MÚSICA DESDE OTRAS COORDENADAS

¿Existe una alternativa a la democracia representativa?

El periodista y politólogo Michael Neudecker ha tenido el acierto de recuperar en su blog los debates que sobre "la cuestión democrática", protagonizó el gran jurista marxista y socialista italiano, Norberto Bobbio.


Como bien nos recuerda Neudecker, "no nos representan" fue el grito más popular del movimiento 15-M, expresión de la crisis social e institucional que sufre el país.


La consideración de la actual crisis como una crisis de "régimen" sitúa el debate de la democracia como el debate central de los sectores que quieren y luchan por un cambio en España. Precisamente la "cuestión democrática" fue el eje central del debate que Bobbio sostuvo con los comunistas italianos en los momentos de definición del eurocomunismo, al preguntarse el autor italiano si existía una teoría marxista del estado que permitiese dotar de bases sólidas y creíbles a lo que Pietro Ingrao llamaría una "democracia de masas", superadora de la democracia representativa italiana del momento.


Debate que se reprodujo en 1984 cuando Bobbio publicó su conocida obra "El futuro de la democracia". Si el debate mantenido con el PCI iba dirigido a destacar que la equiparación de la democracia representativa con mera "democracia formal", no era acertado, en "El futuro de la democracia" el autor italiano situaba el debate entre democracia representativa y democracia directa, al entender que esta última, considerada en sí misma, "era una propuesta insensata".


Lejos de pretender una defensa de la democracia representativa desde una óptica conservadora, Bobbio pretendía mantener un debate desde el rigor, al preguntarse si de verdad es posible más democracia dentro de un sistema de economía de mercado. Pregunta, en mi opinión, clave.


La cuestión fundamental de la democracia para Bobbio no estaba, por tanto, solamente en quién toma las decisiones, sino sobre todo dónde se toman. Por lo tanto, según este autor, "si se puede hablar hoy de un proceso de democratización, éste consiste no tanto, como erróneamente se dice, en el paso de una democracia representativa a la democracia directa, como en el paso de la democracia política en sentido estricto a la democracia social".


Este objetivo de "extender la democracia" nos lleva a superar, obligatoriamente, el actual marco político y constitucional y hacer que la democracia "entre" o se extienda a las dos esferas centrales que en la sociedad actual "no funcionan con criterios democráticos". Me refiero al ámbito de la empresa privada y de la administración pública.


Metas que llevan a la necesaria construcción de una alternativa del Derecho, que para hablar claro, conduzcan a la socialización de la propiedad privada y la socialización del poder, donde el "trabajo" pase a ser rector de la vida económica del país, y no solo la propiedad; y transcender en el marco de la administración, la separación existente entre tareas de ejecución (propias de la mayoría de la sociedad) y tareas de elaboración (reservadas a una élite).


Elementos que fundamentan, en última instancia, la aparición de una conciencia política y jurídica constituyente, que tienda a ser una negación en sí misma de la conciencia política y jurídica precedente, es decir, capitalista.

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Rousseff ganó, pero irá a segunda vuelta con Neves

Terminado el conteo de los votos, Dilma Rousseff obtuvo –en números aproximados– 41,5 por ciento del electorado. Y la disputa por el segundo lugar en el ballottage se dio como era esperado: Aécio Neves, del neoliberal PSDB, derrotó a Marina Silva, del PSB.


Sin embargo, hubo sorpresas. Si los institutos de sondeo de opinión dieron en el blanco en lo relacionado a tendencia, se equivocaron, y mucho, con los resultados. Aécio Neves, en lugar de algo alrededor de los 24 o 25 por ciento previstos, logró hacerse con 33,6 por ciento de los votos. Y Marina Silva tuvo que contentarse con un escuálido 21 por ciento del electorado, una votación –alrededor de 21 millones electores– muy similar a la que obtuvo hace cuatro años, cuando disputó e igualmente quedó fuera de la segunda vuelta.


No se trata exactamente del mejor escenario para Dilma. Primero, porque su votación disminuyó sensiblemente comparada con la que obtuvo en la primera vuelta en 2010 (46,9 por ciento –una diferencia que se traduce en cuatro millones menos de votos–). Segundo, porque en tres de los cuatro mayores colegios electorales brasileños, ella no logró una ventaja realmente impactante: superó a Aécio por 700 mil votos en Río, 400 mil en el estado natal de ambos, Minas Gerais, y escasos 110 mil votos en Rio Grande do Sul. Ya en San Pablo, mayor colegio electoral –responde por 22 por ciento del total de votantes brasileños–, la ventaja obtenida por Neves supera los cuatro millones de votos. Y tercero, porque su adversario en ese tramo decisivo contará con el respaldo sustancial de los electores de Marina Silva, para no mencionar el respaldo firme de la totalidad de los medios de comunicación, donde se concentra la oposición más feroz y determinada al PT, en general, y a Rousseff, en particular.


Es verdad que Neves tuvo una doble –e importante– derrota en su provincia natal, Minas Gerais. No logró superar a Dilma (aunque por escasa diferencia) y vio cómo su candidato a la gobernación local fue aplastado por Fernando Pimentel, del PT, ex ministro y amigo personal de Dilma. En Río, tercer colegio electoral brasileño, su votación fue de poco impacto. Así, su sorprendente votación se debió principalmente a San Pablo, donde el actual gobernador, Geraldo Alckmin, de su mismo PSDB, logró una sonora victoria en la primera vuelta, superando hasta las más optimistas previsiones de sus propios correligionarios.

El tradicional adversario de Neves dentro del PSDB, José Serra, obtuvo una contundente ventaja sobre Eduardo Suplicy, derrotándolo en la carrera para el Senado y terminando con 32 años de legislatura del veterano militante del PT.
Así, en la segunda vuelta, cuya disputa empieza hoy mismo, Neves sale acelerado. Cuenta con el respaldo del electorado conservador y antipetista de San Pablo, donde contará con los esfuerzos de un gobernador reelegido de manera formidable. Y cuenta, además, con los problemas que el PT enfrenta en algunas provincias importantes, principalmente Rio Grande do Sul y Río de Janeiro.


La gran incógnita se refiere a la posición que será adoptada por Marina Silva, la gran derrotada en todo ese proceso. La tendencia natural de parte significativa de los votos dirigidos a Silva será que se desvíen a Neves. Los estrategas de Dilma creen que será necesario "recuperar" al menos 30 por ciento de los 21 millones de votos de Marina, lo que significaría unos 6 millones de electores que supuestamente abandonaron a la actual mandataria en medio del trayecto. No será, desde luego, una tarea fácil.


La duda que prevaleció en las horas siguientes al resultado de ayer es sobre cuál será la decisión personal de la candidata derrotada. Para los estrategas del PSDB, a empezar por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, es fundamental que Marina declare formal y oficialmente su respaldo a Neves. Y más: que su partido, el PSB, tradicional aliado del PT, se asuma ahora como parte de una nueva alianza, la que pretende conducir a Neves a la presidencia.
Ocurre que Marina, además de centralizadora y autoritaria, es imprevisible. Tanto puede salir hoy mismo en fervorosa defensa de quien la atacó duramente durante la primera etapa de la campaña como puede cerrarse en silencio por algunos días y luego declararse neutral.


En el PT, se da por seguro de que una parte mayoritaria del electorado de la evangélica ambientalista confirmará su antipetismo y acarreará sus votos para Neves. La cuestión es cómo recuperar la parte significativa que, desilusionada con el PT y Dilma, pasó a apoyar a Silva pero igualmente rechaza el neoliberalismo enfático del otro candidato.
En dos colegios electorales importantes, Minas Gerais y San Pablo, Dilma salió en la delantera en la primera vuelta, y ahora tratará de ampliar su ventaja. En Bahía, también muy importante, el candidato del PT, Rui Costa, en un vuelco espectacular logró derrotar al derechista Paulo Souto, aliado a Neves, y ganar la gobernación en la primera vuelta. Será un respaldo muy importante.

En otra provincia importante, Rio Grande do Sul, el cuadro es bastante más complicado. El actual gobernador, Tarso Genro, petista histórico, obtuvo un resultado inferior a lo esperado: 32,5 por ciento de los votos. Su adversario en la segunda vuelta es José Sartori, del PMDB, quien obtuvo sorprendentes 40,4 por ciento (hace tres semanas no pasaba de los 10 por ciento en los sondeos: ha sido otro vuelco espectacular en una jornada electoral plagada de sorpresas). Pese a que los dos partidos, PT y PMDB, son aliados en el plan nacional, desde luego en Rio Grande do Sul la situación permanece en suspenso. Hay varios sectores del PMDB, en todo el país, que se pasaron a Aécio. ¿Cómo será en Rio Grande do Sul?

Hay, finalmente, dos factores que tendrán que ser tenidos en cuenta. Primero: Lula da Silva estuvo un tanto al margen en esa primera etapa. Pese a estar presente en una gran cantidad de actos pro Dilma, la verdad es que su participación en el comando y en la estrategia de la campaña ha sido más bien discreta. ¿Cómo será ahora? Segundo: al contrario del PT, su rival PSDB carece de militancia de base, capaz de promocionar grandes movilizaciones populares. En esta primera etapa, esa militancia petista poco apareció. ¿Habrá condiciones de llenar calles de manifestaciones masivas en la segunda y definitiva vuelta?

Del lado del PSDB, el cuadro es considerado, por los estrategas de Neves, como muy positivo. Al fin y al cabo, el candidato que hace poco más de un mes parecía al borde de renunciar frente a la estampida de Marina Silva logró un arranque formidable, y llega a la segunda vuelta de la campaña en curva ascendente, mientras que Dilma quedó estacionada. La diferencia entre los dos, de ocho puntos, es considerada vulnerable por la campaña de Aécio. Y a la falta de militancia de base, capaz de movilizar gente, y también a la falta de capilaridad entre las camadas más populares, la campaña pretende responder con un programa electoral fuerte y propositivo en radio y televisión. Ahora, los dos disponen del mismo tiempo, diez minutos al mediodía y otros diez por la noche, además de un número igual de spots publicitarios a lo largo de todo el día.

El blanco preferencial del PSDB está en las clases medias urbanas, especialmente de las regiones más ricas del país, el sur y el sudeste, donde se concentra el mayor contingente de electores. Para eso, contará, además de sus propios recursos, con un apoyo esencial, el de los grandes grupos mediáticos. A Dilma y al PT les espera un largo y complicado camino, pero hoy por hoy, ella sigue ocupando el sitio de favorita.

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Procesos electorales la reducción de la democracia

El primer punto de referencia para acotar lo que puede ser un concepto coherente de democracia es distinguir claramente que el gobierno por el pueblo es algo muy diferente de los procesos electorales en los que se elige a unos cuantos individuos que hacen la Constitución y las leyes, las modifican cuando y como quieren, hacen lo que quieren en el gobierno, no tienen obligación de rendir cuentas de su actuación a los ciudadanos y éstos no tienen forma de participar ni en la aprobación de las reglas ni en las decisiones del gobierno. Se trata de los muchos sistemas políticos en que la participación de los hombres y las mujeres adultas en las cuestiones públicas se reduce al derecho de votar para elegir, entre los distintos grupos que manejan la política del país y de las regiones, a aquellos que van a someterlos y explotarlos, sin que la mayoría de los ciudadanos puedan exigirle nada ni puedan destituirlos. El hecho de que esas oligarquías hayan sido electas por los habitantes adultos de una comunidad, no hace de ellas gobiernos democráticos.


Reconociendo la enorme dificultad para que sean los ciudadanos los que, de manera directa, aprueben las reglas principales y las acciones de gobierno más importantes en una comunidad política numerosa, podemos decir, de una manera inicial, que si la democracia es la participación de la población en el gobierno, una comunidad tiene un gobierno en alguna medida democrático cuando en la aprobación de las leyes fundamentales y en las decisiones administrativas más importantes participan, de manera efectiva, en algún grado, la mayor parte de los adultos que viven en la comunidad.


NO BASTA CON SER VOTADO


Para empezar, es conveniente dejar claro que el gobierno de una comunidad por un individuo o por un pequeño grupo no es una forma de gobierno democrática, aunque esos individuos hayan sido escogidos por la mayoría de los habitantes que tienen la edad suficiente para atribuirles buen juicio. Sostener lo contrario y decir que eso es una democracia, es caer en el absurdo total en el cual un monarca absoluto electo es una democracia y una oligarquía electa sería una democracia.


El engaño con el que unos cuantos hombres y mujeres en los tiempos modernos se han adueñado del poder político en muchos países, reside en que han logrado hacerles creer a sus pueblos que la democracia son las votaciones para elegir a una persona o a un grupo de individuos para que éstos gobiernen y hagan lo que quieran.


A partir de ese engaño, los profesionales de la política, agrupados en partidos formados algunas veces por criminales, dedican todos sus esfuerzos y una gran parte del dinero público a hacerse propaganda para llegar a las elecciones y apropiarse del poder, diciendo que los procesos electorales son la democracia misma. Desgraciadamente, los hombres y las mujeres de nuestro tiempo que escuchan desde la infancia que la democracia son simplemente las elecciones para que alguno de los grupos de la oligarquía los gobierne, como sucede en otros muchos campos, acaban por creer lo que les enseñan y se dedican a repetirlo.


En muchos países, las elecciones no tienen absolutamente nada que ver con la democracia, ya que no se refieren a ninguna participación directa de los ciudadanos en los gobiernos. Las elecciones, en esos lugares, son casi siempre simples confrontaciones entre las distintas facciones de la oligarquía, que buscan por todos los medios apoderarse de los puestos de gobierno y de los asientos de los falsos representantes para seguir dominando a la población. Para lograrlo, utilizan la propaganda constante, la compra de votos y aun el asesinato de los opositores o de los candidatos propios apoyados erróneamente de manera inicial por quienes controlan los partidos.


Una vez que la población de un país acepta que el gobierno de un autócrata electo o que una oligarquía electa es una democracia, cualquier gobierno basado en una elección popular, aunque sea el más perverso, el más despótico o el más corrupto, puede presentarse como un gobierno democrático.

La trampa es muy sencilla. La clave es simplemente un cambio en el significado de las palabras, a través del cual el gobierno de un dictador o de un presidente autócrata con poder total, siempre que sea aceptado por el pueblo, se presenta como un gobierno democrático, aunque sea el gobierno de un solo hombre. Así, el gobierno de Mussolini a partir de las elecciones de 1924 podría ser considerado, en esa concepción absurda, como un gobierno democrático, y también sería democrática la dictadura del general Pinochet en Chile, especialmente después del referéndum de 1980 en el que se aprobó la Constitución de 1981, en cuyas disposiciones transitorias la Junta de Gobierno militar asumió las funciones legislativas y constituyentes y el citado general se hizo cargo del gobierno y la administración del "Estado". Con esa concepción de la aprobación popular como característica de la democracia, el gobierno de Stalin en Rusia, sin duda uno de los autócratas más notables en la historia del siglo XX, debería considerarse como un gobierno democrático, y el de Muammar el Gadafi, el dictador despótico de crueldad legendaria que durante cuarenta y un años mantuvo en la tiranía a la mayoría de la población en Libia (aparentemente con su consentimiento), también habría sido un gobierno democrático.


REPRESENTAR A NADIE


Usando la misma distorsión de las palabras, los gobiernos formados por los pequeños grupos de individuos dedicados al negocio de la política, aliados a los grandes empresarios y a los líderes más corruptos de las asociaciones de obreros y campesinos que forman oligarquías de rufianes y que se dedican a robar a sus pueblos, al ser electos en votaciones populares se convierten en gobiernos democráticos.

Para que el fraude funcione, los hombres y las mujeres que se han adueñado y se han repartido los poderes de la población, establecen, como en cualquier otra oligarquía, varios "principios" para implantar lo que llaman la "representación política". Se trata de expresiones increíbles que muestran la facilidad con la que se puede engañar a los pueblos: la prohibición del mandato imperativo, que en palabras sencillas quiere decir que los llamados representantes no están obligados ni a expresar la voluntad de los votantes ni a actuar de acuerdo con los intereses de sus electores; la idea peregrina de que los representantes no representan a los electores sino a una nación indefinida, de la cual se desprende que ni los habitantes ni los ciudadanos pueden exigir aclaraciones a esos representantes, ni éstos tienen obligación alguna de rendir cuentas a sus electores, sino en todo caso a esa nación misteriosa cuyos representantes son ellos mismos. Finalmente, el "principio" según el cual no existe la revocación del mandato en materia política, lo que, en palabras comprensibles para la gente común quiere decir que una vez que los ciudadanos escogen a representantes y a gobernantes que no los representan a ellos sino a una "nación" o a un "Estado" indefinido, los escogidos: presidentes, gobernadores, senadores y diputados gozan, durante todo el tiempo que dure su mandato, del derecho de dominar y robar a los habitantes, sin que en ningún caso puedan ser destituidos por quienes los eligieron.


Es así como a través de una "representación política" puramente imaginaria, en la cual los representantes no representan los intereses de los hombres y mujeres que los eligen y éstos no tienen poder alguno sobre aquéllos, el sistema político se convierte en una oligarquía en la que el papel de los ciudadanos se reduce a escoger, a través de un proceso electoral, al pequeño grupo que va a gobernar a la población sin que esos ciudadanos tengan peso ni participación alguna en la aprobación de las leyes o en las decisiones principales del gobierno. Así sucede en el llamado Reino Unido, en donde los hombres que dirigen el gobierno y que controlan el Parlamento que se ostenta como el titular de la soberanía, han construido una "dictadura elegida" (an elective dictatorship), tal y como lo señalaba en su famosa conferencia de 1976 en la BBC Lord Hailsham, quien fue Lord Chancellor en dos ocasiones.


La aplicación de estas fullerías lleva a conclusiones absurdas. La democracia se reduce a un proceso electoral para escoger a los mejores individuos (aun cuando en la realidad muchas veces sean algunos de los peores), los cuales, a su vez, en muchos sistemas políticos, nombran a otros individuos a quienes se les llama los poderes para que ocupen los cargos principales en otros departamentos, y cada grupo se dedica a dominar y, con frecuencia, a robar a la población en sus respectivas áreas. Y lo más incoherente: una vez que los ciudadanos votan, pierden su poder político.

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Qué diferencia hay (o debería haber) entre políticas de izquierda y de derecha

Existe una percepción generalizada en los mayores medios de información y en la cultura general del país, de que la división de las sensibilidades políticas se basa en las políticas que proponen en relación al Estado y al sector público. Se asume que las izquierdas están a favor de la intervención del Estado y la expansión del sector público, y que las derechas están a favor del mercado y del sector privado. Es característico de las fuerzas conservadoras y neoliberales (lo que se llaman las derechas en España, incluyendo Catalunya) acusar a las izquierdas de "estatalismo" y de depender excesivamente del Estado y del gasto público. Parecería, a primera vista, que los datos facilitan esta percepción. Una de las características de las izquierdas ha sido su mayor sensibilidad social, traducida en su mayor apoyo, por ejemplo, al gasto público social.


Pero si uno mira con mayor detalle la relación del Estado con, por ejemplo, la economía, ve rápidamente que esta percepción no está justificada. Una de las mayores intervenciones del Estado, que hemos visto en estos últimos años, ha sido precisamente la masiva ayuda financiera del Estado a la banca, a las compañías de seguros y al sector inmobiliario, lo que en la cultura anglosajona se llama FIRE, incendio en inglés, y que resulta de poner juntas las primeras letras de Finance (Finanzas), Insurance (Compañías de seguros) y Real Estate (Inmobiliaria). Nunca se había visto en la historia reciente tanto apoyo (o, utilizando una terminología que utilizan las derechas, beneficencia) público a un grupo social como al capital financiero, que incluye en un lugar prominente a la banca.

 

Las derechas no son anti Estado

 

En realidad, en todas las sociedades capitalistas el Estado juega un papel fundamental dentro de cada sector de actividad económica. En EEUU, una de las administraciones estadounidenses que se consideran y autodefinieron como más liberales -la administración presidida por el señor Ronald Reagan- fue una de las más intervencionistas que haya habido en la historia de EEUU (desde después de la II Guerra Mundial). El gasto público durante su mandato aumentó como no había aumentado bajo ninguna otra administración, y el intervencionismo estatal se incrementó enormemente, reforzando todavía más el papel central que el Estado tiene en la economía estadounidense (el Presidente Reagan fue el que subió más el gasto militar después de la II Guerra Mundial).


Se desconoce en Europa que el Estado federal de EEUU es el Estado que tiene la política industrial más avanzada de todos los países de la OCDE. Y lo hace a través del gasto militar, que juega un papel clave en la economía de aquel país. Y a todos los niveles. Desde internet hasta el móvil (y muchos más equipamientos de tecnología electrónica y de comunicación), están todos ellos basados en el conocimiento, generado y financiado con fondos públicos, de carácter militar. Apple no existiría si no hubiera existido el Departamento de Defensa, que financió la investigación básica que Apple utilizó y comercializó más tarde. Y un tanto igual en una gran mayoría de los nuevos desarrollos electrónicos.
Parte de este incremento del gasto público militar se hizo también a costa de recortes de gasto público social. Los datos están ahí para todo el que quiera verlo. El tema clave pues, no es Estado sí o Estado no, o gasto público sí o no, sino a quién sirve este Estado. Hoy, la evidencia es abrumadora de que el Estado está profundamente influenciado por el capital financiero (banca, compañías de seguros, hedge funds y una larga lista de instrumentos e instituciones que manejan dinero), así como por los intereses de la minoría de la población que obtiene sus recursos de la propiedad del capital que genera rentas, incluyendo los propietarios y gestores del gran capital (sea este financiero, industrial, o de servicios).

 

¿Cuál debería ser la línea divisoria entre las izquierdas y las derechas?


Hacerse esta pregunta es preguntarse qué es lo que existe en el capitalismo que dificulta y/u obstaculiza el desarrollo humano. Y el punto clave no es tanto el tipo de propiedad (pública o privada), sino el objetivo de dicha propiedad, y la definición de esta propiedad y de su función y objetivo. Bajo el capitalismo existente, la propiedad tiene como objetivo principal proporcionar beneficios a su propietario, el cual tiene la potestad de definir dicho objetivo, objetivo que puede o no servir el bien común. Cuando los banqueros, en su intento de optimizar sus beneficios, desarrollaron prácticas especulativas que crearon la crisis financiera, dañando la vida y el bienestar de la población, estaban actuando según el principio capitalista de poner la acumulación de capital, a los propietarios de capital, como su objetivo principal, sin considerar los desbeneficios a la sociedad. Lo que ha ocurrido muestra claramente el error de anteponer el objetivo de acumulación de capital por encima del bien común. Este es uno de los mayores problemas existentes en el capitalismo.


Las distintas tradiciones socialistas (llámense socialistas, socialdemócratas, comunistas o anarcosindicalistas) se han caracterizado precisamente por identificarse con la lucha para conseguir el bienestar de la población y, muy en especial, de las clases populares, poniendo la propiedad al servicio del bien común. Este bien común exige poner el bienestar de la población como objetivo final, mediante la aportación necesaria según los medios y recursos de cada uno. El famoso dicho de que "de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad" es un principio que sintetiza muy bien la ética y cultura de izquierdas, y subraya que el objetivo de la economía, por ejemplo, no es la acumulación de capital sino el desarrollo del potencial de cada ser humano, respondiendo a sus necesidades.

 

La democracia como objetivo

 

Ahora bien, la otra diferencia es en la identificación de quién define estas necesidades. De nuevo, las derechas creen que estas necesidades las define el cliente a través del mercado. El mercado es el que configura el carácter y usos de la propiedad. Las izquierdas, históricamente, han considerado que debería ser la propia población, no individualmente a través del mercado, sino colectivamente a través de las instituciones democráticas, la que definiera esas necesidades. Consecuencia de ello es que, por lo general, las izquierdas, en los países democráticos, han sido más sensibles y exigentes en el desarrollo de las instituciones democráticas que las derechas. En España el ejemplo de ello es claro y la evidencia contundente. Y ello se debe a que el compromiso que tienen las derechas con el objetivo de la propiedad (aumentar la acumulación de capital) entra en conflicto con el principio democrático. El capitalismo dificulta, e incluso imposibilita, el desarrollo de la democracia, pues la concentración del capital determina la captura de las instituciones democráticas (y los medios de información y persuasión) por parte de este capital, tal como estamos viendo hoy claramente en España y en la Unión Europea. Mírese como se mira, la acumulación del capital hace imposible o limita la expresión democrática. EEUU, el país con mayor influencia del capital, y con mayores desigualdades, es de los países menos democráticos (algo más de la mitad de los congresistas son millonarios). Y por otra parte, los países escandinavos, con menores desigualdades, son los que tienen una mayor expresión democrática.


Y ello me lleva al último punto de la diferencia entre las izquierdas y las derechas: la definición del significado de democracia y su expresión política. Hoy, la inmensa mayoría de las izquierdas en los países de elevado nivel de desarrollo económico no basan su estrategia en la toma del Palacio de Invierno, año A, día D, hora H, por el partido revolucionario armado, pues aceptan la vía democrática. Ahora bien, hay muchas maneras de interpretar la democracia. La más generalizada ha sido la vía representativa, que se expresa a través de las instituciones representativas (los parlamentos, como máxima expresión), basándose en el principio de que cada ciudadano debe tener la misma capacidad decisoria en la gobernanza del país, expresada a través de procesos electorales. Un voto, igual de determinante, para cada ciudadano. El mayor problema con esa vía es que prácticamente en ningún sistema democrático dicho principio se aplica. Casi no existen sistemas parlamentarios auténticamente proporcionales. Y ello no es por casualidad. A mayor influencia del capital, menor es la proporcionalidad, pues el objetivo del capital es disminuir por todos los medios posibles ese principio democrático. EEUU y España, con su bipartidismo (que siempre favorece a las derechas), son claro ejemplos de ello.

 

Democracia no es solo votar cada cuatro años

 

Pero la otra limitación del sistema representativo es que, además de la carencia de diversidad mediática (limitada por la enorme influencia del capital), tiende a la profesionalización de la política y al establecimiento de una clase política que desarrolla intereses propios y reduce la política al "politiqueo entre las élites gobernantes de los partidos", limitando la participación ciudadana a votar cada cuatro años. La democracia representativa, incluso la proporcional, es insuficiente. Se requiere, además de democratizar la democracia representativa, la democracia directa, a través de la activa participación ciudadana, constante y directamente, no solo en la gobernanza del país, sino también en la gobernanza de los lugares de trabajo, de los barrios, de los lugares de ocio y dondequiera que existan actividades colectivas. Y ello no quiere decir (como maliciosamente dicen las derechas) estatalismo, sino participación ciudadana. Los referéndums (derecho a decidir), una de las formas de democracia directa más común, deben ser utilizados ampliamente en cualquier sistema democrático, en todos los niveles de gobierno. Democracia y bienestar y calidad de vida son, pues, las dos dimensiones claves que deberían definir a las izquierdas. Democracia como fin, y democracia como estrategia.


Indudablemente habrá una enorme resistencia por parte del Estado, enormemente influenciado por las fuerzas conservadoras, que utilizarán todo tipo de represión y violencia provocadora. Y es enormemente importante no responder a estas provocaciones con la fuerza física. La violencia es enormemente reaccionaria, pues distancia las izquierdas de la población (que siempre rechaza la violencia). Hoy, la gran mayoría de la población está de acuerdo con los principios clave que sostienen (o deberían sostener) a las izquierdas, es decir, está de acuerdo con la necesidad de redefinir la democracia, rechazando este Estado actual, heredero de una Transición inmodélica que dio lugar a un Estado escasamente democrático, corrupto, y coaptado por intereses financieros y económicos. Nada menos que cerca del 80% de la población española está de acuerdo con el dicho del reciente movimiento 15-M "no nos representan". Y de ahí la urgencia de mantener este apoyo popular, del cual las izquierdas derivan su poder. Y más de 86% de la población está también de acuerdo con el eslogan de que el estado no está sirviendo a la ciudadanía en sus necesidades cotidianas.


Y es ahí, precisamente, donde las izquierdas deberían centrar sus esfuerzos. Las izquierdas tendrían que centrarse en hacer propuestas reales y resolutivas para solucionar los problemas que angustian a las clases populares de este país, guiándose por los principios socialistas que he indicado anteriormente. Cuando se establece un servicio nacional de salud encaminado a responder a las necesidades de la población, definidas por ella misma, y financiado con fiscalidad progresiva, se está caminando hacia el socialismo, independientemente de cómo se llame. La gran mayoría de la población está de acuerdo en esta medida. Cuando se está destruyendo un servicio nacional de salud, sustituyéndolo por compañías de seguros o de gestión privadas que tienen como objetivo aumentar sus beneficios, se está destruyendo el socialismo, y construyendo el capitalismo.


No aconsejo por lo tanto, que se intenten patrimonializar estos cambios poniéndoles una etiqueta. Utilizar términos y narrativas genéricas como "anticapitalismo" o "socialismo" tienen poco sentido cuando nos distancian de la ciudadanía o cuando se los percibe como excluyentes. Hay que ser conscientes de que ninguna de las revoluciones socialistas en el siglo XX, desde la revolución bolchevique a la cubana o china, movilizaron a la población con la llamada al socialismo. Lo que movilizó a la población fueron propuestas reales, inmediatas, que conectaban con su vida diaria (el ansia por la paz, por la reforma agraria, por el fin de la dictadura). Fue la rigidez del sistema autoritario existente en estos países frente a esta petición de reformas la que creó su colapso. Las revoluciones no se hacen pidiendo la revolución, sino pidiendo programas reformistas que, de no poder realizarse, determinan movilizaciones populares que exigen el fin de regímenes autoritarios o escasamente democráticos. Y es aquí donde estamos.

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Las minorías raciales de Estados Unidos están perdiendo el derecho al voto

"Llegué al punto de estar parado frente a las vías del ferrocarril en el sur de Florida, esperando que pasara el tren para tirarme debajo de él y acabar con mi vida", me dijo Desmond Meade, al contarme cómo era su vida hace nueve años. No tenía donde vivir, estaba desempleado, recién salía de la cárcel y era adicto a las drogas y el alcohol. El tren nunca pasó. Cruzó las vías y se inscribió en un programa de rehabilitación para adictos. Más adelante fue a la Universidad y hoy le faltan apenas unos meses para recibirse de abogado.


Sin embargo, Meade no podrá ejercer el derecho en el estado de Florida. En ese estado, las personas que estuvieron en la cárcel no pueden ser miembros del Colegio de Abogados. Ese es solo uno de los derechos del que lo han privado en forma permanente las leyes draconianas de Florida. En una democracia, si deseamos modificar una ley, votamos a los legisladores para que representen nuestros intereses. Sin embargo, Meade, por ser un ex recluso de Florida, también perdió el derecho al voto por el resto de su vida.


La ley se denomina "privación del derecho de voto por haber cometido un delito" y tiene carácter permanente en once estados de Estados Unidos: Alabama, Arizona, Florida, Iowa, Kentucky, Mississippi, Nebraska, Nevada, Tennessee, Virginia y Wyoming. La restricción es aplicada en todo Estados Unidos en diferente medida y con diferentes características. En trece estados y en el Distrito de Columbia una persona que ha estado presa recupera sus derechos al ser liberada. En otros estados, es preciso haber cumplido libertad condicional o libertad bajo palabra. En Maine y Vermont, los presos conservan el derecho de voto, incluso durante su encarcelamiento.


El Fiscal General de Estados Unidos, Eric Holder, habló sobre el tema esta semana en un simposio de derecho celebrado en la Universidad de Georgetown:


"En la actualidad, en todo el país, alrededor de 5,8 millones de estadounidenses, 5,8 millones de compatriotas, tienen prohibido votar debido a que han cumplido o están cumpliendo una condena. Esta cifra supera la población total de 31 estados de Estados Unidos". Esto significa que a alrededor de 6 millones de estadounidenses se les niega el derecho al voto. Debido a las desigualdades raciales de nuestro sistema penal, esta medida niega el derecho al voto a hombres afroestadounidenses y a los de origen latino en forma desproporcionada con respecto al resto de la población. Holder añadió: "El alcance actual de estas políticas no solo es demasiado grande como para no verlo, sino que además es demasiado injusto como para tolerarlo".

 

La conferencia de la Universidad de Georgetown fue co-patrocinada por The Leadership Conference, una coalición de grupos que defienden los derechos civiles y jurídicos y organizaciones de derechos humanos. En septiembre de 2013, el grupo publicó un informe titulado "Democracia Encarcelada". En el informe, el grupo escribe: "El índice de privación de derecho al voto en Florida es el más elevado y el más desigual de todo Estados Unidos desde el punto de vista racial". No es casualidad que en este estado, en el que la contienda electoral entre demócratas y republicanos suele ser muy reñida, vivan más de un millón de los 6 millones de personas que han perdido el derecho al voto en el país.


El ex gobernador de Florida Charlie Crist flexibilizó las leyes y solicitó el restablecimiento automático de todos los derechos. Sin embargo, en 2011, su sucesor, el gobernador republicano Rick Scott, impuso un período de espera de al menos cinco años para realizar una solicitud de restablecimiento de derechos ante el Consejo de Clemencia. Meade nos contó en el programa de noticias Democracy Now!: "Incluso después de haber presentado la solicitud el proceso lleva más de seis años. De modo que, en realidad, las personas deben esperar entre once y trece años tan solo para ver si tienen la posibilidad, la oportunidad, de que les devuelvan sus derechos". Crist se cambió de partido para candidatearse como gobernador por el Partido Demócrata, como rival de Scott.


La profesora de derecho Michelle Alexander inicia su revolucionario libro "The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness" (El encarcelamiento masivo en la era del daltonismo) con la historia de Jarvious Cotton. Alexander escribe: "El tatarabuelo de Cotton no podía votar porque era un esclavo. Su bisabuelo fue asesinado a golpes por el Ku Klux Klan por intentar votar. ...Su padre no pudo votar por el impuesto al sufragio y la prueba de alfabetización. Hoy en día, Jarvious Cotton no puede votar porque, al igual que muchos hombres negros en Estados Unidos, ha sido estigmatizado como delincuente y está en libertad bajo palabra".


A nivel nacional, se están proponiendo proyectos de ley que garantizarían el derecho al voto a ex convictos, que cuentan con apoyo tanto de representantes demócratas como republicanos. El Senador republicano Rand Paul, de Kentucky, habló en la conferencia de la Universidad de Georgetown después de Holder. En su discurso defendió el pleno derecho al voto. Sin embargo, continúa siendo un asunto sobre el que los estados ejercen un fuerte control.


Desmond Meade decidió no quedarse de brazos cruzados, esperando que le devuelvan sus derechos. Se está organizando. Actualmente es presidente de la Coalición de Florida por el Restablecimiento de los Derechos, que abarca a alrededor de 70 grupos que presionan por una reforma de las leyes estatales de privación del derecho de voto:


"Se trata de una cuestión de humanidad. Es un asunto que concierne a todos los estadounidenses, independientemente de si son demócratas o republicanos. Se trata de la decencia de permitir a un individuo o de ayudar a un individuo a reinsertarse en la comunidad para que pueda convertirse en un ciudadano productivo y disfrutar la vida".


Deberíamos estar todos agradecidos de que, por cosas del destino, el tren que Desmond Meade estaba esperando aquel fatídico día nunca pasó.


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Publicado el 14 de febrero de 2014


Traducción del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Martes, 04 Febrero 2014 06:26

¿Primavera colombiana?

¿Primavera colombiana?

Algunos de los más importantes medios de comunicación masivos en Colombia se unieron para elaborar el más reciente sondeo acerca de la intención de voto para Presidente. Y lo que ellos leen como que "los colombianos no saben por quién votar" puede y debe ser leído de otro modo.


Sí hay un puntero —con todo y los "empates técnicos", con todo y los "márgenes de error" de las encuestas. Es el voto en blanco. Por encima del reeleccionismo a Santos, y las mediocridades, buenas–intenciones y opacidades de los demás candidatos.


Una cosa va quedando en claro: los colombianos van entendiendo que no es inevitable tener que votar por alguien aun cuando no sea la mejor opción. O que hay que votar a X para que en realidad pierda Y. Ya no es más inevitable aceptar males menores: pues todo mal es malo, sin importar su grado. Sobre todo cuando se trata de las posibilidades de vida. Que es de lo que se trata en las elecciones: no de institucionalidad.
Cuatro años de presidencia no han convencido ni a Tirios ni a Troyanos, y mucho menos al voto de opinión. Y las mangualas y los simbolismos de los demás candidatos tampoco merecen mucho para atraer a los votantes libres e independientes. Que son y van siendo mayoría.


Votar por candidatos que claramente se sabe que no van a ganar es perder el voto: Aída Abella, Marta Lucía Ramírez, Enrique Peñalosa, Clara López, Oscar Iván Zuluaga. Mejor quedarnos en casa. Y el candidato–presidente, cuya única mejor carta es una que no depende de él: la paz y la firma de los acuerdos en La Habana.

Sin olvidar que las encuestas se fabrican, se producen; que tienen la intención de generar opinión, de desviar corrientes, de construir imágenes y consensos. Literalmente: las encuestas se compran y se pagan.


Por primera vez en la historia del país, el voto en blanco toma la delantera. El voto en blanco que es el mayor temor de todos los políticos y partidos. Partidos y políticos que pretenden cautivar a la masa votante, desconociendo que la masa votante existe cada vez menos, en condiciones de mayor y mejor información, de redes sociales, de mayor educación, de autonomía y desafío.


El voto, se dice eufemísticamente, es la fiesta de la democracia. Pues bien, cabe entonces pensar que el voto en blanco les aguará la fiesta a candidatos mediocres, malos y pésimos, y que, por el contrario, puede ser la fiesta del voto independiente. Así: voto crítico e independiente, y que quiere y puede castigar las mentiras del oficialismo, las babosadas de la oposición, el travestismo (vergonzante, por lo demás) de la pseudo–oposición.


Es perfectamente posible que el voto en blanco pueda resultar ganador en las elecciones presidenciales. Invito, de la manera más abierta, a votar en blanco y a enviarles un mensaje directo a las maquinarias políticas: cacicazgos, máquinas de corrupción, mentiras almacenadas y oxigenadas, engaños y promesas sistemáticamente incumplidas.


De ganar el voto en blanco puede ser la Primavera Colombiana. Una verdadera fiesta nacional, por primera vez en la historia de Colombia. Sin mencionar la alianza tácita que fácilmente se puede establecer entre el voto en blanco y el abstencionismo. Mientras que el abstencionismo en el país nunca ha descendido a menos del 45%, es evidente que la apatía y la pereza que producen las próximas elecciones del 25 de mayo. Hoy la intención de voto en blanco es del 27% según la encuesta mencionada. Podemos ir por el 30% en la encuesta que se fabricará a mediados de febrero aproximadamente. Por lo pronto, para ir creciendo de manera paulatina y sostenida. El abstencionismo se asimila a desdén y pereza; el voto blanco es indignación activa, por decir lo menos.


¿La Primavera Colombiana? Bueno, para ser honestos, esto es pedir demasiado. Sobre todo si se lo compara con las diversas manifestaciones de la Primavera Árabe. Pero sí puede ser, manifiestamente, la fiesta de la independencia con respecto a un régimen y un sistema políticos que han sido, ellos, los generadores de la violencia de este país. O por lo menos, parte de los legitimadores de la violencia de la que estamos todos cansados.


La eventual firma de la paz en La Habana puede acompañarse, en tiempos claramente distintos, pero en una misma sintonía de onda, con un mensaje claro: no más violencia, que llegue por fin, la paz. O el comienzo de una auténtica y diferente democracia. Y para ello, el voto en blanco es un jugador principal. Y puede convertirse en el jugador ganador o en el premio mayor.
El voto en blanco será la verdadera fiesta hacia una nueva o mejor democracia.

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Jueves, 02 Enero 2014 07:25

Chile vota por las reformas

Chile vota por las reformas

Partió de a poco hasta que logró conformar una poderosa red que logró que la sigla AC fuera marcada en el 10 por ciento de los votos emitidos en las últimas elecciones presidenciales. Esto ha dado más fuerza a la iniciativa ciudadana Marca Tu Voto, que ya anunció que este año seguirá llamando a participar en la promoción de una Asamblea Constituyente.


A partir de enero, se realizarán jornadas de reflexión en diversas regiones del país reiterando que las decisiones relativas al proceso constituyente deben ser consultadas a la ciudadanía. Esto en base al éxito de la campaña que llamó a marcar el sufragio con la sigla AC, "lo que refleja la convicción de que una nueva Constitución debe ser resultado de una Asamblea Constituyente, pues es este procedimiento el que asegura el ejercicio pleno de la soberanía popular", dicen desde Marca tu Voto.


"La ciudadanía envió el día 15 de diciembre una clara señal política en favor de la Asamblea Constituyente como método participativo para obtener una nueva Constitución; éste es el principal logro de la Campaña Marca Tu Voto; cerca de un 10 por ciento de los votantes se expresó en la última elección presidencial marcando la papeleta con las letras AC", destacan.


Una vez realizada la evaluación, la iniciativa ciudadana seguirá llamando a participar e informará sobre las futuras estrategias de comunicación pública, la definición de ejes de acción y articulaciones sociales, culturales y políticas para el período que viene. Además abrió una campaña destinada a que un millón de chilenos pida a la actual presidenta electa, Michelle Bachelet, que la nueva Constitución política que está proponiendo sea elaborada por una Asamblea Constituyente.


El tema tampoco ha escapado a la política. Si bien Bachelet no tendría los votos suficientes en el Congreso para modificar la Constitución sin tener que negociar con algunos parlamentarios de la derecha menos radical, su programa de campaña tuvo como eje principal el cambio de la carta magna. Oponerse a ello podría significar un duro revés, pues la actual Constitución es considerada una herencia de Pinochet, cuyas últimas reformas importantes sólo son "parches" que no han logrado modificar su esencia dictatorial.


En este sentido, el próximo 5 de enero, la Comisión de Constitución del Senado analizará el proyecto que busca instalar una cuarta urna en las elecciones, en la cual se pueda decidir si es que el país necesita una nueva carta fundamental y si debe ser hecha a través de una Asamblea Constituyente.


Esta moción legislativa fue impulsada en septiembre del año pasado por los senadores José Antonio Gómez, Jaime Quintana y Guido Girardi, quienes junto a varias organizaciones sociales ingresaron en el Parlamento el proyecto que promueve la instalación de una votación paralela en los comicios.
Según señaló el diario La Tercera, tras diversas gestiones de los legisladores –que incluyeron cartas dirigidas a los principales candidatos a la presidencia–, solicitaron el apoyo a su documento. Finalmente, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara alta, Patricio Walker, decidió poner en discusión el texto.


La instancia legislativa verá y analizará el proyecto, lo cual es una de las alternativas que el bloque progresista tiene para poder modificar la Constitución y que choca con la postura de algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana, quienes están postulando una reforma dentro de los marcos de la institucionalidad. En dicha sesión se espera que se fijen los criterios para su tramitación, como también los invitados y los plazos para su votación.
Sin embargo, el tema de la Asamblea Constituyente ha estado en el centro de la discusión durante la semana, luego de que el senador DC Andrés Zaldívar afirmara que es imposible realizar una constituyente para cambiar la Carta Magna.


En conversación con el diario electrónico El Mostrador, Zaldívar aseguró no tener dudas acerca de que la Constitución debe ser reformada y coloca sobre la mesa un proyecto que dio a conocer hace algunos años y que sería, según él, la mejor forma para cambiar la carta fundamental.
El proyecto planteado por el ex ministro del Interior busca que una comisión integrada por 10 senadores y 10 diputados estudie la reforma.
Zaldívar también se manifestó contrario a darles voto a las Asambleas Constituyentes, afirmando que la única posibilidad de que exista una es "si el propio Parlamento delegara sus facultades constituyentes a una asamblea y determinara esa delegación, quiénes compondrían esa asamblea, cómo funcionaría, con qué facultades podría hacerlo".


Sin embargo, explicó que no se debe ignorar el crecimiento que ha tenido el movimiento social con el tema, pero que el porcentaje que obtuvo la opción AC en las últimas votaciones no es suficiente, aunque "lo importante es ver cómo se hace y mientras no haya en el Parlamento una decisión en que sea el propio Parlamento el que delegue sus facultades, tú no puedes hacer una reforma constitucional puertas afuera".


Agrega que al interior de su partido existen diversas opiniones al respecto, pero que todos tienen claro que cualquier forma que se busque debe ser hecha por la vía institucional, lo cual es similar a la postura del jefe del equipo constitucional de Michelle Bachelet, Francisco Zúñiga, quien también comparte la idea de que la discusión de una nueva Carta Magna sea en el Poder Legislativo.


Sin embargo, la postura de Zaldívar es refutada por la vocera del movimiento Marca Tu Voto, Javiera Parada, quien asegura que la posición del senador DC está alejada de la realidad que ha vivido el país desde el 2011 y lo invita a que apoye la idea de un plebiscito en donde se pregunte a la ciudadanía si se quiere una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.


Parada sostiene que la propuesta del senador es un mecanismo que no tiene cómo asegurar los dos primeros principios, que son la participación y democracia, ya que una comisión bicameral con 10 representantes de cada cámara, con consultas ciudadanas que no son vinculantes, no asegura ni participación ni democracia.

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La destitución del alcalde de Bogotá viola el derecho internacional

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha sido destituido e inhabilitado para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de 15 años por decisión del Procurador General de la República de Colombia, que lo declaró "disciplinariamente responsable" por "irregularidades en la prestación del servicio público de aseo". La decisión del procurador viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Colombia en 1973.

 

Según el artículo 23 inciso 2 de la Convención, un Estado Parte solamente puede suspender o privar a una persona de sus derechos políticos después de que ésta haya sido sentenciada, como producto de un proceso judicial ajustado a las garantías del debido proceso penal. Específicamente, la Convención establece la "condena, por juez competente, en proceso penal" como garantía contra la suspensión o privación arbitraria de los derechos políticos de las personas, que incluyen los derechos a elegir, a ser elegido y a ejercer cargos públicos de elección popular.


Este estricto estándar fue confirmado en 2011 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso López Mendoza v. Venezuela, donde la Corte con sede en Costa Rica analizó el caso de un exalcalde opositor que había sido inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por 6 años por decisión del Contralor General que había determinado la responsabilidad del funcionario en dos casos de supuesta corrupción. La decisión del contralor venezolano se había producido a través de dos resoluciones administrativas del año 2006 basadas en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF).


De manera similar, en Colombia, el Código Disciplinario Único (CDU) faculta a la Procuraduría General de la Nación a imponer la sanción de "destitución e inhabilidad general" en los casos de "falta disciplinaria" "gravísima dolosa" o con "culpa gravísima". Luego de 11 meses de investigación disciplinaria contra Petro por presuntas "conductas irregulares relacionadas con la prestación del servicio público de aseo", el 9 de diciembre de 2013 el procurador resolvió destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá por 15 años. El caso de Petro no es aislado. Desde 2009, el procurador Alejandro Ordóñez ha destituido a 23 integrantes del Congreso colombiano. En el año 2012, impuso sanciones disciplinarias a 152 alcaldes, 177 concejales, 9 gobernadores, 5 senadores, 2 diputados y un representante a la Cámara.


Este tipo de destitución a cargo del procurador contradice los artículos 98 y 122 de la Constitución colombiana según los cuales "el ejercicio de la ciudadanía" sólo puede suspenderse "en virtud de decisión judicial en los casos que determine la ley" y cuando el funcionario "haya sido condenado [...] por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado". A pesar de ello, en octubre de 2013, la Corte Constitucional de Colombia determinó la constitucionalidad de este procedimiento y ratificó la sanción del procurador contra la senadora Piedad Córdoba que en 2010 había sido destituida e inhabilitada por 18 años. Dado este antecedente, se espera que cualquier apelación del alcalde fracase (ya sea ante el propio procurador, un juez contencioso administrativo, o la Corte Constitucional).


En Venezuela, como en Colombia, la disposición legal por la que se inhabilitó a López Mendoza contradecía lo establecido en la Constitución de ese país, cuyos artículos 42 y 65 limitaban la "suspensión de los derechos políticos" a los casos en los que exista "sentencia judicial firme", y contra los "condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones". Al igual que en Colombia, en 2008 el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ratificó las resoluciones del contralor inhabilitando a López Mendoza, con lo que se agotaron los recursos internos disponibles y se abrió la posibilidad para que este lleve su caso primero a la Comisión y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.


Mientras se ventilaba el caso en Costa Rica, Human Rights Foundation (HRF) presentó ante la Corte un escrito de amicus curiae en el que se analiza la suspensión de derechos políticos tanto bajo el sistema interamericano, como bajo el universal (basado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) y el europeo (basado en la Convención Europea de Derechos Humanos), y se pide a la Corte ratificar el estándar del artículo 23 inciso 2 de la Convención. A través de su sentencia de 1 de septiembre de 2011, la Corte ordenó a Venezuela "dejar sin efecto las resoluciones" contra el exalcalde, y ordenó al Estado "adecuar el artículo 105" de la ley que autorizaba la acción del contralor. En su voto concurrente sobre la misma sentencia, el juez Eduardo Vio Grossi aclaró que "resulta claro, sencillo y categórico" que los derechos políticos pueden ser suspendidos "exclusivamente" por "condena, por juez competente, en proceso penal".


En la actualidad, Chile, México y Perú tienen disposiciones legales similares a las de Colombia y Venezuela que autorizan suspender los derechos políticos de las personas a través de decisiones de menor jerarquía que una sentencia judicial. Como anotó el juez Vio Grossi, "el hecho de que en las legislaciones de algunos de los Estados Partes de la Convención se prevea que una instancia no penal pueda imponer la pena de inhabilitación para ser elegido, en modo alguno refleja que se trata de una práctica por la que 'conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado'".


El principal argumento esgrimido por el gobierno venezolano fue que la suspensión del exalcalde era un esfuerzo para "luchar contra la corrupción", y así cumplir con sus obligaciones bajo la Convención Interamericana contra la Corrupción (algo que el procurador colombiano también suele mencionar en sus decisiones). El juez Vio Grossi aclaró que si bien este tratado "establece la obligación de los Estados Partes de tipificar como delito los actos de corrupción, [...] en ninguna parte dispone o contempla que la condena por ese delito pueda ser impuesta por una instancia administrativa, de donde se desprende que, en modo alguno, constituye [...] una modificación o interpretación de lo dispuesto en la Convención, sino precisamente todo lo contrario".


Cuando fue inhabilitado, las encuestas colocaban al joven Leopoldo López Mendoza como favorito para ganar la Alcaldía Mayor de Caracas frente al candidato del entonces presidente Hugo Chávez, quien en vida construyó un gobierno autoritario caracterizado por manipular elecciones y utilizar el aparato estatal para hostigar la oposición y a la prensa independiente. Coherente con la manera en que gobierna, Venezuela no solamente desobedeció la sentencia de la Corte, sino que en 2012 denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hoy ya no pertenece al sistema interamericano de protección de los derechos humanos.


En Colombia, el alcalde Petro fue electo el año 2011, asumió funciones el 2012, y ha venido gobernando de manera democrática, a pesar de su pasado violento (del cual dice no tener remordimientos) como miembro del grupo terrorista M19, que el año 1985 asaltó el Palacio de Justicia de Colombia, tomó rehenes a los magistrados de la Corte Suprema, y ejecutó a 12 de ellos ante el contraataque del ejército colombiano que se había negado a negociar.


El derecho internacional establece que ni Petro, ni López Mendoza, ni ningún otro funcionario electo democráticamente en el continente americano puede ser destituido o inhabilitado con una mera decisión del contralor sino a través de una condena judicial por delito cometido en el ejercicio de sus funciones.


Estados democráticos como el colombiano deben asegurarse de que la lucha contra la corrupción o la incompetencia administrativa se realice respetando el derecho internacional de los derechos humanos, pues de lo contrario la importantísima línea que separa a las democracias de las dictaduras puede irse tornando demasiado borrosa. Colombia debe ponerse a derecho y restituir al alcalde de Bogotá.

 

Javier El-Hage* / ALEJANDRO GUTIÉRREZ11 DIC 2013 - 22:29 CET

 

Javier El-Hage es director jurídico y Alejandro Gutiérrez abogado asociado de Human Rights Foundation, una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York.

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