La Haya.

Honorables jueces, Slobodan Praljak no es un criminal de guerra y acepto su veredicto con absoluta repulsión, afirmó este miércoles el ex general bosnio-croata, de 72 años, para de inmediato ingerir veneno, luego de escuchar su sentencia a 20 años de prisión por crímenes de guerra perpetrados durante el conflicto que llevó a la desintegración de Yugoslavia (1992-1995).

El Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia (TPIY), instalado en La Haya, suspendió en ese momento la sesión. Los magistrados daban lectura a las condenas en contra de seis ex dirigentes y jefes militares bosnio-croatas, entre ellos Praljak.

Uno de los seis acusados (Praljak), murió en el hospital HMC. Bebió un líquido y enfermó rápidamente, confirmó Nenad Golcevski, vocero del TPIY, que no mencionó el nombre del suicida.

Praljak era custodiado por guardias del tribunal, por lo que no queda claro qué tipo de sustancia ingirió, cómo la adquirió e introdujo a la sala fuertemente vigilada. Su abogada, Natasa Favo Ivanovic, aseguró que ingirió veneno, pero no dio más detalles.

Carmel Agius, presidente de esta corte, corroboró que la policía holandesa abrió una investigación por este hecho y parte de las instalaciones del tribunal quedarán resguardadas. La audiencia se reanudó más tarde y los cinco croatas restantes escucharon la ratificación de sus sentencias de entre 10 a 25 años de cárcel.

Uno de los principales condenados es el ex dirigente de los croatas de Bosnia, Jadranko Prlic, quien recibió 25 años de prisión por el traslado de poblaciones musulmanas y por haber perpetrado asesinatos, violaciones y destrucción de propiedades para crear la gran Croacia.

Los veredictos de este miércoles eran los últimos del TPIY tras 24 años de trabajo en los que sentenció a los principales responsables por los crímenes perpetrados durante la guerra de Bosnia-Herzegovina, que causó más de 100 mil muertos y dejó 2.2 millones de desplazados. Una semana antes se había dictado cadena perpetua al ex militar serbio-bosnio Ratko Mladic por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.

 

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Viernes, 17 Noviembre 2017 08:05

Cumbre del Cambio Climático

 

La ONU pedirá mayor compromiso a los países industrilizados

 

La penúltima jornada de la Conferencia del Clima de la ONU (COP23) en Bonn estuvo marcada por discursos de gran parte de los representantes de los 195 países que negocian un manual de reglas para la puesta en práctica del histórico Acuerdo de París contra el cambio climático.

El Grupo de los 77 y China realizaron un balance provisional positivo de las negociaciones de la conferencia del clima de la ONU (COP23) en Bonn, pero alertó que aún sigue esperando un mayor compromiso financiero por parte de los países industrializados. “Hay muchos resultados positivos, uno muy importante es la creación de la plataforma para pueblos indígenas y comunidades locales", señaló la canciller de Ecuador y portavoz del grupo, María Fernanda Espinosa.

"También tuvimos éxitos como grupo en la labor sobre el capítulo de pérdidas y daños, en cómo evaluar y cuantificar las pérdidas y daños de los efectos del cambio climático en el sur global", prosiguió Espinosa en rueda de prensa. La titular de la diplomacia ecuatoriana, sin embargo, identificó como uno de los principales problemas en las negociaciones el tema de la financiación climática.

"Siempre la pata débil de la convención son los medios de implementación. No sólo el acceso al financiamiento y recursos, sino también a la transferencia de tecnología y al desarrollo de capacidades" para mejorar la resiliencia de los Estados vulnerables. "Concretamente estamos pidiendo que llenen la caja del fondo de adaptación", en la que hasta ahora han ingresado 6000 millones de dólares, a los que además se tiene difícil acceso, dijo. La cifra es muy inferior a los 100.000 millones de dólares anuales que los países desarrollados se comprometieron a movilizar anualmente para ayudar a los más vulnerables a enfrentar el cambio climático. "Hay una gran brecha", se lamentó.

Espinosa se mostró optimista sobre los resultados que arrojará esta 23 conferencia, encargada de confeccionar el manual de reglas para la implementación de los compromisos del Acuerdo de París firmado en diciembre de 2015. "Creo que finalmente vamos a cerrar con un gran documento para un plan de acción para el Acuerdo de París. Las discusiones están un poco empantanadas por reparos del grupo africano, pero creo que hallaremos una solución", manifestó. "Tenemos un documento de gran volumen y la idea es condensarlo hasta la COP24 (de 2018 en Polonia) para que sea más fácil de implementar", concluyó.

 

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Este miércoles la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó la “Ley contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”, que castigará con penas de hasta 20 años de cárcel a quienes sean hallados culpables de promover “delitos de odio“.

“Quien públicamente (...) incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político (...) será sancionado con prisión de 10 a 20 años”, establece el artículo 20 de la citada ley.

Asimismo, creó penas dirigidas a los medios de comunicación: será sancionado el prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que “constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza”.

El texto establece multas para las personas jurídicas responsables de redes sociales y medios electrónicos que no retiren en un plazo de seis horas mensajes de “odio”.

Habrá sanciones de hasta 4% de sus ingresos fiscales brutos a aquellos dueños de medios que se nieguen a publicar contenidos de promoción de la “tolerancia”

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En imagen de archivo, Rex Tillerson, secretario estadunidense de Estado, aparece en las listas de políticos millonarios con fortunas en paraísos fiscales para evitar el pago de impuestos / Foto Afp

 

Nueva filtración masiva amplía la lista de multimillonarios que evaden al fisco

 

Una filtración masiva de más de 13 millones de archivos desnudó parcialmente a los emperadores del dinero, al revelar parte del sistema financiero secreto de ricos y poderosos; desde integrantes del gabinete de Donald Trump, del gobierno brasileño, el presidente y premio Nobel Juan Manuel Santos, de Colombia, entre unos 120 políticos de diversas partes del mundo, hasta empresarios multimillonarios o estrellas de la música, como Bono, empresas como Apple e incluso la reina de Inglaterra, que recurren a paraísos fiscales y otros mecanismos para ocultar sus fortunas y evitar el pago de impuestos en sus países.

La masiva filtración sobre la red financiera offshore dada a conocer en los Papeles del Paraíso (Paradise Papers) por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sacudió este domingo a miles de clientes de la élite mundial –tanto del ámbito político como del empresarial–, ya que el punto de todo este sistema, y lo que vende al club exclusivo que mueve billones de dólares por este sistema es, sobre todo, el secreto.

Entre las primeras revelaciones, más de una docena de secretarios de gabinete, asesores y donantes de Trump fueron identificados como participantes en este sistema. Wilbur Ross, secretario de Comercio e íntimo amigo del presidente, por ejemplo, tiene una inversión en la empresa de transporte marítimo Navigator, que ha recibido decenas de millones de dólares en ingresos desde 2014 de una empresa energética rusa, Sibur, cuyo copropietario es yerno de Vladimir Putin. Todo esto en momentos en que se acelera la investigación sobre las relaciones del círculo de Trump con intereses ligados al Kremlin.

Más aún, en los documentos se encontraron pistas para vincular a inversionistas rusos ligados al gobierno que indirectamente invirtieron en Twitter y Facebook, lo que echa más combustible a la controversia sobre la intromisión rusa en el proceso político estadunidense. Y hay más: uno de esos inversionistas rusos invirtió 850 mil dólares en Cadre, una empresa de bienes raíces cofundada por Jared Kushner, yerno y asesor del presidente Trump.

Otros miembros del círculo Trump que están involucrados en este sistema offshore son Rex Tillerson, ahora secretario de Estado, y Gary Cohn, asesor económico en jefe del presidente, y actualmente vigilante del sector financiero en la Reserva Federal, y Jon Huntsman, el nuevo embajador de Estados Unidos en Rusia, entre otros. Supuestamente todos están dedicados a poner a “América primero”, el lema de Trump, como su promesa de hacer regresar las inversiones y los empleos del extranjero a este país. Tal vez nadie le avisó al gabinete.

Pero también hay demócratas, como la ex secretaria de Comercio Kenny Pritzker y el multimillonario George Soros, entre otros.

A la vez, en los archivos aparece toda una gama de personajes, como la empresa en Bermudas de Marcial Maciel Degollado, fundador de los Legionarios de Cristo; los intereses ocultos del mayor recaudador de fondos electorales para el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; inversiones de la monarquia británica y hasta de la reina Noor, de Jordania; del ministro de Finanzas de Brasil, Henrique de Campos Meirelles; del ex general y ex comandante de la OTAN Wesley Clark, entre cientos más.

También hay transacciones de ricos, como los yates y submarinos del cofundador de Microsoft Paul Allen; las inversiones de Pierre Omidyar, fundador de eBay; las acciones de Madonna en una empresa médica, y las de Bono (con su nombre real Paul Hewson) en una empresa maltesa que invirtió en un centro comercial en Lituania.

Los archivos provienen de dos empresas especializadas en ofrecer servicios financieros de este tipo para la élite económica internacional y de 19 registros gubernamentales de jurisdicciones que sirven como paraísos fiscales. La filtración fue obtenida por el rotativo alemán Suddeutsche Zeitung y compartida con el ICIJ, una red de 381 periodistas y 96 medios en 67 países, muchos de los cuales examinaron los 13.4 millones de archivos durante un año. Este domingo empezaron a presentar el resultado de este esfuerzo a través de medios asociados al consorcio. El ICIJ fue el responsable de los Papeles de Panamá divulgados en 2016, y este nuevo esfuerzo amplía lo revelado el año pasado.

El ICIJ, en la presentación de los documentos, afirma que los paraísos fiscales ofrecen un sistema para ocultar, o por lo menos dificultar, el rastreo de fondos a sus dueños. Aunque subraya que por ahora nada de lo descubierto es necesariamente ilegal, este sistema obviamente atrae tanto a los que mueven fondos lícitos, como a los que desean ocultar fondos ilícitos (narcotraficantes, blanqueadores de dinero y corruptos). A la vez, sirven como mecanismos para lograr que billones de dólares no sean sujetos a impuestos, y con ello privan de fondos a tesorerías nacionales.

Hay un grupo pequeño de personas que no son sujetas a las leyes como el resto de nosotros, y eso es a propósito, declaró al ICIJ Brooke Harrington, profesora de la Escuela de Negocios de Copenhage y autora del libro Capital sin fronteras. Puntualizó que cuando los ricos se vuelven más ricos, los pobres se hacen más pobres, porque individuos ricos no están pagando su parte justa de los impuestos y eso está profundizando la desigualdad de la riqueza.

La mayoría de los documentos filtrados provienen del bufete especializado Appleby, junto con Estera (que antes operaban bajo el mismo nombre), donde la mayoría de los clientes, unos 31 mil, están registrados en Estados Unidos. Los cerca de 7 millones de documentos que provienen de Appleby cubren desde 1950 hasta 2016, incluyendo todo tipo de transacciones, recibos, declaraciones bancarias y correos electrónicos que involucran a unas 25 mil empresas offshore vinculadas a personas en 180 países, incluido México. La empresa tiene su sede en Bermudas, con oficinas en Hong Kong, Shanghai, Islas Caimán e Islas Vírgenes.

Otros archivos en la filtración provienen de la empresa Asiaciti Trust, especializada en negocios offshore, con sede en Singapur, pero con sucursales en varios países, desde Asia hasta el Caribe.

Además de políticos y ricos, o ambas cosas, los archivos también revelan maniobras aparentemente legales de megaempresas para trasladar fondos y evitar impuestos. Además de Apple, otros clientes empresariales de Appleby incluyen a Nike, Uber, el conglomerado de construcción del Medio Oriente, Grupo Saad, así como la masiva empresa mercantil Glencore y la firma que opera la planta nuclear de Fukushima, en Japón.

Entre los latinoamericanos en la lista, están Alejando Gertz Manero, ex secretario de Seguridad Pública entre 2000 y 2004, quien está identificado como vicepresidente de Jano, Ltd, empresa en las Islas Caimán, a partir de febrero de 1998, poco antes de ser nombrado jefe de la policía del entonces Distrito Federal. Otros: Blairo Borges Maggi, ministro de Agricultura de Brasil; José María Figueres, ex presidente de Costa Rica, y Carlos Quintanilla Schmidt, ex vicepresidente de El Salvador, entre otros.

Estos nombres se agregan a la lista revelada por los Papeles de Panamá de los usuarios de los paraísos fiscales, entre los cuales figuraban Mauricio Macri, presidente de Argentina, y numerosos ex secretarios y funcionarios de varias partes de América Latina.

Se espera que en los próximos días, al divulgarse más información analizada por el ICIJ, se ampliarán las listas de los empresarios, estrellas y políticos tanto de América Latina como de otras regiones del mundo. (Para la lista interactiva de políticos a escala mundial en los Papeles del Paraíso así como los de los Papeles de Panamá).

ICIJ promete que cada día durante la próxima semana se presentarán más análisis y datos de la información recaudada en la masiva filtración. (Para consultar los materiales, descripciones de los fondos y las empresas identificadas, y un video en inglés sobre los Papeles del Paraíso).

 

 

 

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La Guardia Civil ha realizado los cuatro arrestos a petición de las autoridades de EE UU, que los acusa de blanqueo y corrupción

 

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido en los dos últimos días en Madrid a un ex alto cargo del Gobierno venezolano de Hugo Chávez y a tres antiguos directivos de empresas públicas del mismo país después de recibir una orden internacional de arresto dictada por las autoridades de EE UU. Se trata de Nevis Gerad Villalobos, quien fuera viceministro de Energía; Luis Carlos de León Pérez, César David Rincón Godoy y Rafael Reiter Muñoz, según han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas y del Ministerio del Interior. Los cuatro llevaban tiempo asentados en España. El titular del Juzgado Central de Instrucción 2, Ismael Moreno, ya ha enviado a prisión a los tres primeros -los que fueron detenidos el jueves- y en las próximas horas tomará una decisión sobre el cuarto.

La petición de detención ha partido de un tribunal de Texas, que los investiga por su supuesta relación con actividades de blanqueo de capitales y corrupción en EEUU realizadas a través de la oofcina de compras en este país de la compañía estabal Petroleos de Venezuela SA (PDVSA). Supuestamente, todos ellos participaron en el desvío de grandes cantidades de dinero mediante la emisión de facturas falsas o infladas. Los fondos acabaron presuntamente en depósitos en Suiza. En la investigación ha participado la agencia estadounidense Homelan Security of Investigation (HSI-ICE) y ha sido ejecutada en España por agentes del Grupo de Huidos de la Justicia de la UCO.

Los cuatro exaltos cargos venezolanos detenidos el jueves Madrid son conocidos en Venezuela como parta de la Boliburguesía chavista, una casta de empresarios que se enriqueció en medio de la bonanza petrolera más generosa de la historia republicana de este país.

El más relevante es Nervis Villalobos porque ocupó el viceministerio de desarrollo eléctrico entre 2001 y 2006 y fue responsable de los planes de aumento de la generación eléctrica. Residenciado desde hace varios años en España, su nombre ha quedado asociado al más grande escándalo de corrupción en el sector eléctrico de la era chavista. Aprovechando la crisis del sector en 2010, Villalobos fue uno de los funcionarios del régimen que permitió que ese año un grupo de inexperimentados jóvenes, conocidos como Los Bolichicos, obtuviera millonarios contrarios para construir con sobreprecios plantas eléctricas.

Rafael Reiter, detenido hoy, fue hombre de confianza de Rafael Ramírez, poderoso presidente de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión del fallecido Hugo Chávez. En 2007 fue el encargado de colocar en una maleta 800 mil dólares que Chávez envió para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Guido Antonini, otro empresario con negocios en el chavismo, se hizo responsable del equipaje cuando llegó a su destino en Buenos Aires. El escándalo marcó la campaña presidencial de Argentina en aquel año. Reiter fue también gerente de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa, la policía interna de la organización.

Luis Carlos de León y César Rincón, los otros dos detenidos, eran hombres de confianza del expresidente de la Electricidad de Caracas, Javier Alvarado, también reclamado por las autoridades. Alvarado. Durante su gestión en esa empresa, estatizada por Chávez en 2007, los miembros de la comisión de licitaciones eran presionados para que otorgaran contratos a las empresas preferidas de Alvarado.

 

 

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Sábado, 14 Octubre 2017 07:47

Venezuela tiene una Corte paralela

 

El secretario de la OEA respaldó el acto de asunción, que fue rechazado por los embajadores de los estados miembros. El Tribunal oficial calificó el hecho de “golpe judicial” y pidió al resto del mundo rechazar “estas acciones conspirativas”.

 

A dos días de las elecciones en Venezuela, un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) paralelo empezó a funcionar ayer, con el amparo del secretario de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, y el rechazo de los embajadores de los países miembros del organismo supranacional, que no asistieron al acto. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela calificó el hecho de “golpe judicial” y pidió a los países del mundo rechazar “estas acciones conspirativas, que dan pie a la anarquía en la delicada práctica del derecho internacional”.

Este tribunal paralelo fue elegido por el Parlamento, de mayoría opositora, y funcionará en tres sedes fuera del país, sin competencias reales y con sus integrantes buscados por la Justicia venezolana.

El titular de este TSJ paralelo, Miguel Ángel Martín, encabezó el acto en el que se instaló el cuerpo en el Salón de las Américas de la OEA. El Supremo opositor celebró, además, su primera sesión de trabajo en el Salón Miranda de la sede del organismo continental y la semana próxima hará otra Colombia. Aunque los jueces harán base en una oficina privada, Martín aseguró que habrá otras sesiones en las instalaciones de la OEA, donde se congregaron opositores y simpatizantes antichavistas, y remarcó que las cuestiones de derechos humanos y la necesidad de “una apertura de un canal humanitario” serán claves para el Tribunal.

Almagro resumió el rol futuro del cuerpo: “Los magistrados tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen”, dijo. Para el ex canciller uruguayo, el TSJ oficial es “hijo de la Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos”.

El Tribunal instalado ayer en la OEA es fruto de la designación, en julio, de 33 integrantes por parte de la opositora Asamblea Nacional, que cuestiona al TSJ original porque sus miembros fueron nombrados con la composición vieja del legislativo, dos días antes del recambio de bancas, y lo considera al servicio del gobierno de Nicolás Maduro.

Casi de inmediato, desde Caracas llegó la réplica del Tribunal oficial, que consideró un “golpe judicial” la instalación del cuerpo paralelo, y reivindicó “la defensa de la soberanía y de las instituciones” venezolanas.

En un texto firmado por el titular del máximo tribunal, Maikel Moreno, el TSJ adelantó que revisará “con profundidad las relaciones y el principio de reciprocidad con las naciones que intenten legitimar la acción criminal e ilegal de un grupo de usurpadores que pretenden promover acciones golpistas e intervencionistas en contra de la Justicia venezolana”.

“Cualquier tipo de legitimación por alguna nación en reconocimiento de ese grupo usurpador, solo traerá consecuencias negativas a los procedimientos en materia penal, tratados internacionales, acuerdos mutuos en materia judicial, convenios multilaterales”, prosigue el comunicado oficial.

El Poder Judicial venezolano, alineado con el oficialismo, llamó “apátridas y mercenarios de la Justicia” a los magistrados opositores que, consideran, “deben ser perseguidos no sólo por los organismos del país, sino por las instituciones del mundo”.

La cuestión judicial tuvo otro capítulo fuera del territorio nacional: la ex fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció ayer que tiene listo un expediente que presentará ante la Corte Penal Internacional para denunciar al Estado venezolano por violaciones de los derechos humanos. Ortega habló al final de un encuentro que tuvo en Ginebra con el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, con quien debatió la situación en Venezuela y las elecciones regionales del domingo.

Ortega Díaz es una chavista que se fue alejando del oficialismo, hasta ser destituida por la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora reside con su esposo en Colombia. “He decidido empezar a sacar todas estas pruebas, o parte de ellas, porque me voy a reservar muchas para ver en qué oportunidad las voy a sacar”, adelantó.

El miércoles, Ortega Díaz publicó en su cuenta de Twitter un video en el que aparece un ex presidente de la constructora Odebrecht en Venezuela declarando supuestamente ante autoridades judiciales de Brasil que había entregado 35 millones de dólares para la campaña electoral de Maduro.

 

 

 

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El ataque se ha producido durante el festival de música country Route 91. Harvest. El tirador, que según la Policía actuó solo, ha sido abatido.

 

LAS VEGAS / WASHINGTON 02/10/2017 08:28

Un tiroteo durante el festival de música Route 91. Harvest en Las Vegas ha causado al menos 50 muertos y 200 heridos. Se convierte en el tiroteo más mortífero de la historia de Estados Unidos eclipsando la matanza de 49 personas del año pasado en un club nocturno de Orlando.

La Policía de Las Vegas, a través de su cuenta en Twitter, informó poco después del ataque que ha abatido al sospechoso del tiroteo en la explanada del hotel Mandalay Casino. El jefe de la Policía, Joe Lombardo, indicó el presunto autor, que llevó a cabo su ataque desde el piso 32 de un hotel cercano, ha sido identificado.

Según recoge Reuters, la Policía de Las Vegas ha confirmado que el tirador actuó sólo y no se cree que esté conectado con ningún grupo armado. Además, las autoridades buscan a una mujer asiática que se trataría de la compañera de habitación del sospechoso.

El suceso ha ocurrido alrededor de las 22:00 (hora de Las Vegas) cuando se celebraba un festival de música country en la explanada situada frente al casino. "Estaban disparando desde algún punto alto. Estaban descargando bala tras bala", ha contado uno de los asistentes a la cadena local KSNV News.

Según los testigos, hacia esa hora se escucharon largas ráfagas de disparos efectuados con algún fusil semiautomático, que provocaron el pánico entre los asistentes y que continuaron incluso después de que la banda del artista dejara de tocar.

Numerosas ambulancias y vehículos policiales llegaron al lugar y las víctimas fueron trasladadas al University Medical Center y el Sunrise Hospital Medical Center. Aparte de decenas de coches policiales, las autoridades desplegaron también un equipo de agentes especiales de acción rápida (SWAT) para dar con el autor o autores del ataque.

La zona ha sido acordonada y el aeropuerto de Las Vegas ha anunciado que los vuelos con origen y destino en el mismo han sido cancelados a la espera de que la situación se normalice. Un reportero ha informado de que las personas que asistían al concierto buscaron refugio en uno de los hoteles cercanos, entre los que está el Mandalay Casino.

 

 

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Un centenar de religiosos y académicos de distintos ámbitos han firmado una carta en la que acusan a Bergoglio de "propagar herejías" por abrir la puerta de la Iglesia a los divorciados vueltos a casar

A ellos se ha sumado el que fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Müller, que le ha reprochado "actitudes marxistas"

 

Lo sectores más ultracatólicos redoblan el ataque contra el Papa Francisco. Y esta vez lo han hecho uniéndose. Alrededor de un centenar de religiosos y académicos de distintos ámbitos han publicado una carta en la que acusan a Bergoglio de "propagar herejías" y le piden que se retracte de la exhortación que emitió en abril de 2016 y en la que abría la puerta de la Iglesia a los divorciados vueltos a casar y abogaba por "una mayor misericordia" ante personas homosexuales o parejas no casadas por la Iglesia.

Entre los firmantes de la misiva titulada en latín Correctio filialis de haeresibus propagatis – Una corrección filial ante la propagación de herejías–, destacan intelectuales como el expresidente del Banco Vaticano, el economista Ettore Gotti Tedeschi, o el líder del movimiento ultraconservador de los lefebvrianos. En ella, los firmantes acusan al Papa de propagar siete posturas heréticas sobre el matrimonio, la moral y los sacramentos en Amoris Laetitia, el documento de Francisco contra el que cargan. No es frecuente que sectores de la Iglesia lancen acusaciones públicas de este tipo contra un Papa y se cree que solo pudo pasar algo similar en el año 1300.

La carta, que según sus autores se ha hecho pública después de que fuera enviada al Papa el pasado 11 de agosto y no obtuvieran respuesta alguna, se divide en tres partes. En la primera, los firmantes justifican su "derecho y deber" de corregir al Papa, como se hace "cuando los pastores de la Iglesia están desviando el rebaño". En la segunda incluyen los párrafos de la exhortación que, en opinión de los firmantes, "insinúan o alientan posturas heréticas". Una interpretación que, aseguran, Bergoglio desea que adopten el resto de católicos.

Entre otras lindezas, acusan al Papa de haber "apoyado la creencia de que la obediencia a la Ley de Dios puede ser imposible o indeseable, y que la Iglesia debería, a veces, aceptar el adulterio como un comportamiento compatible con la vida de un católico practicante". Por último, acusa al modernismo y a Lutero de esta crisis. Así, subrayan como el fraile agustino "tenía ideas sobre el matrimonio, el divorcio, el perdón y la ley divina que se corresponden con aquellas que el papa ha promovido". La misiva concluye exigiendo al Papa que "condene estas herejías" que "ha sostenido de manera directa o indirecta".

 

 

El Papa responde

 

Esta vez las acusaciones sí han recibido una respuesta de Francisco, aunque indirecta. La revista de la Compañía de Jesús, La Civiltà Cattolica, ha publicado íntegro el diálogo que mantuvo con un grupo de jesuitas durante su reciente visita a Cartagena de Indias (Colombia). Durante el mismo, Bergoglio se sinceró: "Debo decir una cosa, en justicia y también por caridad, porque escucho muchos comentarios –respetables porque los dicen hijos de Dios, pero equivocados– sobre la Exhortación apostólica postsinodal".

"Para entender Amoris Laetitia hay que leerla de principio a fin", solicita el Papa, quien niega con vehemencia que la moral de este documento no sea "una moral católica o, al menos, que no es una moral segura". Entre la jerarquía, ha sido el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, el que ha llamado a los críticos a la "sensatez". "Uno debe razonar y encontrar formas de entendernos mutuamente", ha apuntado.

 

 

"Una operación contra Francisco"

 

Más duro ha sido el teólogo y secretario especial del Sínodo de la Familia, Bruno Forte, quien se ha referido al documento "anti Bergolio" como "una operación contra el Papa y contra la Iglesia". En opinión la exhortación "responde a una pregunta pastoral –si los divorciados vueltos a casar pueden comulgar– perfectamente legítima y evangélica, basada en la caridad". Por ello, considera estas acusaciones como un "ataque grave e instrumentalizado". Aún así, el prelado indica que se trata de "la expresión de un grupo absolutamente minoritario que no ha captado el mensaje de fondo".

A la unión de los ultracatólicos se une la pugna que los cardenales pertenecientes a este sector mantienen desde hace un año. Fue entonces cuando enviaron un documento, denominado Dubia, en el que los purpurados pedían una serie de aclaraciones a Bergoglio por la exhortación.

Los cuatro purpurados amenazaban que, en caso de que el Papa no les contestase, harían oficial una 'Corrección filial', una suerte de 'moción de censura' contra el Obispo de Roma, sin precedentes en la historia de la Iglesia. Como se esperaba, Francisco dejó sin responder las preguntas de los ultras. Un año después, dos de estos cardenales –Caffarra y Meisner– han muerto, pero Burke y Brandmuller continúan operando entre los sectores más conservadores para frenar lo que consideran una "herejía" que puede llevar a un "cisma" en la Iglesia católica.

A ellos se les ha sumado recientemente quien fuera prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (heredera de la Inquisición), el cardenal Gerhard Müller, quien esta semana ha acusado al Papa Francisco de "actitudes marxistas" y le ha convocado a un "debate público".

Müller está convencido de que, aunque el Papa merece "un respeto pleno", los críticos "honestos" también "merecen una respuesta convincente". El purpurado cree que el debate formal puede ser una manera de promover lo que la Iglesia realmente necesita en esta coyuntura: es decir, "más diálogo y confianza recíproca", en vez de "polarización y polémica".

 

 

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Es "profundamente preocupante" que el líder del supuesto país más poderoso del mundo "haga de manera tan abierta y asquerosa una virtud de la barbarie", asevera un analista.

 

Hablando por primera vez ante la Asamblea General de la ONU, el presidente de EE.UU., Donald Trump, "amenazó abiertamente con una guerra unilateral y un genocidio" a Corea del Norte, denuncia en un artículo para RT el periodista y analista británico Finian Cunningham, quien califica la intervención de Trump de un "torrente de falsedades y delirios".

-Para el analista, "el nadir en su discurso de 40 minutos" llegó cuando Trump aseveró que Washington "destruiría totalmente" a Corea del Norte si amenazaba a EE.UU. o a sus aliados, añadiendo en referencia al líder norcoreano que "el 'hombre misil' lleva a cabo una misión suicida".


-El presidente de EE.UU. también pidió una confrontación enérgica contra Irán, que vilipendió como una "dictadura corrupta y asesina", además de realizar amenazas similares contra Venezuela, recuerda el experto.

 


Vergüenza ajena

 

Para el analista, no es de extrañar que varios líderes —entre ellos el presidente ruso, Vladímir Putin, su homólogo chino, Xi Jinping, la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente iraní, Hasán Rohaní—, optaran por saltar el discurso histórico de Trump, mientras que el embajador norcoreano salió de la sala de mientras Trump estaba subiendo al estrado.

Cuando el mandatario norteamericano declaró su "intento criminal" hacia Corea del Norte hubo "jadeos audibles de inquietud" entre los centenares de delegados, y su propio jefe de Gabinete, John Kelly, fue visto "cubriendo su cara con la mano o moviéndose incómodamente en su asiento" varias veces durante la diatriba de Trump, recoge Cunningham, añadiendo que incluso los medios de comunicación estadounidenses parecían avergonzados por el "tono grosero y espeluznante" del presidente.

 
"Una invocación nauseabunda de genocidio"

 

"Cualquier persona con una cognición normal" de los acontecimientos mundiales recientes tenía que haberse encogido "en casi cada frase" pronunciada por el líder estadounidense, asegura Cunningham.

El autor del artículo cita al abogado canadiense de crímenes de guerra internacionales Christopher Black, quien aseveró que la advertencia de Trump de "destruir totalmente" a Corea del Norte es "un delito de genocidio" bajo "la falsa apariencia de 'defensa'".

Debe ser "profundamente preocupante" que el líder del supuesto país más poderoso del mundo "haga de manera tan abierta y asquerosa una virtud de barbarie", se lamenta Cunningham, quien opina que "en un mundo sano, alguien debería haber esposado a Trump y llevado a un tribunal penal".

A juicio del analista, si bien "la gente suele estar acostumbrada a escuchar una letanía de falsedades" sobre los acontecimientos mundiales y "los engaños narcisistas sobre el papel global de EE.UU." cuando sus líderes se dirigen a la Asamblea General, el debut de Trump el martes estuvo marcado, "además de los típicos delirios" estadounidenses, por "un abrazo sin precedentes al militarismo criminal" y su "invocación nauseabunda de genocidio" en una guerra contra Corea del Norte.

 

 

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Se degrada a categoría 3; su paso por varias islas del Caribe provoca 18 muertos

 

 

San Juan.

 

El huracán María recorría este jueves el norte de República Dominicana, donde comenzó a causar daños a pesar de haberse degradado a categoría 3, luego de haber dejado a Puerto Rico incomunicado y sin energía eléctrica.

Oscilando entre las categorías 4 y 5, María ha dejado hasta este jueves 18 muertos en su brutal paso por el Caribe: dos en Guadalupe, 15 en Dominica y uno en Puerto Rico.

La madrugada del miércoles entró a Puerto Rico con vientos de 250 kilómetros por hora y dejó la isla sin electricidad, con las comunicaciones muy disminuidas, casas destrozadas, vías obstruidas por árboles y escombros e inundaciones severas.

El presidente Donald Trump declaró zona de gran desastre a Puerto Rico, territorio autónomo estadunidense, lo cual libera fondos ilimitados de ayuda federal para una isla que desde mayo está en bancarrota.

El gobernador Ricardo Rosselló advirtió: esto se puede poner peor.

Lo que provoca más muertes en este tipo de fenómenos es la lluvia”, explicó, porque la isla aún padece precipitaciones provocadas por María, aunque su ojo ya esté kilómetros mar adentro.

Este jueves las aguas habían descendido en Toa Baja, pero las casas estaban llenas de lodo y los vecinos se habían puesto a limpiar.

En tanto, Ocean Park, zona turística de San Juan, estaba completamente bajo agua la mañana de este jueves. Residentes en los segundos niveles de sus casas contemplaban la inundación mientras otros, en botes y kayaks, verificaban que sus vecinos estuvieran bien.

Varias tiendas fueron saqueadas y no se veía mucha presencia policial, aunque el gobierno informó de una decena de arrestos.

Las autoridades declararon toque de queda nocturno y ley seca.

En República Dominicana, el ciclón derribaba árboles y postes de electricidad, lo que dejó a unas 140 mil personas sin luz.

A media tarde del jueves, 140 mil personas estaban sin electricidad y más de mil 200 casas han sufrido daños. También se reportaron inundaciones, crecidas de los ríos y el colapso de un puente.

El Centro Nacional de Huracanes ubicó a María 140 kilómetros al noreste de Puerto Plata, con vientos de 195 kilómetros por hora y dijeron que seguirá viaje hacia el norte, rumbo a Turcos y Caicos.

El gobierno de República Dominicana estaba en alerta máxima y 14 mil 28 personas fueron desalojadas de manera preventiva. Cuatro aeropuertos internacionales fueron cerrados y sólo opera el que sirve a Santo Domingo, la capital.

En Punta Cana, balneario turístico a unos 200 kilómetros de Santo Domingo, algunos trabajadores recogían postes, letreros y botes de basura, en medio de la lluvia, luego de haberse salvado de lo peor de la tormenta.

Unas 10 mil personas se hallaban en albergues en distintos lugares el país.

Tras su paso por las Antillas Menores, el huracán dejó además dos muertos en Guadalupe y una catástrofe en Dominica, pequeña isla del Caribe donde se reportaron 15 fallecidos hasta este jueves.

Hemos enterrado al menos a 15 personas, declaró el primer ministro, Roosevelt Skerrit, a la televisión de Antigua y Barbuda, país vecino. Hay también una veintena de desaparecidos, dijo.

Skerrit indicó que todas las localidades de Dominica, de 72 mil habitantes, sufrieron el impacto del huracán.

 

 

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