Una de las cuestiones más complejas que tiende a convertirse en asunto central de la política colombiana en este período histórico, o sea más allá de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transición o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociación política del conflicto armado entre el régimen dominante y las Farc. Dadas sus características, algunos han planteado que se trata más de una justicia transaccional, por quienes la pactaron, sin participación social; como la hicieron y por los beneficiarios prioritarios de la misma.


Sobre ese eje implantado en la dinámica de reinstitucionalización, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del ordenamiento constitucional dicha Justicia Especial. El dirigente de las Farc, Jesús Santrich, ha calificado esta Sentencia, como “el inicio del fin de la paz”.


Sobre sus alcances y falencias muchos han sido los pronunciamientos de centenares de expertos y entidades, que han señalado un contraste con lo que se denomina estándares internacionales de justicia y derechos humanos, indicando por ejemplo que la Corte Penal Internacional podría conocer de casos frente a los cuales la JEP no dará respuesta justa y adecuada. Por supuesto hay que escuchar también las posiciones de grupos de víctimas y de diversos sectores populares en resistencia que por diferentes razones sólo hasta ahora han tomado en cuenta la necesidad de un estudio concienzudo y objetivo de esa jurisdicción, que se nos vendió como solución, constituyendo en realidad cada día un gravísimo problema.


Dos días después del fallo, la organización política derivada de las Farc, expidió un comunicado en el que lo saluda pero advierte que se generan “consecuencias adversas para la paz”, como concebir que es para ser aplicada a quienes integraron las Farc y no a otros actores, en este caso del régimen, pues quedan liberados “los agentes del Estado civiles” a los que llama “una privilegiada casta de intocables”. Aseguran que “se estimuló el régimen de impunidad” y “se desprecia a las víctimas”, y que no se contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad, entre otras quejas.


Otra frustración: el blindaje de los de arriba


Ciertamente, y más que dichos reclamos de una de las partes negociadoras, las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la JEP y el sistema al que fue articulada, frustra expectativas legítimas de miles y miles de víctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia dominante, se torna por lo mismo más funcional al statu quo y a sus objetivos estratégicos que nos recuerdan el gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”; “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado” (del libro “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa [1896-1957]).


En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, ratificado por una Corte Constitucional que también es expresión de unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de asociación criminal, sino sólo concurrir a la JEP según su libre elección, cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propósito de total encubrimiento. O sea como manifestación pura de lo que representan: la selección de un sistema de segregación que confiere a unos puñados de ricos todos los derechos y diferentes menús, y a millones de colombianas y colombianos los restos. Ya Tucídides, el historiador y general griego, decía relatando la Guerra del Peloponeso (431-411 a.C.): “Ustedes saben tan bien como nosotros que el derecho, como suele decirse, sólo se discute entre quienes tienen el mismo poder: mientras que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”.


El 20 de julio de 2017, uno de los más comprometidos y acuciosos estudiosos de la realidad colombiana, el defensor de derechos humanos, padre Javier Giraldo, analizó este tema dentro de un visión crítica de lo pactado en La Habana. Nos recordó lo siguiente:


“El 30 de agosto de 2016 el Presidente Santos asistió al Congreso de Analdex, acompañado de su Canciller, del Alto Comisionado de Paz y del militar negociador plenipotenciario del Gobierno en La Habana, ex General Jorge Enrique Mora Rangel. Su mensaje a los empresarios fue una fórmula de evasión a la justicia, entusiasmadamente acogida: alegando extorsión podrán limpiar su nombre ante la Justicia Transicional. Les insistió en que la Justicia Especial para la Paz será una oportunidad para que los empresarios que han sido víctimas de extorsión limpien su nombre” (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264).


En dicho análisis se remonta Giraldo a la fórmula inicial, a lo que se fue construyendo en Cuba hacia mitad del 2015, y que nos sirve para una reflexión general sobre cómo lo que mal comienza, está en la tendencia de que mal acabe: “(se) propuso una fórmula que tuvo aceptación casi inmediata de ambas Partes, pues ofrecía impunidad simétrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parámetros de justicia transicional, pero además resolvía el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdicción Especial...”. Señala cómo se produjo un cierto pánico de la élite en el poder “compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes”, que desarrollaron estrategias tranquilizantes para salvarles, para que nada de lo pactado afecte su lógica de violencia e impunidad.


Era 2015, cuando se vislumbró esa propensión de un sistema de justicia negociado, que, esgrimiendo el compromiso con las víctimas, como supuesto centro de la solución política, vendió además que a la amnistía e indulto a los guerrilleros de las FARC, debía compensarse al otro lado, con medidas equivalentes dirigidas como beneficios a quienes combatieron la subversión.


Dichas estrategias tranquilizadoras y reaseguradoras de las posiciones de las elites en el poder, fueron diversas y constituyeron una cadena secuencial y consecuencial, de tal modo que, como lo afirma el jesuita Giraldo, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana “ya se habían incluido principios muy claros de impunidad para la élite en el poder”. Pasó en las sucesivas ceremonias de agosto, de septiembre y de noviembre de 2016, cada vez que concurrieron las partes a celebrar lo pactado; y han venido acentuándose esas estrategias de impunidad en absolutamente todos y cada uno de los pasos de confección y concreción jurídico – política de esa jurisdicción especial que se pensó fuera imparcial y por fuera de la que Giraldo llama acertadamente “putrefacta justicia colombiana”, pero que al final, por la lógica y la formalidad de un Estado que se presume “de Derecho”, terminó siendo no un ensayo alternativo y eficaz frente a la impunidad de los sectores en el poder, sino una refinada maquinaria anidada y manejada en colusión con los de arriba, que apunta a estar al servicio de sus intereses históricos.
Lecciones a la vista


Un repaso de los once títulos que desarrolló el padre Javier Giraldo en el texto aludido, y que hoy recobran validez por su argumentación, nos señalan las materias que como Ejército de Liberación Nacional seguiremos discerniendo para aprender de lecciones a la vista, dadas por la realidad sistémica de la inmunidad e impunidad de los las elites:


* Priorización y selección de casos dejando por fuera a miles de hechos y de víctimas;
* Confusión deliberada de víctimas del genocidio, de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, como si fueran víctimas del conflicto armado;
* Aceptación y legalización de una simetría ilegítima (homologación de responsabilidades de los criminales mandados por el Régimen con las de los rebeldes);
* Extirpación del tímido ensayo de jurisdicción universal, o sea la frustración del derecho penal internacional más progresista;
* La desaparición de las responsabilidades de los mandos;
* El refinamiento unilateral de la impunidad de agentes del Estado;
* La absolución anticipada de los máximos responsables;
* La esfumación de la centralidad de las víctimas;
* La ya mencionada absolución del empresariado criminal;
* La anulación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas de genocidio;
* La evasiva radical a las garantías de no repetición (véase lo que está pasando en campañas de asesinatos de líderes y activistas sociales comprometidos en procesos populares).


Del escrito del padre Giraldo, que continuaremos estudiando y de observaciones como las de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha llamado ambigua y errada a gran parte de lo estructura de la JEP, o de informes de Amnistía Internacional y otra entidades nacionales y extranjeras, tenemos un abanico de temas descritos que deben ser sopesados racionalmente a la luz no sólo de los normas urdidas sino de la experiencia específica que se va arrojando, como es la exoneración y libertad ya conquistada de grandes genocidas o responsables de crímenes de lesa humanidad.


Mientras combatientes de las Farc continúan presos por infracciones penales conexas a la rebelión, Rito Alejo del Río y otros ex militares pasean con tranquilidad por el país. Éste al menos tuvo restricciones temporales a su libertad por espantosos hechos que cometió, pero cientos y cientos de empresarios, bajo ese sistema, nunca serán siquiera señalados por sus responsabilidades. Tomamos nota de estos caminos y de esta ciénaga, reafirmando el compromiso básico para una justicia y paz transformadoras: “Verdad toda, verdad todos”.

 

 Por Camila Pérez
www.eln-voces.com

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Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:21

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras es un país muy pequeño en América central, usualmente desconocido para la mayoría de personas en el mundo. En los años 80, era conocido como el portaaviones de Estados Unidos para agredir la naciente revolución en Nicaragua. Al finalizar esa década, pasó al olvido hasta que, en 2009, se perpetraba con éxito un violento golpe de Estado militar que terminó con la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales.


Es complicadísimo responder a la pregunta ¿Qué tiene Honduras que los yanquis son capaces de retenerla a costa de lo que sea?. Sin embargo, está claro que la ultraderecha de América Latina, dirigida desde la NSA (Agencia de Seguridad Nacional)y el Comando Sur siempre usan “lo mejor de su arsenal” en defensa de sus intereses económicos y estratégicos en este frente único de batalla.


Este domingo 26 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales, legislativas y municipales, simultáneamente. En ella participa el actual presidente de extrema derecha Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional, contra una coalición coordinada por el ex presidente Zelaya, y que postula como candidato a la presidencia a Salvador Nasralla, hombre surgido en los medios de comunicación deportivos del país.


La semana pasada, el oficialismo inició una campaña de miedo, en la que involucró directamente a la bolivariana Venezuela, la que fue acusada ante Luis Almagro de “haber introducido 145 expertos en desestabilización y acciones terroristas para sabotear el proceso electoral”. La acusación la presentó la Fundación Arcadia, dirigida por Otto Reich, halcón de origen cubano y enemigo declarado de la integración latinoamericana, y un oscuro venezolano en el exilio, de nombre Robert Carmona.


El mismo día que Reich apareció con su denuncia, el gobierno hondureño secuestró durante varias horas al emblemático grupo musical venezolano “Los Guaraguo”, en las instalaciones de migración del aeropuerto de San Pedro Sula. Luego del inaudito cautiverio, los músicos fueron deportados hacia Venezuela y escoltados por la interpol hondureña. En las últimas horas el gobierno hondureño subió nuevamente el tono belicoso y estableció que los ciudadanos de origen venezolano deberán usar “visas consultadas” para entrar a territorio nacional.


Mientras tanto, la policía militarizada allanó una vivienda en Tegucigalpa, en la que encontró la siguiente lista de pertrechos: banderas de la alianza, manuales para fabricar cócteles molotov, una libra de marihuana. El burdo montaje fue divulgado por los medios de información locales, totalmente cooptados por el régimen de Hernández.


Todo indica que han iniciado una fase que busca atemorizar a las personas para evitar la asistencia masiva a las urnas. Según estudios confiables, el oficialismo estaría al borde de una derrota electoral catastrófica, y muchos escenarios son posibles. Todo esto impulsado por los halcones de Washington y los cubanos de Miami. Vale la pena seguir de cerca este proceso que luce como un potencial foco de tensión para el continente.

 

Por Ricardo Salgado, analista político hondureño.

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Enrique Santiago es asesor jurídico de las FARC y una de las figuras fundamentales para la consecución del acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en Colombia.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

Tras cinco años de negociaciones en La Habana, y la incertidumbre generada por el rechazo del pueblo colombiano a los Acuerdos de paz, la solución del conflicto entre el estado colombiano y las FARC parecía encarrilada en noviembre de 2016 con el refrendo del Congreso de la República. La situación un año después no puede ser peor.

En el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregara las armas a mediados de agosto, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido liquidados por parte de la fuerza pública y de los paramilitares. En este ambiente de desconfianza e incertidumbre, el pasado 25 de octubre se ponía en marcha un paro campesino -llamada “minga nacional”- que ha sacado a más de 100.000 personas a la calle en 24 departamentos del país exigiendo el cumplimiento de lo acordado en La Habana en materia de respeto a los derechos de los pueblos indígenas y de desarrollo de sus comunidades.

 

Pero el foco mediático hace tiempo que ha abandonado a Colombia. Los asesinatos y las protestas campesinas están poniendo de manifiesto la violencia estructural existente en Colombia. Hechos que demuestran que la paz no viene dada con la firma de un texto si los actores responsables del conflicto no se comprometen a cumplir lo acordado. Esta es una de las cuestiones que viene denunciando la reconvertida FARC (Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común), quien pide la liberación de los cerca de 1.000 guerrilleros que aún quedan en la cárcel -según lo estipulado en los Acuerdos de paz- y la implementación de las medidas más urgentes que caducan a finales de este mes de noviembre.

De todo ello, charlamos con Enrique Santiago, asesor jurídico de las FARC, y una de las figuras fundamentales para la consecución del (esperemos) acuerdo definitivo de paz que cierre las heridas todavía abiertas en el país cafetero.

 

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Enrique Santiago, una de las figuras clave para la consecución del acuerdo definitivo de paz.

 

La FARC acusa al Gobierno de estar contraviniendo lo estipulado en los acuerdos de paz. ¿Qué está ocurriendo con lo pactado en La Habana?

Que se está incumpliendo el acuerdo es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo. El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Nos quedan 20 días para que concluya el mes de noviembre, que es cuando se cumplirá el primer año, y de esas medidas que se contemplaban no se ha implementado más que un 20%.

 

¿Cuáles son esas medidas que se tenían que cumplir en el primer año?

Lo más preocupante es que no se han implementado medidas esenciales que atañen a las causas del conflicto. No se ha implementado nada respecto a la reforma rural y los programas de sustitución de cultivos ilícitos, todos sabemos que el conflicto surge por un problema de acceso de tierra de los campesinos y la acumulación de tierras en muy pocas manos. Respecto al programa de participación política y de erradicación de la violencia de la política, en Colombia cualquier fuerza alternativa que ha surgido en el último siglo ha sido exterminada en el momento en el que ha pasado a tener un apoyo popular importante. Es el caso más reciente de la Unión Patriótica que fue exterminada con más de 3.500 asesinados, incluyendo la gran mayoría de representantes públicos. Esta ha sido la tónica habitual y por ello era urgente la erradicación de la violencia de la política y la reforma del sistema electoral.

 

¿El Estado no está en condiciones de poder garantizar la participación política de la FARC sin violencia?

Una de las medidas fundamentales era la creación de instituciones que acabaran con el paramilitarismo, que es un problema estructural en Colombia. Las FARC hicieron una propuesta al Estado básica, como era que se prohibiera el paramilitarismo, porque Colombia no había una norma que prohibiera este terrorismo. Finalmente se ha acabado acordando con rango constitucional, pero no se han hecho los desarrollos en el Código Penal. La justicia ordinaria se ha mostrado completamente inoperante, tiene 15.000 casos sobre paramilitarismo y estas investigaciones no se están llevando a cabo. Es algo fundamental que está directamente relacionado con el encallamiento del acuerdo.

 

El conflicto por el acceso a la tierra fue uno de los factores determinantes para el inicio de las FARC. ¿Por qué el Gobierno no da prioridad a una de las causas históricas de conflicto?

Partíamos de la premisa de que los seis millones de hectáreas que habían sido robadas violentamente a los campesinos, usurpadas por terratenientes usando grupos paramilitares, iban a ser de imposible recuperación. Por ello, el Estado se comprometía a poner a disposición de los campesinos que se quedaron sin tierra 10 millones de hectáreas. No hay por el momento ni una sola norma aprobada para garantizar este punto ni las destinadas a la sustitución de cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta que las zonas donde los campesinos cultivan hoja de coca son zonas abandonadas por el Estado dónde únicamente acuden a comprar las organizaciones mafiosas que se dedican al tráfico de estupefacientes. Este es un problema que afecta a cientos de miles de campesinos en Colombia, que ni mucho menos se enriquecen ni obtienen un precio equiparable al que se produce con la comercialización de la hoja de coca.

 

Uno de los puntos que ha suscitado mayor rechazo e intentos de modificación ha sido la llamada “justicia especial para la paz”, porque se consideraba que garantizaba la impunidad para los guerrilleros.

El acuerdo establece la amnistía para todos los guerrilleros por aquellos delitos que son políticos, no de sangre. Eso no es ninguna ocurrencia de las FARC, es la aplicación estricta del derecho internacional y de las Convenciones de Ginebra, que dice que a la finalización de un conflicto armado interno se otorgará la amnistía más amplia posible a todos actores del conflicto. Se están incluyendo modificaciones que tienen como finalidad garantizar la impunidad de los que siempre han disfrutado de ella, que son los civiles que siempre han estado beneficiados del conflicto, y que solo se conozcan las responsabilidades derivadas de la guerrilla. El acuerdo era para resolver la responsabilidad de todos los actores del conflicto teniendo en cuenta que, según dice la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o los propios datos de la Fiscalía General de la Nación, quienes no ha disfrutado de impunidad en Colombia son precisamente los grupos guerrilleros. Es el único actor del conflicto que el Estado se ha encargado de perseguir intensamente y ha obviado los crímenes cometidos por la fuerza pública y el paramilitarismo.

 

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Militantes de las FARC en Cali, Colombia /REUTERS

 

¿Quiénes son esos civiles que se han aprovechado del conflicto?

Las empresas multinacionales que se dedican a grandes proyectos agroindustriales o extractivos se han enriquecido con la guerra y no les interesa que acabe la guerra porque, mientras ha existido, han ocupado las tierras violentamente y han expulsado a los campesinos. Es obvio que estos sectores son los que están poniendo más impedimentos porque se resisten a perder los privilegios que han tenido y los mecanismos de acumulación de riqueza. En Colombia está acreditado que empresas como la United Fruit o Coca-Cola han tenido a su disposición grupos armados paramilitares para proteger sus intereses exterminando a los líderes sindicales y desplazando a las poblaciones de aquellas tierras que ambicionaban para sus proyectos económicos. Ese no es ningún secreto, de hecho, en Estados Unidos hay varios procedimientos abiertos contra estas empresas exigiéndolas responsabilidad civil.

 

¿Se acuerdan estos tribunales especiales por la desconfianza hacia los tribunales ordinarios colombianos?

Como hay un absoluto recelo de funcionamiento del aparato de justicia y su parcialidad respecto a la actuación de los guerrilleros, se estableció que quedarían en libertad condicional a disposición de la nueva jurisdicción especial para la paz para que esta revisara sus delitos. Antes de finalizar la dejación de armas tenían que haber sido excarcelados todos los guerrilleros y, a día de hoy, quedan 1.000 guerrilleros presos. Ha habido un incumplimiento sistemático por parte de los jueces colombianos hacia esta ley, incluso han dicho que no veían con buenos ojos esa ley porque iba contra sus decisiones judiciales. Esto es una actuación muy preocupante que habla de arbitrariedad judicial y de unos jueces que se niegan a cumplir la ley. Que unos jueces digan que no están dispuestos a cumplir la ley es prácticamente sedicioso.

 

Entonces, ¿la justicia en Colombia es totalmente arbitraria y no tiene intención de esclarecer la verdad del conflicto?

Es el punto de vista no solo de las FARC, sino de organizaciones de derechos humanos y de víctimas en Colombia. La justicia es arbitraria y no es objetiva, pero sobre todo es ineficaz. En Colombia hay una impunidad judicial respecto a delitos comunes de un 90%, es decir, la gran mayoría de las actividades delictivas que se cometen en el país no llegan nunca a los tribunales.

 

¿Qué garantías contemplaba de acuerdo en este primer año si no se cumplía lo estipulado?

El acuerdo es el más completo firmado en el mundo en cuanto a mecanismos jurídicos de obligado cumplimiento, porque intuíamos lo que podía pasar. El Estado realiza una declaración unilateral de obligado cumplimiento, que es una figura que existe en el derecho internacional en el Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, ante las Naciones Unidas y se pidió que para mayor garantía se incluyera el texto total en un documento del Consejo de Seguridad, el único organismo que tiene competencias ejecutivas. Además, se hizo una reforma constitucional que obliga a cumplir el acuerdo a todas las autoridades colombianas en los tres próximos periodos electorales sin modificaciones. Al final este es un acuerdo político y la única garantía de cumplimiento es que haya una voluntad política de cumplirlo y de acabar con el conflicto.

 

¿El presidente Santos está en condiciones de cumplir los acuerdos de paz antes de que finalice su mandato en 2018?

El presidente Santos tiene la obligación de garantizar el cumplimiento del acuerdo. Todo parece indicar que no se va a garantizar y que su implementación va a quedar al albur de la mayoría parlamentaria que salga de las legislativas del próximo mes de marzo, y de quien sea nuevo presidente en el mes de mayo con las presidenciales.

 

¿Se está corriendo el riesgo de volver a una confrontación violenta?

Esta situación no es novedosa. El Gobierno ha firmado acuerdos a lo largo de la historia que luego incumple. ¿Y cuál es el resultado?, como no se han garantizado las medidas que estaban destinadas a acabar con el conflicto este se ha reproducido. Obviamente las FARC no van a volver a alzarse en armas porque han cumplido sus obligaciones estrictamente: han desactivado todas sus estructuras y han entregado hasta la última arma a Naciones Unidas. Eso no es garantía en la historia de Colombia porque cuando desaparecen unas organizaciones surgen otras, en la medida en que el Estado es incapaz de solventar los problemas de inequidad y miseria. Es evidente que el incumplimiento sistemático del Estado va a estimular más disidencias. En estas últimas semanas estamos asistiendo a la detención indiscriminada de exmiembros de las FARC con el argumento de que, a pesar de que han sido amnistiados, todavía no se han incluido en las bases de datos de la justicia y de la Policía las órdenes de amnistía. Ese no es un mensaje muy constructivo para aquellos que acaban de dejar las armas.

 

¿La inscripción como partido político con las mismas siglas de la guerrilla puede suponer un escollo mayor a la hora de la confrontación electoral?

Hay una actitud contradictoria por parte del Estado. Durante el acuerdo venían reiterando que nadie quería a las FARC, pero pretendían limitar su participación en política. Siguiendo esa premisa, que no se molesten en limitar su participación política porque nadie les votará. Las últimas encuestas ponen de manifiesto que las FARC tienen un importante rechazo social, pero a su vez las mismas encuestas establecen que los partidos políticos tradicionales tienen un rechazo aún mayor. El partido político más valorado en los últimos barómetros publicados con un índice muy bajo es el partido que ha surgido de las FARC, curiosamente. La FARC está en la misma situación que el resto de partidos políticos tradicionales o mejor.

 

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Domingo, 19 Noviembre 2017 07:26

Brasil: ¿qué le hicieron a mi país?

 

La verdad es que, a estas alturas, cada vez reconozco menos a mi país. Y cada vez reconozco menos a mi ciudad, Río de Janeiro.

Desde el golpe institucional que se consolidó a fines de agosto de 2016 e instaló en el gobierno a una pandilla de corruptos encabezada por Michel Temer, la realidad se hizo avasalladora. El espeluznante retroceso que se ve en la economía, en las políticas sociales, en la casi desaparición del país en el escenario internacional, en la destrucción de derechos laborales, sólo es comparable al asombroso volumen de denuncias y escándalos que alcanzan al presidente y sus principales cómplices.

Lo más aterrador es que las denuncias son frenadas por la cobarde omisión del Supremo Tribunal Federal, supuesta corte máxima de justicia, y por la aberrante complicidad de la mayoría absoluta de los integrantes del Congreso Nacional, que ostenta la muy dudosa gloria de ser la legislatura de peor nivel ético desde la retomada de la democracia, en 1985.

La deprimente rutina de denuncias que siquiera rasguñan la impunidad del presidente, sus ministros y los aliados en la Cámara de Diputados y en el Senado corre pareja con la entrega, a las voraces trasnacionales del petróleo descubierto gracias a las tecnologías desarrolladas, al precio de miles de millones de dólares, por Petrobras. Y pareja a la ruina de la estructura de salud pública en todos los niveles (nacional, estatal, municipal): es que el ministro de Salud nombrado por Temer es un poderosísimo aliado de las empresas privadas de seguro de salud, que financian sus campañas, bien como las de un nutrido grupo de aliados, a diputado nacional.

La reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de Temer y sus aliados creó la espantosa contratación de trabajo intermitente, es decir, el patrón convoca al obrero para un determinado número de horas, al precio de dólar y medio cada hora. Ya hay propuestas de jornadas de cinco horas los sábados y domingos, a un precio total de 15 dólares. Suena degradante. Y lo es.

Pese a que constitucionalmente Brasil es un país laico, la Corte Suprema autorizó la enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Victoria de la llamada bancada evangélica en el Congreso. La Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados, a su vez, aprobó una propuesta de enmienda constitucional que condena el aborto en caso de estupro, de fetos que sean detectados con anencefalia, es decir, sin formación del cerebro, o de embarazos que pongan en riesgo la salud de la madre. La comisión, ¿cómo no?, está integrada por 18 diputados, casi todos integrantes de confesiones evangélicas, y una solitaria diputada, autora del único voto contrario. La decisión ahora va al pleno de la Cámara.

Vale recordar que la legislación brasileña sobre aborto es más bien conservadora: solo admite la práctica en esos tres casos.

El gobierno lanza una campaña publicitaria para convencer a la opinión pública que todo camina bien, que estamos en plena recuperación, mientras el déficit fiscal este año rondará los 50 mil millones de dólares, falta trabajo a 27 millones de brasileños –equivalente a nueve Uruguay, dos Cuba y media, poco más de media Argentina– y el porcentaje de la población que vuelve poco a poco al mapa mundial del hambre aumenta.

Crece, a velocidad aterradora, el peso de la extrema derecha, con los ojos puestos en las elecciones generales del año que viene. Esa sacrosanta, invisible y poderosísima entidad llamada mercado busca, ansiosa, alguna alternativa a Lula da Silva para 2018.

Frente a la falta absoluta de piezas de repuesto en el repertorio habitual, examina el diputado y precandidato Jair Bolsonaro. Capitán retirado, Bolsonaro no sólo defiende a hierro y fuego a la dictadura militar (1964-1985) como suele homenajear, en el pleno de la Cámara, a un notorio torturador. Entre otras de sus joyas está el comentario lanzado a una diputada: No te estupro porque no mereces ser estuprada.

Las encuestan revelan que Lula da Silva sigue como favorito (42 por ciento de las intenciones declaradas de voto), y que el único que crece es Jair Bolsonaro (tenía 16 por ciento, ahora tiene 18 por ciento).

Los candidatos habituales de la derecha estancaron en entre 7 y 8 por ciento.

Otro fenómeno inédito, entre tantos desastres, es el cinismo que se instaló serenamente entre los partidos políticos brasileños. Luego que el Supremo Tribunal Federal se acobardó, dejando a los senadores la decisión de suspender o no las actividades de Aécio Neves, derrotado por Dilma Rousseff en 2014 y mentor del golpe que la destituyó el año pasado, por haber sido grabado mientras extorsionaba a un empresario corrupto, los efectos de la medida se extendieron a las asambleas legislativas estatales.

Los colegas del senador corrupto lo mantuvieron en su escaño. Y ahora, hace dos días, los diputados estatales de Río de Janiero mandaron sacar de la cárcel al presidente de la asamblea y otros dos colegas, presos por integrar una pandilla que desde hace más de 20 años vive de la corrupción propiciada por las empresas de transporte urbano.

Brasil es, hoy por hoy, un país rumbo al naufragio, y Río de Janeiro – tanto la ciudad como el estado– están al borde del colapso.

Yo me siento a la deriva en un océano que ya no reconozco. Ojalá 2018 nos traiga a buen puerto.

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 08:26

El último de los mohicanos

 

Cae Robert Mugabe

 

Treinta y siete años pasó en el poder Robert Mugabe, desde que en 1980 ganó las elecciones al frente de la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (Zanu-Pf). El país, entonces llamado Rodesia, salía de una guerra civil de 15 años, iniciada desde el momento mismo en que se declarara su independencia sui géneris de Gran Bretaña y se constituyera un gobierno integrado únicamente por representantes de la ínfima minoría blanca (5 por ciento de la población). Hasta que el líder de los supremacistas Ian Smith fue derrotado por las guerrillas negras, Rodesia estuvo alineada con la Sudáfrica del apartheid. Mugabe, que en 1980 tenía 56 años, se convirtió entonces en uno de los referentes del tercermundismo en África, y ese prestigio –aunque tremendamente oxidado, incluso por sus posteriores alianzas de hecho con la antigua metrópoli británica– le valió que hasta hace poco en su región muchos le manifestaran cierto respeto.

Su reinado –con 93 años era el presidente en ejercicio más viejo del mundo– parece ahora haber terminado. Detenido por las fuerzas armadas el martes 14 por la noche junto a varios de sus ministros, el veterano líder fue enviado a prisión domiciliaria. El detonante del “pronunciamiento” militar (sus autores dicen, contra todas las evidencias, que “no se trató de un golpe de Estado”) habría sido la destitución del vice, Emmerson Mnangagwa, otro veterano de las guerras de los sesenta y setenta, y la pretensión del presidente de designar en su lugar a su segunda esposa, Grace Mugabe, de 52 años.

Los militares habrían operado para frenar la purga de viejos cuadros del partido-Estado e impedir la constitución de un poder dinástico. Mnangagwa se exilió en Sudáfrica la semana pasada y desde allí envió un comunicado: “Pronto controlaremos los resortes del poder en nuestro bello partido y país”. Se especula con que, si la intervención militar se consolida, retorne pronto a Zimbabue y se presente como uno de los principales candidatos a suceder al decrépito líder. La atomizada oposición considera de todas maneras a Mnangagwa y a su sector tan responsables como Mugabe de la deriva represiva y corrupta del país en las últimas décadas. En la interna del Zanu-Pf, Grace Mugabe, a la que muchos apodan Gucci Grace por su gusto por los trajes de lujo y su ostentación de riqueza y poder, contaría con el respaldo de la estructura femenina (que dirige) y juvenil, y de un sector de las fuerzas de seguridad. Algunos analistas ven a su vez a Mnangagwa como representante de una tendencia más “liberal” del régimen, que abriría el país a la inversión extranjera, en especial de las empresas mineras. Chinos, europeos y estadounidenses se disputan el riquísimo subsuelo zimbabuense.

Cuando Mugabe –que había pasado diez años en las mazmorras del régimen racista de Ian Smith acusado de ser un “terrorista marxista”– llegó al gobierno, el todavía no llamado Zimbabue era un país relativamente próspero, “granero” de su región, pero en el que el poder –político y económico– estaba concentrado en poquísimas manos. El nuevo líder se propuso combatir “los males del capitalismo y el colonialismo”, expulsó a la minoría blanca del país, nacionalizó empresas y aplicó una reforma agraria que distribuyó tierras entre el campesinado pobre. Pero con el paso del tiempo fue fomentando un régimen sustentado en la represión a la disidencia (se habla de miles de muertos desde los años ochenta) y la constitución de una nueva elite prebendaria.

Apenas unas semanas atrás la Organización Mundial de la Salud debió renunciar a su intención de nombrar a Mugabe embajador de buena voluntad del organismo –una decisión anunciada durante una reunión de la agencia de la Onu en Montevideo–, por las resistencias que levantó en todo el mundo. “Mugabe destrozó el sistema sanitario del país y él mismo se asiste en el extranjero”, dijo por aquellos días un dirigente del Movimiento por el Cambio Democrático, principal partido de la oposición.
El presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, anunció el miércoles que en las próximas horas enviará emisarios a Harare que se reunirán con Mugabe y representantes de las fuerzas armadas para negociar una transición.

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:53

Los independentistas, juntos pero no revueltos

 

Tres formaciones del bloque se presentan por separado, con Puigdemont como candidato desde Bélgica y Junqueras desde la prisión. Podemos se une al partido de Colau. Socialistas, PP y Ciudadanos son las opciones unionistas.

 

Desde Barcelona

El rompecabezas catalán renueva sus piezas para intentar rearmarse, por fin, tras las elecciones impuestas por Mariano Rajoy el 21 de diciembre. Los últimos dos meses frenéticos no solo acabaron con políticos encarcelados, gobernantes exiliados en Bruselas y una Comunidad autónoma intervenida por el Ejecutivo central sino también que trajeron consigo la reconfiguracióñ de los partidos de cara a los próximos comicios regionales.

La primera novedad llega desde el propio independentismo, el cual optó –después de semanas de negociaciones– por romper la coalición que lo llevó al gobierno de Cataluña en 2015 y presentar este viernes listas separadas. Aunque el partido de Carles Puigdemont, PDeCAT, hizo todo lo posible por mantener el bloque unido, ni Esquerra Republicana (ERC) ni la formación anticapitalista CUP quisieron repetir el pacto, por lo que el “tripartito” que gobernó los últimos años bajo el paraguas del secesionismo no podrá reeditarse. No obstante esta disolución, desde las filas independentistas se insiste en que habrá una estrategia en común para “ensanchar muchísimo la base independentista y afrontar con garantías las elecciones del 21 de diciembre” o, al menos, así lo aseguró la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al volver esta semana de un viaje a Bruselas para reunirse con Carles Puigdemont. Su objetivo, según declaró la dirigente republicana, es “obtener de nuevo la mayoría en escaños entre las candidaturas secesionistas y superar, de manera conjunta, el 50% en votos”, lo cual, desde su punto de vista, les daría la legitimidad necesaria para seguir adelante con el proyecto de la independencia.

Juntos pero no revueltos, así se presentarán los partidos defensores de la separación de España. El presidente catalán destituido, Carles Puigdemont, volverá a ser cabeza de lista de su formación aunque, para ello, los actos de campaña los tenga que hacer desde Bélgica. Ayer el líder independentista y los consellers cesados por la aplicación del artículo 155 de la Constitución declararon ante los tribunales belgas a la espera de que el juez decidiera si acepta o no la petición de extradición de la Audiencia Nacional española, pero el magistrado no decidió. La resolución se pospuso para el 4 de diciembre con el objetivo de que “las defensas puedan tener más tiempo para hacer sus alegaciones por escrito”, explicó el abogado del expresident. Además, sea cual sea la decisión del juez, tanto la defensa como la fiscalía podrán recurrirla hasta dos veces, por lo que todo el proceso es susceptible de alargarse hasta dos meses.

En cualquier caso, el ex president, será el candidato presentado por su partido para el 21 de diciembre, repitiendo fórmula pero no nombre. Los del PdeCAT en vez de integrar la coalición “Junts pel Sí” que hasta ahora formaba con Esquerra Republicana, serán parte de Junts Per Catalunya (JUNTSxCAT), una confluencia entre su actual partido y el antiguo, Convergència. Esta nueva– vieja– marca pretende diferenciarse de la anterior en que cuenta con una mayor presencia de figuras independentistas que no son necesariamente del mundo de la política. Así, la lista de Puigdemont tendrá como número dos al presidente de la asociación independentista Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado desde hace un mes en Madrid; ocupando puestos prominentes a los ex consejeros Clara Ponsatí –huida en Bruselas– y Jordi Turull, Josep Rull y Lluis Puig– los dos primeros en prisión preventiva y el tercero en Bruselas pendiente de extradición a España– y a periodistas, actores, escritores o historiadores fuertemente involucrados en la causa separatista.

Los republicanos, por su parte, también harán campaña desde la prisión. El partido que todas las encuestas dan, de momento, como vencedor en los próximos comicios regionales se presenta bajo la marca ERC-Catalunya Sí (ERC-CatSí) con su líder y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, como candidato, aun encontrándose entre rejas por orden de la Audiencia Nacional a raíz de la declaración unilateral de independencia del pasado 27 de octubre. Los siguientes puestos en la lista también están ocupados por miembros del grupo “castigado” por la Justicia española y el gobierno del Partido Popular: Raül Romeva, Carles Mundó y Toni Comín en los números 3, 5 y 7 por Barcelona; Dolors Bassa como cabeza de lista por Girona, y Meritxell Serret liderando la de Lleida, son los consellers en prisión preventiva o en Bruselas que buscarán recuperar sus antiguas sillas en el Palacio de la Generalitat.

Para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sin embargo no es buena idea que quienes están en la cárcel por su papel en el proceso independentista se presenten a las elecciones sino que “deberían estar inhabilitados”. En una entrevista a la radio española COPE, el jefe del Ejecutivo afirmó que tanto el ex presidente Carles Puigdemont y su vicepresidente Oriol Junqueras están “inhabilitados políticamente” y que los ciudadanos tomarán nota de sus “mentiras”. “Ahora se le está diciendo a la gente que se les ha engañado. No solo no estaban preparados (para la independencia), sino que era imposible”, expresó Rajoy en referencia a las declaraciones que diversos miembros del bloque secesionista hicieron durante la semana matizando la inminencia de la separación de España. Pero más allá de las opiniones del líder conservador y de las aparentes reculadas de los independentistas, lo cierto es que Junqueras y los siete ex consejeros del gobierno catalán actualmente en prisión están todavía pendientes de juicio y, por tanto, pueden presentarse a las urnas mientras no haya sentencia firme de inhabilitación.

Contra los dos partidos independentistas competirá el que hasta la intervención del Poder central compartía con ellos el gobierno de la Generalitat, la plataforma anticapitalista CUP, quienes tras las cada vez mayores desavenencias con ambos irán a los comicios en solitario. Podemos, por su parte, se une a la formación de Ada Colau –después de que sus bases aprobaran la confluencia en una consulta– para defender en Cataluña la opción soberanista no independentista. Xavier Domènech será el número uno de Catalunya En Comú-Units Podem, una coalición que integran cinco partidos de izquierda favorables al derecho a decidir y a la implementación de políticas sociales como prioridad, por encima de la formación o no de un Estado independiente.

Dentro del bloque unionista estarán quienes apoyaron la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, es decir, la suspensión del autogobierno catalán para evitar que siguiera adelante el proceso hacia la secesión. Los socialistas, con Miquel Iceta a la cabeza, los populares, con Xavier García Albiol y Ciudadanos, con Inés Arrimadas, coinciden en repetir los candidatos de los comicios del 2015 y en conformar nuevamente la opción en las urnas para aquellos que rechazan el proyecto independentista.

 

 

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Todos los países del mundo se encuentran reunidos esta semana en Bonn, Alemania para debatir los pasos a seguir para la implementación del acuerdo de París, un pacto mundial alcanzado hace dos años para combatir el cambio climático. Todos los países... excepto Estados Unidos. Esta es la primera cumbre sobre cambio climático de alto nivel de las Naciones Unidas en realizarse desde que el presidente Donald Trump anunciara el pasado 1º de junio que iba a retirar a Estados Unidos del acuerdo. Otros dos países que no se habían suscrito al acuerdo hasta el momento, Nicaragua y Siria, ahora lo han hecho. Esto deja a Estados Unidos solo en el mundo, como el único país que se niega a tomar medidas para combatir el cambio climático. Pero cuando se trata de establecer políticas sobre el cambio climático, así como sobre el cuidado de la salud, los impuestos y, con suerte, hasta la guerra, Trump no tiene los mismos poderes dictatoriales que los líderes mundiales autoritarios a quienes tanto admira. Hay una fuerza más poderosa: el pueblo unido en un movimiento masivo. Este movimiento multifacético de estadounidenses que sí se preocupan por el cambio climático está muy presente en Bonn y le está haciendo saber al mundo, tal como indica su lema, que “Seguimos adentro del acuerdo”.

Una delegación oficial de Estados Unidos se encuentra en Bonn. Para consternación de Trump, a pesar de que el acuerdo de París es un documento voluntario y no un tratado vinculante, aun así el proceso para retirarse del mismo lleva cuatro años. En las cumbres anteriores, el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático daba conferencias de prensa con frecuencia. Y aunque varias personas en todo el mundo criticaron el papel de Estados Unidos en las conversaciones sobre el clima durante el período de Barack Obama, al menos se reconocía la existencia del cambio climático provocado por los seres humanos y hubo un compromiso con algún tipo de solución. Cómo pueden cambiar las cosas en un año. La delegación oficial del gobierno de Trump programó una única sesión pública formal durante toda la cumbre, cuyas actividades se extienden durante dos semanas. Democracy Now! participó de la cobertura del foro, que resultó ser justo lo que se podía esperar de un evento sobre cambio climático organizado por el gobierno de Trump.

Cientos de personas esperaban en fila para ingresar al salón y había una fila aparte para los periodistas. Mientras filmábamos la escena, un funcionario de la embajada de Estados Unidos tapó el lente de nuestra cámara con la mano. Las cosas no se veían bien. Al entrar, nos dejaron acorralados en la parte posterior de la sala, mientras que los invitados selectos ocupaban los asientos reservados de la primera fila. Antes de que la delegación oficial hiciera acto de presencia, dos gobernadores demócratas entraron sin previo aviso y se dirigieron a la prensa para condenar el espectáculo de la negación del cambio climático que estaba a punto de producirse.

El gobernador de Washington, Jay Inslee, secundado por la gobernadora de Oregón, Kate Brown, declaró: “Pueden dar esta noticia desde Bonn. Mientras Donald Trump intenta venderles tecnología obsoleta a un mundo implacable y a una ciencia implacable, la tercera mayor economía del mundo está trabajando activamente en la creación de empleos en el sector de las energías limpias. Y esa es la Alianza por el Clima de Estados Unidos, y estoy orgulloso de liderarla. Esto no es más que una distracción. Es algo pasajero. El mundo no está prestando atención, porque no va a escuchar a alguien que afirma que el cambio climático es un invento”. Los gobernadores Inslee y Brown vinieron a la cumbre de Bonn junto con decenas de otros funcionarios electos estadounidenses (alcaldes, gobernadores, senadores y otros) para organizar actividades y manifestar la resistencia popular a la retirada de Trump del acuerdo de París. Tras la declaración, los dos gobernadores se fueron, y la delegación oficial llegó.

El panel, moderado por Francis Brooke, asesor del vicepresidente Mike Pence, y George David Banks, asesor especial del presidente para energía y medio ambiente internacional, estaba integrado por representantes de las industrias del petróleo, gas, carbón y energía nuclear. Mientras pronunciaban sus predecibles sermones en torno a la necesidad de sus destructivos sectores energéticos, tres cuartas partes de la sala se levantaron al unísono, se pusieron de espaldas al panel y comenzaron a cantar una canción tan popular como patriótica, “God bless the U.S.A. / Proud to be an American” (“Dios bendiga a Estados Unidos / Orgulloso de ser estadounidense”, en español), de Lee Greenwood, cambiando la letra para convertir la canción en una sátira contra los combustibles fósiles:

“Dicen ser estadounidenses
pero vemos su avaricia con claridad.
Están matando al mundo entero
por ese dinero que el carbón da.
Nosotros, orgullosamente, nos ponemos de pie
hasta que ustedes lo dejen en el suelo...”

Afuera, cientos de personas a las que no les permitieron entrar al pequeño salón coreaban a voz en cuello en solidaridad. Después de que los manifestantes se marcharan y los panelistas terminaran sus peroratas, logramos hacerles una simple pregunta a cada uno: “Responda sí o no, ¿usted apoya la decisión de Donald Trump de retirarse del acuerdo de París?”. La defensora de la energía nuclear dijo que no estaba de acuerdo con Trump, al igual que el empresario de la industria del gas natural, un ex funcionario del gobierno de Obama. El ejecutivo de la industria del carbón, representante de la multinacional Peabody Energy, se negó a responder. El lobista de la industria del petróleo y el gas dijo que sí, que apoyaba la retirada de Trump, mientras que Brooks y Banks declararon que trabajaban para el presidente, por lo que, por supuesto, apoyaban su decisión.

La salida de Estados Unidos del acuerdo de París es una catástrofe, sin duda. Sin embargo, ha inspirado un abarcativo torbellino de activismo climático, con miles de empresas, universidades, grupos de fe, funcionarios y representantes electos, grupos estudiantiles y destacadas figuras estadounidenses que han asumido el compromiso de combatir el cambio climático. Ante las bravuconadas de Trump y todos sus tuits, esta puede ser la consecuencia más importante de su negación del cambio climático.

 

© 2017 Amy Goodman

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 800 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 450 en español. Es co-autora del libro “Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos”, editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

 

 

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:17

La saga de los temibles Fujimori

 

¿Puede una sola familia paralizar la dinámica política de toda una nación, ocupar el centro de las instituciones y establecer un gobierno paralelo doblegando al verdadero Ejecutivo?

Si la familia se llama Fujimori y el país es Perú, la respuesta es sí.

Desde que perdió las elecciones presidenciales, en junio del año pasado, pero ganando la mayoría absoluta en el Congreso, Keiko Fujimori, hija del ex dictador preso por crímenes de lesa humanidad, ha hecho de todo –y con bastante éxito– para obstaculizar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, privándolo de sus mejores secretarios y revelando la fragilidad de un gobierno de tecnócratas sin ninguna habilidad política.

El patológico resentimiento de Keiko por haberse visto privada –¡y por un irrisorio 0.24 por ciento!– de una presidencia que ya se sentía en el bolsillo luego de dos costosísimas campañas se ha traducido en 15 meses de feroz boicot a la actividad del Ejecutivo y en un uso prepotente y matonesco de su mayoría absoluta en el Congreso unicameral de 130 diputados.

Banda de cavernícolas irreflexivos, monos con metralletas, han sido definidos los 71 congresistas naranja –el color de su partido, Fuerza Popular– dedicados a interpelar y censurar, insultándolos, a los miembros más competentes del gobierno –ya van cuatro bajas de secretarios, más un gabinete entero– por pura tirria. Su única actividad ha consistido en promover leyes retrógradas, como la que desprotege a las mujeres víctimas de violencia y a la comunidad gay o la que reserva generosas exenciones fiscales a las grandes empresas, provocando un clima de inestabilidad e ingobernabilidad que no ayuda a la necesaria recuperación económica.

Los avances lentos pero devastadores del caso Odebrecht –con el ex presidente Ollanta Humala y su ex primera dama encarcelados, el ex presidente Alejandro Toledo y señora prófugos de la justicia, pasos en la azotea para el blindadísimo Alan García y revelaciones que comprometen a Keiko Fujimori y al propio Kuczynski– han agravado el sentimiento de decepción por un gobierno tan débil y genuflexo frente a las vengativas pataletas de la señora Fujimori.

En cambio, la irresistible ascensión del clan Fujimori –a pesar de que su patriarca se encuentra condenado a 25 años de cárcel por los crímenes cometidos, pero a la vigilia de una posible excarcelación– no ha parado desde finales de los 80, cuando un oscuro rector de la Universidad Agraria La Molina irrumpió en la política y ganó la presidencia a un contrincante tan famoso como Mario Vargas Llosa.

La ilusión de que un outsider de la política pudiera sacar al país de la gravísima crisis provocada por la primera presidencia de Alan García duró muy poco tiempo. El 5 de abril de 1992 –a menos de dos años de asumir la presidencia–, Alberto Fujimori, con un repentino autogolpe, instaura una dictadura que parece inspirada en un shogunato japonés y dura hasta final de 2000, gracias a una relección fraudulenta.

Es casi una década de suspensión de las libertades fundamentales, cierre del Congreso, cirugía institucional (imposición de una nueva Constitución, instauración de un Legislativo unicameral a modo, intervención del Poder Judicial), represión o cooptación de todas las oposiciones, estallido de una guerra sucia en contra de Sendero Luminoso que causará miles de muertos, corrupción galopante a todos los niveles (famosos los videos de Vladimiro Montesinos, el Rasputín del régimen, que filmaba las coimas a muchos diputados), colusión con el narcotráfico (un avión presidencial cachado con 176 kilos de cocaína no es cosa de todos los días), saqueo de las arcas públicas (se calcula por 6 mil millones de dólares), millares de esterilizaciones forzadas en las regiones andinas y un largo etcétera de infamias, entre las cuales innúmeras matanzas de inocentes perpetradas por el ejército y por un comando de sicarios llamado grupo Colina.

La parte descendente de la parábola fujimorista, no exenta de connotaciones novelescas, empieza el 19 noviembre de 2000, cuando el todavía presidente de Perú, tras viajar a Brunei para una reunión de la APEC, renuncia al cargo vía fax desde Japón, donde, con la protección de la poderosa Yakuza y gracias a su doble nacionalidad, se postula infructuosamente al Senado. Sus fechorías, ya inocultables, rebalsan la cloaca en que se han convertido las principales instituciones del Perú.

Capturado en 2005, en ocasión de un imprudente viaje a Chile y extraditado dos años después, Alberto Fujimori fue condenado, luego de un juicio impecable, a 25 años de prisión por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado, lesiones graves, más otros siete años y medio de cárcel por peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Aunque no haya nunca manifestado el mínimo arrepentimiento por los crímenes cometidos ni haya desembolsado un solo centavo de los 16 millones de dólares que debe por reparación civil, el ex dictador sigue mendigando un indulto humanitario con cualquier presidente en turno. Hasta ahora el indulto, que se apoya en un discutible cáncer en la lengua, ha sido constantemente denegado.

Sin embargo, últimamente el presidente Kuczynski, haciendo caso omiso de que fueron los arraigados sentimientos antifujimoristas los que lo llevaron a la presidencia, parece orientado a concederlo.

Paradójicamente, un Fujimori indultado es lo que menos le conviene a su hija Keiko, quien vería inevitable- mente mermado su actual liderazgo, ya amenazado por su hermano Kenji, imagen del hijo fiel, que pide explícitamente la liberación del padre y critica todas las iniciativas legislativas de su propia bancada al punto de arriesgar la expulsión del partido.

Sea como fuere, los Fujimori no paran de ocupar las primeras planas, ya sea que se trate de los disparates de Kenji, las lamentaciones carcelarias del patriarca o las amenazas de Keiko, quien, salpicada por las revelaciones de Marcelo Odebrecht relativas al financiamiento oculto de sus campañas electorales, está embistiendo a la cúspide del Poder Judicial con un atrevido contraataque que sacude hasta los cimientos de la institucionalidad democrática.

Si se suman a las arremetidas en contra del Tribunal Constitucional y del fiscal de la Nación, el amedrentamiento a la prensa, amenazada de denuncias penales y los ataques reiterados al propio presidente Kuczynski, cobra vigencia la inquietante afirmación del politólogo Nelson Manrique: El principal desafío que afronta la democracia peruana hoy es la ofensiva del fujimorismo, que busca destruir la débil institucionalidad existente para asegurar la impunidad de Keiko Fujimori.

 

* Periodista italiano

 

 

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El plan, aprobado en la Cámara de Representantes y que necesita ser ratificado por el Senado, incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los 7 actuales a 4 los tramos impositivos.

 

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó este jueves la propuesta de reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, que promete profundos recortes de impuestos para las empresas.

La votación reflejó la mayoría republicana en la Cámara Baja con 227 votos a favor, todos republicanos, y 205 en contra del proyecto, que tendrá que ser ratificado por el Senado en las próximas semanas.

"Lo que estamos haciendo hoy no es determinar el sistema fiscal que vamos a tener, lo que estamos haciendo es determinar qué tipo de país vamos a tener", aseguró el congresista republicano Paul Ryan, presidente de la Cámara y uno de los principales diseñadores de la propuesta, minutos antes de la votación.

El plan incluye una bajada del impuesto de sociedades que pagan las empresas de 35 % a 20 %, y reduce de los siete actuales a cuatro los tramos impositivos.

Ryan, que defiende que la reforma afecta también a a los trabajadores, ha insistido en que el plan supone un "alivio real" para la clase media y ha recalcado que el ahorro para la típica familia estadounidense sería de 1.182 dólares al año.

El presidente Trump, que ha alabado la reforma como "el mayor evento fiscal de la historia del país", visitó este jueves el Congreso para reunirse con los legisladores antes del voto.

A la par que la Cámara, el Senado trabaja en una propuesta paralela, con algunas modificaciones, que se prevé sea sometida a votación en diciembre y para la cual los republicanos cuentan con una mayoría más pequeña, por lo que se esperan más obstáculos para que salga adelante.

 

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Un panel de la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA, por sus siglas en inglés), que reúne a acreedores de bonos, resolvió este jueves que el gobierno venezolano y la estatal Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), entraron en “default de pagos” luego de tres retrasos.

El comité aprobó de manera unánime que ocurrió un evento de crédito al evaluar las consultas hechas por los acreedores una vez que no recibían en el plazo establecido los pagos de intereses y capital de papeles emitidos por las instituciones de la república bolivariana.

Con ello se abre el camino para cobrar los seguros por incumplimiento de crédito (Credit Default Swaps) contratados por los acreedores. La ISDA, que celebró cuatro reuniones para adoptar la medida, convocó a otra cita el próximo lunes en Nueva York con el fin de continuar las discusiones.

El reporte se conoció un día después de que PDVSA confirmó el pago con éxito de sus tres obligaciones de deuda: los bonos 2017 y 2020, valuados en mil 169 millones y 842 millones de dólares, respectivamente, y el cupón de 2027, vencido el pasado viernes, de 81 millones de dólares.

Sin embargo, la decisión de la asociación no tendrá mayor impacto sobre los bonos emitidos por el país sudamericano que alcanzan unos 60 mil millones de dólares, indicaron analistas.

Esta semana la firma S&P Global Ratings también declaró a Caracas en “default selectivo”, porque no logró pagar cupones por 200 millones de dólares sobre sus bonos globales con vencimiento en 2019 y 2024 en un periodo de gracia de 30 días.

El gobierno venezolano enfrenta una deuda pública externa de alrededor de 150 mil millones de dólares, que incluyen 45 mil millones en pasivos gubernamentales y otros 45 mil millones en deuda de la petrolera estatal PDVSA.

En otro orden, al continuar la presión del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, contra Caracas, una comisión del mecanismo hemisférico analizó de nuevo la posibilidad de llevar al gobierno de Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por delitos de lesa humanidad.

En la tercera ronda de audiencias, el panel escuchó los testimonios de un ex fiscal, alcaldes, congresistas, familiares de fallecidos durante las protestas antigubernamentales de este año y representantes de la sociedad civil venezolana.

En este contexto, la destituida fiscal general de Venezuela Luisa Ortega pidió a la CPI que investigue a Maduro y a ministros de su gobierno por crímenes de lesa humanidad.

Ortega dejó en los tribunales de la corte, en La Haya, una carpeta con mil evidencias que incluyen informes forenses, entrevistas con testigos y testimonios de expertos, que supuestamente involucran a la policía y al ejército en más de 8 mil asesinatos en Venezuela desde 2015, año en que ella era fiscal.

En tanto, delegados de Maduro y la oposición acordaron la metodología sobre las nuevas negociaciones para la crisis política y económica de Venezuela, programadas para este primero y 2 de diciembre en Santo Domingo, informó el gobierno dominicano.

Ambos grupos también aprobaron la participación, por primera vez en las mesas de diálogo, de los cancilleres de México, Bolivia, Chile, Nicaragua y Paraguay como mediadores.

 

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