Comandantes Batallón Pedro Nel Ospina 2004-2008

El Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp) es el tercero con más muertos por ejecuciones extrajudiciales en Antioquia, según reveló el Tribunal de Paz. Estos fueron sus comandantes en entre 2004 y 2008.

 

El pasado 12 de febrero la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comunicó a través del Auto No. 033 de 2021 que en Colombia, entre 2002 y 2008, se presentaron al menos 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ por parte del Ejército Nacional. Esta cifra se enmarca en el caso 03 denominado como “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado” en el que el Tribunal de Paz priorizó las investigaciones de este crimen en seis departamentos de Colombia donde hay más evidencia hasta el momento.

Entre esos seis está Antioquia que, según las indagaciones de la JEP, es el departamento con más casos conocidos. Dentro de esta región opera la IV Brigada del Ejército que podría ser la responsable del 73 por ciento de las muertes identificadas entre el 2000 y el 2013, según la Sala. De esta brigada se desprenden ocho batallones que reportan un total de 1.216 muertos por ejecuciones extrajudiciales, pero de estos, tres reportan el 58,1 por ciento del total de muertos y son el Batallón de Artillería No. 4 Coronel Jorge Eduardo Sánchez (Bajes), con 306 muertes acreditadas; el Grupo de Caballería Mecanizado Juan del Corral (Cmjco), con 216 y el Batallón de Ingenieros de Combate No. 4 General Pedro Nel Ospina (Biosp), con 185 casos.

De acuerdo a la información de la Sala, el Biosp es la tercera unidad militar con más víctimas en Antioquia. Según el Auto, para 2003 había 4 casos reportados, cifra que llegó a 26 en 2004 y a 55 en 2005. Para 2008 el número bajó a 12. En este batallón pasaron tres comandantes de 2004 a 2008. Infobae recoge quienes fueron y cuales son los casos relacionados que tienen o tuvieron abiertos en la justicia ordinaria.

Jairo Bocanegra de la Torre

En 2004, llegó el comandante Jairo Bocanegra de la Torre, un militar que tenía, para ese momento, 20 años de experiencia en altos cargos como Jefe de Estado Mayor y Segundo Comandante del Comando Operativo No. 9 en el Bagre, Antioquia, además de haber pasado por liderar tropas en Arauca y de comandar la Escuela de Ingenieros, de donde se graduó como ingeniero civil.

Bocanegra comandó el Biosp hasta junio de 2005, pero no fue sino hasta 2007 cuando en una sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por un proceso que llevaba Justicia y Paz, se mencionó su nombre en presuntos casos de ejecuciones extrajudiciales. Aquí José Miguel Gil Sotelo, un exguerrillero de las Farc y Daniel Alejandro Serna, un exparamilitar, rindieron versión frente a la participación de la Fuerza Pública en los crímenes cometidos por el Frente Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En estas declaraciones confesaron que ellos uniformaban a las personas mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos y hacían el reporte, “uno de los que colaboraba con las autodefensas era el señor comandante, un coronel Bocanegra”, afirmaron.

Además de esto, los insurgentes dijeron ante el Tribunal que Bocanegra había estado involucrado en un crimen en la vereda el Cedro, de Amagá, donde asesinaron a dos menores de edad. “En la vereda El Cedro de Amagá hicieron una operación donde murieron dos niños, en esa operación los uniformaron para hacerlos pasar como miembros del grupo ilegal. Allí murió alias “El Zarco” y murió un venezolano. Eso fue como más o menos en el año 2003 o 2004, en total fueron cuatro muertos...”.

Para la Fiscalía, los denunciantes se referían a Jairo Bocanegra de la Torre, quien para 2007 ya era Coronel de la Reserva del Ejército Nacional y por estos testimonios el Tribunal ordenó la compulsa de copias al ente acusador para abordar el caso, sin embargo, la investigación no prosperó y Bocanegra no fue condenado por estos delitos.

Édgar Emilio Ávila Doria

Para este año y después de que Bocanegra dejara el Biosp y se fuera a comandar otro centro militar en Tolemaida, Cundinamarca, habría llegado, en diciembre, Édgar Emilio Ávila Doria a dirigir este batallón. De acuerdo con la JEP, el 2005 fue el año donde se dispararon los casos de falsos positivos en esta unidad militar llegando a 55, siendo el mayor número registrado en los ocho años que reporta el Alto Tribunal para este centro.

En 2006, 10 unidades tácticas de la IV Brigada del Ejército se propusieron una competencia de qué unidad presentaba la mayor cantidad de muertos, una tarea que como reportó el portal Las 2 Orillas, era complicada porque el batallón estaba ubicado en zona urbana de Bello, en la Comuna 13 de Medellín lo que los dejaba en desventaja con centros militares ubicados en el Caquetá, Norte de Santander (Catatumbo) o Bolívar, sin embargo, para Ávila Doria esto se habría convertido en todo un reto. Las directrices que se dice, enviaba el entonces comandante del Ejército, Mario Montoya, eran el arma con la que Édgar Emilio Ávila presionaba a sus subalternos. “Los comandantes se evalúan por sus resultados” o “las bajas no es lo más importante, es lo único”, servían como gasolina para traerle muertos al batallón. Esta tarea fue apoyada por el entonces segundo comandante José Zanguña Duarte. Ese año ganaron.

Pedro Nel Ospina entregó 86 presuntos guerrilleros muertos, 90 delincuentes capturados, 150 armas de fuego incautadas y 180 artefactos desactivados, lo que los convirtió en la unidad militar con mayor operatividad en 2006. Para ese año, la JEP reporta que hay al menos 35 muertos identificados como ejecuciones extrajudiciales adscritos al Biosp, cifra que para el año siguiente se mantuvo exactamente igual.

Los casos

El 19 de octubre de 2006 en la vereda la Primavera, del municipio de Santo Domingo, al noroeste de Antioquia, tropas del Ejército Nacional reportaron la muerte de tres presuntos extorsionistas. Sus nombres eran Mauricio Quintero Rubio, Reinaldo Osorio Jiménez y Alex Correa Pérez. Según la versión de los implicados, los hombres se enfrentaron a los militares con armamentos de corto alcance, lo que la Fiscalía contradijo y declaró como falso.

Según el ente acusador estas tres personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales al ser llevados con engaños hasta este lugar por un hombre que les prometió oportunidades laborales. Por este caso, un juez emitió una orden de captura contra Ávila Doria en marzo de 2015 imputado por los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro simple y falsedad ideológica en documento público en calidad de coautoría.

Para febrero de 2016, poco más de un año después, un fiscal especializado de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y DIH acusó a este coronel y a su segundo comandante, José Zanguña Duarte por el triple homicidio. 10 soldados más fueron señalados por estos hechos.

Pero en diciembre de 2015, Ávila Doria fue acusado, por otro caso, junto a otros altos mandos, como presuntos responsables por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir. De acuerdo con la investigación, el 18 de abril de 2006 en la vereda La Raya del municipio de Concepción, Antioquia, se simuló un combate en el que Víctor Manuel Correa Palacio y José Miguel Madrid Urrego fueron asesinados y presentados como bajas en combate.

Según el informe oficial, para esa fecha la Fiscalía ya adelantaba otras investigaciones contra el coronel Ávila, citado literalmente, “por la ejecución extrajudicial de varias personas en diferentes lugares del departamento de Antioquia”.

Diego Luis Villegas

En marzo de 2008 llegó a comandar el Biosp Diego Luis Villegas, actual general del Ejército y quien tiene casos abiertos en la justicia por ejecuciones extrajudiciales, entre ellas se reportan al menos 6, de las cuales cinco tienen nombre propio, como lo dio a conocer El Espectador en 2018: Didier Durant Badillo, Andrés Hernández Roldán, un hombre sin identificar en Barbosa, Antioquia; Adrián Álvarez González, en el barrio San Cristóbal, de Medellín; Albeiro Tobón Marulanda, campesino que falleció “mientras iba con su hija menor de edad a laborar en el campo” especificó la Fiscalía.

Pero el que ha tenido contra las cuerdas al alto mando militar es el caso de Ómer Alcides Villada el 25 de marzo de 2008. Ese día cinco miembros pertenecientes a su unidad militar dieron de baja a un hombre “en combate” en la vereda Palmitas, en el municipio de Montebello, Antioquia. Sin embargo, después de los hechos se conoció que Villada era un agricultor que vivía con su abuela ya que este era una “persona de deficiencias mentales”, como lo recoge la Fiscalía. Para estos soldados, la víctima pertenecía al frente 34 de las Farc.

La presunta responsabilidad de Villegas se basa en que él firmó, como comandante del Batallón Pedro Nel Ospina, el oficio 01325 con el que se solicitaba el pago de $1′500.000 pesos a un informante que le ayudó al Ejército a identificar guerrilleros o bandas criminales en Palmitas y Sierra Morena. Pero el supuesto informante, ante la Fiscalía, negó su relación con el Ejército diciendo que ni siquiera había vivido en la zona donde habría desempeñado sus actividades, además se declaró como desplazado. La respuesta del Ejército frente a las dudas que generó el ente acusador sobre cómo habían acusado a Villada de ser guerrillero fueron dudosas.

Explicaron en un documento emitido el 12 de agosto de 2014 que Omer Alcides no estaba en los archivos de inteligencia, pero que “era de aclarar que las personas integrantes de grupos armados ilegales cambian constantemente sus alias a fin de evitar ser identificados, además, la Policía en un documento enviado el 05 de agosto de 2014 a la Fiscalía dijo que el hombre no tenía antecedentes. Por esto, el ente acusador emitió una orden de captura a Villegas Muñoz en 2018, pero se suspendió por un tiempo ya que en febrero de ese año el excomandante había firmado su sometimiento a la Jurisdicción Especial de Paz. Finalmente la Corte se declaró inhibida al revisar el caso cuando se habló de un posible conflicto de competencias. Hasta ahora, no ha habido avance en este proceso.

Los delitos por los que se le señalan es homicidio en persona protegida, fabricación, tráfico o porte de arma de fuego y peculado por apropiación, esto ante el Juzgado Octavo Penal de control de garantías en Bogotá.

Por otro lado, en 2019, ante el asesinato del excombatiente Dimar Torres en manos de un soldado del Ejército, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano a la que pertenecía el responsable, era justamente Diego Luis Villegas. Por eso el 28 de abril de 2019, este pidió perdón por el hecho en el Catatumbo, acto que rechazó el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, diciendo que ese pronunciamiento no hablaba por las fuerzas militares. Ese día volvieron a recordarle que diez años después de los hechos ocurridos en Antioquia, la justicia no lo había podido judicializar. Para 2020 Villegas conformó el Comando Transformación Ejército del Futuro (Cotef) que se encarga de reestructurar a las fuerzas militares. Al visitar la página web del Ejército, la información de este Comando aparece en reparación.

Para 2008, la Sala de Reconocimiento de la JEP reportó al menos 12 casos de muertos por ejecuciones extrajudiciales en este batallón para un total de 185 en ocho años.

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No nos mueve el deseo, nos mueve la conciencia feminista

Una joven pide ayuda ante la mirada lenta y cansina de la gente en la calle. Huye de su asesino y perseguidor. Es el final de una cadena de torturas. El la acuchilla en el pecho a la vista de todos.  ¿Qué tiene que ocurrir, qué más hace falta, para que estas escenas insoportables no sean la cotidiana vida real ante la tolerancia anestesiada que se lamenta o ni siquiera, y se dedica a esperar a la siguiente?

¿Cuáles serían los números si nos contáramos todas cada una, cuántas alcanzaríamos a ser? 

Ser mujer: llegar a serlo, escribió Simone.

No dejar de serlo, también. No ser más cuerpo destinado a mutilaciones,  ventas, intercambios, invisibilidades. No más las matadas de la Historia. Llegaremos a serlo cuando acabe esta brutalidad a cielo abierto que parece que se tolera tan fácilmente. Luchamos por ser repatriadas a la categoría de ciudadanas con igualdad de derechos. Aún no lo somos.

La que se entrega. La que resiste. La que huye. La que pide ayuda. La que no. La que lucha, la que se cansa de hacerlo, la que se culpa por hacerlo, la que tolera el castigo. Queremos el nombre propio para la vida propia. No para la lista interminable de matadas. Nos libramos ya hace tiempo de la categoría de “crimen pasional”, sin embargo, la Justicia sigue funcionando como si perviviera. Feminicidio es el nombre.

Hablamos de feminicidio para especificar en el mismo término las lógicas de opresión y de distribución del poder. Femicidio, equiparado casi a homicidio, no tiene esa especificidad. Decir feminicidio implica situar esos crímenes como delitos de lesa humanidad y visibilizar la responsabilidad del Estado como habilitador o propiciador de impunidad. Marcela Lagarde explica que feminicidio hace referencia a crímenes, desapariciones, violencias contra las mujeres, en las cuales el Estado permite, por acción u omisión. Son crímenes motivados por el odio y el desprecio hacia las mujeres por el hecho de serlo.

El slogan "Paren de matarnos" es parte del problema.

Paren de permitirlo en todo caso,  de alentarlo, tolerarlo, avalarlo. Paren aquellos que tienen algo, un poco o mucho de responsabilidad.

El poder es cómplice y parte.  

Conciencia feminista. Conciencia de una cierta forma de administrar el poder, de maneras visibles e invisibles, conciencia del sistema de opresión que nos opera desde afuera y desde adentro (eso es el patriarcado).

Transformación revolucionaria de la cultura, las teorías y las prácticas. De los vínculos,  del amor, la sexualidad y la crianza. Pero es tanto lo que falta. Falta dejar de ser las matadas. No son las muertas. Son las matadas que en cada uno de sus nombres propios encarnan el hecho de que ser mujer es una búsqueda y conquista interminable de lo propio, siempre bajo amenaza. Falta dejar de vivir bajo velorio permanente, como dice Marianella Manconi.

Las mujeres nunca pudimos hacer, desear ni pensar cualquier cosa. Nuestra potencia ha sido y sigue siendo lucha y conquista. Y estamos revisando todo: el cuento del príncipe azul y el mito del amor romántico, la madre perfecta y abnegada, la idea de naturaleza femenina, la representación que fija lo femenino a ser madre, y a establecerse en la renuncia a la vida propia, todas las versiones que hacen del cuerpo de las mujeres espacio capturado de trabajo para la felicidad de otros. Cuerpo condenado a ser objeto de posesión exclusivo para el deseo del hombre, tantas veces para un deseo de muerte.

El feminismo es una teoría política y una lógica de activación. Los feminismos desarticulan lógicas de sumisión, las desmontan, luchan contra ellas.

Nos matan como piezas de descarte, y matarnos es una forma también de disciplinarnos con culpa y violencia. Verificamos una y otra vez la amenaza, el peligro. La indefensión y la sumisión también se construyen y se aprenden.

La conciencia feminista no es perspectiva de género. No es “una” perspectiva. Es advertir la filigrana de desigualdades de las que está hecha el mundo. En todos los planos que nos opera, que nos moldea. Es advertir que el patriarcado es un modo de subjetivar en una lógica de opresión a mujeres y disidencias. Desarmarlo implica un trabajo singular y colectivo de revisión y transformación de esas lógicas machistas incrustadas en nuestra subjetividad.

Nos enfrentamos una vez más a una versión del Negacionismo. Me refiero al dudar de nuestras percepciones y pactar con la desmentida. Justificar y sostener al opresor. Transformar a las víctimas en sujetos exagerados, disminuir o alterar la verdad de lo ocurrido y de lo que está ocurriendo ¿lo haríamos con las víctimas del Holocausto? O del terrorismo de Estado? ¿Nos atreveríamos a suponerles la culpa de lo padecido? ¿Tenemos que probar inocencia? Ser mujer es vivir desde el principio hasta el final en un campo de pruebas.

Tenemos que estar muy atentos a esta tendencia nada nueva pero muy actual a psicopatologizar o llamar a “contener” a los feminicidas, que también es un modo de re-violentar. La violencia contra las mujeres no es una enfermedad, no es una “pandemia”. Es un genocidio a lo largo de la Historia, un genocidio invisibilizado como tal.

Hace falta reformular no únicamente el sistema judicial.  Todos aquellos sistemas en que ser mujer es tener como agenda ese estado básico de alerta que incorporamos desde pequeñas bajo la forma de representaciones de crimen y de castigo ("merecido"). Nosotras siempre estamos en tela de juicio y tantas veces bajo condena.

Tenemos nuevos nombres y palabras que visibilizan dispositivos inconscientes o naturalizados de reparto y distribución del poder. La lucha por la legalización del aborto fue también la disputa por las palabras: la palabra vida por ejemplo. El feminismo es el trabajo de armado de un nuevo sujeto político y produce revoluciones del lenguaje, a veces frente al riesgo de caer en banalizaciones o slogans que se vacían de contenido, o distraen.

No nos mueve el deseo (en todo caso eso nos mueve a todos, también a los asesinos dice Cristina Lobaiza). Nos mueve la conciencia feminista.

(Gracias a Cristina Lobaiza y Marianella Manconi. De Cristina Lobaiza tomé el término “matadas” y tantas otras cosas, que han nutrido y construido mi propia conciencia feminista).

Por Lila María Feldman es psicoanalista y escritora.

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La Corte Penal Internacional investiga crímenes de guerra en los territorios palestinos

Pone bajo la lupa delitos cometidos desde junio de 2014 

Mientras el premier israelí Benjamin Netanyahu lanzó fuertes críticas hacia la decisión del tribunal con sede en La Haya, la Autoridad Nacional Palestina saludó la "medida largamente esperada".

La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya anunció hoy que abrió una investigación por supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel o por grupos armados palestinos en los territorios bajo ocupación israelí.

La fiscal de la CPI, Fatou Bensouda informó en un comunicado que la investigación iniciada por su oficina abarcará los crímenes dentro de la jurisdicción de la Corte y presuntamente cometidos desde el 13 de junio de 2014. “La decisión de abrir una investigación se produjo tras un minucioso examen preliminar realizado por mi oficina que duró cerca de cinco años”, explicó en el texto. En 2019 Bensouda afirmó que había fundamentos razonables para abrir una investigación por los presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos de la Franja de Gaza y en la colonización israelí de Cisjordania.

A inicios del pasado febrero un fallo de la CPI dictaminó que el organismo cuenta con la autoridad para juzgar crímenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. La decisión suscitó fuertes críticas por parte del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu que en ese momento calificó al CPI de “tribunal político”.

"El tribunal creado para evitar que vuelvan a suceder atrocidades como las perpetradas por los nazis contra el pueblo judío ahora se pone en contra del Estado del pueblo judío", afirmó Netanyahu sobre la decisión de abrir una investigación. Sumándose a las críticas, el canciller israelí, Gabi Ashkenazi también calificó la decisión como “política” y aseguró que Israel tomará las medidas necesarias para proteger a sus civiles y soldados.

Por su parte, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) saludó la decisión de la fiscal Bensouda, que dejará su cargo en junio próximo. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores palestino también celebraron la investigación de la CPI. “Esta medida largamente esperada sirve a los vigorosos esfuerzos palestinos para lograr justicia y deslindar responsabilidades, bases indispensables para la paz", informó el ministerio en un comunicado. La ANP suscribió a la CPI en 2015 y desde entonces busca que se investigue las acciones de Israel en territorio palestino.

La ANP pidió específicamente que se investiguen las acciones israelíes durante un ataque militar ocurrido en Gaza en 2014 y que tenía como objetivo al movimiento islamista palestino Hamas. También pidió la investigación sobre la creciente colonización israelí de Cisjordania y Jerusalén. Bensouda afirmó que también investigarán a Hamas por lanzar cohetes de forma indiscriminada hacia territorio israelí durante la ofensiva de 2014.

Desde Hamas también saludaron la la decisión de la fiscal Bensouda. "Damos la bienvenida a la decisión de la CPI de investigar los crímenes de guerra de la ocupación israelí contra nuestro pueblo. Es un paso adelante en la senda hacia la paz", dijo el vocero de Hamas en Gaza, Hazem Qassem."Nuestras acciones (de resistencia) son legítimas", agregó.

La organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch (HRW) se mostró a favor de la decisión de la corte internacional. "Los países miembros de la CPI deben estar listos para proteger fuertemente el trabajo del tribunal de cualquier presión política", dijo en un comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta de justicia internacional de HRW.

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente con sede en La Haya, Países Bajos. El organismo comenzó a funcionar en 2002 y es el único tribunal internacional que juzga a responsables de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

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La matanza de 79 presos en Ecuador expone el fracaso de Lenin Moreno en materia de seguridad

El motín más sangriento de la historia se desencadenó en cuatro penales hacinados

 

Los sangrientos motines del martes en cuatro cárceles de Ecuador dejaron hasta el momento un saldo de 79 presos muertos y escenas de un espanto pocas veces visto. También pusieron de manifiesto la errática gestión del presidente Lenin Moreno en materia de seguridad. Si bien las autoridades salieron rápidamente a declarar que la masacre se debió a un enfrentamiento feroz entre bandas que se disputaban el control de los pabellones, el supuesto hecho desencadenante (el asesinato de un exconvicto) tuvo lugar en diciembre pasado. ¿Fue una tragedia anunciada?

"En 2019 Ecuador ya padeció una situación parecida a la actual, me refiero a la toma de justicia por mano propia por parte de las personas privadas de libertad. La única respuesta de Lenin Moreno fue la militarizacion y policialización de las cárceles. Eso sin duda no funcionó porque se repitieron las mismas catástrofes en 2020 y 2021", aseguró Jorge Vicente Paladines, profesor de la Universidad Central del Ecuador, en diálogo con Página/12.

Del total de víctimas fatales, 31 se registraron en la cárcel nº 4 de Guayas y 6 en la nº1, ambas ubicadas en Guayaquil. En tanto, 34 personas murieron en el penal Azuay de Cuenca y las 8 restantes en el Cotopaxi de la ciudad de Latacunga. Estos recintos concentran el 70 por ciento de la población intramuros. El país enfrenta una crisis carcelaria sin precedentes. Varias políticas desarrolladas durante el gobierno de Rafael Correa fueron desmanteladas por Moreno como parte de su "plan de austeridad" para congraciarse con el FMI.

La mayor masacre en la historia del país llegó en medio de una frenética carrera hacia la segunda vuelta presidencial. Mientras Lenin Moreno sugirió que el correísmo podía estar detrás de los desmanes, el candidato de UNES, Andrés Arauz, fulminó al presidente asegurando que el país "no aguanta más la ausencia de liderazgo y toma de decisiones". Por último, el banquero Guillermo Lasso manifestó su "total respaldo" al cuerpo policial.

Sistema desmantelado

Decenas de familiares de los 79 muertos se concentraron desde la mañana del miércoles frente a la cárcel nº 4 y la morgue de Guayaquil para pedir los restos de los reclusos que murieron en los enfrentamientos. Al igual que en la capital ecuatoriana, militares y policías seguían apostados en el resto de las cárceles para prevenir nuevos motines. 

El candidato con más votos en la primera vuelta presidencial, Andrés Arauz, responsabilizó a Lenin Moreno por los "lamentables episodios de amotinamientos, violencia y muerte" y recordó que durante el gobierno de Rafael Correa existía un comité que se reunía cada semana para analizar la situación carcelaria. "Ahí intervenían policías, ministerios, militares y otros cuerpos de seguridad del Ecuador y todo el mundo se enteraba lo que sucedía", manifestó el joven economista. 

"El gobierno de Moreno es neoliberal y ha actuado en consecuencia. El desmantelamiento del Estado ha sido muy fuerte en el área específica de seguridad, así que el problema va más allá de la desaparición de los Comités de Seguridad Ciudadana", advirtió a este diario Mario Ramos, director del Centro Andino de Estudios Estratégicos. Ramos enumeró la desaparición del ministerio de Justicia o el de Interior, por lo que en suma "se desmanteló toda la institucionalidad que se estaba creando para fortalecer el cuerpo de guías penitenciarios".

La versión oficial

En conferencia de prensa desde Quito, el director de cárceles Edmundo Moncayo atribuyó los motines a riñas entre, al menos, dos bandas criminales que se disputan el poder. La situación obedecería al vacío que se generó tras el asesinato en diciembre pasado de un detenido que había sido liberado, José Luis Zambrano, alias "Rasquiña" y presunto cabecilla de una organización conocida como "Los Choneros".

"La versión del gobierno es una cortina de humo. No se puede negar que en las cárceles de todo el mundo hay peleas entre bandas, pero eso no necesariamente lleva a una barbarie de esta magnitud", expresó Ramos, experto en temas de seguridad. En la misma línea, la Alianza por los Derechos Humanos consideró que "atribuir la violencia exclusivamente a disputas entre bandas invisibiliza otras causas", entre las que destacan "el punitivismo del Estado y la criminalización del empobrecimiento".

Con motosierras y otras herramientas los presos del Centro de Rehabilitación de Turi, en Cuenca, abrieron el martes las puertas de la sección de máxima seguridad especial y masacraron a más de 30 detenidos. Las mismas escenas se vieron en otros tres penales. La información oficial tardó en llegar y arrojó cifras dispares, pero fluyó a través de videos e imagenes que se viralizaron rápidamente. 

El registro de esas filmaciones de celulares eran dignas del mejor cine de terror: se podían apreciar cadáveres de reclusos e incluso algunos cuerpos desmembrados. "¿Cómo puede ingresar una motosierra a una cárcel? Esto habla de la descomposición y el fracaso del sistema carcelario", sostuvo Paladines al respecto. 

La historia se repite

Los motines en las prisiones de Ecuador no son un fenómeno novedoso. En agosto pasado el presidente Lenin Moreno declaró el estado de excepción en el sistema carcelario del país ante lo que definió como un "caos" generado por "mafias" en el interior de los centros penitenciarios. 

El tres de agosto se reportaron nueve fallecidos, dos de ellos incinerados, seis policías con lesiones y otros 20 presos heridos por un ajuste de cuentas entre bandas de la cárcel de Guayaquil. En diciembre, varios amotinamientos en penales ecuatorianos atribuidos a disputas de poder entre organizaciones delictivas y del narcotráfico dejaron un saldo de 11 presos muertos y otros siete heridos.

"Para variar, como ha sido el discurso de estos cuatro años, Moreno responsabiliza por estos hechos a Correa y al correísmo. Es increíble. Estamos frente un caso de cinismo patológico inconmensurable", explicó Ramos. 

Pensando en las soluciones a futuro, Paladines cree que no es tan cierto que en Ecuador haya que recobrar la autoridad carcelaria, "porque la policía ya administra las cárceles". Para el jurista ecuatoriano lo que existe en realidad es una falla estructural en el sistema: "Debemos emprender una sagaz reforma. La policía ecuatoriana está excedida de atribuciones".

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En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

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Vista de la cárcel del El Turi este martes, en la ciudad de Cuenca (Ecuador).ROBERT PUGLLA / EFE

El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". El presidente Lenin Moreno fue más allá al acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar una sola evidencia.

 

Al menos 67 presos murieron este martes en un serie de motines desatados en tres cárceles del hacinado sistema penitenciario de Ecuador. El gobierno consideró que se trató de una acción "concertada" por organizaciones criminales con el objetivo de "generar violencia". Cuando aún las fuerzas de seguridad no habían recuperado el control total de los penales de Guayaquil, Cuenca y Latacunga, el presidente Lenin Moreno salió a acusar al correísmo de estar detrás de los desmanes sin presentar evidencias, en medio de una carrera presidencial caliente que tendrá una segunda vuelta el 11 de abril

"Este pobre hombre está realmente fuera de sus cabales", fue la contundente respuesta del expresidente Rafael Correa. Por su parte el candidato de Unión por la Esperanza (UNES), Andrés Arauz, le exigió a Moreno que "se responsabilice y precautele la vida de policías, personas privadas de su libertad y de todos los ciudadanos".

Al cierre de esta edición unos 1.500 efectivos permanecían desplegados en distintos puntos de la capital ecuatoriana para controlar posibles desmanes, según destacó el diario El Comercio. La fuerza de seguridad dijo que "se encuentra gestionando el control" de las cárceles, mientras militares custodian los exteriores de cada centro pentitenciario. En algunas fotos que la Policía y la Fiscalía hicieron circular se ven decenas de machetes, cuchillos, pistolas y celulares en las celdas de presos del penal de Guayaquil.

El director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Edmundo Moncayo, confirmó que entre las bajas no hay policías. Moncayo explicó en rueda de prensa que el sistema penitenciario del país cuenta con unos 38 mil encarcelados que pertenecen a diferentes bandas delictivas, entre las cuales estarían algunas de las responsables de los motines de este martes.

Siempre según el relato oficial, una de estas organizaciones criminales se habría adelantado a los intentos de una de las bandas rivales en sus planes de atentar contra ellos golpeando primero, lo que habría desencadenado una reacción en cadena en varios centros penitenciarios.

En su habitual programa "De frente con el Presidente", Lenin Moreno volvió a la idea de que las revueltas tuvieron en "una pelea de mafias organizadas". El mandatario fue más allá y advirtió que le parecía "raro" que ocurrieran motines en los centros penitenciarios y hasta especuló con la chance de que militantes y seguidores de su antecesor Rafael Correa tuvieran que ver con las revueltas.

"En octubre de 2019, el correísmo contrató a criminales que estaban fuera de las cárceles para provocar los desmanes y distorsionar la legítima aspiración de los indígenas; no nos asombraría que ahora la mano de ellos esté presente, total, son bastante conocidos", sostuvo el mandatario sin ninguna prueba.

El candidato presidencial del correísmo, Andrés Arauz, manifestó que "nunca antes el país había conocido un descalabro tan grande del sistema penitenciario". En otro de sus tuits exclamó: "¡Pronto terminará esta pesadilla!". Muy distinta fue la reacción de su rival en segunda vuelta, el banquero Guillermo Lasso, quien se limitó a expresar su "total respaldo" a la policía de Ecuador "ante la nueva crisis que se está sufriendo en la cárceles del país".

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Myanmar vive la jornada de huelga y protestas más importantes contra el golpe

Las movilizaciones y la huelga general de este lunes tienen lugar en medio de las amenazas del Ejército de desatar una violenta represión. El fin de semana dos personas fueronasesinadas por la Policía, sumando cuatro desde que comenzaron las protestas contra el golpe.

 

A pesar de las amenazas del Ejército, que advirtió a los "manifestantes que se arriesgan a morir en las marchas", y de la represión del fin de semana, Myanmar vive este lunes la jornada de protestas y huelga más importante desde que comenzaron las movilizaciones contra el golpe de Estado.

Cientos de miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades del país, tras un fin de semana trágico en el que dos personas murieron por disparos de la policía, sumando así cuatro manifestantes asesinados por la represión del Gobierno golpista.

El bloqueo de internet, el corte de calles y las amenazas de los militares de que habrá más muertes, no frenó a los birmanos, que salieron en masa a manifestarse desde la mañana en una convocatoria de huelga que ha paralizado el país.

Las protestas masivas inundaron las principales arterias de Rangún, la ciudad más poblada, Naipyidó -la capital- y Mandalay, escenario de la sangrienta represión del fin de semana, así como otras muchas localidades a lo largo y ancho de la nación.

Los manifestantes luchan contra el golpe y por la liberación de los presos políticos, que ya superan los 600, entre los que se incluye a la líder electa Aung San Suu Kyi, como llevan haciendo a diario desde hace más de dos semanas en respuesta al levantamiento militar del 1 de febrero.

Aunque en general las protestas se celebraron hoy de manera pacífica, en Naipyidó se vivieron los mayores enfrentamientos y represión, según vídeos publicados por los activistas en las redes sociales, que mostraban a la Policía persiguiendo a los manifestantes, mientras se produjo un número sin confirmar de detenciones.

Ante la convocatoria de este lunes, la junta militar volvió a dejar sin internet al país una noche más y restringió el uso de datos durante la mañana, además de cortar varias arterias de Rangún y Naipyidó para impedir el acceso a los puntos especialmente concurridos durante las protestas.

Revolución 22222

La convocatoria ha recibido el nombre de "la revolución 22222" al celebrarse el 22.2.2021, en referencia a las protestas contra la junta militar del 8 de agosto de 1988, conocida como la revolución 8888, que fue violentamente reprimida por las fuerzas de seguridad.

La repuesta masiva de hoy, que ha paralizado casi todo el país, llegó tras la represión policial que el sábado costó la vida por disparos policiales a dos manifestantes en Mandalay, la segunda ciudad de Birmania.

Con las dos muertes del fin de semana son ya tres los fallecidos por la violenta respuesta de las fuerzas de seguridad, después de que el viernes falleciera tras 10 días hospitalizada Mya Thwe Thwe Khine, una joven de 20 años que recibió un disparo policial en la cabeza durante una protesta, y cuyo funeral se celebró el domingo en Naipyidó.

En respuesta a estas muertes, la junta militar acusó a los manifestantes de "aumentar su incitación a la revuelta y a la muchedumbre anárquica" y les advirtió de que se podrían perder más vidas, en una clara amenaza para amedrentar a los manifestantes, que al juzgar por la masividad de este lunes, no ha surtido efecto.

Como viene ocurriendo desde el primer día de protesta y, a pesar de la impotencia de Aung San Suu Kyi que no llama abiertamente a tirar al gobierno militar, los jóvenes y trabajadoras, muchas de ellas de los sectores más precarizados como las de fábricas textiles, han jugado un rol central en las protestas. Impulsándolas y poniéndose a su cabeza no solo enfrentan la represión policial y militar, sino que le dan fuerza a todo el movimiento para seguir en las calles.

Lunes 22 de febrero | 10:00

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Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad

Dos personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad de Myanmar en una nueva jornada de represión a las protestas. Además, otras 30 personas fueron heridas por policías y soldados durante una manifestación de trabajadores portuarios en Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Al menos unos 500 agentes de seguridad participaron en el operativo en las cercanías de Yadanabon, un astillero estatal. Balas de goma, munición real, gases lacrimógenos y carros hidrantes recibió el movimiento de desobediencia civil que exige la restitución del gobierno de presidenta y premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi. Una de las personas asesinadas es un menor de edad a quien le dispararon en la cabeza, según indicó Hlaing Min Oo, responsable de un equipo de socorristas voluntarios, citado por AFP. "La mitad de los heridos recibió disparos con munición real", agregó el socorrista. La segunda víctima recibió un tiro en el pecho y murió antes de llegar al hospital. Los testigos afirmaron que la policía también reprimió con proyectiles metálicos fabricados con tornillos y lanzados con tirachinas. "Es como una zona de guerra", dijeron.

Hace tres noches las fuerzas de seguridad reprimieron a trabajadores ferroviarios en Mandalay por haber adherido al movimiento de resistencia contra la Junta y el golpe de Estado del 1 de febrero en Myanmar, antigua Birmania. Otra nueva ola de represión llegó poco después de que los ciudadanos salieran a las calles para rendir tributo a Mya Thwet Thwet Khine. La joven de 20 años murió ayer luego de permanecer en estado crítico después de haber sido baleada el pasado nueve de febrero, unos días antes de su último cumpleaños.

La familia de Mya Thwet Thwet Khine anunció su muerte, la primera confirmada desde el golpe de Estado que puso en el poder al general Min Aung Hlaing. En Yangón, la ciudad más grande de Myanmar, unas mil personas se reunieron para recordar a la primera víctima del gobierno militar.

Mientras tanto las fuerzas de seguridad continuaron ampliando medidas restrictivas. Anoche el país volvió a tener un apagón de Internet, lo mismo ocurrió en las últimas seis noches. Si bien la conexión fue restaurada a la mañana siguiente, las autoridades bloquearon Wikipedia, la plataforma de información libre y colaborativa. El gobierno ya había restringido el acceso a Facebook, desde donde la ciudadanía convocaba a las manifestaciones.

De acuerdo con datos de una ONG de asistencia a presos políticos, cerca de 550 personas han sido detenidas en menos de tres semanas. Entre ellos funcionarios huelguistas, monjes, responsables políticos y activistas. Sólo unas 40 personas han sido puestas en libertad.

Desde el departamento de Estado de EEUU condenaron "la violencia contra el pueblo de Birmania" luego de la muerte de Mya Thwet Thwet Khine. Por otra parte, los cancilleres de la Unión Europea (UE) se reunirán el lunes para analizar medidas contra el Ejército birmano."Condeno fuertemente la violencia contra manifestantes pacíficos por parte del ejército. Pido con urgencia al ejército y a todas las fuerzas de seguridad que frenen inmediatamente la violencia contra civiles", afirmó Josep Borrel, jefe de la diplomacia de la UE.

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El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles 

Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

 

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes. 

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número. 

"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".

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