancen la edad mínima pero nunca el tiempo mínimo de contribución”. En ese caso, los valores de pensión que les corresponderán perpetuarán la penuria.


Los sindicatos reclaman también que realmente no se ha generado un amplio debate en la sociedad para que el trabajador pueda formar una opinión y comprender las medidas. “Ni siquiera fue tema central en los debates presidenciales durante la campaña electoral del año pasado”, protesta João Carlos Gonçalves, secretario general de Força Sindical. Ningún partido quiso poner este tema sobre la mesa. Era demasiado impopular.


El recorte de todos los recortes era el arma secreta del ministro de economía, pero los votantes desconocían las medidas reales, por eso otro de los dirigentes sindicales que han liderado el primero de mayo, Edson Carneiro (Secretario General de la Intersindical), avisa que “el momento es muy grave”. Asume que las elecciones de 2018 dividieron a la población, y reconoce que ahora la necesitan unida. “Sabemos que las manifestaciones no son suficientes, necesitamos parar Brasil”.

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Contundente paro en Argentina en rechazo a las políticas de Macri

Buenos Aires. Esta capital quedó paralizada este martes, como otras ciudades del interior de Argentina, en vísperas del primero de mayo, por el contundente paro general convocado por varias centrales de trabajadores organizadas en el Frente Sindical para el Modelo Nacional, organizaciones sociales y las regionales de la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya dirigencia no se adhirió a la medida de fuerza y fue desbordada por la decisión de las bases de trabajadores de diversos gremios de participar ante la gravedad de la situación económico-social.

El Frente Sindical para el Modelo Nacional junto con las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA), la Corriente Federal de Trabajadores –que está dentro de la CGT–, las organizaciones sociales agrupadas en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y otros sectores, en este caso como las pequeñas y medianas empresas (Pymes), tuvieron una participación masiva y fue clave el paro de subterráneos, un sector del transporte público y los gremios aeronáuticos, por lo cual se suspendieron más de 300 vuelos.

No tuvieron efecto las amenazas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la movilización de fuerzas de seguridad, ni la acción de los medios masivos de comunicación ligados al gobierno de Mauricio Macri, algunos de los cuales calificaron de "terroristas" a los trabajadores. Incluso Dante Sica, ministro de Producción y Trabajo, advirtió que sancionaría a los trabajadores en paro, pero no se logró influir sobre la multitudinaria marchas sindical que llegó a Plaza de Mayo a mediodía. También se impuso a los intentos de grupos de encapuchados que trataron de alterar la marcha rompiendo vidrieras, hechos de los cuales se apartaron rápidamente los trabajadores, ya prevenidos sobre el envío de provocadores a lo largo de la marcha.

Sin embargo, hubo focos de represión de la policía de la ciudad, con 12 detenidos y trabajadores golpeados y maltratados por esta fuerza, ya denunciada en varias oportunidades.

El rechazo a las medidas económicas fue masivo, así como a los despidos, cuando se conocen las nuevas cifras de pobreza e indigencia que afectan a 14 millones de niños, de los cuales cinco están en condición de calle, como se denunció en las últimas horas.

Todos los dirigentes que intervinieron llamaron a la conformación de un gran frente nacional para las próximas elecciones de octubre, con el objetivo de derrotar ampliamente a la gobernante alianza Cambiemos, que hasta ahora en las internas y otros procesos electorales en siete provincias resultó en un lejano tercer lugar.

El texto final consensuado fue leído por Omar Plaini, dirigentes de los Canillitas (vendedores de diarios), quien elogió el triunfo del paro y la presencia en el lugar de las cooperativas que participaron junto a las Pymes y otros, rechazando la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Macri, bajo el mandato del Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya presencia también repudiaron, exigiendo negociaciones salariales (paritarias), un urgente aumento de salarios, que quedaron totalmente desfasados ante la gravísima realidad que se vive en el país, advirtiendo sobre la nula sensibilidad y responsabilidad del Ejecutivo que no escucha a los trabajadores.

Se exigen también aumentos de emergencia y que las tarifas de servicios básicos y de combustibles se retrotraigan a finales de 2017, planteamiento que se ha hecho al gobierno, mientras la inflación se dispara cada día, y es imparable el aumento de los alimentos.

A su vez, Pablo Moyano, dirigente del gremio de Camioneros, destacó la unidad alcanzada entre centrales sindicales y frentes y dijo que 70 regionales de la CGT participaron en esta medida de fuerza que el gobierno estaba seguro iba a fracasar. Sin embargo, esto no termina aquí porque este miércoles, Día de los Trabajadores, paran los trenes y habrá centenares de ollas populares en esta capital y todo el país, para expresar la lucha contra el hambre y la pobreza que alcanza a más 35 por ciento de la población, y en algunas provincias casi 60 por ciento.

 

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Sábado, 28 Julio 2018 09:34

Los desafíos de la clase trabajadora

Los desafíos de la clase trabajadora

Un Congreso de trabajadores con debate abierto y vocación de renovación sindical fue el realizado por Únete en días pasados. Acá la novedad del mismo, así como sus proyecciones de diversa índole

 

“El sindicalismo no desaparece, se transforma”. Bajo esta premisa alrededor de 50 organizaciones sindicales, con 147 delegados de 27 ciudades de todo el país se dieron cita los pasados 20, 21 y 22 de junio en la ciudad de Bogotá, para desarrollar el primer Congreso nacional programático de la Federación Unión nacional de trabajadores del estado, los servicios públicos y la comunidad (Únete). El propósito fundamental de esta cita: asumir los desafíos de la reconfiguración sindical en un país donde el derecho de asociación sindical está ampliamente obstaculizado por una cultura anti-sindical y por la violencia estructural de nuestra sociedad.

 

Este Congreso surgió de la reflexión desarrollada por Únete a lo largo de los últimos 6 meses, con el ánimo de darle una nueva proyección –socio-política– al sindicalismo en nuestro país. Propósito derivado de la necesidad que tiene la organización de los trabajadores por construir más allá de sus propias reivindicaciones laborales, y contribuir con otra democracia posible junto a los más diversos sectores sociales.

 

El regreso al gobierno del uribismo

 

Éste evento sesionó en un contexto difícil para la clase trabajadora colombiana, pues el recién elegido gobierno de Iván Duque anunció la implementación de reformas que afectarán a la sociedad colombiana en los planos laboral, pensional y tributaria. Proseguirá por esta vía lo hecho durante los últimos 8 años por Juan Manuel Santos y retomará lo ya realizado por Álvaro Uribe, mentor del gobierno que se posesionará el 7 de agosto próximo (Ver recuadro Cascada regresiva).

 

El sindicalismo no desaparece, se transforma

 

Para comprender la crisis por la que atraviesa el sindicalismo retomamos a García Nossa (1971), quien afirma que la crisis es el agotamiento de las posibilidades de un periodo. Por eso, cuando hablamos de los factores políticos que configuraron la crisis del sindicalismo, hablamos al mismo tiempo de su necesaria transformación. Únete es consciente de ella. Si vemos el cuadro adjunto, podemos evidenciar que entre 1994-2016, en casi todas las ramas de la economía, las tasas de sindicalización bajaron en varios puntos porcentuales, siendo notable su reducción en el sector financiero, el sector económico de más crecimiento en los últimos años. Esto unido a los escándalos de corrupción, a la verticalidad, burocratización y el divorcio que tienen las organizaciones sindicales con la ciudadanía y otros trabajadores.

 

Por ello, para salir de la crisis, el Congreso avanzó en identificar los factores y los ejes que podrían significar una ruptura con el actual sistema sindical, tratando de iniciar un proceso de re-configuración profunda para los próximos años. A través de diversas discusiones los trabajadores y trabajadoras estatales mostraron un afán de romper con la burocratización y la falta de dinamismo que caracteriza al movimiento sindical, anquilosado en viejas prácticas rutinarias, por lo que se enfatizó en construir sobre el pluralismo, la democracia, la horizontalidad, la territorialización, la solidaridad y la des centralización de la actuación sindical. Consecuente con ello, desde su carácter inicial, Únete se concibe como un proyecto de unidad sindical desde la base, con el ánimo de romper la dispersión que caracteriza a las constipadas cúpulas sindicales, de ahí que la Federación aglutine sindicatos afiliados a las 3 centrales, respetando siempre su derecho de autonomía sindical.

 

Luego de identificar estos factores, la sesión pasó a la exposición del cuaderno de debates “Del boxeo al ajedrez, los desafíos de la re-configuración sindical en la Colombia de hoy”, construido en los últimos 6 meses, donde se consigna el resultado de varios talleres e investigaciones realizadas en Bogotá junto con el comité ejecutivo de Únete, escrito que tiene por propósito dinamizar la discusión regional y sectorial en todas las organizaciones filiales de la Federación (ver recuadro, Un cuaderno abierto).


De igual manera, con el fin de generar relevos y propiciar nuevos liderazgos sindicales, acrecentar las habilidades y capacidades de los trabajadores en la lucha por sus derechos, los participantes hicieron un fuerte énfasis en la educación, mediante tejidos con centros de estudios laborales. Para esto se planteó la creación de una escuela sindical de carácter permanente y la elaboración de un diplomado en organización comunitaria y economías propias. Al mismo tiempo, se proyecta articular todo esto a la promoción de un sistema nacional de comunicación alternativa, a partir de sistematizar y compartir experiencias, dinámica comunicacional que debe llevar a disputar la opinión pública al establecimiento.

 

Las economías propias también sonaron en el Congreso, para superar las relaciones laborales precarias y cobijar al amplio espectro de trabajadores informales y por cuenta propia; el énfasis en la construcción de unas finanzas y una economía otra fue un tema central. Construir unidades productivas basadas en relaciones laborales alternativas también se concibió, bajo la idea de construir un sistema nacional de economías propias, a partir de mutuales y cooperativas de todo tipo. Para ello se piensa optimizar los recursos de la Federación, mediante planes de inversión, con rendición de cuentas anuales, en procura de hacer balances periódicos de avances y retrocesos. Para esto se planteó la idea de construir un gobierno sindical en línea, mediante un eficiente sistema económico contable.

 

Los mismos trabajadores precarizados que están en las plantas paralelas de las entidades, muchos de ellos jóvenes, así como la inclusión de temas de género fueron otros temas a tratar, nivelar los salarios y buscar acabar con las órdenes de prestación de servicios, entre otras formas de tercerización que alimentan el clientelismo en las entidades, fueron para el Congreso formas de fortalecer nuestra democracia. Asimismo, pensarse a fondo los temas de salud, medio ambiente y el arte, elementos esenciales para la vida de quienes sobrellevan su cotidianidad a partir de vender su fuerza de trabajo.

 

Nos transformamos o desaparecemos

 

Son retos inmensos por encarar, y que para hacerlos realidad obliga a invertir la lógica de lo sindical, de los paradigmas que lo rigen y las arquitecturas propias del viejo modelo que desde hace décadas hace agua. Cambio que será posible cuando sembremos y cosechemos identidad y acción solidaria de, con y para los trabajadores, pero con proyección hacia el conjunto nacional. Cambio que podría materializarse en acciones como, por ejemplo, que los trabajadores vinculados por contrato fijo concreten un paro exigiendo trabajo digno para todos, demostrando así que los trabajadores tenemos poder si lo hacemos real y si tomamos una conciencia política que trascienda lo meramente sindical, pues son también los trabajadores mejor empoderados los que mantienen una vinculación laboral más estable y lucrativa, y son ellos quienes más deben movilizarse para el beneficio de todos los demás compañeros y compañeras que no gozan de tal beneficio.

 

Como un llamado para todos y todas, este Congreso, el primero en la corta historia de la Federación, llama a tener memoria sobre los gobiernos que hemos padecido en nuestro país, y su relación y sometimiento a los dueños del capital; a la par que llama la atención sobre la oportunidad urgente e inédita que tenemos para cambiar y crecer. El reto es convocar a las mayorías negadas hacia la construcción de una alternativa diferente al modelo capitalista y neoliberal que sin duda alguna representa Iván Duque: nos transformamos o desaparecemos.

 

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Recuadro 1

 

Un cuaderno abierto

 

En él se plantea una radiografía general de la estructura económica y ocupacional del país, así como algunas herramientas para analizar los discursos y las reivindicaciones populares, de manera que puedan acercarse demandas laborales con demandas de orden social. El documento recomienda nutrir los pliegos y el contenido de las negociaciones colectivas con puntos que realicen un vínculo con las necesidades de las comunidades y la ciudadanía en general, que también son trabajadores. Así como ajustar la estructura organizativa para integrar organizaciones de la sociedad en general, como por ejemplo realizando articulaciones entre los sindicatos de empresas en los servicios públicos con sus ligas de usuario respectivas, o fortalecer las veedurías y las formas de participación ciudadanas en la aplicación de políticas públicas por las entidades donde operan los trabajadores sindicalizados. Para ello se planteó la idea de realizar reuniones del ejecutivo ampliadas, con invitación a otros sectores sociales.

 


 

Recuadro 2

 

Cascada regresiva

 

La memoria no nos debe fallar, como senador liberal en los años 90, como Presidente y ahora como jefe de la derecha extrema, Uribe ha encabezado multitud de reformas que nos han hecho un enorme daño a los trabajadores colombianos. En 1990 fue ponente en el Senado de la ley 50 de 19901, una reforma laboral que derogó conquistas de los trabajadores como la estabilidad laboral y con la que los empresarios pudieron abaratar los costos de producción, aumentar sus rentas y restringir la acción sindical en el sector privado, en donde hasta hoy los trabajadores sindicalizados son una pequeña minoría acorralada.

 

Esta Ley partió en dos la historia de los que trabajamos en Colombia: suprimió la retroactividad en el pago de las cesantías, la estabilidad laboral después de los 10 años de antigüedad y eliminó por 10 años del concepto de unidad de empresa. Crecieron como la espuma los empleos temporales y el despido masivo de trabajadores con autorización del Ministerio del trabajo.

 

Luego, tres años después, Uribe, junto con Fabio Valencia Cossio, lideraron la ponencia de la famosa ley 100 de 19932 que privatizó el servicio de salud y hoy deja morir a cientos de colombianos en las puertas de los hospitales.

 

En el año 2003, bajo su gobierno, el empresariado logró que fueron liquidadas y estructuradas 4643 empresas y entidades estatales como el Instituto de los Seguros Sociales, el Banco Cafetero, Granahorrar, Ecogás y Telecom, plasmando el Acuerdo Stand by firmado con el FMI producto de la crisis financiera de 1999. Varias organizaciones sindicales son arrasadas, además de ser tratadas como terroristas. De esta manera el uribismo ha sido el máximo exponente del proyecto neoliberal en el país, desmanteló el Estado colombiano, ya bien insuficiente y lo ferió a empresarios privados, casi todos extranjeros.

 

Bajo su gobierno, el capital privado logró que escindiera Ecopetrol en tres mediante el decreto 1760 de 2003 y posesionó a Isaac Yanovich como presidente de la empresa con el propósito de destruir a la Unión Sindical Obrera –USO– y masificar la tercerización laboral. En diciembre de 2003 expidió el decreto 31644 para abaratar salarios de trabajadores tercerizados y logró que un tribunal de arbitramento obligatorio modificara la convención colectiva de trabajo USO-Ecopetrol para quitarles derechos a los trabajadores directos. La resistencia de los trabajadores impidió que acabara con el sindicato.

 

Arrasando más derechos. También fue aprobada en su gobierno la ley 789 del 20025 con la cual el día de los trabajadores se extendiese hasta las 10 de la noche sin lugar a recargo alguno, hizo que el pago por trabajo dominical fuera insignificante y los despidos mucho más baratos. Ese mismo año, con la ley 790, acabó el Ministerio del Trabajo y lo fusionó con el de salud. Y como si esto fuera poco, con la Ley 797 de 20036 o reforma pensional, aumentó la edad y el número mínimo de semanas laboradas para el retiro de hombres y mujeres.

 

El final de ese mismo año, impulsó en el Congreso el “Estatuto Antiterrorista”7 con el cual concedieron facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares y el cual permitía capturas e interceptaciones sin orden judicial previa. Un año después la Corte Constitucional declaró inconstitucional esta ley.

 

En el año 20058 tramitó y llevó a norma constitucional la prohibición de que los sindicatos pudieran negociar normas pensionales y acabó, según lo aprobado por el gobierno de Andrés Pastrana con el FMI, regímenes especiales dejando vigente solo el de las Fuerzas Militares. En el año 2006 logró que el Congreso aprobara la ley 11189 de 2006 con la cual abrió a Ecopetrol al capital privado.

 

Durante los 8 años de gobierno de Uribe Vélez aumentaron las violaciones a los derechos humanos10 contra mujeres sindicalistas, contra docentes sindicalizados. En realidad su gobierno fue una piñata para el capital nacional e internacional, que pudo concretar gran parte de sus propósitos, sirviéndose para ello del Estado y en contra de las mayorías nacionales.

 

Todo indica que el gobierno que se avecina retomará esta senda. En una reunión del Centro Democrático con sindicatos de Medellín a principios de este año, Uribe planteó la línea política de lo que él denomina el “sindicalismo gerencial y participativo”, que piensa hacer uso de los contratos sindicales (re-encauche de las otrora cooperativas de trabajo asociado) para “desconcentrar” las actividades al interior de las empresas, argumentado que así se evita la tercerización desde afuera y puede darle mayor empuje al liderazgo empresarial al interior de los mismos trabajadores para lograr mayor competitividad y productividad, al mismo tiempo que se logra mejorar la remuneración de los trabajadores (¿!?).

 

Es claro que el uribismo proyecta el divisionismo ideológico y orgánico a través de la mermelada del discurso y el bolsillo. El supuesto pacto social que propone Duque, se basa en la forma más efectiva inventada por la derecha para subordinar los sindicatos a la iniciativa patronal: tergiversar la relación laboral cooptando líderes y quitándole todas las responsabilidades a los empresarios con las prestaciones sociales de sus empleados. Como si esto fuera poco, vale resaltar una política del actual gobierno pero que continuará y ahondará el que entra: el retiro por parte de la unidad de protección de los esquemas de seguridad de varios líderes sindicales, muchos de ellos de la federación Únete y Fenaltrase.

 

De lo anotado se desprende un primer reto para los trabajadores, por acometer en los meses que vienen: hacerle frente a la figura de contrato sindical, el que lejos de constituirse como un mecanismo de negociación colectiva, a la luz de los indicadores de trabajo decente, es una forma de intermediación que precariza la actividad laboral, viola las normas internacionales de trabajo, principios y derechos fundamentales, a razón del incumplimiento reflejado en que las condiciones de vinculación laboral carecen de estabilidad y de garantías prestacionales por su corta duración, al tiempo que impide el derecho de asociación pese a que se suscribirse como tal, y desvirtúa su naturaleza en tanto el empleador es el mismo sindicato.

 

1 Así quedó la reforma laboral http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-979506
2 https://www.noticiasrcn.com/nacional-pais/20-anos-ley-100-sistema-salud-colapsado
3 Procesos de reestructuración del estado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: El caso Telecom. http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/5253
4 Ecopetrol rumbo a la privatización http://viva.org.co/cajavirtual/svc0026/articulo03.pdf
5 Reforma laboral ley 789 Diciembre 27 de 2002. www.asys.edu.co/.../REFORMA-LABORAL-789-2002-CONTRATOS-DE-APREND
6 La reforma pensional que propone Uribe https://www.elespectador.com/noticias/politica/reforma-pensional-propone-uribe-articulo-585052
7 Estatuto antiterrorista https://www.semana.com/on-line/articulo/estatuto-antiterrorista/67905-3
8 https://www.las2orillas.co/alvaro-uribe-velez-26-anos-destruyendo-trabajo-decente/
9 https://www.dinero.com/negocios/articulo/listo-proyecto-ley-para-venta-del-10-ecopetrol/108778
10 Los derechos humanos en el régimen Uribe Vélez. https://prensarural.org/spip/spip.php?article4417

Publicado enEdición Nº248
Sábado, 07 Julio 2018 07:43

¿Qué diría Marx?

¿Qué diría Marx?

Las luchas de los trabajadores por sus condiciones laborales en 2018 en la República Popular China.

El pasado 4 de mayo el Partido Comunista Chino celebró el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx en el Gran Salón del Pueblo, edificio situado en la plaza de Tian’anmen donde celebran sus multitudinarios congresos cada cinco años. Esto constituye todo un honor, pues rara vez una figura extranjera ha recibido este tipo de elogios, y más aún cuando el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista, Xi Jinping, se refirió a él en los siguientes términos: “maestro de la revolución para el proletariado y los trabajadores de todo el mundo, el principal fundador del marxismo, creador de partidos marxistas, pionero del comunismo internacional y el más grande pensador de los tiempos modernos” . Luego apostilló que solo el socialismo con características chinas puede triunfar en China.

Este acto es uno más dentro de la campaña desarrollada por el PCCh para la revitalización del marxismo como pensamiento oficial, progresivamente abandonado desde los sucesos de Tian’anmen en 1989. El retorno a la retórica y la simbología marxista aumentan la desconfianza de los medios de comunicación internacionales sobre Xi, siempre bajo la sospecha de querer emular a Mao Zedong avanzando hacia una deriva “izquierdista” del país. Pero basta con observar la realidad social para comprobar que hasta el momento estos cambios siguen siendo meramente estéticos.


Un día después del homenaje, el China Labour Bulletin (CLB), observatorio independiente de los derechos laborales en la República Popular China situado en Hong Kong, daba cobertura a una protesta en Wugang, provincia de Hunan, donde miles de profesores realizaron una manifestación nocturna por las calles de la ciudad pidiendo aumentos salariales, seguridad social y una retribución variable anual. Según la página web Weiquanwang, la manifestación se desarrolló bajo una fuerte vigilancia policial y acabó frente al edificio de la Oficina Gubernamental de la ciudad, y fueron interpelados megáfono en mano por el propio director de la oficina que pedía a los representantes de la protesta que se identificaran bajo el pretexto de entablar negociaciones.


MAPA DE CONFLICTOS


Estas protestas no son una anomalía. En mayo, el CLB registra en su mapa de conflictos 190 protestas en todo el país. Si bien las cifras no son tan espectaculares como en 2015, con más de 2.774 protestas en todo el año, la movilización activa de los trabajadores se ha convertido en una herramienta habitual como método de presión a la patronal. Los conflictos laborales se producen principalmente dentro de las empresas privadas (88% de los casos) y generalmente en los sectores de la manufactura, transportes y la construcción. “Recomendamos mirar nuestras estadísticas como la punta del iceberg —nos contestan desde el propio observatorio—; por ende, los porcentajes en cuanto a demandas, sectores afectados, son indicadores importantes para todos aquellos que quieran entender mejor la naturaleza de las disputas laborales en China”.


¿Quién protesta? Hay dos perfiles fácilmente identificables: el primero, antiguos trabajadores de las empresas estatales que sufrieron la privatización de sus sectores durante los años 90 —cuando China se preparaba para entrar en la Organización Mundial del Comercio—, y en segundo lugar los nong min gong, población considerada administrativamente rural pero que reside en las áreas metropolitanas de los grandes centros fabriles y que por tanto no puede disfrutar de los privilegios del hukou urbano. Mientras que la primera proviene mayoritariamente del sector industrial pesado situado en el norte del país, tiene una media de edad avanzada y reclama principalmente acceso a la seguridad social y pensiones dignas, la segunda se centra más en aumentos salariales, bonificaciones extra y son la mano de obra de las empresas situadas en la sureña provincia de Guandong. Es aquí donde se registra un mayor número de protestas al tratarse del foco industrial más importante. Otras provincias en el centro y en el norte como Shangdong, Jiangsu y Hebei también son el epicentro de numerosos y multitudinarios conflictos.


En ambos casos se trata de mano de obra cualificada que se ve sometida a duras condiciones laborales no exentas de habituales accidentes mortales. Uno de los ejemplos más graves es el de la minería: se estima que alrededor de seis millones de trabajadores en China contrajeron la neumoconiosis debido a su trabajo en las minas, la construcción y las factorías metalúrgicas, pero solo el 10% de estos casos fue relacionado con el trabajo por las estadísticas oficiales debido a la utilización de obstáculos burocráticos.


Otro ejemplo tristemente conocido por las pésimas condiciones es la compañía de Foxconn y sus diferentes factorías, donde las condiciones laborales y el trato humillante por parte de superiores y supervisores han llevado al suicidio a varios trabajadores, provocado por el estrés, largas jornadas de trabajo, trato humillante de la gerencia, promesas incumplidas en cuanto a mejoras de las condiciones o multas por errores laborales. Esta dramática realidad no puede ser reducida a mera anécdota: Foxconn es el mayor empleador privado en China continental, con 1,3 millones de personas en nómina.


“El grueso de las protestas —declara a una entrevista un portavoz del China Labour Bulletin— sigue siendo por impagos salariales, y muchas veces los trabajadores han esperado varios meses antes de tomar medidas colectivas, abrigando esperanzas de que el empleador sea capaz de saldar su deuda. Creemos que los problemas que aquejan a la clase trabajadora en China no han sido resueltos: incumplimiento de contratos laborales por parte de la patronal, impago de salarios, impago de contribuciones al seguro nacional por parte de la patronal, despidos ilegales, etc. En China, tras 10 años de implementación de la ley de contrato laboral, solo un 35% de trabajadores migratorios (el grueso de la fuerza laboral) tiene contratos con sus empleadores, un porcentaje decreciente, lo que muestra que los beneficios económicos del crecimiento no han sido compartidos de manera satisfactoria con los trabajadores”.


La estrategia es básica pero efectiva: autoorganización de los trabajadores paralelamente al sindicato oficial negociando bilateralmente con la patronal. Los métodos de presión empleados van desde la denuncia pública, las concentraciones, las sentadas y manifestaciones hasta, aunque en menor medida, las huelgas, el bloqueo de carreteras, la ocupación de las fábricas y la destrucción de maquinaria. La utilización de nuevas tecnologías, como la red social WeChat, ha sido una herramienta muy efectiva para este movimiento a la hora de realizar convocatorias, aunque el cada vez mayor control del Gobierno de las redes supondría un problema para el actual modelo organizativo.


La protesta se hace siempre es sobre una serie de reclamaciones concretas y rara vez hay un planteamiento sistémico que busque mayores culpables que el empleador, por lo que no parece que este movimiento pueda afectar al estado de las cosas en China más allá de un mejor reparto de beneficios entre su población. De hecho, muchas veces estas protestas se enuncian en un tono patriótico; por ejemplo, la de los profesores en Wugang, donde los manifestantes gritaban: “Amamos al país, amamos la educación y amamos a los estudiantes. ¿Y a nosotros, quién nos ama?”. Aunque no siempre el subterfugio del patriotismo funciona y en numerosos casos existe una represión directa por parte del Estado, como el pasado 26 de mayo, cuando tres representantes de los huelguistas en la fábrica de la Wolskwagen en Changchun, provincia de Jilin, fueron detenidos por “convocar una multitud para el disturbio social”.


La actitud del Estado hacia este movimiento es la de la precaución calculando el rédito político de cada una de sus acciones y no interviniendo hasta que no es necesario, tratando de no quedar como la mano ejecutora de la represión empresarial pero buscando siempre ofrecer confianza y perspectivas de estabilidad a la patronal.


PERSPECTIVAS


¿Cuáles son las perspectivas del movimiento? En un vistazo superficial no parecen esperanzadoras. Este año, la prensa económica publicó varios titulares que parecen querer hacer soplar vientos de calma para Beijing con respecto al problema de la desigualdad económica: caída del coeficiente de Gini, aumento del índice de desarrollo humano, caída del índice de pobreza extrema... Si aplicamos la máxima de “cuanto mejor, peor”, el aumento de las mejora de las condiciones de vida supondría el fin de un souffle. El triunfo del “modelo chino” ya es celebrado tanto por el Partido Comunista como prueba del éxito de sus políticas así como por lobbies defensores de la total desregulación del mercado.


Sin embargo siguen llegando datos preocupantes. Según la OCDE, China es el país con más trabajadores pobres del mundo, con el 25% de los mismos por debajo del umbral de la pobreza, y paralelamente el segundo país, según Forbes, con más multimillonarios del mundo, y esto supone un fuerte viento que extiende las llamas del conflicto. La cada vez mayor y mejor coordinación entre los huelguistas chinos avalan esta tesis. “Este fin de semana —declara el CLB— se registró una huelga de camioneros a nivel nacional, afectando directamente el suministro alimenticio. Estamos en proceso de verificar la envergadura de la acción panprovincial. Pero se trata de un fenómeno recurrente, recientemente se han registrado varios incidentes similares, que potencialmente involucran a decenas de miles de trabajadores”.

Resulta difícil saber qué diría Karl Marx a 200 años de su nacimiento —efigie admirada en el Gran Salón del Pueblo Chino por un día— si pudiera analizar todo esto. En cualquier caso, recordamos al lector una de sus frases que hacen suponer el mantenimiento y consolidación del movimiento de los trabajadores en la República Popular China: “No es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino, por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia”. Es decir, en tanto que las desigualdades continúen, la lucha continuará.

PUBLICADO
2018-07-07 06:57:00

 

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ETB: deprecian la empresa para propiciar su venta

En la madrugada del 27 de junio de 2018 varias centrales de trabajo de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB– amanecieron cercadas por la policía y el escuadrón móvil antidisturbios Esmad. Al tiempo que las directivas de la empresa iniciaron un despido masivo que hasta el momento deja a más de 40 trabajadores y trabajadoras sin empleo.

Con la excusa de “eficiencia y productividad”, las directivas de la ETB despidieron sin justa causa a casi 50 trabajadores y trabajadoras en la mañana del 27 de junio del 2018. Cabe señalar que este argumento de eliminar puestos para aumentar productividad lo utilizan desde el 2016, cuando después del anuncio de la venta de la empresa fueron despedidos casi un centenar de trabajadores de nivel ejecutivo, debido a la supuesta necesidad de hacer un corte presupuestal.


En esta ocasión las directivas fueron cuidadosas y para evitar ser señaladas de despidos masivos, solo despidieron al 5 por ciento del personal. Sin embargo, las razones que acompañan estos despidos despiertan serias inquietudes en los sindicatos de la ETB, cuyos voceros aseguran que las supuestas pérdidas económicas que argumentan las directivas son una estrategia para acelerar la desvalorización de la empresa e iniciar nuevamente su proceso de venta.


Alejandra Wilches, vocera de la Asociación Nacional de Técnicos en Telefonía y Comunicaciones Afines –Atelca–, declaró para desdeabajo que como sindicato “nosotros hemos argumentado en medios que no es cierto que se estén generando pérdidas, sino que se está depreciando de manera acelerada la empresa”, lo cual pone nuevamente en evidencia el afán de la alcaldía de Enrique Peñalosa por privatizar las pocas empresas públicas que le quedan al distrito.


Por su parte William Sánchez, afiliado a Sintrateléfonos, aseguró que esta situación se presenta por retaliaciones por parte del Alcalde Mayor, debido al cabildo popular realizado en el 2016 para impedir la venta de la empresa, y el más reciente apoyo de Sintrateléfonos al proceso de revocatoria del mandato de Peñalosa.


En un comunicado emitido por la ETB se lee: “el costo del personal sobre los ingresos corresponde casi al doble frente a la competencia. La empresa tiene una menor productividad con respecto a los competidores debido, entre otras, a que tiene una carga prestacional superior al mercado; el horario laboral de su planta operativa oscila entre 36 y 40 horas semanales cuando el trabajador colombiano debe cumplir 48 y el gasto anual para cubrir los beneficios de la convención colectiva de los dos sindicatos de la empresa supera los $65.000 millones”. Párrafos más adelante menciona que “la empresa insistió sin éxito en reducir las cargas laborales y así evitar llegar a esta situación por lo cual se ve en la necesidad de tener que eliminar algunos cargos”.


Palagras que esconden la realidad, pues lo que realmente dicen es que como los sindicatos no accedieron a las presiones de las directivas para aumentar la carga laboral de los empleados, estas decidieron eliminar los puestos del 5 por ciento de los trabajadores de la ETB, como una medida de coacción para los trabajadores y trabajadoras.


En el curso del miércoles 28 de junio, Atelca y Sintrateléfonos citaron una reunión extraordianaria de sus Juntas Directivas para evaluar la situación ante la cual se enfrentan. A la hora de terminar este escrito (4:56 pm) no han explicado cómo enfrentaran la arremita patronal.

 

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