Sofia

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Miércoles, 31 Octubre 2018 08:13

Palestina y la conciencia del mundo

Palestina y la conciencia del mundo

El Consejo Central de la Organización para la Liberación de Palestina acordó ayer retirar su reconocimiento al Estado de Israel, otorgado en el contexto del proceso de paz de Oslo de 1993, ante el persistente bloqueo de Tel Aviv a cualquier perspectiva de construcción de un Estado palestino en la franja de Gaza y los territorios ocupados de Cisjordania y la Jerusalén oriental, así como la continuación de las agresiones militares, policiales, económicas y judiciales israelíes contra la población palestina, tanto en los territorios ocupados como en el propio Israel.


Asimismo, la autoridad palestina encontró inadmisible que el régimen de Tel Aviv haya proseguido todos estos años con su estrategia de crear asentamientos judíos en los territorios árabes ocupados, lo que en la práctica equivale a un intento de aniquilación demográfica de los palestinos. Hace dos semanas, por ejemplo, la autoridad ocupante aprobó la creación de un nuevo barrio judío en la ciudad palestina de Hebrón, al tiempo que ordenaba la demolición de la aldea árabe de Jan al Ahmar, en la misma Cisjordania.


Cabe recordar que los acuerdos firmados en 1993 con el auspicio del entonces presidente estadunidense Bill Clinton establecían un término de cinco años para la creación del Estado palestino en los territorios ocupados por el ejército israelí en la Guerra de los Seis días (1967), y dejaba para una negociación posterior el estatuto definitivo de Jerusalén (Al Qods, en árabe), ciudad a la que ambas naciones reclaman como su capital.


Sin embargo, 20 años después del vencimiento de ese plazo, la solución de los dos Estados parece más lejana que nunca, debido al emplazamiento de asentamientos judíos en los territorios ocupados, el asesinato de miles de palestinos a manos de las fuerzas armadas ocupantes y el inhumano bloqueo de Gaza.


Un factor adicional que permite entender la exasperación palestina, es la reciente decisión del presidente estadunidense, Donald Trump, de trasladar la embajada de su país de Tel Aviv a Jerusalén, lo que constituye un reconocimiento a la pretensión israelí de considerar a la segunda de esas ciudades como su capital única e indivisible, a contrapelo de diversas resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. El magnate republicano fue más allá: eliminó los fondos de ayuda destinada a hospitales de Al Qods y a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Medio Oriente. Asimismo, uno de los pretextos esgrimidos por Washington para retirarse del protocolo de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas fue que por medio de ese instrumento los palestinos podrían demandar a Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, por las violaciones a la legalidad internacional que ha cometido en su respaldo incondicional al régimen de Tel Aviv.


Lo cierto es que la llegada de Trump a la Casa Blanca mató las últimas esperanzas de que la superpotencia vecina conservara alguna disposición a actuar como parte mediadora en el añejo conflicto palestino-israelí y que tuviera una mínima voluntad de dar seguimiento a los acuerdos de Oslo. En tal circunstancia, deja de tener sentido que la autoridad palestina reconozca a un Estado que en lugar de aportar a la paz, en estas dos décadas no ha hecho más que avanzar en la reducción de la población palestina a un conjunto de presos en su propio territorio.


Cabe preguntarse, por último, hasta cuándo la comunidad internacional seguirá asistiendo impávida a esta barbarie que niega los avances de más de un siglo en materia de derechos humanos, colectivos y nacionales.

Desde las comunidades se defiende el territorio y la vida digna

Durante tres días, entre el pasado 30 de septiembre y el 2 de octubre, más de 100 procesos sociales, ecologistas, ambientalistas, comunitarios y en defensa del territorio se dieron cita en la ciudad de Bogotá alrededor de la palabra, la praxis y la unidad como Movimiento Nacional Ambiental, para tejer perspectivas colectivas de acción contra la locomotora extractivista que arrasa ríos, montañas y otros entornos comunitarios por todo el país, y que aunque su génesis se encuentra años atrás, su estado contemporáneo es de agudización dentro de lo que, en analogía y con gran parte de razón, han dado por señalar como la “dictadura minero-energética”.

 

Colectivos y voceros sociales procedentes de doce departamentos del país estuvieron presentes en las discusiones del Movimiento Nacional Ambiental (MNA), espacio que celebra su cuarto encuentro y que avanza en su articulación de propuestas de acciones conjuntas y colectivas desde las comunidades campesinas, indígenas, afros, desde los colectivos juveniles, de mujeres, productores, docentes y pobladores de distintos territorios de Colombia.

 

Aunque de dicho escenario salió una declaración que puede consultarse en la página de Facebook del Movimiento*, es procedente ahondar en algunos elementos importantes de tener en cuenta, sobre todo para hacer el balance y entender el escenario de luchas populares que realzan en la actualidad; elementos referenciales en perspectiva de plantarle cara a un nuevo gobierno que, desde diferentes frentes de batalla, alista filas y cargado sus armas, figurativas y no tanto, contra el equilibrio ecológico, baluarte para el equilibrio de nuestro territorio y del Planeta como casa común.

 

Encuentro desde la acción y la acción a partir del encuentro

 

Cabe señalar, en primer lugar, que para los partícipes a este IV encuentro, y en general, para los procesos que delegan, es importante esta cita desde la acción y la acción a partir del encuentro; en otras palabras quizás más conocidas: caminar la palabra. Salta a la luz que el encuentro haya finalizado con una acción simbólica en la Plaza de Bolívar, frente a la fachada del Palacio de Justicia, donde con cascos de ingenieros y una valla amarilla de ‘peligro’, las participantes provenientes de las diferentes regiones del país pretendían mostrar como las multinacionales mantienen secuestrada la justicia en Colombia, presionando a varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, estableciendo lazos burocráticos y económicos que blinden sus intereses, en consonancia con lo que es común a nivel mundial donde cada vez más la economía trasnacional impone su agenda sobre la legislación ya existente, encontrándonos cada vez más con Estados corporativistas donde la ley se impone desde las carteras y bolsillos, pero como siempre, en contra de las comunidades.

 

Señalando a tres magistrados que abiertamente han dado su apoyo a empresas minero-energéticas (Alejandro Linares, Diana Fajardo y Cristina Pardo), el plantón terminó como una profecía que, lastimosamente, no guardaba respeto por el factor sorpresa: la Corte terminó quitando la fuerza de las consultas populares y anteponiendo los grandes proyectos económicos sobre la autodeterminación de los municipios y las comunidades, guiño que a todas luces tiene que ver con la política minera del actual gobierno uribista de Iván Duque.

 

¿Por qué empezar esta breve crónica por el final del encuentro? Precisamente, esta anecdótica acción nos puede dar luces en torno a cómo entender las propuestas establecidas en esta nueva cita del MNA, para la cual proponer la defensa del medio ambiente desde la acción comunitaria es, de una u otra forma, la punta de lanza con la cual los bastones y maderos del pueblo quieren resistir contra la maquinaria ingenieril, técnica y militar con la que vienen acompañadas las explotaciones del territorio, además de las clásicas arremetidas para-estatales, extra-judiciales y montajes que le preceden, juntan y suceden.

 

Con esta acción, y con parte de lo discutido durante estos días de reflexión e intercambio de experiencias, sobresale, a primera vista, la preocupación de los reunidos, de realizar permanentemente talleres de defensa jurídica, sobre herramientas legales para blindar propuestas de consulta, de entender bien los proyectos de ordenamiento territorial y de cualificar cada vez más su discurso y argumentos contra las elites politiqueras municipales, aliadas sin escrúpulo alguno de ingenieros y gerentes extranjeros que, tal cual gamonal clásico, mueven los hilos locales que entretejen las alianzas económicas, policiales, militares y de prensa locales, para simular que de hecho el extractivismo es la única oportunidad laboral y comercial de un país que desde los grandes transformadores de materias primas, nos ven de manera colonialista como “subdesarrollados”.

 

Ante esta realidad, frente a la arremetida neoliberal contra el territorio, es la acción comunitaria, pacífica y sin descanso, la única capaz de sostener una férrea defensa de sus territorios; y esta convicción no es una arenga cliché, sino la conclusión práctica, viva, que dejan decenas de movimientos comunitarios a lo largo y ancho del país, como Cajamarca (Tolima) o diversas comunidades con asiento en el Cauca, pero también la resistencia ambiental en el sureste antioqueño, el Meta, Cesar, entre otras.

 

Además de lo anterior, para el MNA es de vital importancia la construcción colectiva de la defensa territorial, enfatizando en un elemento trascendental: la participación real y efectiva del territorio. Realce de una práctica e invitación a proseguir por tal sendero pues la misma ha demostrado sus beneficiosos frutos en diversas experiencias, en las que, a través de un apoteósico esfuerzo comunicativo, pedagógica y político para involucrar a cada vez más comunidades, veredas y procesos en la puja por darle un respiro a la Madre Tierra (cómo lo demuestran los resultados aplastantes contra las multinacionales minero-energéticas en las consultas populares en Cumarál, Piedras o Cajamarca) se han logrado los propósitos trazados, sino también porque la pelea acá es también en vías de cuestionar la limitación cada vez mayor que tienen las comunidades dentro de los espacios decisorios de los gobiernos locales y el nacional.

 

Por supuesto, esto tiene una relación directa con la actual coyuntura de desmonte de las consultas populares, que dejan al desnudo la hipocresía de un Estado que, por un lado desde el cuarto poder, no público sino privado –los medios masivos de comunicación– rechaza las vías de hecho y la protesta social diciendo que las comunidades pueden acudir al diálogo, pero de otro lado, limita las vías legales que de por sí son ya cerradas y establece la bota militar como forma de solucionar problemáticas ambientales (nada más basta escuchar la posición del actual ministro de Defensa Guillermo Botero).

 

Pero las apuestas del MNA pretenden ir más allá, de ahí que ante el cierre institucional ante sus demandas, las comunidades optan por organizarse y pensarse alternativas de ordenamiento territorial propias, planes de vida y la guarnición de su territorio a través de guardias populares, herramientas, todas ellas que demuestran que las prácticas de autonomía y empoderamiento colectivo de las riendas de lo que acontece en las tierras que pisan son cada vez más fuertes, posicionándose la gente organizada como agente político, tal como lo demuestran las exposiciones planteadas por procesos como el de la vereda la Quisquina en Palmira (Valle) o de Mercaderes (Cauca), donde han tomado forma interesantes ejercicios de democracia participativa y gobierno propio comunal.

 

Sin lugar a duda, el Estado tiene al frente suyo al movimiento ambiental, un rival poderoso y que además, como lo ilustran los escenarios de movilización desplegados durante el pasado gobierno –como el paro Agrario o las mingas nacionales–, cuenta con un amplio apoyo social no solo en sus regiones, sino también en las ciudades, un movimiento con capacidad de poner en boca de todo un país el debate sobre la importancia de defender nuestro entorno natural, de hablar sobre la tierra y las semillas, y de preocuparse por el espacio que le dejaremos a las siguientes generaciones.

 

Y a pesar de que el Estado todavía domina ese escenario, por supuesto, que es el agua donde sabe moverse, no está de más recordar y resaltar que las comunidades han desplegado orden de batalla por la defensa de su entorno con triunfos no despleciables, batiendo a la dictadura minero-energética, como aconteció en una docena de consultas populares, pero también batiéndolo en regiones donde la organización comunitaria no ha permitido el ingreso o la consolidación del paramiitarismo, o donde esa misma organización comunitaria está logrando recuperar tierras para el bien común. Por eso precisamente es que el gobierno tiene como prioridad cambiar el escenario de lucha, pretendiendo llevar a las comunidades y movimientos sociales a escenarios que impidan desplegar la fuerza comunitaria; esta es la razón por la cual buscan eliminar la efectividad de las consultas populares, uno de los primeros pasos tras la senda indicada.

 

A partir de estas reflexiones, cabe preguntar y preguntarnos, ¿cuál será nuestra estrategia ahora para seguir resistiendo frente a estos nuevos embates? El MNA viene organizándose para eso y le habla directamente a la tormenta que se avecina, quizás sea esta iniciativa un referente para tener en cuenta por parte de quienes, con cariño hacia el agua, los cielos, las montañas y el aire, queremos resistir a la guerra que se cierne sobre nosotras y nuestra madre tierra.

 

* Se puede buscar la página en la red social directamente como “Movimiento Nacional Ambiental”, cuyo link es https://es-la.facebook.com/MovimientoAmbientalCol/.

 

Miércoles, 24 Octubre 2018 17:14

Arrinconados

Arrinconados

¡Uf!, ¡que susto! De nuevo me salvé de ser atropellado por otra persona usuaria de la cicla, que ahora, en sus dos ruedas son tan parecidos a quienes cruzan la ciudad en automóvil o en moto. Incluso, parecidos a los que también nos pasan al lado en patineta. Aunque por momentos pienso que son peores pues transitan por cualquier parte: por las ciclovías, por la calle –en la dirección en que circulan los automóviles o en contra de ella–, por las aceras –en ambas direcciones–, por los puentes peatonales y por estos a toda velocidad, sin bajarse y caminar con la cicla en la mano; que van, como si fueran las divinidades de la calle, atraviesan uno u otro espacio seguros que aquella persona que viene o va a pie tiene que correrse y cederles la vía.

 

¡Zas!, haciendo esguinces cruza otra persona en cicla. Y, ¡uf!, que susto, ahora no sabe uno para dónde correrse. En Bogotá, por ejemplo, se ufanan por la cantidad de ciclistas que ahora circulan por los 500 kilómetros de ciclovías con que cuenta la ciudad, algo importante, necesario e interesante en la lucha contra el cambio climático –además de opción para ahorrar unos pesos ante lo oneroso del privatizado transporte urbano–, no hay duda, pero como para este boom de las dos ruedas en su mayoría se han construido rutas aruñandole espacio a las aceras y a las calles, lo cierto es que esta urbe cuenta con muy pocos espacios realmente adecuados para tal fin, y lo que en realidad han despertado es una disputa entre ciclistas y peatones, y hasta entre ellos y los carros pues, como los motociclistas, los de la cicla están convencidos que la calle es para ellos, solo para ellos, y que las reglas de tránsito no existen: no hay semáforos, no existe dirección prioritaria en las vías, no hay diferencia entre calle y acera, no hay límite de velocidad; y arrinconados por esta ley del más fuerte –en verdad el “más veloz”– quedan quienes transitan a pie, peatones, mujeres u hombres, jóvenes o adultos, niños o viejos. Claro, los 44 muertos que hasta el 5 de octubre registra este año Bogotá producto de accidentes que afectaron a quienes van en el caballito de acero también evidencia que llevan la peor suerte cuando un objeto de mayor peso los golpea.

 

¿Cuántas disputas, peleas, confrontaciones, malos momentos generados por todo esto en el día a día? Seguro no hay registro, pero no deben de ser pocos pues la imprudencia y la fuerza es lo que ha terminado por imponerse, todo ello porque el modelo de ciudad con que contamos fue pensado priorizando a los carros (para la circulación de mercancías y la reproducción capital), en el cual el peatón, los de a pie, la mayoría, pasan a segundo plano pues su lentitud en la circulación los torna en ineficaces e improductivos para la “eficiencia” capitalista.

 

¡Zas! No es un susto ocasional, no, es permanente, y ahora es uno más de los riesgos a que tenemos que enfrentarnos los que nos trasladamos por la ciudad a pie. Riesgos de riesgos, con la claridad que en este como en cualquier otro caso si tropezamos con o nos atropella un objeto de metal –o de cualquier otra composición– que viene impulsado a varios kilómetros por hora, quien lleva las de perder, es lógico, es el cuerpo humano, desprotegido, sin caparazón alguno.

 

Y son sustos que no son ocasionales, pues con los más de 835 mil personas que ahora se trasladan a diario por la ciudad en bicicleta su paso por tu lado ya no es esporádico. Así que ahora cuando salimos de casa no basta con encomendarnos a “san prudencio” y “santa paciencia” sino también a “santa cicla”, patrona ya sabemos de quien, para que nos resguarden de la infinidad de desmadrados que ¡zaz! a ¡zaz!, nos hacen sentir al borde de un hospital o de la propia muerte.

 

Y mientras los milagros nos llevan con vida y enteros a casa, ir dándole vueltas al tema del modelo de ciudad que padecemos y desconoce a los millones que transitamos a pie esta urbe irracional, la misma que demanda a gritos que pare su crecimiento e, incluso, que desmonten el mismo, de suerte que una ciudad para el goce tome forma algún día, ojalá más temprano que tarde.

 

Lectura, enseñanzas y retos desprendidos de una cita deliberativa en procura de autonomía para los movimientos sociales. ¿Es posible hacer parte de los estadios oficiales a la par que impulsar una institucionalidad extra-estatal?

 

Circundada por la fuerte revitalización del movimiento estudiantil, sesionó en Bogotá los pasados 9, 10 y 11 de octubre, la Asamblea Legislativa Popular y de los Pueblos por la unidad, la vida, el territorio y la paz (ALP). Al llamado respondieron 1.300 delegados y delegadas de diferentes movimientos y regiones del país, en hermanamiento con delegaciones de organizaciones populares de Nuestra América y Europa, con el fin de adelantar un ejercicio legislativo autónomo que contribuya a la unidad estratégica del campo popular, y concertar una agenda de movilización y acción política para el 2019.

 

En la Asamblea, pese a sus pretensiones de unidad, fue notoria la ausencia de un amplio margen de organizaciones del campo popular, lo que la redujo a un evento de ciertas corrientes políticas y matrices ideológicas en proceso de reagrupamiento. No obstante la ALP marca una nueva etapa de construcción colectiva que podría ser potente si asumiera los retos de lo que implica una autocrítica sincera de su accionar histórico, una discusión sobre lo que implica el horizonte de construcción de poder popular y un llamamiento de país.

 

El largo camino del poder popular

 

En los antecedentes de esta Asamblea se encuentra como primer referente el Congreso de los Pueblos (CP), plataforma constituida en 2010 como una transición que anteponía la construcción de poder popular a la ilusoria toma del poder que había marcado por décadas los objetivos estratégicos de la vieja izquierda partidista. Tiene como antecedente, de igual manera, la irrupción del indigenismo en todo el continente, propulsor de convergencias sociales, a través de la disputa por sus derechos históricos, elevando a primera plana la construcción de autonomía en las agendas del movimiento social.

 

Es producto de ello que toman forma: la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad de los pueblos”, con la participación de comunidades indígenas y campesinas, promulgando en Cali el mandato indígena y popular en 2004. La cumbre de organizaciones sociales en 2006, en contra de la arremetida de la Fuerza Pública en los territorios. La minga de resistencia social y comunitaria de 2008, formulada como una propuesta del norte del Cauca con el objetivo de ganar aliados y fuerza con la gente “caminando la palabra por el territorio nacional”. La mencionada constitución del CP en 2010, así como el Congreso de tierras territorio y soberanía en 2011, y el Congreso para la paz en 2013.

 

Desde allí y hasta hoy, en medio de estos procesos de encuentro social y popular, el CP fue perdiendo importantes integrantes, mermando así su impulso inicial, al imponerse en su accionar cotidiano viejas prácticas autoritarias, vanguardistas y sectarias que lo desgastan: el peso preponderante de las estructuras organizativas más fuertes; la exclusión de las organizaciones no afines al “camilismo”; la imposición de una lectura sobre la negociación política del conflicto armado y su adopción como núcleo de la acción principal del CP, todo ello, también, como conformación de un polo diferenciado a la matriz ideológica del “bolivarianismo” afincada en la Marcha Patriótica (MP). Así mismo, la constante subsunción a la agenda institucional sin una discusión sesuda desde la base llevaron a que se profundizaran sus contradicciones internas.


No obstante, ambas plataformas (MP y CP) tuvieron el oxígeno inyectado por la supuesta apertura del proceso de paz con las Farc, generando numerosas movilizaciones, lo que dio nacimiento en 2014 a la Cumbre agraria campesina, étnica y popular. proceso convertido en el nuevo escenario de articulación popular, logrando conquistas parciales que hoy llegan nuevamente a un momento de desgaste, en tanto su acción quedó limitada a la interlocución con el gobierno, arrancando promesas parciales que en su mayoría no han sido cumplidas.

 

En esta misma senda, después de la última gran minga nacional de finales de octubre y principios de noviembre de 2017, tomó forma la contienda electoral cuyos resultados, y reunión de fuerzas en torno a la Colombia Humana, sitúa al movimiento popular en una situación de marcado antagonismo con las tendencias más retardatarias de la élite política y económica. Es en este contexto que surge la iniciativa de la ALP, con el reto de articular el accionar alternativo, a la par que modificar el balance desfavorable que mantiene la correlación de fuerzas para el campo popular y democrático.

 

La Asamblea

 

La Asamblea Legislativa, con la intención de legislar desde la base construyendo organismos de poder popular, en la perspectiva de romper esa costumbre de alzar siempre la mirada hacia el Estado para ver cómo respondemos a sus iniciativas, potencia el acumulado de protesta, movilización y articulación mediante la síntesis de mandatos populares para el corto, mediano y largo plazo.

 

En la convocatoria, en la que participaron 47 organizaciones, se enfatizaba en que para variar la correlación de fuerzas es necesario retomar los planes de vida, los pliegos sectoriales, las propuestas temáticas, las plataformas de lucha, las propuestas de paz y la agenda de la oposición parlamentaria construida en los últimos años, para unificar una base programática que derive en la constitución de un Bloque Popular y Democrático Alternativo. Alianza de organizaciones estimulada con una hoja de ruta para la movilización, la disputa de una agenda social y el mismo estímulo a la agenda de paz –ahora congelada en La Habana–, al tiempo que la lucha institucional/parlamentaria y el desarrollo de los gobiernos propios, tanto en lo rural como en lo urbano.

 

El punto fuerte de la Asamblea fue el trabajo por comisiones, donde cada uno de los asistentes expresó su opinión, en un ejercicio de democracia participativa subyacente en la idea de los mandatos populares. Ahí los asistente deliberaron sobre temas como: Movilización, unidad y organización, comunicación, formación, educación, cultura, arte, otras relaciones de poder –anti patriarcales–, tierras y territorios, lo ambiental y minero-energético, la agenda urbana, paz y DH, guardias populares, campesinas, cimarronas e indígenas, y la cuestión internacional.

 

Cada uno de estos escenarios arrojó un conjunto de mandatos a ser socializados e implementados en los territorios; así como una agenda de confrontación al gobierno de Duque durante el 2019 que, entre otros, incluya dos ejes claves: 1. Movilización nacional durante el primer semestre, en defensa de los territorios, por la solución política al conflicto social y armado, el cese de asesinatos de líderes y defensores de DH, el desmonte el paquete normativo antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria, y en rechazo a la reglamentación de mecanismos de participación y el derecho a la consulta previa; 2. La articulación política y programática para la participación en las elecciones municipales y departamentales del próximo año, que permita concertar mecanismos democráticos para la definición de las candidaturas y acordar mandatos que interpreten fielmente los intereses del pueblo colombiano.

 

¿Mandatar para construir el poder popular y la unidad?

 

Como lo expresa su declaración final, la ALP, con su perspectiva de “constituirse como un órgano coordinador del poder popular con expresiones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca los gobiernos propios, los mecanismos de defensa y protección de la vida y los territorios”, podría convertirse no solo en una respuesta coyuntural a los problemas del gobierno actual, sino en un intento, que tiene que ver con dar respuesta a la pregunta histórica sobre el qué hacer metodológico en las diferentes faces de la transición hacia una sociedad más libre e igualitaria. En ese proceso ¿qué es y cómo construir poder popular?

 

Según diferentes tradiciones, se ha planteado toda una gama de exigencias durante el trayecto de cambio, lo que se conoce comúnmente como las 3 fases: 1. “fase de acumulación de fuerzas”; 2. período de enfrentamiento, contando ya con fuerza sociales en capacidad de iniciar un nuevo ordenamiento social; 3. Consolidación, sin las fuerzas enemigas a la vista, de la construcción de una nueva sociedad.

 

Fiel a este esquema, es claro que en la primera fase es necesario destacar algo que es fundamental, y es que hay un conjunto de actividades que pueden y deben ser realizadas en el seno de la actual sociedad, actividades sociales y políticas que permitan un ejercicio de participación y resolución de problemas de la población. Estas actividades deben generar, al mismo tiempo, nociones y experiencias que contribuyan con el crecimiento de la consciencia y la confianza en las propias fuerzas, proceso que devendrá en la potencia capaz de confrontar el sistema y generar las condiciones para su ruptura. Esta primera fase es la etapa de la construcción del poder popular, de un pueblo fuerte.

 

Si en palabras de la declaración política de la Asamblea lo que se pretende con los mandatos es: “construir instrumentos que permitan confrontar el sistema capitalista y el régimen de dominación, en una perspectiva de unidad estratégica, profundizando la movilización y la construcción de poder popular”, podríamos decir que la propuesta de la Asamblea es interesante si plantea una solución al empantanamiento en el que se encuentra lo popular debido al desgaste táctico de movilizaciones, acuerdos con el gobierno e incumplimiento de los mismos.

 

Pero, para que no se repita lo sucedido con el Congreso de los Pueblos, esta nueva iniciativa debe también y sobre todo, superar el obstáculo que traen consigo los diversos modelos leninistas, persistentes en la inercia histórica de la izquierda colombiana, condicionada por circunstancias de sobrevivencia de su funesta experiencia, modelos que han impedido su real reconfiguración, ajustada a los cambios del mundo contemporáneo, con autocrítica sin tapujos, dejando a un lado su discurso panfletario, dogmático, sumamente simplista y distorsionante, que no se percata de la desconexión que tiene con las amplias mayorías del país.

 

La constitución de una Comisión de Seguimiento de la Asamblea, como mecanismo organizativo en el que tengan representación los procesos y organizaciones que se articulan, debería ser un espacio de dinamización de los mandatos a nivel regional y local, que fortalezcan el gobierno propio a través de alternativas, gestionadas por y desde las mismas comunidades, con base en el fortalecimiento de las guardias de distinta índole, como brazo ejecutivo y presencia real, visible, de las capacidades organizativas de los procesos, pues es así como se expresa el poder popular, que es poder político desde una visión libertaria e igualitaria.

 

Si los mandatos y la hoja de ruta, se territorializan, y se mejoran con la participación comunitaria local, este evento podría constituir un salto cualitativo hacia la unidad estratégica de los sectores alternativos, a partir del reconocimiento de las experiencias e iniciativas de coordinación y articulación sectorial, temática, territorial y nacional ya existentes. Solamente tejiendo desde abajo, como un experimento profundo de democracia participativa y comunitaria, es que tiene sentido una articulación desde arriba, como la planteada en la materialización de un Bloque Popular y Democrático, que es lo inmediatamente propuesta por esta ALP.

Banksy: “Confortar a los perturbados y perturbar a los confortables”

Okey, última subasta, míster Banksy con la obra “Girl with balloon o Chica con globo”, 1,10, “quién da más”, 1,15… 1,18 millones de euros “se va, se va, se ha ido”. Tras cerrarse la compra sonó una alarma desde el cuadro y segundos después el lienzo, una reproducción de un mural pintado en 2002 por el artista del graffiti, empezó a deslizarse del marco pasando por una trituradora de papel que la destruye pero no totalmente. Luego, el silencio, la desorientación y el despliegue de numerosos celulares para tomar fotos desde todos los ángulos posibles. La difusión de imágenes y el consumo viral de contenidos inunda las redes con este performance, ¿contestario o cómplice?

 

El viernes 5 de octubre, durante la subasta en Sotheby’s (Londres) de la reproducción de un grafiti de Banksy, artista de la calle que con sus creaciones critica constantemente al sistema capitalista, lo que era un acto comercial trascendió como un suceso político en el cual la denuncia y el cuestionamiento a la cosificación y mercantilización dominante en nuestras sociedades, saltó al primer lugar.

 

Según sus historias de instagram, el artista ideó un sistema para la destrucción premeditada de su obra en caso de ser subastada. Ya había demostrado su frustración y desacuerdo frente a la iniciativa de una galería londinense de realizar una exposición titulada “El Banksy robado”, llevada a cabo el 28 abril de 2014 con siete de sus trabajos callejeros, extraídos de los lugares donde fueron creados, entre ellos: “La puerta de Berlín”, “Prohibido jugar a la pelota”, “Rata de Liverpool” y “Chica con globo”.

 

La oposición de su creador a esta exposición, según sus propios argumentos, responde a que “[…] la muestra es el paso previo a una subasta […]. Y agregó, “Este ‘show’ no tiene nada que ver conmigo y me parece repugnante que se permita que cualquiera pueda quitar arte de las paredes sin permiso”. Su oposición y denuncia permite preguntar, ¿Acaso en el capitalismo todo es susceptible de ser vendido o comprado?

 

Capitalismo y arte

 

El capitalismo es una sociedad hostil a las artes y las ciencias. El valor máximo que orienta los actos de quien vive en este sistema social es el dinero. Conseguirlo, cueste lo que cueste, es la única forma de ser exitoso. Trump, el actual presidente de los Estados Unidos, es la quintaesencia de la experiencia del éxito capitalista. No es gratuito que uno de los activos principales de su fortuna sea el mafioso negocio de los casinos.

 

El esfuerzo común de crear resulta demasiado penoso para quien no se orienta por el cálculo egoísta y el frío interés. Este imperativo social ha tenido un efecto singular en la historia de las prácticas artísticas. Uno de los momentos más significativo de ese efecto fue la propuesta desarrollada por el norteamericano Andy Warhol en la década del cincuenta y sesenta del siglo pasado.

 

La imaginación de Warhol le permitió pensar la idea de una fábrica productora de objetos artísticos. Pero rápidamente asimiló que el producto fabril, al entrar en el mercado de consumo, se transmutaba en mercancía y que al asumir esa condición había que colocarle un precio. Establecer los criterios para asignarle precio a esa mercancía tan singular era un asunto de autoridad. Warhol, al fin norteamericano, captó la lógica del problema y se convirtió en millonario especulando con los precios.

 

Esta se convirtió en paradigma y sobre esa premisa tomó forma el mercado de las obras de arte. Esa incongruencia se nutrió de la necesidad de expropiar a los artistas de su autoridad de creadores, por la vía de comprar sus obras. Acumular pinturas y esculturas se convirtió en otro modo de acumulación de capital, ahora en forma de prestigio y autoridad.

 

El mercado del arte


El escenario donde el ritual acumulativo comenzó a tomar forma fue la subasta. Otro norteamericano, Alfred Taubman, convirtió a Sotheby’s –la organizadora británica de subastas–, en una institución global luego de comprarla en 1983. Pues bien, Branksy ideó un magnífico perfomance para mostrar el sinsentido de esa práctica ritual.

 

Orientado por la máxima: “Confortar a los perturbados y perturbar a los confortables”, Bransky lleva dos décadas creando experiencias artísticas. En ese proceder, no se sabe cuándo imaginó que una de sus piezas fuera subastada en Sotheby’s. Lo cierto es que decidió que uno de sus grafitis: “Chica con globo” podía cumplir ese propósito. Llevó al lienzo el grafiti y le colocó un dispositivo que al activarse lo haría trizas.

 

La pintura entró a circular en el mercado, hasta que se produjo lo esperado: la obra se ofreció en subasta en octubre de este año, vendiéndose por la suma de un millón doscientos mil euros. En el momento en que el subastador dio por terminada la puja, se activó el dispositivo, seguramente a control remoto, y la obra quedó casi destruida. De esta manera, Bansky quiso burlarse de los galeristas y del consumismo vacío, pero tuvo el efecto rebote: al no destruirse en su totalidad su obra duplicó de inmediato su valor y cayó en la trampa del mercado. Sotheby’s anunció que el 13 y 14 de octubre la exhibiría de nuevo en las galerías New Bond Street, ahora con el nombre “El amor está en la basura”, y sus proyecciones económicas no fueron erradas: las enormes filas para entrar a la galería así lo atestiguan.

 

Todo lo sólido se desvanece en el aire

 

Cómo en la metáfora de Marx, la solida experiencia de la subasta original quedó disuelta en el aire ante el pasmo de los asistentes. La travesura que desnuda las pretensiones de los ricos de expropiar la autoridad estética del artista, para usarla como patrimonio propio, cumple claramente el propósito de confortar a los perturbados. En un primer momento parecía que los confortables estarían comprometidos en una batalla legal para definir quién perdía el dinero invertido: si el comprador o Sotheby’s; finalmente no fue así, la obra duplicó su valor.

 

A propósito de esto es necesario tomar en cuenta que hace cien años se desató una especie de tsunami creativo a propósito de la Revolución de Octubre. La expectativa de una sociedad donde las personas pudieran realizar a plenitud sus potencialidades humanas cristalizó en lo que se llamó las vanguardias en la pintura, la literatura, la escultura, el cine, la arquitectura, el diseño. El desenlace final de ese principio tan esperanzador dejó una herencia de aciertos y frustraciones.

 

Hoy se está dando un nuevo tsunami creativo y Bansky es uno de los protagonistas principales. Todo parece indicar que está culminando la época donde predominó la idea del fin de la historia y el imperio absoluto del capitalismo; luces con distintas intensidades y brillos se desprenden del cuerpo que con diversas lógicas y armas dominó e impuso su lógica a lo largo de los últimos siglos, luces bajo las cuales va tomando forma y se vislumbra el cuerpo –la época– de quien lo superará.

 

* https://www.instagram.com/banksy/?hl=es-la

 

Colombia: hambre y desmantelamiento del Estado social

La situación social en Colombia golpea a los más humildes, mientras desde el gobierno y los círculos de poder disfrutan las ganancias de la violencia.


Las cifras igual que los muertos, los caminos o el curso de los ríos cuentan cosas, tienen historias. Así ocurre con los datos de la desatención en salud, precarización del trabajo, desfinanciación de la educación, ejecuciones legales y extralegales, y el hambre y la miseria que ponen al descubierto una política de exterminio forjada en el largo plazo sobre gente marcada como prescindible, sobrante, que sin saberlo saca a la luz la desigualdad y el déficit democrático. Con la reciente dictadura que avanza con un discurso de poder que suma odio con leyes de venganza, nada cambiará y Colombia tenderá, a menos que haya un colapso estructural, a seguir siendo anunciada como “un país entre el hambre y el desperdicio de comida”(título de un informe periodístico de El Tiempo, de octubre de 2018), que señala que “150 indígenas colombianos y venezolanos” desde hace dos años se alimentan de residuos que disputan con chulos y ratas en el basurero de Puerto Carreño. Es el hambre que no reconoce fronteras, y permanece a la vista del mundo, como lo repasa el film La Pesadilla de Darwin, donde en el África (como en Colombia) la guerra produjo hambre donde había paz y abundancia, y a los nativos pescadores les quedó sacar del basurero las espinas sin carne del pescado. Son 815 millones de personas con hambre en el planeta y aunque la comida alcance para alimentar dos veces a la población entera, hay un genocidio del que son responsables los detentadores del poder y la riqueza.


El hambre en Colombia existe. Lo padecen 3,2 millones de personas sin seguridad alimentaria. Son cerca del siete por ciento de población, subalimentada, con privación crónica de alimentos (según datos de la FAO), que aprendieron a sobrevivir mientras las viejas armas se comían el presupuesto de su alimento y las nuevas amenazan con comerse las oportunidades de niños, jóvenes y viejos. Adicionalmente, la opulencia de pocos desperdicia 300.000 toneladas diarias de comida, suficientes para alimentar a ocho millones de este país y en Venezuela. La clase política, ante la indignante cifra del hambre, padecida “en democracia”, no intenta siquiera atacar el problema de fondo promoviendo límites al enriquecimiento que la provoca, sino que anuncia tramitar una ley que prohíba desperdiciar la comida. Algo similar, inútil y despreciable, ocurrió en 1918 con un decreto que prohibía la mendicidad en Bogotá, sin la menor preocupación por cambiar las condiciones que provocan el fenómeno. Los nazis, igual de audaces, crearon guetos con judíos y luego organizaron paseos para convencerse que matarlos por hambre era la solución. La trampa del poder es convocar a mirar a otro lado, y tratar solo con paliativos las consecuencias sin el menor acercamiento a las causas.


Son 3,2 millones de hambrientos en Colombia, cifra suficiente para cuestionar los anuncios de avance en democracia, inclusión y respeto a los derechos. La cifra pone de relieve que la solución a problemas endémicos, convertidos en violencias contra la niñez, es orientar la política a tratar las causas y crear condiciones de garantía y protección, que justamente el gobierno no asume porque es ideológicamente contrario a las soluciones requeridas. No promueve paz, equidad, ni eliminación de las barreras de discriminación y exclusión que producen hambre, miseria y violencia contra los débiles, porque su poder no responde al interés ciudadano, sino al de mafias y partidos comprometidos con corrupción y criminalidad, que no demandan nada distinto que no sea en beneficio propio.


En lo recorrido del siglo XXI las estructuras de desigualdad han permanecido estables, con insignificantes cambios en las desalentadoras cifras de una realidad que no se resuelve con discursos de odio, populismo punitivo, ni las salidas de guerra que pretenden acabar el hambre con balas y la marginalidad alistando soldados. El 10 por ciento de niños padecen desnutrición crónica que afecta su presente corporal e intelectual y el futuro propio y del país; 2,5 millones de niños tienen algún tipo de limitación especial de carácter cognitivo, sensorial o motor por el que son discriminados; y más de 35.000 niños son explotados sexualmente por mafias que lavan sus ganancias en la economía legal; otros 35.000 (o quizá parte de los mismos) pasan la mayor parte de su tiempo y de su vida en la calle y fueron y siguen siendo maltratados y humillados; del millón de niños que fueron desplazados forzados durante la última década del siglo XX no hay rastro (datos de Unicef sobre la niñez en Colombia).


Al agrupar los datos, la realidad resulta todavía más crítica, porque no hay interés expreso del Estado en ofrecer garantías de solución mediante el acceso a bienes materiales para superar carencias conforme a la universalidad que exigen los derechos para todos. Las cifras reales (distan de datos formales que cambian metodológicas para maquillar informes) y su tendencia es similar en la década, con un promedio de 14,5 millones de personas en condiciones de pobreza y 4,5 millones en indigencia. En el todo de la desigualdad, 10 millones de personas (una de cada cinco) son las víctimas del conflicto armado, a las que el “No” del plebiscito por la paz les arrebató la posibilidad del pleno reconocimiento de personas con derechos y otra vez son negadas, revictimizadas, porque el gobierno se opone a la paz conquistada. De entre las víctimas, más de 7,5 millones son desplazados forzados que huyen, no van en grupos por las carreteras porque los matan, se camuflan en cordones de miseria, aprenden a sobrevivir como invisibles. Otros tantos excluidos y hambrientos “sobreviven” en alcantarillas, arboles, andenes, plazas, parques, botaderos de escombros o en basureros. Solo en Bogotá son más de 10.000, “habitantes de calle” en la miseria total, absoluta, sin sueños ni esperanzas, sin sentido de realidad, expuestos a la vida biológica, sin nada, sin agua, ni comida, ni ducha, ni letrina, sin lavarse los dientes o usar desodorante, sin intimidad, sin prendas de vestir. Seres que cada vez que respiran contradicen las teorías de la capacidad del cuerpo humano para resistir y de la mente para existir como sobrevivientes. Son colombianos, hombres y mujeres, sin patria, ajenos, marginados, no están locos, ni todos son drogadictos, ni ladrones, ni potenciales violadores; es gente despojada a la que el sistema de poder en su codicia e indiferencia extirpó su humanidad.


El gobierno y los beneficiarios del poder del Estado y de la riqueza del país, no se conmueven con estas cifras. No están en sus cuentas ni en su programa de gobierno. Solucionar esta realidad no ocupa su interés, como tampoco saciar el hambre ajeno les mejora sus ingresos; sin ellos se quedarían sin con quién experimentar juegos de guerra de verdad, sin su cantera de pobres, hambrientos y víctimas no tendrían asegurado su futuro.


Las cifras muestran el desmantelamiento del Estado social, porque del Estado de derecho queda muy poco. La verdad oficial es montada con falsificaciones, ofrece leyes donde se necesita comida y entrega odio donde debía florecer la paz. Los medios de comunicación y en especial la televisión privada que vive del Estado, se encargan de controlar las mentes ciudadanas distrayendo, mintiendo y creando ficciones para adormecer y ocultar a los responsables de toda o casi toda la desgracia, que es cambiada por histeria y odio hábilmente hoy conducido por el partido de gobierno, que en lo que va del siglo XXI ha moldeado a su antojo a la opinión y convertido al país en el rehén de sus desvaríos y sueños de poder absoluto y total de dictadura en democracia.


PD: Desde el 10 de octubre, con las universidades en la calle, comienza una era de nuevas y seguramente indetenibles movilizaciones sociales por la reconstrucción del Estado social y de derecho y el respecto a los pactos de derechos, para avanzar a una sociedad en paz, libres de mafias y corrupción en el control de la vida y del país.

11 octubre 2018

 

11 octubre 2018

Jueves, 23 Agosto 2018 15:05

Sobre la guerra y el nacionalismo

Sobre la guerra y el nacionalismo

En medio de la disolución de la antigua Yugoslavia en la década de 1990, la península balcánica europea asistió al auge más tremendo del nacionalismo jamás visto después de la Segunda Guerra Mundial.

 

El horror que el mundo vio en el periodo de expansión de la ideología Nazi y que generó millones de muertes atroces, fue recordado en Sarajevo, capital de Bosnia, cuando las fuerzas militares y paramilitares serbias atacaron durante algunos años territorio bosnio escudándose en la defensa de sus valores nacionales y de su pueblo. El 28 de junio de 1914, la misma ciudad de Sarajevo había sido testiga del asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, quien horas después de un atentado con un artefacto explosivo a su paso por una de las calles de la ciudad, del cual resultó ileso, fue abaleado en otra de las calles del mismo lugar, muriendo instantáneamente, al igual que su esposa quien también recibió impactos de bala. Este hecho fue la excusa para desatar uno de los primeros conflictos bélicos del siglo XX, con amplia resonancia e impacto sobre buena parte del mundo durante casi todo el siglo XX.

 

Nuestra intención aquí no es relatar paso a paso los hechos acaecidos durante la Primera Guerra Mundial que en noviembre próximo cumple 100 años desde su finalización. Más bien, aprovechamos este suceso para cuestionar el fenómeno de la guerra y la noción de nacionalismo.

 

La guerra siempre ha sido un fenómeno hostil. Hasta ahora, entre los seres humanos, ha sido fácil traducir el conflicto, que les es inherente a través de la diferencia, en términos de confrontación bélica. La historia de la humanidad ofrece muchos registros de esta actitud y despliegue ofensivo contra el otro de diversas formas: religiosamente, políticamente, racialmente, etcétera. No es gratuito que la preocupación por la guerra haya sido frecuente entre las mentes más brillantes de cada época.

 

Las respuestas ante este fenómeno han estado siempre sobre la mesa, desde los griegos y hasta nuestros días, el fenómeno de la guerra ha tenido un espacio en medio de las discusiones conceptuales más agudas, de los dramas políticos más tensos y hasta en medio de tiempos de relativa tranquilidad, pues a la paz la han definido casi siempre como aquel estado donde ocurre la ausencia de guerra. Como vemos, esta última ha sido uno de los eventos estructurales que ha acompañado el desarrollo de la historia de Occidente. Desde Aristóteles y su preocupación por la Constitución de los atenienses, pasando por Maquiavelo y su idea de la regulación del conflicto a través de instituciones como el Tribuno del pueblo para regular el conflicto entre gobernantes y gobernados, hasta nuestros días y los esfuerzos democráticos por evitar la confrontación armada, paradójicamente, en medio de ella.
Colombia y su contexto de violencia –situación especialmente importante para nosotros– ha tenido tiempos de guerra donde las cifras siempre asustan, más allá de que muchas veces se conviertan, para la mayoría, en un asunto de producción natural de la muerte.

 

Los excesos que acompañan a la guerra se han vuelto tan familiares en nuestro contexto que ya no sorprenden los relatos de las víctimas por más desgarradores que sean, tampoco el testimonio físico de las heridas que deja a su paso toda confrontación con las armas.

 

Además de este proceso de naturalización del horror, la guerra también puede ser invisible, o por lo menos, escudarse en medio de la ausencia formal de ella, pues luego de la finalización oficial del conflicto armado colombiano entre el Gobierno Nacional y las Farc, según el relato gubernamental los sistemáticos asesinatos de líderes sociales no tienen nada que ver con el conflicto estructural de un país que se ha desarrollado históricamente en medio de la injusticia, la desigualdad, la falta de oportunidades y la estigmatización y eliminación de toda forma diferente de emprender, asumir y construir la vida individual y colectivamente. Esta diferencia alimenta el conflicto que parece no puede resolverse sin los disparos y muertes de miles de seres humanos.

 

Pese a esta dinámica histórica, la enseñanza y el reto es que la diferencia debe ser asumida en términos estructurales entre los seres humanos, adjunta a la identidad y el principio de individuación propio de todo ser que se asume como único, no como justificación del rechazo y eliminación de todo aquello que no es igual a una posición hegemónica de ver la vida y entender las relaciones sociales. Entender que la diferencia es algo que puede ser resuelto de manera definitiva nos empuja a una salida que implica el rechazo del otro, y la instauración de modelos únicos y necesarios donde se pretende que quepamos todos bajo una única forma de pensar y actuar. No asumir la diferencia como una forma esencial de los seres humanos es negar a la humanidad misma, es creer que pueden canalizarse todas las pulsiones de hombres y mujeres en función de una identidad absoluta pretendiendo, ingenuamente, solucionar la conflictividad inherente a estos. Esta vía de solución del problema como nos dice Estanislao Zuleta “es tratar de negar los conflictos internos y reducirlos a un conflicto externo, con el enemigo, con el otro absoluto: la otra clase, la otra religión, la otra nación; pero este es el mecanismo más íntimo de la guerra y el más eficaz, pues es el que genera la felicidad de la guerra”**, y esto no hace más que alimentar y fomentar una consciencia de identidad única, forma esta sobre la cual se han desplegado los nacionalismos más virulentos y dañinos de la historia de la humanidad. La felicidad de la guerra, expresión con la que juega Zuleta, nos pone de cara al horror que supone el placer que puede llegar a surgir de aquello que nos daña y nos limita en diversas formas. La identidad con este tipo de actitudes es propia de la consolidación del nacionalismo.

 

El nacionalismo puede definirse como un fenómeno que encuentra su fundamento en un conjunto de creencias y prácticas justificadas, las más de las veces, en mitos como la patria, la tierra, la religión, la raza o la sangre, y que además deben prevalecer sobre cualquier otra noción de conjunto social o comunidad política que no encuentre lugar en este conjunto.

 

El cierre político del siglo XX en Europa, como ya hemos visto, también tuvo lugar en territorio balcánico. Las guerras de secesión yugoslavas son la última manifestación de los excesos del nacionalismo en ese siglo. La feroz confrontación entre las diferentes repúblicas unidas bajo la bandera yugoslava después del fin de la Segunda Guerra Mundial generó una crisis que volvió a poner en tela de juicio el concepto de nacionalismo. Las armas como principal vía de solución de conflictos étnicos y políticos en aquel territorio aún remueven los cimientos de las diversas naciones que tienen su lugar en los Balcanes. Para no alejarnos de nuestro objetivo principal volvemos a nuestro contexto para cerrar esta reflexión.

 

Si bien en Colombia no emerge una idea clara de nación por parte de grupos identificados con ideas acabadas y unilaterales respecto de una única forma de vida y una única forma de relacionamiento con los demás, fenómenos como el paramilitarismo y el auge de formas religiosas tradicionales que buscan por todos los medios imponer una sola idea de cómo construir la vida, nos alertan sobre la posibilidad de un nacionalismo velado al interior del país, pues nociones como la defensa de la patria y de una única forma de familia, propiedad y administración política, dejan especular sobre el peligro de enfrascarnos aún más en el conflicto al cual hoy, históricamente, tememos la posibilidad de responder por vías diferentes a la de la confrontación armada que ha costado tanta sangre y dolor a un pueblo tan vilipendiado como el nuestro.

 

Lo que nos deja entonces la experiencia histórica de la guerra y el nacionalismo es la pregunta sobre la forma cómo debe construirse la vida en medio de las diferencias que nos constituyen. Ya tenemos algunas sugerencias de cómo se construye el infierno sobre la Tierra, no debe insistirse en ello, tampoco aspirar a la construcción de ningún paraíso, pero con toda certeza sabemos que otras formas de asumir nuestra humanidad y la dificultad que va de suyo son posibles.

 

* Centro de Estudios Estanislao Zuleta.
** Zuleta, Estanislao, Colombia: violencia, democracia y Derechos Humanos, Medellín, Hombre Nuevo Editores, 2008, p. 29.

El nuevo gurú de la ultraderecha europea

La divisa con la que Bannon se hizo conocer en Bruselas se la tomó prestada al poeta John Milton: “Prefiero reinar en el infierno que servir en el paraíso”, dijo Bannon. Su ambición choca, sin embargo, con unos cuantos obstáculos.

La ultraderecha mundial se prepara con vistas a dar el asalto al Parlamento Europeo. Las elecciones de mayo de 2019 para renovar el europarlamento movilizan desde hace rato a los papas globalizados de la extrema derecha que buscan en Bruselas expandir sus éxitos electorales a través de la creación, dentro del Parlamento, de un mega grupo compuesto por euroescépticos y cuya principal misión consiste en aniquilar a la Unión Europea desde adentro. Ya antes de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y la victoria de Donald Trump, quien era en ese entonces su principal estratega, Steve Bannon, había llevado a cabo varios viajes exploratorios por el Viejo Continente con la intención de plasmar una suerte de internacional de la ultraderecha. Esta vez, su objetivo inicial empezó a ser realidad. Bannon plantó sus banderas en la capital belga por medio de una fundación, “The Movement”, con la que pretende aunar a todos los ultras que pululan en Europa. La divisa con la que Bannon aterrizó en Bruselas se la tomó prestada al poeta John Milton: “prefiero reinar en el infierno que servir en el paraíso” dijo Bannon. Su ambición choca sin embargo con unos cuantos obstáculos, empezando por las drásticas divisiones entre los grupos de la extrema derecha presentes en el Europarlamento y siguiendo por el sentido mismo del proyecto: la extrema derecha europea abraza la causa del combate contra la inmigración y la defensa del Estado Nación como antídoto ante los órganos multilaterales (la misma Unión Europea), pero la idea motriz del modelo de Bannon, “la desconstrucción del Estado administrativo”, no figura en su catalogo. El nacionalismo norteamericano no tiene un espejo en la compleja geografía europea. Hay líneas comunes, pero, en un momento dado, el precipicio entre ambos es abismal.


A Bannon, sin embargo, no le faltaran adeptos a su perfil de supremacista blanco, machista, antisemita, y homófobo. El equipo de The Movement cuenta con unas diez personas encargadas de respaldar a la extrema derecha y a los otros partidos populistas durante la campaña electoral. Entre estos consejeros hay personajes ya conocidos como Raheem Kassam, ex colaborador del británico Nigel Farage. Hasta ahora, la irrupción más sonora del rey de las fake news en Europa tuvo lugar en marzo pasado cuando Bannon asistió al congreso organizado por el entonces Frente Nacional francés consagrado a su refundación, es decir, a su cambio de nombre. Bannon intervino allí para vender la idea según la cual “la victoria es posible” porque “nosotros somos cada días más fuertes” y ellos “cada vez más débiles”. También ahondó en las retóricas desculpabilizadoras cuando dijo: “si luchan por la libertad los tratan de xenófobos. Si luchan por su país los tratan de racistas. Pero los tiempos de esas palabras asquerosas se han terminado “. Desde ese momento, el antaño estratega de Trump ha labrado las tierras del Viejo Continente. Sus lazos más estrechos los mantiene con los Demócratas Suecos (neonazis asumidos), Marine Le Pen en Francia, el Partido Popular de Mischaël Modrikamen y el Vlaams Belang en Bélgica, la ultraderecha austríaca (FPÖ) y la italiana de Matteo Salvini. Italia es para Bannon su “bebe” predilecto, la prueba absoluta de la vigencia de sus ideas, o sea, la posibilidad de que se forjen alianzas entre las extremas derechas genuinas y los movimientos populistas pero post ideológicos como el italiano 5 Estrellas.


¿Acaso puede Bannon repetir en Europa lo que hizo en Estados Unidos? La mayoría de los especialistas dudan de ello, sobre todo porque ven en las ambiciones del doctor fake news una suerte de carrera desesperada por existir luego de que Trump lo despidiese y el portal que lo hizo famoso, Breitbart News, también lo pusiera en la calle. Algunos asimilan sus sueños con los de un viejo actor norteamericano que se muda a Europa para interpretar roles menores porque en su país no encuentra trabajo. Por otra parte, los grupos de las extremas derechas europeas son como familias en constante disputa. El odio los une tanto como los separa. El especialista francés de las extremas derechas europeas, Jean-Yves Camus, juzga “ridículas” las pretensiones de Bannon y sus aliados. Según Camus, ello no excluye que “gracias a su dinero y a su capacidades de lobista pueda cosechar algunos resultados”. El analista francés asegura “confiar en las capacidades de los partidos demócratas de Europa para resistir. Los dirigentes europeos son lúcidos ante la situación y la responsabilidad que les incumbe en ella. Todo este problema deriva de la mala gestión de la crisis migratoria”. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, el Primer Ministro húngaro Viktor Orban es miembro del PPE (Partido Popular Europeo), donde también está la formación de la canciller alemana Angela Merkel. La Liga de Salvini integra el grupo de Marine Le Pen. En el Europarlamento existen tres grupos distintos de eurohostiles que no se aceptan entre ellos. El proyecto político de estos partidos es esencialmente anti inmigrante y anti multicultural, pero en ningún caso inclinado a privatizar los Estados. Muy por el contrario, la extrema derecha europea aboga por un Estado Nación fuerte capaz de proteger a los ciudadanos de los estragos de la globalización. En julio de 2018, Salvini prometió hacer de las elecciones europeas de mayo de 2019 una suerte de referendo “entre la elite, el mundo de la finanza y el mundo real del trabajo, entre una Europa sin fronteras asediada por una inmigración de masas y una Europa que protege a sus ciudadanos”.


El equilibrio en el seno del Parlamento Europeo reposa aún sobre la dinámica de dos bloques: el de los socialdemócratas y el de los democristianos. No obstante, la cruzada de la ultraderecha por romper ese esquema con el soldado Bannon como líder cuenta con dispositivos muy bien entrenados y mucho dinero. Los medios de desinformación e intoxicación de la ultraderecha norteamericana son poderosos. Su eficacia fue probada a lo largo de la campaña a favor del Brexit en Gran Bretaña y luego con la elección de Donald Trump. Con todo, fracasaron en Francia cuando intentaron hacer lo mismo con Le Pen. La líder ultraderechista francesa perdió estrepitosamente la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2017 frente a Emmanuel Macron. La visión nacionalista norteamericana, su egoísmo devorador y su indolencia substantiva, encontraron, hasta ahora, una frontera infranqueable en Europa.


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Miércoles, 01 Noviembre 2017 06:59

Desde Bélgica, Puigdemont aceptó ir a las urnas

Desde Bélgica, Puigdemont aceptó ir a las urnas

El depuesto gobernante dijo que estaba en Bruselas “para evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa y la politización de la Justicia española al perseguir las ideas” y negó que fuera a solicitar asilo.

 

El ex presidente catalán Carles Puigdemont afirmó ayer desde Bruselas que no pretende pedir asilo en Bélgica para eludir a la Justicia española, pero tampoco volverá a España hasta “tener garantías”, en un nuevo movimiento que internacionaliza el conflicto y confunde a la ciudadanía al aceptar también las elecciones del 21 de diciembre.


“Podemos asegurar nuestros derechos y cumplir con nuestras obligaciones desde aquí”, dijo el líder secesionista en una multitudinaria conferencia de prensa en el club de periodistas de Bruselas, donde quiso dejar claro que “nadie abandonó” su cargo, a pesar de que él y su gobierno fueron destituidos por el Ejecutivo español. Además, remarcó que seguirá “trabajando” para hacer frente a la “ofensiva altamente agresiva” del Estado español y, en lo que supone una contradicción, anunció que acepta como un “reto democrático” las elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el Ejecutivo español de Mariano Rajoy en el marco de su intervención en la norteña región para abortar la secesión.


Puigdemont llegó de incógnito el lunes a la capital de Bélgica, y enseguida se dispararon los rumores de que iba a solicitar asilo político, una opción que su abogado admitió que estudiaba, ante la presentación por parte de la Fiscalía española de una querella en su contra por delitos de rebelión, sedición y malversación, el primero de ellos penado con hasta 30 años de cárcel.


A pesar de que el dirigente catalán no dio ese paso, su permanencia en Bruselas obligará eventualmente a la Justicia española a pedir su extradición, con lo que jueces belgas tendrán que valorar los argumentos jurídicos de la grave querella presentada en su contra por el Fiscal General del Estado que, según dijo, “no responde a un deseo de justicia sino de venganza”.


Mientras Puigdemont hablaba en la capital belga, a la que se desplazó con nueve miembros de los 14 que integraban su antiguo gabinete, el ex vicepresidente Oriol Junqueras se reunía en el Parlamento catalán con otros cuatro políticos catalanes cesados, en una maniobra interpretada como un intento de escenificar que continúan en funciones.
Sin embargo, casi en simultáneo, el Tribunal Constitucional español suspendió de forma cautelar la declaración de independencia realizada por el parlamento regional el pasado viernes. Además, el Tribunal Supremo citó a declarar mañana y el viernes a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, y los otros cinco ex integrantes de la Mesa de la cámara catalana, imputados por delitos de rebelión, sedición y malversación por haber permitido la tramitación y aprobación de las leyes que llevaron a la declaración unilateral de independencia.


Con ese telón de fondo, el ex presidente afirmó que estaba en Bruselas “para evidenciar el problema catalán en el corazón de Europa y la politización de la Justicia española al perseguir las ideas”, y negó que fuera a solicitar asilo. “Queremos evidenciar ante el mundo el gran déficit democrático que se da en el Estado español”, manifestó Puigdemont y añadió: “No vamos a escapar a la acción de la Justicia”.


No obstante, el dirigente catalán denunció la “politización de la Justicia” española y la “ausencia de imparcialidad”, de ahí que, insistió en que su traslado allí busca “libertad y seguridad” y las “garantías jurídicas que no se dan en Cataluña y España”. En ese sentido, advirtió que no regresará a su país hasta obtener la garantía de que tendrá “un proceso judicial justo” frente a un Estado español que lo quiere “meter en la cárcel” por “cumplir” su programa electoral, y que se quedará en la capital belga el tiempo que “considere necesario”.


Al inicio de su comparecencia ante numerosos medios de prensa de todo el mundo, en la que se expresó en francés, catalán, español e inglés, Puigdemont sostuvo que ante la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español, su gobierno “podía haber optado por forzar a los funcionarios afines para iniciar una disputa por la hegemonía”, pero no lo hizo porque la resistencia habría tenido una “reacción violenta” del Estado como la del referéndum del 1 de octubre.
Tras reivindicar una vez más el carácter pacífico del movimiento independentista catalán, el dirigente pidió a la Unión Europea que “reaccione, que haga algo” porque, remarcó, Cataluña tiene “delante un Estado que solo entiende la razón de la fuerza”.
Por otro lado, señaló que a los catalanes “no le dan miedo los retos democráticos”, por eso, aceptará las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y pidió al gobierno español que haga lo mismo.
“Si el gobierno ha querido hacer un plebiscito sobre el artículo 155, aceptamos el desafío. Votando se resuelven los problemas”, aseguró en un intento por convertir los comicios en un nuevo aval a la secesión.
Puigemont pidió al pueblo catalán que se prepare para “un camino largo”, y advirtió que pese a las dificultades, “no van a conseguir que abandonemos nuestro proyecto político”.


En Barcelona, los partidos no independentistas recibieron sus palabras con gran perplejidad e indignación. El líder del Partido Popular (PP) de Rajoy en Cataluña, Xavier García Albiol, sostuvo que “nadie persigue a Puigdemont por sus ideas políticas”, sino que tendrá que rendir cuentas por “haber provocado o intentar provocar un golpe de Estado”, al tiempo que acusó al ex presidente de “insultar a los catalanes” cuando afirma que no puede regresar porque corre riesgo su integridad.


“No es coherente ni serio decir que se le está persiguiendo políticamente cuando tiene a la mitad de los compañeros circulando por Barcelona sin ningún problema y a su partido presentándose a las elecciones”, añadió.


En la misma línea se expresó la socialista Eva Granados, quien calificó la intervención de Puigdemont como “un insulto a la inteligencia de los catalanes”, “victimista” y “llena de incongruencias y falsedades”.


La presencia de Puigdemont en Bélgica puede derivar en un conflicto diplomático en el seno de la Unión Europea, de ahí que el gobierno belga salió a desmarcarse de la situación: “Si declaras la independencia, es el momento de quedarte con tu gente”, dijo ayer el viceprimer ministro del país, el conservador flamenco Kris Peeters.


La coalición independentista volvería a ganar en Cataluña

Aumentó el apoyo a la secesión

 

Las próximas batallas de los catalanes separatistas se librarán en las urnas, pero también en los tribunales. La Justicia española citó a declarar esta semana a Carles Puigdemont y a 13 miembros de su destituido gabinete.

 

Un mes después del referéndum de autodeterminación declarado inconstitucional del 1 de octubre en Cataluña, estratégica región de España cuyo Parlamento declaró la independencia el viernes, las próximas batallas se librarán en los tribunales y en las urnas.


La coalición independentista catalana Junts pel Sí volvería a ganar las elecciones regionales autonómicas y quedaría un Parlamento muy similar el disuelto la semana pasada por el gobierno central español, según una encuesta publicada ayer por el Centro de Estudios de Opinión catalán (CEO).


La encuesta, realizada en medio de una creciente tensión en España, también reveló que el apoyo a la independencia de Cataluña aumentó 7 puntos con respecto a un estudio similar realizado en junio: hoy, un 48,7 por ciento de los catalanes quiere la independencia frente a un 43,6 por ciento que la rechaza.


El sondeo se conoce a menos de dos meses de los comicios convocados por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, luego de aplicar, el viernes pasado, el artículo 155 de la constitución nacional para poner un freno a los planes independentistas del gobierno de Carles Puigdemont en Cataluña.


Junts pel Sí, coalición formada por el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCat), de Puigdemont, y por el izquierdista Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), sería la primera fuerza con entre 60 y 63 diputados de los 135 de la Cámara catalana, frente a los 62 que tenía hasta ahora. Aunque no obtendría mayoría absoluta ni tampoco ganaría en porcentaje de voto, podría gobernar de nuevo gracias al apoyo de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), formación antisistema y separatista que lograría entre ocho y nueve escaños, uno menos que los que tenía hasta ahora.


Junts pel Sí y la CUP sumarían un 45,9 por ciento del sufragio, mientras que los partidos contrarios a la independencia tendrían el 50,9 por ciento.
En segundo lugar quedaría de nuevo el partido liberal Ciudadanos, con entre 25 y 26 diputados, seguido por el Partido Socialista, que subiría a entre 17 y 19, frente a los 16 que tenía.


Catalunya Sí Que Es Pot, coalición de izquierda que integra al partido Podemos, tendría entre 12 y 14, mientras que el Partido Popular (PP) de Rajoy lograría en Cataluña entre 10 y 11 diputados, similar a los 11 que tenía en la pasada legislatura.


La encuesta, realizada sobre una muestra de 1500 personas entre el 16 y el 29 de octubre, hace referencia a las mismas coaliciones que se presentaron en los comicios catalanes de 2015, aunque se desconoce si se repetirán las mismas alianzas.


Los partidos que deseen presentarse a los comicios deben notificarlo. En las pasadas elecciones, en septiembre de 2015, la derecha y la izquierda independentistas (PDeCat y ERC) se presentaron juntos. No obstante, los disensos entre los dos aliados no han hecho más que aumentar en los últimos meses. Pero si asisten con candidaturas separadas podrían entrar en una lógica de división en plena derrota del conato de República Catalana.


Del 13 al 18 de noviembre los partidos catalanes deben oficialmente transmitir la lista de sus candidatos, incluidos sus cabezas de lista. La CUP debe decidir si presenta candidatos a esta elección organizada por un Estado al que busca desobedecer, aunque ya ha dejado la puerta abierta para hacerlo.
Pero antes, los independentistas deberán enfrentar una embestida judicial.


Mañana y el viernes Carles Puigdemont y trece miembros de su gabinete, todos ya destituidos, están citados en la Audiencia Nacional para declarar como investigados por impulsar el proceso de secesión. La jueza del caso aceptó a trámite la querella de la fiscalía de imputarlos por rebelión, sedición y malversación de fondos y les impuso una fianza de 6,2 millones de euros a abonar en un máximo de tres días. Si Puigdemont no acude a la citación, la fiscalía puede solicitar su detención. Si sigue en Bélgica, España deberá enviar una solicitud de arresto.


También entre mañana y el viernes, a partir de las 9.30 horas locales, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y otros cinco dirigentes están citados a declarar como investigados por el Tribunal Supremo. La corte no ha precisado el orden de comparecencia. La fiscalía pidió que sean imputados por rebelión, pasible de 30 años de prisión, sedición (hasta 15 años) y malversación de fondos.


La Audiencia Nacional debe examinar el viernes los recursos interpuestos por los dirigentes de las dos principales organizaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, contra la prisión preventiva que les fue dictada el 16 de octubre, acusados del cargo de sedición ligado a manifestaciones secesionistas.


La duración de la intervención de la autonomía de Cataluña, amparada en el artículo 155 de la Constitución española, es en principio de seis meses, hasta abril. Según una fuente gubernamental española, se mantendrá más allá del 21 de diciembre, hasta la formación de un nuevo gobierno.

Fiscal Mueller sacude a Washington con primeros arrestos por el caso ruso

Sale a la luz que Papadopoulos, ex asesor del magnate, confesó haber mentido a la FBI


El mensaje es claro: la investigación independiente va por todos, señala experto en leyes

 

El fiscal especial Robert Mueller presentó este lunes cargos contra el ex jefe de la campaña electoral de Donald Trump, su socio y, por separado, un asesor menor de la campaña, y con ello sacudió a Washington, donde estalló otra tormenta de especulación sobre las implicaciones que esto tiene para la Casa Blanca.

Al revelarse las primeras acusaciones de la investigación en torno a la influencia rusa en la elección presidencial en favor de Trump, así como una posible obstrucción de la justicia que ha puesto en jaque a esta presidencia durante sus nueve meses en el poder, toda la atención primero se enfocó en Paul Manafort, quien fue jefe de la campaña de Trump durante varios meses en 2016, y su socio de negocios y también su segundo en la campaña Rick Gates, quienes fueron acusados de 12 cargos, desde lavado de dinero hasta conspiración (para cometer un delito), evasión de impuestos y falsedad de declaraciones.

Pero podría ser que la noticia más importante del día resultara la de un personaje secundario, George Papadopoulos, quien el mes pasado secretamente se había declarado culpable de mentir a la FBI sobre sus interacciones con personas vinculadas al gobierno ruso, y que ha estado cooperando con el equipo de Mueller durante los pasados tres meses.

Manafort y Gates fueron obligados a presentarse en las oficinas de la FBI la mañana de este lunes y después ante un tribunal federal, donde ambos se declararon no culpables de todos los cargos. Manafort tiene fijada una fianza de 10 millones de dólares, y su socio una de 5 millones; ambos están bajo arresto domiciliario, por ahora. Los dos fueron obligados a entregar sus pasaportes mientras esperan su juicio.

Los cargos formulados en su contra no incluyen referencia a la campaña de Trump ni colusión con los rusos para fines de esa campaña. Manafort es acusado de lavado de dinero por más de 18 millones de dólares, y de encubrir transferencias y presentar declaraciones falsas. Gates es acusado de transferir más de 3 millones a sus cuentas en el extranjero sin reportarlas. Todo esto mientras trabajaban brindando asesoría y cabildeo al gobierno pro ruso de Ucrania, entre otros clientes extranjeros.

Los 12 cargos son minuciosamente detallados en la acusación de 31 cuartillas del fiscal especial, que incluye cuánto dinero trasladó Manafort para pagar por la renovación de casas de lujo en Nueva York y Florida; compra de autos de lujo como Mercedes Benz, y hasta los cientos de miles de dólares que pagó a sus sastres. Los cargos sólo por lavado de dinero pueden llevar condenas potenciales hasta de 20 años de cárcel.

Al mismo tiempo, la oficina del fiscal especial informó este lunes que Papadopoulos fue detenido en julio, después de ser acusado de mentir a la FBI sobre sus contactos con un profesor ruso vinculado con oficiales del Kremlin cuando era integrante de la campaña presidencial de Trump.

Papadopoulos había intentado programar reuniones entre representantes de Trump con oficiales del gobierno ruso. Además, tenía comunicación con un profesor ruso que le informó que el Kremlin contaba con información dañina contra Hillary Clinton, entre otras interacciones. Aunque fue un asesor de bajo nivel en la campaña, algunos creen que el equipo de Mueller sabe que él tiene información que podría servir para perseguir a integrantes de mayor nivel de la campaña.

Papadopoulos ha estado cooperando con los investigadores durante tres meses, reuniéndose "en numerosas ocasiones para otorgar información y responder preguntas", según los documentos oficiales. Algunos expertos en leyes consideran que esta podría ser la noticia más preocupante para el equipo de Trump que la de su ex jefe de campaña.

Sin embargo, aunque Manafort aparentemente no está cooperando, por ahora, algunos observadores señalan que es práctica común entre fiscales atacar a un integrante clave de la agrupación bajo investigación, y presionarlo hasta que acepte cooperar –o sea, delatar a sus cómplices– a cambio de una reducción o anulación de castigos penales.

Vale recordar que Manafort es un operativo veterano en los circuitos del poder, y ha aportado sus talentos a varios presidentes y candidatos presidenciales republicanos desde los tiempos de Gerald Ford.

El presidente responde

El ocupante de la Casa Blanca buscó distanciarse de su ex jefe de campaña y restar importancia a Papadopoulos. La primera reacción de la presidencia fue, para variar, en un par de tuits de Trump. "Perdón, pero esto es de hace años, antes de que Paul Manafort fuera parte de la campaña Trump", escribió (a pesar de que en las acusaciones se comenta que algunas de sus actividades ilícitas continuaron hasta este año). Eso fue seguido por otro tuit: "También. No hay Colusión".

Poco después, Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, reiteró esta línea ante los reporteros, al declarar que "el anuncio de este lunes (sobre Manafort y Gates) no tiene nada que ver con el presidente, las campañas presidenciales o cualquier actividad de campaña". Calificó a Papadopoulos de simple "voluntario en un consejo de asesoramiento" de la campaña, olvidando aparentemente que fue el mismo Trump quien anunció su nombramiento en ese consejo.

Aunque es cierto que en los cargos contra Manafort y Gates no se menciona la posible colusión, lo anunciado sobre el tercer acusado está dirigido justo a establecer que hubo intentos de relaciones entre oficiales rusos y representantes de Trump.

Desde el viernes pasado, cuando se filtró que este lunes se presentarían los primeros cargos formales de la investigación, Trump libró una tormenta de tuits, y sus aliados repitieron su mensaje en entrevistas con los medios, acusando que la investigación de Mueller es parcial, reiterando que todo esto es una "cacería de brujas" y acusando que los verdaderos culpables de relaciones sospechosas con los rusos son Clinton y sus aliados. "Hay tanta culpabilidad por Demócratas/Clinton, y ahora los hechos se están dando. ¡Hagan algo!", escribió Trump el viernes.

Próximos pasos

Expertos en leyes y ex fiscales entrevistados por los medios trataban de interpretar lo ocurrido y sus implicaciones. "No podrían haber enviado un mensaje más claro si huberian rentado un anuncio electrónico en Times Square", comentó Patrick Cotter, ex fiscal federal y ahora abogado de defensa en Chicago en entrevista con el Washington Post. “Y el mensaje es no sólo sobre Manafort, es un mensaje a los próximos cinco tipos con quienes van hablar, y el mensaje es: ‘ahí vamos, y no estamos jugando’”.

A la vez, consideraron otros analistas, todo esto genera preocupación y hasta paranoia en la Casa Blanca sobre quién más está o no cooperando.

Por ahora todos esperan que Mueller presente cargos contra más individuos en el futuro próximo, alimentando aún más la especulación sobre quién, y qué tan cerca de la familia Trump llegará todo esto, y, obviamente, si llegará hasta el mismo presidente.

El Departamento de Justicia nombró a Mueller fiscal especial en mayo pasado para encabezar la investigación sobre la intromisión rusa en la elección estadunidense después de que Trump despidió al jefe de la FBI James Comey, incidente que ahora también forma parte de esta investigación.

Algunos ahora temen que si esta investigación avanza de manera demasiado peligrosa para la Casa Blanca, Trump pudiera despedir también a Mueller, algo que podría provocar una grave crisis política en este país.

Por ahora hay susto en varias esquinas de Washington en este Halloween.


 

El País

Las ‘fake news’ rusas en Facebook llegaron a 126 millones de estadounidenses


Los 'trolls' del Kremlin publicaron unas 80.000 entradas en esta red social entre 2015 y 2017


R. J. C.

El contenido ruso en Facebook que pudo influir en las elecciones estadounidenses de 2016 mediante noticias falsas —conocidas como fake news por su nombre en inglés— llegó a 126 millones de usuarios, según publica este lunes el diario The Washington Post. Los trolls del Kremlin publicaron unas 80.000 entradas en esta red social entre 2015 y 2017 que fueron vistas en un primer momento por 29 millones de estadounidenses. Facebook, sin embargo, calcula que entre las veces que la información fue compartida la cifra pudo haber alcanzado a un máximo de 126 millones de usuarios.


Esta cantidad es muy superior a la que en un principio se calculaba, en torno a 10 millones de norteamericanos. Esta primera estimación solo se basaba en los alrededor de 3.000 posts anunciados y pagados por la trama rusa en la compañía fundada por Mark Zuckerberg. Sin embargo, las entradas gratuitas en Facebook publicadas por el aparato del Kremlin ampliaron sobremanera el radio de difusión.


Facebook emitió el pasado 2 de octubre un comunicado explicando la situación, que se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la compañía, tanto que ha actualizado dos veces la versión inicial de 3.000 anuncios difundidos desde 470 cuentas.


En el marco de la investigación de la trama rusa, que busca esclarecer si hubo coordinación entre el equipo electoral de Donald Trump y el Kremlin para influir en las últimas elecciones presidenciales de EE UU, Google ha reconocido este lunes por primera vez que sus plataformas también se vieron comprometidas, revelando que los trolls cargaron más de 1.000 vídeos en YouTube en 18 canales diferentes. Este martes está previsto que el asesor general de Facebook, Colin Stretch, informé a la investigación de la trama rusa de la estimación que hace su compañía, es decir, que unos 126 millones de norteamericanos fueron víctimas de las fake news.


La población estadounidense afectada por las noticias falsas representa un 40% del total, unos 310 millones de personas. La cifra ha saltado a la luz el mismo día que ha sido señalado Paul Manafort, quien fuera uno de los hombres fuertes del presidente, Donald Trump. Manafor, exdirector de campaña se entregó al FBI junto a un socio suyo, Rick Gates, para responder por una docena de delitos que incluyen la conspiración contra Estados Unidos (por ocultar sus actividades y sus ingresos) y el lavado de dinero. Los cargos no se refieren a la campaña electoral, sino que se centran en la asesoría a un político ucraniano afín a Putin. En cambio, la confesión de otro asesor de Trump, George Papadopoulos, sí abona las sospechas de connivencia: admitió contactos con una persona cercana al Kremlin que le prometía trapos sucios sobre Hillary Clinton y se declaró culpable de haber mentido al respecto.


El próximo miércoles será el día que las tecnológicas se las vean con Washington. Además de Facebook, que ese mismo día dará resultados del trimeste, Google and Twitter testificarán para dar más detalles.


Google ha dado de baja, sin concretar el tipo de contenido que les hizo tomar la medida, esas 18 cuentas conectadas con la trama. Publicaron 1.108 vídeos en YouTube que se vieron más de 309.000 veces entre Junio de 2015 y Noviembre de 2016. El buscador tan solo ha reconocido que no respetaba los términos de uso de la plataforma.

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