Lo que los mayores medios de información no están contando sobre EEUU

Se están produciendo grandes cambios en EEUU que apenas han sido dados a conocer en España por parte de los mayores medios de información que, en su intento de informar a los españoles sobre la situación política en aquel país, se centran en presentar (y predominantemente ridiculizar) la figura del presidente Trump, comentando sus extravagancias y falsedades. Tal atención a la figura de Trump crea una percepción errónea de que el mayor problema que tiene EEUU es su presidente, ignorando que el problema real, apenas citado por los medios, es que la mayoría de la clase trabajadora de raza blanca (que es la mayoría de la clase trabajadora en EEUU) vota a Trump y, muy probablemente, continuará votándolo en el futuro (es interesante señalar, por las razones que citaré más adelante, que parece haber un redescubrimiento en aquel país de la clase trabajadora, a la que se había dado por desaparecida u olvidada, siendo sustituida por las clases medias.) Y es también interesante señalar que, aun cuando Trump ha sido votado por amplios sectores de la burguesía y la clase media, el hecho es que, sin el apoyo de la clase trabajadora de raza blanca, no habría sido elegido presidente de EEUU. En realidad, es incluso probable que sea reelegido de nuevo en 2020, y ello a pesar de que la mayoría de ciudadanos desaprueban su gestión. El sistema electoral de EEUU (que favorece a las fuerzas conservadoras), la enorme lealtad de sus votantes (el 82% de aquellos que lo votaron, volverían a hacerlo), y el desánimo y el rechazo de la clase trabajadora y de amplios sectores de las clases medias hacia el Partido Demócrata (que en su día se llamaba el Partido del Pueblo -the People’s Party­-, considerado, con una enorme generosidad, como el partido de izquierdas frente al partido de derechas, el Partido Republicano) son factores a favor de su reelección.

¿Por qué la clase trabajadora está votando a la ultraderecha? Por la misma razón que en Europa también lo hace

Tal como también ha ocurrido en Europa, el movimiento hacia la ultraderecha de votantes de la clase trabajadora se debe, en gran parte, al abandono por parte de los partidos de centroizquierda o izquierda de las políticas “labor friendly”, es decir, de las políticas públicas redistributivas que los habían caracterizado (y que habían favorecido al mundo del trabajo). Tal abandono ha ido acompañado de la adopción de políticas públicas de sensibilidad neoliberal que han incluido medidas que han debilitado mucho el mundo del trabajo, tales como las reformas laborales regresivas que han causado un gran aumento de las desigualdades (alcanzando niveles que nunca se habían conocido en los últimos cuarenta años y que han causado un claro deterioro de la calidad de vida y el bienestar de la clase trabajadora y demás componentes de las clases populares). Tales políticas neoliberales fueron iniciadas por el presidente Reagan en EEUU y por la Sra. Thatcher en el Reino Unido, habiendo sido continuadas más tarde incluso por partidos gobernantes que se definían de centroizquierda o izquierda, como en los gobiernos de Clinton y Obama en EEUU, y Blair, Schröder y Zapatero en Europa.

De estas observaciones se deduce que el foco principal de la atención mediática debería ser el comportamiento de estos partidos gobernantes, intentando entender por qué sus bases electorales los han abandonado. Si hicieran esto, verían que los datos muestran claramente que fueron estas políticas neoliberales las que crearon una enorme crisis social que ha afectado sobre todo a las clases populares. Y es esta realidad la que el establishment político-mediático en EEUU ignora, enfatizando en su lugar las excelencias del modelo económico liberal de aquel país, mostrando su continuo crecimiento económico como mejor prueba de ello. Otros indicadores que también utilizan para mostrar la excelencia del modelo liberal estadounidense es la evolución de los indicadores tradicionales de eficiencia económica, tales como la tasa de desempleo, sin tener en cuenta que la gran mayoría de empleo nuevo es precario y temporal.

La falsedad del éxito del modelo económico neoliberal en EEUU

La tasa de desempleo en EEUU más divulgada en los mayores medios de información es, en teoría, muy baja (3,6% en mayo de 2019), y es la que el presidente Trump utiliza constantemente. También es la que los grandes medios de información españoles reproducen. Pero esta cifra es de escaso valor para conocer el estado del mercado de trabajo estadounidense. Una tasa más realista es la publicada por la Agencia de Estadísticas Laborales (US Bureau of Labor Statistics, cuadro A-15, en “The employment situation – May 2019”) del gobierno federal, que utiliza la cifra de 7,1%, siendo mucho mayor para las personas con una educación inferior a la secundaria (que incluye la mayoría de la clase trabajadora no cualificada) y que es del 16% entre blancos y del 28% entre afroamericanos. Pero, además de la elevada tasa de desempleo, hay también una muy alta precariedad en el empleo, así como un proceso de uberización del mismo (es decir, la externalización de la relación laboral, pasando de ser empleado de una empresa a un autónomo, perdiendo así el trabajador toda capacidad de negociar los salarios y derechos laborales). Como consecuencia de estos hechos, ha habido un descenso de los salarios durante el período definido como “exitoso”. Para los trabajadores no cualificados, el salario por hora ha descendido desde 1973 un 17%.

Las consecuencias de estos cambios en unas cifras vitales para la población se muestran con toda claridad. Lo que los medios de información no dicen es que han aumentado de una manera muy notable las enfermedades y muertes por desesperación (“diseases of despair”) entre estos trabajadores no cualificados, incluyendo epidemias de consumo de opiáceos (habiendo crecido 17 veces el número de muertes por adicción a las drogas), epidemias de alcoholismo (causando tantos muertos en un año como el número de soldados muertos en las guerras de Corea y Vietnam), y así un largo etcétera.

El deterioro de la calidad de vida de las clases populares

Este deterioro, sin ser tan acentuado ahora como a principios del siglo XX, en los años 30 (durante la Gran Depresión), ha creado una enorme crisis de legitimidad del sistema liberal económico y de su establishment político-mediático. Y es esta crisis la que no se está analizando en los grandes medios y sobre la que no se está informando, lo cual es grave, porque sin entenderlo no se puede explicar el auge de la ultraderecha –representada por Trump– (que ha aparecido también en Europa por causas semejantes). Esta ultraderecha tiene características comunes con el fascismo, tales como un nacionalismo extremo y autoritario, una demonización y represión de las minorías y de los inmigrantes, una homofobia y machismo muy extremos, una narrativa antiestablishment que considera que el Estado está captado por las minorías raciales, un desprecio por el sistema parlamentario y por las instituciones representativas, un deseo de control de los medios de comunicación con intolerancia a la crítica, unas promesas de recuperar un pasado idealizado con eslóganes que contienen enormes promesas de imposible ejecución, un culto al líder al que se considera dotado de cualidades sobrehumanas, así como un canto a la fuerza, al orden y a la seguridad, con un ejercicio de la fuerza y la violencia sin frenos. Su gran agresividad, sin embargo, no aparece en forma de intervenciones militares (ya que son conscientes de los desastres que supusieron intervenciones previas de este tipo), sino en forma de bloqueos económicos como han sido los casos de Irán y Venezuela (que han provocado más muertos que los que hubiera habido en caso de conflicto armado). No hay duda de que el desarrollo y continuidad de tales políticas podrían llevar a un desastre.

Existe una diferencia, sin embargo, entre la ultraderecha gobernante en EEUU y el fascismo europeo en cuanto a sus políticas económicas. El fascismo conocido en Europa (y que era la defensa de la estructura del poder capitalista frente a la amenaza del socialismo y del comunismo) no era anti-Estado. Tenía un barniz social, con el cual intentaba llegar a la clase trabajadora. Así, el nacionalsocialismo era un intento de derivar a la derecha el enfado popular hacia el sistema capitalista. No así la ultraderecha actual en EEUU, que es profundamente anti-Estado, teniendo características del libertarismo. Vox ejemplifica en España el trumpismo, a diferencia de la ultraderecha francesa, por ejemplo, liderada por el partido de Le Pen.

Las limitaciones políticas de carácter identitario de lo “políticamente correcto”

Frente a esta amenaza, la estrategia de la izquierda estadounidense, a través del Partido Demócrata, fue enfatizar las políticas antidiscriminatorias de género y de raza, encaminadas a la integración de las mujeres y minorías en el establishment político-mediático del país. Se seguía una estrategia basada en lo “políticamente correcto”, es decir, con unas prácticas y un lenguaje antidiscriminatorio focalizados en políticas públicas de afirmación identitaria (repito, fundamentadas en el género y la raza).

Tales intervenciones, sin embargo, aunque importantes, han sido insuficientes. Su falta de atención hacia la discriminación de clase (es decir, hacia la discriminación contra las clases populares) ha sido su gran punto flaco. El fracaso de esta estrategia, en el caso del mayor movimiento feminista en EEUU (NOW), se ve claramente en que la mayoría de mujeres de clase trabajadora (la mayoría de mujeres) no votaron a la candidata feminista, Hillary Clinton, sino a Trump. El supuesto de que el movimiento feminista estaba hablando en nombre y en defensa de todas las mujeres no convenció a muchas mujeres, incluyendo la mayoría de mujeres de la clase trabajadora, que no votaron por la candidata de NOW, sino por Trump, que se presentó como el candidato antiestablishment neoliberal, centrado –según él- en el Estado federal.

La discriminación olvidada: la discriminación de clase

Las mujeres, como los hombres, pertenecen a distintas clases sociales, cada una de las cuales sufre distintas formas de discriminación, sosteniendo intereses distintos e incluso opuestos. Y la realidad es que parte de las dirigentes del movimiento feminista son mujeres de clase media alta ilustrada (es decir, con titulación universitaria) cuyas propuestas y cuyo discurso no atrae a las mujeres de clase trabajadora, o no las atrae con suficiente fuerza para superar su identidad de clase. Como cualquier ser humano, las mujeres tienen varias identidades, una de ellas la de ser mujer. Pero tiene también otras identidades, como la de la clase social a la cual pertenecen. Y esta última define también cómo se expresa la identidad como mujer. La mujer liberal burguesa (de clase alta) por ejemplo, tiene una visión de “ser mujer” distinta a la visión de la mujer trabajadora. Y esta realidad queda ocultada, sin embargo, cuando las primeras se presentan como representantes de todas las mujeres. Lo que ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales en EEUU es un claro ejemplo de ello.

Los derechos políticos y sociales están muy determinados por los derechos económicos

El discurso identitario se ha centrado en EEUU principalmente en los derechos políticos y sociales (como por ejemplo los derechos de representación, puestos de poder ocupados por las personas discriminadas, sean estas mujeres o minorías), pero muy poco en los derechos económicos.

Más concretamente, el discurso identitario en EEUU se ha centrado en corregir la discriminación de las minorías y de las mujeres, con propuestas para facilitar la integración de dichas personas discriminadas en la estructura del poder actual, asumiendo que tal integración ayudaría a todas las mujeres o miembros de las minorías. En este sentido, la estrategia feminista se ha centrado en los temas identitarios, facilitando la integración político-social de los sectores discriminados, con un énfasis en el desarrollo de los derechos políticos y sociales de representatividad, tanto en la esfera pública como en la privada. Sin embargo, ha ofrecido una atención muy limitada a los derechos económicos (los derechos que centran la atención de las clases populares -mujeres y hombres- tales como el trabajo y los salarios dignos, el acceso a la sanidad, a la educación, a la vivienda, a la jubilación digna, etc.). Al centrarse en combatir las discriminaciones por raza o género, han olvidado la discriminación por clase, facilitando así la imagen de que el objetivo de la estrategia del Partido Demócrata era la supuesta captura del Estado federal por parte de las minorías y las mujeres. Y así lo han percibido las clases discriminadas. El Partido Demócrata, por ejemplo, ha dejado de estar liderado por hombres blancos, siendo estos sustituidos ahora por mujeres y afroamericanos (la mayoría de clase media ilustrada, es decir, con formación académica), que continúan imponiendo políticas neoliberales como por ejemplo el estímulo de la movilidad de capitales e inversiones -la odiada globalización- que ha dañado a las clases populares. La Sra. Clinton, líder feminista, era la mejor promotora, como ministra de Asuntos Exteriores del gobierno Obama, de la globalización del capital estadounidense, lo que facilitó la desindustrialización de EEUU y dañó a la clase trabajadora industrial, eje del apoyo a Trump.

El socialismo como ideología transversal

Esta orientación exclusivamente identitaria evitó la transversalidad que ofrecía el concepto de clase social, lo cual habría permitido relacionar los distintos movimientos identitarios, mostrando su relación e interdependencia. De ahí la novedad y atractivo del socialismo: un proyecto basado en la universalización de los derechos sociales y de los derechos económicos, que mejore la calidad de vida de las clases populares (en su distinta y variada composición de género y raza) a través de un proyecto de empoderamiento y emancipación que una las distintas luchas para disminuir y erradicar la explotación con un hilo conductor, utilizando las instituciones representativas y las movilizaciones sociales para alcanzar su objetivo.

Y este es el proyecto que Bernie Sanders anunció en la presentación de su candidatura en Washington D.C. Habló del socialismo democrático como la continuación del New Deal iniciado por el presidente más popular que haya tenido EEUU, el presidente Franklin D. Roosevelt. Fue este el que habló de la necesidad de que el Estado federal garantizara, junto a los derechos sociales y políticos (la libertad de expresión, de asamblea y de religión, de participación en el proceso electoral, de acceso a la información y de organización, entre otros) los derechos económicos y sociales (como el derecho al trabajo digno y bien remunerado, a los servicios sanitarios, a la salud, a la educación -desde escuelas de infancia a la universidad-, a la vivienda digna y confortable, a un medioambiente de calidad y a la jubilación -también digna y satisfactoria-, entre otros).

La materialización de tales derechos exigía un cambio sustancial de las políticas públicas que, como había denunciado el presidente Roosevelt antes y Martin Luther King más tarde, habían sido favorables a ofrecer todo tipo de ayudas públicas a las rentas del capital y de las clases pudientes (el “socialismo para los ricos y para el mundo empresarial”, corporate socialism). España se podría haber añadido el socialismo bancario (por haber recibido la banca la ayuda pública más importante que el Estado haya hecho, con 60.000 millones de euros).

El socialismo para los ricos y el mundo empresarial

Lo que era necesario (según había apuntado Roosevelt) era un cambio de 180º en el tipo de socialismo. El socialismo democrático popular tenía que sustituir al “socialismo de las élites financieras y económicas”, socialismo este último que había sido un desastre y estaba (está) llevando a EEUU a la “barbarie”, forzando, como bien predijo Karl Marx, a tener que escoger entre “barbarie o socialismo”. Y la realidad lo está demostrando hoy también. Actualmente existe un gran rechazo hacia el capitalismo salvaje (el socialismo de los ricos) que Trump representa. La gran mayoría de los jóvenes y de las mujeres (los dos grupos con peores condiciones económicas) preferirían vivir en un socialismo democrático que no el capitalismo actual. En un país donde el 1% de la población estadounidense posee el 92% de todas las acciones bancarias y en el que el director ejecutivo de la compañía comercial más grande, Walmart (que tenía a la Sra. Clinton en su dirección), gana más de mil veces más que uno de sus empleados medios, no es sorprendente que las clases populares estén enfadadas. Y todo esto queda ocultado con el énfasis en Trump. Lo que es prácticamente nuevo en EEUU es que grupos que han sido víctimas del sistema, intenten romper con la monopolización de su victimismo para coordinarse e incluso unirse en un proyecto común que favorezca a todos los amplios sectores de la población que están explotados y discriminados. Para entender el elemento de transversalidad en su estrategia unitaria, hay que recuperar el concepto de poder de clase y el significado del socialismo. Este hecho, que es lo más importante en EEUU, es lo que el establishment político-mediático español quiere ocultar.

 

Por Vicenç Navarro

julio 11, 2019

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Políticas Públicas de The Johns Hopkins University

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Raúl Zibechi: “Todo el sistema neoliberal se basa en una publicidad falsa

El escritor, periodista y activista uruguayo analiza las políticas neoliberales en torno a la vivienda.

 

Raúl Zibechi, escritor, periodista y pensador-activista uruguayo, ha publicado una extensa bibliografía vinculada a los movimientos sociales de resistencia. Aprovechando su paso por València el pasado mes de marzo para asistir a la charla-coloquio 'El dret a l'habitatge a l'Amèrica del Sud davant de l'ofensiva del neoliberalisme' —celebrado en el CSOA L’Horta— y su participación en Ràdio Malva, planteamos al investigador cuestiones sobre el urbanismo, el turismo y la gentrificación que afectan a nuestros barrios.

En tu intervención abordaste las políticas neoliberales que se están produciendo en torno a la vivienda tanto en Latinoamérica como en Europa, ¿cómo funcionan estas políticas?


Las políticas neoliberales quieren mercantilizarlo todo, incluso la vida. Hablamos de un modelo especulativo que no tolera la diversidad, que trata de homogeneizarlo todo para poder mercantilizar mejor, hacer todos los productos similares para poder venderlos con mayor facilidad. En el caso concreto de la vivienda, se especula con el suelo urbano. Tratan de rediseñar zonas centrales que hace 30 o 40 años eran periferias y que ahora se han revalorizado, así que necesitan vaciarlos para hacer negocio y construir grandes edificios. Se expulsa a familias con el aumento de los alquileres o como me han contado que hacían en el Cabanyal, directamente con excavadoras.

Gentrificación y turistificación son las palabras que aparecen continuamente cuando hablamos de estos procesos. En nuestro país el desarrollismo enfocado al turismo es una política que viene de décadas atrás y que convierte a barrios y ciudades en escaparates para el visitante.


Estos procesos provocan la sobreutilización de las zonas más céntricas, las zonas monumentales o de playa y las convierte en grandes escaparates. Aumenta el número de apartamentos turísticos, se encarecen los servicios, las viviendas, los precios de los alquileres, se promocionan zonas bien conservadas, con buenos trasportes y grandes restaurantes... y el resto de la ciudad se queda en una situación mucho más vulnerable. Quienes finalmente se benefician del turismo son las aerolíneas y los grandes hosteleros: es el mismo capital financiero que está implicado en los procesos de gentrificación.

Sin embargo, el turismo siempre se nos vende como una fuente irrenunciable de riqueza.


Todo el sistema neoliberal se basa en una publicidad falsa, ya sea para construir una represa en una comunidad indígena o un hotel en la playa. Siempre se promete que generará empleo. Pero el turismo genera empleo temporal, precario, salarios bajos y malas condiciones laborales. Es muy difícil encontrar en la hostelería un empleo fijo, bien remunerado y con buenas condiciones. En general, el modelo actual provoca una enorme precariedad de vida a todos los niveles, no sólo a nivel laboral.


Este mismo modelo tiene también su impacto ambiental negativo, ya que con el turismo se sobreutilizan los recursos hídricos. Está ocurriendo en Mallorca, donde la calidad del agua es muy mala. Es la lógica del extractivismo de recursos en favor del gran capital: ya se habla de extractivismo urbano, si no logramos frenar este modelo nos arrinconarán en las periferias de las ciudades en pésimas condiciones.


Los movimientos sociales que luchan contra estos fenómenos de gentrificación y turistificación en sus barrios reivindican el derecho a una vivienda digna. Sin embargo, en este mismo sentido desde Latinoamérica nos llegan las luchas por el derecho al territorio, una filosofía con una lógica más comunitaria que en cierta medida se contrapone al sentido individualista que conlleva el derecho a la vivienda.

En mi opinión el concepto de territorio es clave. Toda vivienda se construye sobre un terreno, una tierra: no podemos legislar sobre el derecho a la vivienda sin abordar el terreno urbano, que es el principio para acceder a una vivienda. En muchos lugares de Latinoamérica se entiende que las viviendas están afincadas en territorios, vivimos en comunidades y el territorio nos debe permitir seguir siendo comunidad. La relación de los seres humanos con el territorio es importante para garantizar la vida. Quien vive y forma parte de un territorio lo cuidará. Nosotros decimos que el territorio no nos pertenece sino que nosotros pertenecemos al territorio. El territorio no es para usufructuarlo, es para sostenerlo. El territorio es agua, alimento, tierra, vida, comunidad, es todo lo que gira en torno a esa convivencia. Ninguna familia puede enfrentar el modelo de forma individual, tenemos que hacerlo en comunidad.


La vida en comunidad y el arraigo a un territorio es lo que nos permite hablar de la identidad de un barrio. Sucede que cuando hablamos de preservar esa identidad se nos acusa rápidamente de oponernos al progreso. En el debate sobre el desarrollo que defienden los grandes empresarios nos encontramos como muchos sectores populares y de trabajadores que piensan que el consumismo, lo moderno y el progreso son lo bueno. En la última crisis mucha gente ha llegado a replantearse las cosas, pero falta mucho trabajo por hacer en este sentido. El sistema tiene mucha fuerza y la cultura del consumo y la idea de modernidad tienen mucho peso. Van a faltar todavía muchas crisis y fallos del sistema para que aspiremos a una vida sencilla, un buen vivir, una buena calidad de vida sin mucho consumo, sin coches.


Has explicado como en Latinoamérica muchos gobiernos progresistas promovieron políticas desarrollistas en la últimas décadas que han resultado muy perjudiciales. Nosotros tenemos el caso del PEC en el barrio del Cabanyal o del PAI de Benimaclet con un gobierno progresista además de varios proyectos similares en el resto de la ciudad.


Algo común entre la izquierda y la derecha es que ninguno de los dos cuestiona el modelo de desarrollo. La izquierda sigue el modelo neoliberal. Se plantean pautas para paliarlo, pero no para cuestionar el modelo. Y si no se hace esto, vamos a ver una creciente polarización social como ya está ocurriendo en varias partes del mundo. El 1% es cada vez más rico y mientras que la desigualdad sigue creciendo. Sobre esta polarización social va a ver una polarización política. Y ahí vemos cómo aparece la ultraderecha.


Además, el modelo neoliberal genera una sociedad cada vez más militarizada donde la protesta se criminaliza, la policía tiene un gran poder y en un juicio su palabra vale siempre más que la de un ciudadano. Si las instituciones juegan a nuestro favor, mejor; pero el jugador no es el partido, ni el político, ni el diputado. Ellos pueden favorecernos o perjudicarnos, pero el actor principal es la gente. Lo que nosotros hagamos es lo decisivo. La nave ha de ser pilotada por las personas; los políticos son como el viento, que puede soplar o no a nuestro favor.

En ocasiones sucede que se tiende a la desmovilización cuando los gobiernos de izquierda están en el poder. Debemos hacer más cosas además de movilizarnos, no sólo hay que manifestarse sino ser capaces de crear espacios nuevos y propios. No basta con reclamar el derecho a la vivienda: hay que comenzar a crear las soluciones por nosotros mismos. Esto es lo decisivo: no podemos depender de la clase política.

Por Eleuterio Gabón
2019-05-11 07:00:00

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Miércoles, 12 Diciembre 2018 07:14

Los que no pactan y expresan xenofobia

Los que no pactan y expresan xenofobia

El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular fue aprobado por más de 150 países en Marruecos. Los que se opusieron adujeron que el acuerdo afecta la soberanía, pero son los que más aplican medidas anti-inmigración.


El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado en Marrakech (Marruecos) con el rechazo de 11 países. Estados Unidos, Brasil, Chile y Polonia, entre otros, fueron algunos de los que se negaron a firmarlo argumentando que atenta contra sus soberanías. Mientras que Bulgaria, Estonia, Eslovenia y Suiza pidieron más tiempo antes de tomar una decisión. El pacto fue aprobado la noche del lunes por más de 150 países.


“El pacto es incompatible con la soberanía de nuestro país y con la política migratoria que esta llevado adelante el presidente Donald Trump”, afirmó Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la ONU. Washington, que negó a sumarse a la iniciativa en diciembre de 2017, fue el principal ausente en los dos días de debate. “Las decisiones sobre la seguridad de las fronteras, sobre a quién se le permite residir legalmente u obtener la ciudadanía, son algunas de las decisiones soberanas más importantes que puede tomar un país”, afirma el comunicado estadounidense leído ante la ONU. El futuro canciller brasileño, Ernesto Araújo, compartió su postura con Estados Unidos y afirmó que Brasil se retirará del pacto luego de la asunción del presidente electo, Jair Bolsonaro, el 1 de enero. “El gobierno de Bolsonaro se desasociará del Pacto Mundial de Migraciones que está siendo lanzado en Marrakech, porque es un instrumento inadecuado para lidiar con el problema”, planteó Araújo. “La inmigración no debe ser tratada como una cuestión global, sino de acuerdo con la realidad y la soberanía de cada país”, agregó el futuro jefe del Palacio Itamaraty. La posición del futuro canciller no coincide con la del actual Ministerio de Relaciones Exteriores que participó ayer en la cumbre. La salida de Brasil del pacto sería una nueva señal de acercamiento a la diplomacia de Trump. Tanto Bolsonaro como Araújo ya habían expresado su admiración por el mandatario estadounidense y su deseo de alinearse con él en materia de política exterior. Además, Bolsonaro anunció su intención de trasladar la embajada brasileña en Israel de Tel Aviv a Jerusalén, tal como lo hizo Estados Unidos, aunque luego esa medida que molestó a sectores exportadores a los países árabes quedó sin confirmar. Una de sus últimas muestras de simpatía con EE.UU. fue su intención de desinvolucrarse del acuerdo de París contra el cambio climático. Araújo concluyó sus mensajes afirmado que acogerán a los venezolanos que “escapan del régimen de Maduro”. De inmediato Bolsonaro recibió felicitaciones del viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini, otro desertor del acuerdo. “Felicitaciones al nuevo gobierno y al nuevo presidente brasileño. Bien la decisión del gobierno (de Jair) Bolsonaro y el anuncio del futuro ministro de Exteriores Ernesto Araujo de disociarse del Pacto Mundial sobre migración de la ONU. Comparto el espíritu y las motivaciones”, celebró el funcionario italiano que en los últimos meses endureció sus medidas contra la inmigración. En su participación en Marrakech, Salvini afirmó que no suscribirá al acuerdo justificando que la decisión no puede ser tomada sólo por el gobierno sino que debe discutirse en el Parlamento.


En América latina, países como Chile y República Dominicana también se apartaron del pacto. El gobierno de Chile, por su parte, defendió su decisión argumentando que cada país es soberano para fijar sus propias reglas sobre el asunto. “Los migrantes tienen derechos, pero cada país es soberano para fijar sus propias reglas de migración”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero.

Además agregó que la migración no es un derecho humano. Una declaración que provocó una ola de críticas. La ex presidenta chilena y Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, lamentó la decisión del gobierno y afirmó que suscribirse al pacto puede ser muy positivo. “Yo lo lamento, pero es una decisión del gobierno actual, y yo no puedo menos que señalar que espero que algún día Chile se sume al pacto global, que creo que puede ser muy positivo”, dijo Bachelet en una conferencia en Madrid. Además recordó que ella misma es bisnieta de una familia francesa que fue acogida por Chile. “La antigua migración fue europea, luego de los países cercanos, Bolivia y Perú, y en los últimos años haitianos, venezolanos, dominicanos y refugiados colombianos”, explicó la ex presidenta que consideró que la migración no es un problema sino un hecho histórico.


El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular es un documento acordado en julio pasado por los Estados miembros de la ONU en pos de favorecer la cooperación entre los países firmantes. Sin embargo, deberá ser sometido todavía a una última votación de ratificación el 19 de diciembre en la asamblea general de la ONU. Las sesión estuvo dirigida por Antonio Guterres, secretario general de la ONU, quien frente al rechazo de varios países envió un mensaje conciliador. “El texto garantiza el derecho soberano de los Estados a determinar sus política de migración y su prerrogativa para gobernar la migración dentro de su jurisdicción, en conformidad con el derecho internacional. El texto no es jurídicamente vinculante”, expresó. Destacando los esfuerzos hechos para llegar a este pacto Guterres, exhortó a no sucumbir al miedo a la migración.


Por su parte, la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, reiteró que el documento es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades nacionales de los Estados. “Es un momento histórico porque damos un rostro humano a la emigración”, precisó Espinosa, antes de añadir que los Estados por más poderosos que sean, no pueden afrontar el reto migratorio solos. La mayoría de los oradores que tomaron la palabra a favor del pacto, insistieron en que la soberanía de los estados no se verá afectada.

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Apartamentos de lujo acabaron con los arrozales de Saigón

Pham Quoc Cong vive con seis integrantes de su familia en una habitación de 2 metros cuadrados en Ciudad Ho Chi Minh, la antigua Saigón. Es el sacrificio que tiene que hacer para permanecer en el centro de una de las urbes asiáticas donde los precios de la vivienda se incrementaron de manera considerable en años recientes.


Este obrero de la construcción vive en una habitación en las que las literas, el refrigerador y los juguetes de niño ocupan ya prácticamente todo el espacio.


Él duerme a menudo afuera en una tumbona. Es muy difícil encontrar un lugar seco durante la estación lluviosa, explica este hombre de 49 años que vive en este lugar desde 1975.
En Ciudad Ho Chi Minh, la capital económica de Vietnam, el precio de los terrenos subió a casi 18 mil euros (21 mil dólares) el metro cuadrado, por lo que sus vecinos más modestos fueron expulsados a la periferia.


Pero estamos acostumbrados a este barrio. Si nos vamos a otro lado no podremos subsistir, explica Cong, cuyas hermanas y sobrina viven todas con él y son vendedoras ambulantes en la zona.


Estas casas improvisadas están hoy rodeadas de proyectos inmobiliarios modernos o escondidas detrás de puestos de comida callejeros.


Mel Schenck, que estudia la arquitectura en plena mutación de la antigua Saigón, dice que estas microcasas pintorescas están condenadas a desaparecer de forma paulatina.
Algunas se remontan a la época de la colonización francesa, cuando el barrio estaba todavía cubierto por arrozales.


Nguyen Van Truong, que vive en otra de estas microcasas –cinco personas en 6 metros cuadrados– está preocupado por la construcción de un edificio de lujo justo al lado de su terreno.


No creo que obtengamos una indemnización muy buena en caso de expulsión, se desespera este hombre de 62 años.


En este país dirigido por un partido comunista todopoderoso, donde reina una importante corrupción, los responsables municipales son sospechosos de enriquecerse al ceder terrenos bien ubicados a promotores inmobiliarios y compensan a habitantes de esos lugares muy por debajo del precio del mercado.


Preferiría morir que verme forzado a abandonar este lugar, dice Truong.
AFP

 

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Alexander Vasudevan, profesor en la Universidad de Oxford, ha escrito el primer libro histórico sobre la 'okupación' en Europa y Norteamérica

La 'okupación' no es lo que era. Basta con observar cómo se ha convertido en un modus operandi que emplean grupos de ultraderecha como Hogar Social Madrid en España. En Berlín, ciudad que ha gozado de gran tradición 'okupa' y que ahora acusa un fuerte proceso de gentrificación, esta forma de apoderarse del espacio desde los márgenes de la legalidad tiene nuevos días ante sí.

The Haus, un proyecto artístico de 2017 que consistía en la 'okupación' temporal de la sede abandonada de un banco en el centro de Berlín, constituye un buen ejemplo. La 'okupación' duró unas semanas, en las que se expusieron obras de un centenar de artistas callejeros. Asistieron algo más de 70.000 personas. Ahora, de ese edificio no queda nada. Va a transformarse en un lujoso bloque de apartamentos. Esa es la tendencia que parece seguir el mercado inmobiliario berlinés, especialmente en el centro de la capital germana.

La 'okupación' en The Haus era de carácter temporal y adoptaba el papel que parece abocado a jugar ahora el movimiento 'okupa' en Berlín. Aquí la 'okupación' es cosa de generaciones. Ya quedan lejos las de los años ochenta a cargo de jóvenes que, residiendo precariamente en Berlín Occidental, eludían el servicio militar. También han pasado lustros desde que, en los noventa, se aprovechara el vacío de poder generado en el este de la capital germana por el colapso de la República Democrática de Alemania (RDA).

"Actualmente el fenómeno parece que no puede durar, hay un sentimiento de temporalidad que no había antes", dice a eldiario.es el canadiense Alexander Vasudevan, profesor de Geografía Humana en la prestigiosa Universidad de Oxford. Él conoce bien el caso berlinés. En 2015 publicó un libro sobre la historia del movimiento 'okupa' en Berlín, Metropolitan Preocupations (Ed. Wiley Blakcweell, 2015) o "Preocupaciones metropolitanas".

El volumen casi era un anticipo de una de sus obras más recientes, The Autonomous City (Ed. Verso, 2017), primera tentativa de contar una historia de la 'okupación' en Europa, una práctica ahora generalmente criminalizada pero que no siempre ha tenido mala fama. Al menos no la tenía en Reino Unido tras la Segunda Guerra Mundial. El popular diario británico Daily Mail se convirtió en uno de los "grandes defensores de los 'okupas' de la segunda mitad de los años 40", apunta Vasudevan.

Terminada la segunda gran conflagración planetaria, en Reino Unido se quedaron sin casa decenas de miles de personas, entre ellos, soldados que regresaban del frente tras derrotar al III Reich. En Octubre de 1946 se contaban casi 40.000 ingleses 'okupando' casas. El Daily Mail defendió aquella situación como una expresión de "patriotismo inglés", según Vasudevan. "Es un episodio menor en la historia del movimiento, pero en aquel contexto tan particular se celebraba la 'okupación', casi se le daba una dimensión heroica y hasta romántica", añade.

Su libro, aunque breve –304 páginas y medio centenar de notas aclaratorias y citas bibliográficas– cuenta una historia que hasta ahora permanecía oculta. Es la de todos esos proyectos relacionados con la ocupación en los últimos setenta años en Europa y Norteamérica. Los 'okupas' en ese tiempo de Ámsterdam, Londres, Nueva York, Copenhague, Fráncfort, Hamburgo, Berlín, Milán, Roma, Turín, Vancouver o Barcelona, entre otras ciudades occidentales, son los protagonistas del libro de este profesor de Oxford nacido en 1976 en Fredicton (Canadá).


1.000 millones de 'okupas' en todo el mundo

 

Son ellos los que consideran que "la 'okupación' es un derecho, el derecho a una vivienda. Algo que, de hecho, está recogido en la Constitución de numerosas naciones, pues la ONU considera que una vivienda habitable y costeable es "algo a lo que todo el mundo debería tener acceso", según Vasudevan. Éste se hace eco de las cuentas de Naciones Unidas, que dice que actualmente hay en el mundo casi 1.000 millones de personas ocupando ilegalmente una propiedad para vivir.

En Europa y Norteamérica, "la evolución de los mercados inmobiliarios está llevando a la vivienda a ser algo difícilmente costeable". Éste es uno de los factores que une a la 'internacional okupa'. "La inseguridad a la hora de poder alojarse, la financiarización de los mercados inmobiliarios, la falta de alojamiento accesible, ya en los años 60 y 70, llevó a mucha gente a satisfacer por su propia cuenta sus necesidades de vivienda", expone Vasudevan.

"La sensación de precariedad e inseguridad, ya sea en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania o España lleva a buscar alternativas en materia de alojamiento y la 'okupación' es una de ellas", agrega el profesor de la Universidad de Oxford.


Nuevos capítulos y modelos de 'okupación'

 

El porqué de ocupar ilegalmente un apartamento o una propiedad, dice Vasudevan, está íntimamente vinculado a otras movilizaciones en torno a las cuestiones de vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) es un claro ejemplo de los que este académico utiliza en su libro. "La PAH ha facilitado un contexto en el que la gente siente que pueden buscar alternativas y permite pensar en posibilidades nuevas", sostiene Vasudevan. "Tanto es así que la alcaldesa de Barcelona surge de este movimiento y la alcaldesa de Madrid también ha surgido de una movilización que se ha ocupado de este tipo de luchas ciudadanas", abunda Vasudevan.

Sin embargo, Vasudevan ve en los movimientos de los que han emergido Carmena y Colau como los responsables de un probable nuevo capítulo del movimiento 'okupa'. "Aquí lo nuevo está en la cantidad de gente implicada en el movimiento. Porque ha logrado movilizar a gente que antes no estaba para nada implicada en activismo de ningún tipo. Seguro que hay mayor implicación porque la casa de uno tiene un gran valor emocional, y también porque en España ha habido decenas de miles de desahucios", según este historiador del movimiento 'okupa'.
La ultraderecha también 'okupa'

Pero la izquierda del espectro político no tiene el monopolio de las estrategias de 'okupación'. Conocido de sobra en España es caso del ultraderechista Hogar Social Madrid. "Los grupos de estas características en España están siendo nuevos modelos", dice Vasudevan. "Hay una voluntad en la extrema derecha de adoptar estas estrategias tradicionales de la izquierda", añade el profesor de Oxford.

Sin ser ajeno a cuanto ocupa al Hogar Social Madrid, a la Casa Pound de Roma –fundada en 2003 y que cuenta con no menos de 5.000 miembros– o a las experiencias de 'okupación' a cargo de neonazis en el distrito de Lichtenberg, en el este berlinés, durante los años 90, Vasudevan no le dedica esfuerzos a estos grupos.

"No quería darles una plataforma a la extrema derecha en el libro", reconoce. Sobre esos 'okupas' no versa su volumen, dedicado a "todos los 'okupas' que luchan en favor de una ciudad más justa y sostenible".

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Paro cívico en Tunja contra el aumento del impuesto predial

El 25 de abril, a las 6 de la mañana, miles de pobladores de Tunja dieron inicio a un Paro Cívico en organización desde enero pasado. El motivo principal: protestar en contra del aumento desmesurado del impuesto predial. Con bloqueos de las principales vías de la ciudad, asi como movilizaciones en el centro de la misma, recibo en mano, dejaron en claro su rechazo a los incrementos autorizados, en algunos casos hasta en un 600 por ciento.

La inconformidad toma las calles de la ciudad de Tunja, capital del departameneto de Boyacá. Una inconformidad acumulada en los meses corridos del 2017. No es para menos. Con un espiritu alcabalero, la alcaldía de la ciudad contrató en el 2017 los servicios del Instituto Geográfico Agustín Codazzi –Igac– para que realizara el avalúo catastral, estudio a partir del cual se aprobó el impuesto predial para el 2018. El Acuerdo 030 del concejo municipal lo ratifica, y el malestar ciudadano no tardía en hacerse sentir, tanto por las tarifas impuestas como por la forma en que el concejo municipal aprobó el documento, pues “era un documento como de 700 páginas y lo presentan como un 10 o 12 de diciembre y lo aprueban un 31” declara Érika González, periodista local.


Y agrega, “El alcalde presentó la tarifa por cobrar de impuesto predial para 2018 amarrada al estatuto tributario. Siempre las administraciones anteriores hicieron eso muy aparte. Porque el estatuto contempla también lo fiscal, el aumento en la tarjeta de operación de los taxis, lo de cámara de comercio, lo de prebendas que se les dan a las empresas que llegan a la ciudad para el tema del impuesto, entre otras cosas. Esto significa que los concejales no se podían negar a aprobar el estatuto y, por ende, iban a aprobar el aumento de la tarifa y lo relacionado con el descuento que se le iba a dar a los contribuyentes”.
Pero hay otros motivos para el descontento y la protesta, entre ellos la destinación de los recursos para la renovación del centro histórico de la ciudad. La decisión del Alcalde de instalar baños subterráneos en plena Plaza de Bolívar ha sido motivo de rechazo y polémica, pues de ser llevado a cabo este proyecto “destruiría piedras que llevan allí más de 500 años”, declaró Gerónimo Molina, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización La Estancia del Roble.


Con estos insumos, el día 25 de abril inició la jornada de paro. Organizada en 12 puntos de concentración, y representada por el Comité unidos por Tunja, la ciudadanía concretó una reunión con el alcalde Pablo Emilio Cepeda Novoa para el día 26 de abril, al medio día. El propósito: exigir que se invalide el Acuerdo 030 y proponer la reducción del 60 por ciento del cobro por pronto pago, o la reducción de las tarifas a la mitad.


Los afectados


Julián Castañeda, promotor y vocero del Comité Unidos por Tunja, afirmó que “los estratos del uno al cinco en Tunja; todos han sido afectados con el cobro del impuesto predial, absolutamente todos. [...]. No podemos decir que el estrato uno, dos y tres han sido los más afectados, porque el cuatro y el cinco también, el sector comercio también ha sido afectado. Por ejemplo, el cobro a las casas oscila hasta los 25 millones de pesos. El sector hotelero de Tunja, ubicado más que todo en nuestro centro histórico, ha sido muy afectado; los ferreteros en la parte del centro también. La cuestión es masiva; inclusive los cobros efectuados en el sector del sur –que es el sector comercial de repuestos automotores– han sido exuberantes, subiendo hasta en un trescientos por ciento. Entonces, no es una cuestión de estratificación, sino una cuestión general que se está viviendo en Tunja”.


Ojos que no ven


Como ha sucedido con otras muchs protestas en el país, “la administración al principio desconoció el movimiento, dio parte de normalidad ayer a las nueve de la mañana, que estaba todo normal; cuando lógicamente no era cierto, eso se dijo a los medios de comunicación y la misma ciudadanía fue testigo que Tunja tuvo una parálisis tanto en el comercio como en el transporte, hubo más o menos doce bloqueos en todos los puntos álgidos de Tunja. Después ya vieron que la problemática seguía aumentando y la gente seguía movilizándose y se está masificando esperando la respuesta la negociación”, explicó a desdeabajo Julián Castañeda, quien agradeció a la fuerza pública por no haber impedido ninguna de las manifestaciones de inconformidad: “Quiero darle un parte a la policía, porque ha respetado la manifestación, ha respetado a la comunidad”.


El interrogante abierto por esta realidad, el mismo que está presente en todo el país es, ¿Tendrán derecho los pobladores de Tunja a conservar el ahorro que para muchos significa tener un apartamento, casa o negocio? El cierre de la negociación aún sin concluirse en horas de la tarde del 26 de abril dará la última palabra. 

 

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Los estratos en Colombia: eres el lugar en el que vives

El sistema de subsidios para garantizar los servicios a las clases más bajas ha acentuado la segregación y la desigualdad


Las ciudades en Colombia se dividen en estratos. Del uno al seis. En los más bajos, el uno, dos y tres viven los ciudadanos que reciben subsidios en los servicios (agua, gas, luz). En los más altos, el cinco y el seis, quienes pagan esas ayudas con facturas superiores a su consumo. El modelo, único en el mundo, se ideó a mediados de los noventa, en un país que en ese momento tenía tasas de pobreza cercanas al 40%, según datos del Banco de la República. Tres décadas después, el principio solidario que pretendía regir la ley se ha pervertido. La segregación se ha acentuado y los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven. Una suerte de sistema de castas.


Para decidir a qué estrato pertenece un ciudadano, el Estado se limita a evaluar la fachada de su casa, los materiales con los que está construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda. Con estas características ligadas al terreno, se reparten los subsidios. El modelo no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen una familia, la edad, si alguna de esas personas tiene algún tipo de discapacidad o si tienen un empleo.

Es decir: si una persona compró una casa calificada como estrato seis cuando tenía el dinero para pagarla, pero ahora su único ingreso es una pensión baja, no puede recibir ayudas para pagar la factura del agua. Sucede lo mismo al revés. “En el centro de Bogotá hay muchos edificios estrato uno amparados por la ley de patrimonio histórico”, explica Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos. “Esas casas son hoteles y otro tipo de negocios, o la segunda vivienda de muchos ciudadanos. Todos reciben subsidios cuando no los necesitan”.

“Somos unos ocho millones de habitantes en Bogotá, 2,5 millones de hogares. Y estamos subsidiando a dos millones de esos hogares, casi siete millones de personas”, explica Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación de la ciudad. “La pobreza en la ciudad se ha reducido al 12,4% y seguimos subsidiando al 80% de los hogares”.

En 2003, según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en el que se cruzaron variables de ingresos y estratos, el 17% de los hogares de estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la población con mayores ingresos. El sistema se ha llenado de errores de inclusión y exclusión.

ONU Hábitat en colaboración con la Alcaldía de Bogotá ha ideado un proyectoque no pretende eliminar el sistema de subsidios cruzados, sino cambiar la manera en la que se clasifica a los ciudadanos y así focalizar las ayudas. “Se basa en un índice multidimensional”, dice Antonio Avendaño. Un medidor que, por primera vez, tenga en cuenta variables socioeconómicas.
Es la solución a falta de un padrón en Colombia. “La historia de violencia de este país ha impedido que haya empadronamiento. Los ciudadanos no quieren que nadie sepa dónde viven por seguridad, por el miedo que había a los secuestros”, explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. “Sin embargo, las empresas privadas, como las de telefonía e internet o los bancos, tienen todos nuestros datos”, responde Lippi.

El proyecto pretende recurrir a otros indicadores como la matriculación, las pólizas de seguros médicos y el uso de tarjetas de crédito para conocer mejor a los ciudadanos. “Alguien que vive en estrato dos, pero tiene matriculada una camioneta de cientos de millones de pesos, ya nos da una pista de sus ingresos”, apunta el secretario de Planeación.

Un sistema deficitario

El 76% de los predios en Bogotá son de estrato uno, dos y tres. Por mucho que se aumenten las facturas que pagan los ciudadanos de estratos 5 y 6 no son suficientes. La ley contempla un fondo de compensación para salvar esta diferencia. Es decir, recursos públicos para que las empresas no dejen de recibir dinero y puedan garantizar los servicios. “En 2015 el modelo solo cubrió el 69% de los subsidios en Bogotá”, recuerda el secretario de Planeación. “La ciudad tuvo que poner 52.000 millones de pesos (19 millones de dólares) y la Nación 250.000 millones (más de 91 millones de dólares) para agua”. Una cantidad de dinero público que podría destinarse a la construcción de colegios y hospitales o a otro tipo de políticas sociales.

“Las mismas empresas de servicios están en contra de modificar el modelo de estratificación”, asegura Roberto Lippi de ONU Hábitat. “Para una compañía debería ser indiferente de dónde venga el dinero. Pero una cosa es recibir un paquete fijo y seguro del Gobierno y otra, mes a mes de los usuarios. La primera opción tiene más ventajas económicas y financieras de flujo de caja”.


“Tiene zapatos de estrato uno”

Tres décadas de estratificación en Colombia han ido construyendo un imaginario colectivo que desposee al ciudadano de cualquier atributo que no sea el lugar en el que vive. “Los estratos han terminado haciendo parte del lenguaje colombiano. Te clasifican socialmente, incluso ideológicamente: pobre o rico; bueno o malo; izquierda o derecha”, explica Antonio Avendaño de la Secretaría de Planeación de Bogotá. En el argot colombiano se cuelan expresiones del tipo: “Lleva zapatos de estrato uno”.


En una entrevista de acceso a la universidad, para calcular la matrícula de estudios o cuando un ciudadano se postula a un nuevo empleo es habitual que una de las preguntas determinantes sea la calle en la que residen. El mérito académico y la capacidad de progresar en un trabajo tienen menor relevancia que el estrato.


“El estrato es un lastre que impide la movilidad social, provoca frustración y desigualdad”, afirma Ricardo Lippi. “El estudio no permite dar el salto social sobre el mérito, como sucedió en Europa”. “Ha radicalizado la segregación”, acompaña Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.


En Bogotá se visibilizan las barreras invisibles que podrían aparecer en cualquier capital del mundo. El sur es estrato uno y dos, por tanto, se identifica con la pobreza. En el centro hay una suerte de clase media. En el norte, los que denominan ricos, estratos cinco y seis. El estrato cuatro, el que paga lo que consume, no recibe ayudas ni las aporta, alberga un limbo para los estándares colombianos.


El ciudadano que vive en la zona norte de Bogotá se autosegrega instalando muros altos alrededor de su vivienda que refuerza con concertinas. “En todas las ciudades hay ricos y pobres, pero la separación no está avalada por el Estado como sucede en Colombia”, apostilla Lippi. “Este sistema genera poca cohesión social, aumenta la conflictividad, no permite usar de la manera más oportuna la mezcla que deberían ser las ciudades”.


El modelo tampoco posibilita que se produzca el mismo desarrollo en unas zonas y otras de las ciudades por la falta de urbanismo. Los vecinos de un barrio se niegan a que mejoren sus vías, construyan parques o habiliten nuevos espacios públicos porque conllevaría el aumento del estrato. “Los pobres están desconectados de los beneficios de la urbanización, es decir, de ser más prósperos”, explica Rafael Forero, especialista en Legislación, Gobernanza y Seguridad Urbana de ONU Hábitat.


Consenso político


La propuesta de Bogotá y ONU Hábitat es la número 13 que se presenta en Colombia para intentar cambiar el sistema. No depende de la voluntad de una alcaldía y un organismo internacional, sino del consenso político que se alcance en el Congreso para cambiar una ley nacional.


Mientras la ONU aboga por un sistema impositivo, Bogotá no pretende renunciar a la clasificación por estratos al considerarla “democrática y solidaria”. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de hacer pedagogía para que los ciudadanos que han nacido y crecido con este modelo entiendan por qué muchos de ellos van a dejar de recibir subsidios y a qué se va a destinar ese dinero.


“Los estratos se asumen eternos. Y son una anomalía, no la Biblia”, dice Lippi. La ONU propone una revisión anual, construir el pacto social sobre la temporalidad. “Así se iría equilibrando el sistema y el Estado tendría más recursos para los que los necesitan. Nuestra propuesta es técnica y normativamente viable, lo que no sabemos es si es políticamente viable”.

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ONU: con graves carencias, 50% de mujeres en países en desarrollo

Más de la mitad de las mujeres y niñas que viven en las ciudades de países en desarrollo, carecen de agua potable, instalaciones sanitarias o vivienda estable, señaló Patricia Espinosa Cantellano, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidos (ONU) sobre Cambio Climático.

Al participar en el foro Mujeres por el Clima, organizado por el Grupo de Liderazgo Político (C40), dijo que esas carencias impiden cumplir prácticamente todos los objetivos de desarrollo sostenible, incluido el de actuar de manera urgente contra el cambio climático. Por ello, manifestó que es necesario empoderar a este sector de la población para garantizar sus derechos, que permitirá aumentar las posibilidades de alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible.

En el Museo Interactivo de Economía aseguró que hay señales alentadoras, pues la perspectiva de género guía iniciativas como el Acuerdo de París o las agendas de C40, con proyectos como Mujeres por el Clima, en el que jóvenes de Ciudad de México y la capital francesa presentaron proyectos a fin de afrontar el cambio climático, que podrán desarrollar con apoyo de tutores.

Si queremos enfrentar el calentamiento global, las mujeres y las niñas de todo el mundo deben ser actores centrales; también está claro que la batalla se va a librar sobre todo en las zonas urbanas, expresó la ex secretaria de Relaciones Exteriores.

Espinosa Cantellano dijo que 2017 fue el año más costoso en desastres naturales: monzones en Asia, huracanes en el Caribe y América del Norte e inundaciones en Europa y África cobraron vidas y dejaron pérdidas costosas, situación que se está repitiendo este año.

El foro fue inaugurado por el jefe de Gobierno de capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien señaló que hoy las mujeres están tomando un liderazgo indiscutible de carácter global en la lucha contra el cambio climático, lo que permite generar líneas de política pública para los gobiernos del mundo.

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Domingo, 28 Enero 2018 06:03

La mano de obra esclava

La mano de obra esclava

Se supone que Donald Trump es nacionalista, se sospecha que es proteccionista, se repite que quiere crear empleo y refundar la base industrial de Estados Unidos. Esto último apela a los nostálgicos y los de cierta edad, que recuerdan –recordamos– cosas como electrodomésticos norteamericanos de excelente calidad, por no hablar de fantasmas como los Packard. Hace muchos años que en Estados Unidos se dedican a crear marcas y productos, que se fabrican en tierras lejanas.


Pero el centro del problema no es uno de modelos económicos de vasta escala, sino del implícito pacto social que rige Estados Unidos, uno de esos que no se confiesan. El empleado americano casi no tiene vacaciones, pena por tener cobertura médica, puede ser echado por capricho y con lo puesto, y envidia hasta las lágrimas las licencias médicas de un europeo o, por caso, de un argentino. Raramente tiene casa propia, excepto que viva en una ciudad pequeña, en un pueblo o en el campo, y en general lo que tiene es una hipoteca a largo plazo. Sus ahorros reales son los llamados IRA, las cuentas privadas de ahorro para la jubilación, ya que es rarísima la empresa que tenga su sistema, como era común en tiempos de los tíos. Sólo el despreciado Estado nacional te paga una jubilación sin más vueltas.


Lo que obtiene a cambio de tanta inestabilidad el empleado americano es disfrutar de la más curiosa distorsión que ofrece la economía de su país, los frutos del trabajo esclavo. Esto es fácilmente observable para el turista más casual, que gasta más en comer una semana en Nueva York o Miami que lo que gasta en comprar una laptop de primera marca. Una buena hamburguesa puede costar lo mismo que una camisa de las buenas, la entrada a un musical lo mismo que un traje, un viaje en taxi lo que una valija. Una manera fácil de espantar argentinos es contarles lo que cuesta en Estados Unidos una carie, un par de anteojos recetados, una visita del plomero, una clase particular. Una buena unidad de medida es traducir las cuentas a televisores HDTV de muchas pulgadas.


La explicación de esta distorsión es que las hamburguesas, el plomero, el dentista son norteamericanos, no pueden ser importados y no tienen reemplazo real. Los artículos de consumo viajan el mundo desde países miserables, efectivamente colonizados por multinacionales, y son producidos o en fábricas robotizadas, de muy alta tecnología, o por talleres de servidumbre. Es mejor ni preguntarse, con la camisa en la mano, cuánto ganó el infeliz que la hizo: primero hay que descontar la remarcada del negocio en EE.UU., que paga sueldos, alquiler e impuestos del primer mundo, luego el costo de flete y distribución, luego los impuestos del tercer mundo de origen y la ganancia del fabricante, para llegar a una cifra marginal.


Esta receta es la que trata de mantener la paz social en el país de Trump, la pobreza con electrónicos de consumo, la vida en un sucucho con wifi y una I-Mac de primera donde no entra tanta ropa barata, los dientes cariados y el auto nuevo. La guerra de tarifas que parece plantearse el pintoresco monstruo despertó de inmediato una alarma, la de que suban los precios al consumidor. No es apenas por una cuestión de economistas, porque estos precios al consumidor tienen que ser bajos para que el consumidor no empiece a hacerse preguntas, a comparar.

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El derrumbe del edificio Space en Medellín en 2013.


A cuatro años y 23 días de la caída del edificio Space en el sector Poblado de Medellín,el Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, sentenció a los responsablesde las fallas de la construcción a 4 años de prisión. A su vez, dictó el tiempo por el que cada uno de los culpables no podrán ejercer su profesión; mientras tanto, las familias se sienten abandonadas al no recuperar el patrimonio perdido el pasado 12 de octubre de 2013.

 

Todos recuerdan el momento cuando la torre 6 del edificio Space se desplomó dejando a 12 personas muertas, tragedia que prendió las alarmas en las torres vecinas, días después evacuadas e implosionadas. Todo indicaba que los culpables del suceso eran los directivos, ingenieros y arquitectos de la empresa constructora CDO, los queteniendo conocimiento de los riesgos que presentaba el edificio, hicieron caso omiso y no tomaron las medidas necesarias para evitarlos.

De acuerdo a los peritos que evaluaron lo sucedido, la edificación tenía cerca de 6.000 mil errores en la construcción, además de fallas en los materiales usados, no contar con las medidas de sismo resistencia,también "hubo un cálculo erróneo en materia de soporte del peso. Se planearon 22 pisos y fueron construidos 26", señala el comunicado de la Fiscalía de Medellín. Además de la muerte del joven universitario Juan Esteban Cantor, cuyos familiares fueron los únicos que no conciliaron con la firma constructora y exigieron justicia.

Todo lo anterior se tuvo como motivo para condenar a la ingeniera directora de obras, María Cecilia Posada Grisales a 49 meses de prisión; al representante legal de la constructora CDO, Pablo Villegas Mesa a 51 meses y al ingeniero estructuralista del Space, Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa a 50 meses.De acuerdo con la Fiscalía, esta es la primera sentencia condenatoria por homicidio culposo en el país.

Sin embargo, las familias afectadas aún a 4 años de la tragedia no son reparadas por parte de los responsables. El pago de arriendos a cada una de las familias desalojadas solo tuvo vigencia por un año, sus días transcurren entre la zozobra por saber cuándo será el momento en que por fin puedan volver a tener vivienda propia y sobre todo segura.


Lo que no cuadra...


Más allá de las condenas para los responsables de la tragedia del Space, el 23 de enero de 2018 el juez ordenó casa por cárcel para cada uno de ellos.Una vez más los corruptos de corbata reciben un premio. Además, los tiempos por los cuales los responsables no podrán ejercer su profesión son entre 4 y 6 años, lo que lleva a preguntarse si es suficiente dada la gravedad y el nivel de desconfianza que actualmente despiertan las construcciones de la firma CDO.

Sin tampoco perder de vista que el dueño de la constructora es Álvaro Villegas, ex gobernador de Antioquia, quién además hasta 2013 fue presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, quienes tuvieron en sus manos la construcción de muchas obras antioqueñas por años, posición que ayudó a que CDO entregara los apartamentos de Space a las familias sin tener el visto bueno de la Alcaldía de Medellín y, sobre todo, a acceder a una zona inconstruible –término usado en el POT de Medellín con el que se definen las zonas de alto riesgo o que requieren de estudios e ingenierías para hacerlos estables–.

Finalmente,de acuerdo a los culpables de este grave suceso, el pago de las viviendas a las familias se hará efectivo cuando la constructora logre la venta del terreno donde fue construido el Space, lo que aumenta mucho más la incertidumbre de las familias afectadas.

Una vez más, los afectados por obras construidas por corruptos, que no piensan en la seguridad y calidad de vida de las personas, sino en el lucro que estas les pueden generar sin hacer las inversiones y estudios que en muchos casos requieren.

 

 

 

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