Martes, 11 Diciembre 2018 05:11

70 años de derechos vulnerados

70 años de derechos vulnerados

Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido


El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó, en París, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque es sobradamente conocido, resulta necesario recordar el contexto histórico de aquel momento. El mayor conflicto armado de la Historia acababa de terminar. La Segunda Guerra Mundial había arrasado gran parte de Europa y había provocado millones de muertes en todo el mundo. Es ahí cuando se aprueba la Declaración, con la esperanza de que ese catálogo de derechos, como valores aceptados por todos los pueblos, salvaría a la humanidad de volver a caer en la barbarie y la destrucción.

Setenta años después, la Declaración Universal ha alcanzado un grado de consenso generalizado. Tal realidad podríamos considerarla como un aspecto positivo. Tras siete décadas, prácticamente nadie en el espacio público de los países democráticos discute la primacía y la defensa de los derechos humanos. Pero, precisamente, su generalización ha supuesto un elemento problemático. Nadie discute los derechos humanos porque los derechos humanos comienzan a no querer decir nada, se ha subvertido su contenido.


Ya en 1998, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) celebró el 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) con un cartel que utilizamos en aquella ocasión y donde sobresalía la frase “50 años sin derechos humanos”. Entonces no resultaba fácil prever que 20 años después tendríamos que volver a utilizar como lema algo parecido: “70 años de derechos vulnerados” y esto no por simple mimetismo, sino porque la realidad que nos muestra nuestra sociedad tras los últimos veinte años se encuentra cruzada de norte a sur y de levante a poniente por continuas violaciones de los derechos humanos.


Es verdad que hoy se habla hasta la saciedad de derechos humanos, pero a la vez se mantienen y defienden discriminaciones que los vulneran, desde el artículo primero que afirma que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Nadie dice estar en contra de los derechos humanos pero se articulan (y se sustentan con el voto) políticas que generan pobreza, que excluyen, que aumentan la desigualdad, que olvidan a los colectivos más desfavorecidos… Hasta los herederos de las víctimas del holocausto nazi desarrollan prácticas y políticas que se dirigen hacia el genocidio del pueblo palestino, con un obsceno mutismo internacional.


Por ello, con ocasión del 70 aniversario de aquella Declaración, nos atrevemos a concretar algunos de los nubarrones que se ciernen sobre la sociedad más cercana a nosotros.


Derechos vulnerados, 70 años después, en el Estado español


La libertad de expresión está sufriendo en nuestro país ataques sistemáticos desde numerosos sectores de nuestra sociedad. Es uno de los derechos cuyo respeto está retrocediendo, escondido tras un puritanismo inconcebible que pretende cercenar muchos avances conseguidos con dolor y esfuerzo en los últimos años. La todavía persistente Ley Mordaza y los reductos de leyes y comportamientos franquistas intentan acallar gritos y voces de libertad, dando amparo y cobertura a muchos de estos atentados.


Los discursos racistas y xenófobos se están apoderando con especial crudeza de determinados sectores mediáticos y políticos. Recientemente hemos asistido estupefactos a determinados discursos políticos que usan expresiones como “Vamos a barrer de inmigrantes nuestra ciudad”. Además, en las elecciones autonómicas andaluzas, por primera vez, un partido fascista y abiertamente racista, ha sacado 12 escaños. El valor y la defensa de los derechos humanos, como eje fundamental de convivencia y de justicia, se está desplazando hacia situaciones irreconocibles en nuestro país. Se está sustituyendo por conceptos tales como seguridad, confianza, patriotismo, que poco a poco se alejan del respeto a los derechos humanos.


La desigualdad social, con total desprecio del derecho a la justicia y dignidad, se asume con demasiada facilidad. Se ignoran o minusvaloran los datos de la desigualdad en el Estado español, plasmados en el reciente Informe AROPE 2018 que indica que “en 2017 la renta total del 20% de la población con mayores ingresos multiplica por 6.6 la renta total del 20% con menores ingresos”. Esto supone, según el mismo informe, que el 10% más rico de nuestro país dispone de la misma renta que la mitad más pobre de la población española. Y lo peor de todo es que esto se considera como un daño colateral, necesario para que las personas ricas y poderosas prosperen, a costa de lo que sea. Los derechos sociales en general, vivienda digna y accesible, sanidad universal eficiente y gratuita, derechos laborales eficaces… han perdido su capacidad revolucionaria y se han adaptado a un funcionamiento de la sociedad donde son otros los objetivos que orientan a muchos de nuestros políticos, que organizan y mantienen la “cosa pública” de espaldas totalmente a quienes se van quedando en las cunetas de esta loca carrera.


La pobreza, con rostros de personas que malviven y mueren en los portales y descampados de nuestras ciudades y pueblos, es otra realidad que nos impide vislumbrar que los derechos humanos están cediendo a la ignominia del egoísmo capitalista. Las últimas cifras que sitúan a muchos millones de personas bajo el paraguas de la pobreza no nos animan a considerar que se han dado pasos positivos en la dignificación de las personas. Las colas ante los comedores sociales en cualquiera de nuestras ciudades nos muestran cómo no se ha logrado considerar y tratar a las personas como sujetos de derechos. A veces se les arroja a una caridad mal entendida, que sólo consigue tranquilizar nuestras conciencias y desarmar nuestras justas luchas por la justicia.


La Frontera Sur, de la que forma parte nuestra Andalucía, se ha convertido en un espacio lleno de muerte y sufrimiento, obscenamente olvidado por quienes deberían poner freno a tanta locura y muerte. Como botón de muestra, las personas muertas o desaparecidas en el mar Mediterráneo durante el presente año, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), ascienden a 2.160. Si a esto añadimos la externalización de fronteras, como método de control de las migraciones, España y la UE se convierten en responsables de estas muertes y de las violaciones y torturas que se producen contra las personas que intentan poner en marcha su propio proceso migratorio en pro de la libertad y la dignidad. Las políticas migratorias de la UE, compartidas por España, se orientan fundamentalmente a impedir que las personas puedan llegar a nuestras costas por medios seguros. Se ha optado decididamente por implantar mecanismos que dificulten estas llegadas, aunque están amparadas en el artículo 13 de la DUDH. Con esta finalidad y con el apoyo de la Unión Europea y los países que la componen, se quiere sustituir el derecho a migrar de las personas por un afán único y desmedido de seguridad interna. Se trata de una falta de solidaridad europea que, en combinación con las políticas de austeridad, alimenta la xenofobia y el racismo que triunfan en determinados ámbitos de la Unión Europea.


No pasamos por alto la reciente visita del presidente de Gobierno a Marruecos donde, haciendo alarde de una tremenda hipocresía, ha ratificado la supremacía de las soberanías estatales por encima del derecho a la libertad de circulación de las personas, así como otros muchos derechos humanos, que se esfuman por completo tras pretendidos intereses estratégicos y económicos.


No podemos olvidar por otra parte que la UE tiene mucha responsabilidad en las causas que provocan estos movimientos migratorios con políticas colonialistas que secularmente ha desarrollado, provocando el saqueo de materias primas y recursos naturales de los países de donde llegan estas personas.


Aunque, afortunadamente, el feminismo y el ecologismo tienen hoy un reconocimiento duramente conseguido y trabajado, amplias capas de la sociedad los consideran todavía como un adorno y un lujo suplementario en la lucha por una sociedad en la que no primen los fines egoístas y mercantilistas. En este sentido no se duda en dificultar el acceso efectivo e igualitario de la mujer al mundo laboral. En otros casos, la instrumentalización que del feminismo se realiza desde diferentes poderes públicos y políticos está despojándolo de su carácter cuestionador y transformador. El feminismo se emplea como etiqueta incuestionable que ampara políticas que ahondan en la desigualdad y la exclusión de colectivos de mujeres como las trabajadoras sexuales.


Por otra parte, y para incidir en el retroceso en el cumplimiento de los derechos humanos, asistimos con alarma a la negación de determinadas medidas aprobadas y prometidas como inmediatas y fundamentales por nuestro actual Gobierno, pero que la realidad del día a día está desmontando. Nos referimos a la recuperación de la justicia universal, tristemente eliminada por el anterior Ejecutivo, y apoyada hasta la saciedad por el actual cuando estaba en la oposición. Parecida suerte está sufriendo la repetida promesa por parte del actual Gobierno de la derogación de la Ley Mordaza, que hoy se pierde y se olvida en los recovecos de la nada. No digamos de la repetida promesa de revertir la prisión permanente revisable realizada por el actual Gobierno antes de llegar al poder. Ahí continúa. Por último, apuntemos la repetida indignación que provocaba en las huestes socialistas las repetidas y variadas formas de devolución en caliente de las personas migrantes que conseguían entrar en nuestro país. Todavía se oyen los gritos en el cielo cuando el PP introdujo de matute la legalización de esta práctica en la Ley Mordaza. Ahora asistimos con asombro e indignación a las devoluciones en caliente que el Gobierno camufla indecentemente en cumplimiento de un acuerdo con Marruecos de hace decenas de años. Y qué diremos de la repetida promesa de eliminar las concertinas…


Sonrojo produce asistir al espectáculo que nos ofrece gran parte de la clase política cuando, aún sosteniendo la defensa a ultranza de los derechos humanos, hace aguas cuando esta defensa choca con intereses económicos. Para ellos, la protección de los derechos humanos está justificada mientras que en la ecuación no entren el dinero y las prebendas que, por ejemplo, se reciben por la venta de armas.


Las vulneraciones de derechos en el resto del mundo


Si extendemos la mirada, acción por otra parte indispensable, al ancho mundo, no podemos sino horrorizarnos por el grado de violaciones al que asistimos. Sería difícil realizar un catálogo de todas estas, pero no podemos menos que resaltar entre ellas el nivel que está alcanzando la xenofobia y el racismo en Gobiernos que hasta ahora, por lo menos, intentaban disimularlo de algún modo. El fenómeno Trump, que por supuesto supera al ámbito de Estados Unidos, es la plasmación más virulenta de la destrucción de los derechos humanos como valores de los que un día se esperaba que naciera un mundo mejor y más justo. Fenómeno que se está reproduciendo como hongos en diferentes lugares de la Tierra: Brasil, Centroamérica con una marcha por la dignidad que se intenta acallar y neutralizar - o la aparición en diferentes países de Europa de Gobiernos claramente escorados hacia la violación de derechos fundamentales, con sus propios vecinos y con aquellos que pretenden llegar a serlo. El “nosotros primero”, como germen de desprecio y de odio hacia las otras personas, está infiltrándose en las entrañas de una sociedad que nos hubiera gustado que fuera capaz de acoger las diferencias y apoyar sus deseos de dignidad y justicia.


Podríamos continuar señalando muchas otras nubes oscuras, cargadas de injusticias y violaciones de los derechos humanos que justifican que hoy, 70 años después de la proclamación de la Carta de los Derechos Humanos tengamos que mantener aquel “50 años sin derechos humanos”, como diagnóstico cruel del estado de nuestra sociedad más cercana.


Pero porque no queremos que el pesimismo nos arrebate la ilusión de que todavía “otro mundo es posible”, nos atrevemos desde estas líneas a invitar y a exigir a cuantas personas creemos en la dignidad del ser humano, y en la validez de los derechos humanos como fundamento del comportamiento de las personas y de los pueblos, a continuar nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Nos oponemos a que nuestro sueño se acabe, y en esa línea continuaremos con nuestra batalla.

 

Publicado enSociedad
Se busca alto militar para un golpe en Venezuela

El coronel fugitivo, Oswaldo García Palomo, buscado por las autoridades venezolanas por su implicación en el magnicidio frustrado del pasado 4 de agosto, es uno de los que, tentados por Washington, la secretaría general de la OEA y Bogotá, intenta “atraer gobiernos para una opción militar” contra Venezuela.

 

Según la agencia noticiosa y financiera trasnacional Bloomberg, en las últimas semanas García Palomo ha estado haciendo llamamientos a los militares venezolanos para que se levanten, atribuyéndose la responsabilidad del golpe fallido llamado “Operación Constitución” que buscaba secuestrar al presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo.


Ahora, de cara a la asunción del nuevo mandato de Maduro el 10 de enero, destaca la evidente cartelización que existe entre estos grupos y las distintas fracciones antichavistas en confluir en una mal llamada “Junta de Transición” que luego de un golpe convoque a nuevas elecciones. De allí, la elevación del perfil público de García Palomo en un medio financiero como Bloomberg busca proyectar la percepción de que se acerca un inminente desenlace devenido de un nuevo intento golpista.


En sus declaraciones, el exmilitar no niega las coordinaciones hechas en EEUU y Colombia y que da mayor peso a las denuncias del Gobierno venezolano sobre la vinculación del eje Bogotá-Miami en el intento de magnicidio y otras conspiraciones. El golpe fue frustrado por Venezuela: consistía en asfixiar la capital, ocupar las carreteras, aeropuertos, centros de comunicaciones y capturar a docenas de altos funcionarios gubernamentales y militares.


Según relata, para coordinar el plan, Palomo cruzó la frontera colombiana a pie y llegó a Caracas para reunirse en una urbanización de clase alta, donde él cree que el plan fue infiltrado. Aseguró que mantiene contactos con la oposición venezolana para consultarle sobre sus próximos planes y agradeció personalmente al Gobierno de Juan Manuel Santos por permitirle que algunos de sus compañeros detenidos fueran llevados a la frontera con Venezuela, para coordinar los planes de golpe.


El senador estadounidenses Marco Rubio, preparó el ambiente cuando el 9 febrero escribió que “El mundo apoyaría a las Fuerzas Armadas si deciden proteger a la gente y restaurar la democracia eliminando a un dictador”.


Una semana antes, el ex secretario de Estado Rex Tillerson, había sugerido en la Universidad de Austin, Texas, que los militares venezolanos podrían hacerse cargo de la situación en el país. “Cuando las cosas están muy mal y los líderes militares se dan cuenta de que ya no pueden servir al pueblo, ellos se encargan de una transición pacífica”, afirmó Tillerson un día antes de comenzar su gira por América Latina.


Como era de esperar, Estados Unidos desmintió conocer la existencia de un plan militar para derrocar a Maduro justamente en el contexto de la desarticulación de la cédula armada de Óscar Pérez, inspirada en motivos políticos y religiosos evangélicos, y respaldadas por voceros antichavistas desde Miami y Florida.


En la entrevista ofrecida a Bloomberg (firmado por Andy Rosati y Ezra Fieser), el ex coronel de la Guardia Nacional afirma buscar el apoyo de “gobiernos amigos” para un nuevo plan golpista tras el fallidfo intento de asesinar al presidente con drones con explosivos en agosto de este año.


“Nuestros colegas en Venezuela deben saber que estamos trabajando todos los días para unir fuerzas internacionales y nacionales, y eliminar al gobierno mediante el uso de armas para que el país no siga sangrando y muriendo”, dijo García Palomo, que plantea instalar una junta de transición con cabeza civil para eventualmente convocar a elecciones.


Además, en un video reciente trasmitido por redes sociales, García Palomo insta a los miembros de la Fuerza Armada a “asumir su responsabilidad su familia, dios, la ley, su país y el resto del mundo”, repitiendo la misma diatriba política religiosa que el ex piloto Óscar Pérez utilizara para llamar al derrocamiento de Maduro. Afirmó, incluso, que trabaja para que “gobiernos amigos” ayuden a los golpistas a concretar sus planes.


García Palomo organizó gran parte de sus planes golpistas desde Colombia, a donde huyó tras su participación en el ataque armado al Fuerte Paramacay, Valencia, realizado por un grupo de ex militares relacionados con el ex capitán Juan Carlos Caguaripano y Óscar Pérez, ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.


Tras fracasar el terror callejero (las llamadas guarimbas) en 2014 y 2017, células armadas paramilitares e irregulares pretenden asumir el papel de vanguardia en el conflicto contra el Estado venezolano, grupos integrados por militares, policías, delincuentes comunes y miembros de la denominada “Resistencia”, entre los que se pregona un discurso fundamentalista en lo político y lo religioso.


Lo del título: Washington busca un militar de alto grado para encabezar un golpe cívico-militar en Venezuela. La solicitudes se reciben en Miami, Washington y Bogotá.


Victoria Korn: Periodista venezolana asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la )

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Omar Rojas: “Hay evidencias de la colaboración entre el Estado y los paramilitares en el caso de los falsos positivos”

Ex teniente coronel de la policía colombiana, sociólogo e investigador, Omar Rojas Bolaños documenta la ejecución de más de 10.000 “falsos positivos” por parte del Estado en tiempos de Álvaro Uribe.

 

El sociólogo Omar Rojas Bolaños ha conducido junto con el historiador Fabián Leonardo Benavides un trabajo de investigación que es, al mismo tiempo, una denuncia implacable. El resultado final: un libro que documenta más 10.000 crímenes de Estado perpetrados durante los mandatos presidenciales de Álvaro Uribe en el marco de la época de la llamada “Seguridad Democrática”.

Rojas había desarrollado su carrera en la Policía Nacional colombiana, donde sirvió desde 1981 a 2011, acumulando ascensos hasta llegar a teniente coronel. Hombre de una profunda ética, mamada en casa desde que apenas era un niño, la indignación no le impide mantener con serenidad un compromiso firme por la justicia y la memoria. Un compromiso que se plasma no solo en su investigación, sino en la gira que ha emprendido para divulgar los resultados de su trabajo.

El libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios (Universidad Santo Tomas, 2018) analiza el fenómeno de los “falsos positivos”, presentados como bajas producidas por combates con la guerrilla. En realidad, se trataban de cadáveres de supuestos guerrilleros que, de acuerdo con la estrategia del “conteo de cuerpos”, el Ejército colombiano utilizaba para afirmar ante los medios que estaba ganando la guerra.

¿De dónde surge la idea de hacer una investigación sobre los “falsos positivos”?

Como sociólogo, siempre me ha interesado investigar cómo repercuten los problemas más actuales en la sociedad colombiana. Durante la década de los 90 realicé un trabajo acerca del asesinato de policías por parte del narcotráfico y de la guerrilla, que también analizaba su impacto en las familias de las víctimas.

Ya en el año 2008 iniciamos el estudio de los “falsos positivos” como fenómeno que afecta a toda la sociedad, por más que la opinión pública lo ignorase todo acerca de ellos.

Casualmente, encontramos a una persona que se entregó a un grupo de policías diciendo que había sido contactado por alguien del Ejército para hacer un trabajo, y esa era la información que manejé por aquel entonces. Más o menos a los tres meses aparecieron los casos de los “falsos positivos” de Soacha, una población en el departamento de Cundinamarca, muy cercana a Bogotá, donde unos 18 jóvenes fueron reclutados por el Ejército con el propósito que se fueran de esa zona. Los muchachos fueron trasladados al departamento de Santander, a varios kilómetros de distancia de Bogotá, y allí fueron asesinados. Posteriormente, el Ejército presentó sus cuerpos como los de guerrilleros caídos en combate.

A partir de aquí fuimos acumulando información, que contrastamos con estudios universitarios que iban apareciendo y con sentencias judiciales que se iban emitiendo sobre casos concretos de falsos positivos, que no son sino asesinatos del Estado, perpetrados por agentes del Estado en servicio activo contra personas personas pertenecientes a los estratos más bajos de la sociedad, pero no militantes de ningún partido político ni comprometidas con ninguna agrupación armada.

En vuestro trabajo explicáis que los “falsos positivos” no surgen de la noche a la mañana, sino que son consecuencia de una estrategia meditada. ¿Fue esta fruto de la política de Álvaro Uribe o se dio ya con anterioridad?

En la forma de “falsos positivos” podemos decir que aparece con la Política de Seguridad Democrática, pero ya antes de 2002 se habían dado casos judiciales, presentados bajo la etiqueta de ejecuciones extrajudiciales. Estas implicaban que la persona asesinada había sido previamente señalada y perseguida; evidentemente, de ahí el nombre, su muerte se producía sin ningún tipo de juicio previo.

Desde 1994 hasta 2002 tenemos conocimiento de unas 664 ejecuciones extrajudiciales; sin embargo, en los 80 también encontramos casos.

En el periodo comprendido entre 2002 a 2010, los asesinatos calificados como falsos positivos responden a la estrategia enmarcada en la Política de Seguridad Democrática, que evaluaba a los oficiales y a las unidades militares por el número de guerrilleros que mataban. Estas evaluaciones eran conocidas como Política de Resultados.

Cuando Álvaro Uribe llegó al poder en el 2002 la población no podía ir de una ciudad a otra por temor a que la guerrilla saliera y les hiciera lo que llamaban “una pesca milagrosa”: cobrar por permitirles el paso o directamente secuestrarlas. Uribe impuso la presencia de la Policía y del Ejército en las principales vías y las cabeceras municipales más importantes del país. La guerrilla se vio obligada a replegarse a zonas rurales apartadas, allí donde el Ejército no podía intervenir contra ella. Es entonces cuando apareció la evaluación por resultados, combinada con las recompensas y sobresueldos que asignaba el Estado a aquellos militares y policías que “dieran de baja a esos terroristas”.

Las ganancias eran altas: por poner un ejemplo, por cada supuesto terrorista asesinado les daban hasta tres millones de pesos y cuando la unidad militar asesinaba a más de seis, les daban adicionalmente hasta treinta millones de pesos. Todo esto significaba que con capturar guerrilleros no ganaban nada.

La Política de Seguridad Democrática, con sus estrategias de guerra no convencional, obedece en el fondo a una doctrina que señala que el mayor peligro para Colombia es el enemigo interno, y enemigo interno lo puede ser cualquiera: el castrochavismo, la izquierda, los comunistas... Todo ellos son susceptibles de ser eliminados. Pero, a partir de esta Política, cuando los agentes del Estado no encontraban guerrilleros, se dedicaron a asesinar a personas de bajos recursos para presentarlos como tales y pasar así la evaluación por resultados.

Hay un perfil dominante de víctima de “falsos positivos”: hombres, habitantes de zonas rurales y de familias con escasos recursos. Personas procedentes de entornos marginales y excluidas de la sociedad. ¿A qué se debe?

El 70% de los que fueron por los falsos positivos fueron campesinos y otro 13%, indígenas. Esto quiere decir que el 83% de las víctimas no contaban con dolientes [familiares] cuya voz fuera a ser escuchada.

Por otro lado, si bien no se puede asegurar que los falsos positivos estuvieran relacionados con la expropiación de tierras, sí que existió una alianza entre los paramilitares y el Ejército para asesinar a personas que protegían los derechos humanos o personas que estaban sindicadas.

Otro de los aspectos más llamativos del estudio es la logística y los recursos que posibilitaron que las ejecuciones se llevaran a cabo en espacios alejados de las comunidades de las víctimas. ¿No probaría esto cierta complicidad de las autoridades civiles?

Claro que hubo esa complicidad de las autoridades civiles y de otras instituciones. Lo que pasa es que la investigación de los falsos positivos en mi país únicamente se está dirigiendo hacia los que jalaron [apretaron] el gatillo. No se está investigando a quienes crearon la estrategia ni a quien dio las órdenes.

Los militares utilizaron para las operaciones de “falsos positivos” tanto dinero procedente de los fondos reservados como del rubro especial que creó Uribe mediante el sistema de recompensas, pero otros recursos procedían del aporte “voluntario” de los propios soldados. Conocemos casos de comandantes que exigían a los militares, a los soldados el desembolso de diez mil pesos.

En todo caso, hay muchas más personas comprometidas en los “falsos positivos”, no solo militares y policías. También hay que sospechar de la complicidad el personal que cuida las cárceles y las penitenciarias, además de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación, que son los que hacían las investigaciones judiciales, y del cuerpo técnico de Medicina Legal, cuyos miembros tenían que certificar cómo se habían producido los disparos que acabaron con la vida de los guerrilleros. Podemos decir que fueron muchos los sectores de la sociedad responsables.

“La alianza consistió en que los paramilitares entregaron a aquellos que eran indisciplinados en sus filas para que el Ejército los asesinara y pudiera presentarlos como falsos positivos”

A este respecto, el estudio documenta también las denominadas “alianzas macabras” entre el ejército colombiano y estructuras paramilitares. ¿Podrías explicarnos brevemente en qué consistían y cómo se beneficiaban ambas partes?

Desde los años 90 se estableció una alianza tácita entre los paramilitares y las Fuerzas Armadas de Colombia. Un tema que, si bien es cierto ha sido investigado por diferentes actores, al Estado no le ha merecido ninguna atención.

Esto permitió a los paramilitares disciplinar a sus hombres y cumplir con la cuota que les pedía el Ejército. También se les exigía armas, que eran las que después aparecían en los cadáveres señalados como pertenecientes a guerrilleros. Tuvimos acceso a informes dónde se comprueba que los comandantes militares llamaban a los comandantes de los paramilitares y les exigían la entrega de cuerpos en X tiempo; en caso contrario se les podía hacer la vida imposible.

¿Cómo producirse todo esto sin que la comunidad internacional se enterara?

Algunos oficiales dicen que los militares estadounidenses llegaron a pedir resultados bajo el programa del Plan Colombia [un acuerdo bilateral suscrito entre Colombia y Estados Unidos en 1999 con los objetivos de combatir las guerrillas y establecer estrategias contra el narcotráfico, entre otros] y solo les interesaban las cifras que les daban. De lo que sí hay evidencias es de que alguna unidad utilizó los fondos del Plan Colombia para comprar armamento y uniformes que serían utilizados de los “falsos positivos”.

Creo que sí que hubo países que se dieron cuenta de lo que estaba pasando, ya con anterioridad al 2006, cuando los “falsos positivos” eran mínimos. Después, las cifras alcanzaron unas proporciones impresionantes. Cuando Álvaro Uribe terminó su mandato, ofreció una especie de parte de guerra sobre sus años de gobierno donde decía que 19.405 “terroristas” habían sido dados de baja en combate, aunque posteriormente trató de acortar el número en algo menos de la mitad. Nosotros hemos encontrado referencias que en conjunto suman más de 10.000 casos.


Hay evidencias de que la ONU y otras entidades tuvieron conocimiento de ello cuando militares de bajo rango se acercaron al Ejército para dar a conocer los “falsos positivos” y después al Ministerio de Defensa e incluso a presidencia, aunque nadie hizo nada.

¿Qué papel han tenido para vuestra investigación los testigos y los familiares de las víctimas?

Hay una fuerte insensibilidad de cierta parte de la sociedad ante los “falsos positivos”. De hecho, actualmente todavía siguen siendo muchos los que niegan los casos y tratan de desprestigiar las denuncias que se han hecho. Algunos dicen que los “falsos positivos” respondieron a un plan para acabar con las “manzanas podridas” [drogadictos, ladrones, personas con antecedentes judiciales…] En ese sentido consideran que es una limpieza social que se hizo porque había muchos vagos y, tal y como dijo el presidente de turno de esa época, “los asesinados no lo fueron por recoger café”.

Al realizar la investigación nos dimos cuenta de lo siguiente: cuando entrevistábamos a familiares de militares comprometidos con los “falsos positivos”, nos decían invariablemente que estos victimarios eran los mejores padres, los mejores hijos, los mejores hermanos y, por supuesto, los mejores militares. ¡Y habían ejecutado unas 10.000 personas!

En cuanto a los otros familiares, los de las víctimas, se encuentran especialmente dolidos con la JEP [Jurisdicción Especial para la Paz, que se estableció en los Diálogos de La Habana entre el Estado colombiano y la guerrilla para tratar de los crímenes de guerra y de los delitos de lesa humanidad] porque no entienden cómo alguien que ha cometido unos 40 asesinatos solo va a pagar con ocho años de cárcel como máximo. Y, además, durante este tiempo el militar puede obtener una pensión e incluso puede reclamar para que le paguen por todo ese tiempo que estuvo sin recibir sus honorarios. Personalmente, creo que la JEP tiene el imperativo ético de ir más allá de lo que está haciendo, pues al fin y al cabo simplemente cuentan con el relato de los victimarios, a quienes además se les ha creado una oficina destinada expresamente a asesorarles.

El caso del coronel Hernán Mejía hizo saltar las alarmas por todo el país acerca de los “falsos positivos”. Hoy por hoy, y gracias a la JEP, está en la calle. ¿Qué confianza te merece la justicia colombiana? ¿Por qué no actúa ya la Corte Penal Internacional, a donde también ha llegado este asunto?

En Colombia hay un alto grado de impunidad frente a los delitos cometidos por los militares y por los policiales. Un estudio al respecto dio un porcentaje de un 98%.

El [partido] Centro Democrático de Álvaro Uribe intenta evitar que se conozca la verdad sobre los casos de falsos positivos a través de dos jugadas maestras. En primer lugar, nombró a nueve magistrados de su entera confianza para que investigasen los delitos en los que hubiera militares involucrados. Posteriormente, con la JEP, a la que se han acogido más de 2.000 militares, crearon una oficina especial con el mismo cometido, que hizo lo que venía haciendo con anterioridad la justicia penal militar, por lo que los involucrados no terminaron respondiendo por sus delitos. Pero debemos tener en cuenta que la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar los asuntos que está tratando la JEP y está presionando al Estado colombiano a que investigue los casos que no están esclarecidos.


Lo interesante de la sentencia contra el coronel Mejía es que demuestra que existió una alianza estratégica entre el Ejército y los paramilitares para que se produjeran los “falsos positivos”, aunque esta alianza no se ha investigado con profundidad. Por esa razón, aunque Hernán Mejía haya sido condenado, su unidad es responsable de más asesinatos que ni siquiera se han investigado.

Colombia está actualmente presidida por un acérrimo uribista, Iván Duque, que tiene precisamente como vicepresidenta a Marta Lucía Ramírez, quien fuera ministra de Defensa Nacional cuando se produjeron los hechos estudiados en el libro. ¿Explica este hecho que se sigan documentando casos con otro nombre: “errores militares”?

Marta Lucía fue la que estuvo al principio como ministra y abrió el camino a los falsos positivos, aunque las mayores cifras corresponden al periodo comprendido entre los años 2006 y 2008, cuando ella ya no estaba.

Hace tres semanas se supo que ocho miembros del Ejército habían sido detenidos acusados de lo que se conocen como “errores militares”. En la actualidad, la estrategia pasa por no comprometer a las unidades del Ejército, cometiendo asesinatos a escala más reducida.
El haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo

¿Cómo ha afectado esta denuncia a tu vida? ¿Tienes garantizada la seguridad en Colombia?

En mi país hay un grave problema: los académicos y aquellos en general que nos atrevemos a investigar esta clase de fenómenos somos estigmatizados y relacionados con los movimientos subversivos.

Personalmente, el haber elaborado este estudio sociológico hizo que la inteligencia militar me señalara como un traidor, divulgando por las redes sociales mi fotografía con mi nombre completo, lo que puede llevar a que cualquier involucrado en los falsos positivos, o un agente de la extrema derecha, pueda identificarme fácilmente y asesinarme. En este momento no existen las condiciones de seguridad necesarias para regresar a mi país, a pesar de haber solicitado ayuda a la Unidad Nacional de Protección, la cual se negó a hacer nada aduciendo que no era un problema de su incumbencia.

publicado
2018-12-07 06:00:00

Publicado enColombia
Viernes, 07 Diciembre 2018 06:04

"Ellos" se preparan. Nosotros...

"Ellos" se preparan. Nosotros...

Semanas atrás el escritor y profesor de cultura virtual Douglas Rushkoff publicó un artículo titulado "La supervivencia de los más ricos y cómo traman abandonar el barco" (goo.gl/qo3erX). Me parece necesario reflexionarlo, ya que relata el encuentro entre uno de los principales teóricos del cyberpunk y un pequeño grupo de empresarios multimillonarios, en el cual revelan en qué están pensando y cómo piensan salir adelante ante el mundo que se nos viene.

Frente a cinco varones superricos, “de las altas esferas del mundo de los hedge funds”, Rushkoff pudo descubrir pronósticos y propuestas de estas personas a las que habitualmente no tenemos acceso. Lo acribillaron a preguntas.

"¿Qué región se vería menos afectada por la crisis provocada por el cambio climático, Nueva Zelanda o Alaska? ¿Realmente Google está construyéndole a Ray Kurzweil un hogar para albergar su mente? ¿Logrará su conciencia sobrevivir a la transición, o por el contrario perecerá y renacerá una completamente nueva?"

El director general de una agencia de bolsa, que está construyendo un búnker, le lanzó una pregunta tan inteligente como angustiada:"¿Cómo conseguiré imponer mi autoridad sobre mi guardia de seguridad después del acontecimiento?"

El escritor explica: “El acontecimiento. Este era el eufemismo que empleaban para el colapso medioambiental, la agitación social, la explosión nuclear, la propagación imparable de un virus o el momento en que el hacker de Mr. Robot acabe con todo”.

Rushkoff explica que los superricos son conscientes de que necesitarán guardias armadas para "proteger sus instalaciones de las masas encolerizadas". Pero no tienen claro cómo les van a pagar "cuando el dinero ya no valiera nada". Ni cómo van a proteger sus abastecimiento de alimentos. En suma, están buscando protegerse ante el "cambio climático, el aumento de los niveles del mar, los grandes flujos migratorios, las pandemias globales, el pánico nacionalista o el agotamiento de los recursos".

Hasta ahí los puntos centrales del artículo, que cada quien puede analizar y, en todo caso, llegar a conclusiones distintas. Es cierto que se puede concluir que estos muy ricos padecen ciertas dosis de paranoia y de alucinaciones sobre el futuro. Sin embargo, si han llegado a ese lugar es porque algo saben del mundo que nosotros no debemos ignorar. Creo que hay dos temas de fondo.

El primero es que piensan en el largo plazo, hacen proyecciones sobre el futuro, analizan riesgos y buscan soluciones. Como decía Fernand Braudel, la clase dominante tiene informaciones privilegiadas que le permiten tomar decisiones que la benefician.

La segunda es que toda su reflexión gira en torno al "acontecimiento"; el caos sistémico inminente en que el estamos ingresando, para que ese momento no los tome desprevenidos, para tener "plan B", alternativas reales y no quedar atrapados sin salida.

Ciertamente, las salidas que buscan son tremendas, como preparar un futuro post-humano, o la colonización de Marte, subir sus mentes a supercomputadoras o un futuro digital para superar la condición humana, sin depender de sentimientos como la compasión y la interdependencia, para asegurarse la supervivencia. No tienen el menor apego a la ética de la vida.

Creo que los movimientos antisistémicos podemos aprender algo de estos maquiavélicos multimillonarios. Veo tres aspectos centrales.

El primero es la necesidad de comprender que el "acontecimiento", la "tormenta" como señalan los zapatistas, está en el horizonte. El fin de cada sistema-mundo ha sido así. La caída de Roma, el declive del feudalismo y el ascenso del capitalismo cuando la peste negra mató a dos tercios de la población europea; las dos guerras mundiales del pasado siglo que enterraron la hegemonía británica.

Lo segundo, es que planifican salidas ante una situación apocalíptica. Elon Musk dice que es poco probable que no haya una nueva guerra mundial y nuclear. El magnate tiene un solución: "Una base lunar y otra en Marte tal vez podrían ayudar a regenerar la vida aquí en la Tierra" (goo.gl/NpoFVz). Dirán que son delirios, pero no debemos ignorar lo que piensa la clase dominante.

No quiero entrar en el debate sobre las propuestas concretas de los ricos, sino reflexionar sobre la necesidad de construir salidas entre los abajos. Ellos no confían ni en el Estado, ni en los monopolios que controlan, ni siquiera en sus guardas privados. Buscan la autonomía, individualista claro, porque piensan sólo en ellos.

Lo tercero es que las soluciones colectivas que involucren a pueblos enteros son mucho más complejas que las salidas individualistas para un pequeño núcleo. Esa es nuestra responsabilidad y es tremenda.

Por lo que veo a mi alrededor, las y los de abajo estamos "entretenidos" mirando la televisión, jugando con los celulares, votando cada varios años y aplaudiendo al salvador de turno. Sólo algunos pueblos originarios, algunos grupos de mujeres y de jóvenes, están trabajando para un futuro de autonomía y dignidad.

 

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La Francia que Macron sedujo lo cuestiona hoy al rojo vivo

En apenas un año Macron pasó de ser un joven educado y nuevo a un hombre con una arrogancia monárquica. Los chalecos amarillos ganan apoyos en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros van a sumarse a las protestas.


La República tiembla. 89.000 fuerzas de orden desplegadas (8.000 en París), 12 blindados en circulación, teatros y espectáculos públicos retrasados, museos cerrados, la Torre Eiffel clausurada, partidos de fútbol aplazados y centenas de interpelaciones, los chalecos amarillos pusieron a Francia en un estado de alerta global ante la perspectiva de la manifestación convocada para este sábado 8 de diciembre por ellos y otros sectores opuestos al presidente Emmanuel Macron. Los claros gestos de apaciguamiento asumidos por el Ejecutivo cuando accedió en dos tiempos a la exigencia central de los chalecos amarillos no bastaron para desmovilizar este magma de bronca social que estalló hace unas semanas. El gobierno decidió primero suspender el aumento del gasoil, de la luz y la electricidad por un período de 6 meses y luego lo amplió a todo el año 2019.


Las posturas de quienes tienen la intención de reclamar una modificación substancial de las políticas del poder político no se modificaron. Tanto el presidente Macron como su primer ministro, Édouard Philippe, intervinieron en varios planos con el fin de aplacar el fuego. El responsable del Ejecutivo hizo un llamado a “la responsabilidad de todos los actores del debate público, dirigentes políticos, sindicales, editorialistas, ciudadanos”. Philippe agregó que lo que estaba en juego era “la seguridad de los franceses y no la de las instituciones”. A las protestas del sábado organizadas por los chalecos amarillos se le agregan las manifestaciones previstas el mismo día (en otro recorrido) en el marco de la movilización internacional por la justicia climática.


Con justa razón ente lo ocurrido en París y otras ciudades en las manifestaciones que tuvieron lugar durante las últimas dos semanas, la Presidencia y el gobierno temen que la violencia llegue a los extremos. El mismo mandatario francés evocó la existencia de “un núcleo duro de varios miles de personas” capaces de venir a la capital francesa “para romper y matar”. Los chalecos amarillos sumaron apoyos no sólo en los sondeos sino también en la calle: estudiantes, agricultores y camioneros piensan sumarse a las manifestaciones. La dramatización del miedo responde a la densidad de la bronca observada en París el pasado fin de semana y a la posición intransigente de algunas cabezas de los chalecos amarillos.

Una de sus figuras más visibles, Eric Drouet, convocó a “tomar el Palacio del Elíseo” (la sede de la presidencia francesa). De hecho, es le convergencia de varias oposiciones y el protagonismo violento de las extremas derechas, de las extremas izquierdas así como la radicalización de algunos chalecos lo que ha tornado la perspectiva muy complicada. Según una nota interna de los servicios de inteligencia revelada por los medios, existe una “movilización de la extrema derecha que sueña con la revolución, otra de la extrema izquierda que pregona la insurrección” mientras que hay “una franja de los chalecos amarillos que se radicalizan en la violencia y la política”. El temor a actos desmedidos condujo a los sindicatos a intervenir en los llamados al normalidad. Las tres grandes centrales sindicales, la CFDT, CGT y FO, difundieron un comunicado en el que le piden al gobierno que atienda las demandas sociales y “garantice de una buena vez por todas negociaciones reales”.


El diálogo se ha perdido entre cielos obscuros. Francia parece saltar más allá de los cuestionamientos de una medida y de una política para instalarse en una suerte de repudio tajante de su presidente. Hay, también, una confusión asombrosa entre muchos jóvenes de la sociedad civil. PáginaI12 habló con un grupo de jóvenes que discutían en un café sobra las manifestaciones del sábado. Ante las imágenes de un Porsche incendiado, los jóvenes mostraron su total desacuerdo con que se incendiara un auto que un “señor pagó de su bolsillo”.

En cambio, estaban totalmente de acuerdo con que se destruyeran y saquearan los símbolos de la República, las paradas de colectivos, las estaciones de Metro, los semáforos y las calles. A Emmanuel Macron se le dio vuelta el cuadro. La Francia que él sedujo en apenas un año, la que lo admiró y llevó a la presidencia, ahora lo cuestiona con niveles de irritabilidad al rojo vivo. En 2017, Macron se vistió con el traje del hombre providencial que había salvado a Francia del populismo y la extrema derecha. Era joven, educado y nuevo. En 2018 aparece en cambio como un hombre testarudo, aislado entre bancos y lobbies, ignorante de las problemáticas de las clases pobres y de una arrogancia monárquica. Una columna-llamado publicada por Atac, la fundación Copérnico y firmada por decenas de sindicalistas, intelectuales, artistas e investigadores sintetiza la certeza polémica que el jefe del Estado instaló en el corazón del país. El movimiento de los chalecos amarillos “se caracteriza por su auto organización horizontal y plantea la exigencia de una democracia real contra una presidencia autoritaria y despreciativa”. En un chispazo repentino y casi sin aviso, el macronismo perdió lo que había conquistado en el póker político. Las imágenes difundidas en las redes sociales que muestran la dureza de la policía arrestando como delincuentes a jóvenes bachilleres movilizados contra Macron no hacen sino contribuir a asentar la idea de un poder vertical y autoritario. El ex banquero que en 2017 entendió a los electores, en 2018 dejó de entender a su país y, este, se lo hace saber.


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Martes, 04 Diciembre 2018 05:40

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Siria y la misteriosa muerte de Khashoggi

Beirut. Los sauditas saldrán impunes. Mohammed bin Salmán también. Tal vez paguen un precio –nos referiremos a eso más tarde–, pero siguen siendo la "visión de luz" contra la "visión de oscuridad" de Irán, en palabras del más egregio ministro saudiárabe del exterior de la historia.

Por desgracia, todos hemos cometido el mismo error en Medio Oriente: pensar que los chicos malos serán derrocados o castigados por sus crímenes y transgresiones y que los chicos buenos (los que sean) acabarán venciendo.

Jamal Khashoggi fue víctima del crimen más abyecto. Pero en la guerra civil sectaria de Medio Oriente, los sunitas tenían que vencer a los chiítas y los sauditas tienen el dinero, y el presidente estadunidense –para quien el epíteto "demente" es hoy tan irrelevante como obvio– se las ha arreglado para afirmar que los sauditas consideraban a Khashoggi "enemigo del pueblo" y miembro de la Hermandad Musulmana. Aunque, eso sí, su asesinato fue "terrible" y "un crimen horrendo". Bien podría ser, anunció el líder del mundo libre esta semana, que Bin Salmán haya tenido conocimiento del hecho. "¡Tal vez sí y tal vez no!"

El relato avanza vacilante, como un viejo jamelgo, y todos trotamos detrás de esa amable y conocida bestia peluda.

Tuvo algo de inevitablemente trágica la más reciente aparición de Adel al Jubair como ministro saudita del exterior en Bahrein, monarquía sunita con una mayoría chiíta en la que el Reino Unido acaba de abrir una nueva base naval junto al cuartel de la Quinta Flota estadunidense. Al Jubair acusó a la prensa –sí, a nosotros, colegas de Khashoggi– de hacer una cobertura "histérica" del asesinato. Fue como si estuviera corriendo la película hacia atrás, hasta la declaración original de inocencia, cuando el reino afirmó que nada tenía que ver con este crimen, que de hecho el periodista había salido vivo del consulado saudita en Estambul y que ellos no tenían idea de qué le había ocurrido. Histeria, cómo no. Cómo se atreven los medios a continuar diciendo que Khashoggi fue asesinado, descuartizado y enterrado en secreto. Y a ver, ¿dónde está el cuerpo?

Si hubo un asesinato, tendría que haber un cuerpo. Y así, en breve, retrocedemos a Estambul y al sultán mismo, a quien, aunque no culpa el buen rey Salmán, sí le gustaría que se encontrara el cuerpo y tal vez –aquí vamos de nuevo– tenga una cinta más de Khashoggi que enviar a los servicios de inteligencia del mundo. Den por seguro que nuestros líderes políticos no se mancharán los oídos escuchándola; Trump se refirió a la grabación original como "una cinta insoportable". El canadiense Trudeau optó por no escucharla. Pero la verdad es que debieron haber puesto el oído en la bocina: escuchar a un periodista árabe decir a sus asesinos que se estaba sofocando habría sido un símbolo bastante acertado de la democracia actual en Medio Oriente.

Sin embargo, Erdogan debe tener otros planes. Y aquí, sospecho, deberíamos desplazarnos un poco al sur de la Puerta Sublime y extender la mirada sobre las planicies de Idlib, la provincia siria en la que hace tiempo se nos dijo que deberíamos esperar –según advertencias de Trump, la ONU, los británicos, Amnistía Internacional y todo dios– una sangrienta invasión infectada de gas por las fuerzas sirias y rusas para destruir por completo a los combatientes islamitas del Isis, Al Nusrah, Al Qaeda y sus compañeros yihadistas, junto con decenas de miles de civiles. Idlib es el basurero donde se pone a los enemigos del régimen sirio. Su única ruta de escape es por la frontera turca… de donde vinieron en un principio.

Pero, como el sultán no quiere verlos regresar, y como Siria y Rusia no le ven sentido a otro baño de sangre cuando la guerra en Siria prácticamente ha concluido –aunque los lectores pueden verificar esta conclusión contra sucesos futuros–, la pregunta relevante sigue siendo: ¿adónde deben ir esos diversos combatientes islamitas sunitas y sus familias? Puesto que su dinero y armas provienen del Golfo sunita y la fe wahabita sunita fue inspirada por el mismo credo que gobierna a la monarquía saudita, ¿qué mejor ubicación para su guerra futura que una de las vastas extensiones de arena de Arabia Saudita? ¿Podría haber un lugar más humano y conveniente para su "reducación" que los ascéticos páramos del gran desierto de Rub al Jali?

Sin duda los sauditas, que según Trump "se retirarían con gusto de Yemen", podrían albergarlos a todos, salvando –una vez más– a Occidente del "terrorismo mundial" mientras se libran de una segunda cinta de Erdogan y del súbito y muy inconveniente descubrimiento de partes del cuerpo de una víctima cuyo deceso tal vez fue conocido –o tal vez no– por Mohammed bin Salmán. Tal vez lo supo o tal vez no, como debemos decir ahora.

Los rusos sin duda lo aprobarían. Los estadunidenses también. Los sauditas de seguro se sacrificarían por todos nosotros asumiendo una carga tan onerosa como sería el aprisionamiento de las legiones del Isis y Nusrah dentro de su propio desierto. Después de todo, esas legiones de crucificadores y verdugos –hablo del Isis, claro– acatarían sin chistar las reglas de la prisión porque sus custodios serían expertos en cortar en público la cabeza con alfanjes a supuestos drogadictos y asesinos de niños, para no mencionar el desmembramiento de un periodista con una sierra cortadora de huesos.

¿Vemos un acuerdo en proceso sobre este tema? La guerra en Yemen llega a su fin (gracias a los vendedores de armas en Occidente que la hicieron posible) y la guerra en Siria llega a su pacífico final con la bendición de Vladimir Putin. De los 450 mil millones de dólares que Arabia Saudita ha prometido gastar en armas en Estados Unidos –ya no hablemos de un pedazo de papel–, 110 mil millones irán a Boeing, Lockheed Martin, Raytheon "y muchos otros grandes contratistas estadunidenses de defensa". La "visión de luz" de Adel al-Jubair –Arabia Saudita, claro– puede ya marchar a la guerra contra la "visión de oscuridad que busca propagar el sectarismo en toda la región", o sea Irán.

Quizá Khashoggi tuvo cierta visión de oscuridad cuando le pusieron la bolsa de plástico en la cabeza en el consulado saudita el mes pasado, pero en Medio Oriente los chicos buenos no siempre acaban venciendo. Hay que hacer la guerra con Irán. Hay que hacer la guerra contra los chiítas. Israel y Netanyahu –¿advierten cómo esos nombres nos han eludido hasta ahora en nuestro triste recuento?– estarán satisfechos con su alianza "secreta" con los sauditas contra Irán. Boeing y Lockheed Martin florecerán, junto con muchos otros contratistas estadunidenses de defensa. Y el príncipe heredero saudita –a diferencia de Khashoggi– se habrá asegurado una larga vida y un honorable entierro en su vejez. De preferencia en una sola pieza.

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

 

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Una nueva protesta de los ‘chalecos amarillos’ degenera en caos en París

Las fuerzas de seguridad detienen a más de 400 personas y dispersan a centenares de manifestantes en el Arco del Triunfo. Hay más de 130 heridos

Coches incendiados, un monumento nacional asaltado, enfrentamientos en varios puntos neurálgicos de París, un presidente desbordado y a 11.000 kilómetros de distancia, y una oposición comprometida por su apoyo a un movimiento de objetivos inciertos. Francia, país donde la tentación revolucionaria nunca está lejos y forma parte de la identidad como la bandera y el himno, flirtea con la crisis política. Los llamados chalecos amarillos desafiaron de nuevo ayer al Gobierno francés con una manifestación que terminó con desórdenes públicos graves, decenas de heridos y detenidos y una sensación de descontrol poco habitual en la capital francesa. El Ejecutivo se plantea declarar el estado de emergencia en el país en caso de que se repitan los incidentes, según ha declarado Benjamin Griveaux, portavoz del Go bierno a Reuters.


Emmanuel Macron, que se encontraba en Argentina en la cumbre del G20, afronta el momento más complicado de su mandato desde que ganó las elecciones en 2017. El presidente francés sigue sin encontrar la fórmula para desactivar una revuelta cuyo grito más extendido va contra él: “Macron, dimisión”. No sirvió de nada su discurso el martes con propuestas vagas para abordar la subida del precio del carburante. Aunque las protestas de los chalecos amarillos —la prenda fluorescente que debe estar en todos los vehículos— están lejos de ser masivas, dos de cada tres franceses las apoyan.


El movimiento empezó a gestarse en octubre, por medio de las redes sociales, como una queja por el precio del diésel, cuyas tasas no han dejado de aumentar hasta equiparse casi a la gasolina. No es una cuestión técnica. Para millones de franceses que viven en ciudades pequeñas y medianas, el coche es una herramienta de trabajo. Cada aumento —habrá otro en enero— supone una carga onerosa para automovilistas a los que les cuesta llegar a fin de mes. La finalidad medioambiental de las tasas —se trata de disuadir del uso de energía contaminante— no les convence. La ven como un agravio, una muestra más de la desconexión de la Francia de las ciudades globalizadas, la Francia donde el medio de transporte es el metro, la bicicleta (o hasta el patinete). En definitiva: la Francia de Macron.


Pero el movimiento ahora plantea un abanico de reivindicaciones variopintas, que van desde la bajada de todas las tasas hasta la dimisión del presidente. Desde hace dos semanas, lo chalecos amarillos no han dejado de bloquear, con distinta intensidad, rotondas y accesos viarios en todo el país. Por tercer sábado consecutivo, ayer también se manifestaron en París y otras ciudades. Y, por segundo sábado consecutivo, la violencia empañó las convocatorias.


Las autoridades habían decidido que, al contrario que el 24 de noviembre, restringirían el acceso a los Campos Elíseos, escenario de enfrentamientos la semana pasada. Para entrar en la avenida había que superar controles policiales. El resultado es que quedó casi vacía. Todo se concentró en las calles y avenidas de los alrededores y en la plaza Charles de Gaulle, donde se ubica el Arco del Triunfo, símbolo nacional de la República francesa. La batalla, con intensidad variable, se prolongó toda la jornada, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer.

Por Marc Bassets
París 2 DIC 2018 - 03:34 COT

 

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Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos visita Colombia

Por estos días, finales de noviembre de 2018, se encuentra en visita oficial a Colombia el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de los Derechos Humanos.

El Relator Especial, Michel Forst, está en Colombia desde el 20 de noviembre y prolongará su estancia hasta al 3 de diciembre. El objetivo de su visita: evaluar la situación de los defensores de los Derechos Humanos y los esfuerzos del Gobierno para protegerlos y garantizar su labor.

La última visita oficial de este tenor a Colombia sucedió entre el 7 al 18 de septiembre de 2009, por la Relatora Especial de aquel entonces, la Sra. Margaret Sekaggya, quien en su informe del 1 de marzo de 2010 llamaba la atención sobre la estigmatización y difamación sistemáticas de los defensores por funcionarios públicos, incluso, por las declaraciones públicas hechas por el presidente de entonces –Álvaro Uribe– que presentaba a los defensores de los Derechos Humanos como “cómplices de grupos terroristas o guerrilleros”.

En aquella visita, la Relatora Especial mostró especial preocupación por la vigilancia ilegal generalizada que llevaban a cabo los servicios de inteligencia civiles y militares; los arrestos sin mediar orden judicial válida y “procedimientos penales abiertos sin fundamento contra defensores de los Derechos Humanos por delitos contra el orden constitucional ("rebelión") y la seguridad pública ("terrorismo"), sobre la base de informes de los servicios de inteligencia militares y civiles y los testimonios de testigos nada fiables”. Además de las amenazas, asesinatos, desapariciones, estigmatización, seguimiento ilegal, judicializaciones en las que se encontraban involucrados agentes estatales.

Una de las situaciones mencionadas en aquel informe, con plena vigente, son las medidas de protección ineficaces:

[...] los asesinatos y desapariciones constantes de defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales eran beneficiarios del Programa de protección, como en el caso de Ualberto Hoyos, ponen de manifiesto las limitaciones del Programa y de otras medidas de protección para evitar los ataques contra los defensores.

Luego de 10 años de la primera visita de la Relatoría Especial, podemos decir que han ocurrido cambios significativos en el contexto nacional. Hace una década el discurso antiterrorista de la política de seguridad democrática negaba la existencia de un conflicto social y armado, y hacía imposible pensar en la solución política al conflicto armado, al cual le adjudicaban el origen de la inseguridad para el ejercicio del derecho a defender los derechos.

 Hoy la visita del Relator Michel Forst se da en un contexto en el que el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno nacional, permite pensar que la situación de los defensores de Derechos Humanos presenta mejoras significativas; sin embargo, estamos frente a hechos que expresan lo contrario. Según las cifras oficiales del Boletín No. 087 del gobierno nacional, entre el 2016 y el 27 de julio de 2018, 183 líderes y defensores de DD.HH han sido asesinados .

El Programa Somos Defensores, en su informe anual 2017 afirma que en este año fueron agredidos 560 defensores de DD.HH (106 asesinatos (incremento del 32.5 %), 370 amenazas, 50 atentados, 23 detenciones arbitrarias, 9 judicializaciones y 2 hurtos de información sensible) en el que se destaca la focalización de la violencia en zonas rurales . Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en su Informe Anual 2017 registraron 121 asesinatos (84 DDH, 23 miembros de movimientos sociales y políticos y 14 personas muertas durante las protestas sociales) 41 intentos de asesinato; 213 amenazas; 61 violaciones de los derechos a la intimidad y la propiedad (seguimientos, fotografías, robo de información, entre otras) 4 desapariciones forzadas y el acceso carnal violento de una mujer activista.

Sin duda estas cifras generan preocupación y hasta controversias. Recientemente el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Alberto Brunori, manifestó que “El debate de las cifras no debe retrasar un debate mucho más serio sobre las causas estructurales y cómo abordarlo de manera integral. Si no lo hacemos seguiremos contando los muertos. Yo no quiero participar en ello ”

¿Cuáles son las causas estructurales de la violencia contra defensores de derechos humanos y líderes sociales?

El abordaje del problema sobre las limitaciones al ejercicio del derecho a defender los derechos estaba sujeto hasta hace poco (aún persiste esta visión) al problema de orden público derivado del conflicto armado. Hoy se pone en duda que el conflicto armado con la guerrilla de las Farc haya sido el principal factor de riesgo, pues tras su desmovilización, persisten los ataques contra defensores.

Esto hace suponer también que el proceso de paz y el supuesto tránsito al postconflicto encubre de una parte, la persistencia del conflicto armado en el que participan otras fuerzas insurgentes (Eln, Epl, disidencias), contrainsurgentes (Fuerzas Militares y paramilitares) y organizaciones criminales que se disputan los territorios y escenarios abandonados por la FARC-EP. Pero también hace pensar que el conflicto armado encubria una violencia mayor, estructural, en la que participan actores económicos y políticos poderosos que ven en la defensa de los derechos humanos una amenaza a sus intereses.

Recordemos que el recién electo presidente Iván Duque (2018-2022), representa la continuidad del proyecto político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, caracterizado por su política de seguridad democrática que fortaleció a las fuerzas militares y las acciones cívico militares; la promoción de la confianza inversionista y la limitación de derechos y las libertades civiles . El “nuevo gobierno” llegó al poder oponiéndose al acuerdo de paz y la salida política negociada del conflicto armado.

Este proyecto político, desde el inicio de funciones del nuevo gobierno, se caracteriza por sus declaraciones en contra de la protesta social que ha sido una forma de exigibilidad de derechos. El Ministro de Defensa Guillermo Botero, quien viene del gremio de los comerciantes (Fenalco) aseguró en declaraciones públicas que “Los dineros ilícitos financian la protesta social” y que detrás de los cierres de vías siempre hay mafias organizadas, estigmatizando y deslegitimando a quienes acuden a la protesta, violando el principio de distinción del derecho internacional humanitario.

En las recientes movilizaciones de los estudiantes que reclaman mayor presupuesto para las universidades pública y el mejoramiento de la calidad desde una perspectiva del derecho a la educación han sido reprimidos por la fuerza pública, quienes según denuncias circuladas por redes sociales, han infiltrado las movilizaciones con agentes de la policía vestidos de civil para promover disturbios, detener y judicializar a los estudiantes.

El nuevo gobierno, aunque ha aceptado a regañadientes el Acuerdo de Paz con las Farc ante la comunidad internacional, ha manifestado que hará ajustes importantes a los mismos, lo cual pone en serio riesgo algunos avances en materia de seguridad y protección de los líderes sociales y políticos declarados en oposición. En el Acuerdo de Paz se incluyeron medidas de política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables de homicidios y masacres que atenten contra defensores/as de derechos humanos (El Decreto Ley 154 de 2017 y Decreto Ley 898 de 2017) medidas de Seguridad para el Ejercicio de la Política (Decreto 895 / 2017) y política pública de prevención de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de personas, grupos y comunidades (Decreto 1581/2017)

El nuevo marco normativo derivado del Acuerdo de Paz también apuntaba, entre otras cosas, al fortalecimiento institucional del Ministerio Público, particularmente a la Defensoría del Pueblo, quién ha cumplido una importante labor en el monitoreo de la situación en territorio a través del sistema de alertas tempranas (Decreto 895/2017), avance parcial que se encuentra en grave riesgo debido a la situación denunciada recientemente por el sindicato de la entidad quien manifiesta su preocupación tras las amenazas de muerte contra tres funcionarios quienes tuvieron que desplazarse desde sus lugares de trabajo, situación ante la cual, el sindicato reprocha el silencio del Defensor del Pueblos Carlos Negret.

Nada nos hace pensar hoy que el Acuerdo de Paz se cumpla y que se acuda a un enfoque más amplio de protección a los defensores de Derechos Humanos, por el contrario veremos un incremento de las estigmatizaciones, judicializaciones y medidas represivas ante lo que el gobierno llama “vandalismo”, “polarización”.

Ante este panorama esperamos que la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas evidencie la real situación por la que atraviesa Colombia en este aspecto, y ejerza presión internacional al “gobierno de Duque” para llevar los riesgos de los Defensores de Derechos Humanos a un nivel manejable que permita la acción social y política.

 

 

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Día internacional de la no violencia contra las mujeres

El 25 de noviembre es una fecha histórica para nosotras, nos reúne en motivo de conmemoración por el asesinato de las hermanas Mirabal en República Dominicana, en el marco de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo el 25 de noviembre de 1960.

Esta convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista en 1981 en Bogotá-Colombia, producto del Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe- EFLAC-, en conmemoración a las hermanas Mirabal y su resistencia política. El día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas o el día de la no violencia, se conmemora anualmente con el fin de denunciar y visibilizar las violencias que se sufren contra las mujeres y las niñas a nivel mundial.

Ya para el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la declaración sobre la eliminación de las violencias hacia las mujeres, argumentando que estas múltiples violencias son consecuencia de la discriminación, tanto por la desprotección del Estado, como por la instauración histórica del patriarcado, siendo una pandemia global, dado que hasta el 70% de las mujeres sufren violencia alguna vez en su vida.

En Colombia más de 400 casos de violencias contra las mujeres han sido reportados en lo que va corrido del año, según medicina legal. Diariamente se viven diversas formas de violencia que se encuentran naturalizadas, inmersas en nuestra cultura y cuestan la vida de mujeres y niñas. En el Municipio de Suacha, como en todo el mundo, el machismo se expresa mediante el acoso y hostigamiento en la calle, en el transporte público y otros escenarios; en la pérdida de autonomía y capacidad de decisión sobre nuestros propios cuerpos; en la violencia en el hogar; en las desigualdades en el ámbito laboral; en la violencia sexual, física, psicológica y económica, que a diario y a cualquier hora atropellan la dignidad de las mujeres. Otra de las violencias hacia cualquier expresión femenina es la ejercida contra la Madre Tierra ella es una gran víctima, esta violencia se expresa en el saqueo y el irrespeto manifestado en contra de todas las formas de vida. Todo ello, sin duda es evidencia de un sistema capitalista que en su naturaleza es machista-patriacal, racista y explotador.

En consecuencia y a modo de resistir, a diario las mujeres tomamos conciencia y esta conmemoración responde a la necesidad de visibilizar esas múltiples violencias por las que, sometidas, deben vivir las niñas hasta la edad adulta. El machismo y los micromachismos son debemos considerarlos una vulneración a los derechos humanos y un problema estructural de la sociedad que persiste en mantener la subordinación de la mujer desde diferentes ámbitos, como el doméstico, el sexual, el ámbito económico, político y de relacionamiento social.

Por ello, el 25 de noviembre nos reunimos millones de mujeres en el mundo, nos encontramos en actos culturales y manifestaciones en la calle. En Suacha, el Movimiento Feminista del Municipio de Suacha, las organizaciones de mujeres, las organizaciones antipatriarcales, decoloniales y anticapitalistas nos reunimos, convocamos en el Centro Comercial Mercurio y marchamos con dignidad hacia el centro de Suacha para reivindicar las luchas de las mujeres suachunas, exigir la no violencia y protestar contra los asesinatos de líderes y lideresas sociales asesinados, para decir NO MÁS VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS, y como es “de esperar” cuando la mujer se libera y denuncia, una vez más en la calle fuimos violentadas por uno y otro comentario machista, contra nuestra movilización, sin embargo nuestra dignidad puede más.

A continuación una expresión de amor y libertad:

 

A MIS MUJERES por INGRID YULIETH HERRÁN

Que la lluvia caiga...fuerte, estruendosa y fría...
Que el fuego caliente nuestras manos y nos invite a sonreír...
Que la magia de las velas encienda nuestro fuego interior...
Que nuestras aguas fluyan y limpien nuestro ser...
Que el humo del sahumerio nos envuelva con su poder...
Que el espíritu del amor toque nuestras células más pequeñas...
Que nuestras voces canten el pensamiento interno....
Que nuestra palabra sea linda y amorosa..
Que nuestro corazón resplandezca de energía femenina...
Que las miradas reflejen ternura y dulzura de mujer...
Que el pasado sea perdonado y liberado...
Que el presente sea nuestra razón de vida...
Que el espíritu dance en senderos de alegría...
Que las lágrimas y el dolor sean sanados y curados...
Que nuestro útero divino sea bendito y purificado...
Que nuestra sexualidad sagrada sea comprendida...
Que nuestro linaje sea envuelto en luz divina...
Que la mujer que habita en mi abandone temores...
Que la paz interior brille como un diamante en nuestro ser...
Que nuestro espíritu se abrace en cualquier rincón mundial...
Que las piedras nos enseñen su fortaleza...
Que las plantas nos abracen con su sabiduría...
Que la tierra nos reciba nuestra lunita bendita...
Que las estrellas guíen nuestro andar...y...
Que nuestro amor permanezca vivo en hermandad

Hoy y siempre guerreras de útero valiente!

 

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Vano intento de 500 migrantes del éxodo para cruzar hacia EU

Tijuana. La ilusión de poder asaltar el cielo con consignas y banderas duró poco más de tres horas para medio millar de desplazados del éxodo centroamericano. El vano intento de esta mañana de cruzar sin documentos la frontera hacia el país más poderoso y mejor armado de la tierra, sólo con la indoblegable voluntad que los ha empujado desde hace seis semanas a transitar más de 5 mil kilómetros, terminó mal.

La Patrulla Fronteriza estadunidense los repelió a la altura de la garita de El Chaparral con gases lacrimógenos y balas de goma disparados desde Estados Unidos hacia territorio mexicano, con un saldo de cuatro heridos.

Uno de los lesionados es el defensor de derechos humanos Rubén Figueroa, del Movimiento Migrante Mesoamericano, quien observaba el desarrollo de los hechos a varios metros de distancia del muro fronterizo. Una cápsula de gas lacrimógeno disparada desde el norte lo descalabró. Fue dado de alta después de ser atendido en el hospital general.

Además, del lado mexicano fueron detenidas 36 personas, todos hondureños. Del lado estadunidense fueron apresados 73 que habían logrado burlar el muro divisorio a través de un hueco.

Varios testigos aseguraron que los detenidos no realizaron ningún acto violento; que cuando los manifestantes se replegaron y regresaban a pie hacia el albergue, unas patrullas los detuvieron y los fueron a entregar a la estación migratoria. Éstos, al parecer, serán los acusados de "causar disturbios, riñas, alterar el orden público y agredir a los ciudadanos", según la policía municipal. Y serán deportados.

La marcha hacia la garita de El Chaparral fue planeada hace días. La comisión de representantes y la organización Pueblo sin Fronteras aceptaron acompañar al grupo con la condición de que fuera una caminata pacífica.

Las mantas y pancartas estaban ya listas. En una se anotó: "Trump, no te odiamos". Otra rezaba: "Venimos en son de paz". Y otra: "Catrachos (hondureños): 100% trabajador". Una aludía a la campaña xenófoba que se ha sentido de este lado: "México, disculpa si en algo te he ofendido". Algunos niños llevaban banderitas de Estados Unidos.

Salieron pasadas las 10 de la mañana con el plan de manifestarse frente a la garita que divide El Chaparral y San Ysidro. La mayoría de los que acampan el sobresaturado albergue optaron por no sumarse a la columna. Muchos iban con la idea de que se trataba de una manifestación de protesta. Otros se hicieron la ilusión que podrían dar el salto definitivo. Llevaban pequeñas mochilas y una cobija amarrada a la espalda.

Al llegar al puente vehicular que sube al puerto de entrada de El Chaparral toparon con una barrera de antimotines de la Policía Federal. Sin éxito intentaron dialogar para seguir adelante. Pasó media hora y todo indicaba que la manifestación regresaría.

Pero inexplicablemente la fuerza policiaca descuidó los flancos del puente vehicular. La tentación fue demasiado grande. En un instante, los migrantes centroamericanos arrancaron a correr por los carriles laterales y al grito de "¡vámonos, vámonos!" invadieron la zona restringida del puerto fronterizo.

Encabezados por un joven que portaba una bandera mexicana, varios centenares se descolgaron por la canalización del río Tijuana, pasaron a la otra orilla, quizá pensando que ya estaban en territorio estadunidense, y avanzaron hacia el puerto de entrada. Pero equivocaron el camino y avanzaron hacia la salida vehicular. Estaba cerrada a piedra y lodo. Otro pequeño puñado corrió hacia otra dirección, vio una reja abierta y entró directamente a la boca del lobo: el estacionamiento del INM. Unos cuantos terminaron directamente en las perreras del Grupo Beta.

En un lapso caótico, desde lo alto del puente vehicular se podía observar la escena surrealista: unos grupos corrían por un pasillo que los llevaba a un callejón sin salida. Instantes después regresaban y volvían a tomar un camino equivocado. Otro contingente caminó por la zona comercial y se aproximó a las alambradas del puerto de entrada, en medio de miles de automóviles varados por el cierre de la garita. Otros caminaron hacia la frontera, treparon por un terraplén que los llevó a las vías del tren en desuso y ahí desembocaron directamente al gigantesco muro metálico. Era el fin del viaje. Y también el fin de la naturaleza pacífica de la marcha.

Varios migrantes encontraron un hueco en el muro. Unos 73 se atrevieron a atravesarlo. Fueron detenidos. Un agente de la Patrulla Fronteriza disparó la primera cápsula de gas. De ahí siguieron muchas más. Y balas de goma. En su retirada, otros muchachos recogían piedras cerca de las vías del tren y las lanzaban contra el muro. Eso es lo que la secretaria de Seguridad Interna estadunidense, Kirstjen Nielsen, interpretó en un comunicado emitido en Washington está tarde como "un intento de transgredir la infraestructura de la valla fronteriza y un intento de lastimar al personal de la Patrulla Fronteriza lanzándoles proyectiles".

Minutos después, por el mismo terraplén los grupos de hondureños, salvadoreños y guatemaltecos bajaban decepcionados y alarmados. Algunos venían llorosos y con dificultades para respirar. Otros sólo vieron a lo lejos las nubes de gas.

Javier Bauluz, un experimentado fotógrafo que ha registrado muchos otros éxodos en el mundo, intenta distenderse un momento frente a una cerveza en la pintoresca Plaza Santa Cecilia, el Garibaldi tijuanense. Y de pronto recuerda un episodio, en 2015, cuando decenas de miles de sirios e iraquíes huyendo de la guerra intentaban viajar hacia Europa. Habían llegado hasta Budapest. El gobierno austriaco suspendió la corrida de trenes hacia Alemania. Los fugitivos quedaron varados, en terribles condiciones, en un país que los rechazaba.

Estaban totalmente contra la pared, acogotados. Y una noche un hombre llegó a sacudirlos. "Los tomaba de la solapa y les gritaba: vámonos. En 24 horas de organizó una caravana que caminó cerca de 16 horas por la carretera, hasta quedar exhausta. Y esa escena fue la que movió al gobierno de Ángela Merkel para acogerlos. Y los mandó llevar a Alemania en autobuses".

No son condiciones similares. Pero sí da la impresión de que para el épico desplazamiento de centroamericanos este día puede ser un momento de quiebre. Y tal vez en el albergue más de uno no pudo dormir, pensando en lo que se aproxima.

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