Domingo, 17 Septiembre 2017 07:44

Perspectivas del posconflicto

 

El Ejército de Liberación Nacional colombiano acordó un cese al fuego con el gobierno, pero existen dudas sobre la consistencia de ese acuerdo. En su segundo gran capítulo de diálogos de paz, el gobierno de Juan Manuel Santos se encontró con una contraparte mucho más sólida ideológicamente y más firme en sus exigencias que las FARC. Estas últimas se reconvirtieron en partido, pero sin caras o discursos nuevos.

 

El pasado 4 de setiembre la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, anunciaba que los equipos negociadores del gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) habían alcanzado un acuerdo de cese al fuego bilateral y temporal, al que se le denominó Acuerdo de Quito.

La tregua negociada se extenderá entre el 1 de octubre y el 9 de enero del año próximo, lo que implica que no representa el definitivo fin del conflicto ni se entregarán las armas por parte de la guerrilla. Durante el período en curso hasta la fecha de inicio de este transitorio alto el fuego se prepararán todos los protocolos –que son bastantes y complejos– que permitirán mecanismos de información mutua en los territorios en conflicto buscando minimizar los riesgos de ruptura del acuerdo que deberá ser consensuado entre las partes. También intervendrán los veedores de las Naciones Unidas, que procederán a supervisar el proceso en el lugar, y terminará de definirse en su integridad el rol de la Iglesia Católica respecto de estas negociaciones.

Más allá del cese transitorio de hostilidades mutuas, el Acuerdo de Quito implica que la guerrilla no atente durante este período contra ninguna infraestructura del país (incluidos sus oleoductos), no siembre más minas antipersonales y deje de reclutar a menores por debajo de la edad establecida por las normas del derecho internacional humanitario. Por su parte, el gobierno colombiano se compromete a fortalecer y reforzar la legislación que regula lo que se conoce como “alertas tempranas” –un sistema previsto para proteger a los líderes civiles y sociales– y desarrollar un programa de carácter humanitario para la población carcelaria de militantes del Eln –aproximadamente medio millar de reclusos–, asistiendo de forma adecuada a quienes necesiten un tratamiento sanitario especial o a quienes tienen enfermedades terminales, así como reubicando a los presos para acercarlos a sus familias y protegerlos dentro de los penales. Además, la recientemente aprobada ley que se refiere a la amnistía e indulto para presos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) se amplía para los miembros del Eln, rebajándose y despenalizándose ciertos tipos penales asociados a la protesta social.

El acuerdo contempla un lapso de tres semanas destinado a que quienes negociaron en nombre de la guerrilla vayan a los correspondientes frentes de guerra a explicar el contenido de lo firmado en Quito y las condiciones de la tregua. Esto es consecuencia de que –a diferencia de las extintas Farc, en las que el secretariado de la guerrilla daba una orden y ésta se cumplía sin discusión– el Eln, pese a su estructura militar, funciona como una especie de federación de frentes en combate donde se consensúan los acuerdos de manera más horizontal.

En paralelo, gobierno y guerrilla acordaron ampliar el período de negociaciones, que entrará en su cuarto ciclo a partir del 25 de octubre. De hecho está previsto que al final de este primer período de cese de hostilidades se haga una evaluación de cómo ha avanzado la agenda de negociaciones con el fin de prorrogar por más tiempo la tregua.


ORÍGENES DE UNA GUERRILLA.


El Eln nació en 1964, casi a la par que las Farc, inspirándose en una ideología que mezcla cristianismo, marxismo inspirado en la revolución cubana y nacionalismo radical.

Sus orígenes reales datan de un par de años antes, cuando cinco estudiantes colombianos viajaron a La Habana en condición de becados. Allá fue fundada la Brigada José Antonio Galán, a la cual se unirían un año después varios sacerdotes vinculados a la teología de la liberación. Dos de ellos, Camilo Torres (1929-1966) y Manuel Pérez (1943-1998), se convertirían en las figuras más emblemáticas de la historia del Eln.

Las acciones armadas del Eln comenzaron al inicio de 1965, siendo la guerrilla prácticamente desarticulada en octubre de 1973 –durante la presidencia de Misael Pastrana Borrero–, a consecuencia de una ofensiva militar a gran escala denominada Operación Anorí. Pasaría una década para que el Eln tuviera capacidad de comenzar a rearticularse bajo la dirección del sacerdote español Manuel Pérez, convirtiéndose a partir de entonces en el segundo grupo insurgente más importante del país hasta el armisticio de las Farc.

Según la Fundación Paz y Reconciliación, los más de 2 mil combatientes actuales del Eln están distribuidos a lo largo de 51 municipios en 11 departamentos colombianos. En este sentido, el anuncio del cese al fuego entre ejército y guerrilla significará un gran alivio para las regiones del norte de Santander, Chocó y Arauca, donde se concentra con mayor virulencia el conflicto entre la última guerrilla que queda en Colombia y las fuerzas armadas.


COMIENZA EL DIÁLOGO.


El Eln ya había mantenido conversaciones con gobiernos previos al de Juan Manuel Santos. Concretamente, fue durante la presidencia de César Gaviria, en la década de 1990, que se iniciaron los primeros contactos (en Caracas, en 1991). Y en 1992 se organizaron los Diálogos de paz de Tlaxcala, en México. Los intentos de negociación con el gobierno tuvieron también lugar durante la gestión de Pastrana –mediante el Acuerdo Puerta del Cielo, de 1998, firmado en Maguncia, Alemania, y la reunión de Ginebra realizada en 2000–, e incluso con el gobierno del ultraderechista Álvaro Uribe, mediante una primera reunión a finales de 2005 y tres sesiones más en 2006, finalizando el proceso en agosto de 2007, tras otro encuentro en territorio caribeño donde participarían el presidente cubano Raúl Castro y el Nobel de literatura Gabriel García Márquez.

El actual proceso de negociación se inició en marzo de 2016, tres años después de que comenzaran las conversaciones con las Farc que culminaron con el Acuerdo para la Terminación Definitiva del Conflicto, firmado en Bogotá el 24 de noviembre de 2016.

Históricamente el Eln ha tenido un componente político mucho más marcado que las Farc, pese a que los segundos tuvieran cuatro veces más capacidad operativa militar que los primeros. Esto implicó que aunque el inicio de las conversaciones exploratorias fuese anunciado por Juan Manuel Santos durante su campaña electoral para la reelección de 2014, éstas no hayan terminado de cuajar hasta tres años después.


EN LA AGENDA.


Los primeros diálogos se celebraron en Ecuador y Brasil, de forma alterna, si bien Venezuela, Noruega, Chile y Cuba también han acompañado el proceso. Desde hace meses la agenda de negociación quedó pactada, teniendo cierto parecido a lo que se estableció en su momento con las Farc, aunque en este caso el gobierno colombiano tuvo que ceder con respecto a los reclamos insurgentes de participación ciudadana.

La agenda de diálogo contempla seis puntos en discusión: la participación de la sociedad, la democracia para la paz, asuntos relativos a las víctimas, las transformaciones para la paz, aspectos de seguridad para lograr la paz y entrega de las armas, así como las garantías para el ejercicio posterior de la acción política.
Establecer a Quito como sede principal de las negociaciones es fruto de la negativa gubernamental a las iniciales peticiones guerrilleras, que contemplaban que se instalasen fundamentalmente en Caracas.

Pero llegar a los Acuerdos de Quito implicó también un proceso de disputas dentro del Eln, donde las posiciones más dialogantes en el Comando Central (Coce) se han impuesto frente al sector más beligerante. Así, las posturas de Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, primer comandante del Eln, junto a las de Israel Ramírez Pineda, alias “Pablo Beltrán”, tercero en la línea de mando y jefe de la comisión negociadora, consiguieron frenar a los sectores más escépticos y las posiciones duras encarnadas en el Frente de Guerra Occidental y el Frente de Guerra Oriental.

En todo caso, existe una nube de dudas sobre la consistencia del acuerdo. Al respecto, Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis del Conflicto, indica: “Es muy difícil que este tipo de acuerdo tan desestructurado se verifique y se cumpla, ofrece mayores riesgos para la población civil, para quienes hagan la verificación y para la misma guerrilla”. Respecto de los riesgos asumidos por el Eln, el comandante Pablo Beltrán también advirtió: “El paramilitarismo es una sombra que se mantiene en gran parte del territorio dejado por las Farc, y quedarse quieto, para la guerrilla, representa un riesgo aun mayor”. Cabe señalar, en este sentido, que el propio gobierno ha reconocido que en las áreas dejadas atrás por las Farc se ha incrementado notablemente la actividad de diversas bandas delincuenciales y el paramilitarismo (así como los asesinatos de líderes sociales; véase Brecha, 14-VII-17).

La solidez ideológica del Eln ha implicado que, a diferencia de lo sucedido durante las negociaciones con las Farc, la guerrilla no aceptase ninguna medida unilateral, algo que pidió inicialmente el gobierno, requiriéndole un cese unilateral de las actividades insurgentes. De hecho el compromiso guerrillero ni siquiera pasa por la liberación de sus secuestrados –en la actualidad cuatro personas vinculadas al sector comercial y ganadero–, quedando este asunto agendado para la siguiente etapa.

Más allá de la larga historia de negociaciones entre el Estado colombiano y la insurgencia “elena”, es la primera vez desde que se fundó el Eln que se firma un documento con el gobierno. En eso tuvieron mucho que ver las presiones del papa Bergoglio, quien visitaría el territorio colombiano inmediatamente después para expresar su apoyo al proceso.


RECONVERSIÓN DE LAS FARC.


La firma de los Acuerdos de Quito se da en paralelo a la puesta en escena del partido político conformado por las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las cuales manteniendo sus siglas Farc pasaron a denominarse Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. El modelo no es nuevo en este país cafetero, teniendo en cuenta el proceso del Ejército Popular de Liberación (Epl), que pasó a denominarse Esperanza, Paz y Libertad, o el referente al M-19, que tras la firma de paz optó por la denominación Alianza Democrática M-19.

Difícil es pensar que las estigmatizadas Farc puedan tener un apoyo relativamente amplio en el área urbana, centrándose estratégicamente este nuevo partido en movilizar el voto rural de un campesinado históricamente excluido. En este sentido, cabe recordar que en aproximadamente el 10 por ciento de los 1.123 municipios de Colombia la política local ha estado controlada durante décadas por los “farianos”.

Pese a que el gran reto de las refundadas Farc debería estar enmarcado en el cambio de imagen, en la actualización de sus discursos, en conformarse orgánicamente de la forma más horizontal posible y en presentar nuevas vocerías ante la deslegitimación social de su antigua comandancia, las tesis que se impusieron en su congreso fundacional fueron las de perfil más ortodoxo y de connotaciones marxista-leninistas. Tras seis décadas de conflicto civil armado, el pueblo colombiano reclama en estos momentos menos consignas revolucionarias y más propuestas políticas enfocadas a solucionar problemas como el desempleo, la baja calidad de la salud y la educación, la pobreza, la delincuencia o laenorme lacra que supone la corrupción institucional.

Si hubiera que ubicar un perdedor en el congreso fundacional del nuevo partido, éste sería Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, quien propuso sin éxito el nombre de Nueva Colombia para la extinta guerrilla y un modelo de partido que se dirigiera al país “sin dogmas, sin sectarismo, ajeno a toda ostentación ideológica y con propuestas claras y sencillas”. Sin embargo, las tesis auspiciadas por el que fuera el número uno durante la última etapa de las Farc guerrilleras fueron derrotadas, no por su dirección, sino por sus bases.

Como parte de los acuerdos de paz, las nuevas Farc disponen de diez diputados asegurados en el próximo Congreso que será electo en marzo del año que viene. Nombres de la antigua comandancia tales como Victoria Sandino, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Carlos Antonio Lozada e Iván Márquez –el gran triunfador en esta convención– figuran como precandidatos para ocupar estos escaños. En definitiva, hay una ausencia de caras y voces nuevas para afrontar este supuesto nuevo renacer.

El desmarque de la izquierda política colombiana respecto de las nuevas Farc se evidenció por su no asistencia al congreso fundacional. Ninguno de los múltiples precandidatos presidenciales del progresismo asistió al acto, tampoco ninguno de los dirigentes de los partidos políticos de centroderecha que respaldaron en su momento los acuerdos de paz. Tan sólo asistió un representante de la precandidata presidencial progresista Clara López para leer un comunicado en su nombre.


TRABAS.


En paralelo, y fruto de las limitaciones que impuso la Corte Constitucional al mecanismo de fast-track (vía rápida) para aprobar las leyes de la paz en el Congreso, las legislaciones sobre desarrollo rural, participación política y reforma electoral que deben establecerse tras estos acuerdos de paz están sufriendo importantes modificaciones conceptuales en el Poder Legislativo. Allí los curules conservadores se envalentonaron tras los resultados negativos del plebiscito realizado el año pasado sobre dichos acuerdos.

En todo caso, lo que se visualiza en todo sondeo de opinión realizado durante el presente año en Colombia es que sorprendentemente la implementación de los acuerdos de paz no está entre las prioridades políticas de la ciudadanía.

Mientras, en las zonas de la Colombia rural que fueron antiguos escenarios de guerra, ex guerrilleros desmovilizados que formaron parte de los frentes farianos no dejan de ser asesinados por sicarios contratados por terratenientes, caciques políticos locales y bandas criminales. Oficialmente el Estado contabiliza ya una docena de asesinatos de ex combatientes y otra cifra similar de víctimas entre sus familiares.

Respecto de las disidencias –quienes no aceptaron el acuerdo de paz– dentro de las Farc, el gobierno colombiano registra un número aproximado de 400 combatientes que se han conformado en varias estructuras ilegales ubicadas principalmente en ocho departamentos del país: Nariño y Cauca en la zona suroccidental, y Caquetá, Meta, Guaviare, Vichada y Vaupés en el sudoriente. Según Eduardo Álvarez Vanegas, vocero de la Fundación Ideas para la Paz, resulta significativo que estas disidencias no estén agrupadas bajo la estructura de control de un mismo comandante, lo cual podría desembocar en su futura conversión en nuevas bandas criminales emergentes.


CAMPAÑA ELECTORAL.


A seis meses de que se realicen las elecciones legislativas y a nueve de la presidencial todo parece indicar que el país electoralmente se polarizará de nuevo en torno a las posiciones a favor o en contra de los acuerdos de paz.

En el ámbito de la derecha es de prever que, según vaya acercándose el proceso, las múltiples precandidaturas actualmente existentes terminen por converger en dos candidatos fuertes. Éstos serían Germán Vargas Lleras y quien designe finalmente Álvaro Uribe en complicidad final con el Partido Conservador, de Andrés Pastrana.

En el caso del primero, quien en la actualidad funge como vicepresidente de la república, sus estrategias electorales se articulan en torno a la crítica parcial a los acuerdos de paz impulsados por Santos, pactando con diversos segmentos de la clientelar política local y regional que ya le han manifestado su apoyo. También se basan en el cuestionamiento al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y en una irrisoria alerta social para que Colombia no se convierta en una nueva Venezuela, y termina reclamando un pacto con los sectores empresariales más reaccionarios, que sienten como una amenaza la justicia transicional derivada de los acuerdos de paz.

Por su parte, la estrategia del uribismo, más allá de quién termine siendo su candidato (hay en la actualidad cuatro precandidaturas distintas dentro del Centro Democrático), es asentar la idea de que Santos entregó el país a las Farc, generando alarma en un empresariado rural al que se le dice que sus tierras terminarán siendo entregadas a los ex combatientes guerrilleros desmovilizados, potenciando a su vez los llamados “valores morales” más reaccionarios en una sociedad sumamente conservadora como es la colombiana.

En lo que respecta a los sectores políticos que van del centro hacia la izquierda, fieles a su tradición divisionista, en la actualidad presentan un fraccionamiento en al menos tres bloques: los progresistas de Gustavo Petro, el entorno del nuevo partido de las Farc y, por último, la coalición formada por la Alianza Verde, de Claudia López, Compromiso Ciudadano, de Sergio Fajardo, y el Polo Democrático, del senador Jorge Robledo. Queda pendiente ver cómo solucionarán las izquierdas este fraccionamiento para intentar converger en torno a una sola candidatura.

En todo caso, lo que falta hasta mayo de 2018 vendrá marcado por la disputa entre estas dos amplias facciones que determinarán posiblemente una segunda vuelta presidencial, pasando la centralidad política de la lógica decimonónica izquierda versus derecha a situarse en el eje derivado del posconflicto.

 

 

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Domingo, 17 Septiembre 2017 07:12

La política exterior de Donald Trump

 

Donald Trump se aproxima al final de su primer año como presidente de Estados Unidos. Ahora todo mundo –simpatizantes, oponentes, aun los indiferentes– parecen coincidir en una cosa. Sus pronunciamientos y sus acciones son impredecibles. Ignora los precedentes y se comporta en modos que constantemente sorprenden a la gente. Los simpatizantes encuentran esto refrescante. Los oponentes lo encuentran aterrador.

No obstante, muy pocos han comentado en torno a lo que creo es su logro más singular. Se ha manejado con la treta de ser el actor más impredecible en la escena estadunidense y mundial, y al mismo tiempo como el actor más predecible.

Es deliberado que se rodea de una panoplia de asesores que lo empujan en direcciones opuestas en extremo. Constantemente despide a alguno de ellos y designa a otros. Ningún individuo parece durar mucho. El resultado es que a todo mundo le deja claro que la decisión final es suya –y suya solamente. Puede acceder por un tiempo a lo que los asesores le sugieren, pero algunas veces deshace al día siguiente lo aconsejado. Esto es lo que lo hace ver tan impredecible.

Pero al final revierte siempre su decisiones hacia lo que algunas veces se le llama sentimientos de tripa, sea el asunto de la atención a la salud, la inmigración, la reducción de impuestos o la acción militar. Eso es lo que lo hace tan predecible. El resultado final es siempre el mismo. Cualquiera que lo observe o trabaje con él o se le oponga debe por tanto ser capaz de predecir a dónde va a terminar estando. Y para casi todo el mundo, dónde Donald Trump termina no es donde les gustaría que un presidente de Estados Unidos fuera.

Trump y Estados Unidos se enfrentan con un gran número de asuntos acerca de los cuales existen fuertes y divisorias opiniones en ambos lados. Estas divisiones resultan intratables para muchos. No para Donald Trump. Él cree en sí mismo y en su habilidad para completar sus agendas nacional y mundial. Para él nada es intratable.

En septiembre de 2017, las dos decisiones más urgentes de política exterior tuvieron que ver con Corea del Norte e Irán. En ambas, el conflicto con Estados Unidos gira en torno a un asunto crucial: las armas nucleares. Corea del Norte las tiene. Irán no las tiene, pero al menos algunos de los principales actores internos piensan que es esencial que Irán las adquiera.

La posición oficial estadunidense es que Corea del Norte debería desmantelar su armamento nuclear y que Irán debería cesar cualquiera y todas las actividades que se muevan en la dirección de adquirir tales armas. Estas posturas no son nuevas o inventadas por Donald Trump. Han sido la posición pública de Estados Unidos, de todos los presidentes previos, por algún tiempo ya.

Lo que es diferente con Trump es que se niega a admitir lo difícil que es conseguir estos objetivos de Estados Unidos y lo peligroso que sería perseguirlos mediante acciones militares. Por tanto, los presidentes previos han buscado soluciones (así llamadas) diplomáticas. En el caso de Irán, la diplomacia pareció funcionarle al presidente Obama con el acuerdo firmado por ambos países (y otras potencias). En contraste, la diplomacia ha logrado hasta ahora muy poco en el caso de Corea del Norte.

En ambas situaciones, los sentimientos de tripa de Donald Trump parecen claros. Quiere usar las acciones militares para forzar a Corea del Norte a que desmantele sus armamentos nucleares. Quiere retirarse del acuerdo con Irán y utilizar una amenaza militar para obtener su renuncia permanente del desarrollo de armamentos nucleares.

Hay dos preguntas en torno la política exterior de Trump. ¿Puede de hecho disponer que se comiencen acciones militares? Y si puede, ¿podrán lograr las acciones militares lo que él confía lograr?

Donald Trump prometió a sus simpatizantes que probaría ser un amigo verdadero de los militares estadunidenses otorgándoles puestos clave en su administración y buscando expandir los fondos de las fuerzas armadas. Lo ha hecho. En su último reciclaje de su personal, colocó a un militar, John Kelly, en la posición de jefe del Estado Mayor con amplios poderes para cambiar al personal y servir de filtro para acceder al presidente.

Por supuesto los militares aprecian obtener más fondos. Pero es curioso que la mayoría de sus asesores militares son relativas palomas. Sí favorecen una expansión de fondos para los militares. Pero todos parecen creer que las guerras son en verdad un recurso final, uno que tiene enormes e inevitables consecuencias negativas. Tienen un aliado en el secretario de estado, Rex Ti- llerson. Siempre que Trump ha seguido su consejo y ha proferido su retorica más áspera, eso le parece de lo más incómodo ejercerla por más de un breve momento. Siempre regresa a sus fundamentos.

La primera pregunta es si Trump puede de hecho lanzar acciones militares serias. Esto sería menos fácil de lo que imagina. Los burócratas militares tienen toda suerte de modos para desacelerar, inclusive frenar, acciones con las que ellos no están de acuerdo. En el régimen de Trump, de hecho son impulsados a hacer esto por otro rasgo peculiar de la personalidad de Donald Trump. Le gusta asumir el crédito de los éxitos y culpar de los fracasos a los demás. Así que por si fuera el caso que las acciones militares fracasaran, está subcontratando las decisiones reales de los militares. Si hubiera un fracaso bien puede culparles. En caso de éxito será el primero en reclamar el crédito exclusivo. Sin embargo, subcontratar necesariamente significa retrasos e invita al sabotaje.

Son diferentes los casos de los dos países. Corea del Norte tiene de hecho bombas, unas que sí pueden alcanzar el territorio de Estados Unidos. Es más, la inteligencia estadunidense parece estar diciendo que Corea del Norte está mejorando su capacidad militar a un ritmo muy rápido. El régimen de Trump habla ahora de una guerra preventiva –el oxímoron más maravilloso inventado alguna vez. Si Estados Unidos lanzara una guerra preventiva, uno puede tener la certeza de que Corea del Norte responderá de manera importante.

En contraste, Irán no cuenta con armamento nuclear. Públicamente insiste en que no tiene la intención de adquirirlos. Por lo menos la mitad de las autoridades parece lista a renunciar a cualquier esfuerzo encaminado a adquirirlos permanentemente, a cambio de varias clases de beneficios económicos. Va a ser más difícil renunciar al acuerdo de lo que Donald Trump cree. Por una razón: tiene cosignatarios –Alemania, Francia, Italia y la Unión Europea– que han dicho que no van a ceder ante tal renuncia.

Pero por el momento suspendamos la pregunta de si funcionaría una acción militar y preguntémonos por sus consecuencias. En el caso de Irán, es muy probable que los aliados mundiales más importantes de Estados Unidos en Europa, por no hablar de Rusia y China, en el futuro aumentarían la distancia que tomen –no sólo del régimen de Trump, sino de Estados Unidos como país. Un camino no diplomático probaría ser un desastre diplomático.

En Corea del Norte, las consecuencias serían todavía más grandes. Supongamos que Estados Unidos bombardea todas las locaciones conocidas donde existen armamentos nucleares en Corea del Norte. Que algunas bombas fallan en dar en el blanco.

Además, parece que Estados Unidos no tiene siquiera la lista completa de las locaciones. Corea del Norte puede ser capaz de lanzar una bomba desde un submarino. Imaginemos por un momento que tras una guerra preventiva, Corea del Norte quedara con una sola bomba. ¿A quién la lanzaría?

En cualquier caso, las bombas estadunidenses de su guerra preventiva y la bomba con que respondería Corea del Norte resultarían en un despliegue nuclear de increíble magnitud y dispersión geográfica. Bien podría ocurrir que los resultados de tales bombas soplaran por todo el océano Pacífico e infligieran tremendos daños a vidas en Estados Unidos. El hecho es que el resultado final de Trump puede no ser un triunfo. Puede ser solamente un desastre humano de dimensiones mundiales.

Sin duda, el lector no quiere saber mi predicción de lo que de hecho va a ocurrir. Es triste decirlo, impredecible.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

 

 

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El presidente Lenín Moreno denuncia el hallazgo y se declara “extremadamente molesto” por no haber sido informado


Lenín Moreno ha comparecido este viernes ante los medios visiblemente enojado. Su rostro y su voz, inusualmente contrariados, acompañaban una denuncia contra Rafael Correa por haber dejado en el despacho presidencial una cámara oculta, que monitoreaba desde su teléfono móvil, sin haberle informado. "Sucede que el día de ayer estaba funcionando y no sabemos cuántas veces ha estado funcionando, porque fue por casualidad que el Servicio de Protección Presidencial se acercó, sintió algo caliente la pared y se dio cuenta de que la cámara estaba encendida", ha explicado Moreno.


La cámara oculta, según la denuncia presidencial, fue instalada hace siete u ocho años por orden del entonces presidente Rafael Correa y "todo el Servicio de Protección Presidencial (anterior) sabía de su existencia". Por eso, Moreno reclamó explícitamente a los miembros del cuerpo de seguridad de Correa y al exmandatario por no haber tenido "la delicadeza" de informarle de que había cámaras instaladas en su despacho en el Palacio de Carondelet, en Quito.


El hallazgo, denunciado públicamente, no solo evidenció una vez más el distanciamiento entre Lenín Moreno y su predecesor en el Gobierno de Ecuador, sino que levantó las suspicacias del mandatario. "Lo gracioso es que todo el mundo sabe que todos los días a las 8.00 se hace un barrido a las cámaras", ha explicado dando a entender que de forma intencionada se evitaba el control rutinario de los equipos, manteniendo en ese momento la cámara apagada para después poder "encenderla cuando quieran", según la sospecha del presidente que lleva en el cargo desde el 24 de mayo.


Ya en redes sociales, Moreno ha etiquetado de "delito de violación a la intimidad" lo descubierto y, según aseguró en la comparecencia, iniciará una investigación "bastante fuerte" para saber por qué "el general que dirigía el Servicio de Protección Presidencial en tiempo del señor Correa —que además viajó a dejar en Bélgica al señor Correa— no informó al Servicio de Protección Presidencial que empezó a dirigir el general Mosquera".


El expresidente Correa no ha dejado espacio para el silencio y pasado un par de horas desde la acusación pública de Moreno ha repetido con ironía, a través de su cuenta de Twitter, la denuncia de Moreno: "¡Cámara oculta manejada desde mi celular!". Y después le ha pedido que presente pruebas. "Si el presidente Moreno prueba aquello, que me vaya a la cárcel. Si no, que renuncie a la Presidencia, ni siquiera por malo, sino por ridículo. ¡Qué vergüenza!", publicó el líder de la autodenominada Revolución Ciudadana.


No es la primera vez que los dos dirigentes del movimiento Alianza PAIS evidencian su distanciamiento públicamente. En los 100 primeros días de su Gobierno, Lenín Moreno ha querido enterrar la crispación heredada de Correa con el sector privado y con la oposición a cambio de ofrecer diálogo. Además, ha señalado explícitamente los errores de gestión, la deuda acumulada y las irregularidades cometidas durante la Administración de Correa. El expresidente, además de explotar las redes sociales como vociferador de críticas, ha liderado a control remoto una espontánea oposición a Lenín Moreno dentro de su partido. En el último gran gesto de ruptura, tres asesores presidenciales —siendo del ala dura del correísmo— renunciaron a sus cargos para poder centrarse en la recuperación ideológica del movimiento Alianza PAIS

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La enseñanza llega a cada rincón del país, incluso a zonas de difícil acceso. Sin embargo, todavía le queda un gran reto al sector: solucionar la escasez de maestros y profesores.

 

La semana pasada comenzaron las clases 1.750.000 cubanos que asisten a más de 10 mil instituciones educativas. Solo en las universidades la matrícula fue de casi un cuarto de millón de jóvenes, 28 mil más que en el curso anterior. Ha pasado más de medio siglo desde que el gobierno revolucionario, recién instaurado, lanzara la campaña nacional que alfabetizó a todos los cubanos. La educación llega hoy a cada rincón del país, incluso a zonas de difícil acceso como las montañas del oriente, donde este año funcionarán 261 escuelas, algunas de ellas con solo media docena de alumnos.

Desde los años 60 la enseñanza primaria se convirtió en gratuita y obligatoria, con un 100% de asistencia a clase. En Cuba ir a la escuela es un derecho del niño que no pueden violar ni siquiera sus padres. Tampoco hay muchas excusas porque en la educación primaria, secundaria y superior no se paga ni un centavo de matrícula e incluso reciben prestados los libros necesarios. Los estudiantes universitarios del campo cuentan además con las "becas", edificios-dormitorios pertenecientes a las universidades donde se alojan sin costo alguno.

La enseñanza superior ya ha graduado alrededor de 1.2 millones de profesionales, de ellos unos 80 mil son médicos. Semejante número de graduados universitarios ha provocado ciertas anomalías sociales, en primer lugar la imposibilidad de que la pobre economía cubana sea capaz de absorber el grueso de esa fuerza calificada. Por otra parte, se han perdido muchos oficios y se carece de mano de obra capacitada. Sin embargo, a pesar de todo ha sido una buena inversión, en la actualidad el principal ingreso de divisas del país proviene del trabajo de sus profesionales en prestación de servicios en el extranjero.

Pero no todo es color de rosas en la educación cubana, la escasez de maestros y profesores se ha convertido en un verdadero reto para las autoridades del sector. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, durante los últimos 8 años han abandonado las aulas más de 20 mil educadores, unos emigrando y otros reubicándose en otras actividades, todos en busca de un mejor ingreso económico. La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, informó que se cubriría el déficit con la contratación de 17 mil jubilados y con la incorporación de 1000 estudiantes de pedagogía. Las materias que tienen mayor carencia son las Ciencias Naturales, Matemáticas, Historia e Inglés.

 

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Tras la deserción de maestros está el problema salarial y la enorme responsabilidad y exigencia que pesa sobre ellos. El ingreso promedio está muy por debajo de la media nacional y se les exige un nivel enorme de dedicación, además de impartir las clases, deben prepararlas metodológicamente y pasar cursos de autosuperación. La apertura del trabajo autónomo ha hecho que miles de docentes emigren hacia tareas menos sacrificadas y mejor pagadas, como por ejemplo guías de turismo, donde pueden ganar en un día lo que un maestro recibe en un mes.

El problema salarial es general dentro de los trabajadores del estado pero en el caso de los educadores atenta contra una de las mayores conquistas de la Revolución y además contra la economía nacional dado que el 75% de los ingresos de divisas provienen del trabajo de sus profesionales en el extranjero. Además del personal de salud repartido en 60 países, hay ingenieros en Argelia, profesores universitarios en África subsahariana, maestros en el caribe y entrenadores deportivos por todo el mundo. Sus científicos desarrollan novedosas vacunas contra el cáncer de pulmón o la hepatitis y medicamentos que evitan amputaciones a los diabéticos.

 

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La Revolución Cubana apenas desarrolló industrias, su apuesta desde el comienzo fue hacia la formación profesional. Hoy cuenta con una reserva gigantesca de graduados universitarios, masters y doctores que son los que sostienen la economía nacional. Sin embargo, esa cantera no es infinita, necesita reproducirse y para lograrlo es imprescindible mantener en pie el sistema educacional, algo que a la larga será imposible si continúa la deserción de maestros. Mejorar sus salarios y condiciones de vida parece el único camino para no matar a “la gallina de los huevos de oro”.

 

 

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Jueves, 14 Septiembre 2017 07:18

Presionan a los soberanistas

 

Puigmont denuncia las imputaciones a 700 alcaldes catalanes en España

El fiscal general de España ordenó a los fiscales catalanes citar en calidad de investigados a los alcaldes dispuestos a cooperar en el referendo del 1º de octubre y, en caso de que no comparezcan, acordar su detención.

 

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, calificó ayer de barbaridad la citación y amenaza de arresto de la fiscalía contra más de 700 alcaldes dispuestos a organizar el referéndum de autodeterminación prohibido, asegurando que se manifestará con ellos.

“Esto es una barbaridad. ¿Dónde, del mundo occidental o europeo, alguien puede pensar que deteniendo en el peor de los casos al 75 por ciento de los alcaldes del país está contribuyendo a solucionar el problema?”, dijo Puigdemont en una entrevista a la televisión pública catalana TV3. “Es una causa general, es una causa que recuerda a prácticas impropias de una democracia”, añadió. Mientras el presidente regional era entrevistado, algunos catalanes protestaban en sus balcones haciendo repicar cazuelas y sartenes contra la decisión del fiscal general del Estado, José Manuel Maza.

En un nota Maza ordenó a los fiscales catalanes citar en calidad de investigados a los alcaldes dispuestos a cooperar en el referendo del 1 de octubre y, en caso de que no comparezcan, acordar su detención. La Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) afirma que 712 alcaldes catalanes, de un total de 948, están comprometidos con la votación. Su presidenta, Neus Lloveras, denunció el hecho como muy grave y anunció una manifestación de protesta de los afectados el sábado en Barcelona. “Los acompañaré en ese acto”, dijo Puigdemont.

Los alcaldes que serán citados son aquellos que firmaron decretos para poner a disposición del gobierno catalán los locales necesarios para que se realice el referéndum. El ministerio público recordó que el Tribunal Constitucional suspendió hace unos días de manera cautelar la convocatoria del referéndum, prohibiéndolo de facto, y advirtió que las conductas dirigidas a su organización y celebración pueden constituir delitos de desobediencia, prevaricato y malversación de caudales públicos. El gobierno catalán del presidente Puigdemont pidió a todos la cesión de locales para la votación.

La presidenta de AMI respondió que los alcaldes de la asociación, que son la inmensa mayoría de los 712, acudirán a declarar, pero el partido antisistema y secesionista CUP, que apoya al gobierno catalán de la coalición separatista Junts pel Sí (Juntos por el Sí), anunció que sus 30 alcaldes no obedecerán a la Fiscalía. “Es un hecho insólito en Europa que hayan citado a más de 700 alcaldes por firmar un decreto de apoyo al Gobierno y al Parlament. Tenemos muy claro donde tenemos que estar y es al lado de la ciudadanía”, señaló Lloveras, quien es alcaldesa de la localidad de Vilanova i la Geltrú. La primera edil agregó que los alcaldes de AMI acudirán a declarar porque no tienen nada que esconder.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó a los ciudadanos que sean citados como autoridades de mesa a no responder a la convocatoria.

“Les pido a esas personas que no vayan, aunque les citen, porque sería un acto ilegal”, reclamó Rajoy en declaraciones a la prensa al término de una sesión parlamentaria. Asimismo, aseguró que intentó en reiteradas ocasiones negociar una salida con Puigdemont, pero que no fue posible porque el líder catalán no quiere renunciar al referéndum y eso es algo que ningún gobierno del mundo puede permitir.

Por otra parte, un juez ordenó ayer el cierre de la página web que informaba sobre el referéndum. El portal dejó de funcionar, pero Puigdemont y otros dirigentes catalanes independentistas difundieron por la red social Twitter nuevos enlaces para la página que permitieron a los internautas esquivar así el cierre del dominio original llevado a cabo por la Guardia Civil española.

 

 

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Jueves, 14 Septiembre 2017 06:42

Topolansky y Mujica

 

Lucia Topolansky, histórica compañera de José Pepe Mujica, se convirtió en la primera vicepresidenta de la historia de la República Oriental del Uruguay. Una noticia significativa en medio del cimbronazo de Raúl Fernando Sendic: de los laberintos se sale por arriba, dice el dicho, y el frenteamplismo parece dispuesto a aprovechar la repentina crisis para volver a hacerse fuerte de cara a las próximas presidenciales.

Topolansky, primero militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) y luego fundadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), uno de los espacios más representativos del Frente Amplio (FAS), tendrá la tarea de oxigenar la gestión de gobierno frenteamplista en medio de una embestida continental contra los gobiernos nacional-populares, progresistas y de la izquierda, enmarcada en un intento de restauración conservadora.

La Constitución la puso en ese lugar: fue la segunda senadora más votada de la lista más elegida, tras el propio Mujica, que no puede asumir el cargo por restricciones constitucionales. La idea parece clara. Sanar las heridas. Pasar la página. Gobernar, ni más ni menos, en medio de una América Latina con crisis presidenciales a lo largo y ancho del continente. Lo que le voy a proponer al presidente Vázquez se resume en una palabra: trabajo dijo Topolansky sobre su nueva tarea, dejando en claro a qué se suma.

La ahora vicepresidenta uruguaya tuvo múltiples desafíos a lo largo de su carrera política. Estuvo presa 13 años, como miles de latinoamericanos que lucharon contras las dictaduras cívico-militares en el Cono Sur. Fue torturada, pero milagrosamente salvó su vida. Y al salir siguió militando por la democracia, junto a su compañero. En 1989 fundó el MPP. Fue diputada y luego senadora, además de primera dama. Se reinventó, y el pueblo uruguayo la votó una y otra vez.

Los medios concentrados del continente ya han comenzado un embate veloz en su contra, con los clichés de siempre: ex guerrillera, pro-aborto, pro-marihuana. Lo mismo que hicieron contra Dilma Rousseff, misoginia mediante, antes que fuera depuesta por un golpe institucional que acaba de aprobar una reforma laboral seriamente regresiva en materia de derechos laborales, y que busca inhabilitar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva de la mano de una condena de Moro.

La élite uruguaya –y también la latinoamericana– sabe bien que en esta mujer que vive como una más en las afueras de Montevideo está la posibilidad de reforzar una gestión de gobierno que muestra 15 años de crecimiento ininterrumpido en materia económica, pero que se ha visto impactada mediáticamente durante los últimos dos años. Por eso ahora, cumplida la tarea sucia sobre Sendic, probablemente busquen acorralar a como dé lugar a Topolansky, con ríos de tinta de dudosa veracidad pero posible fuerte impacto en centros urbanos.

Mientras tanto, el Frente Amplio deberá comenzar a resolver el dilema electoral de 2019. Mujica dice que por ahora no será el candidato. Si Sendic fue una apuesta a futuro fallida por este desenlace, el FA deberá replantearse el horizonte eleccionario. La renovación suele ser buena consejera para pensar a mediano y largo plazo, es cierto, pero también hay momentos bisagra donde los fundadores de los proyectos políticos deben asumir responsabilidades históricas, y entender su propio peso personal en el destino de las naciones. Posiblemente sea el momento para que el experimentado Mujica replantee su no. Hay mucho en juego, tanto para Uruguay como para la región en su conjunto.

 

* Politólogo Universidad de Buenos Aires / analista internacional

 

 

 

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Martes, 12 Septiembre 2017 07:43

El huracán anuncia un tsunami político

 

Una agencia calcula pérdidas por valor de 290.000 millones de dólares que dinamitan la estrategia presupuestaria de los republicanos

 

Joel N. Myers, presidente de AccuWea­ther, una de las principales agencias meteorológicas de Estados Unidos, ha calculado que los daños materiales provocados por los huracanes Harvey e Irma supondrán pérdidas por valor de 290.000 millones de dólares. Sólo en Texas el huracán Harvey ha provocado pérdidas por valor de 190.000 millones. Donald Trump ha prometido reconstruir todo lo que se ha roto, pero el presidente también prometió construir un muro en la frontera con México y Texas es el estado con más kilómetros de frontera con el vecino del sur. ¿Qué va a ser prioritario, cumplir la principal promesa electoral o atender a los damnificados? Los huracanes amenazan con provocar un tsunami político en Washington.

Nunca nada está escrito de antemano y en los últimos diez días se han encadenado las dos catástrofes naturales más costosas de la historia de EE.UU., que van a alterar completamente el escenario político. Las pérdidas equivalen al 1,5% del PIB y van a ­frenar drásticamente el crecimiento de la economía estadounidense, porque hasta que se normalice la actividad económica todavía pasarán varias semanas. Ayer, Florida continuaba siendo un territorio a oscuras. El apagón afecta al 60% de los usuarios y a seis millones de personas. Y en Georgia, casi tres cuartos de lo mismo.

Según diversos cálculos, la construcción del muro en la frontera con México costaría unos 20.000 millones de dólares. Trump llegó a amenazar con provocar el cierre del Gobierno (como se conoce la falta de inversión pública por falta de fondos) si el Congreso no aprobaba las partidas necesarias para iniciar las obras. Y precisamente, en el proyecto republicano la primera partida de 1.600 millones procedía en su mayor parte de los recortes aplicados nada menos que a la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), que está gastando esta semana 500 millones cada día con el visto bueno del presi­dente. Así que ahora todo se ve distinto. “Las circunstancias han cambiado significativamente desde que el proyecto de ley fue redactado a principios de este verano”, dijo la portavoz del Comité de Asignaciones del Senado, Jennifer Hing. “Dada la situación actual, el comité lo está reevaluando”.

Los demócratas han jurado que no van a apoyar ningún presupuesto que destine un solo dólar a la construcción del muro y la mayoría republicana necesita al menos el apoyo de ocho demócratas para conseguir la mayoría cualificada de 60 senadores necesaria para sacar adelante la ley.

Con todo, la mayor contradicción se sitúa en el bando republicano, y especialmente entre el presidente y los líderes conservadores del Capitolio. Ambos se han comprometido a reducir drásticamente los impuestos y a recortar las partidas sociales pero aumentando al mismo tiempo el gasto militar, así que no había manera de cuadrar las cuentas.

Sin embargo, cuando todo apuntaba a un inminente cierre del Gobierno en septiembre por falta de presupuesto, Donald Trump, ni corto ni perezoso, desautorizó a sus correligionarios y aceptó la semana pasada una propuesta de los demócratas que mantiene abierta la Administración federal al menos hasta diciembre gracias a un aumento del límite de la deuda y a la provisión de 15.250 millones de dólares para ayudar a los damnificados de Texas.

Esta victoria demócrata ha caído como una bomba en el Partido Republicano, no sólo por este primer acuerdo de Trump y los demócratas, sino porque el presidente ha anunciado que, habida cuenta que sus correligionarios no han apoyado ninguna iniciativa de su programa, piensa continuar trabajando con el partido rival.

“Así es como puede descarrilar la presidencia de Trump”, declaró David Bozell, presidente de For America. “Está dinamitando los puentes con sus bases”, añadió Adam Brandon, de FreedomWorks.

Desde otro punto de vista, Steve Bannon, ex jefe de estrategia de la Casa Blanca, acaba de anunciar una batalla de los partidarios de Trump contra el establishment republicano, que, en su opinión, “está tratando de anular las elecciones del 2016, porque no quieren que se aplique la agenda populista y económica nacionalista del presidente y este es un hecho brutal que tenemos que afrontar”.

Si a ello se añade la previsión más factible de que Trump encontrará mayor disposición en los demócratas que en sus correligionarios conservadores al aumento de gasto que exigirán las tareas de reconstrucción en Texas, Florida, Luisiana, Georgia, Puerto Rico y las islas Vírgenes, parece que no falta ninguno de los ingredientes para una tormenta política perfecta.

 

 

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Lunes, 11 Septiembre 2017 06:42

Cae el rey de la carne y delator de Temer

 

El dueño del frigorífico JBS fue preso por orden del máximo tribunal en el marco de un escándalo que afecta la credibilidad de la causa Lava Jato. Batista había sido beneficiado con la ley de “delación premiada”.

 

El magnate de la carne Joesley Batista, que grabó a Michel Temer mientras pactaban el pago de aparentes sobornos, fue preso por orden del Supremo Tribunal Federal en el marco de un escándalo que salpicó a la Procuraduría General de la República, afectando la credibilidad de la causa Lava Jato.

De anteojos oscuros, rostro tenso y remera blanca Batista se entregó ayer a las dos de la tarde en la superitendencia de la Policía Federal de San Pablo donde un grupo de manifestantes soltó petardos para conmemorar la prisión. Junto al dueño del frigorífico JBS, mayor exportador mundial de carne vacuna, se encontraba uno de los principales ejecutivos de la firma, Eduardo Saud, que también quedó detenido en la sede policial paulista desde donde estaba previsto el traslado de ambos hacia Brasilia.

El juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal, trabajó el fin de semana para concluir la redacción de la orden de arresto de los imputados por considerar que actuaron de “mala fe” al esconder informaciones a la Justicia.

Batista y Saud son reos confesos beneficiados con la ley de la “Delación Premiada” tras haber brindado datos y pruebas sobre una red de corrupción política que envolvió a Temer, del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y unos 1.800 políticos de todo el espectro político.

En marzo Batista grabó a Temer durante un encuentro a solas en la residencia oficial, el Palacio de Jaburú. La cinta, que presentó algunos defectos de sonido, captó cuando se conversó sobre el pago de dinero al ex jefe de Diputados, el ahora preso Eduardo Cunha, también del PMDB, y de otro monto que sería destinado al propio Temer.

Dos semanas después de aquella conversación celebrada un domingo por la noche, uno de los asesores de confianza del mandatario, Rodrigo Rocha Loures, fue filmado cargando una valija con 165 mil dólares recibidos de manos de un empleado de JBS. Esa plata era parte de una coima destinada a Temer por haber facilitado negocios de JBS, sostuvo la Procuraduría cuando acusó al gobernante de “corrupción pasiva” y pidió su separación del cargo.

El asesor y valijero presidencial Rocha Loures reconoció haber sido la persona filmada cuando llevaba la plata sucia, la que días más tarde entregó a la policía. Tras confesar, el ayudante de Temer fue preso y procesado.

Luego de entregar las pruebas el arrepentido Joesley Batista fue eximido de prisión y su causa quedó sin efecto como lo establece la ley de la “Delación Premiada” promulgada en 2013,cuya interpretación ha dado lugar a debates entre juristas.

A raíz del impacto de las evidencias en su contra, Temer sufrió un desgaste político considerable y debió pronunciar más de un discurso para garantizar que no iba a renunciar al cargo que asumió luego del golpe perpetrado hace un año contra Dilma Rousseff.

Sin legitimidad, rechazado por cerca del 90 % de los brasileños y con evidencias sobre sus pactos mafiosos, Temer se aferró a la presidencia sin dejar de atacar a su antiguo aliado Batista, al que calificó como un “delincuente y marginal”. Temer “es el ladrón general de la República” devolvió el empresario, seguro de que jamás iría preso.

Pero la situación dio un vuelco brusco hace diez días cuando se descubrió que el rey de la carne ocultó informaciones valiosas incumpliendo el pacto con la Justicia, por eso ayer el juez Fachin determinó que se suspendan provisoriamente los beneficios de la “Delación Premiada”.

Con este cambio de situación el gobierno se fortaleció y miembros de la bancada oficialista en Diputados evaluaron que esta victoria permitirá que el ocupante del Palacio del Planalto continúe en el cargo hasta el fin del mandato en diciembre de 2018. Incluso los abogados del presidente anunciaron que demandarán la anulación de las pruebas presentada por el empresario preso on lo cual sería enterrado todo el proceso.

De momento algunos miembros del Supremo dejaron trascender que la prisión de Batista significa automáticamente que la grabación y el video pierdan validez.

 

Cuestionan el Lava Jato

 

Desde su inicio, la causa Lava Jato utilizó a las confesiones como herramientas centrales en las investigaciones sobre el entramado de corrupción en perjuicio de la petrolera estatal Petrobras.

La caída de Batista se debió a que escamoteó datos y a un supuesto acuerdo con uno de los hombres importantes de la Procuraduría, Marcelo Miller, otro de los procesados.

Miller habría colaborado con los reos mientras trabajó en la Procuraduría a la que renunció en marzo, tras lo cual fue contratado para trabajar en el buffet que defendió a Batista.

La proximidad “sospechosa” entre el empresario y el ex fiscal confirma las aberraciones “permanentes” a las que se presta la “Delación Premiada” afirmó el diputado Wadih Damous, del Partido de los Trabajadores, y ex titular de la Orden de Abogados de Brasil, de Río de Janeiro.

Damous dijo que toda la causa Lava Jato está “en la mira” porque otras irregularidades “similares” fueron detectadas en el juzgado federal de Curitiba, a cargo del juez Sergio Moro, que condenó a Lula a nueve años y medio de prisión basándose “solamente en delaciones”.

La montaña de sospechas sobre los fiscales tuvo su pico en la noche del sábado cuando el jefe de la Procuraduría General de la República, Rodrigo Janot, fue fotografiado mientras charlaba con un abogado de Batista en una cervecería.

 

 

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Domingo, 10 Septiembre 2017 07:10

Tras dos años de “bullying” renunció Sendic

 

Al frente de la petrolera uruguaya habría rendido gastos de la tarjeta corporativa sin presentar recibos. Por eso un comité de ética partidario lo criticó y entonces sus enemigos internos y externos le saltaron a la yugular.

 

El vicepresidente de Uruguay, Raúl Sendic, presentó ayer una renuncia indeclinable a su cargo, luego de denunciar una persecución política de la oposición y de miembros conservadores de su partido, el Frente Amplio (FA).

“Presenté ante el Plenario del FA mi renuncia indeclinable a la vicepresidencia (de Uruguay). Se lo comuniqué también al presidente Tabaré Vázquez”, anunció Sendic, quien también preside el Senado, en la red social Twitter. “Hace dos años que vengo sufriendo un fuerte hostigamiento”, dijo Sendic en un discurso ante el Plenario Nacional de la coalición de izquierdas que gobierna el país, el FA, en defensa ante las acusaciones de uso de dinero público para su beneficio personal cuando estuvo al frente de la mayor empresa estatal del país, la petrolera ANCAP.

La información, que tomó estado público a partir de un recurso de acceso a datos de la petrolera iniciado por periodistas locales, mostró gastos de Sendic en tiendas deportivas, de electrónica o joyerías en Uruguay y otros países, realizados con su tarjeta corporativa por 538.973 pesos uruguayos (unos 18.911 dólares) y 38.325 dólares. El ex presidente José Mujica comparó la situación de Sendic con la de Brasil: “Mientras en Brasil aparecen bolsones de plata nosotros estamos discutiendo unos calzoncillos, por favor”, se quejó.

En ANCAP y otras empresas públicas hay una reglamentación para la utilización de estas tarjetas que indica, entre otros puntos, que los beneficiarios deben presentar comprobantes de pagos de las compras que realicen. Ni Sendic ni sus compañeros del directorio cumplieron con esta obligación, que hubiese permitido discernir antes si los gastos estaban siendo acordes con lo que indica el protocolo de uso. Pero el fallo y la investigación solamente se ocupó de la responsabilidad de Sendic, ignorando a al resto del directorio. Por más que el renunciante vicemandatario hizo declaraciones ante el tribunal explicando la razón de algunas adquisiciones, éste consideró que no tienen sustento al no contar con pruebas fehacientes que las corroboren.

El vicepresidente arremetió contra el presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, quien conocía el fallo del tribunal. “Yo no responsabilizo a los compañeros de la Mesa Política que votaron para se publicara el informe porque no lo conocían, pero sí lo conocía el presidente del Frente Amplio, como también lo conocía yo, y por eso había solicitado que el informe fuera considerado directamente por este tribunal (Plenario), que es el verdadero tribunal, porque es desproporcionado, infundado, porque no hay prueba de lo que dice el informe”, aseguró Sendic.

El tribunal consideró que el cuadro general que presentan los actos reseñados de Sendic constituye de un modo de proceder inaceptable en la utilización de dineros públicos. “Frente a esa situación, frente a este conjunto de maniobras, de deslealtades vengo a poner a disposición de ustedes la Vicepresidencia. No se los mando a decir por la prensa”, remató Sendic visiblemente ofuscado. Según contaron al diario local El Observador participantes del Plenario, Sendic presentó sus estados de cuenta y dijo que desde hace más de un año está siendo objeto de una campaña. Se fue aplaudido por la gran mayoría del Plenario.

Según medios locales, Vázquez aceptó la renuncia y canceló el viaje que tenía previsto hacer a Nueva York la próxima semana para asistir a la Asamblea General de la ONU. Por su parte, el presidente del FA, Javier Miranda, dijo en una rueda de prensa, al término del pleno, que la agrupación tomaba nota de la renuncia de Sendic e instó a velar por la unidad y la honestidad de los frentamplistas. A la salida del plenario Miranda y los integrantes del tribunal fueron abucheados por militantes del FA.

Los problemas con Sendic comenzaron en febrero del 2016 para el Frente Amplio, una coalición de izquierda que gobierna Uruguay desde el 2005, sucesivamente con Vázquez, José Mujica, y nuevamente Vázquez al frente del gobierno. El año pasado, Sendic reconoció en una conversación con El Observador que no era Licenciado en Genética Humana graduado en Cuba como lo había sostenido hasta ese momento. “Lo que hice fue una preparación para la docencia genética, que era un curso rápido”, le dijo al diario. Su vida política entró en una espiral descendente que lo puso en el centro de las disputas y el Frente Amplio comenzó a mostrar fisuras internas.

Algunos sectores como el Partido Comunista, de gran arraigo en la estructura del oficialismo, se alinearon en la defensa del compañero de fórmula de Vázquez. El propio mandatario dijo que Sendic era víctima de bullying. “Es el bullying más fantástico que he visto en mi vida y me causa asombro el ensañamiento”, señaló el presidente a comienzos del mes pasado. Pero progresivamente, los pedidos de renuncia comenzaron a hacerse escuchar desde filas del partido de gobierno a través de trascendidos de prensa.

En cambio Sendic dijo que no anunció su renuncia en ningún medio, sino que fue directamente al plenario de la FA. “Vengo aquí a renunciar a la Vicepresidencia de la República y lo vengo a hacer en este organismo y no se lo mando a decir por la prensa, como me lo han mandado a decir muchos compañeros, queridos compañeros, apreciadísimos compañeros, no les mandé el mensaje por la prensa”, dijo.

En su cuenta de Facebook, la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, destacó esa actitud de Sendic. “Fue muy digna y valiente su actitud y demostrará que su militancia en el proyecto de transformación social que lo llevó a este gesto sigue siendo válido y contará con él”, señaló la ministra. “Hoy fue un día de pérdida de un compañero, que como todos, con aciertos y errores dio lo mejor de si al FA”, agregó.

Ante una renuncia, la Constitución uruguaya establece que la vicepresidencia debe ser ocupada por el segundo senador más votado, que en este caso sería Lucía Topolansky, de 72 años, esposa del ex mandatario (2010-2015) y actual senador Mujica.

 

 

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El diputado y exmilitar Jair Bolsonaro dedicó su voto a favor de la destitución de la entonces presidenta Dilma Rousseff, al "coronel Ustra", uno de los más destacados torturadores durante la dictadura militar de Brasil (1964-1985), que había torturado también a Dilma.


Bolsonaro es uno de los políticos más populares de Brasil. Tiene el 20% de las intenciones de voto para las elecciones de 2018, detrás sólo de Lula, pero delante de los demás candidatos de todos los colores. No sólo defiende la dictadura militar, sino que considera la tortura como una práctica legítima, defiende la pena de muerte y rechaza las cuotas para afrobrasileños en las universidades, ataca a los homosexuales y es contrario al matrimonio igualitario.


Es diputado desde 1991 y en 2014 fue reelecto como el más votado de Río de Janeiro con casi medio millón de votos. Como militar participó en un grupo de artillería de campaña y, como paracaidista, defiende desde entonces aumentos de salarios para los militares y sostiene que la crisis brasileña sólo puede resolverse con mano dura.
Se presenta como el candidato 'antiestablishment', que recoge tanto los votos de quienes rechazan a la izquierda como los que desconfían de la derecha. No realiza alianzas con los políticos 'tradicionales', pero se presenta por el Partido Ecológico Nacional (una de las siglas más recientes del escenario electoral), luego de haber integrado seis formaciones políticas.


En su blog de campaña defiende un mayor rigor disciplinario en las escuelas, la reducción de la edad penal, el armamento de los ciudadanos para proteger sus propiedades, mayor seguridad jurídica a la actuación policial y los valores cristianos.


La pregunta es por qué un político de extrema derecha que defiende posiciones a contracorriente del sentido común y de la historia política reciente de Brasil tiene tamaña popularidad, al punto que sobrepasa a Lula en Rio Grande do Sul, uno de los estados más politizados del país y el primero en haber sido gobernado por el Partido de los Trabajadores.


Encuentro cinco razones de peso para explicar el crecimiento de Bolsonaro, aunque estimo que difícilmente consiga la Presidencia, ya que en una segunda vuelta es muy probable que más de la mitad de los votantes le de la espalda.


La primera es la herencia de la dictadura militar. En Brasil no existió una ruptura con el régimen como la hubo en Chile, Argentina y Uruguay con los 'Nunca Más', que mostraron ante la opinión pública las infamias cometidas por las Fuerzas Armadas contra la población. Precisamente el coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra fue el primer militar en haber sido condenado como torturador recién en 2008.


Para muchos brasileños la dictadura militar fue un periodo de auge de la economía y de importantes obras públicas, de modo que la imagen de esos regímenes no está asociada a la violación de los derechos humanos como en los demás países de la región.


La segunda cuestión es la herencia colonial y la presencia de un racismo asfixiante. Brasil fue uno de los últimos países en abolir la esclavitud, recién en 1885, pero la cultura esclavista perdura hasta el día en hoy, en particular entre los terratenientes que tienen guardias armadas para la defensa de sus propiedades. Aún existe trabajo forzado en las plantaciones de café y, "entre 1996 y 2014, unos 48.700 esclavos han sido liberados".


Más de la mitad de los brasileños se definen como afrodescendientes, pero una parte considerable (alrededor del 25%) vive en favelas y el resto es pobre, accediendo sólo a trabajos precarios y mal pagados. En la cultura de las clases medias, la mujer negra está destinada a ser empleada doméstica y al varón se lo suele considerar como delincuente.


Por eso el rechazo de Bolsonaro al ingreso de negros a las universidades recibe tanto apoyo. El sector blanco y de clases medias de la población siente profundo rechazo a la presencia de negros ligares tanto en los centros universitarios como en las salas de espera de los aeropuertos, ya que el ascenso económico que experimentaron bajo los Gobiernos del PT les permitió acceder al consumo.


La tercera razón se relaciona con la crisis del sistema político. Los dos últimos Gobiernos, el de Rousseff y el actual de Michel Temer, alcanzaron una aprobación muy baja, menor al 10% del electorado. De alguna manera se trata de un profundo rechazo a los políticos que fue aprovechado primero por la derecha para destituir a Rousseff y ahora por la extrema derecha.


El no haber realizado una reforma política de fondo (el Parlamento tiene casi 30 partidos) que incluya la financiación estatal de las campañas, es uno de los mayores problemas del sistema político. La dependencia de los partidos de las donaciones de empresas privadas y estatales está en la base de la corrupción que investiga la operación Lava Jato.
La cuarta razón que explica la derechización del electorado es la crisis económica. Durante tres años consecutivos, la economía de Brasil retrocede, configurando la mayor crisis en la historia del país. Luego de una década en la que el país fue la cuarta economía del mundo (cayó hasta el 10º puesto), el Gobierno de Temer está dispuesto a privatizar buena parte de las empresas estatales para resolver el mayor déficit fiscal en su historia.


Esto se traduce en desempleo y endeudamiento de las familias, que ya no pueden pagar sus cuentas. Hay claros síntomas de exasperación, en particular entre las clases medias urbanas que estaban acostumbradas a estándares de consumo que mejoraban de año en año.


Por último, el fracaso de la izquierda es utilizado como elemento de legitimación por la candidatura de Bolsonaro. El principal pecado de los Gobiernos encabezados por Lula y Dilma es la corrupción. Para muchos analistas y para buena parte de sus votantes, un Gobierno de izquierda podía cometer errores, pero nunca pensaron que llegarían a ver a sus dirigentes históricos entre rejas por haber robado o tolerado la corrupción.


Aunque es muy difícil que Bolsonaro se haga con la Presidencia, las ideas de extrema derecha han conseguido instalarse en Brasil y es muy difícil que retrocedan si no se transforman las realidades estructurales que están en la base del racismo, la militarización y la violencia en la vida cotidiana.

 

18:59 08.09.2017(actualizada a las 19:01 08.09.2017) URL corto

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