Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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El flujo migratorio desde Centroamérica hacia EU no se detendrá

A pesar de los operativos mexicanos para detener la migración centroamericana de los países del llamado Triángulo Norte –El Salvador, Honduras y Guatemala– atendiendo a las instrucciones de la administración Trump, este flujo continuará por razones estructurales que ahí están, y que no se modificarán con esos operativos.

Ninguno de los países involucrados cree que esa es la solución, lo saben perfectamente. Cualquier persona medianamente informada sabe que detener a los migrantes sólo los desvía. Eso no quiere decir que los operativos mexicanos, que deberían avergonzarnos, son anodinos, responden a la dimensión política del proceso y no a la dimensión social y económica que es la que realmente está detrás del mismo. Para su campaña de relección Donald Trump requiere que el tema esté vivo y demostrar que él está deteniendo a los migrantes. México, también en una agenda política que nada tiene que ver con los migrantes, se presta a hacer ese trabajo.

Los migrantes centroamericanos no le importan positivamente a nadie. En las naciones de salida incluso se ve con buenos ojos que cientos de miles de sus jóvenes abandonen el país. Eso aligera tensiones sociales, además de que enviarán dólares. México, en lo general, los usa políticamente; construye una relación con su poderoso vecino, mostrando que los puede detener y algún día derivar en beneficios comerciales.

El gobierno mexicano busca que las cosas no empeoren y, en lo particular, enriquecer la agenda político-personal de los actores involucrados, pues se atraen reflectores cuando se presentan como éxitos la detención de miles de migrantes. La dimensión de derechos humanos, que alguna vez tuvo un papel relevante, ha desaparecido ante lasubordinación frente a Estados Unidos. Muchas organizaciones y liderazgos con activismo en el tema, son ahora cercanos al gobierno mexicano o sus empleados. Estados Unidos, como ya dijimos, sobredimensiona su utilización política.

El flujo migratorio desde Centroamérica hacia Estados Unidos no se detendrá, por lo menos durante un tiempo. Las razones son relativamente sencillas y se pueden resumir en cuatro o cinco. Exceso de jóvenes en la región en busca de oportunidades, pobreza extrema, violencia, falta de jóvenes en Estados Unidos y la presencia de redes sociales y familiares en Estados Unidos que funcionan como facilitadores de la migración.

Los datos abundan y me parece increíble que quienes de una u otra manera están involucrados en la gestión del proceso, los ignoren. Me parece además perverso, por decir lo menos, que con toda esa información alguien crea que la Guardia Nacional mexicana deteniendo migrantes resolverá el problema de fondo.

El grupo de edad de 15 a 24 años en el que se concentra la migración, representa para los países involucrados alrededor de 21 por ciento de la población (en México andamos en 18 por ciento). En Estados Unidos, ese grupo poblacional es apenas 13 por ciento. Esta nación sabe que necesita jóvenes para realizar los trabajos rudos y de baja calificación y en un futuro no muy lejano, para pagar las pensiones de los estadunidenses que se retirarán y dejarán de producir. De la violencia y pobreza extrema en América Central no hay ni siquiera necesidad de aportar información, y en cuanto a las redes sociales y familiares que ya están en Estados Unidos sólo aportaré un dato: uno de cada cinco salvadoreños vive en Estados Unidos. Para ellos la migración es un proceso de reunificación familiar y social.

En esta lógica, la idea de inyectar recursos en la región es buena, pero no nos engañemos, no está ocurriendo, y no ocurrirá mientras en Estados Unidos el discurso antimigrante siga siendo rentable políticamente. Estados Unidos no va a poner un dólar para el desarrollo de la región. Lo que México y los países centroamericanos plantean suena bien, pero es poco realista y finalmente, como ocurrió en México, la salida de centroamericanos la detendrá la demografía. ¿O de verdad alguien cree que la salida de mexicanos se detuvo por mejores oportunidades de desarrollo?

¿No se puede hacer nada entonces? ¿Habrá que esperar tranquilamente 10 o 15 años para que haya menos jóvenes en la región?

Por supuesto que no. Quienes están involucrados en la gestión del tema o no les interesa la comunidad migrante, y varios presidentes mexicanos me lo han dicho explícitamente o usan el tema políticamente en su agenda personal. Sólo los migrantes verán por ellos mismos y para ello se requiere que se organicen, que pesen políticamente como grupo, en México y en Estados Unidos, que voten en las elecciones de ambas naciones, que quienes pueden se hagan ciudadanos en Estados Unidos y participen electoralmente. Son, como dice una colega, una especie de tigre dormido. Es el momento de despertar.

* Presidente de Mexa Institute

www.mexainstitute.org

Twitter: @mexainstitute

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Viernes, 23 Agosto 2019 06:37

Refugiados, capitalismo e ideología

Refugiados, capitalismo e ideología

¿Refugiados, migrantes, desplazados, inmigrantes ilegales (bit.ly/2z8ca1P), “ sin papeles”, aliens? ¿Cómo llamar las masas de centroamericanos, mexicanos y gente de otras nacionalidades desesperados para cruzar el río Bravo/Amarillo? Que tal simplemente "seres humanos". Si bien Hannah Arendt en su clásico ensayo sobre el tema ( We refugees, 1944) al final prefería la palabra "migrante" –su condición de por sí era muy particular− al final estas masas −"el proletariado nómada" (A. Badiou dixit)− sí están buscando refugio: de las guerras, de la violencia del narco coludido con el Estado, de la violencia estructural de un sistema económico altamente desregulado "arriba" y –dialécticamente− sobrerregulado "abajo" que busca apretarles la tuerca.

1. Sintomático que Trump en su recrudecimiento de las políticas migratorias –"la crueldad es el objetivo" (bit.ly/2yckRqV): más muertes en la frontera, más campos de concentración para los migrantes/refugiados− emplee las herramientas "sistémicas" para imponer sus objetivos. La "buena conducta" de México fue impuesta con un chantaje respecto a los aranceles; la de Guatemala con lo mismo respecto a un impuesto extra a las remesas (bit.ly/2ZfJdjk).

2. Anthony Loewenstein en Disaster Capitalism: making a killing out of catastrophe (Verso 2015) estudiando las consecuencias de las dos interconectadas crisis −financiera y migratoria− disecciona los mecanismos del "capitalismo del desastre" (N. Klein dixit) demostrando cómo las masas de los más desfavorecidos se vuelven hoy "la más preciada mercancía en el mundo". Emerge la imagen de un sistema que “incapaz de sostenerse ‘vendiendo sueños’, se alimenta de las pesadillas” (bit.ly/2NjEZAM), extrayendo las ganancias del “manejo de catástrofes, las guerras y en el encarcelamiento o "procesamiento" de los refugiados/migrantes en busca de asilo. Mediante los interconectados circuitos de la gran minería y la seguridad privada militarizada −una vez expulsada la población recluida luego en centros de detención a miles de kilómetros de su origen el blanco son sus recursos− se lucra de la miseria de otros (bit.ly/33IvBwd).

3. La violenta guerra en contra de migrantes/refugiados −a lo largo del mundo hay más de 2 mil campos de concentración para ellos y más de 70 muros fronterizos− es una gran oportunidad de negocios (véase: Loewenstein). En Estados Unidos toda una serie de incentivos para compañías privadas que manejan centros de detención o están encargadas de control y vigilancia, no sólo corren por los robustos "circuitos oficiales" del megasistema carcelario estadunidense (bit.ly/2XCNo8U), sino también alimentan el negocio multimillonario de grupos delictivos encargados del tráfico de personas.

4. Si ayer en la era del "capitalismo sólido" (Z. Bauman dixit) los campos a menudo se establecían en antiguas fábricas –Dachau, el primer campo de concentración nazi fue localizado en una antigua fábrica de municiones− hoy en la era "líquida" del capitalismo tardío, donde el consumo es la gran palanca de acumulación, este papel retoman centros comerciales (bit.ly/2NlY1Xi): en Brownswille, Texas un ex Walmart fue "acondicionado" como campo para menores migrantes (así no extraña tampoco que recientemente un supremacista blanco escogiese otro Walmart –en El Paso, Texas− como un "lugar de martirio" para los mexicanos que "invaden a su país").

5. La edificación de "un sistema global de fronteras" para controlar, vigilar, arrestar y detener a las masas desposeídas que están en movimiento a lo largo del planeta –un sistema en que Estados Unidos es el "centro" (véase: Todd Miller, Empire of borders. The expansión of US border around the world, Verso 2019)− viene de la necesidad de proteger a los de "arriba": la rica y privilegiada élite trasnacional. Los robber barons neoliberales para los que no existen fronteras y cuyos intereses −el extractivismo, etcétera− desplazaron a muchos en contra de los que hoy se edifican muros y para los que hoy se erigen campos.

6. Estados Unidos es hoy el centro de "la guerra contra los migrantes", y a la vez el centro de la resistencia, pero –como bien apunta William I. Robinson− ésta debe ir más allá de la "indignación moral" y tomar en cuenta las fuerzas estructurales detrás del problema: a) dada la crisis capitalista y la movilización fascista que la acompaña la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra el fascismo del siglo XXI"; b) dado que la división entre "ciudadanos" e "inmigrantes" −racialización, militarización de fronteras, etcétera− es el nuevo eje de la desigualdad y la super-explotación, la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial para la lucha de la clase trabajadora en su conjunto"; c) dado que los migrantes/refugiados son productos de la falla del capitalismo global, ponerlos en el centro expone raíces de la crisis en curso; d) defender los migrantes y refugiados "es defender los intereses de la mayoría de la humanidad"; e) dado que "acumulación militarizada o por represión" es hoy la principal herramienta del sistema para salir de la crisis de sobre acumulación y que la guerra "securocrática" es una importante fuente de ganancias (centros de detención, vallas, diferentes servicios, etcétera) la defensa de los migrantes y refugiados "es crucial en la lucha contra la perversa economía política global" (bit.ly/2MtNHwr).

Por Maciek Wisniewski, eriodista polaco

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El colonialismo se estrella con las mujeres mapuche

Dos décadas atrás Silvia Rivera Cusicanqui planteaba que el patriarcado es parte sustancial del colonialismo interno y que existe un paralelismo entre la dominación étnica y la de género. Siempre vivió su identidad femenina "desde el interior histórico y político del colonialismo interno", y desde ese lugar pudo comprender, muy pronto, cómo las tres opresiones, "indios, mujeres y clases subalternas"*, se entrelazan sustentando al sistema-mundo capitalista.

El alcalde de Temuco (sur de Chile), importante ciudad en la región ancestral del pueblo mapuche, está promoviendo una escalada represiva contra las mujeres vendedoras de hortalizas, que muestra, sin el matiz, la persistencia del colonialismo interno y hasta dónde puede llegar la colonialidad del poder.

En el centro de la ciudad pueden escucharse bocinas que advierten a la población: "¡Cuide su bolsillo! Si es sorprendido comprando al comercio ambulante ilegal dentro de la zona de exclusión, carabineros podrá cursarle una multa que puede costar 140 mil pesos (200 dólares)" (https://bit.ly/2OUWslz). "Megáfono nazi", lo califica la página mapuexpress.org, uno de los medios más seguidos en la región.

El alcalde Miguel Becker, perteneciente a una familia de colonos que hicieron su fortuna gracias al genocidio del pueblo mapuche en la "Pacificación de la Araucanía" (1860-1883), declaró la guerra a las vendedoras de hortalizas hace un año. Fracasó porque siguieron vendiendo y los pobladores de Temuco les siguieron comprando, como pude apreciar en diciembre pasado en el entorno del Mercado Pinto, donde se multiplican cientos de puestos de verduras, frutas, carnes, legumbres y artesanías.

Mientras el gobierno de Sebastián Piñera distribuye ayudas a los grandes empresarios agrícolas y les reduce los impuestos, en las regiones mapuche los campesinos son expulsados de los mercados, como destaca un documento de la Comunidad de Historia Mapuche. La historia colonial republicana explica esta brutal asimetría.

"La totalidad de ciudades ubicadas en el antiguo territorio mapuche fueron edificadas en la segunda mitad del siglo XIX. En tanto avanzaban las tropas chilenas que despojaron a la sociedad mapuche de su territorio, se iban fundando fuertes militares que posteriormente devinieron en las ciudades principales de la región" (https://bit.ly/2YP3rRg). La fundación de Temuco se hizo sobre los cadáveres de 400 mapuches que resistieron, creciendo sobre "un río de sangre mapuche".

La tradición de las vendedoras de hortalizas y frutas viene de la voluntad de sobrevivencia del pueblo mapuche, condenado a sobrevivir en pequeñas parcelas donde comenzaron a recuperarse de la invasión militar, hace apenas 140 años. Las ciudades actuales, herederas de los "fuertes militares" chilenos, pretenden seguir confinando a la población mapuche fuera de los muros, arrinconándolos en su propio territorio, aceptando en su interior sólo a los blancos.

La Comunidad de Historia Mapuche reflexiona lo que está sucediendo ahora: “Pero allí estamos, nos hemos filtrado, como verduleras, hortalizeras, pero también como profesoras, periodistas, obreros, médicos, en fin, hoy los mapuche estamos en Temuco y en otras urbes, y tenemos "derecho a la ciudad", tenemos derecho a utilizarlas, e incluso a gobernarlas”.

Creo que este párrafo lo dice todo. Luego de la invasión militar y la ocupación de nuestro territorio, nos hemos recuperado, estamos de pie y ahora miramos más allá, hacia el autogobierno, hacia la reconstrucción de nuestra nación.

Por eso dicen los historiadores: "traemos malas noticias" para los poderosos, "porque a pesar del colonialismo y el despojo, la sociedad mapuche sigue de pie, resistiendo en el cotidiano para sobrevivir y organizándose para proyectar".

Es esa proyección hacia delante, lo que inquieta a la clase dominante blanca que apela, en su intento por contener a todo un pueblo, a los crudos métodos del colonialismo. En esa misma región, a pocos kilómetros de Temuco, fue asesinado Camilo Catrillanca en noviembre de 2018, provocando una maciza reacción mapuche y un inédito apoyo de la población chilena con movilizaciones en 30 ciudades (https://bit.ly/33yzQdA).

Parece importante destacar que la reacción colonial/patriarcal del poder blanco ataca directamente a las mujeres, quizá porque creen que son el sector más débil del movimiento y porque son el sostén de la economía comunitaria. Pero se encontraron con que ellas son el espigón donde se estrellan las oleadas represivas.

Los de abajo debemos entender que el pueblo mapuche no está pidiendo nada, no suplica, ni siquiera levanta demandas. Está en otra etapa, como nos lo enseña el "Manifiesto de Temucuicui" de diciembre pasado, que reunió a todas las corrientes del movimiento. Su objetivo ahora consiste en "fortalecer el ejercicio de recuperación y control territorial" (goo.gl/8dN3gg). Territorio y autogobierno.

*"Mujeres y estructuras de poder en los Andes", Controversia, La Paz, 1997.

El Salto

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Abel Valenzuela frente al monumento improvisado a las víctimas en El Paso.Foto Afp

El joven supremacista blanco de 21 años, Patrick Crucius, recorrió mil kilómetros desde Dallas para perpetrar su planeada carnicería en El Paso, que cumplió lo poco que se ha publicitado de su "manifiesto" contra los "invasores hispanos": "La Verdad Incómoda", donde anhelaba asesinar al mayor número de mexicanos.

El mexicanocida Patrick Crucius se inspiró del libro El Gran Reemplazo del escritor galo Renaud Camus quien arguye que las élites en Europa intentan "remplazar" a los europeos blancos con migrantes del Medio Oriente y Noráfrica (https://amzn.to/2ZG7Lin).

Crucius lamenta que "la enorme población hispana en Texas" lo convertirá en "un bastión demócrata (sic)" y expone su angustia demográfica ante el ascenso galopante de los mexicanos en Texas, a punto de ser re-mexicanizada oficialmente cuando se publique el próximo censo en tres años (https://bit.ly/2yXFYy0).

Los "latinos" son 19 por ciento de la población de EU, cuyo 80 por ciento son mexicanos, de mayoría católicos guadalupanos (https://pewrsr.ch/2OTkjSw).

El perfil demográfico de Texas en 2014 (con un extraño atraso de cinco años) arroja 10.4 millones de "latinos": 39 por ciento de la población total de casi 29 millones.

En mi libro Trump y el supremacismo blanco: palestinización de los mexicanos (https://bit.ly/2JFEXmC), abordé el dramático declive de la población WASP (White AngloSaxon Protestant) de 60.4 por ciento, cuyos jóvenes desempleados no se casan y son presa de las drogas (fentanilo).

Síntesis texana: mexicanos guadalupanos al alza; WASP a la baja.

Mi tesis es que Trump adoptó la misma política de su gran aliado supremacista, el primer israelí Netanyahu, en seguridad/construcción de muros/despoblación árabe, etcétera.

¿Viene la programada desmexicanización de Texas? La selección de El Paso, ubicación del importante fuerte militar Bliss, fue bien planeada y/o teledirigida: casi 700 mil habitantes; 81.4 por ciento de "latinos".

Quizá el próximo aviso supremacista sea en San Antonio (Texas): 1.5 millones de habitantes; 64 por ciento "latinos" (https://bit.ly/2KFXaxw).

El alma blanca WASP juega su destino en Texas, segundo estado más importante de EU en superficie (casi 700 mil kilómetros cuadrados) y una población cerca a 29 millones (https://bit.ly/1gh8k4f) que tiene fronteras con cuatro estados mexicanos que deben estar muy pendientes: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

El Rust Belt (cinturón industrial) y el Bible Belt (cinturón bíblico), donde Texas es uno de sus principales bastiones, dieron el triunfo en el Colegio Electoral a Trump, quien empieza a repetir la misma panacea demográfica para su relección.

California, principal economía de EU –que si fuera país sería elquinto en el ranking global– ya se mexicanizó y es bastión del Partido Demócrata.

Hoy Texas, segunda mayor economía de EU –que si fuera país, sería el décimo en el ranking global–, se puede re-mexicanizar, como California, en forma oficial en los próximos tres años, lo cual obligaría a su redistritación electoral.

Travesuras de la vida: 173 años después (guerra de Texas contra México) se puede re-mexicanizar por la vía biológica el omnipotente "Estado de una Estrella" y segundo estado con el mayor número de empresas (97) en el ranking de Fortune 500 (https://bit.ly/2MeN9KZ), con gran avance agrícola/aeroespacial/biomédico/computacional/electrónico/petroquímico y principal fuente petrolera con el polémico fracking del gas esquisto en su Cuenca Pérmica.

David Schultz evoca "La Nueva Política del Partido Republicano Evangélico (sic) Supremacista Blanco" y aduce en forma persuasiva la "fusión y consolidación del supremacismo blanco, el evangelismo (sic) blanco y el republicanismo en un solo partido" que se basa en la "identidad racial. Este es el nuevo Partido Republicano" (https://bit.ly/2ZFBNCQ).

David Schultz cita una reciente encuesta donde la mayor aprobación de Trump, con 73 por ciento, proviene de los "evangelistas blancos": los WASP.

No quiero sonar fatalista, pero si de algo sirve la lección a posteriori del "factor Netanyahu", en México debemos prepararnos para escenarios acordes a la nueva realidad supremacista WASP de EU: "la palestinización de los mexicanos".

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Venezolanos, las nuevas víctimas de la guerra en Colombia

 Human Rights Watch denuncia que son reclutados como raspachines de coca en la región fronteriza del Catatumbo

 “Estamos aquí porque en Venezuela hay mucha escasez de comida. Yo tengo 14 años y raspo coca. Hay niños de ocho años que también raspan coca”. El testimonio de un adolescente venezolano es parte de la cruda realidad que revela el informe La guerra en el Catatumbo, de Human Rights Watch (HRW), que documenta violaciones de derechos humanos en esa región fronteriza y revela cómo los migrantes venezolanos son carne de cañón de los grupos armados ilegales que los reclutan como ‘raspachines’, como se conoce a los recolectores de hoja de coca en Colombia.

“Muchos venezolanos desesperados, y a menudo indocumentados, que cruzan la frontera a Colombia en busca de alimentos, medicinas y trabajo están expuestos a los abusos que ocurren en el contexto del conflicto armado que persiste en Colombia”, indica el documento, que recogió información en abril de 2019 con cerca de 80 fuentes en Cúcuta, la principal ciudad sobre la línea limítrofe, y otros municipios del Catatumbo.

Como refleja una de las entrevistas que acompaña el informe, los migrantes se someten a labores con cultivos ilegales a cambio de alimentarse. “Vienen a buscar trabajos acá aunque sea por la comida. Estos grupos al margen de la ley los están reclutando con mentiras. Les dicen que les van a dar comida y sueldo”, cuenta una mujer en video. Pero no solo son utilizados en cultivos de coca. “También son víctimas de desplazamiento forzado, homicidio y reclutamiento infantil cometidos por grupos armados. Algunos venezolanos han desaparecido y algunas mujeres y niñas han sido víctimas de violencia sexual”, agrega el documento de HRW. La situación, sin embargo, puede ser aún peor porque los venezolanos evitan denunciar ante las autoridades colombianas por temor a ser deportados. De acuerdo con cifras de la Fiscalía de Colombia, citadas por HRW, se investigan 47 homicidios de ciudadanos venezolanos cometidos en el Catatumbo desde 2017.

No es claro cuántos venezolanos habitan en El Catatumbo, una subregión del departamento de Norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Pero según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), pueden ser al menos 25.000. La ONG le recomienda al gobierno de Iván Duque que evalúe de forma “exhaustiva” la cantidad de venezolanos en esa zona y “asegurar que tengan estatus legal” para que puedan trabajar legalmente y no teman denunciar abusos. Con 1,4 millones de venezolanos en su territorio, Colombia es por mucho el principal destino del éxodo que huye de la crisis política, social y económica del país vecino.

En el Catatumbo convergen todos los problemas del conflicto colombiano: aumento de cultivos ilícitos, presencia de grupos armados e inestabilidad en la frontera, adobado con una pobreza histórica. El Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas (Simci) señala que Norte de Santander es, con 33.598 hectáreas que representan el 20 % del total nacional, el segundo departamento con mayor extensión de narcocultivos –después de Nariño– y ha sufrido un incremento sostenido en los últimos años. Solo en 2018 la extensión de los cultivos creció un 19% en Norte de Santander. Allí hacen presencia grupos armados que se disputan el territorio como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), así como disidencias de las extintas FARC, hoy desarmadas y convertidas en partido político en virtud del acuerdo de paz que sellaron con el Gobierno a finales de 2016.

La situación de violencia es crítica para colombianos y venezolanos. Desde 2017 se han desplazado más 40.000 personas, la mayoría durante el 2018, la mayoría por los enfrentamientos entre el ELN y el EPL. Sin embargo, afirma Human Rights Watch, este año la razón del éxodo son los combates que libran estos grupos y la fuerza pública colombiana. Y algunas familias huyen también debido al temor del reclutamiento infantil. “Los miembros de los grupos armados les ofrecen a los niños y niñas, incluso de apenas 12 años, que se unan a sus filas. Con frecuencia, les ofrecen un pago. A veces, amenazan con matarlos a ellos o a sus familias si se niegan, según familiares de las víctimas, la Defensoría del Pueblo y funcionarios de organizaciones humanitarias que trabajaban en la zona”, asegura el documento.

Por otro lado, los homicidios se duplicaron desde 2015, pasando de 112 en ese año a 231 en 2018, una tasa anual de casi 79 cada 100.000 habitantes, tres veces la tasa nacional. Lo más grave es que la situación afectó particularmente a civiles. Human Rights Watch identificó que en varios casos fueron asesinados tras “acusarlos de cooperar con grupos armados contrarios o con el Ejército, o porque se negaron a cooperar con el grupo o a sumarse a sus filas”, y que esta región ha sido centro de asesinatos a líderes comunitarios. Como si el panorama no fuera de por sí crítico para la población civil, las minas antipersonales, que se pensaban erradicadas en el país, han cobrado vidas. “Cuatro personas murieron y 65 resultaron heridas por minas antipersonales en el Catatumbo desde 2017, aunque no se sabe con certeza cuántos de estos incidentes fueron causados por minas plantadas recientemente o por otras que quedaron de períodos anteriores del conflicto”, denuncia la organización de derechos humanos.

El informe La guerra en el Catatumbo también abordó la violencia sexual, que afectó a 41 personas desde 2017. Y aunque estos hechos se encuentran más relacionados a violencia intrafamiliar, varias voces que consulta HRW afirman que existen casos relacionados con los grupos armados que actúan en la zona y que estos también amenazan a trabajadoras sexuales, “que en al menos tres municipios del Catatumbo son, en su mayoría, venezolanas”.

El documento será entregado este jueves al presidente Iván Duque por parte del director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, y contiene una serie de recomendaciones para atender la crítica situación de derechos humanos que vive esta región.

Por Catalina Oquendo

Bogotá 8 AGO 2019 - 01:00 COT

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La justicia argentina falla contra Glovo y otras dos plataformas de reparto

Una sentencia exige que las compañías consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores”

 

Un juez argentino ha ordenado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que prohíba las plataformas digitales que ofrecen mensajería y reparto de comida a domicilio. El fallo, de primera instancia pero avalado por uno anterior de un tribunal superior, afecta a la española Glovo, la colombiana Rappi y la uruguaya PedidosYa, tres empresas que desde su llegada a Argentina, a principios del año pasado, han acaparado el servicio de delivery en la capital y otras ciudades del interior. La decisión del juez Roberto Gallardo exige a las compañías que consideren como parte de su plantilla a cientos de empleados que hoy son solo “colaboradores” y las obliga a proveerles materiales de trabajo, cobertura sanitaria y seguro contra accidentes. Las tarjetas de crédito, además, no podrán aceptar los pedidos de pago que reciban desde esas aplicaciones.

Una llegada difícil

Igual que ha sucedido en España, el desembarco de empresas de reparto como Glovo ha sido traumático en Argentina. Desde un principio, los sindicatos de repartidores, muy numerosos en Buenos Aires, las denunciaron por competencia desleal. A mediados del año pasado, los trabajadores de Glovo, Rappi y PedidosYa formaron su propio gremio y lograron, al menos, que las compañías no les cobrasen por los elementos de trabajo, como las cajas térmicas de reparto. Un año después, su situación laboral sigue siendo muy precaria, mientras el servicio suma denuncias ante el Ministerio de Trabajo por incumplimiento de las normativas argentinas. El fallo del juez Gallardo sólo alcanza a Buenos Aires, pero puede sentar precedentes para otras localidades.

Rappi fue la primera en reaccionar con un comunicado en el que rechaza la decisión del magistrado y menciona que su aplicación funciona normalmente. “La decisión perjudica tanto a repartidores como comercios y consumidores”, advirtió.

El derrotero judicial de las plataformas de reparto en Argentina ha sido similar al de Uber. La empresa de servicios de transporte opera sin autorización del Gobierno de Buenos Aires y no puede cobrar con tarjetas de crédito por decisión de un juez. Los chóferes se enfrentan, además, a la ira de los taxistas, agrupados en un sindicato reconocido por su poder. Pese a todo, los chóferes de Uber proliferan por toda la ciudad.

 

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires 3 AGO 2019 - 18:42 COT

Publicado enSociedad
 El boxeador argentino Hugo Santillán, fallecido la semana pasada. World Boxing Council

La muerte del boxeador Hugo Santillán desnuda la desprotección económica y laboral a la que los están expuestos los púgiles argentinos

 

 

"Papi, estoy mareado", le dijo el boxeador argentino Hugo Alfredo Santillán a su padre y entrenador, también Hugo Alfredo Santillán, mientras el anunciador leía las tarjetas de los jurados que daban como empate a una pelea televisada para todo el país desde San Nicolás, a 240 kilómetros de Buenos Aires, el sábado 20 de julio. Entonces, Santillán hijo se desplomó. Y aunque alcanzó a responderle al médico cómo se llamaba, en la ambulancia camino al hospital entró en coma y ya no recobró más la conciencia. Con el cerebro hinchado, insuficiencia renal sucesiva y dos paros cardíacos, murió cuatro días después, víctima de una pelea con la que habría cobrado 55.000 pesos argentinos (1.100 euros, 1.240 dólares), poco más de los 45.000 pesos que costó su sepelio.

La muerte de Dinamita Santillán, ex campeón sudamericano de 23 años y padre de tres hijos, es uno de esos casos en los que una avalancha de fatalidades se alinean para converger en la gran tragedia final. Pero es, también, la muestra de la indefensión que sufre la enorme mayoría de boxeadores en Argentina, que ni siquiera cuentan con un sindicato que se preocupe por agruparlos y generarles mínimas condiciones económicas y laborales.

Santillán, según coinciden varios especialistas, no debió haber peleado la noche de su combate mortal contra el uruguayo Eduardo Abreu por uno de esos títulos que el boxeo moderno encuentra debajo de las piedras: el latino plata ligero de una de las cuatro organizaciones principales. Poco más de un mes antes, el 15 de junio, el argentino había sufrido una golpiza en Hamburgo (Alemania), en un combate que perdió contra el armenio Artem Harutyunyan y por el que ingresó 4.000 euros. Era una fortuna para el mercado local, aproximadamente lo que podría haber ganado en dos años de boxeo en Argentina. "Voy a dejar mi vida. Peleo por mis hijos así que voy a matar o a que me maten", había escrito Santillán en sus redes sociales el 10 de junio, antes de subirse al avión.

Pero el costo de su experiencia europea fue infinitamente superior: Santillán debió combatir tres categorías por encima de su peso habitual. Si en Argentina peleaba en pluma o superpluma, categorías que oscilan entre 57 y 59 kilos, en Alemania enfrentó a un rival superligero, que pesó 63,50 el día previo a la velada pero que después contó con 24 horas para rehidratarse y alimentarse: en ese lapso, los boxeadores que necesitan bajar de peso para no sobrepasar el límite suelen recuperar hasta seis kilos. Sumados a los dos de diferencia que arrastraba desde el pesaje, el argentino subió al cuadrilátero con una desventaja abismal. O criminal.

Santillán soportó los 10 rounds, pero las tarjetas favorables al armenio en todos ellos demostraron la inequidad entre los rivales. Por esa acumulación de golpes, la Federación Alemana suspendió a Santillán para pelear en Europa durante 45 días, hasta el 30 de julio. La sanción se desperdigó entre diversos organismos e incluso les llegó a los editores argentinos de BoxRec, la web más consultada por el ambiente, con una excepción: no ingresó oficialmente en la Federación Argentina de Box (FAB). Por un lado no dejaba de ser un formalismo porque, según contaron editores de BoxRec, admistrativos de la FAB los consultaron sobre la sanción de la Federación Alemana y desde la web les confirmaron el descanso obligatorio. Pero desde la legalidad, y aunque algunos de sus empleados sabían extraoficialmente de la suspensión en Europa, a la FAB siguió sin llegar la penalidad oficial y Santillán nunca estuvo inhabilitado en Argentina.

En ese limbo de incomunicaciones, distracciones y zonas grises, una de las empresas de promotores boxísticos más importantes de Argentina, OR Promotions, debió tapar con urgencia una pelea que se le cayó a último momento de la cartelera prevista para San Nicolás el 20 de julio —un púgil avisó que no llegaba a la preparación—. Santillán ocupó uno de esos lugares a falta de una semana. Sin irregularidades desde la letra chica, la FAB no se opuso a la nueva presentación de Dinamita porque quien acepta o declina una pelea no es la federación sino el entrenador del boxeador pero, además, porque no suele rechazar a su proveedor directo de armados de festivales. El caso es todavía más dramático porque el entrenador de Santillán era su padre, un ex boxeador. Luego de la golpiza en Alemania, su hijo no se realizó los estudios médicos que no le correspondían por reglamento, ya que sólo quienes pierden por nocaut deben presentar un electroencefalograma ante la FAB, sino por sentido común: en su derrota por puntos ante el armenio había caído dos veces a la lona.

Sin descanso ni preparación física ideal, Dinamita aguantó de pie las dos peleas pero la acumulación fatal de golpes con 35 días de intervalo desnudó la desprotección de los boxeadores debajo del ring, también de los supuestos profesionales como Santillán: salvo un par de excepciones, en Argentina no hay púgiles que vivan de su actividad. En algunas peleas televisadas cobran 50.000 pesos, 1.000 euros (la cifra sube si está un juego un título más importante), y a lo sumo pueden aspirar a tres o cuatro por año. Dinamita también fue rehén de un sistema en el que los boxeadores son mano de obra barata fácilmente reemplazable: era un muchacho que todavía debía luchar para llegar a la élite y no elegía cuándo peleaba ni contra quién. Rechazar la oferta de un promotor implica el riesgo de volver a ser convocado quien sabe cuando. Debajo hay 15.000 aficionados que esperan su oportunidad.

Muchas peleas se manejan en la informalidad económica, con retribuciones sin facturas. Campeones argentinos con 15 años de experiencia aseguran que tampoco tienen el respaldo de un gremio del que saben su existencia —se llama Boxeadores Argentinos Agremiados— pero al que califican como un sindicato fantasma e inaccesible. Gente del ambiente asegura que no conocen a ningún boxeador afiliado. Otros agregan que fueron a inscribirse y no los dejaron. Héctor Velasco, ex campeón del mundo en 2003, reunió a otros diez exmonarcas y presentó en 2009 ante el Congreso un proyecto de ley que proteja al boxeador, regule su actividad y garantice obra social. Nunca le respondieron.

Tres días después de la muerte de su hijo, en su primera entrevista, Santillán padre le agradeció a los promotores de la pelea por haber pagado los 45.000 pesos del sepelio.

Por Andrés Burgo

Buenos Aires 1 AGO 2019 - 18:24 COT

Publicado enSociedad
Miércoles, 31 Julio 2019 11:02

En mi barrio, Rappi acabó con las arepas

En mi barrio, Rappi acabó con las arepas

“El mundo moderno y su perfección,
perfecta máquina de destrucción, cañones que apuntan a todo lugar, siempre hay una bomba a punto de explotar”.
Canción “Perfección” de Los SuZioX

 

Todas las tardes, don Miguel ponía un puesto de comida en la entrada de su casa. Era como un rito: hacia las 3 pm sacaba una parrilla y allí prendía la brasa con carbones y alimentaba el fuego con el viento de un ventilador. Las arepas con mantequilla, queso o con chorizo que vendía don Miguel tenían un sabor especial, ese que ya poco se encuentra en la ciudad: traían un sabor a vecindad, pues a su negocio llegaban, noche tras noche, muchas personas del barrio Villa Javier, que se sentaban al frente de su casa para espantar el hambre degustando las deliciosas arepas.

El trabajo de don Miguel también reflejaba una realidad de millones en el país: el rebusque cotidiano para sobrevivir. Después de dos años de su rito diario, un día don Miguel no volvió a abrir su negocio y el barrio se quedó sin arepas. ¿La razón? La aplicación de Rappi se convirtió en el nuevo trabajo del vecino que decidió cerrar su negocio para irse a aventurar trabajando como “rappitendero”, y así vivir en carne propia la realidad de las precarias oportunidades laborales del siglo XXI (Ver recuadro 1).

Precarización laboral
Es innegable que el mundo en el que vivimos vive una revolución en todo sentido. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la internet, surgen algoritmos, aplicaciones y plataformas que van transformando la vida de los seres humanos. El imperio de Silicon Velley, ubicado al norte de California (Estados Unidos), donde se alojan las grandes corporaciones tecnológicas (Google, Facebook, Apple, Intel, Hewlett-Packard, Netflix, entre otros), trata de penetrar hasta el más mínimo rincón de la vida mediante la digitalización de todo, acumulando así el nuevo oro de las corporaciones: los datos, que día a día son suministrados gratuitamente por los usuarios que mediante “likes” abren las posibilidades para que las empresas creen nuevas experiencias y modelos de consumo, cada día más personalizados e individuales.

Estos emporios tecnológicos lo están transformando todo, llegando al punto de crear nuevas formas de empresas y trabajos, que, para una sociedad y sistema económico en crisis, surgen como salvación al permitir su reconversión. Es así como se da el crecimiento y auge de las aplicaciones de servicios, las cuales se puede decir implican una nueva ola de pérdida de derechos y desregulaciones laborales.

Lemas como “conviértete en tu propio jefe”, o discursos de ser “emprendedores” y “microempresarios”, profundizan una lógica en la que todas las personas compiten entre sí, esforzándose de esta manera por su bienestar individual.
Aplicaciones como Uber, Glovo, Deliveroo, Pedidos Ya, Rappi, etcétera, generan unas condiciones de control y explotación laboral de siglos pasados, por no decir que peores, pues ahora los trabajadores totalmente controlados y sometidos –mediante satélites– reciben órdenes de servicio, que de no cumplir les aplican el bloqueo de la aplicación, algo así como ser despedidos pero sin carta alguna que así lo indique, o sin invitación a la oficina del jefe inmediato para recibir la decisión de la empresa, y mucho menos liquidación alguna.

Es una relación de nuevo tipo, totalmente desregularizada, en la cual la propietaria de la aplicación asigna los pedidos, tarifas, cobro de “salarios” –en realidad comisiones por entrega efectivas–. Estamos ante un modelo en el que no se firman contratos, no se aplica una jornada laboral específica, no se generan prestaciones ni seguridad social, no se genera un salario fijo, no se puede realizar acciones legales, y son muy pocos los casos de sindicalización para exigir derechos.

Rappi, el unicornio
colombiano

Esta empresa de domicilios y comercio electrónico fue creada en agosto de 2015 y hoy en día se convirtió en uno de los emporios económicos, pues en tan solo cuatro años se propagó por las calles de siete países de la región (Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y México), convirtiéndose así en el primer “unicornio colombiano”, es decir la primera empresa digital en edad temprana que logró llegar a un valor de un millón de dólares. Adicionalmente es la primera empresa en Latinoamérica de este tipo en recibir “una inversión de hasta US$1.000 millones (aproximadamente $3,2 billones), por parte del poderoso grupo japonés SoftBank Group y SoftBank Vision Fund”1.
El crecimiento de la empresa se logra a costa de la esclavitud de miles de personas conectadas a la aplicación y dispuestas a partir rumbo a la compra y entrega indicada, a la hora que sea y en el territorio asignado.

Para evadir implicaciones legales de cualquier tipo, el discurso oficial de la empresa es que las personas que trabajan como “rappitenderos” no viven de este trabajo, pues en realidad son “microempresarios” que disponen de su propio tiempo libre para ganarse unos pesos de más. Discurso falso, pues como todo el mundo lo sabe –sobre todo quienes están ligados a este rebusque– los miles que trabajan con la maleta naranja, en su mayoría dependen económicamente de los domicilios que logren entregar en el día a día. Según Simón Borrero CEO (Chief Executive Officer u Oficial Ejecutivo en Jefe) y fundador de la empresa, Rappi cuenta con 3.000 empleados fijos y alrededor de 50.000 “rappitenderos” en toda la región. En sus proyecciones está multiplicarlos por 10 en un año, es decir, sumar 500.000.

Las condiciones laborales de este “unicornio colombiano” son como de un cuento de fantasía, pues en la realidad no existen. Ningún “rappitendero” cuenta con garantías laborales y la mayoría dedica todo el día a esta actividad, como lo menciona don Miguel en la entrevista. Es claro que quienes ven una oportunidad laboral en esta aplicación son los desempleados, así como los migrantes venezolanos que se encuentran por toda la región (Ver recuadro 2).

Nuevo modelo de bancarización. Pero no solo controlan el tiempo de miles de personas, a quienes tienen a su disposición sin ninguna contraprestación legal, sino que además, con el crecimiento de la empresa se concretan los lineamientos del capital internacional financiero, que desde hace algunos años tiene la pretensión de bancarizar la sociedad –dejar de utilizar efectivo y comenzar a utilizar tarjetas débito o crédito–. Actualmente Rappi y el banco Davivienda formalizaron una alianza mediante la cual se podrán realizar transferencias bancarias, giros, pagos de impuestos y facturas, compras y otro tipo de movimientos económicos sin necesidad de tener tarjetas, lo que formaliza una nueva forma de la economía de plataformas, que avanza a pasos agigantados, como puede deducirse de la decisión de Facebook de crear una moneda propia.

Huelgas, paros y acciones legales contra plataformas

Solidaridad entre los “naranjas”. En los primeros días del mes de julio los “rappitenderos” realizaron nuevas jornadas de protesta2 contra la empresa, aglutinándose en las oficinas de la calle 93 con 19 y quemando algunos maletines mientras exigían mejores condiciones laborales. La acción de protesta se produjo debido a los cambios de tarifas que se empezaron a generar por la entrega de domicilios, llegando a casos de pagar menos de 2.000 mil pesos por entrega, así mismo se exteriorizaba la inconformidad por los bloqueos que reciben los trabajadores por no aceptar pedidos, lo que generó la inconformidad de los “naranjas”.

Estas acciones no se presentan únicamente en nuestro país. En diferentes lugares del mundo crecen las inconformidades contra estas plataformas, que en su mayoría pasan por encima de los derechos de los trabajadores. Un ejemplo organizativo de este tipo es el caso argentino, en donde los trabajadores de plataformas crearon la Asociación de Personal de Plataformas (APP)3, sindicato mediante el cual luchan por los derechos laborales de todas aquellas personas que viven de trabajar con las aplicaciones.

De igual manera en España en el año 2017, un juez falló en contra de la empresa Deliveroo –aplicación que funciona similar a Rappi–, al considerar que un repartidor había sido despedido de manera injusta, comprobando que las condiciones de trabajo del domiciliario eran las de un empleado vinculado a la compañía, pues dependía completamente de ella y seguía todas las reglas fijadas por la empresa, lo que evidenciaba que no era un trabajador independiente.

Muchas de las exigencias laborales a nivel mundial son las mismas, entre ellas resaltan: salario básico, garantía de prestaciones y seguridad social. Lo que implica algún tipo de formalidad laboral con las plataformas.
En Colombia es poco el nivel organizativo logrado entre de los trabajadores de plataforma, sin embargo, ya se han presentado algunas propuestas de sindicalización que toman como referente el caso argentino. Así mismo, Rappi recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que multan a la empresa con $298 millones de pesos al incumplir la ley de protección de datos, sanción que está en veremos, pues la empresa apeló la decisión. De la misma manera, desde el Ministerio del Trabajo se piensa promover una ley para regular las aplicaciones en Colombia, exigiendo la garantía de pensión y salud para los trabajadores. Todo un contrasentido, teniendo en cuenta que el gobierno actual promueve este tipo de empresas con su denominada “economía naranja”.

¿Alternativas?

Es evidente, nos encontramos ante un retroceso en los derechos alcanzados por la humanidad a través de las luchas sociales de siglos pasados. Derechos como el de la sindicalización o el de los tres ochos –ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y ocho horas de descanso– parecen cuestiones que la memoria ya no retiene.

Es así como la norma común hoy es el trabajo de la eterna esclavitud, no solo en Colombia sino en muchos otros países. Para el caso nacional, con estas nuevas tecnología, que deberían servir para potenciar la vida en común y no para individualizar, regresamos a condiciones similares a las ya padecidas por los trabajadores de las bananeras (años 20 del siglo XX), en donde les pagaba con bonos que solo podían redimir en los comisariatos de la United Fruit Company, o al de las caucherías en la amazonia (inicios del siglo XX) en donde los trabajadores, en efecto, eran esclavos de la Casa Arana, y cargaban consigo una deuda eterna, trasferible a sus descendientes.

Para evitar nuevas opresiones, agilizadas por novísimas tecnologías, el reto es potenciar lo colectivo y el rescate de lo común. El tejido de solidaridades y la constitución de otras formas de economía y de socialización de lo producido entre quienes estén ligados a las mismas, se colocan a la orden del día. Otra economía, que debe marchar a la par de otras formas de ser gobierno, para darle paso a otras formas del poder, que en este siglo debe desconcentrarse para ya no ser máquina de opresión.

1 Ver: https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/rappi-recibe-inversion-de-1000-millones-de-dolares/270362
2 En octubre de 2018 los “rappitenderos” realizaron manifestaciones frente a las oficinas de la empresa por los cambios realizados por la plataforma que afectaban sus bolsillos.
3 Para conocer la experiencia organizativa argentina contra la empresa de plataforma se recomienda ver: https://www.youtube.com/watch?v=EmB5_6ien0w

 


Recuadro 1

 

La vida como “Rappitendero”

 

Don Miguel Cárdenas es una persona como millones en nuestro país: padre de 3 hijas y próximamente tendrá un nuevo hijo, estudió bachillerato y a lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar en oficios varios.

desdeabajo (da). ¿Cómo era un día en su trabajo vendiendo arepas y chorizos?
Miguel Cárdenas (MC). Mi rutina era, entre las 9 y 10 de la mañana tenía que ir a surtir, porque había muchas cosas que no me las llevaban hasta la casa, sino que me tocaba ir a comprar, por ejemplo, los chorizos, la mantequilla, las salsas; las arepas y las gaseosas si me las traían a la casa. Luego, cuando llegaba de compras me ponía a hacer aseo, porque como trabajaba con el carbón entonces quedaba bien sucio. Como me quedaba tiempo libre pues a veces le colaboraba a uno que otro vecino a hacer algunas vueltas –como mensajero–, así me ganaba unos pesos adicionales.

Cuando ya eran las 3 y media de la tarde ponía el puesto en la entrada de la casa y me ponía a prender el carbón. Generalmente los clientes empezaban a llegar a eso de las 4:30 o 5:00 de la tarde. Siempre tenía abierto hasta las 9:30 o 10:00.

Con el negocio duré dos años y medio, y hubo una época que empecé a trabajar en una panadería y ahí la rutina era diferente porque entraba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde y de ahí ir a surtir y salir corriendo para abrir el negocio.

da. ¿Por qué decidió montar ese negocio en su casa?
MC. La verdad es que pasé muchas hojas de vida, pero por la edad que tengo (42 años) ya no me recibían en ninguna empresa, entonces decidí montar el negocio.

da. ¿Cuánto se ganaba mensualmente con tal labor?
MC. Al comienzo era bueno, siempre llegaba casi a 900 mil o un millón libres, pero a raíz de la noticia del señor de la empanada que le sacaron un parte se bajaron mucho las ventas y empecé a hacerme apenas ochocientos mil pesos o un poco menos.

da. ¿Por qué decidió empezar a trabajar con las aplicaciones?
MC. Inicialmente comencé con Rappi. Todo fue por una idea de un conocido de mi mamá que me dijo que él compraba la moto y yo se la trabajaba dándole una cuota diaria como si fuera tipo taxi –20 mil diarios–. Yo estuve indagando y tomé la decisión de arriesgarme para irme a trabajar con la aplicación esperando que este trabajo sí me ayudara a cubrir todos mis gastos.
da. ¿Tuvo que firmar algo para entrar a trabajar?
MC. En Rappi solamente lo conocen el día que usted va y se activa. Lo único que tuve que hacer fue un curso de unas horas donde me explicaron el manejo de la aplicación, después compré el bolso de 85.000 mil pesos y comencé a trabajar.

da. ¿Cuánto le pagaban por domicilio?
MC. Algunos domicilios eran de 2.700 pesos, pero después de las 7 de la noche por algunos pagaban hasta 10.000 mil pesos.

da. ¿Cómo es un día normal trabajando con la aplicación?
MC. Cuando comencé con Rappi, de lunes a jueves salía a las 9 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Lo que eran viernes, sábados y domingos salía a la misma hora y trabajaba hasta las 10 u 11 de la noche, porque en esos días salía más trabajo.

da. ¿Por qué dejó de trabajar en Rappi?
MC. Un domingo a las 8 de la mañana salí y tomé un servicio, lo entregué y a los diez minutos la aplicación me bloqueo porque supuestamente fui grosero con dos proveedores donde recogí los domicilios hacía unos días. Fui a una de las oficinas centrales, envié cartas con la firma de uno de los proveedores, con los que supuestamente había sido grosero, donde se aclaraban las cosas, pero no me solucionaron nada y quedé sin poder trabajar.

da. ¿Conoce otro tipo de sanciones en Rappi?
MC. Después de lo que me pasó, he hablado con muchos trabajadores y me cuentan que hay casos en los que pagan menos de lo que le tienen que pagar, por ejemplo, a usted ellos le consignan cada 8 días en Daviplata y a mucha gente le pasa que trabajó toda la semana y estaba esperando 500 mil pesos y le consignan apenas 150 mil y cuando se pregunta por el resto sacan pretextos de deudas inexistentes.
Otro caso de sanción es que a usted le miden la velocidad a través del GPS, y si usted trabaja en bicicleta y ven que se está moviendo con más velocidad dicen que en realidad usted está es en moto y le está mintiendo a la empresa, entonces lo bloquean.

da. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre su actual trabajo y el anterior?
MC. Siéndole sincero, con Rappi se veía una diferencia porque había más trabajo. De estarme ganando 900 mil con el negocio de las arepas, en Rappi alcancé a llegar al millón doscientos y si no me hubieran bloqueado creo que estaría ganando un poco más, pero la verdad Rappi sí me afectó mucho dejándome sin trabajo.

 


Recuadro 2

 

El interior de Rappi

 

Santiago Vargas trabajó en Rappi por medio de una empresa intermediaria que lo contrató como agilizador de “rappitenderos” y usuarios. Estudió cine en la Universidad Central.

desdeabajo (da). ¿Qué es Rappi?
Santiago Vargas (SV). Es una empresa de domicilios que tiene varios servicios más allá del domicilio básico, ya que también puede prestar otro tipo de servicios, como adelantos en plata, así como suplir otro tipo de necesidades más personalizadas, todo ello a través de una aplicación de teléfono.

da. ¿Cómo son las condiciones de trabajo para quienes están en las calles?
SV. Hay una cosa con esa empresa y es que todo es muy cambiante. Yo estuve un año y en ese tiempo a los “rappitenderos” les cambiaron las condiciones de trabajo por lo menos unas 10 veces. Digamos, muchas veces los bloqueaban por algunas horas –al no aceptar pedidos– y les restringían las opciones para aceptar los domicilios; cuando eran bloqueados muchas veces los restringían por días, y a veces ya no podían volver a trabajar. De las cosas que más cambiaban eran las tarifas, pues, en realidad ese tema nunca ha sido estable y varía mucho en el día a día, depende de la hora, de la zona y así: a veces les pagan desde 2 mil pesos, pero otras veces podían verse algunos de hasta 20 mil pesos.
da. ¿Cuántos domicilios puede hacer un “rappitendero” por día y cuáles son las condiciones de trabajo?
SV. Eso depende mucho de las horas que trabajen, y quienes trabajan hasta 15 horas día pues les iba bien. También hay qué tener en cuenta que existen horarios en los que es mejor que en otros, como hay zonas en las que salen más pedidos que en otras. Como le digo, todo en esa empresa es cambiante. Nosotros ni siquiera teníamos claro la cantidad de gente que entraba y salía. Había gente de todas las edades, generalmente más hombres.

Todo el tiempo desactivan y activan nuevas personas y ninguna tiene un contrato. No todos los “rappitenderos” son lo mismo, hay algunas categorías entre ellos, y algunos, por el tiempo que llevan, tienen mejores condiciones laborales.

da. ¿Cómo era su contratación con la empresa?
SV. A mí me contrató una empresa temporal, que es una de esas firmas que abren y cierran en cualquier momento y lo vinculan a uno tercerizado a otras empresas, ellos me respondían por mi dinero, pero yo tenía que ir a trabajar en las oficinas de Rappi. Tenía un contrato por prestación de servicios, que le llaman hora labor, y mi función era coordinar los pedidos y las entregas. Mensualmente tenía una base de 800 mil pesos, pero cuando trabajaba en las noches y festivos recibía una comisión y así podía alcanzar el millón de pesos.

Publicado enColombia
Miércoles, 31 Julio 2019 09:04

En mi barrio, Rappi acabó con las arepas

En mi barrio, Rappi acabó con las arepas

“El mundo moderno y su perfección,
perfecta máquina de destrucción, cañones que apuntan a todo lugar, siempre hay una bomba a punto de explotar”.
Canción “Perfección” de Los SuZioX

 

Todas las tardes, don Miguel ponía un puesto de comida en la entrada de su casa. Era como un rito: hacia las 3 pm sacaba una parrilla y allí prendía la brasa con carbones y alimentaba el fuego con el viento de un ventilador. Las arepas con mantequilla, queso o con chorizo que vendía don Miguel tenían un sabor especial, ese que ya poco se encuentra en la ciudad: traían un sabor a vecindad, pues a su negocio llegaban, noche tras noche, muchas personas del barrio Villa Javier, que se sentaban al frente de su casa para espantar el hambre degustando las deliciosas arepas.

El trabajo de don Miguel también reflejaba una realidad de millones en el país: el rebusque cotidiano para sobrevivir. Después de dos años de su rito diario, un día don Miguel no volvió a abrir su negocio y el barrio se quedó sin arepas. ¿La razón? La aplicación de Rappi se convirtió en el nuevo trabajo del vecino que decidió cerrar su negocio para irse a aventurar trabajando como “rappitendero”, y así vivir en carne propia la realidad de las precarias oportunidades laborales del siglo XXI (Ver recuadro 1).

 

Precarización laboral


Es innegable que el mundo en el que vivimos vive una revolución en todo sentido. Con el desarrollo de nuevas tecnologías y la internet, surgen algoritmos, aplicaciones y plataformas que van transformando la vida de los seres humanos. El imperio de Silicon Velley, ubicado al norte de California (Estados Unidos), donde se alojan las grandes corporaciones tecnológicas (Google, Facebook, Apple, Intel, Hewlett-Packard, Netflix, entre otros), trata de penetrar hasta el más mínimo rincón de la vida mediante la digitalización de todo, acumulando así el nuevo oro de las corporaciones: los datos, que día a día son suministrados gratuitamente por los usuarios que mediante “likes” abren las posibilidades para que las empresas creen nuevas experiencias y modelos de consumo, cada día más personalizados e individuales.

Estos emporios tecnológicos lo están transformando todo, llegando al punto de crear nuevas formas de empresas y trabajos, que, para una sociedad y sistema económico en crisis, surgen como salvación al permitir su reconversión. Es así como se da el crecimiento y auge de las aplicaciones de servicios, las cuales se puede decir implican una nueva ola de pérdida de derechos y desregulaciones laborales.

Lemas como “conviértete en tu propio jefe”, o discursos de ser “emprendedores” y “microempresarios”, profundizan una lógica en la que todas las personas compiten entre sí, esforzándose de esta manera por su bienestar individual.
Aplicaciones como Uber, Glovo, Deliveroo, Pedidos Ya, Rappi, etcétera, generan unas condiciones de control y explotación laboral de siglos pasados, por no decir que peores, pues ahora los trabajadores totalmente controlados y sometidos –mediante satélites– reciben órdenes de servicio, que de no cumplir les aplican el bloqueo de la aplicación, algo así como ser despedidos pero sin carta alguna que así lo indique, o sin invitación a la oficina del jefe inmediato para recibir la decisión de la empresa, y mucho menos liquidación alguna.

Es una relación de nuevo tipo, totalmente desregularizada, en la cual la propietaria de la aplicación asigna los pedidos, tarifas, cobro de “salarios” –en realidad comisiones por entrega efectivas–. Estamos ante un modelo en el que no se firman contratos, no se aplica una jornada laboral específica, no se generan prestaciones ni seguridad social, no se genera un salario fijo, no se puede realizar acciones legales, y son muy pocos los casos de sindicalización para exigir derechos.

 

Rappi, el unicornio colombiano

 

Esta empresa de domicilios y comercio electrónico fue creada en agosto de 2015 y hoy en día se convirtió en uno de los emporios económicos, pues en tan solo cuatro años se propagó por las calles de siete países de la región (Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Chile, Brasil y México), convirtiéndose así en el primer “unicornio colombiano”, es decir la primera empresa digital en edad temprana que logró llegar a un valor de un millón de dólares. Adicionalmente es la primera empresa en Latinoamérica de este tipo en recibir “una inversión de hasta US$1.000 millones (aproximadamente $3,2 billones), por parte del poderoso grupo japonés SoftBank Group y SoftBank Vision Fund”1.
El crecimiento de la empresa se logra a costa de la esclavitud de miles de personas conectadas a la aplicación y dispuestas a partir rumbo a la compra y entrega indicada, a la hora que sea y en el territorio asignado.

Para evadir implicaciones legales de cualquier tipo, el discurso oficial de la empresa es que las personas que trabajan como “rappitenderos” no viven de este trabajo, pues en realidad son “microempresarios” que disponen de su propio tiempo libre para ganarse unos pesos de más. Discurso falso, pues como todo el mundo lo sabe –sobre todo quienes están ligados a este rebusque– los miles que trabajan con la maleta naranja, en su mayoría dependen económicamente de los domicilios que logren entregar en el día a día. Según Simón Borrero CEO (Chief Executive Officer u Oficial Ejecutivo en Jefe) y fundador de la empresa, Rappi cuenta con 3.000 empleados fijos y alrededor de 50.000 “rappitenderos” en toda la región. En sus proyecciones está multiplicarlos por 10 en un año, es decir, sumar 500.000.

Las condiciones laborales de este “unicornio colombiano” son como de un cuento de fantasía, pues en la realidad no existen. Ningún “rappitendero” cuenta con garantías laborales y la mayoría dedica todo el día a esta actividad, como lo menciona don Miguel en la entrevista. Es claro que quienes ven una oportunidad laboral en esta aplicación son los desempleados, así como los migrantes venezolanos que se encuentran por toda la región (Ver recuadro 2).

Nuevo modelo de bancarización. Pero no solo controlan el tiempo de miles de personas, a quienes tienen a su disposición sin ninguna contraprestación legal, sino que además, con el crecimiento de la empresa se concretan los lineamientos del capital internacional financiero, que desde hace algunos años tiene la pretensión de bancarizar la sociedad –dejar de utilizar efectivo y comenzar a utilizar tarjetas débito o crédito–. Actualmente Rappi y el banco Davivienda formalizaron una alianza mediante la cual se podrán realizar transferencias bancarias, giros, pagos de impuestos y facturas, compras y otro tipo de movimientos económicos sin necesidad de tener tarjetas, lo que formaliza una nueva forma de la economía de plataformas, que avanza a pasos agigantados, como puede deducirse de la decisión de Facebook de crear una moneda propia.

 

Huelgas, paros y acciones legales contra plataformas

 

Solidaridad entre los “naranjas”. En los primeros días del mes de julio los “rappitenderos” realizaron nuevas jornadas de protesta2 contra la empresa, aglutinándose en las oficinas de la calle 93 con 19 y quemando algunos maletines mientras exigían mejores condiciones laborales. La acción de protesta se produjo debido a los cambios de tarifas que se empezaron a generar por la entrega de domicilios, llegando a casos de pagar menos de 2.000 mil pesos por entrega, así mismo se exteriorizaba la inconformidad por los bloqueos que reciben los trabajadores por no aceptar pedidos, lo que generó la inconformidad de los “naranjas”.

Estas acciones no se presentan únicamente en nuestro país. En diferentes lugares del mundo crecen las inconformidades contra estas plataformas, que en su mayoría pasan por encima de los derechos de los trabajadores. Un ejemplo organizativo de este tipo es el caso argentino, en donde los trabajadores de plataformas crearon la Asociación de Personal de Plataformas (APP)3, sindicato mediante el cual luchan por los derechos laborales de todas aquellas personas que viven de trabajar con las aplicaciones.

De igual manera en España en el año 2017, un juez falló en contra de la empresa Deliveroo –aplicación que funciona similar a Rappi–, al considerar que un repartidor había sido despedido de manera injusta, comprobando que las condiciones de trabajo del domiciliario eran las de un empleado vinculado a la compañía, pues dependía completamente de ella y seguía todas las reglas fijadas por la empresa, lo que evidenciaba que no era un trabajador independiente.

Muchas de las exigencias laborales a nivel mundial son las mismas, entre ellas resaltan: salario básico, garantía de prestaciones y seguridad social. Lo que implica algún tipo de formalidad laboral con las plataformas.


En Colombia es poco el nivel organizativo logrado entre de los trabajadores de plataforma, sin embargo, ya se han presentado algunas propuestas de sindicalización que toman como referente el caso argentino. Así mismo, Rappi recibió una sanción de la Superintendencia de Industria y Comercio en la que multan a la empresa con $298 millones de pesos al incumplir la ley de protección de datos, sanción que está en veremos, pues la empresa apeló la decisión. De la misma manera, desde el Ministerio del Trabajo se piensa promover una ley para regular las aplicaciones en Colombia, exigiendo la garantía de pensión y salud para los trabajadores. Todo un contrasentido, teniendo en cuenta que el gobierno actual promueve este tipo de empresas con su denominada “economía naranja”.

 

¿Alternativas?

 

Es evidente, nos encontramos ante un retroceso en los derechos alcanzados por la humanidad a través de las luchas sociales de siglos pasados. Derechos como el de la sindicalización o el de los tres ochos –ocho horas de trabajo, ocho horas de recreación y ocho horas de descanso– parecen cuestiones que la memoria ya no retiene.

Es así como la norma común hoy es el trabajo de la eterna esclavitud, no solo en Colombia sino en muchos otros países. Para el caso nacional, con estas nuevas tecnología, que deberían servir para potenciar la vida en común y no para individualizar, regresamos a condiciones similares a las ya padecidas por los trabajadores de las bananeras (años 20 del siglo XX), en donde les pagaba con bonos que solo podían redimir en los comisariatos de la United Fruit Company, o al de las caucherías en la amazonia (inicios del siglo XX) en donde los trabajadores, en efecto, eran esclavos de la Casa Arana, y cargaban consigo una deuda eterna, trasferible a sus descendientes.

Para evitar nuevas opresiones, agilizadas por novísimas tecnologías, el reto es potenciar lo colectivo y el rescate de lo común. El tejido de solidaridades y la constitución de otras formas de economía y de socialización de lo producido entre quienes estén ligados a las mismas, se colocan a la orden del día. Otra economía, que debe marchar a la par de otras formas de ser gobierno, para darle paso a otras formas del poder, que en este siglo debe desconcentrarse para ya no ser máquina de opresión.

 

1 Ver: https://www.dinero.com/emprendimiento/articulo/rappi-recibe-inversion-de-1000-millones-de-dolares/270362
2 En octubre de 2018 los “rappitenderos” realizaron manifestaciones frente a las oficinas de la empresa por los cambios realizados por la plataforma que afectaban sus bolsillos.
3 Para conocer la experiencia organizativa argentina contra la empresa de plataforma se recomienda ver: https://www.youtube.com/watch?v=EmB5_6ien0w

 


Recuadro 1

 

La vida como “Rappitendero”

 

Don Miguel Cárdenas es una persona como millones en nuestro país: padre de 3 hijas y próximamente tendrá un nuevo hijo, estudió bachillerato y a lo largo de su vida se ha dedicado a trabajar en oficios varios.

desdeabajo (da). ¿Cómo era un día en su trabajo vendiendo arepas y chorizos?
Miguel Cárdenas (MC). Mi rutina era, entre las 9 y 10 de la mañana tenía que ir a surtir, porque había muchas cosas que no me las llevaban hasta la casa, sino que me tocaba ir a comprar, por ejemplo, los chorizos, la mantequilla, las salsas; las arepas y las gaseosas si me las traían a la casa. Luego, cuando llegaba de compras me ponía a hacer aseo, porque como trabajaba con el carbón entonces quedaba bien sucio. Como me quedaba tiempo libre pues a veces le colaboraba a uno que otro vecino a hacer algunas vueltas –como mensajero–, así me ganaba unos pesos adicionales.

Cuando ya eran las 3 y media de la tarde ponía el puesto en la entrada de la casa y me ponía a prender el carbón. Generalmente los clientes empezaban a llegar a eso de las 4:30 o 5:00 de la tarde. Siempre tenía abierto hasta las 9:30 o 10:00.

Con el negocio duré dos años y medio, y hubo una época que empecé a trabajar en una panadería y ahí la rutina era diferente porque entraba a trabajar a las 5 de la mañana y salía a las 2 de la tarde y de ahí ir a surtir y salir corriendo para abrir el negocio.

da. ¿Por qué decidió montar ese negocio en su casa?
MC. La verdad es que pasé muchas hojas de vida, pero por la edad que tengo (42 años) ya no me recibían en ninguna empresa, entonces decidí montar el negocio.

da. ¿Cuánto se ganaba mensualmente con tal labor?
MC. Al comienzo era bueno, siempre llegaba casi a 900 mil o un millón libres, pero a raíz de la noticia del señor de la empanada que le sacaron un parte se bajaron mucho las ventas y empecé a hacerme apenas ochocientos mil pesos o un poco menos.

da. ¿Por qué decidió empezar a trabajar con las aplicaciones?
MC. Inicialmente comencé con Rappi. Todo fue por una idea de un conocido de mi mamá que me dijo que él compraba la moto y yo se la trabajaba dándole una cuota diaria como si fuera tipo taxi –20 mil diarios–. Yo estuve indagando y tomé la decisión de arriesgarme para irme a trabajar con la aplicación esperando que este trabajo sí me ayudara a cubrir todos mis gastos.
da. ¿Tuvo que firmar algo para entrar a trabajar?
MC. En Rappi solamente lo conocen el día que usted va y se activa. Lo único que tuve que hacer fue un curso de unas horas donde me explicaron el manejo de la aplicación, después compré el bolso de 85.000 mil pesos y comencé a trabajar.

da. ¿Cuánto le pagaban por domicilio?
MC. Algunos domicilios eran de 2.700 pesos, pero después de las 7 de la noche por algunos pagaban hasta 10.000 mil pesos.

da. ¿Cómo es un día normal trabajando con la aplicación?
MC. Cuando comencé con Rappi, de lunes a jueves salía a las 9 de la mañana y regresaba a las 7 de la noche. Lo que eran viernes, sábados y domingos salía a la misma hora y trabajaba hasta las 10 u 11 de la noche, porque en esos días salía más trabajo.

da. ¿Por qué dejó de trabajar en Rappi?
MC. Un domingo a las 8 de la mañana salí y tomé un servicio, lo entregué y a los diez minutos la aplicación me bloqueo porque supuestamente fui grosero con dos proveedores donde recogí los domicilios hacía unos días. Fui a una de las oficinas centrales, envié cartas con la firma de uno de los proveedores, con los que supuestamente había sido grosero, donde se aclaraban las cosas, pero no me solucionaron nada y quedé sin poder trabajar.

da. ¿Conoce otro tipo de sanciones en Rappi?
MC. Después de lo que me pasó, he hablado con muchos trabajadores y me cuentan que hay casos en los que pagan menos de lo que le tienen que pagar, por ejemplo, a usted ellos le consignan cada 8 días en Daviplata y a mucha gente le pasa que trabajó toda la semana y estaba esperando 500 mil pesos y le consignan apenas 150 mil y cuando se pregunta por el resto sacan pretextos de deudas inexistentes.
Otro caso de sanción es que a usted le miden la velocidad a través del GPS, y si usted trabaja en bicicleta y ven que se está moviendo con más velocidad dicen que en realidad usted está es en moto y le está mintiendo a la empresa, entonces lo bloquean.

da. ¿Cuáles son las diferencias más notables entre su actual trabajo y el anterior?
MC. Siéndole sincero, con Rappi se veía una diferencia porque había más trabajo. De estarme ganando 900 mil con el negocio de las arepas, en Rappi alcancé a llegar al millón doscientos y si no me hubieran bloqueado creo que estaría ganando un poco más, pero la verdad Rappi sí me afectó mucho dejándome sin trabajo.

 


Recuadro 2

 

El interior de Rappi

 

Santiago Vargas trabajó en Rappi por medio de una empresa intermediaria que lo contrató como agilizador de “rappitenderos” y usuarios. Estudió cine en la Universidad Central.

desdeabajo (da). ¿Qué es Rappi?
Santiago Vargas (SV). Es una empresa de domicilios que tiene varios servicios más allá del domicilio básico, ya que también puede prestar otro tipo de servicios, como adelantos en plata, así como suplir otro tipo de necesidades más personalizadas, todo ello a través de una aplicación de teléfono.

da. ¿Cómo son las condiciones de trabajo para quienes están en las calles?
SV. Hay una cosa con esa empresa y es que todo es muy cambiante. Yo estuve un año y en ese tiempo a los “rappitenderos” les cambiaron las condiciones de trabajo por lo menos unas 10 veces. Digamos, muchas veces los bloqueaban por algunas horas –al no aceptar pedidos– y les restringían las opciones para aceptar los domicilios; cuando eran bloqueados muchas veces los restringían por días, y a veces ya no podían volver a trabajar. De las cosas que más cambiaban eran las tarifas, pues, en realidad ese tema nunca ha sido estable y varía mucho en el día a día, depende de la hora, de la zona y así: a veces les pagan desde 2 mil pesos, pero otras veces podían verse algunos de hasta 20 mil pesos.
da. ¿Cuántos domicilios puede hacer un “rappitendero” por día y cuáles son las condiciones de trabajo?
SV. Eso depende mucho de las horas que trabajen, y quienes trabajan hasta 15 horas día pues les iba bien. También hay qué tener en cuenta que existen horarios en los que es mejor que en otros, como hay zonas en las que salen más pedidos que en otras. Como le digo, todo en esa empresa es cambiante. Nosotros ni siquiera teníamos claro la cantidad de gente que entraba y salía. Había gente de todas las edades, generalmente más hombres.

Todo el tiempo desactivan y activan nuevas personas y ninguna tiene un contrato. No todos los “rappitenderos” son lo mismo, hay algunas categorías entre ellos, y algunos, por el tiempo que llevan, tienen mejores condiciones laborales.

da. ¿Cómo era su contratación con la empresa?
SV. A mí me contrató una empresa temporal, que es una de esas firmas que abren y cierran en cualquier momento y lo vinculan a uno tercerizado a otras empresas, ellos me respondían por mi dinero, pero yo tenía que ir a trabajar en las oficinas de Rappi. Tenía un contrato por prestación de servicios, que le llaman hora labor, y mi función era coordinar los pedidos y las entregas. Mensualmente tenía una base de 800 mil pesos, pero cuando trabajaba en las noches y festivos recibía una comisión y así podía alcanzar el millón de pesos.

Publicado enEdición Nº259
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