Viernes, 28 Julio 2017 06:05

Sobrevivir a cualquier precio

Pocas cosas son tan patéticas, y a la vez tan reveladoras, como las que vive Brasil en estos tiempos de tinieblas. Tenemos a un presidente ilegítimo, un traidor vil que sirvió de elemento esencial para que el gran capital y el neoliberalismo más fundamentalista lograsen lo que las urnas electorales les había negado desde 2003: el poder.


Figura de estatura ínfima en todos los sentidos, de la política a la moral, Michel Temer representa, a la vez, uno de los más graves equívocos de Lula da Silva y del PT, que determinaron que semejante tipo fuese el compañero de fórmula electoral de Dilma Rousseff.


¿Por qué? Porque la legislación electoral en Brasil es absurda. Existen hoy como 28 partidos con representación parlamentaria, lo que hace imposible que el presidente electo llegue con mayoría en el Congreso. Pactar es inevitable. El problema, entonces, es otro: ¿pactar con quién? Pues con el que pueda asegurar esa mayoría. Alianzas espurias, desde luego, pero al fin y al cabo, alianzas. Y Temer, sólido corrupto y conocedor de los vericuetos de la compra y venta de diputados, parecía el tipo indicado.
Es en este punto específico que aparece el peligro: cuando se convive, como ha sido el caso de Dilma Rousseff en su segundo y frustrado mandato, con la peor, en todos los aspectos –moral, ético, ideológico–, legislatura en décadas, es casi inevitable que esa alianza se dé con canallas. Todos sometidos al poder del entonces vicepresidente, Michel Temer, y todos, claro, dispuestos a traicionar a cambio de diez porotos.


Si a ese cuadro se suma una presidenta sin carisma popular y de escasísimo talento para la negociación, se tiene completo el cuadro de antecedentes que llevó Brasil al callejón sin salida en que se encuentra.


Luego de la cuarta derrota electoral consecutiva frente al PT, el gran capital, las multinacionales, los medios hegemónicos de comunicación y esa sacrosanta e inasible entidad llamada “mercado” se dieron cuenta de que ya era hora de terminar con la fiesta. Y así nació el golpe armado y estructurado por el senador Aécio Neves (luego grabado cometiendo altos actos de corrupción), ejecutado por el entonces presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha (ahora en la cárcel), avalado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (que trata de armar escudos contra denuncias), y llevado a cabo por un Congreso en el que más de un tercio de los diputados y senadores se encuentran bajo investigación o fueron denunciados por corruptos.


Pasado más de un año desde la destitución de Dilma Rousseff y sus 54 millones 500 mil votos, lo que se ve es un país devastado. Los últimos sondeos indican que el gobierno ostenta el respaldo de alrededor del cinco por ciento de los brasileños.


Mientras llueven fundadas denuncias contra Temer y sus asesores más directos y poderosos, los medios hegemónicos de comunicación que fueron fundamentales para el golpe abandonan al náufrago, en especial Globo, principal responsable de que se llegara donde se llegó. También las federaciones patronales no ocultan su malestar por la demora en implantar “reformas” que benefician al capital y destrozan derechos laborales y sociales, y por la inmensa incapacidad del gobierno para impedir que la recesión no solo persista como se profundice


Los neoliberales del PSDB del ex presidente Cardoso están divididos entre los que defienden mantenerse en el gobierno y los que exigen la salida. Involucrados en sus propios escándalos, no quieren ver los de Temer y su pandilla sumado a los suyos.


La economía desangra y hay amenaza de colapso: varios sectores públicos disponen de presupuesto solamente hasta septiembre, y no se sabe de dónde sacar lo que falta. Los cortes drásticos de recursos en educación, salud pública, seguridad, hicieron que ya no haya de dónde amputar más.


Frente a ese cuadro drástico, ¿qué hace el gobierno? Trata de sobrevivir a cualquier precio e impedir que Temer sea defenestrado, lo que provocaría una fuerte presión popular para que se anticipen las elecciones previstas para octubre del año que viene. Además, destituidos, Temer y su grupo irían a parar directamente a la justicia común.
Para resistir, el gobierno aumenta de manera espectacular los gastos con publicidad inútil y distribuye océanos de dinero para comprar los votos de diputados para impedir que la Corte Suprema lo investigue.


El temor de Temer, sin embargo, no está solamente en que lo catapulten por corrupción: es que aunque la escandalosa compra de diputados resulte, él podrá ser expelido por inviable a los intereses del mercado. Ya quedó claro que el déficit fiscal previsto en astronómicos 139 mil millones de reales (unos 44 mil millones de dólares) no será alcanzado. Se prevé al menos unos siete mil millones de dólares más.


No hay la más ínfima perspectiva de retorno de inversiones, ni para que se recupere parte significativa de puestos laborales a mediano plazo. El consumo, mientras tanto, está por los suelos, y la tendencia es que se hunda cada vez más.


Para evitar ser juzgado, Temer distribuye alegremente miles de millones mientras su ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, insiste en cortar gastos básicos (hasta la emisión de pasaportes fue suspendida) en defensa del tan ambicionado ‘equilibrio fiscal’.


Por si todo eso fuera poco, ahora se supo que Meirelles, el niño mimado del mercado, ganó nada menos que 86 millones de dólares como “consultor”. Es una cifra capaz de provocarle surtos de envidia en consultores, digamos, del porte de Henry Kissinger.


Sobran razones para sospechar que esa montaña de dinero no vino exactamente de “consultorías”, sino de algo más. El dinero, claro, fue depositado en el exterior.


Cada vez que uno cree que no hay más cómo hundir al país, aparece algo nuevo para indicar que el pozo no tiene fondo.

Publicado en Internacional
Sábado, 15 Julio 2017 07:05

La contrarreforma

 

Esta fue una semana imponente para Brasil. El juez Sergio Moro condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva a más de nueve años de prisión, un día después de que el parlamento más corrupto de la historia nacional aprobara una reforma que desmantela la legislación laboral y dos más tarde de que el mismo Congreso comenzara a tratar el caso del actual presidente Michel Temer, que puede ser destituido en no demasiado tiempo.


El miércoles 12 Sergio Moro, el “juez más político de Brasil”, según la oposición petista, divulgó su decisión de sentenciar a Lula da Silva a nueve años y seis meses de cárcel, por corrupción pasiva y lavado de dinero. El magistrado de primera instancia acusa al ex presidente de haber recibido un apartamento de lujo en la periferia de San Pablo de manos de la constructora Oas, y dinero contante y sonante como pago por los favores que habría otorgado a la empresa haciéndole ganar licitaciones súper millonarias. El apartamento, un tríplex ubicado en Guarujá, en los alrededores de la capital económica del país, estaba a nombre de Oas, pero la fiscalía estimó que era del ex presidente, basándose en el testimonio del propietario de la constructora, Leo Pi¬nheiro, obtenido aparentemente por el mecanismo de la delación premiada, aunque esto último no está plenamente confirmado. Oas es, junto a Odebrecht y Jbs, una de las megaempresas implicadas hasta el tuétano en el megaescándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que Moro investiga en el marco de la operación Lava Jato. Según la defensa de Lula, Pinheiro fue presionado por Moro para que declarara contra el ex presidente.
El “caso del tríplex” comenzó el año pasado, cuando Moro acogió una denuncia elevada por el fiscal Deltan Dallagnil, un evangélico que considera a Lula como “jefe máximo” de una mafia político-empresarial. A ese binomio los petistas lo llaman “la fuerza de tareas de Curitiba”, ciudad en la que están basados. Las pruebas del delito no han sido aportadas. En su momento, Dallagnil dijo que estaba “totalmente convencido” de estar en lo cierto.


El ex obrero metalúrgico apelará el fallo (histórico, por lo demás: es el primero de un magistrado contra un ex presidente de la república) y espera que el mismo tribunal que absolvió este mes, también en segunda instancia, por falta de pruebas, al ex tesorero del Partido de los Trabajadores (PT) João Vaccari, que había sido condenado por Moro a 15 años de cárcel, tome una medida similar en su favor. Según señaló este miércoles la edición brasileña del diario español El País, de las 48 sentencias de Moro examinadas por ese tribunal, el Regional Federal de la Cuarta Región (Trf 4), basado en Porto Alegre, sólo cinco fueron anuladas. Una de ellas fue la que benefició a Vaccari, decidida por dos a uno. Los mismos jueces intervendrán en este caso. El Trf 4 no tiene fecha para expedirse, pero El País observa que acostumbra tomarse su tiempo. El caso Vaccari le insumió 22 meses, desde que el juez Moro comunicara su sentencia, en setiembre de 2015.


Lula, que esperará en libertad el fallo en segunda instancia –así se lo concedió Moro–, está decidido a insistir ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para demostrar que es víctima de una campaña de desprestigio orquestada para impedirle presentarse a las elecciones, según dijo el miércoles uno de sus abogados, Cristiano Zanin Martins. Zanin ya denunció a Moro ante ese organismo junto a su colega australiano Geoffrey Robertson, abogado del fundador de Wikileaks Julian Assange.


El ex presidente tiene otras causas abiertas, siempre en el marco de la investigación por la trama de corrupción en Petrobras, pero se anotó un porotito (muy ínfimo, eso sí, visto lo que está en juego) con el pedido del Ministerio Público Federal de archivar las acusaciones en su contra por obstrucción a la justicia. Los ex titulares de Petrobras Graça Foster y Sergio Gabrieli, que llevaron a cabo sus gestiones bajo los gobiernos del antiguo dirigente metalúrgico y de Dilma Rousseff, también fueron absueltos de ese delito.
Desde junio se sabía, por declaraciones del propio Moro, muy afecto a la exposición mediática, que la condena era un hecho. No quita que el impacto fue tremendo. En caso de que el fallo sea confirmado Lula no podrá postularse en octubre de 2018 y quedará inhabilitado por 19 años para ocupar cargos públicos.


Sin su líder histórico, el Partido de los Trabajadores no tiene posibilidad alguna de presentar un candidato potable. Y en el parlamento ni hablar de que pueda llegar a obtener una mayoría. El “partido de Lula” acaba de realizar un congreso que exhibió como un paso hacia su renovación. Pero su nueva líder, Gleisi Hoffmann, una abogada de 51 años, actual senadora y ex jefa de gabinete de Dilma Rousseff, está siendo investigada, junto a su marido, en el marco de la causa Lava Jato.


Quien sigue a Lula en las encuestas –lejos, a 15 puntos, pero le sigue– es Jair Bolsonaro, un parlamentario de ultraderecha y antiguo militar, integrante de la llamada “bancada de la bala” (los legisladores que ven con buenos ojos el gatillo fácil policial, por ejemplo). Tiempo atrás Bolsonaro calificó de héroe nacional a Carlos Brilhante Ustra, un general acusado de haber torturado a Rousseff cuando estuvo presa, y a él le dedicó su voto cuando fundamentó su “sí” a la destitución de la ex presidenta. En las últimas elecciones legislativas, en 2014, este por entonces integrante del Partido Progresista y hoy postulante a la presidencia por el Partido Social Cristiano, también conocido por infinidad de declaraciones machistas y homofóbicas, fue uno de los candidatos que más votos obtuvo para un cargo de diputado federal (casi medio millón de sufragios en Rio de Janeiro). Un síntoma del descaecimiento político que se vive en Brasil.


***


Dilma Rousseff figuró entre quienes primero reaccionaron tras la condena a su mentor político. El fallo de Moro, dijo, “es una flagrante injusticia y un absurdo jurídico que avergüenzan a Brasil. Las garras de los golpistas intentan desgarrar la historia de un héroe del pueblo brasileño. No lo conseguirán”.


La Avenida Paulista, la mayor de San Pablo, comenzaba el miércoles a ser escenario de manifestaciones a favor y en contra de Lula, que ayer jueves continuaban.


TEMER TAMBALEANTE.


La semana había comenzado también fuerte, con el inicio del proceso parlamentario que puede conducir a que Michel Temer sea objeto de un juicio político y destituido por corrupción, igual que su ex compañera de fórmula Dilma Rousseff, a la cual remplazó y contribuyó a hacer caer. El lunes 10 el relator de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, Sergio Zveiter, del Pmdb, el partido de Temer, consideró que existen indicios suficientes para que la acusación por corrupción pasiva que la Fiscalía General de la República formuló contra el mandatario sea encaminada al Supremo Tribunal Federal (Stf). Pero es poco probable que la comisión se expida en contra de Temer: de manera escandalosa, diez de sus integrantes que eran favorables a enjuiciar al presidente fueron cambiados y la correlación de fuerzas pasó de ser negativa para Temer a positiva. Uno de los sustituidos, Delegado Waldir (así se llama), calificó al presidente de “bandido” y de “jefe de cuadrilla organizada”. Sin embargo, la decisión final le corresponde al pleno de la Cámara, y allí los representantes ahora remplazados podrán votar. Según cálculos primarios, en esa instancia las cosas rodarían mal para Temer. Ya hay denuncias de que el Pmdb, uno de cuyos sectores es partidario de expulsar al relator Sergio Zveiter, está intentando sobornar a algunos legisladores para que cambien su voto y apoyen al presidente.


Si el pleno de Diputados considera que hay razones suficientes para someter a Temer a un proceso de impeachment, el mandatario sería remplazado al menos por 120 días por el titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, integrante del partido ultraconservador Demócratas. Maia fue uno de los principales impulsores de la llegada de Temer a la presidencia tras el impeachment a Rousseff. Hoy no ve con malos ojos recurrir a la misma vía para derrocar al derrocador y ocupar su lugar. Cuenta, de hecho, con el apoyo de los sectores empresariales y de los grandes grupos mediáticos, en particular de O Globo, que un día sí y otro también hace campaña en favor del legislador y contra Temer, por los escándalos de corrupción en que está envuelto el presidente. Temer tiene hoy un nivel de popularidad extremadamente bajo, de apenas 4 por ciento, el peor de un presidente en ejercicio desde que se hacen mediciones en Brasil, y se ha vuelto muy poco funcional para quienes antaño lo llevaron al Palacio de Planalto. Maia no es muy popular que se diga (en 2014 fue electo legislador con sólo 0,6 por ciento de los votos en Rio de Janeiro), y menos aun honesto (está también acusado de corrupción, como alrededor de 300 de sus colegas), pero su imagen está mucho menos desgastada que la del pemedebista.


LA MADRE DE TODAS LAS REFORMAS.


Temer se ha dado algunos gustos desde que fue confirmado en la presidencia, el 31 de agosto pasado. Está pudiendo, por ejemplo, concretar su soñado combo de reformas liberalizadoras: la de la previsión social, la que generaliza las tercerizaciones, y la laboral, la frutilla sobre la torta del paquete y la que más resistencia ha generado hasta ahora en la sociedad brasileña. La ley de tercerizaciones ya fue adoptada, la de la seguridad social está encaminada, y la laboral se acaba de aprobar, como si se tratara de un pase de último momento de una estrella para un equipo grande. La Cámara de Diputados la adoptó en la noche del martes con 50 votos a favor y 26 en contra. El proyecto, que obtuvo el consenso del Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y del Pmdb de Temer, prácticamente echa por tierra con lo básico de la legislación brasileña en materia laboral, consagrada en un código aprobado hace casi 75 años, la Consolidación de las Leyes del Trabajo (Clt). Entre otras cosas, la nueva norma liberaliza la jornada laboral (que puede llegar a ser hasta de 12 horas, y la semana laboral hasta de 48), las modalidades de contratación (generaliza los contratos basura), flexibiliza los despidos (los patrones ya casi no tendrán que fundamentarlos), permite el remplazo de personal fijo por otro precario, privilegia las negociaciones personales empleado-patrón por sobre las colectivas, suprime de hecho las horas extra, elimina la cuota sindical obligatoria, divide en tres las vacaciones anuales, reduce de una hora a media hora la pausa para el almuerzo, autoriza que embarazadas o mujeres que están amamantando puedan ser asignadas a tareas hoy consideradas insalubres, suprime los derechos que en 2014 conquistaron las empleadas domésticas... Y así. En los hechos liquida a la Clt, aprobada en 1943 bajo el gobierno de Getúlio Vargas. Los sindicatos brasileños –todos ellos, los que integran cada una de las seis centrales, desde la más zurda a la más moderada– leen esta reforma como la mayor ofensiva antisindical que ha ocurrido en décadas en el país, incluidos los 31 años de dictadura cívico-militar. Varias de estas centrales no querían nada a Rousseff y muy poco a Lula, pero la reforma laboral las unió. Contra ella hicieron dos huelgas generales en los últimos meses y gigantescas concentraciones. Una de estas manifestaciones, la última, en junio, convocó a unas 150 mil personas en Brasilia, y terminó dispersada a fuerza de gases lacrimógenos y balazos. Pero no hubo caso. “No tenemos las fuerzas suficientes”, comentó el miércoles Moacyr Roberto Tesch, secretario general de la Nueva Central Sindical de Trabajadores. Y apuntó algo que consideró “terrible”: “Algunos trabajadores festejaban el martes la aprobación de la reforma porque ya no tendrán que pagar la cuota sindical obligatoria y podrán ‘negociar’ directamente con el patrón, sin mediación gremial. Compraron el verso del gobierno de que ahora tendrán una relación de iguales con su patrón y podrán acordar mejores condiciones laborales. No se dan cuenta de que esa relación uno a uno es la más de¬sigual que pueda existir, sobre todo en las grandes empresas trasnacionales, que van a poder hacer lo que quieran. ¿Cuál es el poder negociador de un individuo aislado ante una empresa? No sería raro que hubieran comprado también el argumento gubernamental de que sin flexibilizar las relaciones laborales la inversión no llegará y la economía seguirá estancada”. Tesch prevé que sin la cuota sindical obligatoria muchos sindicatos deberán cerrar sus puertas, así de simple, por falta de presupuesto para su funcionamiento. Algunos durarán unos meses más, otros tal vez un año o dos. Los más afectados serán los gremios de los sectores de nueva sindicalización, a los que les cuesta nacer porque la represión antisindical es feroz, como algunos del campo o los de los servicios.


Un gremialista argentino, Luis Hlebowitz, comentaba por estos días en Brasilia que Brasil juega hoy en América Latina el mismo papel que Chile en las décadas del 70 y el 80: “el laboratorio de las reformas neoliberales. Los trabajadores del conjunto de la región debemos tenerlo en cuenta, porque cosas así se intentarán aplicar en todos los países”, dijo, y remarcó que en Argentina el gobierno de Mauricio Macri, “un gobierno de empresarios, si los hay”, está intentando avanzar en el mismo sentido que el brasileño. Tantea, progresa a ensayo y error, con un poco más de prudencia que Carlos Menem en los años noventa, aunque con el mismo fin. “Cuanto más fuertes sean los sindicatos menos podrán plasmar sus proyectos”, dijo Hlebowicz.


Según un documento de la Universidad de Campinas, la reforma fue redactada por escribientes de la Confederación Nacional de la Industria y la Confederación Nacional de la Agricultura y obtuvo el apoyo de la Federación Brasileña de Bancos y de las principales empresas del sector de la comunicación, entre ellas el grupo O Globo.


La nueva norma sólo entrará en vigor pasados 120 días de su promulgación por el presidente, es decir al menos en noviembre, descontando que Michel Temer la refrende la semana próxima. Algunos sindicatos y partidos de izquierda se proponen aprovechar ese tiempo para hacerla inaplicable en los hechos, con recursos judiciales, manifestaciones, huelgas, ocupaciones. Es el caso de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Alimentación, que agrupa a más de un millón y medio de personas en todo Brasil. Su líder, Artur Bueno de Camargo, dijo a Brecha que la semana próxima se reunirá con representantes de otras 16 confederaciones sindicales, que en total agrupan a 80 millones de trabajadores, para impulsar una estrategia de resistencia activa a la reforma. “Para eso nacimos los sindicatos, para resistir los planes del capital, conquistar derechos y tratar de impedir que saquen cada vez mayores tajadas a costa nuestra, ¿no?”



La reacción de Lula


“Atacan un proyecto distinto de país”


Hablando de sí mismo en tercera persona, el ex presidente brasileño dijo ayer, jueves, en su primera reacción ante el fallo del juez Moro, que la sentencia “no es contra Lula sino contra el pueblo brasileño, (...) contra un proyecto de país. (...) Ellos intentan destruir todo lo construido durante estos años por los trabajadores, las conquistas y las cosas más simples, como la industria nacional. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. Por eso les digo: ‘Señores, permitan que el pueblo haga lo que ustedes no saben hacer’”.


Tras afirmar que no había en el texto de la sentencia ninguna prueba real en su contra y sí muchas consideraciones “políticas”, dijo que el “ataque” a su persona es de la misma naturaleza de la embestida que terminó con la destitución de su sucesora y correligionaria Dilma Rousseff y contra “las fuerzas democráticas” “Es el mismo golpe. (...) Están destruyendo los fundamentos de la democracia”, proclamó. Lula terminó hablando directamente de su candidatura para las presidenciales de octubre de 2018, sobre la cual hasta ahora no se había pronunciado, y dijo que sí se postulará una vez más. “Voy a reclamarle ese derecho al PT”, gritó, en medio de las aclamaciones de sus partidarios: “Brasil, urgente, Lula presidente”.



Comentarios en la aldea


Tirios y troyanos


La complicada situación procesal de Lula generó, como era de esperar, instantáneos comentarios de los dirigentes políticos de la oposición local, ávidos por capitalizar la mala noticia sobre uno de los íconos del progresismo de la región. Así, se pudo divisar desde la crítica más directa y corrosiva de los representantes del partido político con mayores chances de destronar al Frente Amplio en 2019 (el aliancista Pablo Abdala escribió: Lula tenía “relaciones carnales con la Oas. En 2013 vino a Uruguay por la regasificadora en el avión de la empresa. Pidió por la Oas a Mujica”) hasta la cuidadosa alusión a la corrupción sistémica que afecta a toda la clase política, según el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.


En las huestes frenteamplistas, notorios dirigentes del Movimiento de Participación Popular, como Daniel Caggiani o Alejandro Sánchez, apuntaron a la “falta de pruebas” reconocida por el propio fiscal del caso y a los efectos de la reforma laboral implementada por Michel Temer. Algo similar fue esbozado por el socialista del ala garganista Gonzalo Civila en Twitter: “Venganza oligárquica”.


El Pit-Cnt difundió un comunicado en el que expresó su solidaridad con el ex presidente, “con el movimiento sindical y popular brasileño” y repudió el procesamiento por considerarlo “arbitrario e ilegal”. La movida del juez Moro es interpretada como un paso más de la “oligarquía corrupta y golpista” que “derrocó a Dilma y puso en marcha un brutal ajuste contra el pueblo brasileño”, que es resistido por el movimiento sindical y popular brasileño con protestas “brutalmente reprimidas, en la ciudad y en el campo, con heridos y varios muertos entre los campesinos que luchan”.

Publicado en Internacional

Uno de los principales aspectos de la coyuntura que atravesamos hoy en Colombia radica en la concreción del Acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. La manera como el Congreso de la República está desarrollando cada una de las leyes a que obliga el Acuerdo deja mucho que desear, tanto que “Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido”, afirma Alirio Uribe, Representante a la Cámara.

 

Llego a la Feria del Libro para entrevistar a Alirio Uribe Muñoz luego de un acto cultural al cual está convocado; al ingresar a Corferias procuro no sentir el malestar suscitado por un evento que se supone de libertad e intercambio de ideas y sueños –parte del espíritu de los libros aquí encadenados; Feria a la que es obligatorio pagar varios miles de pesos para poder ingresar y donde, además, lo cobrado para poder exhibir la oferta editorial obstaculiza la presencia de las editoriales que funcionan como iniciativas culturales y no como empresas comerciales.

 

Acudo rápido al salón donde debe estar Alirio, a la hora justa señalada en la invitación. Al llegar me encuentro con la novedad que ya no es ahí. Tomo el camino hacia el nuevo salón, el auditorio está lleno. Me sorprende porque el diseño del evento parece concebido para que no llegue nadie.

 

Escucho las palabras de Alirio. En su voz se revela el dolor por tantos jóvenes sacrificados en la larga y antigua batalla brindada en nuestro territorio por el derecho a vivir una vida digna. Sus palabras traen a mi pensamiento las diversas geografías del campo colombiano –Sumapaz, Fusagasuga, el Magdalena Medio–, donde Gaitán forjó el movimiento por la restauración moral y democrática de la república. Los años han pasado y la mentalidad que se niega a democratizar el país aún se mantiene. Ayer respondieron con el magnicidio al clamor de un pueblo por la tierra y por vida digna. Respondieron con la represión y el exterminio. Abrazaron como su soporte ideológico y bandera guía, el anticomunismo y la doctrina del enemigo interior instaurada por el gobierno de los Estados Unidos. Con estos pilares desataron, potenciaron y prologaron durante décadas una confrontación que terminó engendrando una tenaza internacional, la misma que aún se sirve del conflicto para lucrarse y para mantener un feroz control social.

 

Al finalizar el evento, buscamos un lugar donde tomar un café y poder conversar sobre lo que está aconteciendo con el desarrollo legislativo de los acuerdos de paz.

 

Entre dilaciones y cambio de sentido

 

El Congreso de la República, me dice, tiene dos caras o tiene diferentes momentos: uno es el momento de la refrendación de los acuerdos, en el que hubo un apoyo total al proceso. Un 85 por ciento de sus integrantes respaldó los acuerdos. Pero otro es el actual, en el que la autonomía legislativa que debe comportar esta columna del poder liberal es utilizado por algunos sectores para seguir “renegociando” los acuerdos. Hay ejemplos que así permiten afirmarlo:

 

En el caso del Sistema de verdad, justicia reparación y garantías de no repetición, quedó legalizado como Acto Legislativo Nº 01/17, con el cual se eleva a rango constitucional la Comisión de Verdad, la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas y todo lo concerniente a la Justicia Especial de Paz (JEP). Con base en ese acto legislativo el Presidente expidió los decretos leyes el 5 de abril de este año, que crean el comité de escogencia de los miembros del sistema de justicia y paz, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y la comisión de la verdad, convivencia y no repetición.

 

¿Por qué los expiden como decretos legislativos? Porque el Congreso está en una actitud hostil al fast track, actitud adversa agudizada a pocos meses de su aprobación. Entonces, solamente lo que requiera reforma constitucional o leyes estatutarias pasará por este recinto. Y todo lo demás saldrá como decreto presidencial con fuerza de ley, pasando luego a revisión de la Corte Constitucional.

 

El problema con lo aprobado es que el ministerio de Defensa le metió redacción tratando siempre de eliminar la responsabilidad de mando de los militares, elevando su impunidad, para morigerar la responsabilidad de los empresarios y financiadores de la guerra. Y eso se notó en los temas incorporados por el ministerio de Defensa, manipulación de lo acordado que también se notó en los decretos reglamentarios que brindan la libertad a los militares; interés y énfasis que contrasta con las demoras para darle paso a lo ordenado por la ley de amnistía, con los indultos, con las salidas de los guerrilleros presos en las cárceles. (Ver recuadro, “El doble rasero”).

 

 

¿Qué falta por expedir y/o reglamentar en este tema del Acuerdo? Falta una ley estatutaria que es la que va a desarrollar la JEP. Esto es por Constitución, pues la justicia se reglamenta mediante leyes estatutarias; el Presidente no puede hacerlo de manera directa. Supongo que tendremos una ley estatutaria muy breve, que reglamenta la JEP, y después un decreto ley que reglamenta todo lo demás, lo fino, los detalles. Si tramitaran todo esto en el Congreso, vendría un nuevo recorte de lo acordado.

 

En este punto también tenemos varios temas que competen a las víctimas, que para su implementación requieren una reforma de la ley de víctimas, del marco legal vigente. El que también saldrá por decreto ley, para así evitar más recortes.

 

Para la oposición

 

Sucede similar con el Estatuto de oposición, que fue aprobado incorporando el noventa por ciento de las propuestas presentadas por los pequeños partidos. Pero la reforma política, de fondo, deja la incertidumbre, hasta ahora: ¿será aprobada? ¿En qué condiciones?

 

¿Por qué esta incertidumbre? Porque la Misión Electoral elaboró una propuesta muy buena, pero no hay ambiente en el Congreso para aprobarla. Se presentó una reforma al artículo 108 sobre adquisición progresiva de derechos políticos, y hay que reconocer que fuimos escuchados y que el articulado fue mejorado en la ponencia que está en debate. Se crean tres categorías de participación: ciudadanos, movimientos políticos y partidos políticos.

 

Todo parece ir bien, pero cabe la crítica al ítem de la participación ciudadana, la fundamental por promover, pero afectada por cargas que pretenden derrumbarla. Su propósito es que a partir del 2019 los movimientos ciudadanos no puedan poner candidatos presidenciales. Hoy pueden hacerlo. Un evidente retroceso. A partir del 2019 los ciudadanos solo pueden postular candidatos a nivel municipal y departamental. Si quieren hacerlo a nivel presidencial deben convertirse en un movimiento político. Deben tener aparato, afiliados, requisitos..., y si alcanzan el umbral del 3 por ciento o más, pues ya es un partido, con todos los derechos. La parte critica de esta concepción es que privilegia la representatividad por sobre la participación. La participación hoy se da con la organización ciudadana, pero la reforma privilegia el partido político.

 

Enfatizo. La reforma era tan buena que fue imposible. Afectaba a todos los poderes: al Consejo de Estado, a la Procuraduría, al poder electoral... Sustraía al Consejo de Estado las funciones electorales. El Consejo de Estado maneja las pérdidas de investidura y define si una sanción de estas se tramita en seis meses o en cuatro años. Si le quitas esa prerrogativa al Consejo de Estado le quitas poder político. El Procurador puede destituir funcionarios de elección popular. El Registrador Nacional, una persona puesta por los partidos políticos y por el jefe de Estado, define quién es el Presidente, los gobernadores, los 1.200 alcaldes, los 100 senadores, los 160 representantes. El Registrador es quien entrega las fichas y dice: mire, usted ganó. Es el que cuenta los votos, los anula, o los aprueba. La reforma que presentaron suprimía el Consejo Nacional Electoral.

 

Todas las minorías felicitamos a la Comisión que presentó la reforma. Y bueno, comenzamos a negociar. Propusimos aprobar al menos ciertas partes para que empezaran a funcionar, no ahora, sino para dentro de cuatro años. Dejar intacto el Consejo de Estado y aprobar la reforma de los aspectos más problemáticos. El Consejo de Estado organizó una jornada de examen de la reforma y propuso sustraer funciones del poder electoral y entregarlas al judicial.

 

Como minorías, laboramos con la idea de “abramos un poco la puerta”, porque si nos colocamos en la posición de todo o nada, no obtenemos nada. Avancemos un poco, y más adelante miramos cómo avanzamos más. Avanzamos, por ejemplo, en el tema de financiación estatal.

 

Seguimos, en esta lógica, a la expectativa de qué sucederá con la reforma política. Entregamos una carta al Presidente pidiendo los temas de transición para nosotros, como minorías: voto electrónico, coaliciones, umbral, financiación estatal de la campaña, mecanismos de transparencia, de censo electoral... La pregunta es: ¿se van a modificar, o no, los aparatos de poder que afectan la democracia?

 

Todo este proceso nos permite comprender la complejidad de adelantar un movimiento de democratización. Cada institución procura de modo inercial conservar y elevar sus poderes. Hay necesidad de avanzar paso a paso.

 

Marco legal para las Farc, y otros actores

 

En la reforma política también se avanzó con una reforma constitucional para darle paso a la reincorporación política de las Farc; esta es la norma que establece que como partido tendrá cinco senados y cinco cámaras por ocho años, precisando en detalle las reglas para la reincorporación.

 

También viene el proyecto de acto legislativo que crea las circunscripciones especiales territoriales de paz: las diez y seis curules Cámaras que corresponden a los territorios en los que la gente nunca ha tenido participación. Por ejemplo, Catatumbo es una zona especial, se vuelve una circunscripción de paz, se elige un Representante y no puede ser postulado por partidos políticos, sino que debe ser postulado por organizaciones sociales, gente que lleve viviendo, por lo menos, tres años en la región, gente que no haya participado en ningún partido tradicional. Esto ya está casi listo.

 

También está en preparación una ley sobre participación ciudadana, donde se diferencia el accionar de los movimientos sociales ya establecidos como tales, de los ocasionales, así como de la participación ciudadana en general, enfatizando sobre el respeto a la vida de los dirigentes sociales; también la financiación de estos actores, etcétera. Para elaborar esta propuesta se llevó a cabo una amplia consulta por todo el país.

 

Avanza, de igual manera, una reforma al artículo 108 de la Constitución Nacional, que tiene que ver con la adquisición progresiva de los derechos para los partidos políticos, lo que nos ha consumido una cantidad enorme de tiempo. ¿Cuál es la dificultad? Quieres hacer una reforma política democrática derivada de un acuerdo de paz, y debes lograr el consenso del gobierno, el de las Farc, y después debes acudir a un Congreso en el que las minorías políticas tienen el 10 por ciento y las mayorías el 90 restante.

 

A marchas forzadas

 

El tiempo que tenemos para que esto proceda es poco, ya que el 16 de junio vencen las facultades extraordinarias del Presidente para expedir decretos legislativos que desarrollen los acuerdos de paz. Como las cosas en el Congreso no están avanzando con la disciplina y con la celeridad requerida, me imagino que el Presidente sacará ochenta decretos a las diez de la noche de aquel día. Dudo que tales decretos sean consultados en el mecanismo de coordinación que tiene el Gobierno con las Farc, y más dudas de que sean consultados con las organizaciones ciudadanas que resultan afectadas en cada tema de los acuerdos. Entonces, en esos decretos puede salir de todo, bueno y malo, concertado e impuesto. Además, todo pasará a la Corte Constitucional para su revisión, y no será extraño que más de un decreto caiga.

 

Hay un antecedente que brinda pistas sobre lo que puede venir: La Corte Constitucional envió un mensaje resaltando que los desarrollos de los acuerdos deben ser vía Congreso, como vía principal, y excepcionalmente por medio de decretos. Esta decisión nos inquieta porque, por ejemplo, la traumática aprobación del paquete de medidas de la JEP exigió que muchos temas fueran desarrollados vía decreto presidencial. Y esto, entonces, estaría en riesgo. La consecuencia final, final, de todo esto, es que los acuerdos van quedando en el limbo en cuanto a su cumplimiento. Un riesgo real, del cual veremos en pocos meses sus consecuencias.

 

Así vamos. Después del 20 de junio quedamos a órdenes del Congreso, porque será el único órgano que podrá desarrollar los acuerdos durante el segundo semestre. Y tendría que ocuparse de todo lo que esté pendiente, de lo que la Corte eventualmente tumbase, y no veo ningún ánimo en este Congreso para hacerlo, y menos con las elecciones del 2018 en ciernes.

 

Una paz maltrecha. Nosotros continuamos participando y generando los espacios de participación, en tierras, victimas... pero las cosas realmente van muy lentas. En tierras lo que quiere hacer el gobierno es sacar adelante su agenda agroindustrial neoliberal. Su visión de Zidres, de derecho de superficie, su visión de ciervos de la gleba, con un campesinado proletarizado al servicio de las multinacionales. Desconocimiento de la economía campesina, indígena, afrocolombiana. Si el gobierno, con las corporaciones y los gremios detrás, quiere revivir una reforma rural regresiva vía fast track, las Farc la rechazará y nuestras bancadas tampoco la aprobarán. Quedaremos en la bancada del Centro Democrático: votando no. Hoy estamos defendiendo la ley 160.

 

Insisto: una paz maltrecha. Un proceder de esta naturaleza convierte a los acuerdos en un pliego de peticiones histórico e incumplido.

 


 

Recuadro 1


El doble rasero

 

Hasta los primeros días de mayo han salido más o menos 300 presos de las Farc, de un total de 1.500 que deben salir. Esta coyuntura política y jurídica la aprovechan miles de presos para solicitar su excarcelación, lo cual puede congestionar los juzgados destinados para este fin. Se estima en 10.000 las solicitudes que pueden estar actualmente en revisión, solicitudes de presos por porte ilegal de armas y similares. Como es obvio, al final solo se otorgan beneficios a quienes estén en las listas del Gobierno. Para completar, los Jueces de Ejecución de Penas aprovecharon la urgencia del Acuerdo y como tenían un pliego de peticiones viejo, hicieron como hacen las bancadas en el Congreso, usan su poder. Los jueces hicieron paro y pasó entonces otro mes sin tramitar los indultos.

 

Hay otro grupo de prisioneros de las Farc que no tienen indulto, sino excarcelación, porque van a ser juzgados en el marco de la Justicia Especial. A ellos habría que llevarlos con vigilancia a las zonas veredales, aún en construcción, y el Inpec dice que no tiene dinero para llevarlos, o que no tiene guardianes para colocarlos en el terreno para que los cuiden. Aparece el Estado como un elefante que no puede cumplir con lo fijado en el Acuerdo.

 

Esto contrasta con la celeridad del Ministerio de Defensa para sacar de la cárcel a 1.200 militares, sentándose con el Fiscal y con el Gobierno para que expida un decreto especial que permita que el Fiscal General dé la salida a los militares.

 


 

Recuadro 2

 

Entre la norma y la realidad

 

La intención de las Farc, antes del 2 de octubre, era que los acuerdos integraran la Constitución; como tal opción se perdió con el No, fueron redactadas normas de salvaguarda. Una de ellas, ya aprobada como reforma constitucional, consistió en señalar que los acuerdos fuesen el parámetro de implementación, de interpretación, de legislar, de emisión de fallos judiciales. Se redactó una norma constitucional de salvaguarda en el sentido de que todo lo que se haga para desarrollar los acuerdos debe hacerse respetando de buena fe el espíritu y el texto de los acuerdos. Esto parece procedente, pero lo que uno siente es que gobierno, gremios, corporaciones, no les interesa el desarrollo de los acuerdos. Sabemos también que así los acuerdos estuvieran en la Constitución, o así los desarrollos legislativos de los acuerdos fueran perfectos, fueran armónicos, una cosa es tener la ley y otra la realidad. Entonces, en términos políticos, la lucha continúa.

 


 

Recuadro 3

 

Mirando hacia el 2018

 

El proceso de unidad de las fuerzas sociales y políticas en favor de los acuerdos sigue avanzando. Para el Polo va mal, porque la salida de Clara –si bien debilita a unos y fortalece a otros– genera alguna confusión dentro de la sociedad sobre la vigencia de este partido.

 

Más allá de ello, en el mediano plazo, y de manera más amplia, se continúa pensando y trabajando en función de las convergencias. Y así se trabaja sobre la reforma política. Se habla con todos los sectores y personalidades de fuerzas afines, se busca candidata o candidato que venga de estos sectores, por ello se continúa hablando con Petro, Fajardo, Robledo, Claudia, Navarro, con la ASI, los Verdes, con Marcha Patriótica, con Maíz, la Unión Patriótica, con las Farc sobre reforma política, se acompaña el proceso con el Eln. Falta una decisión que diga: vamos a hacer algo conjunto. Pero hay un diálogo que puede ir por bloques más o menos afines, a lo cual ayuda el ejercicio de reforma política vivido durante más de seis meses, el cual generó un ambiente de confianza con los liderazgos que podrían caber en un proceso de unidad. Desde el punto de vista legal, lo importante acá es lograr un marco favorable tal, una reforma que rija a partir de 2018, con lo cual los diálogos tendientes a la unidad podrían agilizarse.

 

También hay que tener claro que los políticos decentes, que existen al interior de los partidos tradicionales, también padecen el sistema. El presidente del Partido Conservador, por ejemplo, se queja de que un Senado está costando entre cinco y diez mil millones de pesos. La política así, se ha convertido en un mercado.

 

Un ambiente crítico y de cambio que podemos aprovechar. Creo que para todas las izquierdas hay un escenario de oportunidad por la gran corrupción y desprestigio de los políticos tradicionales y de sus partidos, tanto de Uribe como de Santos.

Publicado en Edición Nº235

La carga violenta, y hasta donde se pudo observar unilateral, de la policía, que dejó un saldo de 49 heridos, fue seguida por el despliegue de las fuerzas armadas determinado a través de un decreto presidencial.

 


“Asesinos, asesinos”. Son las 15.50 del miércoles, estamos en el centro de Brasilia, a unos 150 metros del Congreso cuando surge espontáneo el insulto de la multitud dirigido a un helicóptero policial que vuela a baja altura con actitud intimidatoria. El estruendo de los rotores agrega adrenalina y algunos erigen sus dedos mayores en gesto de “fuck you”. La provocación aérea ocurre minutos después de haber sido disparadas varias bombas de gases lacrimógenos y balas de goma. El primer ataque fue lanzado por la Tropa de Choque policial, con uniformes camuflados en negro y gris contra un grupo de jóvenes arrodillados con los brazos en alto gritando consignas contra la violencia. Luego vinieron más explosiones causando la dispersión de unos mientras otros gritaban, desde grandes camiones con parlantes, como los que desfilan en carnaval, “no retrocedamos, vamos a quedarnos hasta que se caiga Temer”.


“Están tirando indiscriminadamente, nosotros estamos desarmados”, dijo a los gritos, para hacerse oír, la profesora Jandira Pinheiros, del sindicato de educadores de Minas Gerais a PáginaI12. “Me dicen que le tiraron con armas de fuego a un compañero , están mandando socorristas para verificar” se suma Claudio Silva del Sindicato de los Bancarios de Brasilia. “Por favor cuenten esto en todo el mundo porque acá la Globo lo va a esconder”. Horas más tarde se confirmaría que la policía utilizó armas de fuego en la represión que dejo 49 heridos.


Brasilia está en llamas. El gobierno post-democrático encabezado por Michel Temer parece degradarse hacia un régimen autoritario. La carga violenta, y hasta donde se pudo observar unilateral, de la policía, fue seguida por el despliegue de las Fuerzas Armadas determinado a través de un decreto presidencial.


Dentro del Congreso se replica la indignación de los millares de indignados reunidos en su entorno. Legisladores del Partido de los Trabajadores (PT) y el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) se insubordinan contra el presidente de la Cámara baja, el conservador Rodrigo Maia de Demócratas (DEM), que justifica el decreto, pero luego se contradice. El régimen tambalea.


“No reconocemos la legitimidad de esta sesión mientras dure el estado de excepción” lanza el jefe del bloque diputados del PT, Carlos Zarattini.


Afuera del Palacio el secretario general de la CUT, Marcos Nobre, se espanta: “esto me recuerda los peores momentos de la dictadura...ni bien comenzó a llegar la gente comenzó a ser reprimida”.


Hay decenas de miles de militantes que llegaron en columnas de varios estados como Marcos Gonzalves Vasallo, de 26 años, que viajó con su madre durante más de 16 horas en un ómnibus de la CUT de San Pablo. “Vinimos a protestar como trabajadores porque Temer me sacó la beca universitaria que me había dado Dilma, este tipo es un ladrón. Los pobres queremos que vuelva Lula”, le cuenta a este diario mientras muestra una cartulina donde reclama la beca perdida.
La índole autoritaria de Temer se percibió desde que ingresó por asalto al Palacio del Planalto el año pasado e instituyó el lema “Orden y Progreso”. Aquel 12 de mayo, mientras Temer carraspeaba al pronunciar su primer discurso - llegó a quedarse sin voz - la policía le propinaba una paliza sobreactuada a unos muchachos que intentaron subir por la rampa del palacio. Era una advertencia. Luego, a fines de junio del año pasado, vino un decreto sobre la nueva política de inteligencia que restableció el espionaje político.


Finalmente el miércoles de la semana pasada explotó el escándalo que posiblemente le costará el gobierno: el dueño del frigorífico JBS, Joesley Batista, lo grabó mientras avalaba el pago de un soborno a su aliado Eduardo Cunha, que purga una condena de 15 años por corrupción. Dos días después de esa revelación Temer convocó al ministro de Defensa, Raúl Jungmann, y a los jefes militares cuyo protagonismo político fue incrementándose junto con la desintegración del gobierno surgido tras la deposición de Rousseff.


Desde que tomó estado público su pacto con JBS Temer se tornó un mandatario nominal, sin autoridad sobre sus aliados a los que sólo les preocupa montar una sucesión que garantice el ajuste neoliberal e impida elecciones directas, porque de haberlas probablemente vencería Lula, que es la demanda de los que ayer fueron reprimidos en Brasilia.


La pequeñez política de Temer se hizo patente ayer cuando algunos de sus socios cuestionaron el llamado a los militares para actuar contra los manifestantes que exigen su renuncia y el llamado a elecciones “directas ya”.


Convocar a 1.500 hombres del Ejército y la Marina es “una insensatez” protestó el senador Renán Calheiros, jefe del bloque del partido de Temer, el PMDB.


Si una parte del PMDB ya no le responde, que decir de los otros dos partidos que forman la alianza oficialista, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y Demócratas (DEM), que ya dejaron de acatar las instrucciones del Palacio del Planalto aunque no hayan roto formalmente.


“No voy a renunciar” habría repetido ayer por la noche Temer durante una reunión de urgencia con sus correligionarios después de la multitudinaria movilización en la que participaron el PT, la Central Unica de los Trabajadores, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo y la Unión Nacional de Estudiantes.


¿Provocadores?


Los lances de guerra urbana contra los manifestantes en la superavenida brasiliense de 250 metros de ancho se completaban con la desinformación en tiempo real. “La policía está reaccionando ante el ataque de grupos violentos” narraba una radio de la cadena Globo mientras este reportero observaba lo contrario: camionetas policiales camufladas se desplazaban a alta velocidad por el cantero central de la Explanada, dando cobertura a la Tropa de Choque que disparaba a mansalva.


No es posible que un cronista pueda contar todo lo ocurrido durante varias horas en un teatro de operaciones tan amplio. Lo que se vio fueron cargas periódicas, cada vez más violentas contra un público en su mayoría desarmado. Algunos canales de televisión reportaron actos focalizados de supuestos Black-blocs y otros grupos minoritarios. Que puede o no ser verdaderos.


Se recuerda que esas acciones foquistas ya fueron pretexto para represiones desproporcionadas en las movilizaciones de 2013, cuando hubo una sugestiva proliferación de estas células de dudosa autenticidad. En una de aquellas movilizaciones un joven agitador, de buen porte, instó a cientos de militantes a invadir el palacio vidriado de la Cancillería. Finalmente el agitador destrozó una de las vidrieras e ingresó, cuando la custodia de la Cancillería lo rodeó les avisó “soy uno de ustedes”. El extremista era, en realidad, un fusilero naval infiltrado.


El peor veneno

Por Emir Sader


Se dice que los animales venenosos, cuando están por morir, tiran sus peores venenos. Ese parece ser el comportamiento de Michel Temer, a quien sus mismos aliados ya habían comunicado que su gobierno había terminado. Ayer llamó, precipitadamente, a las fuerzas armadas, para protegerse de la manifestación más grande de la historia de Brasilia, con 150 mil personas llegadas de todas las provincias de Brasil.


Cuando se enteró de la orden de Temer, el presidente del Supremo Tribunal Federal afirmó que esperaba que no fuera cierto. El presidente de la Cámara de Diputados aclaró que le había solicitado fuerzas policiales para proteger el Congreso, pero no soldados. El gobernador de Brasilia dijo que no sabía nada. La oposición trata de revertir la decisión del presidente, que es ilegal, ya que no puede apelar a las fuerzas armadas en las actuales circunstancias.


Se preveía la caída de Temer para el 6 de junio, y que su salida se dé por decisión del Superior Tribunal Electoral. Ahora ese conteo regresivo ya parece demasiado largo. Temer se mudó del palacio presidencial porque decía que oía voces extrañas. Ahora esas voces parecen bastante mas claras para él. Termina su gobierno y se abre la disputa sobre la vía de su sucesión: elección indirecta por un Congreso absolutamente desprestigiado o elecciones directas, con el fantasma de Lula acechando peligrosamente.

Publicado en Internacional
Lunes, 22 Mayo 2017 07:21

¿Y la paz quedó hecha trizas?

Demoledor el golpe dado a los Acuerdos de paz para finalizar la guerra civil colombiana por la uribista y ultraderechista Corte Constitucional. Le dieron curso a la orden emitida por la reciente Convención del Centro Democrático de hacer trizas los "malditos acuerdos de paz".

Es imperativo ampliar en 120 días más el proceso de la dejación de las armas por los combatientes de las Farc. Es inevitable extender los territorios y plazos de las Zonas veredales para rescatar el sueño de la paz.

Por encima de la prepotencia de ciertos personajes es necesario consultar las bases populares en las Asambleas de los comandantes farianos para, con el apoyo del marxismo y el leninismo, construir nuevas rutas de acción, nuevas tácticas y afinar la estrategia del cambio que se construye con la paz.

El golpe dado por la retardataria Corte Constitucional al Acuerdo de paz del Estado colombiano con las Farc, negociado durante casi seis años, firmado el pasado 24 de noviembre del 2016 en el Teatro Colon de Bogotá, es demoledor y muy grave para la terminación de la prolongada guerra civil nacional.

La paz quedó en un limbo.

La paz fue hecha trizas. Quedó en jirones.

Desde luego, no es el único acto de sabotaje y de zancadillas traicioneras a los consensos de paz.

Paso a paso, desde distintos puntos del establecimiento oligárquico, se ha desplegado una macabra estrategia para estrangular la paz y al movimiento guerrillero.

Conviene mirar el contexto del tiempo.

El plebiscito se impuso y las cosas se le colocaron, desde el gobierno nacional, en bandeja de plata a los sectores ultraderechistas que encabeza Uribe Vélez para que los promotores del No, mediante una masiva campaña de mentiras, se alzaran con un triunfo negacionista de la paz, llevando a una primera renegociación que afecto puntos cardinales de los pactos alcanzados.

Posteriormente el ataque se trasladó a las Cámaras legislativa mediante el uso del denominado filibusterismo parlamentario, utilizado para recortar elementos fundamentales de la justicia para la paz y promover la impunidad de funcionarios públicos involucrados en delitos de lesa humanidad y de los particulares que financian las bandas paramilitares. El Gobierno y sus ministros hicieron también su aporte, pues retrasaron deliberadamente la radicación de los proyectos convenidos con las Farc.

Los bloqueos a la amnistía y excarcelaciones; la operación tortuga en el trámite legislativo de los proyectos de paz; los micos en la Consulta previa; la promoción del modelo Zidres, en el marco de la implementación del tema de la Reforma Rural Integral; el sistemático asesinato de líderes populares y de integrantes y familiares de las Farc; el fomento gubernamental al neoparamilitarismo organizado desde las brigadas militares y comandos policiales; y el desgreño oficial y la corrupción en la conformación de las Zonas veredales; las incoherencias y el burocratismo en la sustitución de cultivos ilícitos, nos ofrece un cuadro nítido y contundente de la arremetida violenta y desleal con los textos y la esencia de los consensos alcanzados por las partes.

Después de la Convención del Centro Democrático, evento en el que se decidió hacer trizas el “maldito acuerdo de paz”, vino el peor de los asaltos a la arquitectura de la paz.

El fallo de la oscurantista Corte Constitucional, lleno de sofismas y argucias liberaloides, mediante el cual se anula el denominado Fast track, como procedimiento expedito para la implementación formal de la paz, deja en el aire todo. Arrasa con todo lo construido en los últimos años. Destruye su espina dorsal.

No necesitó la ultraderecha uribista acceder a la Presidencia para lograr su mayor cometido. Se lo anticipó un parapeto desviado de la fementida división de poderes.

Es como si partiéramos de cero.

Es como un borrón y cuenta nueva.

Es la quintaesencia de la naturaleza traicionera de la criminal oligarquía que domina el Estado.

Toca barajar nuevamente.

Proceder en el campo popular con serenidad y talento. Sin precipitarse.

Por lo pronto es inexorable ampliar el plazo de los 180 días del protocolo para la dejación de las armas, con 120 días más.

Es necesario reconfigurar las Zonas Veredales en su ámbito territorial y en los tiempos previstos.

Se supone que vendrá la deliberación de los comandantes guerrilleros farianos en Asambleas y reuniones para determinar los movimientos tácticos y afinar el objetivo estratégico de la paz.

Ámbitos en los que resulta conveniente reflexionar sobre el comunicado conjunto con el ELN en el Encuentro de La Habana; sobre el proceso de Quito con los elenos; sobre los planes acordados por Santos con D. Trump para destruir, desde territorio colombiano, el Estado y el gobierno de Nicolas Maduro, mediante la utilización de las bases militares gringas y los grupos neoparamilitares; sobre nuevas formas de la división intestina y el enfrentamiento de las elites y sus facciones; sobre las formas de lucha del movimiento social en auge debido al agravamiento de la recesión económica; sobre los sentidos e implicaciones de la denominada “paz imperfecta”; y sobre la potencia constituyente reflejada en una Asamblea Constituyente popular y comunal que trascienda la vetusta institucionalidad que sofoca la reconciliación de los colombianos, como lo acaba de demostrar la Corte y lo confirmara la paquidermia parlamentaria.

Lo cierto es que a la resistencia campesina revolucionaria y a sus voceros le hace poco bien confiarse tanto en el aparato institucional de la oligarquía. Muchas veces lo hemos dicho acá, de Santos no hay que confiarse, hay que recelar al máximo de sus palabras y sus compromisos. Es un traidor nato. Un mentiroso de profesión

Nota. Es en momentos tan críticos como los actuales, que herramientas teóricas como el marxismo y el leninismo, son tan apropiadas para proyectar la acción política. La política revolucionaria no puede dejarse atrapar por el formalismo liberal y la maquinación oligárquica. Hay que acudir al pueblo, a la movilización de masas, a la organización y la disciplina. El arte del enemigo es el de desorganizar su adversario, dividirlo y confundirlo para aplastarlo. El arte de los revolucionarios es buscar la unidad, la cohesión y la más amplia convergencia, haciendo a un lado el engreimiento y la prepotencia que caracteriza a ciertos iluminados de la paz.

Publicado en Colombia

Dijo que no va a renunciar a la presidencia pese a haber sido grabado aprobando una coima

Temer anunció en un discurso de cinco minutos que permanecerá en la presidencia a pesar de que el Tribunal Supremo le inició una investigación, se disuelve su coalición parlamentaria y miles de brasileños reclaman su salida en las calles de todo el país.

Fue más efímero de lo que se esperaba. Michel Temer anunció ayer en un discurso de cinco minutos que permanecerá en la presidencia a pesar de las pruebas al parecer consistentes de que acordó comprar el silencio de su aliado Eduardo Cunha con dinero del frigorífico JBS, un gigante de la producción alimenticia y de la industria de la corrupción. Temer, aún en libertad, y Eduardo Cunha, preso por su participación en el escándalo Lava Jato, urdieron el plan que hace un año y siete días derrocó a Dilma Rousseff, contra quien no apareció ninguna prueba documentada de corrupción a pesar del esmero con que fue investigada por los fiscales y policías federales.

El mandatario estaba sólo al presentarse ante la prensa a media tarde de un jueves lluvioso. No había ministros ante cámaras y detrás suyo aparecía el lema “orden y progreso” . Impostó un tono de voz severo, quebrado un par de veces por la afonía o los nervios, para proclamar “no renunciaré, repito, no renunciaré, sé lo que hice, sé de la corrección de mis actos (...) sé lo que hice (...) no solicité que eso (soborno) ocurra” . Fue el momento más alto del pronunciamiento saludado con un aplauso escuálido. “Nada tengo que esconder (...) no preciso de cargo público ni de foro especial, nada tengo a esconder”.


De esa forma comunicó que permanecerá en el Palacio del Planalto pese a que su gobierno posiblemente ya expiró: lo abandonaron los banqueros, las empresas periodísticas y sus socios políticos.


“El gobierno se acabó”, sintetizó Alberto Goldman, vicepresidente del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) que hasta el miércoles era una de las dos fuerzas centrales de la coalición encabezada por el Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer.


Fernando Henrique Cardoso, el líder del PSDB y otro de los inspiradores de la caída de Dilma, recomendó la renuncia del todavía mandatario. Protegidos por el anonimato dirigentes socialdemócratas dijeron al diario Valor que por más que se esfuerce Temer caerá.


Minutos después del discurso presidencial pronunciado n el Palacio del Planalto custodiado por miembros del Ejército y la policía, se constataron sus primeros efectos políticos: la Bolsa de Valores de Valores de San Pablo se desplomó casi el 9% y el real se devaluó más del 8% ante el dólar. Si hasta la semana pasada la banca privada nacional y extranjera, y los inversores eran fiadores de Temer fue porque éste les aseguró desmontar el sistema previsional y la legislación laboral, algo que ahora parece casi imposible ante el desbande de la base parlamentaria. El senador socialdemócrata Ricardo Ferraco, a cargo de la reforma laboral, anunció que el proyecto dejó de ser prioridad , y otro tanto ocurrirá con el jubilatorio que ni siquiera fue aprobado en Diputados.


La pulverización del poder presidencial y la ineficacia del anuncio de permanecer en el cargo se vio también en los ocho pedidos de impeachment presentados en la Cámara baja donde la semana próxima se tratará una enmienda constitucional que permita convocar a elecciones directa.
El jefe del bloque del PT Carlos Zarattini, dijo en el Plenario que la obstinación de Temer atizará la indignación popular y agravará el “caos”. “Ya hace tiempo de que el presidente se tendría que haber ido”, remató.


El PT, la Central Unica de los Trabajadores, los campesinos sin tierra y los trabajadores sin techo convocaron a una movilización nacional para el domingo bajo las consignas “Fuera Temer” y elecciones “Directas Ya” , repitiendo una consigna heredada de las marchas contra la dictadura, que finalmente impuso comicios indirectos en un colegio electoral formado por congresistas en su mayoría adictos al régimen.

Golpe continuado


La asonada que volteó a Dilma el 12 de mayo de 2016 posiblemente comenzó, de hecho, el 4 de marzo de aquel año cuando el juez Sergio Moro ordenó allanar el departamento de Luiz Inácio Lula da Silva sin amparo legal, sólo para humillarlo y hacerle saber que aparato judicial-policial lo había elegido como su enemigo.


El golpe tampoco terminará el día en Temer eventualmente deje el gobierno, porque sus antiguos aliados, que lo fueron hasta el miércoles parecen, no parecen dispuestos a permitir elecciones directas advertidos de que Lula sería el vencedor como lo indicaron todas las encuestas publicadas este año.


El expresidente Cardoso, la cadena Globo y legisladores conservadores manifestaron ayer su respaldo a la realización de elecciones indirectas para elegir al sucesor del actual gobernante y concluir el mandato el 31 de diciembre de 2018. Si lograran ese objetivo no sería otra cosa la prolongación del golpe a través de la proscripción de más de unos 120 millones de brasileños empadronados en el colegio electoral.


Que haya o no elecciones directas depende, en buena medida de las movilizaciones del próximo domingo, que posiblemente serán masivas. En un preludio de lo que pueden ser esos actos ayer hubo concentraciones importantes en San Pablo y Río de Janeiro donde la Policía Militarizada volvió a reprimir.


A pesar de la impostación de su discurso de ayer Temer posiblemente sea un hombre abatido, “este es el peor momento de mi vida” habría dicho uno de sus colaboradores que luego lo contó a la prensa. Su empecinamiento puede explicarse en una última jugada política que apuesta a la reversión del cuadro de situación. O a la desesperación de un hombre de 76 años que sabe que al otro día que deje el gobierno perderá su foro privilegiado y posiblemente será preso por la justicia común. Su situación judicial es tan precaria como su circunstancia política.


El ministro Edson Fachin, de Supremo Tribunal Federal, autorizó la apertura de una investigación ante los indicios de que pactó la coima Joesley Batista el propietario de JBS, que se acogió a la delación premiada para atenuar la pena que debería purgar por varios casos de corrupción. Esa empresa ya fue noticia hace dos meses por el escándalo de la “Carne Podrida” .


Joesley Batista entregó la semana pasada al Supremo el registro hecho con un grabador oculto durante una reunión con el presidente celebrada en la residencia oficial el 7 de marzo. Temer cuestionó la validez de esa prueba obtenida de forma “clandestina”, cuyo audio comenzó a ser divulgado en la noche de ayer.


El presidente de la Orden de Abogados de Brasil, Claudio Lamachia, manifestó su “perplejidad” sobre la escucha, sumándose al coro de entidades que cuestionaron al mandatario.”Si se comprueban los hechos divulgados por los medios en mi evaluación el presidente pierde toda posibilidad de permanecer en el cargo, estamos ante una situación gravísima, si los hechos se confirman, y pareciera que hay bastantes elementos, son repugnantes”.


Opinión


Camisinha

Por Washington Uranga


La tarea de Michel Temer está cumplida y, en consecuencia, también su mandato como Presidente está a punto de concluir. El verdadero propósito de quienes lo llevaron hasta el sitial de la presidencia fue, en primer lugar, garantizar el golpe parlamentario contra Dilma Rousseff. Luego, una vez en el cargo, Temer debía habilitar los caminos “institucionales” y legales para desandar lo hecho por el gobierno del PT y sus aliados. En otras palabras: echar por tierra las conquistas de derechos construidas durante los gobiernos de Lula y de Dilma. Varios pasos fueron dados en esa línea a pesar de las protestas y de la resistencia popular. Otros fueron frenados por esa misma movilización. Es más: en este preciso momento Temer estaba en camino a introducir profundas reformas en el régimen laboral e impositivo, con graves perjuicios para los derechos de los trabajadores.


La pregunta es ¿por qué en este momento los mismos que lo llevaron hasta la presidencia generan las condiciones para la renuncia y/o destitución del Presidente? Sin temor a equívocos podría sostenerse que Temer ya cumplió con su cometido y que, por debilidad política y por desgaste, ya no le sirve más a quienes, de alguna manera, fueron sus mandantes y su sostén, incluyendo entre estos actores al poder financiero aliado con el sistema de medios de comunicación. Una vez que lo usaron, lo tiran, lo descartan. En español se suele utilizar la palabra “forro” para calificar a las personas que asumen tales conductas. En portugués: camisinha.


Más allá de que Temer se aferre hoy a la presidencia tanto él como su círculo saben que el mandato, por la vía que sea, llegó a su fin, ya se hizo la tarea sucia. Mientras tanto, los buitres del poder ensayan los mecanismos, también “institucionales”, para reemplazarlo por otros personajes que le sean funcionales pero que no aparezcan ante la opinión pública y la ciudadanía tan embarrados con la corrupción y el fraude. Hay que lavar la cara del fraude.


Quienes ahora surjan, independientemente de sus nombres, emergerán como “salvadores” ante la crisis, como “patriotas” dispuestos a inmolarse por la patria. Seguramente serán empresarios exitosos que, pudiendo gozar de su prestigio y de sus riquezas, deciden entregar parte de su tiempo para trabajar en bien de la patria. Y, por este camino y en alianza con el Poder Judicial como herramienta política, intentarán cerrarle a Lula el regreso a la presidencia, lugar al que hoy podría volver por voto popular.


Un nuevo fraude a la democracia se está concretando ahora en Brasil. Habrá que ver, sin embargo, de qué manera se hace presente la movilización y la resistencia popular en las calles y de qué forma se procesa el conflicto político social más allá de los círculos cerrados de la política y el poder económico.

Publicado en Internacional
Jueves, 13 Abril 2017 06:48

Un tsunami político golpea a Brasil

Un juez del máximo tribunal presentó una lista de funcionarios contra los cuales hay indicios serios de corrupción: varios son ministros de Temer –quien les dio su aval–. Cardoso, Rousseff y Lula también figuran en el informe.



Implosión. Ocho de los veintiocho ministros del excepcional gobierno brasileño fueron incluidos en la lista de políticos involucrados en el escándalo que investiga la causa Lava Jato a cargo del Supremo Tribunal Federal. El juez del Supremo Jorge Edson Fachin, sucesor del fallecido Teorí Zavascki, presentó un listado de funcionarios contra los cuales hay indicios serios de corrupción, en el que figuran el jefe de gabinete Eliseu Padilha y el secretario general de la Presidencia, Wellington Moreira Franco, pertenecientes al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), y desde hace años lugartenientes del presidente Michel Temer. En la “Lista de Fachin” también aparecen el reciente canciller Aloysio Nunes Ferreira y su antecesor José Serra, ambos del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), agrupación liderada por Fernando Henrique Cardoso, considerado uno de los inspiradores del golpe que derrocó a Dilma Rousseff para terminar con el “proyecto de poder delictivo del Partido de los Trabajadores”.


Los expresidentes Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff fueron citados por el juez Fachim, y dado que no tienen foro privilegiado –como los ministros y legisladores– sus causas serán tramitadas ante jueces de primera instancia, como Sergio Moro.


El informe de Fachin se basó en una denuncia de la Procuraduría General de la República elaborada a partir de las “delaciones premiadas” de Marcelo Odebrecht y ejecutivos de su empresa constructora.


Claro que esas confesiones no bastan para condenar a nadie y requieren de pruebas que las sustenten.
En una de las declaraciones bajo juramento de Marcelo Odebrecht, éste contó la cena compartida en 2014 con el entonces vicepresidente Michel Temer, que tuvo entre sus comensales al hoy ministro Padilha, y en la que se acordó el aporte de millones de dólares ilegales para la campaña del PMDB.


Ayer ninguno de los ocho ministros consignados en la “Lista de Fachin” presentó su renuncia al cargo en los que fueron implícitamente ratificados por Temer durante una ceremonia oficial.


El siempre solemne jefe de estado habló de un país probablemente inexistente donde “avanzamos” aceleradamente hacia las “osadas reformas” estructurales que cuentan con el apoyo del Poder Legislativo.


El discurso lleno de optimismo expresado en el Palacio del Planalto se dio de bruces con el vacío que se observaba en el Congreso, donde fueron suspendidas las sesiones plenarias ante el tsunami desatado por las denuncias que enlodaron a 63 parlamentarios, incluyendo al jefe de la Cámara Alta Eunicio de Oliveira y a su colega de Diputados Rodrigo Maia.


El caso es que ni los fiadores del régimen parecen creer en las palabras ilusorias de un mandatario doblemente excepcional: que nunca tuvo legitimidad electoral y ahora parece haber perdido parte del apoyo de los grupos de interés que lo llevaron al poder.


“Las delaciones (de Odebrecht) enflaquecen al gobierno y complican la sucesión de Temer” escribió, realista, el diario financiero Valor Económico, que está lejos de ser opositor y apoya el programa neoliberal en curso. Ayer por la noche el Supremo Tribunal Federal comenzó a distribuir los HD con decenas de horas de confesiones de los “arrepentidos” de Odebrecht, en las que podrían surgir más revelaciones excluidas del informe presentado por Fachin.


Por lo pronto el magistrado cumplió con sobriedad la tarea que heredó de su colega Teorí Zavascki, muerto en enero pasado en las costas de Río de Janeiro en un accidente aéreo cuyas causas son investigadas por peritos de la Aeronáutica. La desaparición de Zavavacki no fue una mala noticia para Temer y los suyos.


El ex magistrado fue el único miembro del Supremo Tribunal Federal que se permitió encuadrar al gobierno a través de una serie de decisiones y hasta puso límites a los atropellos del juez Sergio Moro, en su papel perseguidor de Luiz Inácio Lula da Silva.


Con su muerte quedó enterrada la jurisprudencia por la cual si un presidente en funciones es sospechado de corrupción debe ser objeto de investigaciones. Esa tesis fue reemplazada por otra, acatada por Fachin y festejada por Temer, que prohíbe abrir pesquisas sobre un mandatario mientras está en el ejercicio del cargo sobre hechos anteriores a su mandato

Publicado en Internacional

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) confirmó este lunes públicamente que existe una investigación sobre la interferencia rusa en la elección presidencial estadunidense, que incluye una posible coordinación entre el Kremlin y el equipo de campaña del entonces candidato Donald Trump, y desmintió al presidente al afirmar que no hay evidencia de su acusación respecto de que su predecesor ordenó la intervención telefónica de sus oficinas en la Trump Tower.

En una audiencia ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el jefe de la FBI, James Comey, declaró que su agencia en general no comenta sobre investigaciones en curso, pero que en este caso el Departamento de Justicia lo autorizó a confirmar que se realiza una investigación de contrainteligencia sobre la interferencia rusa en la elección estadunidense y que ésta fue iniciada en julio del año pasado.

Informó que la investigación cubre "la naturaleza de cualquier vínculo entre individuos asociados con la campaña de Trump y el gobierno ruso, y si hubo cualquier coordinación entre la campaña y los esfuerzos de Rusia". Agregó que incluye también "una evaluación sobre si se cometieron delitos".

Comey y Mike Rogers, director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que lo acompañó en la audiencia, afirmaron que no hay evidencia de que la interferencia rusa haya cambiado votos en la elección. Casi de inmediato Trump envió un mensaje por Twitter en el que afirmó: "la NSA y la FBI informan al Congreso que Rusia no influyó en el proceso electoral". Sin embargo, más tarde en la misma audiencia, Comey indicó: "no era nuestra intención" señalar que las acciones de Rusia no tuvieron impacto sobre la elección.

Antes que empezara la audiencia, Trump ya había descalificado la investigación sobre Rusia, al aseverar en un tuit que no existe ninguna prueba de que él conspiró con Rusia y que cualquier afirmación cotraria es "noticia fabricada". Reiteró su acusación de que los demócratas han fabricado esa historia "como excusa por haber realizado una terrible campaña (electoral)".

De hecho, a lo largo de la audiencia de más de cinco horas, Trump no dejó de comentar en su cuenta de Twitter sobre lo ocurrido, y hasta en un momento dado atacó a Comey por negarse a informar si él comentó elementos de la investigación sobre la interferencia rusa con Obama el año pasado.

Los republicanos fueron obligados a ceder a la necesidad de abrir una investigación legislativa sobre la interferencia rusa en la elección, después de que en un informe en enero las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyeron que eso ocurrió, y después de que los medios revelaron que Michael Flynn, el primer asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (y antes asesor de campaña de Trump), ocultó contactos con el embajador ruso en Washington, por lo cual fue despedido, y que el ahora procurador general Jeff Sessions omitió informar que también tuvo contactos con ese mismo embajador como senador y también asesor de esa campaña.

Pero los republicanos están tratando de cambiar el enfoque de la investigación hacia las filtraciones a la prensa sobre el asunto. "Si Rusia intentó influir en nuestro proceso democrático es increíblemente importante, y parte de eso podría llegar a tener el nivel de un delito, pero otra parte no. Una cosa en la que usted y yo estamos de acuerdo es sobre la difusión delictiva de material clasificado; eso es definitivamente un delito", dijo en la audiencia el representante republicano Trey Gowdy.

Trump hizo eco de esto en otro tuit esta mañana, cuando declaró: "la historia real que el Congreso, la FBI y todos los demás deberían indagar es la filtración de información clasificada. ¡Se tiene que encontrar al filtrador ahora!"

En torno a la explosiva acusación de Trump de que el entonces presidente Barack Obama había intervenido sus teléfonos en sus oficinas de la Torre Trump en octubre del año pasado, poco antes de la elección, Comey declaró este jueves: “no tengo información que respalde esos tuits” de Trump, y aseguró que el Departamento de Justicia tampoco. Agregó que ningún presidente tiene autoridad para ordenar ese tipo de vigilancia electrónica, y explicó que desde los años 70 existe un proceso riguroso para solicitar autorización para intervenir comunicaciones de cualquier estadunidense, y que eso sólo puede hacerse con la orden de un juez en un tribunal especializado, según la ley conocida como FISA.

Más aún, Rogers también rechazó este lunes la versión de que la inteligencia británica espió a Trump a solicitud de Obama –otra acusación de la Casa Blanca–, al afirmar que eso sería imposible.

Con estos desmentidos tajantes de la acusación que hizo Trump hace dos semanas, a los cuales también se han sumado el Departamento de Justicia, ex jefes de inteligencia y el propio Obama, la presión sobre la Casa Blanca para ofrecer una disculpa se intensificó –algunos legisladores republicanos ya lo han solicitado–, pero no hay ninguna señal de que Trump esté dispuesto a hacer tal cosa.

Se citó a una audiencia más sobre el tema de la interferencia rusa en las elecciones ante este mismo comité; también habrá audiencias sobre lo mismo en el Comité de Inteligencia del Senado. Se prevé que la investigación de la FBI continúe unos meses más.

Suprema Corte

Este lunes arrancó el proceso de ratificación del juez Neil Gorsuch, nominado por Trump para la Suprema Corte ante el Comité Judicial del Senado. Se espera que los republicanos, con su mayoría, ratificarán al juez federal, pero los demócratas tienen la intención de pintarlo como un conservador que ha favorecido a intereses empresariales y que podría poner en jaque la legalización del aborto, derecho ganado en 1973 y bajo ataque por conservadores desde entonces.

Si, como se espera, Gorsuch es ratificado, otorgará una mayoría conservadora de cinco jueces al máximo tribunal del país, contra cuatro liberales moderados.

Publicado en Internacional

Es difícil imaginar el proceso de paz entre el gobierno nacional y las Farc sin recurrir, paradójicamente, a la metáfora de la guerra para ilustrarlo. Tal vez porque es el recurso más antiguo en la historia de los narradores para explicar eventos cruciales de la vida o porque estamos contaminados con más de cincuenta años de conflicto armado. De cualquier manera, siempre es mejor la guerra como metáfora que como realidad. En ese sentido es admisible decir, entonces, que en la segunda semana de marzo, tras varios días de debate en la Sala Plena del Senado, la paz ganó otra batalla con la aprobación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que, sin embargo, dejó una sensación agridulce, por no decir amarga.


Tras refrendar el Congreso los acuerdos el treinta de noviembre del año pasado  yaprobar, días después, la Corte Constitucional el Fasttrack, se daba inicio a un nuevo capítulo del proceso de paz: blindarlos jurídicamente, una condición fundamental para su implementación efectiva.


El primer paso en este sentido se dio el mismo lunes dos de diciembre con la creación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz (Csivi), conformada por tres delgados de las Farc: Iván Márquez, Jesús Santrich, Victoria Sandino y tres del Gobierno Nacional: Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo. Esta instanciatiene por objetivo vigilar que los acuerdos se cumplan, dada la tendencia del presidente Juan Manuel Santos a grabar sobre piedra promesas que luego incumple, y a su vez dirimir los conflictos que surjan en la implementación.


A su vez, para cubrir todos los frentes, se instaló el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), organismo conformado por: la ministra del trabajo, Clara López Obregón, y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Joshua Mitrotti, en representación del gobierno nacional; y Arturo Alape y Jairo Quintero, en nombre de las Farc. Este Consejo tiene el objetivo de establecer el cronograma y adelantar el seguimiento de la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. Del mismo modo otras instancias se encargan de vigilar la seguridad de los reinsertados, con observadores del Gobierno, las Farc y delegaos internacionales.


Así, en estas condiciones el Gobierno pudo presentar, con la bendición de las Farc, las normas y leyes al Congreso de la República. Pero de inmediato surgieron varios problemas. El primero: la priorización. Desde un principio el Gobierno dijo que tenía cincuenta iniciativas por presentar, pero muchas de ellas aún en borrador. La más urgente, dado que las Farc sólo durarían 180 días concentrados en los campamentos, era la ley de Amnistía e Indulto, entendida como «la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía; o la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada», y el indulto como“un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” .


Fuentes oficiales habían marcado el cinco de diciembre como fecha límite para radicarla en el Congreso, pero sólo hasta el 19 del mismo mes lo hicieron realidad. Con la ley en el Congreso surgía el segundo obstáculo: la oposición. Si bien el Ejecutivo tiene en su bolsillo a la mayoría en el Congreso, existía cierta incertidumbre frente al alcance de la oposición para frenar el proceso de paz; específicamente del Centro Democrático. Como era de esperarse se hicieron escuchar afirmando que la amnistía y el indulto, tal y como la radicaron, abría las puertas a la impunidad. Sin embargo, varios expertos han afirmado que este proceso de paz es el único en la historia de acuerdos en el mundo donde las guerrillas se someten a ser juzgadas.


Aún así, pese a la oposición, la ley se aprobó en primer debate de Cámara y Congreso y el 31 de diciembre el Presidente la sancionóbajo la ley 1280 de 2016. La agilidad del trámite pudo provenir de los micos introducidos a esta norma, como los beneficiosa militares condenados y presos.


El segundo proyecto, considerado por el Gobierno como la columna vertebral de la paz,no corrió con la misma fortuna. En febrero del presente año el Ejecutivo envió al Congreso el proyecto de JEP. Pero luego de varios días de debates, el ocho de marzo se aplazó la votación cuando varios congresistas entraron en confrontación. Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático, le respondió a Jairo Estrada: «Claro, como les gusta es el plomo»; luego de que aquel dijera que no le gustaba la posición del Centro Democrático frente a la JEP Ante lo cual, unmiembro de Voces de Paz arremetió insinuando que el CD eran paramilitares. Claudia López, a su vez, también lanzó sus mordaces comentarios contra este partido cuando se salieron en plena votación: «aquí no los invitamos al salón social sino para que vengan a legislar. Con todo y que se ganaron la curul en una rifa, no son capaces ni de eso», afirmó.


Pero, más que por lo anterior, los retrasos fueron provocados por ciertas bancadas para ganar tiempo y así poder implementar las modificaciones necesarias para beneficiar a militares y ciertos miembros de la sociedad civil, es decir, dejarde par en par la puerta de la impunidad y, sobre todo, cerrar con doble llaveel cuarto de la verdad.


Con la Jurisdicción Especial para la Pazse conformarán ocho órganos cuyos objetivos son la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición del conflicto. Estos son:la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición; la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el Tribunal Especial para la Paz; la sala de recomendación de verdad, de responsabilidad, y determinación de hechos y conductas; además, habrá una sala de definición de situaciones jurídicas, la sala administrativade indulto, la unidad de investigación y Acusación y la secretaría ejecutiva. Todo un cuerpo robustecido al que dejaron sin herramientas para lograr la la justicia y la verdad.


Así, el lunes 13 marzo, tras de días de debate, la plenaria del Senado aprobó la JEP con 61 votos a favor y dos en contra (de Claudia López y Antonio Navarro en representación de Alianza Verde) y con sus respectivas modificaciones. «No va haber una casería de brujas», dijo Roy Barreras en relación a que la sociedad civil, entendida como aquellos sectores de la sociedad que fueron determinantes en el conflicto,puede estar tranquila ya que se le «quitó a la normala referencia a los financiadores de los paramilitares y quedó que sólo los que hayan cometido infracciones al DIH de manera “sistemática” podrán ser llamados a comparecer» .A su vez, los políticos procesados por hechos relacionados con el conflicto podrán someterse a la JEP para recibir beneficios. Así, muchos empresarios y políticos despertaron al día siguiente sonrientes, sus abadís, como el congresistaGermán Varón y su partido Cambio Radical (además del Centro Democrático), les quitaron un peso de encima. Del mismo modo se deben sentir las Fuerzas Militares que, «estando incursas en importantes violaciones de los derechos humanos durante el conflicto, quedan blindadas frente a la persecución penal gracias a esta reforma» .


Aún así, tanto el colombiano en general como la víctimaen específico se acostaron aliviados sabiendo que cada vez es más remota la posibilidad del retornodel conflicto, aunque con ello se vea afectada la verdad y la justicia, en cierto grado.
Aún faltan por debatir otros proyectos prioritarios, entre ellos dos fundamentales: el estatuto de oposición y las garantías para creación del partido político de las Farc. Los demás, si bien no prioritarios, no dejan de ser importantes: entre estas la ley de tratamiento penal diferenciado para delitos relacionados con cultivos de uso ilícito, «cuando los condenados o procesados sean campesinos no pertenecientes a organizaciones criminales»; «la suspensión de órdenes de captura de integrantes de las Farc-Ep o personas acusadas de serlo o de colaborar con dicha organización»; «el acto legislativo y normas de organización sobre la Unidad para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) y de la comisión para el esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la No Repetición», entre otros más.


Volviendo a la idea principal, el proceso de paz ha sido una guerra en la que, como todas, aun ganando siempre se pierde algo. Pero, afortunadamente, en esta no son vidas.

Publicado en Colombia
Miércoles, 15 Marzo 2017 07:39

“La lista de Janot” hace bailar a Brasil

Entre los implicados en el escándalo de corrupción hay hombres fuertes del Partido Movimiento Democrático Brasileño, de Temer, y de la Socialdemocracia Brasileña. La lista se mantuvo en secreto desde diciembre pasado, para no “desestabilizar”.

 

Es la noticia del año, por ahora. La Procuraduría General de la República envió a la Corte una lista de 83 políticos, entre los que estaría el hombre fuerte del gobierno de Michel Temer, Eliseu Padilha, y otros funcionarios envueltos en el escándalo de corrupción investigado en la causa Lava Jato.

Se trata principalmente, según versiones extraoficiales, de referentes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Temer, y del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex candidato presidencial Aécio Neves y su abuelo político, Fernando Henrique Cardoso.


PMDB y PSDB son las fuerzas que sustentan al gobierno surgido de la asonada que hace nueve meses desalojó a Dilma Rousseff del Palacio del Planalto con el pretexto de moralizar y estabilizar (así como “despetizar”) al país.


La democracia fue “atacada (...) y violentada por la corrupción y el abuso de poder económico y político” sostuvo el procurador Rodrigo Janot al anunciar la conclusión del informe que era aguardado desde la semana pasada.


Janot solicitó ayer por la noche al ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, que abra investigaciones a 83 ministros, senadores y diputados, beneficiados por el foro calificado, alcanzados por las delaciones premiadas de 77 ejecutivos de la constructora Odebrecht.


Aunque “La lista de Janot” fue guardada bajo siete llaves en la “Sala del Cofre” del tercer piso del palacio del Supremo Tribunal Federal, ya se filtró que en ella figuran el jefe de la Casa Civil Eliseu Padilha y otros cuatro ministros, además de los presidentes del Senado, Eunicio Oliveira y de Diputados, Rodrigo Maia.


Traducido: no sobrevivió ninguna pieza importante del engranaje político-mafioso montado por Temer para gobernar hasta el 31 de diciembre de 2018.


Un vocero del mandatario dijo que de aquí en adelante se inicia el período “post delación del fin del mundo” en la que se intentará continuar con las (contra)reformas previsional y laboral.


La Bolsa de Valores de San Pablo, que se disparó cuando fue derrocada Rousseff, ayer cayó el 1,5 por ciento y el 5 por ciento las acciones de Petrobras: señal de que el mercado financiero duda sobre cuánta gobernabilidad le queda al mandatario cuyo capital político depende, no de su aprobación popular, sino de la profundidad y velocidad del ajuste. “Prefiero ser impopular a populista” dijo Temer a la revista británica The Economist, cuyo enviado se sorprendió por las convicciones neoliberales del entrevistado.


Siempre de acuerdo con las filtraciones publicadas por las ediciones on line de los diarios Estado y Folha, la Procuraduría solicitó que el Supremo Tribunal investigue al actual canciller Aloysio Nunes Ferreira y al anterior, José Serra, así como al senador Aécio Neves, los tres del PSDB.


El propio Temer también habría sido nombrado más de 40 veces por los arrepentidos de Odebrecht, luego de acordar hacer delaciones premiadas a cambio de la mitigación de sus penas.


Según esas confesiones Temer, secundado por Eliseu Padilha, negoció en una cena celebrada en 2014 el aporte de unos 3 millones de dólares ilegales con Marcelo Odebrecht, ex titular de la constructora, que purga una pena de 19 años de prisión.


El contenido de los archivos posiblemente será publicado en los próximos días, con el fin del secreto de sumario, luego de que sean revisados por el ministro Fachin, que asumió como relator de Lava Jato en enero reemplazando a Teoríi Zavascki, fallecido en un accidente aéreo el 19 de enero. Zavascki era tenido como el juez más imparcial del Supremo, y posiblemente el más temido por Temer.


El informe elevado al Supremo Tribunal tiene un anexo sobre 211 personas sin foro privilegiado, donde estarían Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, cuyos expedientes serán girados a jueces ordinarios.


Es un hecho que el anuncio del procurador puso nocaut, o al menos dejó groggy, a la actual administración. Y es igualmente cierto que la Justicia demoró en iniciar esta fase del proceso Lava Jato: las confesiones de los ejecutivos de Odebrecht habían concluido y fueron homologadas en diciembre del año pasado.


No son convincentes los argumentos esgrimidos para justificar tanta demora, que más bien parece haber sido un respiro para asegurar la estabilidad del régimen.


En paralelo a la parsimonia del jefe de la Procuraduría, algunos jueces del Tribunal Superior Electoral dejaron trascender que están dispuestos a ser indulgentes en otra causa contra Temer, porque si lo condenaran alimentaría el clima de inestabilidad e ingobernabilidad.


Fantasmas


Desde Europa, donde visitó Suiza y Portugal, Dilma Rousseff denunció un plan, apoyado por jueces, para posponer las elecciones de octubre del año próximo en las que, según los sondeos, Lula podría ser electo para un tercer mandato.


Uno de los responsables de esa trama, que confirma la complicidad judicial en el golpe, sería el ministro Gilmar Mendes, miembro del Supremo y titular de Tribunal Electoral.


“Pueden cambiar las reglas de las elecciones presidenciales con la introducción del Parlamentarismo o postergar las elecciones del año que viene”, avisó Dilma desde Ginebra.


Luego siguió viaje a Lisboa, donde ayer pronunció una conferencia en la Fundación José Saramago donde el público coreó “Fuera Temer”.
La ex presidenta, que al parecer aspira a candidatearse al Congreso en 2018, comentó una declaración del mandatario, quien contó que dejó el Palacio de Alvorada luego de percibir, junto con su joven esposa Marcela, que la residencia estaría ocupada por “fantasmas”.


“Viví allá y nunca ví nada de eso, nunca vi ningún fantasma”, declaró Dilma con algo de ironía sobre su sucesor, al que volvió a acusar de “golpista” y suele calificar como un “intruso” en Alvorada.

Publicado en Internacional
Página 1 de 5