Miércoles, 10 Febrero 2021 05:32

Más de una sorpresa en elecciones de Ecuador

Más de una sorpresa en elecciones de Ecuador

La correlación de fuerzas entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática, que en resultados presidenciales suman el 68%, podría ser una oportunidad para salir del entuerto negociado con el FMI y realizar acuerdos mínimos en la Asamblea para el próximo plan de desarrollo.

Los resultados de las elecciones generales del 7 de febrero 2021 en Ecuador dejaron más de una sorpresa, producto de altos niveles de indecisión iniciales (30%) y un abanico de opciones. Pese a la pandemia la participación electoral fue del 81.1% y el voto nulo (9.5%) no tuvo la trascendencia anunciada.

Andrés Arauz (UNES) gana la primera vuelta con un 32% con más votación en la Costa y el correísmo sigue presente como la primera fuerza política en la Asamblea (28% de asambleístas nacionales) pero con un escenario muy conflictivo, esperaban ganar en primera vuelta o en su defecto, ir a la segunda vuelta con Guillermo Lasso y ninguna de las dos cosas sucedió.

El banquero Lasso (CREO) en su tercer intento a la presidencia no logró convencer al electorado pese a tener el apoyo del Partido Social Cristiano (una de las fuerzas políticas de la derecha ecuatoriana) y queda rezagado a un tercer puesto (19.5%) con lo cual la derecha se queda huérfana y con sus opciones en la Asamblea en descenso.

Es preciso indicar que Yaku Pérez que tiene como respaldo una organización política vinculada al movimiento indígena (Pachakutik) logra captar un segundo lugar (20%) con importante presencia en las provincias de la Sierra y la Amazonía además de un 20% de los asambleístas nacionales. Como defensor del agua tuvo el respaldo de una consulta sobre el mismo tema en Cuenca, su provincia natal donde hasta hace poco era prefecto.

Estas elecciones muestran varios temas entre los personalismos y las organizaciones. Andrés Arauz no llegó a contar con identidad propia, su campaña se basó en mostrar el retrovisor de lo realizado en los gobiernos de Correa y mostró un techo que no le permitió pasar a segunda vuelta. Mientras que Guillermo Lasso tuvo una pésima campaña y un pasado a cuestas en el feriado bancario, sus participaciones políticas previas y su apoyo al gobierno de Moreno.

Por el otro lado, aunque con diferencias sustanciales Yaku Pérez y Xavier Hervas contaban con estructuras políticas y no sólo se presentaban a título individual. El electorado que no se quiso entrar en la pugna correista – anticorreista optó por alguna de estas dos opciones. Pérez además cosechó los frutos de las movilizaciones de Octubre 2019 que no se identificaban con el correísmo ni con las políticas de ajuste estructural de las cuales Lasso ha sido un aliado del gobierno de Moreno.

La fragmentación electoral se agudizado en estas elecciones con 16 candidatos a la presidencia que resultaron con 7 candidatos con menos de 1% de los votos válidos y cinco con 2% o menos, es decir, 12 candidatos no tuvieron respaldo electoral, algunos de ellos, viejos políticos, un expresidente, un exdirigente deportivo o un pastor evangélico.

Evidentemente, la fragmentación favoreció la aparición de candidatos nuevos como Xavier Hervas considerado de centro izquierda que quedó en cuarto lugar con un 16% de los votos válidos y que podría ser considerado un outsider y de quién se conoce poco. Sin embargo, su candidatura está basada en una estructura partidaria (Izquierda democrática) que fue recuperada en los últimos años y que la posiciona como la tercera fuerza en la Asamblea en asambleístas nacionales con un 12%.

Los resultados de estas elecciones marcan la muerte de organizaciones políticas como el mismo movimiento Alianza País que antes cobijaba a Rafael Correa y partidos como Suma o Avanza que aparecieron en los últimos años, otros como Fuerza Ecuador del expresidente Abdalá Bucaram y movimientos más pequeños que respaldaron a políticos con presencia mediática como Gustavo Larrea o César Montúfar.

La situación económica en el país es lamentable al punto que ni las propias cifras de desempleo se conocen y se aprovecha la coyuntura para seguir un fracasado recetario neoliberal con privatizaciones y políticas de ajuste que empeoran aún más la actual situación social. Los resultados pueden ser vistos como un rechazo al gobierno de Moreno; sin embargo, las expectativas ante la situación social y política que vive el país son enormes.

La correlación de fuerzas entre UNES, Pachakutik e Izquierda Democrática, que en resultados presidenciales suman el 68%, podría ser una oportunidad para salir del entuerto negociado con el FMI y realizar acuerdos mínimos en la Asamblea para el próximo plan de desarrollo. Aunque por ahora esto no suene posible por la larga disputa entre el correísmo y sectores que en otro momento fueron desestimados por el propio Correa, esta sería una alternativa para superar regionalismos, racismos y polarizaciones que no nos conducen a ningún lado.

Por Katiuska King | 10/02/2021

*Economista con especialización en Desarrollo Sustentable en la Universidad Católica de Quito; con una maestría en Estadística y Econometría en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fue Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) y Ministra Coordinadora de la Política Económica, durante el gobierno de Rafael Correa. Colaboradora del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

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Martes, 09 Febrero 2021 06:44

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

Ecuador: ¿un nuevo ciclo político?

El correísmo, representado por Andrés Arauz, venció en la primera vuelta de las elecciones ecuatorianas pero no logró esquivar el balotaje. El conservador Guillermo Lasso y el dirigente indígena Yaku Pérez se disputan, voto a voto, el pasaje a la segunda vuelta del 11 de abril. Derrotado en la Sierra, donde los sectores populares tienen más densidad organizativa, y con su bastión electoral en la Costa, Arauz parece tener más posibilidades de triunfo frente al «banquero del Opus Dei» que al candidato de Pachakutik.

 

El 7 de febrero, Ecuador asistió a uno de los procesos electorales más inusuales de su historia. Inusual por el efecto de la pandemia, inusual por tener que elegir entre dieciséis binomios electorales a la Presidencia de la República e inusual también por el permanente ruido de posible fraude electoral que sobrevoló las redes sociales durante la última semana.

Los tres años y ocho meses de gobierno de Lenín Moreno dejaron al país agotado. En el sentir general de la sociedad ecuatoriana está el anhelo de que este período termine cuanto antes y se entregue el listón de mando gubernamental a un nuevo mandatario. En paralelo, asistimos a una sigilosa fuga del país de varios de quienes ejercieron la toma de decisiones durante este período: tanto Richard Martínez, ex-ministro de Finanzas y artífice de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), como María Paula Romo, ex-ministra de Gobierno y principal responsable de la represión en las movilizaciones de octubre de 2019, entre otros, residen hoy en Washington.

Ecuador sufre el deterioro generalizado de prácticamente todos sus indicadores sociales, macro y microeconómicos, así como de la credibilidad de sus instituciones públicas. En un marco en el que el divorcio entre el establishment político y la sociedad es cada vez mayor, crece de forma acelerada la pobreza, la mendicidad infantil, el ausentismo escolar, los suicidios, el endeudamiento familiar, la inseguridad ciudadana, el deterioro del mercado de laboral, el desempleo, el endeudamiento externo y el desprestigio de la institucionalidad. Si bien este proceso ya venía de antes, las condiciones se volvieron dramáticas a partir del impacto de la pandemia de covid-19 en el país. Quizás la consecuencia más brutal de todo esto hayan sido los cerca de 40.000 fallecidos durante el 2020 por encima del promedio de muertes correspondiente a años anteriores.

Es en ese contexto en el que definieron su estrategia electoral las dos principales tendencias políticas hasta entonces existentes en el país. Por un lado, la opción correísta encabezada por Andrés Arauz –al estar impedido legalmente Rafael Correa de ser candidato–, quien articuló como narrativa principal que «vuelve la esperanza» al país o llama a «simplemente comparar el anterior gobierno con este y piensa cuando estábamos mejor». Por otro, el conservadurismo con Guillermo Lasso a la cabeza –en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC) de Jaime Nebot– intentando posicionar que Lenín Moreno fue originalmente el candidato avalado por Rafael Correa y por lo tanto signo de su continuidad. Todo ello pese a que el giro a posiciones políticas neoliberales del actual gobierno se sostuviese con el apoyo precisamente de las bancadas de Lasso y Nebot en la Asamblea Nacional. En resumen, el clivaje político electoral se posicionaba entre las –a priori – dos grandes tendencias ideológicas del país en correísmo vs. anticorreísmo, una polarización que beneficiaba a ambas tendencias. 

Sin polarización

En este contexto, de los catorce binomios presidenciales que acompañaban a las dos principales tendencias políticas en disputa hubo dos que fueron capaces de imponer clivajes alternativos. Por un lado, la candidatura social liberal de Xavier Hervas al frente de la Izquierda Democrática (ID) un partido que venía cayendo en picada desde hace años; y por otro el brazo político del movimiento indígena, el movimiento Pachakutik, con Yaku Pérez, activista ambientalista y ex prefecto de Azuay, como candidato.

Mientras Hervas, joven empresario del agronegocio, se posicionó como el candidato outsider de esta contienda representando «lo nuevo» con una estrategia comunicacional muy creativa y desenfadada que consiguió conectar con targets de jóvenes urbanos y sectores ilustrados de clase media, Pérez capitalizó el acumulado de las movilizaciones de octubre del 2019 –episodio de lucha social brutalmente reprimido por los aparatos de seguridad del Estado– y la defensa de la Pachamama, sumado al rechazo al correísmo en varias zonas andinas, mediante su oposición a las políticas extractivas y la defensa del agua. Con ello, el candidato indígena sintonizó también con sectores juveniles, en este caso con sensibilidad ambiental, y con sectores urbanos marginales que se movilizaron especialmente en Quito junto a los sectores indígenas. «Yaku es pueblo» fue el arquetipo construido en torno a la figura del referente indígena durante la campaña.

Estas estrategias alternativas fueron poco a poco calando en la sociedad ecuatoriana y generando un sostenido y silencioso crecimiento de apoyo a estos nuevos liderazgos. Todo ello mientras un «banquero del Opus Dei y del feriado bancario [de 1999]» como Guillermo Lasso disputaba la contienda en un plano superior con Andrés Arauz, el «candidato del bolivarianismo chavista apoyado por grupos terroristas colombianos como las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]». Así se desprestigiaban los unos a los otros entre estas dos principales tiendas políticas en disputa.

El correísmo tendrá, sin duda, que hacer su ajuste de cuentas interno tras esta primera vuelta. Toda estrategia electoral parte de un análisis del contexto. La práctica demuestra que la campaña de Arauz manejó encuestas equivocadas, insistiendo en los últimos quince días en que ganarían en una sola vuelta, para lo cual necesitaba llegar al 40% y obtener diez puntos de diferencia sobre el segundo. Y, fruto de lo anterior, se posicionó públicamente con la habitual prepotencia que suele dar sentirse anticipadamente ganador, sin hacerle guiños políticos a ningún sector más allá de su «barra brava». 

En paralelo y teniendo en cuenta que el mensaje es el 50% de una estrategia electoral, la campaña de Lasso no pudo ser más confusa y desesperadamente desorganizada. Comenzó prometiendo un millón de puestos de trabajo para terminar comprometiéndose a duplicar su propuesta inicial, incorporando en la última semana de campaña dos de sus principales promesas electorales: vacunar a nueve millones de ecuatorianos en los primeros cien días de su gobierno y subir el salario mínimo –que en los últimos siete años no dejó de considerarlo excesivo– en un 20%. Ninguna de estas propuestas formaba parte de su plan de campaña inicial.

Resultados y perspectivas

Al momento de escribir este artículo, el conteo oficial señala que la opción con mayor apoyo popular en esta primera vuelta ha sido la candidatura correísta. Arauz cuenta con un respaldo de alrededor de 32% de los votos válidos. El segundo lugar, lo pelean voto a voto Pérez y Lasso, ambos con alrededor de 19% y con una diferencia de apenas unas décimas inicialmente a favor del candidato indígena. Por último, en el cuarto lugar quedaría Hervas con un sorpresivo 16%.

Pese a que el conteo esta muy avanzado, existe un 14% ciento de actas con inconsistencias técnicas cuyo origen mayoritario está situado en mesas electorales de la Costa, territorio donde Lasso tiene mayor apoyo que Pérez. Aquí un paréntesis: tanto el populismo progresista como el populismo conservador tienen históricamente mayor entrada en la región costeña del país que en los territorios de Sierra y amazónicos, caracterizados por una mayor presencia indígena, mayor densidad organizativa popular y una cosmovisión más alejada del clientelismo político. En todo caso, esto hace presuponer que al final de cuentas, Lasso pueda imponerse sobre Yaku Pérez y disputar la segunda vuelta, la alternativa sin duda preferida por el correísmo, que busca presentar la contienda en el clivaje clásico pueblos vs. oligarquía, lo que no podría hacer con el referente de Pachakutik.

Las espadas están cruzadas y el movimiento indígena se mantiene alerta y expectante. Es muy posible que asistamos a movilizaciones importantes de este sector en defensa del voto, cuyo resultado supone un hito histórico sin precedentes en la política ecuatoriana. Sin embargo, el conflicto interno está asegurado en el interior del indigenismo si es Lasso la opción que disputara el balotaje del 11 de abril. De hecho Pérez, difícilmente clasificable desde una visión ideológica clásica pese a provenir de una militancia maoísta en su juventud, apoyó a Guillermo Lasso en la segunda vuelta de las presidenciales del 2017 frente la candidatura de Lenín Moreno, que entonces se presumía identificada con Correa. Su justificación fue: «es preferible un banquero que una dictadura, que nos ha despojado de nuestros territorios, que ha declarado el estado de excepción...». 

Con Yaku Pérez en segunda vuelta y sin necesidad de tener que negociar nada con los sectores conservadores –la mayor parte del voto no correísta se iría hacia esa opción electoral sin necesidad de tranzas, y el propio Lasso dijo que lo votaría–, Arauz tendría más dificultades para sumar votos a los ya obtenidos el domingo pasado. En paralelo, la bancada legislativa principal será de tendencia correísta, ocupando posiblemente unos 49 curules de los 137 en la Asamblea Nacional, es decir sin mayoría absoluta. En un hipotético gobierno de Arauz, su movimiento no tendría mayoría y tendría que negociar con las otras dos principales fuerzas en el legislativo: Pachakutik, con unos 27 curules, e Izquierda Democrática con otros 18, ambas tendencias políticas no conservadoras.

En resumen, el gran derrotado de este domingo electoral ha sido la derecha y las elites sociales y económicas ecuatorianas. Pero a su vez, el pueblo expresó su deseo de romper la dicotomía correísmo/anticorreísmo que ha marcado los últimos catorce años de la política nacional. La sociedad ecuatoriana exige una regeneración en sus liderazgos y representaciones, así como una narrativa política diferente para los próximos años.

La hipótesis de un triunfo de Lasso en una segunda vuelta parece poco probable. Ni la juventud mayoritaria en el censo electoral ni el mundo rural se sienten identificados con este candidato que se presenta por tercer vez las elecciones presidenciales. A su vez, la tendencia conservadora con predominio en la región de la Costa, el PSC, obtuvo los peores resultados de su historia en varios de los que han sido considerados hasta ahora su feudos territoriales. Ni Lasso ni Nebot tienen condiciones ya para seguir liderando a la derecha ecuatoriana. 

 

 

En paralelo, se hace difícil entender la pervivencia del correísmo sin la figura de Rafael Correa ejerciendo el poder o al menos algún cargo de representación popular. Lo más probable es que el progresismo ecuatoriano entre en un proceso de renovación, posiblemente encabezado por Arauz –un joven de 36 años recién cumplidos y ex ministro de Correa–, más vinculado a posiciones ideológicas que a la alabanza a la figura de su líder carismático. De ocurrir, esto generaría inevitablemente fuertes tensiones internas, las cuales de una u otra forma ya se perfilaron durante la actual campaña. En ella, el tema de la lealtad y la traición estuvo siempre presente. En todo caso, hoy Arauz depende de Correa para ganar las elecciones de igual manera que mañana será Correa quien dependerá de Arauz para solventar los procesos judiciales a los que ha sometido, en muchos casos de forma extremadamente forzada, durante estos casi cuatro de residencia fuera del país. Pendientes aun de ver quien disputará el 11 de abril la segunda vuelta y cual será su resultado, las votaciones del 7 de febrero posiblemente signifiquen un punto de inflexión respecto a la historia reciente del Ecuador. Asistiremos a la conformación de una nueva cartografía política nacional que se desarrollará en los próximos dos años, demanda social que quedó claramente expresada en las urnas.

Por último, habrá que ver cómo se desempeña en movimiento indígena en roles institucionales. Su historia reciente, conformada a partir del levantamiento indígena del Inty Raymi en 1990, nos demuestra que su potencial tiene más que ver con el mundo de los movimientos sociales y organización comunitaria que con la representación electoral. La última vez que el Pachakutik participó como aliado de un gobierno nacional, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entró en una seria crisis de la que le ha costado años recuperarse.

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Líder indígena acusa intento de fraude para que no llegue a segunda vuelta en Ecuador

Quito. El líder indígena de izquierda Yaku Pérez denunció ayer un intento de fraude para sacarlo de la carrera presidencial en Ecuador, cuando libra una dura pelea con el ex banquero de derecha Guillermo Lasso por el segundo lugar en las elecciones celebradas el domingo, lo que le daría su pase en la segunda vuelta.

El economista Andrés Arauz, de 36 años y delfín del ex mandatario socialista Rafael Correa (2007-2017), aparece como ganador de la primera vuelta con 32.14 por ciento de los sufragios, según el Consejo Nacional Electoral (CNE).

No obstante, con 98 por ciento de las actas procesadas, Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, sorprendía con 19.86 por ciento de los sufragios, mientras Lasso, de 65 años, registraba 19.60 por ciento.

El escrutinio se ha visto frenado por la necesidad de revisar 13.69 por ciento de las actas debido a inconsistencias como falta de firmas de los miembros de la mesa electoral.

En ese contexto, Pérez señaló que "se está confabulando un fraude (...) para impedir que nosotros lleguemos a la segunda vuelta". Sostuvo que se han transferido 15 puntos porcentuales de sus votos a otros candidatos, con lo que superaría a Arauz, y llamó a abrir las urnas.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, dijo que “cada candidato está en su derecho de agotar todas las instancias legales de impugnación de resultados (…) Si tenemos que abrir urnas lo haremos. Una vez que se resuelva el 100 por ciento de las actas con novedades, promulgaremos los resultados”; subrayó que tienen 10 días para divulgarlos.

La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos llamó a que se "esperen con calma los resultados" finales.

La segunda vuelta está prevista para el 11 de abril, cuando será designado el sucesor del impopular gobernante Lenín Moreno, que no se presentó a la relección y cuyo periodo de cuatro años terminará el 24 de mayo próximo.

Ninguno de los 16 candidatos obtuvo la mitad más uno de los votos válidos ni alcanzó 40 por ciento de los mismos más una diferencia de 10 puntos sobre el segundo para ser elegido de manera directa.

De mantenerse la tendencia del escrutinio parcial, Pérez –con poca carrera política– y Arauz protagonizarán una inédita segunda ronda entre candidatos de izquierda en Ecuador, con 17.1 millones de habitantes, castigado por la pandemia y que arrastra una abultada deuda económica por la caída de los precios del petróleo.

Arauz declaró en entrevista con la Afp que "el pueblo ecuatoriano ha sido contundente al pronunciarse por el antineoliberalismo. Las opciones que han prevalecido han sido el progresismo, la unidad plurinacional y la socialdemocracia".

Arauz añadió que en caso de ganar, la relación con Estados Unidos "va a ser excelente" y las condiciones de un acuerdo de septiembre pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un préstamo de 6 mil 500 millones de dólares "no podrán ser cumplidas por nuestro gobierno porque atentarían directamente contra los bolsillos de las familias ecuatorianas".

El FMI está "abierto" a ajustar el programa con el nuevo presidente "en caso de que el gobierno así lo desee", dijo el director del organismo para las Américas, Alejandro Werner.

Pérez, quien también planea revisar el acuerdo, obtuvo un buen resultado con un discurso ambientalista y de rechazo a la explotación petrolera y minera, y es un fuerte crítico del ex presidente Rafael Correa.

Pérez apunta sus sospechas hacia Lasso y Correa

El líder indígena apuntó sus sospechas de fraude hacia Lasso y sus aliados, y contra Correa. "Tiene un pánico que entremos nosotros a la segunda vuelta", sostuvo en referencia al ex mandatario.

En 2019 fue elegido en las urnas gobernador de la provincia andina de Azuay y es el primer indígena en llegar tan lejos en la disputa por la presidencia de Ecuador, donde los pueblos originarios conforman 7.4 por ciento de la población.

Si se confirman los resultados parciales, los ecuatorianos deberán elegir entre dos alternativas de izquierda: una nacionalista, que representa Arauz, y otra de corte ambientalista que, según Pérez, dará paso a un "estado plurinacional, digno, honesto e incluyente".

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Elecciones en Ecuador: Andrés Arauz obtuvo una amplia ventaja pero habría ballottage

El candidato correísta salió primero en las presidenciales

Los primeros datos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 90 % del conteo rápido de una muestra de 2193 actas, indicaron que el candidato progresista tendría 31.50% de los votos, Yaku Pérez 20.04% y Guillermo Lasso 19.97%.

 

El domingo en la noche terminó con una certeza en Ecuador: Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (UNES), salió primero en la elección presidencial. Se trata de un resultado que había sido anticipado por la mayoría de las encuestadoras de diferentes signos políticos y que resultó confirmado.

 “Ganamos, triunfo contundente en todas las regiones de nuestro bello país”, escribió el candidato en su cuenta de Twitter, que, durante la jornada acompañó a votar a su abuela Flor Celina Galarza, de 106 años, en su centro de votación en la ciudad de Quito. Arauz, con el domicilio aún inscripto en México, donde residía meses atrás, no pudo votar en estas elecciones.

La certeza de la victoria de la revolución ciudadana estuvo acompañada de una pregunta: la existencia o no de una segunda vuelta, objeto central de las especulaciones y operaciones de varias encuestadoras. Junto a la pregunta por el balotaje, se abrió otra, acerca de a quién enfrentaría Arauz: si Guillermo Lasso, candidato por CREO y el Partido Social Cristiano, o a Yaku Pérez, del partido Pachakutik. Éste último, en horas de la noche, antes de tener números oficiales, anunció haber ingresado a la segunda vuelta: “después de la segunda vuelta seremos la primera fuerza política del país”, afirmó.

Los primeros datos entregados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), cerca de las 21.15 hora local, con el 90 % del conteo rápido de una muestra de 2193 actas, indicaron que Arauz tendría 31.50% de los votos, Pérez 20.04%, Lasso 19.97% y Xavier Hervas, un candidato cuyo ascenso había comenzado a ser anticipada la última semana, 16.28% de los votos. Los números entregados por el CNE fueron cuestionados por Rafael Correa, quien afirmó: “Todos saben que eso es mentira, en los mismos datos reales ya ingresados estamos alrededor del 38%. ¡A cuidar cada voto! El engaño es evidente”.

El mensaje de Arauz fue desde el primer momento de la tarde, llamar a esperar al resultado final del CNE, bajo sospecha de parcialidad, para saber si, efectivamente existirá una segunda vuelta, algo que, aún no ha quedado totalmente confirmado, aunque la tendencia indicaría que sí. La posibilidad de que suceda estará dada por el hecho de que el candidato no alcance el 40% necesario. En cuando a los diez puntos de distancia sobre el segundo, los datos indicarían que habría sido alcanzado.

El resultado logrado por Arauz, es decir la revolución ciudadana como proyecto, y la figura de Rafael Correa como liderazgo, representa una victoria política en el contexto actual de persecución que vive el correísmo. Fue celebrada como tal en el bunker situado en el hotel Mercure de la ciudad de Quito, al cerrarse una jornada de votación con una gran afluencia en las urnas.

Las imágenes en Quito y varias ciudades del país, mostraron una participación constante, con colas de varias cuadras en algunos centros electorales, y denuncias acerca de la lentitud para dejar ingresar a la gente. En Ecuador el voto es obligatorio, so pena de 40 dólares -con un salario mínimo de 400- o imposibilidad de realizar trámites en el Estado, algo que forma parte de las varias razones de la afluencia masiva.

Se sabía que había mucho en juego en estas elecciones por los candidatos y modelos en pugna, en el contexto de un país marcado a fuego por la traición política, el retroceso económico neoliberal, la pandemia, una campaña de persecución política, y otra mediática contra el correismo, con el objetivo de convencer que Correa había sido uno de los presidentes más corruptos de la historia. Un modelo ya clásico implementado en las revanchas contra los gobiernos progresistas.

El hecho de haber llegado hasta la elección, luego de las irregularidades del CNE que se mantuvieron a lo largo de toda la campaña, representó en sí un triunfo en el marco de una democracia debilitada e instituciones golpeadas, parcializadas, enfrentadas en oportunidades, uno de los legados que dejan los años de Lenin Moreno, quien, es seguro, dejará la presidencia en el mes de mayo y, se especula, tal vez también el país.

Aún falta por conocerse el resultado definitivo de una contienda donde está en juego la orientación que tendrá el país en los próximos años. En caso de existir el balotaje, Arauz seguramente enfrentará el intento de conformación de un frente anti-correista que reunirá un arco diverso, pero no impredecible: Lasso ya ha afirmado que apoyaría a Pérez en una segunda vuelta en la cual el candidato de Pachakutik disputara la presidencia contra Arauz, y el mismo Pérez ya apoyó a Lasso en las elecciones del 2017 afirmando que era “preferible un banquero a un dictador”.

Al cierre de esta nota el país observa la evolución de los resultados con atención, las fuerzas políticas, en particular el correismo, con vigilancia debido a las irregularidades ya acontecidas por parte de un CNE que funcionó como un actor político a largo de estos meses. Al saberse el resultado final, que deberá ser entregado por el órgano electoral, se sabrá si finalmente comenzará un nuevo ciclo de la revolución ciudadana a partir del mes de mayo o si comenzará una campaña de segunda vuelta que enfrentará a Arauz a Lasso o Pérez en el mes de abril.

La jornada del domingo mostró la voluntad de participación de una mayoría de la población ecuatoriana, la necesidad de expresarse sobre el futuro del país que en cuatro años de gobierno de Moreno vio un giro dramático que dejó heridas políticas, económicas, sociales e institucionales.


Yaku Pérez, candidato de Pachakutik, se disputa el segundo lugar con el banquero Guillermo Lasso

Elecciones en Ecuador: el movimiento indígena, un actor clave

En un escenario abierto, el movimiento indígena quiere aprovechar el impulso de la revuelta de 2019 que puso contra las cuerdas a Lenín Moreno, aunque sus divisiones internas no garantizan un apoyo cerrado a un aspirante a la presidencia. 

Por Guido Vassallo

El escrutinio parcial del Consejo Nacional Electoral  (CNE) ecuatoriano apunta a una segunda vuelta en la que, sin embargo, resta definir quién acompañará en esa instancia al economista y candidato del correísmo, Andrés Arauz. Esta noche el segundo lugar se disputa voto a voto entre el empresario Guillermo Lasso y el sorprendente candidato de Pachakutik, Yaku Pérez. Aunque casi ninguna encuestadora lo vio venir, el exgobernador de la provincia de Azuay llegó a meterse en la pelea por la presidencia de Ecuador coqueteando con las organizaciones ecologistas e intentando superar la "grieta" entre Arauz y Lasso. 

En un escenario abierto, el movimiento indígena quiere aprovechar el impulso de la revuelta de 2019 que puso contra las cuerdas al presidente Lenín Moreno, aunque sus divisiones internas no garantizan un apoyo cerrado hacia ninguno de los aspirantes a la presidencia.

Los 14 pueblos autóctonos de Ecuador representan solo al 7,4 por ciento de la población de acuerdo al censo de 2010. "Sin embargo, el movimiento indígena es el mejor organizado y el más potente entre los movimientos sociales, pues el movimiento de los trabajadores sigue en una larga crisis", aseguró el historiador Juan Paz y Miño en diálogo con PáginaI12. En la misma línea, el politólogo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Franklin Ramírez, sostuvo que se trata de "un actor fundamental de nuestra democracia que puede moverse al mismo tiempo en la esfera institucional y en la contienda social".

La declaración durante el gobierno de Rafael Correa del Estado Plurinacional en la Constitución del 2008 significó un importante logro para los indígenas: con el establecimiento de un nuevo modelo de Estado se consagró la legalidad de sus reclamos y se instauró una práctica jurídica que persigue la verdadera igualdad entre las distintas comunidades del país. Pero el permiso que otorgó el expresidente ecuatoriano al extractivismo en territorios indígenas generó un quiebre en la relación.

Los años pasaron y en octubre de 2019 el movimiento indígena se puso al frente de una marea de manifestantes que jaquearon al gobierno de Lenin Moreno logrando la suspensión de la eliminación de subsidios a los combustibles. Aquellas movilizaciones contaron con el protagonismo indiscutible de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización indígena más grande de Ecuador, formada en 1986. 

"El movimiento salió a la calle y mostró al país que hay un relevo generacional. Recuperó la dimensión más radical y plebeya que no llegó a tener en los diez años de correísmo", planteó Ramírez. "De todos modos, la inédita represión que sufrieron los indígenas y después la persecución judicial sobre varios de sus dirigentes han sido golpes que afectaron al movimiento. Se sumó, de inmediato, la pandemia del coronavirus en 2020", agregó Paz y Miño.

La apuesta por Yaku Pérez

La Conaie aglutina a 14 nacionalidades y cerca de 15 mil pueblos originarios. Desde su creación tuvo un papel central en la política ecuatoriana formando parte de movimientos que llegaron incluso a derrocar presidentes. El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik se creó en 1995 como el brazo político de ese colectivo indígena. Ese partido eligió como candidato presidencial a Yaku Pérez, que en palabras de Ramírez representó el "desarrollo acelerado de un ecologismo quizás algo liberal, muy conectado con ONGs del primer mundo".

Pero la elección de Pérez también evidenció las fracturas internas del movimiento. "Los indígenas no estaban alineados detrás de un solo candidato ni tampoco votaron todos por candidatos indígenas. Conocer Ecuador significa que estamos hablando de muchos pueblos que no comparten una misma ideología", explicó el analista político Guillermo Holzmann.

¿Qué pasará en la segunda vuelta?

Las especulaciones son varias de cara al proyectado ballottage del próximo 11 de abril. "Creo que el de Yaku Pérez no será el voto decisor", planteó Paz y Miño. Para el doctor en Historia Contemporánea, frente a una segunda vuelta entre Arauz y Lasso, lo más previsible es que el candidato del correísmo tenga un apoyo masivo de las bases indígenas. "Pero si el ballotage enfrenta a Pérez y Arauz, no es posible definir lo que podría pasar. Buena parte de las derechas del país apoyarían a Pérez a fin de evitar el triunfo del correísmo", agregó.

En cambio Ramírez cree que cualquier escenario de ballotage podría no ser del todo favorable para el correísmo. "El gran límite del correísmo es que no tiene mucho margen de maniobra política para ampliar sus alianzas", explicó el sociólogo e investigador ecuatoriano, aunque alertó que el movimiento indígena "puede tener un papel muy relevante frente a esa situación".

Para Holzmann es muy importante considerar la mencionada división del movimiento indígena. "Tenemos un sector radical ideológicamente identificado con las propuestas de izquierda, donde la pluralidad es un elemento esencial", advirtió el analista político. Allí se encuentra la Conaie, que con un gobierno progresista representado por Arauz tendría mayores posibilidades de obtener una cuota de poder político.

"Pero también hay un sector indigenista pragmático que concuerda con la recuperación de los recursos naturales y apuesta por mejores condiciones de vida, pero está dispuesto a obtener mayores logros con un gobierno de derecha que con uno de izquierda. Se visualizan como mucho más proclives a una negociación política permanente, y votando por la visión empresarial que representa Lasso en una hipotética segunda vuelta tendrían mayores posibilidades", agregó Holzmann.

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¿Dispersión, polarización o repolarización? El panorama electoral ecuatoriano

El 7 de febrero, Ecuador elegirá al sucesor de Lenín Moreno, un gobierno marcado por la incompetencia y la corrupción. Las encuestas muestran que tres opciones pueden llegar a la segunda vuelta: el correísmo, representado por el joven Andrés Arauz, que promete un futuro ya vivido en el pasado; el empresario Guillermo Lasso, con un discurso neoliberal; y el dirigente indígena Yaku Pérez, que de manera sorpresiva tercia entre los otros dos con un discurso ambientalista y de referencias ancestrales.

 

Las elecciones locales de marzo de 2019 en Ecuador batieron un récord en el número de candidatos: los más de 80.000 aspirantes eran casi el triple de quienes se presentaron en las elecciones locales cinco años antes. Las presidenciales previstas para el 7 de febrero de 2021 ya tienen su propio récord: 16 candidaturas, el mayor número desde la formación de la república en 1830. La dispersión ha sido la marca dominante en el sistema político que legó la implosión del partido Alianza País, una vez que la descollante figura de Rafael Correa abandonara el país y dejara tras de sí un reguero de denuncias, juicios y condenas por corrupción. 

La razón es fácil de comprender. El desbande del partido que dominó el escenario electoral ecuatoriano por una década alienta el cálculo de que casi cualquiera puede ganar las elecciones en medio de la confusión. Entre 2007 y 2017, el predominio del partido conducido con mano de hierro por Correa presionaba a la unidad de sus opositores, ya que en los lugares donde las candidaturas se multiplicaban el partido dominante podía arrasar como primera minoría. Incluso allí donde las coaliciones eran imposibles, los votantes tendían a alinearse ampliamente a favor o en contra del gobierno. Era el conocido escenario de la polarización: las terceras opciones quedaban marginadas, sea por los políticos, sea por sus seguidores. 

Un ejemplo. La coalición de izquierdas opositoras al gobierno de Correa, que presentó dos candidaturas unitarias en 2013 y 2017, se encuentra ahora dispersa en cinco candidaturas diferentes: Gustavo Larrea, por Democracia Sí; Paúl Carrasco, por Juntos Podemos; Xavier Hervas, por Izquierda Democrática; Yaku Pérez, por Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik; y César Montúfar, apoyado por el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). El mismo panorama de dispersión se constata entre los pedazos que todavía se mueven del antiguo Alianza País: al menos cuatro candidaturas encabezadas o promovidas por antiguos funcionarios del correísmo.

En ese marco de dispersión política, es claro que hay una poderosa tendencia que apuesta por recuperar la antigua polarización. Quienes la empujan son precisamente quienes se beneficiaron de ella al presentarse como los «polos» de la oposición binaria dominante. Es decir, los dos candidatos que encabezan las encuestas: el ex ministro Andrés Araúz por  Unión por la Esperanza, y el banquero Guillermo Lasso por el partido Creando Oportunidades en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC). La fuerza social subyacente que impulsa esta tendencia a revitalizar la antigua polarización es un ambiente económico y social crítico. La crisis económica y fiscal, las políticas de ajuste y austeridad, el desplome económico y sanitario agudizado por la pandemia de covid-19 y profundizado por la incompetencia y la corrupción del gobierno de Lenín Moreno son todos factores que despiertan una intensa indignación social. La tormenta perfecta en la que se despliegan con más éxito los discursos y las esperanzas radicales o que se pretenden como tales. 

Lasso se presenta a sí mismo como el portaestandarte de un modelo empresarial alternativo al «estatismo correísta». Nada nuevo bajo el sol. Iniciativa privada, reducción de impuestos, inversión extranjera que entrará a raudales por la confianza en un gobierno serio y Estado mínimo. El petróleo y la minería se presentan esta vez como el corazón de la recuperación prometida, aderezada con créditos subsidiados para pequeñas empresas agrícolas al 1% de interés y 30 años plazo. El resultado publicitado de semejante receta es dos millones de nuevos empleos en lugar del millón que se propagandizó en las elecciones pasadas con las mismas medidas. 

Andrés Aráuz es un joven funcionario de segunda línea, y de perfil técnico, del correísmo, casi desconocido hasta ahora. Precisamente por esas razones fue escogido: se puede presentar como «nuevo» y «fresco», al tiempo que reivindica sin atenuantes, ni la sombra de una autocrítica, a la revolución Ciudadana. El discurso de Aráuz pone el acento en que sus promesas son viables porque ya se vivieron en el gobierno de su mentor, que aparece, desde Bruselas, como la figura omnipresente de sus materiales de campaña. «Recuperar el futuro», el eslogan electoral, representa bien su mensaje: un futuro ya vivido en el pasado. Ha prometido que en la primera semana de gobierno entregará mil dólares a un millón de familias y que repatriará los capitales transferidos al extranjero, mientras su estrategia electoral lo presenta como el enemigo de todos los partidos, la prensa y los banqueros coligados en su contra. Una clara repetición de la fórmula ganadora de 2006. Todos son atacados como los cómplices de un gobierno descompuesto e inútil cuya bancarrota aparece como la mejor prueba de la bondad del pasado. El correísmo tiene un piso de votos importante que oscila entre el 20 y el 30% del electorado. Suficiente para llegar a la segunda vuelta.

La novedad del momento es que por primera vez desde 2006 una tercera candidatura disputa ese escenario de polarización. La candidatura de Yaku Pérez, por Pachakutik, es una suerte de alternativa de «re-polarización» debido a la agenda económica, social y ambiental que impulsa. Re-polarización porque reordena las polaridades alrededor de otro polo, el movimiento indígena y sus aliados, en lugar de los dos tradicionales anteriores, el caudillismo correísta y el proyecto empresarial. La base de su agenda económica se asienta en el programa elaborado en desordenadas y multitudinarias asambleas luego de la masiva rebelión popular de octubre de 2019, que propone aumentar impuestos directos a las grandes fortunas y grupos económicos. El protagonismo indiscutido de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en ese levantamiento, de la cual Pérez fue dirigente hasta marzo de 2019, cuando fue elegido prefecto de la provincia del Azuay, en el sur andino, es lo que explica esta inédita oportunidad de una victoria electoral nacional de un candidato indígena. Pérez ha insistido en una estrategia de campaña basada en un discurso ambientalista, con acentos sentimentales, que insiste en la armonía y los valores ancestrales. Es un discurso nuevo, que en sus formas elude lo que entendemos usualmente por «polarización». Sin embargo, su programa de gobierno, en caso de aplicarse, reorganizaría la polarización pero no la eliminaría. 

Solo estos tres candidatos tienen oportunidades de ganar. Si venciera cualquiera de los otros 13 candidatos sería el resultado de una sorpresa monumental. Si gana Lasso, su programa económico y su absoluta falta de carisma personal, hace muy poco probable que construya una hegemonía electoral estable por un período prolongado. Es más probable que el liderazgo de la oposición a su agenda conservadora se dispute arduamente entre los indígenas y el correísmo. Si vence Aráuz, la antigua polarización podría reeditarse, pero su gobierno carecerá de una base social organizada, del escenario de bonanza económica que presidió sus éxitos pasados y de cualquier mayoría parlamentaria. Con todos los partidos y movimientos sociales en contra, es probable un escenario político de nueva Asamblea Constituyente, en un intento de reconstruir su hegemonía electoral y algún tipo de acuerdo con los sectores empresariales. Un gobierno de Yaku Pérez es quizá el más incierto de los tres. Su única fuente de poder inicial sería el poderoso movimiento indígena, el más organizado movimiento social (en estricto rigor, el único) con que cuenta el país. No alcanza, pero es una base menos maleable que la voluntad y el carisma personal de Correa, que es el principal activo político con que cuenta el partido de Andrés Aráuz.

Sin Pérez, la Conaie seguiría siendo más o menos lo que siempre ha sido; si mañana desapareciera Correa, todo su movimiento quedaría huérfano, sin conducción y sin oportunidad creíble de reinventarse. Dispersión, polarización, re-polarización. Una agenda neoliberal, una reedición del caudillismo personalista, un movimiento social auténtico, heterogéneo y vital, urgido por inventar una difícil e incierta hegemonía política. En las elecciones de febrero de 2021 las alternativas son auténticas. Y no son dos sino tres. 

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Seguidores del gobierno de Nicolás Maduro. Foto Ap

Caracas. Diez elecciones atrás, un político venezolano dijo una gran verdad: “No ganamos nosotros, perdió Chávez”.

El político era Felipe Mújica, del Movimiento al Socialismo, y se refería a una de las dos únicas batallas que el imbatible Hugo Chávez perdió en las urnas: el referéndum de 2007, cuando sus asesores lo convencieron de una reforma constitucional que el pueblo chavista no entendió –o que entendió como una peligrosa concentración de poder.

Chávez intentó esa reforma en su plenitud. Un año antes se había reelecto con cierta comodidad, pero en el referéndum tres millones de chavistas decidieron quedarse en sus casas.

Chavistas, escuálidos o decepcionados de todo (una categoría que crece en Venezuela), los caraqueños no se quedaron este sábado en sus casas. La estrategia del gobierno contra el coronavirus ha consistido, entre otras cosas, en una semana de confinamiento estricto por una de “flexibilidad”.

Pero se atravesaron elecciones y el gobierno de Nicolás Maduro decidió que todo el mes de diciembre va a ser de “flexibilización”.

Los primeros días de tal relajamiento coinciden con el tradicional relajo decembrino, pletórico de aguinaldos, hallacas y güisquis. Así que muchos caraqueños se echan a la calle a comprar ropa y regalos.

Las filas son enormes. El proceso se complica por las modalidades de pago y las cifras enormes que trajeron el bloqueo y la hiperinflación.

En La Hoyada, una suerte de mini Tepito en el centro de la ciudad, los autobuses desembuchan gente uno tras otro. Un par de jóvenes madres miran juguetes de plástico, se acercan a los precios en dólares y prosiguen su camino.

En una tienda se piden, por ejemplo, dos baratijas: un encendedor y un rastrillo.

—¿Cuánto es?

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—830 mil.

—¿Y en divisa?

—Menos de un dólar.

Se paga con un billete de un dólar. El cambio, en bolívares, tres billetes que suman 110 mil.

Los taxis aceptan tres formas de pago: tarjeta de débito, transferencia o divisa, y en varios negocios hay letreros que anuncian el tipo de cambio del día: 1 dólar por un millón cien mil bolívares.

La gestión económica del gobierno de Maduro no ha sido, por supuesto, ejemplar. Pero esto que se ve se explica en buena medida por el bloqueo económico estadunidense y el robo en despoblado que Donald Trump practicó al quedarse con Citgo, la filial de Petróleos de Venezuela que funcionaba en Estados Unidos. O el robo de los británicos, que se quedaron con millones en oro, propiedad de la nación venezolana, con el argumento de que no sabían si el presidente era Maduro o Juan Guaidó, el joven derechista que suplicó todas las opciones contra su propio país (incluyendo la intervención militar extranjera), que se autoproclamó presidente y cuyo funeral político se celebra este domingo.

Sobre despojos imperiales y episodios electorales hablo con William Castillo, quien ocupa una posición de reciente creación en el gabinete de Maduro: es viceministro de Políticas Antibloqueo.

El cargo no tiene nada de extraño en un país donde hay tres órganos legislativos que difícilmente legislan: uno que preside un opositor desconocido por otros opositores; la Asamblea constituyente creada por el madurismo como contrapeso tras su aplastante derrota en 2015; y el congreso de Guaidó, que sesiona en la sede del diario El Nacional.

La elección de este día (6D, le llaman aquí) es justo para renovar el órgano legislativo unicameral, la Asamblea Legislativa, que Guaidó presidía cuando —con el decidido apoyo de una parte de la oposición de derecha y de EU— dijo al mundo que en adelante él sería el presidente de Venezuela.

Tras unos nueve meses de arrastre popular, comenzó la deriva que tendrá su punto culminante con estos comicios, aunque es probable que la figura política del autoproclamado tarde en consumirse unos cuantos meses más.

Es sabido que las intermedias no despiertan el entusiasmo que suele gestar una elección presidencial. Si a ese hecho se suman años de polarización, el llamado de la oposición más fuerte a no participar y la pandemia, el resultado puede ser uno que teme sobre todo el gobierno de Maduro: el triunfo del abstencionismo.

A principios de noviembre, Datanálisis, una casa encuestadora que generalmente se acerca a los resultados reales, anticipó que la participación rondará 30 por ciento. Un ex funcionario chavista asegura que los cálculos del partido en el gobierno (PSUV) van de 50 a 80 por ciento de abstención.

El viceministro Castillo reconoce que una de las preocupaciones del gobierno de Maduro es el peso de la abstención. Entre los factores, menciona la pandemia, los problemas “de distribución de combustibles por el bloqueo” (el desabasto de gasolina, pues) y “que la gente ha sido golpeada por la situación económica y eso la puede alejar de las urnas”.

El salario que hoy reciben los trabajadores, admite el viceministro, “es ínfimo”, porque “nos han arrebatado las empresas petroleras, los buques están parados y no nos permiten vender petróleo”.

—¿Las enormes filas del sábado se repetirán el domingo frente a las urnas?

—Toda esta afectación a la economía tendrá mañana una expresión política, vamos a ver cuál es”, admite el viceministro.

“El madurismo tiene un voto duro, que puede movilizar, de entre 15 y 20 por ciento. Con eso le alcanza para lograr la mayoría en la Asamblea”, me dice el ex funcionario chavista.

Por supuesto, el Partido Socialista Unificado de Venezuela y sus aliados no se han cruzado de brazos a la espera de lo que ocurra.

El gobierno alimentó la legendaria costumbre venezolana de crear partidos como se crean clubes de niños exploradores, de modo que en estos comicios concurren 107 fuerzas políticas, muchas de ellas bajo el paraguas de la organización más grande.

Pero esa peculiaridad no es la que marca el 6D.

Primera, que los partidos opositores más importantes decidieron no participar. El bloque conocido como G4, de los partidos de derecha, decidió no participar, amarrado a una lógica diseñada en Washington. Guardando distancias, en México sería como ir a una elección sin el PAN.

Segunda, entre las fuerzas que decidieron participar se cuentan un partido evangélico que ha obtenido votaciones nada despreciables y disidencias de partidos tradicionales, como una escisión de Acción Democrática (el PRI venezolano, para decirlo rápido), dirigida por el sindicalista Claudio Fermín,

Pero quizá la novedad mayor sea que, por vez primera, hay una opción todavía minoritaria pero que se reclama heredera del chavismo. “Va a haber una opción más de izquierda, y eso es sano para el país”, dice William Castillo.

Hugo Chávez intentó crear un partido único y al final desistió por resistencias como la del Partido Comunista, una fuerza ortodoxa, olorosa a naftalina, pero que ahora ha logrado reunir a grupos sociales y políticos que ya no se ven representados en el gobierno de Maduro.

Por lo demás, y para hacer contrapeso a la elección, Guaidó y los suyos han llamado a una consulta popular la semana próxima, pero aún entre sus bases, cada vez más menguadas, hay dudas sobre participar en un ejercicio que no tendría ninguna consecuencia práctica.

Ya sin quien le escriba los tuits, Juan Guaidó publica unas horas antes de unas elecciones equivalentes a las que ganó hace un lustro: “El fraude del 6D está derrotado diplomáticamente e internacionalmente”.


En las elecciones legislativas del domingo se ponen en juego las 277 bancas de la Asamblea

Elecciones en Venezuela: escenario de calma política

En esta elección estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

Por Marco Teruggi

Página12

 

Desde Caracas.Todo está en su lugar para una elección legislativa determinante en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó las auditorías de las nuevas máquinas de votación, la instalación de las mesas electorales, ya se encuentran los veedores electorales internacionales, invitados especiales, como Evo Morales y Rafael Correa. En total son 277 diputados y diputadas a ser electos, ampliando los 167 actuales, para lo cual participan 107 partidos.

El país llega a la jornada electoral en un escenario de calma política en superficie. Era un objetivo difícil de lograr, en un año marcado por la pandemia, una cuarentena en una economía en recesión y bajo bloqueo, el intento de un desembarco en mayo de mercenarios en la denominada Operación Gedeón, y elecciones en Estados Unidos, con la necesidad de Donald Trump de consolidar el voto en Florida, lo que significaba un aumento de presión sobre Venezuela.

Durante el año tuvo lugar el avance de la reconfiguración del tablero político, con el incremento de una oposición heterogénea dispuesta a participar electoralmente, consolidando un bloque de partidos que se formó en cuatro tiempos, alejándose de la estrategia golpista: primero fueron quienes participaron en las presidenciales del 2018, luego aquellos que formaron la Mesa Nacional de Diálogo en septiembre del 2019, en tercer lugar, quienes protagonizaron la disputa en la Asamblea Nacional en enero del 2020, y, finalmente, las diferentes rupturas que se sucedieron en estos últimos meses.

Así tomó forma lo que pasó a denominarse la oposición democrática, o, la oposición colaboracionista, visto desde lado de quienes sostienen la estrategia golpista del gobierno paralelo. Este sector, por su parte, encabezado formalmente por Juan Guaidó, quedó desplazado del centro político nacional, sin capacidad de reconstrucción de expectativa, con una reducción marcada de su base social. Su última carta, para este año, y tal vez en perspectiva, es la denominada “consulta popular” que será realizada, según los anuncios, de manera virtual del 7 al 12 de diciembre y, ese día, también será presencial.

La “consulta” será un mecanismo para buscar refrendar la “presidencia interina” en manos de Juan Guaidó o de algún posible recambio en su lugar. Si bien dentro del país el llamado no parece haber tenido eco, tiene el respaldo público del gobierno estadounidense que, en días recientes, ha vuelto a condenar la elección legislativa y ratificar su respaldo a Guaidó.

Pero, se sabe, se trata de los últimos meses de la administración de Trump, quien condujo una estrategia contra el gobierno de Maduro a través de una combinación de bloqueo económico, cerco diplomático, intentos de acciones de fuerza, puesta de precio a la cabeza de la dirección del chavismo, y un constante error de cálculo sobre la correlación de fuerzas interno, cuyo mayor exponente fue Guaidó.

La fallida estrategia de Trump ha dado como resultado una serie de cuestionamientos en Estados Unidos, que podría llevar a la administración de Joe Biden a cambiar de forma de abordaje, siempre con el mismo objetivo: un cambio de gobierno. Es entonces probable que, aunque exista un sostenimiento de la figura del “gobierno interino”, haya una modificación que permita un diálogo al cual no solamente está dispuesto el chavismo, sino también la oposición política y empresarial, que condena el bloqueo.

Por el momento el foco central está puesto en la contienda del 6. Maduro repitió en tres oportunidades que, en caso de perder, dejaría la presidencia. Su anuncio puede ser interpretado como un llamado al voto, tanto para la oposición como para el chavismo, en un contexto donde uno de los debates centrales es cuál será la tasa de participación. En la elección presidencial de mayo del 2018 la tasa fue de 46,1 por ciento, con 6.245.862 votos para el chavismo, en un escenario marcado por el llamado a no participar por parte de una oposición mayoritaria.

Las elecciones legislativas en Venezuela tienen, por lo general, una tasa de participación más baja que las presidenciales. La última contienda, del 2015, ganada por la oposición, había sido atípica, con 73,1por ciento de participación. La derecha estaba entonces unificada en la Mesa de la Unidad Democrática, la situación económica marcada por el desabastecimiento de productos de primera necesidad, el salario para diciembre de ese año era alrededor de 18 dólares, y se trataba, en general, de una sociedad mayormente movilizada.

Los cinco años transcurridos desde entonces fueron profundamente complejos, con la acusación de “abandono de cargo” hecha a Maduro desde la Asamblea Nacional desde el 2016, el intento de asalto al poder en el 2017, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, operaciones armadas, un bloqueo en escalada sobre áreas estratégicas de la economía, inflación seguida de hiperinflación e inflación alta, creación de una ficción de gobierno paralelo, dolarización de facto de amplios sectores de la economía, migración masiva con las consecuentes remesas, descenso del salario a dos dólares, hasta llegar a este diciembre, con esos cinco años marcados sobre el cuerpo social.

Pero también en esos años el chavismo realizó un proceso de consolidación de lo que se conoce como maquinaria del Partido Socialista Unido de Venezuela, que, articulada a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, así como un conjunto de políticas sociales, afianzó su presencia en los territorios del país, en particular en zonas populares donde la oposición no suele tener presencia.

Esa maquinaria será clave durante estas elecciones del domingo donde estará en juego más que el poder legislativo, sino la posibilidad de asentar la reconfiguración del tablero nacional, con sus consecuencias internacionales y económicas.

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Las elecciones municipales brasileñas de 2020 no se pueden entender como una fotografía. Es necesario insertar la escena del domingo 15 de noviembre en una película con varias tomas.

Las elecciones municipales en Brasil, el 15 de noviembre, mostraron un debilitamiento del bolsonarismo en el plano local. Al mismo tiempo, se observa una recuperación de la derecha y el centro tradicionales. No obstante, la izquierda logró algunos éxitos, sobre todo con candidaturas jóvenes. También las postulantes negras y trans dejaron ver la potencialidad de una izquierda de base más amplia.

 

Hace dos años, un proyecto autoritario que predicaba la intolerancia ganó las elecciones presidenciales y se amplificó una bancada de congresistas que representaban lo más retrógrado del país: agronegocios, iglesias neopentecostales ultraconservadoras y punitivismo proarmas. Así, la denominada bancada BBB (buey, Biblia y bala) se constituyó como un importante punto de apoyo para Jair Bolsonaro y colocó a Brasil en el grupo de países del mundo gobernados por fuerzas políticas alineadas con Donald Trump y proyectos antidemocráticos. El año 2018 fue la coronación de un proceso que dio sus primeras señales en 2013, cuando la derecha ocupó las calles del país contra el proyecto democrático-popular del Partido de los Trabajadores (PT), que había estado al frente del gobierno federal durante 11 años.

En 2014, fue reelegida la presidenta Dilma Rousseff. Pero la derecha –que se había fortalecido desde el año anterior a partir de la consolidación de un sentimiento antipetista– no aceptó el resultado de las urnas y operó un proceso de destitución –un «golpe parlamentario»– por el cual Rousseff finalmente fue depuesta en 2016. Una de las escenas más recordadas es la de Jair Bolsonaro –entonces diputado– durante su voto en el Congreso para la destitución reverenciando al coronel Carlos A. Brilhante Ustra, quien fuera el torturador de la entonces presidenta durante el periodo de la dictadura militar (1964-1985).

Pero volvamos a 2020. Brasil está en la lista de los países con mayor número de muertes por covid-19, solo por detrás de Estados Unidos. La posición del presidente Bolsonaro ante la mayor pandemia del siglo fue crucial para el aumento descontrolado de las cifras de contagio. Negó la pandemia, difundió como panacea medicamentos no aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), llamó a a la enfermedad «gripecita», se posicionó contra el aislamiento social, apoyó a los manifestantes que tocaban bocina frente a los hospitales e hizo campaña contra la vacunación obligatoria. Durante ocho meses de pandemia, cuatro ministros diferentes pasaron por el Ministerio de Salud, mostrando total incapacidad para manejar la crisis. El resultado: más de 160.000 vidas oficialmente perdidas, un PIB reducido, un número récord de desempleados.

Este escenario caótico puede haber cambiado la percepción de la gente sobre «qué esperar del Estado y de la política». Si hace dos años Bolsonaro ganó las elecciones con un discurso antisistema, con una postura de outsider y en favor de un Estado mínimo, el 15 de noviembre los candidatos con estas características no tuvieron el mismo éxito electoral.

La crisis del coronavirus ha impuesto al país una reflexión sobre el papel del Estado en la vida de las personas. Brasil cuenta con el Sistema Único de Salud (SUS) que garantiza, en el marco de la Constitución de 1988, acceso a la atención universal y gratuita. Fue el Estado el que debió garantizar la subsistencia de las familias devastadas por la crisis económica mediante la transferencia de recursos, con la llamada «ayuda de emergencia». Por último, en medio de la mayor crisis sanitaria, social y económica de las últimas décadas, el Estado y la política fueron las principales herramientas que buscaron garantizar la vida de las personas.

Esta comprensión tiene una dimensión muy concreta. No son percepciones etéreas, producidas por los medios de comunicación. Está ahí, palpable para la mayoría de la población: cuando lo necesitaban, fue el Estado el que garantizó la atención sanitaria, los cuidados y los ingresos. Y esta experiencia afectó e influyó en el voto. Así, si en 2018 salió victoriosa de las urnas una plataforma antisistema, antipolítica, antiestatal y contra la Constitución de 1988, en 2020 se verificaron algunas tendencias que se mueven en la dirección opuesta. Sin embargo, esto no significa que sea la oposición más progresista la que haya llevado al debilitamiento de esta plataforma bolsonarista. Los brasileños parecen haber optado –al menos en el plano municipal, que es el que estaba en juego– por la estabilidad y la continuidad de la antigua derecha ya conocida.

Sin embargo, también merecen atención algunos signos positivos relativos al aumento de la representación de los negros, los jóvenes, las mujeres y los colectivos LGBTI, así como la renovación en varios concejos municipales. Así, mientras que los representantes de la política más tradicional tuvieron buen desempeño en la elección de alcaldes, los nuevos cuadros de la izquierda se destacaron en las disputas por las concejalías con un programa de profundización de la democracia y lucha contra las desigualdades.

Es posible resumir algunas tendencias de estas elecciones municipales: a) debilitamiento del bolsonarismo; b) victoria del centro y la derecha tradicionales; c) constitución de frente amplios de izquierda y signos de resistencia.

Es importante tener en cuenta que de los 5.567 municipios brasileños, 95, los que tienen más de 200.000 electores, podrían tener una segunda vuelta (los pequeños solo tienen una vuelta). Solo en 35 de estos municipios uno de los candidatos tenía más de la mitad de los votos válidos y ganó en la primera ronda. En otras palabras, todavía hay que esperar el segundo turno del 29 de noviembre para completar el mapa electoral.

Debilitamiento de Bolsonaro

Bolsonaro, que abandonó el Partido Social Liberal (PSL) en 2019 por disputas internas, no logró viabilizar a su propio partido, Aliança Brasil. Su estrategia fue no atarse a ningún partido para no tener que enfrentarse a posibles derrotas. Así, a pesar de una aprobación todavía significativa (entre 30% y 40%, según la encuestadora), el presidente encontró un terreno poco fértil para transferir apoyo a sus candidatos. Esta tendencia se confirmó y el resultado estuvo por debajo de las expectativas.

De los 78 «Bolsonaros» registrados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en todo el país (varios candidatos optaron por ponerse ese nombre como forma de propaganda electoral), el único ganador fue el hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, quien retuvo su banca de concejal en Río de Janeiro. Recibió el apoyo de su padre en la carrera, con publicaciones recurrentes en las redes sociales pidiendo el voto. Bolsonaro hijo terminó con 71.000 votos, la segunda mayor votación para el concejo municipal, detrás de un candidato del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), un número bastante menor a los 106.000 votos obtenidos en 2016.

De todos los alcaldes que tuvieron un apoyo más enfático del presidente, solo dos pasaron a una segunda vuelta: Wagner Sousa Gomes, conocido como el «capitán Wagner» (Partido Republicano de Orden Social, PROS) pasó al balotaje, pero más bien escondiendo que mostrando a Bolsonaro en su campaña; y en Río de Janeiro quedó segundo Marcelo Crivella (Republicanos), el actual alcalde evangélico, detrás del candidato de derecha Eduardo Paes. Celso Russomano (Republicanos), quien también contó con declaraciones de apoyo del presidente, bajó de 29% de intención de voto a principios de septiembre a 10% y terminó en cuarto lugar en San Pablo, la ciudad más grande del país.

El debilitamiento de Bolsonaro también es evidente en su importante base de apoyo: los profesionales de la seguridad. Los datos del TSE tabulados a petición de la revista Piauíindican que fueron elegidos 50 alcaldes y 807 concejales del área de seguridad. Hubo unos 8.000 candidatos vinculados a las fuerzas de seguridad (Policía y Fuerzas Armadas), lo que supone 10,2% de éxito, un alto porcentaje para un sector específico de la sociedad. Sin embargo, si en 2018 este sector eligió partidos ubicados en la extrema derecha (como el PSL al que entonces adhería Bolsonaro), en 2020 30,2% de los candidatos de la «bala» se postularon por partidos de centroderecha, donde evaluaron que sus posibilidades de ganar podrían ser mayores. También se vieron obligados a cambiar algunas de sus consignas de campaña: por ejemplo, en lugar de anunciar «bandido bueno, bandido muerto» (el lema de campaña de los bolsonaristas hace dos años), pasaron a formular otras propuestas más relacionadas con la vida cotidiana de las ciudades.

Bolsonaro, de todos modos, no ha sido derrotado. Pero ciertamente salió debilitado de estas elecciones, lo que obligará al presidente a buscar alternativas de apoyo si quiere llegar con posibilidades a la carrera electoral en 2022.

La victoria de la derecha tradicional y el centrão

El debilitamiento del bolsonarismo en el plano municipal no implicó, obviamente, una victoria automática de la oposición de izquierda. La derecha tradicional que salió derrotada en 2018 –por ejemplo, Geraldo Alckmin, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB, centroderecha) no llegó a 5%– puede mostrar signos de recuperación, al igual que el denominado centrão, un grupo de partidos políticos que no tienen una orientación ideológica clara y solo tienen como objetivo mantener una relación con el Poder Ejecutivo para que este les garantice ventajas a cambio de apoyo a sus proyectos en el Legislativo.

En siete de las 26 capitales, la elección se decidió en la primera vuelta, con victorias de la derecha y la centroderecha. En las otras 18 capitales, habrá balotaje. Los candidatos que pasaron a la segunda vuelta indican un freno en la ola antipolítica y el voto a fuerzas más tradicionales, lo que demuestra que la capilaridad y la estructura de los partidos siguen siendo relevantes. Demócratas (DEM) es el partido que ha elegido el mayor número de alcaldes en las capitales, con tres alcaldes elegidos, seguido por el PSDB y el Partido Social Democrático (PSD, centro), que fue el partido que más terreno ganó en las 100 ciudades más grandes: tenía seis alcaldes, ya ha garantizado cinco y puede llegar a 19 después de la segunda vuelta.

Las elecciones municipales volvieron a colocar al Movimiento Democrático Brasileño (MDB) a la cabeza del ranking de alcaldías obtenidas por partido (777 de los 5.567 municipios). El Partido Progresista (PP) y el PSD y DEM fueron los que más aumentaron proporcionalmente en número de municipios gobernados en el país. Todos estos partidos también tuvieron un buen desempeño en cuanto al número de concejales elegidos, lo que demuestra que la liberación de fondos parlamentarios del gobierno federal a los diputados a cambio del apoyo a sus proyectos legislativos puede haber tenido un efecto electoral en el ámbito local.

El conservadurismo puede mostrar así signos de cambio de ropa: las máscaras de una extrema derecha antipolítica se cambian a una derecha más tradicional, asociada a lo que en Brasil se denomina la política «fisiológica».

Frentes amplios de izquierda y signos de resistencia

Si el voto a la centroderecha y la derecha indica que el electorado dio señales de que prefiere lo ya conocido frente al extremismo antipolítico, más a la izquierda el electorado mostró que exige renovación y unidad. Aunque estos signos son más contundentes en los concejos municipales, algunas capitales también han expresado este deseo de mantener los sueños de cambio.

Los jóvenes dirigentes menores de 40 años se convirtieron en los grandes protagonistas del campo de la izquierda. Liderando este fenómeno, el candidato a la Alcaldía de San Pablo por PSOL, Guilherme Boulos, de 38 años, alcanzó el 20% de los votos y competirá en la segunda vuelta con el actual alcalde del PSDB. Ya declararon el apoyo al candidato el PT y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Boulos pertenece al Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y se ha transformado en una figura capaz de renovar el apoyo a la izquierda.

En el sur del país, en Porto Alegre, Manuela D’Ávila es otra joven candidata de la izquierda que obtuvo una fuerte votación: 29% de los votos válidos. La postulante del PCdoB había acompañado a Fernando Haddad, del PT, como candidata a vicepresidenta en 2018, y ahora tiene como acompañante de fórmula a Miguel Rossetto, un referente del PT. En Recife, la segunda vuelta será disputada por dos primos, ambos menores de 40 años: Marília Arraes (PT) y João Campos (Partido Socialista Brasileño). Este último es hijo de Eduardo Campos, un ex-gobernador de Pernambuco que murió en un accidente de avión cuando se presentaba a la Presidencia en 2014.

No tan joven, pero con un buen resultado producto de un frente amplio bien construido, Edmilson Rodrigues, del PSOL, quedó en primer lugar y pasó al balotaje en Belém do Pará. El PT y el PSOL son algunas de las siglas que más han crecido en la disputa de las alcaldías de las 100 ciudades más grandes del país. Juntos, ambos partidos, que hoy en día no tienen alcaldes en estos municipios, pueden llegar a tener 15 representantes: 13 el PT y dos el PSOL.

Además, en el año del debut de la norma que obliga a los partidos políticos a distribuir los fondos públicos de campaña proporcionalmente entre los candidatos blancos y negros, los negros y los «pardos» tuvieron un avance en la elección de alcaldes: 32% más que en 2016. En cuanto a las mujeres, el aumento fue de 11,7% de todos los alcaldes elegidos en 2016 a 12,1% en 2020. El desempeño, aunque está lejos de reflejar a la población brasileña (mayoría negra, «parda» y femenina), ya es un avance y podría representar una tendencia para las próximas elecciones.

Una encuesta realizada por el diario O Estado de S. Paulo muestra que candidatas que presentaron agendas LGBTI, feministas, antirracistas o de pueblos indígenas fueron elegidas en diferentes regiones de Brasil. Al menos 25 transexuales y travestis fueron elegidas concejales en diferentes municipios, uno de cuyos ejemplos es Erika Hilton (PSOL de San Pablo), la segunda concejala de izquierda más votada de la ciudad.

En Curitiba, Carol Dartora, del PT, fue elegida como la primera concejal negra de la ciudad. En Belo Horizonte, la profesora Duda Salabert (Partido Democrático Laborista, PDT), que es trans, tuvo récord de votos como candidata individual. En Belém, Bia Caminha (PT) salió de las urnas como la concejal más joven de la historia de la ciudad. A los 21 años, se define como una feminista negra y bisexual. Y este escenario se repite prácticamente en todas las capitales. Según los datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra), el aumento de la representación es el resultado de un número récord de candidaturas de este colectivo. Un estudio de la entidad muestra que este año se registraron 294 candidaturas, 25 de ellas elegidas, lo que supone un aumento de 212% en comparación con 2016.

Las candidaturas colectivas también tuvieron buenos resultados: solo en San Pablo hubo dos de naturaleza negra y periférica, como Quilombo Periférico y Bancada Feminista, y Juntas (una candidatura colectiva del MTST) quedó como primera suplente en el PSOL. En Río de Janeiro, el legado de Marielle Franco (una joven concejal del PSOL y activista de derechos humanos asesinada en 2018 por milicias de extrema derecha) también estuvo presente, a través de la victoria de las mujeres de su colectivo en la ciudad.

En Belo Horizonte, el número de mujeres concejales se ha triplicado. En Uberlândia (Minas Gerais), una joven negra fue la más votada de la ciudad. En Contagem (Minas Gerais) y Natal (Rio Grande do Norte), también fueron elegidas dos jóvenes del movimiento estudiantil: Moara Saboia y Brisa Bracchi, ambas del PT. Además, el estado de Roraima eligió por primera vez dos alcaldes y tres vicealcaldes indígenas. Un tercio de las ciudades de ese estado amazónico tenían candidatos indígenas a las alcaldías.

Los mayores índices de desaprobación a Bolsonaro se dan entre las mujeres y los jóvenes de entre 16 y 24 años, y estos grupos de la población están ahora –más que nunca– representados en los espacios de poder local. Aunque estas elecciones han fortalecido a una derecha tradicional y al centrão, no se puede dejar de ver como una victoria el debilitamiento de Bolsonaro y la perspectiva de reconstruir una izquierda de bases más amplias y unitarias, liderada por jóvenes, negros y mujeres con fuerza y capacidad para actualizar un programa democrático para los nuevos tiempos.

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Campaña electoral en Brasil durante la pandemia. — REUTERS/Amanda Perobelli

Candidatos apoyados por el presidente brasileño sufren para aguantar el ritmo en las encuestas de intención de voto. La necesaria unión de la izquierda, ausente en las elecciones presidenciales de 2018, se antoja clave.

El efecto Bolsonaro, que Brasil experimenta desde hace un año y once meses, pasará una reválida este domingo durante las elecciones municipales: 147 millones de ciudadanos están llamados a las urnas. Los comicios también pondrán a prueba la hipotética unión de la izquierda frente a la ultraderecha, y medirán las constantes vitales del Partido de los Trabajadores, que a nivel nacional sigue contando con la mayor bancada de diputados, pero que continúa aturdido aun a pesar de la puesta en libertad del expresidente Lula da Silva en noviembre del año pasado.

Cinco mil quinientos sesenta y ocho municipios, de desproporcionadas dimensiones –varios de ellos más extensos que las más grandes comunidades autónomas españolas–, eligen alcalde y también concejales, en listas abiertas. Quien más, quien menos, busca el abrigo de algún cargo influyente a nivel federal, siendo el presidente Jair Bolsonaro, por supuesto, el más requerido por todo el espectro del conservadurismo.

Bolsonaro ha aumentado, de rebote, su popularidad durante la pandemia. El auxilio de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, tras presión de las organizaciones de la sociedad civil, y recibido por más de 67 millones de personas, finalmente ha sido capitalizado como éxito por él y su Ejecutivo. Su deseo para estas elecciones municipales era haber podido presentar candidatos propios estrenando un nuevo partido, pero no ha llegado a tiempo. Se llegó a plantear quedarse al margen, al ver que no tenía mucho que ganar, pero finamente ha decidido saltar al barro e ir de la mano con influyentes candidatos de otros partidos en las dos ciudades más importantes de Brasil: São Paulo, con el diputado federal Celso Russomanno, y Río de Janeiro, con el alcalde Marcelo Crivella, ambos de Republicanos.

El problema para Bolsonaro es que sus aliados se están hundiendo poco a poco en las encuestas. Tanto a Celso Russomanno en la capital paulista y como a Marcelo Crivella en la capital carioca les han relegado a un segundo plano opciones de centroderecha (Bruno Covas en São Paulo y Eduardo Paes en Río de Janeiro), con la izquierda agazapada por si se presenta la ocasión.

La reciente reunión entre los principales líderes de la izquierda brasileña, Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) y Ciro Gomes (Partido Democrático Trabalhista), antiguos aliados, hostiles sobre todo desde las últimas elecciones presidenciales, de momento no parece que haya afectado a esta campaña electoral, aunque puede que el acercamiento se exhiba en las presumibles segundas vueltas (dentro de dos semanas) en las principales capitales, materializando esos apoyos expresos y activos entre los candidatos progresistas que faltaron en la segunda vuelta de 2018 y que despejaron el camino a Bolsonaro.

Si lograran consolidarse como una de las dos candidaturas más votadas de su ciudad este domingo, necesitarán esta unión certera de la izquierda, aunque sea puntual y pragmática, Guilherme Boulos (PSOL) en São Paulo –seguramente ante Covas, actual alcalde–, Martha Rocha (PDT) en Río de Janeiro –lidera las encuestas Paes, el que fuera alcalde del sueño olímpico– y Manuela D´Ávila (PCdoB) en Porto Alegre.

Muchas miradas están puestas también en Fortaleza, donde los motines de la Policía Militar, promovidos por las milicias paramilitares del estado de Ceará, han radicalizado el ambiente político de los últimos años y meses. Allí el Capitán Wagner (Pros), desde dentro de la Policía Militar, encabeza las encuestas (30% de intención de voto) con breve ventaja sobre José Sarto (PDT), 27%, y muy por encima de la diputada federal y exalcaldesa Luizianne Lins (PT), con 15%. Fortaleza sería otro de los escenarios en los que la unión de la izquierda se antoja fundamental, pero casi siempre con el Partido de los Trabajadores en modo supletorio, pocas veces encabezando las alianzas.

Y quizá sea por falta de líderes claros en el partido que gobernó el país durante trece años, falta de relevo generacional, o también por deseo de Lula da Silva de que nadie le haga sombra. Por eso en su último discurso antes de entrar en prisión en abril de 2018, ensalzó la figura de Guilherme Boulos y Manuela D´Ávila como futuro de la izquierda, aunque no pertenezcan a sus siglas sino al Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y al Partido Comunista de Brasil (PCdoB), respectivamente.

Así pues, el esperado combate entre Bolsonaro y Lula puede acabar en tablas, pero por lo bajo, con decepción por ambas bandas. Porque también comienza a haber división en el núcleo bolsonarista. A la posición clave de uno de los hijos del presidente, Carlos Bolsonaro, como concejal de Río de Janeiro, le ha surgido una nueva rivalidad: El vicepresidente del Gobierno, el general Hamilton Mourão, no apoya su campaña sino la del candidato Felipe Fontenelle, "economista, cristiano y de derechas".

Esperpento y violencia

La nota grotesca de estas elecciones municipales brasileñas llega desde el estado norteño de Amapá, territorio selvático fronterizo con la Guayana Francesa. Sumido en un apagón eléctrico desde hace doce días, para el cual no se encuentra solución, Amapá no es capaz de gestionar sin corriente unos comicios y una crisis sanitaria al mismo tiempo. El Tribunal Superior Electoral, tras verificar además que "los efectivos de la Policía Militar no se muestran suficientes para garantizar la seguridad de los electores", ha decidido aplazar la votación en Macapá, la capital del estado. La nueva fecha no es oficial, pero no puede superar el límite del 27 de diciembre.

La cita electoral municipal brasileña llega tras cuatro años de violencia creciente, sobre todo hacia alcaldes y concejales –electos, candidatos y precandidatos–. El estudio conjunto realizado entre las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global Violencia Política y Electoral (2016-2020) revela que en la última legislatura se contabilizaron por lo menos 125 asesinatos y atentados, 33 agresiones y 85 delitos de amenazas por todo el país. En la mente de todos, como paradigma, la ejecución en marzo de 2018 de la que es hoy uno de los símbolos del nuevo movimiento negro brasileño, Marielle Franco, negra, lesbiana, favelada y concejala de Río de Janeiro.

4/11/2020 12:31

Por VÍCTOR DAVID LÓPEZ

@VictorDavLopez

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Cerrada contienda por la presidencia de Estados Unidos

Nueva York., La elección nacional –posiblemente la más concurrida en un siglo– quedó inconclusa con una competencia más cerrada de lo esperado entre Donald Trump y Joe Biden y con el triunfo en manos de unos cinco estados claves que siguen contando las boletas, proceso que podría alargarse días.

Pero el presidente Trump declaró esta madrugada: "francamente, ganamos esta elección", acusó que hay un fraude y que acudirán a la Suprema Corte para frenar el conteo, potencialmente provocando con ello una crisis constitucional.

Según proyecciones con base en los resultados preliminares de la elección más inusual –y según varias figuras prominentes–, la más importante en la historia moderna de Estados Unidos, la ruta del triunfo nacional de ambos candidatos depende de los resultados en Pensilvania, Michigan, Wisconsin y tal vez un par de distritos electorales en dos estados más.

Lo que empezó como una noche muy prometedora para los demócratas acabó pareciéndose a la de 2016, con el resultado dependiendo de relativamente muy pocos votos en unos cuantos estados. Florida, donde los demócratas pensaban que podrían sorprender, los sorprendió a ellos al no comportarse como pronosticaban las encuestas.

Ahí el voto latino de los cubanoestadunidenses y venezolanos ayudó a dar el triunfo a Trump, con analistas señalando que su mensaje antisocialista contra Biden fue más efectivo de lo que se pensaba.

Sin embargo, el voto latino en Arizona podría reparar el daño que los latinos de la zona de Miami infligieron contra su campaña, y si esa tendencia persiste en ese estado del suroeste, todo dependerá de los tres estados del medio oeste. La autoridades de esas entidades informaron que no tendrían resultados completos anoche, y que el conteo podría tardar varios días esta semana.

Ante esto, ambas campañas alentaron a sus bases a tener paciencia y festejaron sus posibilidades de triunfo, aunque quedó claro que los demócratas estaban algo desinflados por no haber sorprendido con triunfos en otros estados claves en el sur del país y hasta soñaban con "voltear" Texas, mientras el bando de Trump estaba aliviado por evitar la derrota en varios estados donde al inicio del día estaban amenazando, como Ohio y Carolina del Norte.

Georgia, donde continúa el conteo, aún podría sorprender a ambos bandos en una contienda muy cerrada.

Ante este panorama, Joe Biden, el contrincante demócrata, observó los resultados anoche en su casa cerca de Wilmington, Delaware, a un par de horas de Washington. A las 12:40 de este miércoles, el ex vicepresidente fue el primero en hacer declaraciones a sus seguidores: “nos sentimos bien… en camino de ganar esta elección” y exhortó a esperar a que "se cuenten todas las boletas". Concluyó: "mantengan la fe, vamos a ganar".

Trump, poco después de las dos de la madrugada, apareció ante las cámaras en la Casa Blanca y proclamó, falsamente: "ganamos esta elección". Denunció que estaban por contar los votos y que de pronto dejaron de hacerlo, acusando a los demócratas de estar realizando "un gran fraude". Agregó: "vamos a ir a la Suprema Corte" para frenar el conteo de los votos. Así cumplió con su amenaza de poner en duda la legitimidad de la elección de manera peligrosa y sin evidencia, algo raro si pensaba que estaba ganando.

Antes había publicado un par de tuits, en los que sostuvo que estaba "ganando en grande" y advirtió: "ellos están intentando robar la elección. Nunca les permitiremos hacerlo".

La participación podría llegar al nivel más alto en un siglo. Lo más notable en esta inusual elección es que parece que por primera vez en la historia los votos anticipados, más de 100 millones, superarán los presenciales el día de las elecciones. Más de 100 millones de votos se emitieron antes del martes, lo cual representa más de dos tercios del voto total en la última elección presidencial en 2016.

Pero lo más importante a entender en esta contienda presidencial es que un candidato puede ganar el voto popular, pero perder la elección. Aquí lo que cuenta es cómo ese voto se expresa a nivel estatal, no nacional, y con ello cómo se reparte en votos en el Colegio Electoral, donde un ganador requiere 270 votos.

Y aun en elecciones más "normales" que ésta, el muy anormal sistema electoral estadunidense no puede garantizar ese principio básico de "una persona, un voto", ya que no existe un proceso nacional. Por lo tanto, a lo largo de la jornada electoral nadie sabía si sus votos contarían, ni cuándo. Más aún, ante amenazas del presidente y sus aliados de tratar de frenar conteos y descalificar votos, sobre todo los adelantados, si las tendencias eran negativas para ellos sembró más sospechas sobre el proceso.

En plena jornada electoral, un juez federal ordenó al Servicio Postal de Estados Unidos –el cual sufrió lo que en efecto fue un autosabotaje de sus operaciones por órdenes del propio presidente para obstaculizar el procesamiento del voto por correo (el cual no tuvo precedente)– buscar unas 300 mil boletas que aún no habían sido entregadas a las autoridades electorales para ser contadas.

Mientras, los republicanos indicaron que continuarán con su esfuerzos para cuestionar ante tribunales el conteo de votos adelantados incluyendo los enviados por correo, entre otros.

Un observador comentó que en Estados Unidos pareciera que contar todos los votos es considerado por Trump y sus aliados como una demanda radical.

Incertidumbre

Con todo esto, el supuesto día culminante de la elección estaba repleto de dudas; imperó, más que nunca, una sensación de incertidumbre y temor ante posibles conflictos no sólo en tribunales, sino también en las calles del país.

Trump y su equipo, junto con aliados republicanos, han procedido suponiendo que no pueden ganar sin una serie de maniobras para limitar de alguna manera parte del voto, sobre todo en estados claves. Vale señalar que el presidente nunca ha gobernado con el apoyo de una mayoría, y perdió en el voto popular en su primera elección.

En la recta final de la contienda ya había señales dentro de la campaña de Trump y entre sus aliados, y no sólo por las encuestas, de que las cosas no favorecían al presidente. El mismo mandatario y su equipo parecían confirmar eso, después de que su estrategia para suprimir el voto no funcionó, al intensificar su acusación, sin evidencia alguna, sobre un fraude electoral y proceder a maniobras legales para obstaculizar la contabilidad del voto adelantado emitido en un volumen sin precedente; o sea, suponían que todo eso era necesario para evitar su derrota.

Ante la estrategia del equipo de Trump para cuestionar o frenar el conteo, varias coaliciones de organizaciones civiles se han preparado para enfrentar ese asalto y defender el voto durante los próximos días, tanto por vías legales como con movilizaciones masivas, si es necesario. Varias redes de agrupaciones se han preparado para una "movilización para interrumpir un golpe de Estado".

La batalla por el Senado

La otra gran competencia política es por el control del Senado, el cual está por ahora en manos de los republicanos. Los demócratas necesitan obtener un incremento neto de cuatro curules para reconquistar el control de la cámara alta, pero esto pareció menos posible anoche.

Ayer ya muy tarde se sabía que los demócratas derrotaron a un republicano, pero perdieron un demócrata, y aunque aún hay posibilidad de que lo logren, es menos posible ahora.

En la Cámara de Representantes –donde las 435 curules estaban en juego– se pronosticó que los demócratas ampliarán su mayoría.

Al final de la noche, el mejor resumen fue del comediante Charlamagne Tha God: "después de cuatro años que comprobaron que Trump era aún peor de lo que pensábamos, ¿cómo es posible que esta contienda esté tan cerrada? ¿Qué chingados está pasando con este país?"

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Elecciones en Estados Unidos: qué es y cómo funciona el Colegio Electoral

Los que realmente eligen al presidente

 

Cuando el electorado estadounidense emite su voto, no elige un presidente o un vicepresidente. Vota, en realidad, por miembros del colegio electoral. Estos serán los que finalmente elijan quién se queda con la Casa Blanca. Desde sus inicios, Estados Unidos tiene un sistema indirecto de votación. Uno que genera consecuencias en la forma de hacer campaña y, sobre todo, diferencias entre el resultado de las elecciones y la voluntad de la mayoría.

La composición del colegio electoral

El colegio electoral en Estados Unidos siempre está compuesto por 538 miembros. Este número es el mismo de la suma de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, los 100 del Senado y 3 más para el Distrito de Columbia, que no tiene representación con voto en el Congreso, pero sí vota en las elecciones.

La forma en la que esos 538 electores se distribuyen entre los distintos estados depende de la cantidad de personas que vivan en cada uno. Los estados con mayor población tienen una mayor proporción de miembros del colegio electoral que aquellos con menor población. Esto es porque el número que se le asigna a cada estado está relacionado con la cantidad de integrantes que tiene su delegación al Congreso y esta depende, a su vez, de los resultados del censo.

Hay un mínimo de tres electores para cada estado, por los dos miembros del Senado que le corresponde a cada uno y la cantidad base de representantes. Estados como Alaska o Montana, que solo envían dos senadores y un representante al Congreso, tienen solo tres electores en el colegio electoral. Distinto es el caso de estados como California y Nueva York, que aportan 55 y 29 electores respectivamente, porque al tener una mayor población, tienen también mayor representación en la Cámara de Representantes.

En Estados Unidos no es presidente la persona que saque la mayor cantidad de votos, sino la que logra mayoría en el colegio electoral. Es decir, el candidato que gane los estados suficientes como para que sus miembros del colegio electoral sumen por lo menos 270. Por eso, en 2016, Donald Trump asumió la Presidencia, a pesar de que había perdido el voto popular contra Hillary Clinton. En la última elección presidencial, el candidato republicano sumó 304 electores, mientras que Clinton cosechó 227.

En 48 estados y en el Distrito de Columbia, el partido que saca mayor cantidad de votos a nivel estatal se lleva todos los electores disponibles. Por ejemplo, si el Partido Demócrata es el más votado en Oregon, los siete electores de este estado serán solamente para este partido. Hay dos excepciones, Maine y Nebraska. Estos estados no se rigen por el sistema “el ganador se lleva todo”, sino que asigna sus electores según sus distritos internos.

Si este martes, el Partido Demócrata gana en Nueva York y en el Distrito de Columbia no habrá ninguna sorpresa. Son lugares en los que ha ganado históricamente. Por el contrario, hay bastiones republicanos tradicionales como Oklahoma o Wyoming. Se descarta, por ejemplo, que ahí va a ganar Trump. En los estados seguros como Hawaii para los demócratas o Idaho para los republicanos, no hay apariciones de las principales figuras de la campaña.

Los "swing states", claves para definir la elección

En el medio quedan los estados que en cualquier elección pueden ir para un lado o para el otro. Se los conoce en inglés como “swing states” y por ahí pasa verdaderamente la campaña. Son votos que no están garantizados para ningún partido y entonces, cada cuatro años, allí van los candidatos a tratar de persuadir a los votantes. Ahí se llevan a cabo los actos y las principales actividades de recaudación de fondos.

Florida y Ohio son los swing states por excelencia. El primero da la codiciada suma de 29 miembros para el colegio electoral. El segundo está asociado también con la capacidad de predecir el resultado de las elecciones. Un triunfo ahí solía significar un triunfo en el colegio electoral, pero este año quedó relegado en los análisis y en las campañas. Trump tuvo un solo acto allí en las últimas semanas y el equipo de Joseph Biden prefirió dirigir sus gastos en publicidad hacia otros estados más acordes a su estrategia.

También están dentro de esta categoría Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. Este año, estados que siempre fueron seguros para los republicanos como Georgia y Carolina del Norte ahora aparecen como terrenos de batalla para las campañas. El caso más destacado es Texas. Un triunfo en el gigante sureño no estaba dentro de los cálculos del Partido Demócrata, pero ahora está en juego y nadie se aventura a predecir un resultado.

La selección de los delegados del colegio electoral

La selección de la delegación del colegio electoral depende de cada estado, como muchos aspectos en las elecciones de Estados Unidos. A veces, los partidos hacen convenciones estatales. En otros casos, los senadores y los representantes que pertenecen a cada estado nominan a los electores. También está la opción del voto popular para elegirlos. No hay un método unificado.

Tradicionalmente, los encargados de declarar al ganador de las elecciones son los medios de comunicación. Las cadenas de televisión o la Associated Press tienen equipos de analistas que pueden identificar las tendencias a medida que se cuentan los votos la noche de la elección. Cuando estas son irreversibles, anuncian qué partido gana cada estado. Una vez que pueden sumar 270 electores para un partido, declaran un vencedor.

Este año, con las demoras que se anticipan debido a la gran cantidad de votos por correo, hay chances de que no se conozca una tendencia. Hay estados que procesan las boletas a medida que van llegando. Hay otros, como Wisconsin y Pensilvania, claves para el resultado en 2020, en los que solo empezarán a contar las boletas a partir del martes.

El resultado final del colegio electoral, que es en definitiva el que elige al presidente, llega generalmente un mes después de las elecciones. En ese momento, los electores van al Congreso de Estados Unidos y anuncian a qué candidato le adjudican sus votos. No siempre siguen lo que les dictó el voto en sus estados. En 2016, hubo “electores infieles” que votaron en el Congreso por el senador Bernie Sanders, el ex secretario de Estado Colin Powell, el ex gobernador de Ohio John Kasich y el ex congresista Ron Paul. La activista sioux Faith Spotted Eagle también recibió un voto en el colegio electoral y se convirtió en la primera persona de un pueblo nativo en hacerlo.

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