Los libaneses celebran la dimisión del primer ministro Saad Hariri entre la alegría y la cautela

El Gobierno cede tras trece días de masivas protestas en todo el país en las que se exigía la dimisión del ejecutivo y el fin de la corrupción. Los manifestantes consideran que este es solo el primer paso en la respuesta a sus demandas.

Y las calles le ganaron el pulso al gobierno. El primer ministro libanés Saad Hariri anunció su dimisión el jueves por la tarde, décimotercer día de manifestaciones, bloqueos de carreteras y huelgas en todo Líbano, para protestar contra la corrupción de la clase política y las medidas de austeridad, en un clima de agravada crisis económica. En un escueto discurso de apenas dos minutos, Hariri anunciaba su renuncia a seguir gobernando tras haber llegado a un “callejón sin salida” y ponía su cargo a disposición del presidente Michel Aoun.

Al escuchar el anuncio, los libaneses estallaron en júbilo. Miles de personas volvieron a concentrarse en las principales plazas y puntos neurálgicos del país, donde la afluencia había caído ligeramente en los últimos días, para celebrar lo que sienten como una victoria colectiva. En la Plaza de los Mártires, epicentro de las protestas en la capital, así como en la cercana plaza Riad el Solh, situada frente a la sede del gobierno, los manifestantes celebraban, se felicitaban entre sí, y discutían, en pequeños grupos o en asambleas, cuáles debían ser los siguientes pasos a seguir.

“Estamos increíblemente contentos, aún no nos lo podemos creer”, aseguraba Laetitia Malkoun, psicóloga de 27 años, mientras agitaba la bandera libanesa, que en las protestas de estos días ha sustituido a las tradicionales de partidos políticos. “Pero este es solo el primer paso, queremos que se vayan todos. Vamos a ver qué ocurre ahora”, añadía cauta Cyntia Sfeir, estudiante de ingeniería medioambiental. “Revolución” y “ahora es el turno del pueblo” eran algunos de los cánticos más escuchados. Las celebraciones se han repetido en todo el país, de Sidón en el sur –considerado un bastión del ahora exprimer ministro– a Trípoli, en el norte.

“Siento que es la primera vez que contribuyo a un cambio real en mi país”, afirmaba Mohammad Lawah, joven originario de la ciudad norteña, que ha pasado la mayor parte de los días de protesta en Beirut participando en debates, manifestaciones o bloqueos de carreteras. “Pero ahora tenemos que seguir trabajando, hablando con la gente para convencerla de que hay que acabar de verdad con el sectarismo y luchar contra la corrupción”.

En la autopista de circunvalación de Beirut, cortada durante varios días seguidos, el sentimiento de triunfo era si cabe mayor: pocas horas antes, seguidores de los partidos chiitas Amal y Hizbolá habían atacado a los manifestantes con extrema dureza, antes de quemar la mayoría de tiendas y puestos de la vecina acampada en la plaza de los Mártires, en un intento de impedir la renuncia del primer ministro. En un discurso televisado la semana anterior, Hassan Nasrallah, líder de Hizbolá, había advertido que la dimisión del gobierno era una línea roja que no debía ser traspasada. El Partido de Dios, cuyo poder salió afianzado de las pasadas elecciones legislativas, ha sido el principal defensor del mantenimiento del statuos quo. Entre la postura adoptada por Nasrallah y los ataques de sus partidarios a manifestantes, la imagen de Hizbolá ha quedado gravemente dañada durante la crisis.

 

A la espera de un nuevo ejecutivo

 

La renuncia de Hariri implica de facto la de todo su gabinete. El presidente Aoun debe ahora aceptar la dimisión y declarar gobierno en funciones al ejecutivo actual. Aoun iniciará en breve consultas parlamentarias para designar un nuevo primer ministro, que deberá a su vez formar un gobierno de transición, previa aprobación del jefe de Estado. “Aunque estas consultas podrían llevar un tiempo considerable”, advierte Lahham Wissam, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Saint Joseph de Beirut, recordando que la última vez se tardó nueve meses en llegar a un acuerdo.

La primera y principal exigencia de los libaneses era la dimisión en bloque del Gobierno, pero no la única. En estos días han aflorado otras demandas claras, entre ellas la de un ejecutivo de transición formado por tecnócratas capaces de estabilizar la malograda economía del país. También, una reforma de la ley electoral con circunscripción única para acabar con el actual sistema de reparto de poder por cuotas confesionales, que en la práctica se ha traducido en sectarismo, corrupción y creciente desigualdad por culpa de una pésima gestión económica y política.

En todo caso, un hipotético gobierno de expertos “debería trabajar contra los intereses establecidos de las fuerzas políticas que controlan la administración pública que implementa las decisiones gubernamentales. Una clase política que no tiene ningún interés en ese gobierno tenga éxito en su tarea”, subrayaba el analista Michael Young del Carnegie Institute for the Middle East en un artículo en el diario The National.

Por delante, el nuevo ejecutivo también tendrá la hercúlea tarea de tratar de aliviar una deuda pública desbordada equivalente a más del 150% del PIB, reducir el desempleo y reformar sectores como el eléctrico –Líbano sufre cortes de electricidad de entre 3 y 12 horas diarias– o el de las telecomunicaciones, con unas de las tarifas más caras de todo Oriente Medio. No en vano, fue el anuncio de un nuevo impuesto a las llamadas hechas por redes sociales como WhatsApp (empleadas masivamente por el alto precio de las llamadas telefónicas) lo que encendió la mecha de la protesta.

Revolución social

La movilización ciudadana, que en su punto álgido sacó a las calles a un millon y medio de personas en un país de seis millones, ha destacado no solo por el pacifismo y la creatividad de las propuestas (desde conciertos espontáneos a clases de yoga para bloquear autopistas o una cadena humana de norte a sur del país), sino también por derribar un muro que parecía infranquable: el de la división sectaria. Las críticas a la clase política han venido de personas de todas las confesiones, que han incluido en sus diatribas a los representantes de sus propias comunidades religiosas, haciendo llamamientos continuados a la unidad de todos los libaneses. Quienes han participado en las manifestaciones se muestran unánimes al señalar que hay un antes y un después en la forma de ver y tratar a sus conciudadanos.

La reapropiación de los espacios públicos especialmente en la capital, donde los lugares de encuentro no privatizados brillan por su ausencia, ha sido otra de las grandes conquistas del movimiento, con la ocupación de edificios emblemáticos cerrados durante décadas y la presencia masiva de gente en las calles del centro de Beirut, generalmente semidesiertas.

Las asambleas ciudadanas que se han venido organizando en las últimas dos semanas, estaban más concurridas que nunca en la noche del martes. “No queremos un nuevo gobierno cualquiera, queremos uno que sepa gobernar”, afirmaba una mujer de mediana edad en su turno de palabra durante uno de los debates celebrado en un parking junto a la Plaza de los Mártires. Aunque las ideas sobre cómo mantener la presión divergían, todo el mundo tenía claro que la renuncia del gobierno era solo el primer paso en su batalla: la movilización en las calles, afirman, debe continuar.

BEIRUT

30/10/2019 07:34 Actualizado: 30/10/2019 07:34

Por Andrea Olea

@lea_corr

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 Miles de personas se reunieron en el parque El Arbolito, en Quito, punto de concentración del movimiento indígena, para celebrar la derogación del decreto que eliminaba subsidios a los combustibles. En el acuerdo entre el gobierno de Lenín Moreno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas se dispuso crear una comisión para elaborar otra enmienda que permita equilibrar la economía estatal. Foto Afp

El gobierno de Lenín Moreno y el movimiento indígena alcanzaron un acuerdo para poner fin a las protestas que estallaron hace más de diez días. El gobierno ecuatoriano se comprometió a derogar el decreto que eliminaba el subsido estatal a los combustibles. 

Sucedió luego de más de diez días de movilizaciones ininterrumpidas que fueron respondidas con fuertes represiones por parte del gobierno. La instancia de diálogo, televisada a pedido del movimiento indígena, fue fuertemente esperada en un país marcado por un conflicto que ha impactado por los niveles de violencia.

La mesa de diálogo estuvo mediada por Naciones Unidas Ecuador y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y contó con la participación del presidente Moreno, el ministro de economía, Richard Martínez, y diferentes movimientos indígenas agrupados centralmente en la Coordinadora de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

El punto central de debate giró en torno al decreto 883 que quitó los subsidios estatales a la gasolina, y fue la medida que mayor rechazo generó en la población. La CONAIE mantuvo una posición de firmeza desde el inicio del conflicto: la necesidad de derogar del decreto. 

La posibilidad para avanzar en el diálogo tuvo como punto central el decreto 883, “una medida que genera injusticia social, no aporta al desarrollo nacional, no tiene ninguna coherencia fiscal, ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria”, como afirmó Jaime Vargas, presidente de la CONAIE.

“El pedido del país es la derogatoria del decreto, si en este momento se decide, entonces el país se tranquiliza totalmente en todos los territorios”, agregó Vargas.

En los discursos de los diferentes dirigentes indígenas estuvo presente la dimensión de la protesta, la violencia del gobierno, y la necesidad de recuperar la paz en medio de un escenario que tomó amplitudes que pocos esperaban.

La protesta contra el decreto 883 escaló a medida que pasaron los días desde su anuncio el 1 de octubre. Según el último informe de la Defensoría del Pueblo ya se cuentan siete muertos, 1152 detenidos y 1340 heridos. En esos más de diez días se movilizaron transportistas, la CONAIE, jóvenes, barriadas populares, profesionales, campesinos.

La jornada del domingo estuvo marcada por esa misma dinámica: bloqueos de carreteras en el país y en el acceso a la capital, protestas en barrios populares, cacerolazos, y una movilización seguida de represión bajo la lluvia en el centro de Quito.

Si bien las movilizaciones y la protesta han abarcado a muchos sectores sociales, la CONAIE ha tenido el peso determinante en cuanto a la radicalidad, capacidad de nacionalización y de prolongación del conflicto. Por eso el diálogo con el gobierno ha sido con el movimiento indígena.

Moreno enfrenta una crisis profunda social, política, que busca descargar en la responsabilidad del expresidente Rafael Correa y los dirigentes de la revolución ciudadana como Gabriela Rivadeneira, y hasta en el mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar detrás de la violencia. Esa misma acusación contra Correa fue retomada por Vargas, quien pidió que sea perseguido por la justicia.

Su voz fue contradicha por otro dirigente de la CONAIE, Leónidas Iza, quien afirmó: “Nosotros queremos ser claros, no es un acto de la gente correista, no creemos que Correa tenga la capacidad de mover tanta gente”.

El conflicto en Ecuador, que tomó formas de un escenario de barricadas y fuego, está entonces en instancias de diálogo en medio de una crisis que no se veía en el país desde el año 2005 cuando fue destituido el presidente Lucio Gutiérrez. Más allá del avance en la mesa de diálogo, el dirigente de la CONAIE, Abelardo Granda, ya afirmó una de las conclusiones más duras: “¿Y las muertes quién las paga? Mediante un decreto se puede recuperar al país, pero no a la vida”. 

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La líder hongkonesa retirará el proyecto de ley de extradición, según la prensa local
  • - Fuentes citadas por el diario South China Morning Post aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales para una reunión en su residencia oficial tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto de extradición
  • - La política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central"
  • - Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos

 

 La jefa del Gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunciará este jueves la retirada del polémico proyecto de extradición que ha suscitado las multitudinarias protestas registradas en la ciudad desde hace tres meses, según varios medios de la ciudad.

Fuentes citadas por el diario South China Morning Post y por el portal de noticias HK01 aseguran que Lam ha convocado a los 43 diputados progubernamentales a las 16:00 hora local (10 horas en España) para una reunión en su residencia oficial, tras la que anunciaría la retirada definitiva del texto.

Aunque ya había suspendido su tramitación y luego aseguró reiteradamente que el proyecto estaba "muerto", los manifestantes no se han dado por satisfechos; una de las cinco demandas del movimiento es precisamente la retirada efectiva y definitiva de esa reforma legal.

De producirse finalmente, esto significaría que tras trece semanas de protestas las autoridades locales accederían a cumplir con una de las cinco exigencias, en un gesto para "calmar el ambiente", según una de las citadas fuentes.

El resto de peticiones son el establecimiento de una comisión independiente que investigue la supuesta brutalidad policial, la retirada de cargos contra los detenidos por las protestas, la retirada del calificativo de "revuelta" sobre las manifestaciones y la aplicación del sufragio universal para la elección del jefe del Ejecutivo local.

Lam goza, según las últimas encuestas, de la popularidad más baja jamás registrada por un líder del Gobierno local desde que Hong Kong regresó a manos chinas tras siglo y medio de dominación colonial británica.

No obstante, y pese a que los manifestantes han exigido una y otra vez su dimisión, la política ha negado ayer mismo que hubiera ofrecido su renuncia a las autoridades chinas: "Jamás he ofrecido mi dimisión al Gobierno Popular Central (el Ejecutivo de Pekín). Nunca me he planteado dimitir. La elección de no dimitir es mía propia".

Así, Lam respondía a unas grabaciones obtenidas por la agencia de noticias Reuters durante una reunión con empresarios locales en las que se le escucha decir: "Si tuviera elección, lo primero (que haría) sería dimitir, después de haberme disculpado convenientemente".

En sus últimas intervenciones, los portavoces del Ejecutivo chino han reiterado su apoyo a Lam, a su Gobierno y a la Policía de Hong Kong para que resuelvan la situación.

Las manifestaciones comenzaron el pasado mes de marzo como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a "fugitivos" refugiados en territorio hongkonés.

Éstas han movilizado desde junio a cientos de miles de personas y han dejado enfrentamientos entre algunos manifestantes violentos y la policía, a la que se ha acusado de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.

Aunque a principios de julio las autoridades hongkonesas declararon "muerta" esa propuesta de ley, los manifestantes exigen que se retire oficialmente y han ampliado sus demandas con el objetivo de mejorar los mecanismos democráticos de la ciudad y, en definitiva, oponerse al autoritarismo chino.

EFE

04/09/2019 - 09:52h

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El Gobierno de Hong Kong anuncia la suspensión del polémico proyecto de ley de extradición

La ministra jefa, Carrie Lam, hace pública la decisión en una rueda de prensa

 

 

El Gobierno autónomo de Hong Kong ha anunciado este sábado la suspensión, sin fecha para retomarlo, del polémico proyecto de ley de extradición que permitiría por primera vez entregar sospechosos a China. El aplazamiento sine die representa una espectacular marcha atrás de la ministra jefa, Carrie Lam, que tras la manifestación de protesta hace una semana, en la que participaron un millón de personas, insistió en que seguiría adelante con los planes. Pero los opositores de la ley no lo interpretan como una victoria, sino una maniobra de Lam para ganar tiempo. E insisten en que mantendrán la presión y la nueva gran manifestación convocada para este domingo hasta que el proyecto de ley acabe definitivamente en la papelera.

“Tras repetidas deliberaciones internas en los últimos dos días, anuncio que el Gobierno ha decidido suspender la tramitación de la enmienda legislativa, empezar de nuevo nuestra comunicación con todos los sectores de la sociedad, explicar más y escuchar los distintos puntos de vista de la sociedad”, indicó Lam, en una acalorada rueda de prensa en la sede de las oficinas del Gobierno de Pekín en Hong Kong.

El proyecto de ley tiene su origen en un caso de asesinato en Taiwán, del que es principal sospechoso un individuo actualmente preso en Hong Kong por otros delitos. El territorio autónomo solo puede entregar fugitivos a la veintena de países con los que mantiene un acuerdo de extradición. Es “un obvio vacío legal”, sostenía ministra jefa, al defender aún este sábado, tras el abandono al menos temporal del proyecto de ley, la necesidad de la medida.

Pero, en lugar de pactar un acuerdo con Taiwán, el Gobierno autónomo hongkonés planteó una reforma a la ley para permitir la extradición, siempre caso por caso, de sospechosos, tanto locales como extranjeros, a países con los que no mantuviera acuerdos. Incluido China.

Macarena Vidal Liy

Hong Kong 15 JUN 2019 - 09:36 COT

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Sábado, 09 Febrero 2019 06:53

Touché

Touché

La inobjetable victoria electoral de Nayib Bukele, el 3 de febrero, no fue una sorpresa en El Salvador. Lo anunciaron, con meses de antelación, más de diez sondeos de opinión.

Bukele (cuyo padre, de origen palestino, hasta 2015 que falleció, fue presidente de la Asociación Islámica Árabe Salvadoreña), primero fue alcalde del pequeño municipio de Nuevo Cuscatlán, aledaño a la capital salvadoreña y a continuación alcalde de San Salvador hasta abril de 2018. Todo bajo la bandera del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Fmln. Parecía contar con el respaldo de un sector de la cúpula partidaria, sin embargo fue expulsado del Fmln en octubre de 2017, acusado de violentar los principios partidarios.
De ahí en adelante, Bukele se embarcó, acompañado de sus varios equipos de trabajo, en la conformación de un movimiento político paraelectoral denominado Nuevas Ideas, cuyo objetivo explícito declarado era alcanzar la presidencia de la república en las elecciones del 3 de febrero de 2019.


En El Salvador, para ser elegido presidente de la república hay que estar inscrito en un partido político. Por eso Bukele y sus seguidores emprendieron ese camino. Pero encontró obstáculos insalvables. El Tribunal Supremo Electoral le dio largas. Nuevas Ideas había cumplido con todos los requisitos. Todo indicaba que se queda fuera.


Mientras tanto las encuestas lo colocaban arriba de su principal contendiente, que llevaba más de un año en campaña no declarada, y que el partido Alianza Republicana Nacionalista, Arena, respaldaba para así mostrar una cara y un discurso nuevos, en su tercer intento consecutivo, desde 2009, por retomar la presidencia de la república. También los sondeos de opinión mostraban que el Fmln se había desplomado.


¿Fue solo la habilidad publicitaria del manejo de su imagen y el empleo a fondo de las redes sociales lo que permitió el ascenso meteórico de Bukele? Desde luego que no. El escenario propicio para que Bukele se convirtiese en el receptor de la aquiescencia ciudadana lo facilitó el deterioro del sistema político vigente.


El punto sin retorno se produjo en 2017 cuando comenzó el proceso contra el expresidente Saca (del partido Arena) por actos de corrupción y culminó con su confesión en sede judicial en 2018. Aquí algo se rompió en el sistema político. Otro expresidente, también del partido Arena, Francisco Flores años atrás había sido acusado por apropiación ilícita de 10 millones de dólares provenientes de una donación taiwanesa, pero murió antes de ser judicializado su caso. Además, se inició el proceso de investigación, por parte de la Fiscalía General de la República, contra el expresidente Mauricio Funes (respaldado por el Fmln), quien en medio de la confusión logró pedir asilo en Nicaragua. Hay pues un marco general de descomposición y de esclarecimiento de turbios manejos de la cosa pública y esto rebalsó la paciencia ciudadana. Bukele, con experiencia y olfato en el negocio publicitario, lo captó a la perfección.


Cuando vio que el tribunal electoral no le entregaría a tiempo las credenciales de su partido, buscó cobijarse en el pequeño partido Cambio Democrático, del que pendía una sentencia constitucional que urgía su cancelación. Así, las autoridades electorales le cerraron el paso cancelándolo de inmediato. Entonces, en una voltereta pragmática, peligrosa pero audaz, se inscribió a pocas horas del cierre como candidato del partido Gran Alianza Nacional, una instancia muy cuestionada que hace una década se desgajó del partido Arena.


La campaña comenzó a finales de 2018 y ya Bukele estaba más adelante de los demás. Con pocos argumentos y promesas casi fantásticas (un nuevo aeropuerto, un tren que recorrería la costa Pacífica y un mega hospital) logró ganar más ventaja. Y remató con la propuesta de la creación de una comisión internacional contra la impunidad.


El 3 de febrero ganó en primera vuelta con un poco más de un millón trescientos mil votos. Seguido de Arena, con cerca de ochocientos mil votos. En tercer lugar (el verdadero perdedor de esta historia) el Fmln, con un poco más de trescientos cincuenta mil votos. La toma de posesión es en junio y debe pasar a negociar con varios factores de poder, porque aunque ganó de forma aplastante, otros tienen los hilos de la otra parte de la institucionalidad estatal.


Bukele y su movimiento político, ahora partido político, le hizo un auténtico touché a la política tradicional.


Jaime Barba. Región, Centro de Investigaciones.

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La colombiana Caterine Ibargüen gana el premio a la mejor atleta del año


La saltadora, medallista de oro en los olímpicos de Río, apunta ahora a Tokio 2020

 

La saltadora colombiana Caterine Ibargüen corroboró este martes el estatus de indestronable que disfruta desde hace años en su país al ser elegida como la mejor atleta de 2018 por la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), apenas la segunda ocasión en que Latinoamérica obtiene la distinción. En la gala celebrada en Mónaco la acompañó el fondista keniano Eliud Kipchoge, recordman de maratón.


Ibargüen, medalla de oro en salto triple en los olímpicos de Río 2016, coronó así un año impecable. La desparpajada atleta colombiana, de 34 años, ganó las competencias de longitud y salto triple en los últimos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla, y realizó la proeza de ganar estos dos títulos en la Liga de Diamante en dos ciudades diferentes en el espacio de 24 horas.


"Me gustaría agradecer a todos mis fanáticos y a toda Colombia por este premio. El apoyo que recibo de la gente de mi país es enorme", declaró Ibargüen, una figura tremendamente popular, al tiempo que admitió que las piernas le temblaban al recibir un premio que "tiene un sabor muy dulce".


Era la quinta vez que la antioqueña aspiraba oficialmente al galardón: lo hizo en 2013, 2014, 2015 y 2016, y regresaba ahora a la puja -ya entre las cinco finalistas- después de su ausencia en 2017, cuando en su camino se cruzó la venezolana Yulimar Rojas para alzarse con el título mundial en Londres.


La atleta colombiana ha crecido de la mano de técnicos cubanos. Regla Sandrino la condujo en Medellín al salto en todas sus versiones: longitud, altura y triple, y cuando se graduaba de enfermera en la Universidad Metropolitana de Puerto Rico fue rescatada para el atletismo por Ubaldo Duany, que la ha convertido en la mejor saltadora de triple del planeta.


Un salto de 15,17 metros le dio el oro olímpico en Río, cuatro años después de haber ganado la plata en las justas de Londres. Desde aquella final londinense, Caterine encadenó 33 victorias consecutivas en alta competición. Ganó la liga de Diamante de la especialidad de triple en 2013, 2014 y 2015, los títulos mundiales de Moscú 2013 y Pekín 2015, y alcanzó su actual récord personal (15,31) el 8 de julio de 2014 precisamente en Mónaco. Solo perdió en Birmingham, el 5 de junio de 2016, otra vez ante la kazaja Olga Rypakova, la misma que le había privado del oro en Londres 2012.


"Creo que terminaré mi carrera deportiva después de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero esto me llena de una esperanza grande para seguir dando resultados para Colombia y seguir con disciplina en este deporte, que es lo que me mantiene a pesar de los dolores", confesó Ibargüen. Cuando le preguntaron si competirá en el salto de longitud y el triple salto en el Mundial que se celebrará el próximo año en Doha, mantuvo el suspenso: "Es top secret", contestó.


Es la primera vez que Ibargüen se corona como mejor atleta del año por la IAAF, y sucede en el palmarés a la atleta belga Nafissatou Thiam. La antioqueña se convierte en la segunda latinoamericana que recibe el premio, 29 años después del éxito de la cubana Ana Fidelia Quirot.

Bogotá 4 DIC 2018 - 17:58 COT

 

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“La inmensa mayoría de la gente que está en Morena no perteneció a ningún partido.”

¿Cómo nació? ¿Quiénes son? ¿Cómo articularon un proyecto genuinamente de izquierda sin que nadie se diera cuenta? ¿Hacia dónde van ahora que llegaron al poder y cuál fue la clave de la victoria? Primeras respuestas a horas del triunfo de AMLO.

 Amanece en un nuevo país que aún no se da cuenta del todo del proceso de transformación que acaba de poner en marcha. México se mira con asombro y entusiasmo. Morena, el partido movimiento del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dibujó un México de metamorfosis. Obrador subió a una cúspide impensable: ganó 31 de los 32 Estados del país y sólo perdió Guanajuato. Las cifras de la elección del domingo caen hora tras hora en una danza que legítima la honda mutación que se avecina. Con 24 millones de votos, Andrés Manuel López Obrador es ya el presidente más votado de la historia de México. Morena (Movimiento de regeneración nacional, espina dorsal de la coalición Juntos Haremos Historia) prácticamente borró al PRI del mapa electoral: hasta consiguió quedarse con estados que eran la misma identidad del PRI como Coahuila, Campeche, Estado de México e Hidalgo. El giro ha sido masivo, pero esta vez, a diferencia de la transición del 2000 cuando ganaron los conservadores del PAN con Vicente Fox, la trayectoria fue hacia la izquierda. México expulsó al PRI con una opción progresista que rompió todas las marcas: Vicente Fox desalojó al PRI con casi 16 millones de votos, en 2012, Enrique Peña Nieto se impuso al PAN con 19 millones de votos y López Obrador sepultó a ambos con cerca de 25 millones. Lo único común entre los tres son las esperanzas que, en cada momento de la historia, llegaron a representar. El presidente electo es la esperanza de la transformación radical que él prometió. Su victoria es, ante todo, el triunfo de una idea que nació en 2010 cuando empezaron a gestarse las bases de la que sin lugar a dudas es la mayor innovación política de la América Latina contemporánea: Morena, el movimiento de Regeneración Nacional. ¿Cómo nació? ¿Quiénes son? ¿Cómo articularon un proyecto genuinamente de izquierda sin que nadie se diera cuenta? ¿Hacia dónde van ahora que llegaron al poder y cuál fue la clave de la victoria? A estas preguntas responde Luciano Concheiro, uno de los intelectuales orgánicos del proyecto de Morena y expresidente de la Comisión nacional de elecciones de Morena. Licenciado en Economía (UNAM), especialista en economía política y economía agrícola (Instituto Gramsci, Italia), maestro en ciencias sociales (Flacso) y doctor en desarrollo rural (UAM-Xochimilco), Luciano Concheiro es profesor-investigador en el Departamento de Producción Económica y docente del posgrado en Desarrollo Rural en la Universidad Autónoma Metropolitana. 

 

–Para buena parte de la izquierda latinoamericana Morena es un misterio. Y, sin embargo, llegó al poder.


–Morena es un partido en movimiento. En su primer Congreso tuvimos un gran debate. Primero queríamos conservarnos como movimiento y surgió la idea de que había que ser un partido político para construir una suerte de prefiguración estatal. El gran debate consistió en saber si para cambiar México nos alcanzaba una simple prefiguración estatal, o si debíamos proponernos una prefiguración de sociedad, si al ser un movimiento tu te conviertes en el proceso de configuración de la sociedad posible. Luego alguien planteó y “por qué no un partido en movimiento”. ¿Qué quiere decir esto? Esto significó que se convirtiera en un partido en el hacer y no en el deber ser. Ocultas para mucha gente, ahí había una de las grandes revoluciones de lo que es Morena. Con ello hubo una perspectiva en la cual la inmensa mayoría de la gente que está en Morena no perteneció a ningún partido. Fue la primera vez que hizo política y se inscribió en una organización socio política. Entonces se construyó y se aprobó una propuesta. No nos proponemos construir una prefiguración estatal porque hoy el problema no es nada más el Estado. Morena es al final un partido en movimiento donde no hay casi estructuras, donde la gente se convoca para hacer cosas.


–¿Cómo se articuló esa ida con la victoria presidencial de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuál es la clave?


– Creo que Morena se fue haciendo en la marcha. Un poco como con los zapatistas, no hay un proyecto sino que se fue construyendo mucho alrededor de las prácticas sociales, de alternativas o utopías posibles. Eso puede sonar muy romántico, pero lo que Morena acabó construyendo fue la estructura de donde vive la gente y donde la gente hace su vida. El gran conector con todo esto fue Andrés Manuel López Obrador. Es un líder carismático y un hombre muy ligado a la gente, que le toma mucho el pulso al momento. El captó el conjunto de las relaciones en el país, participó en los grandes debates sobre la construcción del proyecto alternativo del país alrededor de ciertos puntos que tenían que ver con practicas sociales. Un ejemplo: cuando le presentamos a AMLO el mapa de los movimientos socio ambientales en México, buena parte de la agenda fue adoptada. Por eso lo socio ambiental atraviesa el conjunto de Morena. No es un tema más sino un elemento transversal.


–Aún mucha gente, en Europa y América latina, cuestiona la legitimidad de López Obrador como un hombre de izquierda.


–Los que venimos de la vieja izquierda, de la izquierda revolucionaria y nos planteamos la transformación radical del país, hemos encontrado en Morena un lugar donde hay continuidad sobre el elemento de la revolución. La palabra revolución no está prohibida en Morena. Por eso Andrés Manuel López Obrador volvió a plantear que esta es la cuarta transformación. Dijo “nos proponemos abrir la transformación radical del país”. Y recalcó que esto era una revolución, una revolución de las conciencias. Entonces ¿ que es ser de izquierda hoy ?. Esa es la gran pregunta. Hay grupos para quienes el tema de la izquierda pasa por la diversidad sexual, el matrimonio igualitario, por las cuestiones ambientales. Pero yo me pregunto ¿dónde está el planteamiento de la izquierda que diga hay que transformar el conjunto ?. No lo encuentras.


–Hasta ahora se creyó que en México sólo había narcos y corruptos…pero hay una izquierda y una poderosa sociedad que la llevó al poder.


–Esa figura de la invisibilidad de la izquierda de México convino a los intereses de los de arriba. Hablaron de derrota y convirtieron a la izquierda mexicana en algo ligerito, que estaba integrada al sistema y que apoyaba al neo liberalismo. Se olvidaban de algo clave en este país: México es un país de oleadas transformadoras, tiene una memoria impresionante en la transformación social que además incluye un sentido republicano muy profundo. En este país hasta los marxistas son guadalupanos porque sino no somos buenos marxistas porque la Virgen de Guadalupe es la virgen de la Revolución. Se difundió la idea según la cual México era un país insalvable. Para América Latina estábamos ligados a Estados Unidos. Pero aquí hay una trayectoria y yo no creo que haya sido generación espontánea y que gracias a Morena tenemos lo que tenemos. Hoy en México hubo un giro muy importante.


–A partir de ahora la utopía inicial de Morena se convierte en una realidad del poder. ¿Cómo se derrota la violencia, la corrupción y la desigualdad que imperan en México?


–Tiene que ser reconstruyendo la sociedad sobre otras bases, tenemos que atacar las causas. Las causas tienen que ver con los elementos estructurales que Andrés Manuel López Obrador resume en una fórmula que dice “queremos becarios no sicarios”. Esa fórmula que parece simplona terminó prendiendo en la gente porque la gente vio una alternativa en una condición donde no están colocando a una parte de la sociedad afuera, sino tratando de entender que los problemas que tiene esa sociedad tiene que solucionarlos desde su reconstrucción básica. Ahí entra un punto clave: no fue únicamente un cambio de Morena sino que se trató del encuentro de una sociedad que después de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa dijo basta, no más la política del miedo, la necro política que nos va a acabar por terminar. Esa sociedad se atrevió a salir a la calle, a defender a 43 jóvenes estudiantes, campesinos que eran socialistas. ¡Cuidado, qué palabra !. En esa representación estaban los enemigos del Estado neo liberal y, sin embargo, la sociedad dijo basta y cortó. Se dio entonces la conexión de una organización socio política que va en la búsqueda de una conexión con las capacidades de transformación con uno de los movimientos que trastocaron nuestras vidas. Hasta ese entonces se había normalizado la violencia, todo el mundo sabía por donde no pasar para no ser un daño colateral. Se decía “mientras la guerra no sea contra mi que sea contra ellos”. El problema se ve mayúsculo cuando tu ves las cifras que oscilan entre 180 mil y 240 muertos. Esta es una guerra no declarada, punto.


–¿Pero cómo se sale de esa lógica?


–Andrés Manuel ha dicho: tenemos que ir en contra de la impunidad que está ligada a la corrupción. La impunidad arma el sistema político en general. El punto esencial consiste en reconstruir un tejido social institucional donde la gente se pueda sentir segura.


–México retomó su tradición revolucionaria. Esa utopía ya de lo real puede reconectarnos, reconectar a las izquierdas de América Latina y reformular un proyecto de transformación común a partir de México.


–La Revolución Mexicana tuvo una influencia mayor en el conjunto de América Latina. Es el equivalente de lo que la Revolución francesa fue para el conjunto de Europa. El grupo de intelectuales que trabajamos con Andrés Manuel López Obrador dijimos: sólo si nos latinoamericanizarnos y entramos en la lógica de nuestra América como diría Martí tenemos un sentido para la transformación en México. Que Donald Trump le haya dedicado media hora a López Obrador, y a plantear entonces la idea de hacer un proyecto de desarrollo para atacar la causa de la migración, que incluya también a América Central, ya dice mucho. Este sentimiento latinoamericanista va a ser un elemento fundamental. Sin América Latina, nosotros frente al imperio no somos nada. Sin Brasil, sin la Argentina, sin los demás, no podemos enfrentar una política violenta de Estados Unidos sobre nosotros. Nos va a unir un sueño. Por eso uso la idea de nuestra América de José Martí: era un sueño y esos sueños tuvieron sentido con la Revolución mexicana, con los sueños del progreso. El proyecto de Morena es latinoamericanista. La pregunta es si tiene que ser económico o si tiene que ser algo que con México se construya de otra manera, que tiene que arrancar por lo cultural. Creo que hoy hay esa gran oportunidad de arrancar con una idea que nos prenda al conjunto, que nos devuelva al sentido de pensarnos como un universal posible desde América Latina. Creo que eso parte de la necesidad de vernos como un sujeto real actuante. Debemos recuperar el sentido indígena y anti colonial del 91, pero tiene que representarnos al conjunto. Tenemos esa gran oportunidad. Hay mucho para hermanarnos a través del camino cultural.


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Foto: Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito

Eran casi las 10 de la mañana (hora local) cuando después de 22 horas de sesión en el Congreso, rodeado desde el miércoles por una multitud de mujeres –y también de hombres–, especialmente jóvenes, se escuchó un grito de miles de voces que se extendió por varias calles: los diputados dieron media sanción a la ley para legalizar el aborto seguro y gratuito después de una lucha feminista de más de 30 años, que en los últimos tiempos inundó de pañuelos y banderas verdes las avenidas de esta capital y del interior de Argentina.

Todo esto sucede en el contexto de una crisis que va en aumento, que este jueves llevó al despido, o renuncia, del presidente del Banco Central, el derechista Federico Sturzenegger, remplazado por Luis Caputo, hombre que manejaba las cuentas offshore suyas y de millonarios empresarios de Argentina en el exterior; el dólar se disparó a 28.40 pesos y se conocieron las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI ) que son consideradas un golpe contra el pueblo argentino. La noche de este jueves hay reuniones urgentes en la residencia presidencial, en un ambiente tenso.

En tanto la manifestación multitudinaria pro ley de despenalización del aborto se mantuvo desde el miércoles alrededor del Congreso, mientras en cantidad mucho menor, separadas por unos 50 metros, estaba la marcha antiaborto, con banderas celestes y blancas. Era evidente que las "verdes" ya habían ganado la lucha en las calles.

La votación terminó con 129 votos en favor, 125 en contra, y una abstención, pero llegar a esto tardó años. El bloque oficialista, que en su mayoría estaba en contra, quedó dividido en este caso, y la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo tuvo apoyo de otros sectores que se identifican con la derecha a nivel nacional.

Ahora la ley debe pasar al Senado, una cámara más conservadora e influenciable por los gobernadores, incluso los opositores, a quienes suele presionar el gobierno de Mauricio Macri amenazándolos con retener los fondos provinciales, aunque en los últimos días la "obediencia debida" se está resquebrajando. Las organizaciones feministas contaron también con el apoyo de estudiantes de niveles básico y superior, que tomaron escuelas y universidades y ya se preparan para este nuevo paso, aunque hay votos cantados a favor de la ley.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la posibilidad legal de abortar hasta la semana 14 de gestación, de manera gratuita, en los hospitales públicos.

A esta alegría, una de las pocas que se viven en estos momentos, se unió un paro de los camioneros de tres centrales sindicales, la Confederación de Trabajadores de la Educación y gremios que están en la Confederación General del Trabajo (CGT), que decidió una huelga nacional y general para el 25 de junio.

La manifestación de los huelguistas este día fue también multitudinaria, acompañada por movimientos sociales y discursos cada vez más duros y unitarios, en momentos en que nuevamente se disparó el dólar, lo que significa otro nuevo incremento de precios, cuando ya la inflación también se disparó por sobre todas las previsiones.

Asimismo, al conocerse las condiciones impuestas por el FMI para acordar el préstamo stand by que el Ejecutivo negoció por 50 mil millones de dólares, en el que el gobierno de Mauricio Macri reconoce oficialmente que debe continuar reduciendo los subsidios a la energía y el transporte, eliminando puestos de trabajo en el sector público, el congelamiento de nuevas contrataciones y el achicamiento de 15 por ciento de los gastos en compras de bienes y servicios del Estado y autoriza a terminar con el Fondo de Garantía Solidaria destinado a los jubilados, lo que dejará a este sector sin ninguna protección.

Ayer por la tarde sectores opositores anunciaron que pedirán a la justicia que no deje salir a Sturzenegger del país y diputados del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) firmaron un proyecto de la legisladora y economista Fernanda Vallejos que rechaza el acuerdo unilateral que el gobierno firmó con el FMI y advierte que esto debe pasar por el Congreso, por las consecuencias negativas que tendrá para la población que, como se vio en las manifestaciones de este día, está dispuesta a resistir.

El proyecto rechaza el acuerdo y especialmente las condiciones impuestas sobre la "política económica" y las previstas sobre "políticas sociales, laborales, autonomías provinciales y decisiones de futuros gobiernos, y además viola los principios esenciales de la Constitución referidos a la división republicana de poderes del Estado, el federalismo, derechos del trabajo, seguridad social, y la potestad exclusiva del Congreso para el tratamiento de las cuestiones de deuda soberana".

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La ola europea contra la privatización del agua

La remunicipalización ha permitido a cientos de ciudades recuperar el control de su abastecimiento en detrimento de grandes empresas.


El caso de Berlín, cuya remunicipalización data de 2014, es uno de los ejemplos más claros de cómo triunfa un movimiento social frente a grandes poderes económicos y políticos

 

Desde 2010, la ONU reconoce el acceso al agua como un derecho humano. En territorio de la Unión Europea, donde al agua no se le ha concedido este estatus, en su día se puso de moda dejar la gestión de los recursos hídricos en manos de grandes empresas. Cosas de la doctrina neoliberal, que considera la gestión privada de recursos de interés general como la mejor de las opciones posibles.


Sin embargo, nada parece estar más lejos de la realidad, al menos en lo que al agua se refiere. En este ámbito, en los últimos quince años la tendencia se ha invertido. Las empresas pierden terreno en beneficio de los actores públicos. Ya son numerosos los ejemplos de ciudades que han recuperado el control de sus aguas.


Se estima que, entre marzo de 2010 y marzo 2015, se han producido unas 235 remunicipalizaciones del agua en el mundo. “La tendencia de remunicipalización del agua es algo muy serio, más serio incluso de lo que puedan indicar las cifras”, dice a eldiario.es Emanuele Lobina, profesor de la Universidad Greenwich de Londres y uno de los responsables de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de dicha institución académica.


“La remunicipalización es algo nuevo, pero lo cierto es que la tendencia de la privatización sigue ahí porque cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, de los Gobiernos nacionales, del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en definitiva, de los grandes poderes”, abunda Lobina.


Buena parte de las más de 200 remunicipalizaciones que han tenido lugar en el último lustro se han registrado en Francia. Hasta 94 ha contado allí Lobina. “Es normal, los franceses inventaron la privatización del agua”, apunta este investigador. En España, entre 2010 y 2015, tuvieron lugar una treintena de remunicipalizaciones – como las de Manacor, Ermua, Arenys de Munt, Medina Sidonia o la veintena de localidades andaluzas cuyas aguas están ahora en manos del consorcio Aguas del Huesna. Posteriormente vendría la de Valladolid, cuyo consistorio, en manos del socialista Óscar Puente, es el primer gran ayuntamiento de España en decidir remunicipalizar el agua.


Turín (norte italiano) probablemente sea el último y más visible ejemplo de esta tendencia en Europa. El pasado otoño, el Consejo Municipal de esa ciudad italiana, dirigido por Chiara Appendino, integrante del Movimiento 5 Estrellas, aprobaba una resolución por mayoría absoluta para remunicipalizar el sistema de aguas de la ciudad, privatizado en 1997. Tras veinte años en manos privadas, Turín daba así un primer paso decisivo en recuperar la gestión de su agua.


En otras grandes ciudades europeas, como París o Berlín, la batalla por devolver al control público un recurso tan importante como el agua hace tiempo que trajo sus frutos. La capital francesa, tras un cuarto de siglo de gestión privada, recuperaba en 2010 su “soberanía hídrica”. El ayuntamiento de la metrópolis gala decidió no renovar los contratos que tenía con las empresas Veolia y Suez, una situación similar a la de Valladolid en España. Más reciente que el caso parisino es el de Berlín, donde la privatización duró quince años, hasta 2014. De esa experiencia habla a eldiario.es Sigurn Franzen, de la plataforma Berliner Wasser Tisch, o “Mesa del Agua de Berlín”.


Ella y un puñado de militantes salidos de la Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC) en Alemania están detrás de esa reconquista hídrica. “La privatización en Berlín se llevó a cabo en 1999 y había gente de ATTAC aquí que no estaba de acuerdo y que quería movilizarse”, cuenta Franzen, ahora jubilada tras una larga carrera trabajando como secretaria en altas instancias empresariales. Desde sus vivencias, esta veterana de las movilizaciones sociales aporta no pocos consejos para aquellos que quieran desafiar el erosionado status quo neoliberal.


Movilización social


Para lograr una remunicipalización, es preciso contar con un grupo de personas organizadas. No debe ser numeroso. “La mayoría de los casos de remunicipalización de agua son consecuencia de la movilización social, como en Berlín”, apunta Lobina. Franzen y sus compañeros de militancia por la remunicipalización del agua en Berlín se conocían gracias a la ATTAC de sus primeros días. “En las reuniones cada dos semanas que manteníamos en los días de mayor movilización había cuarenta o cincuenta personas”, recuerda Franzen.


Ella habla de las intensas jornadas de 2010 en las que la Mesa del Agua de Berlín llegó a recoger hasta más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum sobre la necesidad de hacer públicos los contratos secretos que las empresas Vivendi – la actual Veolia – y RWE firmaron con las autoridades de la ciudad-estado de Berlín para entrar en el capital de la Empresa de Aguas de Berlín (BWB, por sus siglas germanas). Gracias a la privatización, ambas pasaron a sumar un 49% del capital de BWB. Berlín, una ciudad pobre comparada con el resto de grandes urbes alemanas, se embolsó 3.300 millones de marcos alemanes (unos 1.600 millones de euros) por la venta de la gestión de sus aguas.


Las razones de la privatización vinieron inspiradas por la CDU”, recuerda Franzen, aludiendo al partido de la canciller Angela Merkel, la conservadora Unión Cristiano Demócrata (CDU). Se supone que era una salida para acabar con las deudas de la ciudad, que en la última década del siglo pasado alcanzaban los 35.000 millones de euros. También los había que confiaban en la privatización como un estímulo para el empleo.


Dejemos a las empresas hacer un trabajo más emprendedor, así los trabajadores gozarán de un trabajo más seguro, más innovador y mejor pagado, y también quienes buscan empleo en Berlín”, decía, por ejemplo, el democristiano Elmar Pieroth, responsable de asuntos económicos de la capital teutona entre 1996 y 1998. Ese periodo fue clave para que calara el mensaje favorable a la privatización. Ésta, en concreto, se forjó en los días en que el conservador Eberhard Diepgen era alcalde de Berlín.


Los partidos políticos no (siempre) son necesarios


En sus actividades, la Mesa del Agua de Berlín no contó con los favores de ningún partido político. Si acaso, Franzen reconoce algo de apoyo de las bases del ahora insignificante Partido Pirata, una formación que en 2011 llegó a sumar el casi 9% de los votos en las elecciones regionales de Berlín. Una legislatura después, apenas sumaron en los comicios de 2016 un 1,7% de los votos. Políticamente, el barco del Partido Pirata está hundido.


El día en que se aprobó la privatización, hubo algunos votos en contra del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), mientras que el partido que ahora es Die Linke se opuso”, rememora Franzen. Ella y el resto de compañeros de la Mesa del Agua de Berlín no recibieron el apoyo político de ningún partido, pese a que Die Linke inicialmente se opuso a la privatización. En 2001, el Partido del Socialismo Democrático (PDS) – precursor de la actual Die Linke – entró en Berlín en una coalición gubernamental con el SPD liderada por el socialdemócrata Klaus Wowereit.


En un primer momento hablamos con el grupo parlamentario de Die Linke (PDS, por aquel entonces), pero todos los partidos estaban implicados en la privatización, después se supo que Harald Wolf, uno de sus responsables, había contribuido el mantenimiento de unos contratos secretos, firmados para 30 años y en los que se garantizaban los beneficios a las compañías”, lamenta Franzen.


Pese a las promesas que acompañaron a la privatización, la Mesa del Agua de Berlín pudo constatar “un notable encarecimiento del servicio y una caída drástica de las inversiones”, asegura Franzen. El Gobierno de la ciudad-estado reconocía en 2010 que, entre las diez grandes ciudades alemanas, Berlín era la que tenía el agua más cara. Ésto lo tuvieron que asumir los ciudadanos de una ciudad “pobre, pero sexy”, según los términos de Wowereit.


En poco tiempo, la entrada de actores privados en BWB encareció el agua. Por ejemplo, “entre 2003 y 2006 el precio creció un 20%”, según Lobina, el responsable de la Unidad de Investigación de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich de Londres. Además, entre 1999 y 2010, el número de trabajadores en BWB se redujo sensiblemente, pasando de unas 6.280 personas poco más de 5.200.


Pruebas en mano, Franzen y sus compañeros de militancia decidieron salir a la calle para hacer llegar la idea de que, en manos privadas, el agua se había convertido en un problema. “Se privatizó, según se dijo, porque Berlín tenían muchas deudas. Pero Berlín ha seguido teniendo deudas, la privatización no ayudó a combatirlas [actualmente la deuda acumulada de la ciudad llega a los 59.000 millones de euros, ndlr.]. Pero, por el camino, Veolia y RWE han estado ganando dinero”, apunta Franzen. “Por eso salimos a la calle. Hicimos flayers, puestos informativos, movilizaciones. Hicimos que el tema se diera a conocer”, agrega. La Mesa del Agua de Berlín pronto se dio cuenta del importante apoyo popular con el que contaba su causa. De ahí que pudieran recoger las más de 280.000 firmas de personas a favor de una petición de referéndum.


Referéndum en Berlín


Esas firman eran más que suficiente para convertir la iniciativa ciudadana en una votación. En Berlín existen mecanismos para que este tipo de iniciativas se traduzcan en un referéndum. Para que éste se celebrara, también fue necesario superar las resistencias del Gobierno berlinés, que apelaba al secreto profesional y a la mismísima Ley Fundamental alemana en su lógica contra la remunicipalización.


La cita con las urnas terminó por tener lugar el domingo 13 de febrero de 2011. Ese día, el Gobierno berlinés, contrario a las intenciones de la Mesa del Agua de Berlín, recibió una “ducha fría”, según los términos del diario de la capital Der Tagesspiegel. El Ejecutivo berlinés estaba aparentemente satisfecho con los contratos de Veolia y RWE. “El 98,8% de la gente que participó en el referéndum votó a favor de nuestra propuesta”, rememora Franzen.


En la votación participaron algo más de 660.000 berlineses, un 27% de la población. Que prácticamente todos ellos quisieran que el Gobierno abandonara su política favorable a Veolia y REW puso bajo una enorme presión a autoridades y empresas.


La votación empujó a decidir a las empresas a vender sus participaciones en la BWB. Urnas mediante, los berlineses pasaron la página de la privatización. La remunicipalización acababa de empezar. Oficialmente el agua regresó a manos públicas en 2014, previo pago de 1.200 millones de euros.


Esa cantidad puede parecer astronómica. Pero también lo son las cantidades que se ahorraron los berlineses después de que el Bundeskartellamt, la institución germana que regula la competencia, obligara a la BWB privada a reducir los precios del agua entre 2012 y 2018. “La reducción se corresponde con unos 440 millones de euros, más de un tercio de lo que Berlín tuvo que pagar en la remunicipalización”, concluye Lobina.

 

Aldo Mas
02/02/2018 - 21:24h

Publicado enSociedad
Viernes, 20 Octubre 2017 07:21

Maduro gana, la MUD desatina

Maduro gana, la MUD desatina

El Partido Socialista Unido de Venezuela se hizo con una clara victoria al adjudicarse 18 de las 23 gobernaciones de estados, más allá de las denuncias de fraude. La oposición queda momentáneamente desarticulada, sin estrategia y con una dirección que no acierta en el reparto de culpas mientras lame sus heridas.


“El chavismo retomó el camino de la victoria”, resumió el presidente Nicolás Maduro tras la elección de gobernadores en los 23 estados de Venezuela el pasado domingo. Su Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ganó 18 gobernaciones –entre ellas las tres que ocupaba la oposición desde hacía cinco años– con 6.025.000 sufragios (54 por ciento) de los poco más de 11 millones de votos válidos, frente a 4.753.000 (45 por ciento) de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (Mud), que ganó cinco estados, en una jornada sin incidentes y con una participación de 61 por ciento del padrón, alta para unos comicios regionales.


La oposición era favorita según las encuestas, que daban cuenta de una intención de voto a su favor hasta de dos a uno en varias regiones y señalaban un nivel de aprobación de Maduro inferior a 25 por ciento entre la población y un rechazo de 80 por ciento o más a la gestión del gobierno.


Con los números de encuestas a boca de urna y las primeras actas de escrutinio la Mud se bañó de optimismo creyendo ganar entre 15 y 18 gobernaciones, pero al cierre de la jornada el arbitral Consejo Nacional Electoral (Cne) entregó los resultados que tiñeron de rojo, color emblemático del chavismo, la mayor parte del mapa venezolano.
Para Maduro y el Psuv el resultado “recupera la votación histórica” del chavismo, que en 20 consultas electorales de distinto tipo desde 1998 promedió un 55 por ciento de respaldo en las urnas y venía de encajar reveses: la Mud se impuso con 56 por ciento de votos en la elección parlamentaria de 2015, y el año pasado buscó revocar el mandato del presidente mediante un referendo abortado por tribunales locales.


Mientras el oficialismo celebra, la oposición, tanto en la Mud como en los grupos fuera de la alianza, no atina en el examen de la derrota ni en dibujar una estrategia para recomponer fuerzas. Se atribuye el revés electoral a la abstención que pidieron los radicales, y al ventajismo e irregularidades en el proceso electoral, comenzando porque esta elección debió hacerse hace un año, el Cne es pro-oficialista y a última hora tomó medidas como bloquear alianzas de voto entre opositores o mudar de centro electoral a cientos de miles de ciudadanos. La oposición tampoco descarta la sospecha de que en centros donde no pudo colocar testigos se produjesen otras irregularidades.
Pero no tiene cómo cantar fraude abiertamente, excepto en el estado de Bolívar, del sureste fronterizo con Brasil rico en minerales e industria pesada, donde el ex líder obrero Andrés Velásquez (Mud) sostiene, con copias de las actas en la mano, que le arrebataron el triunfo en favor del general retirado Justo Noguera, del Psuv.


En algunos otros estados la Mud denuncia irregularidades, y ha aceptado la derrota en varios emblemáticos, como Miranda o Lara, dirigidos durante años por opositores “presidenciables”.


La oposición ganó, en el occidente fronterizo con Colombia, el petrolero y muy poblado Zulia y dos estados andinos, en Anzoátegui y la caribeña isla de Margarita, pero sus gobernadores podrían no ejercer sus funciones si se niegan a jurar y obedecer a la Asamblea Constituyente, con 545 representantes sólo del oficialismo, electa el 30 de julio y boicoteada por los opositores, y la cual se erige como un parlamento no sólo paralelo sino superior, por encima de la Constitución. Entretanto, las legislaturas estatales (Psuv) traspasan al poder central atribuciones y recursos que estaban en manos de las regiones.


La nueva situación política debe traer una recomposición de la dirigencia opositora, quizás con impulso a quienes prefieren la agitación callejera antes que la búsqueda de votos; un alejamiento del diálogo explorado en República Dominicana con impulso del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero; y nuevas sanciones financieras.
El chavismo cobra nuevos bríos y en lo inmediato puede convocar a comicios municipales, también demorados durante meses, para blindarse de cara a la elección presidencial de 2018 y consolidar su poder hasta mediados de la siguiente década.


Hay un pesado obstáculo por remover: tres años de crisis con caída del producto bruto, del empleo, inflación, depreciación de la moneda, desabastecimiento, carestía, especulación y escasez de alimentos, medicinas, artículos de higiene y repuestos para artefactos y vehículos.


En esa cancha se juega su consistencia la revolución bolivariana, aunque por ahora Maduro le ha ganado a una oposición desatinada.

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