Los presos de EEUU ponen fin a la huelga y presionan por su derecho al voto

 

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Tras 19 días de protesta en las prisiones de todo el país, los organizadores de la protesta confían en el restablecimiento del voto para exconvictos como una forma de impulsar la reforma penitenciaria
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre

Ed Pilkington
10/09/2018 - 20:51h

Este domingo, coincidiendo con el aniversario del levantamiento de 1971 en la cárcel de Attica (norte del Estado de Nueva York), los reclusos de las superpobladas cárceles estadounidenses pusieron fin a una huelga nacional que tenía, entre otros objetivos, la recuperación del voto para seis millones de estadounidenses despojados de sus derechos democráticos.
La protesta comenzó el 21 de agosto y no se han conocido muchos detalles, pero desde Florida y Carolina del Sur hasta el Estado de Washington hay informes de huelgas de hambre, boicots a las instalaciones y presos que se negaban a trabajar.
Ahora que la huelga terminó, los organizadores esperan poder mantener el empuje y satisfacer sus demandas, la restauración del voto entre ellas. Estados Unidos es el país con más presos del mundo ( 2,3 millones de personas entre rejas) y las leyes de sus estados están entre las más severas por la privación del voto a la que someten a los exconvictos.
Según los datos del Brennan Center for Justice, en 34 estados se prohíbe votar a los expresidiarios en función de las condenas que hayan cumplido. Los Estados de Kentucky, Florida y Iowa expulsan para siempre del proceso democrático a cualquiera que haya cometido un delito grave.
Los reclusos han empezado a unirse en la campaña por el voto como una forma de avanzar en la reforma penitenciaria. Jailhouse Lawyers Speak, la red informal de mujeres y hombres encarcelados que se puso al frente de la huelga de prisiones, está liderando esa campaña.
Cuando comenzaron la protesta, los organizadores de la huelga presentaron 10 demandas. La décima decía así: "Los derechos de voto de todos los ciudadanos encarcelados... deben contar. Exigimos tener representación. Todas las voces son importantes".
Ciudadanos de segunda
Eddie, un preso que lleva cumplidos 13 de los 18 años a los que lo condenaron por robo a mano armada en Carolina del Sur, dice que cuando le den la libertad, en 2023, será condenado al ostracismo: "Pagaré impuestos pero no podré votar". Hablando con un teléfono clandestino desde su celda, Eddie dice que la privación del derecho al voto convierte a los prisioneros en ciudadanos de segunda clase. "Es una forma de decirme que no soy un ciudadano de verdad", dice. "No tendré ni voz ni voto en el proceso político, ni en los destinos de la nación".
Eddie, que ha pedido ocultar su nombre verdadero para evitar represalias de las autoridades, forma parte del equipo de Jailhouse Lawyers Speak que coordinó la huelga. Dice que en su cárcel la mayor parte de la protesta se centró en boicotear las instalaciones que generaban ingresos para el servicio penitenciario, como los economatos y las máquinas expendedoras de la sala de visitas. En su prisión también hubo una negativa generalizada a trabajar, como en otros penales de Carolina del Sur. Para los reclusos en huelga, la obligación de trabajar en la cárcel a cambio de un salario minúsculo, o de nada, es una forma de esclavitud del siglo XXI.
La reacción de las autoridades, dice Eddie, fue mantener en sus celdas a los reclusos de las prisiones de máxima seguridad de Carolina del Sur. "Suspendieron todos los entretenimientos para que estuviéramos en nuestras celdas literalmente los 7 días de la semana y las 24 horas del día", dice. "Devolvían nuestras cartas, amenazaban con aislamiento solitario a cualquier preso que fuera vinculado con la huelga, y pintaron de negro las ventanas de nuestras celdas para que no tuviéramos ni idea de si era de día o de noche".
Dice que la intimidación no logró desanimarles ni disuadirles de planificar acciones futuras. Entre ellas, dice, una de las principales se centrará en recuperar el derecho al voto.
Los prisioneros más activistas y los que organizaban la huelga han denunciado más medidas de represalia. Kevin Rashid Johnson, autor de un artículo de opinión que el periódico The Guardian publicó al inicio de la huelga de cárceles, fue citado para comparecer el 10 de septiembre ante las autoridades de la prisión estatal de Sussex en Waverly (Virginia), donde lo encerraron en régimen de aislamiento.
Las injusticias del sistema
A Johnson le dijeron que a lo mejor lo trasladaban a otro penal, repitiendo el patrón de traslados por todo el país que vienen siguiendo con él, de prisión en prisión: de Virginia a Orégano, a Texas, a Florida y, de regreso, a Virginia. "Es una forma de represalia", dice su abogado, Dustin McDaniel. "Las autoridades se resisten a su forma de exponer las injusticias del sistema y a que haga trabajo de educación política con el resto de prisioneros, lo trasladan para tratar de neutralizarlo".
Los líderes de la huelga están dispuestos a sufrir más represalias pero también están trabajando en la campaña para restaurar el derecho al voto. Janos Marton, de la American Civil Liberties Union Campaign for Smart Justice (una organización que aspira a reducir a la mitad el número de presos de Estados Unidos), dice que uno de los principales logros de los 19 días de protestas fue poner en el candelero la privación del derecho al voto que sufren las personas que han cometido delitos graves.
"La organización de la huelga en todos los estados ha unido en una voz a los presos, movilizándoles hasta un nivel que no habíamos visto antes", dice. "Tras el fin de la huelga, el impacto más tangible de esa voz amplificada es el impulso específico sobre [la recuperación de] el derecho al voto".
Es probable que la privación del voto para millones de prisioneros sea uno de los temas candentes en las elecciones legislativas de noviembre. Los votantes de Florida tendrán que contestar si quieren o no introducir una enmienda a la Constitución del Estado para devolver el derecho al voto a las personas con condenas por delitos graves siempre y cuando hayan cumplido sus sentencias y completado los períodos de libertad condicional.
Florida es tradicionalmente uno de los estados grandes donde el voto no está definido, lo que lo convierte en clave para decidir elecciones presidenciales. En 2016, Donald Trump ganó en Florida con una mayoría de solo 113.000 votos sobre Hillary Clinton. Si devolvieran los derechos de voto a los exconvictos, unos 1,5 millones de ciudadanos del Estado volverían a figurar en el censo electoral.
En otros estados, hay funcionarios del partido republicano aplicando con tanto celo las leyes de privación del voto que incluso algunos exreclusos han vuelto a la cárcel simplemente por tratar de votar. Crystal Mason vuelve a la prisión federal de Texas el 13 de septiembre para pasar allí 10 meses de encierro porque emitió un voto provisional (en Estados Unidos, si un ciudadano asegura que tiene derecho a votar, la mesa electoral recibe la papeleta de forma provisional para incluirla en el recuento una vez verificada la afirmación del votante) en las elecciones presidenciales de 2016. No sabía que, como exdelincuente, le habían prohibido votar.

 

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Lunes, 25 Junio 2018 06:34

El trasfondo

El trasfondo

Con el torbellino de escándalos políticos, el secuestro de niños y el ruido incesante provocado por el régimen de Trump, pocos se fijaron en la presentación de un informe que documenta cómo el país más rico en la historia es ahora el más desigual, con el mayor índice de pobreza del llamado mundo avanzado.

El pasado viernes, el relator especial sobre pobreza extrema de la ONU, Philip Alston, presentó su informe sobre Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra, donde documentó la existencia de 40 millones de pobres (18.5 millones de éstos en pobreza extrema) y que desde 1980 el ingreso promedio de la mitad más pobre de la población se había estancado, mientras el del 1 por ciento se había disparado a niveles récord.

El informe detalla manifestaciones de esta desigualdad, por ejemplo, que la tasa de mortalidad infantil es las más alta del mundo avanzado, las tasas de mortalidad entre afroestadunidenses han llegado a casi el doble de los de Tailandia, 18 por ciento de los niños viven en la pobreza, o que un bebé nacido en China hoy tiene expectativa de vida más larga y saludable que sus pares en Estados Unidos.

“En lugar de lograr los compromisos admirables de sus fundadores, el Estados Unidos de hoy ha probado ser excepcional (…) en maneras contrarias a su riqueza inmensa y su compromiso con los derechos humanos. Como resultado, abundan los contrastes entre la riqueza privada y la miseria pública”, escribe en el informe. Afirma que "la persistencia de pobreza extrema es una decisión política tomada por aquellos en el poder".

Acusa que el actual régimen provocara un deterioro de estas condiciones: "las políticas promovidas durante el último año parecen ser diseñadas deliberadamente para remover protecciones básicas hacia los más pobres, castigar a los desempleados y hacer que los servicios de salud más básicos sean un privilegio que se tiene que ganar, en lugar de un derecho ciudadano".

El día anterior, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, descalificó el informe, indignada porque Naciones Unidas se había atrevido a evaluar a su país: "es patentemente rídiculo que la ONU examine la pobreza en Estados Unidos". Acusó al relator de parcialidad y denunció que fue un ejercicio motivado políticamente. De hecho, el régimen de Trump justo había anunciado su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU –el primer país en hacerlo desde que se estableció en 2006– y no estaba presente cuando Alston y otros abordaron el tema.

En su informe, Alston señala que "en la práctica, Estados Unidos está solo entre los países desarrollados en insistir que mientras los derechos humanos son de importancia fundamental, éstos no incluyen derechos para protegerse contra morirse de hambre, morir por la falta de acceso al cuidado a la salud o crecer en un contexto de privación total".

No es el primer informe sobre el tema. Durante meses y años recientes se ha documentado ampliamente la aceleración de la desigualdad económica en este país en los gobiernos de ambos partidos, llegando a niveles sin precedente desde hace casi un siglo, y sus consecuencias antidemocráticas como resultado de la implementación de las políticas neoliberales desde los tiempos de Ronald Reagan.

Sin tener todo esto en cuenta, no se pueden entender los fenómenos de Trump, o en el otro extremo, el de Bernie Sanders; el de "fascistas" aliados de este régimen, o el surgimiento de una masa popular que se identifica como socialista, o las derrotas de la cúpula política tradicional, o el temor y el odio que se han cultivado abajo (incluyendo el antimigrante), o las repuestas progresistas como la Campaña de los Pobres y las huelgas recientes de cientos de miles de maestros, entre otros.

Este es el trasfondo fundamental del problema político, social y económico actual de Estados Unidos

 

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Pese a la campaña hostil, el chavismo mostró que está vivo

De los 23 estados, el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela ganó 18, incluyendo el estratégico Miranda, la oposición obtuvo cuatro y el estado de Bolívar aún estaba en disputa al cierre de esta edición.


Sin incidentes y en paz, los venezolanos ayer votaron para escoger gobernadores en los 23 estados que componen el país. A las 22 hora local (23 de Argentina) el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados irreversibles por los cuales 18 estados quedaron en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), entre ellos el importante estado Miranda –hasta ahora el oficialismo controlaba 20 gobernaciones–, cuatro en manos de la oposición y el estado Bolívar en disputa.


La participación no alcanzó los umbrales que concita una elección presidencial pero Jorge Rodríguez, jefe del comando de Campaña Zamora 200 del PSUV, subrayó que fue mayor a la registrada en la última elección regional de 2012, por la tanto sería superior al 54% de los habilitados para votar. No obstante en una recorrida por la gran Caracas, en la parte que integra el estado Miranda, como ocurría en el resto del país, se pudo observar la preocupación de los políticos de las fuerzas en pugna, quienes procuraban estimular a través de distintos llamados a sus seguidores a acudir a las urnas.


A las nueve de la mañana el colegio Presidente Kennedy, en barrio Bolívar de Petare Norte, uno de los más populosos del estado Miranda, registraba colas de votantes que fluían con rapidez. Los ciudadanos parecían muy ilusionados, el chavismo ganó las 22 elecciones habidas en este centro electoral de 4355 personas registradas, desde que Chávez asumió el poder en 1999. El teniente Jonathan Marín de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, FANB, tenía a cargo seis soldados, para brindar seguridad al establecimiento y evitar que se cometieran delitos electorales; el militar no exhibía preocupaciones, todo lucía tranquilo en la jornada que más bien parecía ser un día de fiesta.


Miguel Pizarro, diputado opositor en la Asamblea Nacional de 29 años de edad, por el partido Primero Justicia, ayer al mediodía durante una entrevista en vivo realizada por el canal Globovisión, convocaba desde la entrada al Colegio San Agustín del municipio Sucre en Miranda a todos los seguidores a votar. La conducta de Pizarro contrastó con la que sostuvo hasta hace unos meses atrás, cuando lideraba las manifestaciones violentas conocidas en Venezuela como guarimbas, con el objeto de provocar la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Un testimonio de un guarimbero arrepentido lo señaló a principios de julio como autor intelectual y proveedor de logística para acciones violentas de calle. El joven guarimbero arrepentido recordó que Pizarro les había dicho “que nos preparáramos, que acabemos con todo, que fuéramos para adelante sin miedo”. En aquel momento la oposición nucleada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), rechazaba el mecanismo electoral como una vía para resolver las diferencias con el gobierno. Hoy la posición mayoritaria dentro de la MUD es la opuesta, y compiten en las elecciones regionales sin complejos por las posturas contradictorias.


La oposición denunció, en Miranda y otros seis estados, la reubicación de algunos colegios electorales. El Consejo Nacional Electoral (CNE) reubicó 201 centros de votación porque durante las elecciones del 30 de julio pasado para la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se registraron actos violentos. Para aquellas elecciones la oposición había llamado abiertamente a boicotearlas, y muchos establecimientos donde imperan generalmente sus partidarios fueron epicentro de actos violentos que impidieron votar a ciudadanos que querían elegir candidatos. De todas formas la cifra de centros reubicados representa el 1,48 % del total de los centros electorales del país, y distan en promedio a dos mil metros de los centros de origen, según informa el CNE.


Para solventar el inconveniente los opositores tenían flotas de autobuses para transportar a los votantes hasta los nuevos centros establecidos por el Poder Electoral. Uno de los centros reubicados en Miranda fue la escuela técnica Don Bosco, del municipio Sucre, donde los votantes fueron trasladados a la escuela Martínez Centeno. En uno de los autobuses proporcionados por la oposición, Wilfredo Vargas, coordinador del partido de derecha Voluntad Popular en la Parroquia Leoncio Martínez de Sucre, aprovechó la ocasión para improvisar un discurso y arengar a los pasajeros antes de que acudieran a votar al centro reubicado por el CNE. “La idea es ganar no sólo en Miranda sino la mayor cantidad de gobernaciones a nivel nacional y reducir espacios a esta gente, ya saben como tienen a Venezuela quebrada, sin medicina, sin comida, sin seguridad y todo lo que pueda haber”, sentenció Vargas, frente a los pasajeros que no mostraban demasiado entusiasmo al oír sus palabras.


A esa altura la veda electoral era una ficción, en recorrida por el estado Miranda se pudo apreciar cómo chavistas y opositores continuaban con la propaganda política. Pero más allá de estas infracciones al código electoral, que en otros países pudieran parecer graves, las elecciones en Venezuela son un gran avance democrático frente a la violencia política desatada por la derecha hasta hace dos meses y medio.


Para este 15 de octubre se contó con el acompañamiento del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (Ceela), quienes avalaron la transparencia del proceso electoral.


En otro grupo de acampañantes internacionales expertos en sistemas electorales invitados por el CNE, se encontraba Manuel Pineda, miembro del Partido Comunista de España, que relató que le causó una muy buena impresión comprobar “el sistema electoral garantista, impermeable a injerencia o trampas”. Por otra parte Pineda señaló que los acompañantes internacionales, de diferentes ideologías, coincidieron en que es el mejor sistema electoral que han visto. “Vemos que la gente confía en su sistema, le dan valor” añadió Manuel Pineda como parte de su reconocimiento; y también destacó “el esfuerzo por garantizar el derecho al voto incluso a gente impedida”. Pero los observadores extranjeros destacaron como dato sobresaliente de la jornada que la oposición haya participado en las elecciones, teniendo en cuenta el rechazo que expresaban a las mismas hasta el 30 de julio pasado.

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“Las bandas criminales de las grandes ciudades surgieron en las prisiones”

Crítico del PT, Freixo fue candidato del PSOL en Río de Janeiro, donde combatió a las bandas de delincuentes y debió salir de Brasil por las amenazas. Reconoce que la política brasileña depende de lo que pase con Lula.

 

En Marcelo Freixo caben dos realidades. A nivel local, un diputado popular cada vez más cerca de la alcaldía de Río, y a nivel nacional uno de los líderes del Partido Socialismo y Libertad (PSOL). Freixo fue una de las sorpresas de los comicios de octubre pasado, donde las fuerzas políticas se midieron por primera vez desde el golpe institucional a la presidenta Dilma Rousseff. En un clima electoral enrarecido, el triunfo del nuevo alcalde, Marcelo Crivella, se opacó bastante a causa del resultado obtenido por el candidato del PSOL. Bastaron pocos meses de campaña para que Freixo pasara de disputar una elección municipal a transformarse en la nueva cara de la izquierda brasileña. Ahora le toca conciliar esas dos realidades.


Para llegar a ser dos veces diputado estadual de Río y un político con aspiraciones federales, Freixo salió de la periferia, subió a los morros, encuestó para una ONG, se afilió al PT, entró a las cárceles, dio clases de historia, se desafilió del PT, se unió al PSOL, investigó a corruptos, perdió a su hermano Renato por las balas de la mafia policial, recibió amenazas de muerte. En 2011, la jueza Patrícia Acioli, que perseguía al crimen organizado, fue asesinada, al mismo tiempo que Freixo presidía las investigaciones parlamentarias a traficantes de armas, narcos y paramilitares. Se fue de Brasil, regresó a Brasil, aceptó la custodia personal, tomó impulso. El futuro lo tienta con una banca en Brasilia.
En diálogo con PáginaI12, Freixo habla de la violencia crónica en Río, la obsesión de su carrera legislativa, de ese trago amargo que significó el juicio a Rousseff –con el asalto de Michel Temer a la presidencia– y de la omnipresencia de Lula en la vida política de Brasil.


–La ola de violencia carcelaria que vivió Brasil a principios de año dejó cerca de 130 muertos. ¿Cómo se llegó a esa situación?


–Brasil vive una crisis penitenciaria desde hace mucho tiempo. El país no tiene política penitenciaria. No tener política penitenciaria es la política penitenciaria. Tenemos la tasa de crecimiento de población carcelaria más alta del mundo, así que ningún país tiene un número de presos mayor que el que tiene Brasil. Y los discursos que provienen de las autoridades y de los medios de comunicación son discursos de impunidad, que defienden penas mayores y la idea de que las cárceles sean lugares más estrictos. Es incompatible lo que se habla sobre las prisiones y lo que ocurre dentro de ellas. La ausencia de políticas públicas, de políticas para que los presos puedan estudiar y acceder a un trabajo, es decir, esta situación de abandono, ha generado el fortalecimiento de las bandas criminales. Todas las facciones criminales de las grandes ciudad que tiene Brasil nacieron en la prisión, no nacieron en los barrios pobres. ¿Por qué estas bandas nacen en la cárcel? Porque no hay política pública, no hay presencia del Estado cumpliendo lo que la ley dice que hay que hacer. Estas muertes de las que fuimos testigos en varias ciudades del país, tan brutales y violentas, derivan del conflicto entre las facciones, que crecieron frente a la irresponsabilidad del gobierno.


–¿Cómo tienen que responder las autoridades al crecimiento de las bandas criminales?


–Las facciones criminales viven en las cárceles y lo que se tiene que hacer es cumplir con la ley. No se puede clasificar a un preso y decidir que vaya a una prisión o a otra conforme la facción criminal a la que pertenece. Entonces, si robaste un teléfono, un zapato o si mataste a 50 personas y sos juzgado y condenado, podés permanecer dentro de la misma prisión donde está determinada banda, ya que la división de los presos se hace a partir de estas facciones. El sistema penitenciario está hecho para las facciones, no para hacer cumplir la ley. No hay ningún incentivo para estudiar o trabajar.

El número de presos que trabaja hoy en día es inferior al 10 por ciento, y el número de presos que estudia alcanza sólo el 13 por ciento. Son prisiones de máxima ociosidad. Prisiones donde el preso, sea negro, pobre, residente de los barrios marginales o de la periferia pasa la mayor parte del tiempo sin hacer nada. El Estado no cumple con lo que dice la ley y no hace absolutamente nada en relación con el sistema penitenciario. Lo que el Estado tiene que hacer es cumplir con la ley, invertir en el sistema. Hoy en día hay un gran número de personas en prisión preventiva. El 40 por ciento de los presos en Brasil son presos preventivos, que no han sido juzgados. La mayoría de estas personas no tendría que estar presa, porque cometió delitos menores, que no justifican la privación de la libertad. Hay un defecto importante en el sistema de justicia criminal, ya que no se investiga. Sólo se detiene al pobre.


–En Río de Janeiro, esas facciones criminales y las milicias se mueven con particular impunidad. ¿Cuál es la solución para combatir la violencia?


–El tema de las milicias puede parecer extraño para quien no es de Brasil o particularmente de Río de Janeiro. Son mafias compuestas por policías, bomberos, agentes penitenciarios, grupos que provienen de sectores de la seguridad pública que dominan algunos barrios, que por lo general suelen ser los más periféricos, los más pobres. Controlan las actividades económicas de esas comunidades, son violentos, matan y están por fuera de la ley. Se trata de grupos criminales, sólo que son grupos criminales formados por agentes de seguridad. No son ex agentes o paramilitares. Esto es lo que impide entender del todo el fenómeno. ¿Cómo alguien que pertenece a la seguridad forma parte de una banda criminal? Pero esto es lo que ocurre exactamente. Ellos ganan mucho dinero. Son parte del Estado. Controlan electoralmente las comunidades y acabaron siendo personas influyentes, junto a gobernadores, alcaldes y a miembros del poder político local.


–Usted ha sido muy crítico con el llamado programa de pacificación de las favelas en su ciudad. ¿Piensa que esa política fracasó completamente?


–Fracasó completamente, porque la verdad es que no se invirtió en una nueva policía. El programa de pacificación de las favelas consistía en colocar efectivos allí. Nada más. No se puso otra policía, ni se la transformó ni se la entrenó. Se llegó a las favelas sólo con efectivos. Ni saneamiento, ni escuelas, ni salud. La población pobre ya conocía bien a la policía. No hubo programa de pacificación, de integración o de ciudadanía. Fue un programa de control que con el tiempo se desgastó. Hoy está acabado.


–Brasil vive una crisis económica profunda y en Río la situación es incluso peor. ¿Qué espera del gobierno de Marcelo Crivella?


–Desde que fue elegido alcalde de Río de Janeiro, Crivella viene haciendo un gobierno muy confuso, que carece de un proyecto claro. En cierto punto no se sabe hacia dónde va, porque tiene un origen más bien religioso. Tiene posturas muy conservadoras. Es dueño de una iglesia, de un canal de televisión. Es pronto para hacer una evaluación de su gestión. Claro que deseo que haga un buen gobierno, pero no se percibe que sus funcionarios estén haciendo un buen trabajo por el momento.


–¿Por qué cree que en las ciudades más grandes como Río o San Pablo ganó la derecha en las últimas elecciones?


–Pienso que es un movimiento global, no pasa sólo en Brasil. Tenemos el triunfo de Trump y el ascenso de la derecha en Alemania y en otras partes del mundo. Incluso en Argentina. En Brasil tenemos el fin del ciclo de administración del PT, que cometió sus errores, que tiene sus logros. Soy una persona crítica con el gobierno del PT. Reconozco los avances en la capacidad de compra del salario mínimo, en las políticas de inclusión, en las políticas sociales, pero es un partido que pactó con sectores ultraconservadores de la derecha y cedió ante prácticas corruptas. Ahora paga un precio bastante alto por eso. El PT definió una imagen histórica de la izquierda en todo Brasil. El ascenso de la derecha en las últimas elecciones municipales tiene relación directa con esa crisis global y también con la crisis de gestión del PT. Toda la izquierda terminó pagando por eso.


–¿Cómo evalúa el avance de los grupos evangélicos en la política brasileña?


–La llamada bancada evangélica tiene una historia bastante reciente, con un grupo numeroso de diputados que vienen de las distintas iglesias. Pero no todos los grupos evangélicos son iguales. En Río de Janeiro el 25 por ciento de la población es evangelista. Es un porcentaje alto. El 90 por ciento de los evangelistas votó por Crivella. Eso muestra un potencial electoral muy grande para cualquier candidato que consiga reunir a esos grupos o apelar a una identidad evangélica. Esa mezcla de religión y política es peligrosa. Pero es también algo nuevo y no se sabe bien cómo tratar el tema. La única certeza que tengo es que no podemos aceptar que todos los evangelistas sean conservadores. Es importante que las personas de izquierda disputen los espacios de los evangelistas, discutan, hablen, que exploren las diferencias dentro de los grupos evangélicos, que son muchas. La izquierda tiene que aprender a conversar, a ver más allá de lo inmediato. Ningún proyecto de izquierda en Río de Janeiro debate con los evangelistas qué ciudad quiere construir o cuáles son sus concepciones políticas. Todo acto evangélico es reaccionario o conservador. En una ciudad como Río, con una población evangelista importante, esa visión es poco sensata. La izquierda no construyó hasta ahora ningún espacio de aproximación con los grupos evangélicos. Y es una falla de la izquierda. No hay que ser evangelista para ser conservador.


–En la segunda vuelta de las elecciones municipales la izquierda se unió y le dio su apoyo. ¿Considera que con los resultados que obtuvo el PSOL puede convertirse en el partido dominante dentro de la izquierda?


–Eso está por verse. Lo que pasó en Río fue algo muy fuerte, sin dudas. Tenemos una bancada importante en la ciudad, en el Congreso federal, legisladores municipales. Pasamos a la segunda vuelta en Río, lo que consolidó al PSOL como una alternativa de izquierda. En Brasil el proceso es más lento. Todo va a depender de lo que suceda en las próximas elecciones con Lula. Lula es un capítulo importante para saber el futuro de la política brasileña. Todo gira en torno a si Lula va a ser candidato o no, a si las investigaciones van a llegar a él o no. Es una cuestión central que va a definir muchas cosas. Es decir, no es un detalle menor. No vamos a hacer alianza con el PT porque consideramos que representa un proyecto diferente. Hoy Lula está al frente de todas las encuestas. Sin Lula, la correlación de fuerzas cambia completamente. Más allá de eso, el PSOL va a crecer. Tenemos que empezar a definir los candidatos nacionales ahora, hacer trabajo de base. Crecimos mucho en los comicios municipales. Brasil necesita un proyecto nacional de izquierda, algo que está faltando. Tenemos que generar debates profundos en todas las ciudades y que un proyecto político de izquierda gane en 2018.


–Usted dijo que la justicia en su país es selectiva. Sobre todo con la población más vulnerable. ¿Puede aplicarse esa selectividad a los casos de corrupción que salpican a todos los grandes partidos?


–La justicia es selectiva. La prisión de determinados políticos es selectiva. Estamos esperando que se investigue al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). La justicia investigó a unos partidos y a otros no. El PSDB fue poco investigado, y tiene muchas razones para ser investigado. La justicia es de clase. Quien tiene acceso a la justicia, a un abogado, no termina en el servicio penitenciario brasileño, donde la mayoría son negros, pobres, habitantes de las favelas, de la periferia y de baja escolaridad. ¿Sólo el pobre comete crímenes? ¿O es que sólo el crimen que comete un pobre merece la privación de la libertad?


–¿Cómo impactó el impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en el escenario político?


–No hay duda de que fue un golpe. El gobierno de Dilma era desastroso, atendía los intereses de los bancos, la política de los mercados financieros, avanzaba muy poco en cuestiones sociales, en la reforma agraria. Para hacer un golpe hoy en Brasil no hace falta ser de izquierda o tener a los militares en la calle. Basta no interesarle más al poder financiero para que un gobierno sea depuesto. No hubo crimen de responsabilidad para juzgar al gobierno de Dilma y apartarla de la presidencia. Acá también hubo selectividad. Ahora vivimos una tragedia. Temer eligió a su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, para integrar el Supremo Tribunal. Es una persona que no tiene cualidades técnicas ni políticas para ocupar un cargo semejante. Es un gobierno golpista entrando en la Corte Suprema del país. Estamos viendo un cambio profundo en la política del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que ya no financia más a la pequeña economía, la economía productiva. Se trató de un golpe para hacer funcionar la economía de una determinada manera que agrade a ciertos sectores.


–¿Por qué entonces un hombre como Temer, acusado de corrupción y comandando un programa económico impopular, sobrevive en el poder?


–Temer era el hombre indicado para dar el golpe. Es servil a los intereses de un gran aglomerado económico y de algunos medios de comunicación. Estaba en el lugar justo para hacer el golpe: la vicepresidencia. No tenía cualidades para asumir la presidencia pero estaba ligado a un sector político muy poderoso. Las protestas que comenzaron en 2013 y se intensificaron en vísperas del golpe apuntaban contra el gobierno, la corrupción y la clase política en general. Pero Dilma fue destituida, Temer asumió la presidencia y los brasileños dejaron de salir a las calles. Es algo curioso. Los movimientos pro impeachment fueron importantes, sí, en las grandes ciudades. El gobierno tenía poca capacidad de respuesta. Era un gobierno malo, pero a los gobiernos se los derrota en elecciones, no se les hace un impeachment. Si no hay crimen de responsabilidad es golpe. Dilma fue apartada del poder y hoy tenemos a Lula liderando las encuestas con una ventaja significativa. Muchos de los que salieron a las calles entendieron que sacar a Dilma no era la solución, porque no resolvió ni la crisis económica ni la crisis política.


–¿Cuál es la estrategia para las elecciones generales de 2018?


–Tenemos todo 2017 por delante. Es importante reforzar el trabajo de base, ir a las ciudades, hacerlo más participativo. Mi campaña terminó nacionalizándose porque fui una de las pocas figuras de izquierda que pasó a segundo turno. Ahora tengo que ayudar a que el partido crezca en los lugares donde es más difícil. Ya visité Minas Gerais, Belo Horizonte, Florianópolis, Belém, Río Grande del sur. Es probable que en 2018 me presente para diputado federal para ayudar a la bancada a mantener el número. En una ciudad como Río de Janeiro, tan compleja, llegamos al millón doscientos mil votos, enfrentándonos a adversarios poderosos.


–Después del golpe parlamentario se llevaron adelante elecciones municipales. ¿Brasil vive en democracia?


–No estamos viviendo en democracia. Acá hubo un golpe violento, muy duro, contra el gobierno federal. Hubo una ruptura del orden electoral y ahora el golpe se está consolidando. Está tomando forma a través de las políticas agrarias, de la currícula educativa, del nuevo juez de la Corte. Así tengamos elecciones municipales y estaduales, el gobierno federal es muy importante en la estructura política de Brasil. Se vive un momento de crisis institucional, de fragilidad democrática. Una de las crisis de identidad política más graves que sufrió el país. Pero también hay una capacidad de reacción muy fuerte. Hay grupos de mujeres, de jóvenes, de estudiantes, de la cultura, de educadores populares, de las favelas, de la periferia, que tienen una propia identidad política, un proyecto de sociedad que está surgiendo. No soy el más optimista. Creo que el golpe no demostró todavía todo lo nocivo que puede llegar a ser. El de Temer es un gobierno que nace para construir una lógica de poder más autoritaria. La resistencia va a atravesar años difíciles, pero con capacidad de lucha y de reorganización de las fuerzas políticas.

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Derecha y extrema derecha, a segunda vuelta en Francia

La contienda por la presidencia se definirá el próximo 7 de mayo
Conservadores y socialistas llaman a apoyar al ex titular de Economía
Para la candidata del Partido Nacional el resultado es histórico

París.

El centrista pro europeo Emmanuel Macron y la candidata de extrema derecha Marine Le Pen encabezaron por estrecho margen los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Francia celebradas este domingo, y se enfrentarán el 7 de mayo en la segunda ronda, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el Ministerio del Interior.

Macron consiguió 23.91 por ciento de votos, por 21.42 de Le Pen, con 96 por ciento de sufragios escrutados.

Esta es la primera vez en la historia reciente de Francia que no habrá un candidato de los tradicionales Partido Socialista –en el cual milita el presidente François Hollande– y el conservador Partido de los Republicanos en elecciones presidenciales.

"Encarnaré la voz de la esperanza para nuestro para Europa", dijo Macron, el candidato de En Marcha! ante sus seguidores.

Le Pen, líder del Frente Nacional, calificó el resultado de "histórico".

Al reconocer sus derrotas, el centro derechista François Fillon y el socialista Benoit Hamon llamaron a sus votantes a apoyar al centrista en la segunda ronda, mientras el izquierdista Jean-Luc Mélenchon descartó dar su apoyo a cualquiera de los finalistas.

Al menos 300 manifestantes, que dijeron ser "antifascistas", se enfrentaron a la policía por la noche en París, en una movilización contra Le Pen y Macron.

"Encarnaré la voz de la esperanza para nuestro país y Europa", afirmó Macron, ex ministro de Economía, ante cientos de simpatizantes que celebraban su victoria en París.

Agregó: "en un año hemos cambiado el rostro de la vida política francesa".

Macron fundó el movimiento político En Marcha! "ni de izquierda ni de derecha" hace apenas un año, poco antes de renunciar al gobierno de Hollande, "en momentos en que nuestro país atraviesa un momento inédito marcado por el terrorismo, los desafíos económicos, ecológicos y los sufrimientos sociales, Francia respondió de la mejor manera y acudió a votar masivamente", apuntó Macron, de 39 años, quien de ganar la contienda en mayo se convertirá en el presidente más joven de Francia.

Tras anunciar los resultados de esta elección, el candidato del Partido Socialista, Benoit Hamon, aceptó su derrota, pero aseguró que "la izquierda no ha muerto, el combate continúa" y pidió a los franceses votar por Macron.

El contendiente conservador, François Fillon, admitió su derrota y también llamó a votar por el candidato pro europeo en la segunda ronda: "no nos queda otra opción que votar contra la extrema derecha, por lo tanto votaré por Emmanuel Macron".

El abanderado del Partido de Izquierda, Jean-Luc Mélenchon, rehusó apoyar a alguno de los candidatos finalistas. Mélenchon fue duramente criticado en la campaña por su abierta admiración a líderes latinoamericanos como Fidel Castro y Hugo Chávez.

El primer ministro socialista, Bernard Cazeneuve, llamó a los votantes a rechazar a Le Pen y a optar por Macron, mientras el impopular presidente saliente, François Hollande, llamó a los franceses a "demostrar que la democracia es más fuerte que todo".

La ultraderechista Le Pen, de 48 años, quien de lograr la victoria sería la primera mujer en gobernar Francia, festejó haber alcanzado la segunda ronda y dijo a sus seguidores que "está en juego la supervivencia del país, los franceses deben aprovechar esta oportunidad histórica". En su cuartel de campaña en el norteño municipio de Henin-Beaumont ondearon banderas de Francia con la inscripción: "Marine President".

Le Pen y Macron ofrecen un fuerte contraste, sostienen opiniones diametralmente opuestas sobre el futuro de la Unión Europea (UE) y el papel de Francia en el bloque continental. Le Pen prometió sacar a Francia del bloque, mientras Macron está a favor de una mayor cooperación con Europa. Algunos analistas sugieren que la segunda vuelta será el equivalente a un referendo sobre el futuro de Francia en la UE.

De un padrón de poco más de 46 millones de votantes, 78.27 por ciento acudieron a las urnas.

En este contexto, unos 300 manifestantes "antifascistas" chocaron contra las fuerzas de seguridad en la rotonda de la Plaza de la Bastilla, algunos participantes lanzaron petardos y botellas contra los uniformados y tres personas fueron detenidas, informó la prefectura de policía. Un organizador a la protesta exhortó a la muchedumbre, micrófono en mano, a manifestarse "contra Marine Le Pen y Macron".

 

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Lenín Moreno gana la presidencia de Ecuador con 51.11% de votos

El candidato oficialista y ex vicepresidente Lenín Moreno se impuso con 51.11 por ciento de votos al empresario derechista Guillermo Lasso, quien obtuvo 48.89 por ciento, en la segunda vuelta de la elección presidencial celebrada en Ecuador este domingo, anunció por la noche el Consejo Nacional Electoral (CNE) con 95.5 por ciento de votos escrutados.

Horas antes de que el CNE diera por vencedor a Moreno, candidato de Alianza País, con una diferencia de 212 mil votos, ambos candidatos habían proclamado su victoria ante miles de simpatizantes. Sondeos a boca de urnas dados a conocer tras el cierre de las votaciones vaticinaron la victoria de los dos postulantes, lo que generó incertidumbre a lo largo de la tarde.


Lasso, de la coalición CREO-Suma, rechazó los resultados y advirtió que los delegados de su partido presentarán objeciones en todas las provincias del país debido a que no coinciden las actas originales con las cifras del CNE; indicó que se puso en contacto con el secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.


“Actuemos de manera pacífica, pero firme, en nuestra protesta que es legítima en democracia, y vamos a decir: ‘no me robes el voto’ porque queremos un cambio en Ecuador”, afirmó Lasso en rueda de prensa. Y dirigiéndose al mandatario saliente, Rafael Correa, advirtió: “no juegue con fuego... aquí hay gente que no le ha tenido miedo, que lo segurirá enfrentando, no juegue con el pueblo”.


Casi al mismo tiempo, miles de enardecidos seguidores de Lasso tumbaron vallas metálicas y llegaron casi al pie de la sede del Consejo Nacional Electoral, en el norte capitalino, mientras decenas de policías trataban de contener la avalancha en medio de golpes, empujones y ánimos crispados.


“¡Fraude, fraude!”, era el grito de este grupo, mientras del otro lado, a unas cuatro cuadras, cientos de personas que apoyan a Moreno bailaban y cantaban: “¡Sufre, Lasso, sufre!”, “¡Llora, banquero, llora!”


También se reportaron incidentes en el puerto de Guayaquil, donde el candidato Lasso aguardó los resultados oficiales.


A las 8:30 de la noche el presidente del CNE, Juan Pablo Pozo, comenzó a divulgar boletines con los resultados. Ecuador, indicó, “merece la responsabilidad ética de sus actores políticos de reconocer la decisión democrática del pueblo en las urnas. El pueblo se pronunció en paz y con respeto al orden público. Es importante que hoy respetemos a la ciudadanía. Aquí ni se ha regalado ni se ha quitado un solo voto a nadie”.


Alrededor de las 8 de la noche, en un conteo rápido la institución Participación Ciudadana aseguró que había un empate técnico, con diferencia de 0.6 por ciento de sufragios.


Una hora antes, Moreno se proclamó ganador. “Tenemos datos completamente certeros. ¡Hemos ganado las elecciones!”, gritó ante una multitud de partidarios reunidos en un hotel de la capital.


Moreno, de 64 años, con paraplejia desde 1998 luego de recibir un disparo en un asalto, y quien acompañó al presidente Rafael Correa en la vicepresidencia desde su asunción en 2007 hasta 2013, prometió con Alianza País: “vamos a seguir construyendo el camino, se ha hecho mucho, pero nos toca la tarea que falta por hacer”.


Su trabajo por las personas con discapacidad en Ecuador lo proyectó a Ginebra para desempeñarse de enviado especial del secretario de la Organización de Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad entre 2014 y 2016. En 2012 fue nominado por su trabajo social al premio Nobel de la Paz.


Lasso, de 61 años, y quien quedó en segundo lugar en la primera vuelta celebrada el 19 de febrero, es miembro del Opus Dei, reconocido por llevar al Banco Guayaquil, de su propiedad, a ser uno de los principales de Ecuador con un proyecto de bancarización a microempresarios. Fue ministro de Economía y Energía vinculado al gobierno de Jamil Mahuad, en cuyo mandato se desató la crisis de 1999, y ha sido muy crítico de la gestión de Correa.


El presidente, que debe entregar el poder el 24 de mayo después de más de 10 años de gobierno, había calificado de decisivo el resultado para la izquierda en su país, y para la derecha en América Latina, ante la reciente “reacción conservadora” que se vive en algunos países de la región.


Un total de 12 millones 800 mil electores fueron convocados a las urnas; votaron 9 millones 440, según cifras proporcionadas por el CNE.


Más de 378 mil ecuatorianos estaban autorizados a sufragar en el exterior. El voto en Ecuador es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 65 años. La abstención genera una multa de 37.50 dólares, y ocho dólares adicionales por la papeleta electoral.


Cuatro misiones de observadores electorales estuvieron presentes en la jornada: la OEA, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Unión Interamericana de Organismos Electorales y la Asociación Mundial de Organismos Electorales

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El presidente de los EE.UU. Donald Trump (Alex Brandon / AP)

 

Una investigación revela que los votantes no cambian ni su intención de voto ni sus sentimientos hacia su candidato pese a que se les demuestren que no dicen la verdad

 

“Ya veis lo que está pasando”, dijo Donald Trump el pasado 18 de febrero ante miles de seguidores entregados en un mitin en Florida. “Tenemos que mantener nuestro país a salvo. Ya veis lo que pasó en Alemania, lo que ocurrió anoche en Suecia”. Pero en Suecia, no había ocurrido nada. El presidente estadounidense había vuelto a mentir.

Y pese al escándalo al otro lado del Atlántico y las bromas en las redes sociales, no pasó nada. La mentira ya no resta capital político. Eso es lo que ha revelado un estudio publicado por la prestigiosa Royal Society británica, que demuestra que la veracidad ya no es un requisito para apoyar a un candidato político.

 

La veracidad ya no es un requisito para apoyar a un candidato político


El estudio ‘Procesando la desinformación política: comprendiendo el fenómeno Trump’, que sale hoy a la luz y al que La Vanguardia.com ha tenido acceso en exclusiva, ha investigado el impacto de la desinformación política para tratar de arrojar algo de luz al éxito del empresario reconvertido a político. Mediante dos experimentos con cientos de participantes se ha medido la repercusión que tienen las mentiras del magnate tanto entre sus seguidores como entre sus detractores. Y los resultados sugieren que los políticos pueden diseminar desinformación sin perder partidarios.

Trump no es el primer ni el único político que dice mentiras, hay ejemplos geográficamente mucho más cercanos, pero sí que es un ejemplo paradigmático. La web independiente de verificación de datos Politifacts, por ejemplo, ha calculado que sólo un 16% de sus afirmaciones son ciertas o parcialmente ciertas. Por ello, los investigadores eligieron como objeto de estudio en una investigación que se llevó a cabo durante la precampaña republicana, a finales de 2015.

 

 

Los políticos pueden diseminar desinformación sin perder partidarios


Los investigadores sometieron a los participantes en el estudio a dos experimentos. En el primero, examinaron hasta qué punto se consideraba creíble una información (que en ocasiones era correcta y en otras falsa) dependiendo de la fuente. Los 1776 participantes, divididos entre demócratas, republicanos partidarios de Trump y republicanos no partidarios, tenían que determinar el grado de credibilidad que le daban a una frase. Algunas de ellas estaban atribuidas al magnate y otras no.

En el segundo, se trataba de investigar el impacto en la credibilidad de la fuente una vez se hacía saber a los participantes la veracidad o falsedad de la información. En este caso, participaron 960 personas.

 

 

Una vez confrontados a una explicación neutral y objetiva, los partidarios de Trump corregían su punto de vista, pero no su intención de voto

 


Los experimentos revelaron que si la información era atribuida a Donald Trump, sus partidarios le daban más credibilidad que si no estaba atribuida a nadie en concreto. Al contrario de lo que ocurría con los demócratas y con los republicanos no partidarios.

Pero lo interesante es que una vez confrontados a una explicación neutral y objetiva de porqué ciertas afirmaciones de Trump utilizadas en el experimento eran falsas, sus partidarios corregían su punto de vista, pero no su intención de voto ni sus sentimientos hacia el político.

 

 

Los votantes utilizan a los políticos como guía para determinar lo que puede ser verdadero o falso, pero no necesariamente insisten en la veracidad para apoyar a candidatos

 

 


Por lo tanto, los investigadores llegan a la conclusión de que las consecuencias negativas para un político de difundir mentiras parecen ser limitadas y sugieren que los votantes utilizan a las figuras políticas como guía para determinar lo que puede ser verdadero o falso, pero no necesariamente insistirán en la veracidad como prerrequisito para apoyar a candidatos políticos.

Los investigadores alertan de que, pese a que entender la popularidad de Donald Trump pese a que mienta deliberadamente es un caso interesante de estudio de la política estadounidense, no se puede hablar sólo de un “fenómeno Trump”, ya que la desinformación es un arma común en la arena política de cualquier país y los votantes de otras opciones políticas tenían comportamientos similares. Por lo tanto, indica el estudio, parece que es posible atraer a los votantes con la demagogia más que con argumentos construidos a base de lógica y hechos.

No se puede hablar sólo de un “fenómeno Trump”, ya que la desinformación es un arma común en la arena política de cualquier país.

 

 

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Evo Morales anuncia su candidatura a la reelección para un cuarto mandato

A principios de año los bolivianos rechazaron modificar la Constitución para permitir que se presentase de nuevo


El IX Congreso Extraordinario del Movimiento al Socialismo (MAS), que acaba de ser clausurado luego de sesionar dos días, aprobó impulsar la repostulación en las elecciones de 2019, por cuarta vez consecutiva, de su líder Evo Morales, presidente de Bolivia desde 2006. Para ello, según señala la resolución congresal aprobada por aclamación, existen "cuatro vías", entre las que el Gobierno debe elegir para que la nueva reelección de Morales "no se aparte un milímetro de la ley". "Vamos a vernos en las urnas", desafió el presidente a la oposición en su discurso final.


El MAS ya intentó cambiar la Constitución en febrero pasado con un referendo que perdió. El MAS siempre ha enfatizado que fue "por apenas el 1% de los votos": el 50% votó "no" y 49% "sí". La Constitución, aprobada en 2009, establece un máximo de dos reelecciones para el presidente y otros cargos electos, un límite que fue crucial durante la negociación entre el oficialismo y la oposición que diera lugar a la aprobación de esta norma en las urnas. Por esta razón, Morales debió haber abandonado el poder en 2014, algo que logró eludir a través de una interpretación de la cláusula de prohibición por parte del Tribunal Constitucional, el cual decidió no contar el primer periodo del presidente, por la razón de que este antecedió a la nueva Constitución.


El MAS argumenta que la derrota de Morales en el referendo de febrero se debió a una "insidia" de los medios de comunicación, que poco antes de la concurrencia de la población a las urnas denunció la existencia de Gabriela Zapata, una expareja del presidente, quien en ese momento era gerente comercial de CAMC, la principal contratista china del gobierno. Luego del referendo, Zapata fue arrestada por usar el nombre de Morales para enriquecerse ilícitamente. Desde la cárcel, Zapata alentó la idea de que el hijo que supuestamente había tenido con el presidente, y que este había dado por muerto, en realidad estaba vivo. Esto hubiera permitido sostener la acusación de tráfico de influencias contra Morales y probar que este mintió. Así que se convirtió en el más importante asunto por dilucidar. Como al final la mujer presentó ante los jueces un niño impostor, su versión sobre sus relaciones con Evo y otros miembros del gobierno terminó derrumbándose.


Según un documental presentado hace pocos días por el gobierno, la importancia que llegó a tener Zapata y las sospechas que recayeron sobre el presidente boliviano se debieron al "complot" de cuatro medios de comunicación, a los que el oficialismo identifica como "el cártel de la mentira", en los días previos y posteriores al referendo. Por eso un eufórico Morales gritó a los delegados del Congreso "esta vez será sin mentiras".


Las cuatro vías que explora el MAS para sortear la prohibición constitucional de una nueva reelección son un nuevo referendo, convocado esta vez por "iniciativa popular"; la renuncia de Morales seis meses antes del final de su mandato, lo que lo habilitaría; acudir nuevamente al Tribunal Constitucional y, finalmente, que el Parlamento haga la reforma constitucional por su cuenta y riesgo. El "dulce" que ofrece el partido oficial a los de oposición, para que acepten verse de nuevo con Morales en las elecciones generales, consiste en la extensión del beneficio de la reelección indefinida a todos los actuales gobernantes, inclusive los que ahora dirigen las gobernaciones y los municipios.

 

La Paz 17 DIC 2016 - 18:04 COT

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“No voto con mi vagina”, dice Susan Sarandon para explicar por qué no votará a Hillary Clinton


La estrella de Hollywood votará a la candidata del Partido Verde, Jill Stein


La conocida actriz estadounidense Susan Sarandon dijo este miércoles en una entrevista con la cadena BBC que no votará a la aspirante del Partido Demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, en estas elecciones. Sarandon, que en la fase de elecciones primarias declaró ser fiel seguidora del demócrata rival de Clinton, Bernie Sanders, votará por la candidata del Partido Verde, Jill Stein.


“No voto con mi vagina”, dijo Sarandon, que defendió que lo importante no es que una mujer ocupe el despacho Oval sino que sea la mujer adecuada para el puesto. “El miedo a Donald Trump no es suficiente para que apoye a Clinton con su historial de corrupción”, añadió la actriz.


Sarandon, que apoyó la nominación demócrata del senador de Vermont, Bernie Sanders, pertenece a una minoría de entre sus seguidores que están desencantados con Clinton como la candidata de su partido.


Los seguidores de Sanders, movilizados por sus políticas sociales, rechazan el establishment y la “vieja política que ofrece Clinton” y, algunos, según indican varios sondeos, votarán por el candidato Libertario, Gary Johnson, o como en el caso de Sarandon, por Jill Stein.


La ganadora del premio Oscar en 1995 por su papel en la película Dead Man Walking, explicó que votar entre Trump o Clinton es “votar al menor de dos males”, y que para provocar un cambio en el sistema político del país es necesario apoyar a candidatos alternativos, con agendas más progresistas.


Sin embargo, los sondeos muestran que ni Stein ni Johnson (un 4% y un 2% del voto, respectivamente) tienen posibilidades de ser elegidos presidente. Por ello, muchos consideran dañino el voto para estos partidos, ya que podría mejorar las posibilidades de que Trump ganara el 8 de noviembre.

 

Washington 3 NOV 2016 - 13:08 COT

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Jueves, 03 Noviembre 2016 06:48

Elecciones en extinción

Elecciones en extinción

En Nicaragua se acercan las elecciones generales que se celebrarán el domingo 6 de noviembre, y todo discurre como si en verdad no tuviéramos comicios. Se cierra la campaña, y no ha habido campaña electoral. Las imponentes estructuras metálicas que se elevan al lado de las avenidas principales y carreteras, con gigantografías de la pareja presidencial, candidatos únicos y privilegiados, y ganadores de antemano, no son ninguna señal, porque siempre están allí, todo el año, igual que los frondosos bosques de árboles de la vida, metálicos también, que pueblan nuestros paisajes: árboles de mentira en lugar de árboles de verdad.


Se ven algunas mantas, o pasacalles, tendidas en alguna humilde esquina de la capital, con la propaganda de algún otro candidato, pero son más propias de elecciones estudiantiles o de kermeses benéficas. Además, ¿quiénes son esos candidatos? En la boleta electoral, el rostro del comandante Ortega está acompañado de otros cinco señores que se han puesto saco y corbata para la foto, pero a quienes nadie conoce. Un ciudadano no podría enlistar de memoria sus nombres ni reconocer sus rostros, por la simple razón de que le son ignorados. En Nicaragua, a los de esta especie se les llama candidatos de zacate, muñecos rellenos de paja. Están allí para hacer bulto, para llenar la papeleta.


No ha habido esas ruidosas demostraciones de fuerzas de los partidos que se ven en América Latina en tiempos electorales, ni se vieron la radio y la televisión inundadas de mensajes y anuncios de propaganda electoral, ni escuchamos mensajes de los candidatos buscando convencer a los población de la bondad de sus plataformas, ni se realizaron debates televisados entre ellos. De todos modos, el Estado deberá rembolsar a los partidos de la boleta unos 20 millones de dólares por gastos de una campaña que no han hecho. Un brillante negocio.


Los candidatos a presidente son los de zacate; saben que sólo hacen bulto, personajes de opereta en unas elecciones bufas. Pero están, además, las decenas de abanderados sacados de la misma manga de la corrupción, candidatos a diputados, a alcaldes y concejales, para los que también hay un nombre en la inventiva popular: zancudos, porque su oficio es chupar la sangre del presupuesto nacional, y cada vez que hay elecciones como ésta aparecen en densas nubes, a ver qué sacan. Son fieles a la máxima filosófica de que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error, atribuida a César Garizurieta, alias el El Tlacuache, político veracruzano del PRI en la dorada época de los años 50.


He visto uno que otro promocional de televisión, tan ingenuos que parecen hechos en casa. Pero hay uno que se lleva las palmas. Es el del candidato a diputado por un partido cuyo nombre no recuerdo. Este personaje fue procesado por desfalco y lavado de dinero, delitos cometidos mientras fue funcionario público, y se hizo famoso porque utilizó las donaciones internacionales destinadas a los daños causados por el huracán Mitch, para construirse una mansión en la playa. En el espot recuerda a los electores: ¡ustedes me conocen, voten por mí!. El cinismo raya en el absurdo. Vivimos una comedia trágica. No me cabe duda de que lo veremos sentado en su escaño de la Asamblea Nacional.


Varios de los desconocidos aspirantes a la presidencia de la república que figuran en la papeleta han puesto a sus esposas a la cabeza de las listas de diputados, o lo han hecho los jefes de los partidos que son parte del magro espectáculo electoral. El ejemplo matrimonial cunde. Todas estas conyuges saldrán electas también, sin duda alguna. Son beneficiarias de los recuentos ya elaborados de antemano.


En unas elecciones como las que se celebraron en Perú este año, no se sabía quién iba a ganar hasta que se contó el último voto, pues se trataba de unos resultados ajustados: 50.12 por ciento para Pedro Pablo Kuczynski y 49.88 para Keiko Fujimori, es decir, apenas 41 mil votos de diferencia. Al contrario, en Nicaragua ya se sabe no sólo quién va a ganar, sino cuántos votos va a sacar el triunfador. La pareja presidencial obtendrá al menos 85 por ciento de los sufragios, vaya a votar o no la gente. No hemos llegado aún a la unanimidad, pero es cuestión de tiempo.


También ya se sabe que en honor al viejo pacto suscrito entre el comandante Ortega y Arnoldo Alemán, jefe del Partido Liberal Constitucionalista, juzgado también por lavado de dinero, este partido será el segundo en votos, con aproximadamente 10 por ciento, para que pueda gozar de una bancada parlamentaria de unos 10 diputados, mientras el Frente Sandinista de Liberación Nacional tendrá unos 75, en una Asamblea Nacional de 90 miembros. Los pocos restantes serán distribuidos entre los socios aún más minoritarios, pero que de todas maneras merecen un premio en esta lotería.


Y aunque la gente no vaya a votar, ya se sabe que el nivel de participación será alto; está escrito también en los resultados ya preparados. No menos de 75 por ciento de los electores. No soy adivino, sino lector cuidadoso de las encuestas de opinión que manda a elaborar el partido oficial, para que todo calce luego.


Y como se van a necesitar fotografías con colas de ciudadanos votando, el Consejo Supremo Electoral ha dispuesto que en los recintos electorales, en lugar de varias urnas, ahora sólo haya una. Es un asunto escenográfico.


Nadie puede dar cuenta de las cifras reales, porque no hay fiscalización, ni nacional ni internacional. El propio candidato del partido oficial desterró a los observadores internacionales de estas elecciones en un discurso público, llamándolos sinvergüenzas: la OEA, la Unión Europea, el Centro Carter, sin que el Consejo Supremo Electoral abriera la boca.


Soy uno de los miles de ciudadanos que no tiene por quién votar. Las elecciones pluralistas en Nicaragua parecen en franco proceso de extinción, igual que los bosques, las selvas y las fuentes de agua. Pero no podemos resignarnos a ello. Quedarse sin democracia es quedarse sin país.


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