Todas las libertades que dieron forma a la red abierta y democrática inicial han sido atacadas. EEUU ha tocado de muerte su neutralidad al permitir que las operadoras prioricen los datos del mejor postor (o de quien más les interese políticamente). Sin ella, Internet puede quedarse en un gran y autoritario centro comercial virtual.

Durante los primeros años de este siglo Yochai Benkler intentaba no caer en el optimismo descontrolado que invadía a algunos de sus colegas. Internet era lo más en las universidades. Estaba de moda vaticinar qué pasaría con ese mundo virtual que se desarrollaba vertiginosamente surfeando una ola de democracia radical: miles de usuarios conectados a una misma red, sin filtros, sin poderes políticos o económicos diciendo qué o quién era bueno o malo.


En ella estaban ocurriendo cosas extrañas. Esos usuarios eran anónimos o adoptaban identidades inventadas, algo que tenía el efecto secundario de dificultar las discriminaciones y blindar la libertad de expresión. Además, se habían cargado la necesidad de un árbitro (el Estado) adoptando lógicas colaborativas para desarrollar las incipientes herramientas digitales. Apenas había intercambios monetarios y parecía que no eran demasiado necesarios: su principal recurso económico, la información, se consideraba un bien común y de libre acceso. Una cosa de locos.


Internet tenía el potencial para cambiarlo todo. ¿Cómo lo haría? Los investigadores dejaron volar su imaginación. Trasladar cada vez más aspectos de la sociedad a un terreno con ese tipo de lógicas parecía prometedor, daba pie a la utopía. Muchos análisis se perdieron en el océano de posibilidades abierto por esa red de redes.


Benkler en cambio, puede que como un ejercicio para evitar que ese optimismo cegara su investigación, trató la cuestión desde una perspectiva liberal. En 2006 publicó La riqueza de las redes: cómo la producción social transforma los mercados y la libertad (Icaria), que rápidamente se convirtió en la biblia de Internet, un manual que explicaba todo lo que allí estaba pasando. Benkler logró la cátedra de Derecho Empresarial de Harvard un año después.


Su análisis alcanzó tal relevancia que en 2013 fue citado por un tribunal militar de EEUU para uno de sus juicios del siglo. Los abogados de la defensa lo consideraban su testigo estrella. Su cliente podía ser condenado a muerte o cadena perpetua si el académico no conseguía convencer a la juez castrense con su tesis: Internet había crecido hasta hacer florecer una esfera pública propia, que se desarrolló creyéndose libre e independiente, al calor de esa democracia radical.


Benkler tenía que salvar a la persona que creyó que la información sobre los crímenes de guerra de EEUU en Irak y Afganistán era un bien común. Que se la suministró la organización que sabía que la convertiría en dominio público. Iba a ser testigo de la defensa del filtrador de Wikileaks Bradley Manning.


El catedrático de Harvard explicó en el juicio que el proceder del soldado no era diferente al de cualquier filtrador de la prensa convencional: Wikileaks "cumplía en el periodismo en Internet el papel específico de proporcionar una solución en red para el periodismo de investigación basado en filtraciones, que en el pasado solo realizaban organizaciones relativamente grandes y unificadas". Que los de Julian Assange consideraran la información como un bien común y permitieran la descarga en masa de todos los documentos en su poder (también por los enemigos de EEUU) no cambiaba nada. Funcionaba como cuarto poder en red, pero había mejorado la experiencia del usuario.


Manning no se libró de una condena ejemplarizante de 35 años, la mayor impuesta nunca en EEUU a un filtrador. Pero sí del cargo de "colaborar con el enemigo" que le habría costado la muerte o la cadena perpetua. Solo los sectores más reaccionarios consideraron justa su pena, razón por la que Chelsea Manning no la cumplió. Aunque esa es otra historia.


¿Quién teme al lobo feroz?


La condena de Manning fue la prueba definitiva de cómo los poderes tradicionales iban a actuar contra Internet y sus principios originales. No les gustaba nada ese potencial de influir en la agenda política. Menos que los usuarios aspiraran a ser un cuarto poder al que no se podía poner cara, al que no se podía presionar ni sentar en un consejo de administración. Todo ese discurso propio, tan crítico con la manera en la que se había gobernado el mundo hasta entonces, que ganaba adeptos a toda velocidad, que espoleaba protestas prodemocracia como el 15-M o Occupy Wall Street. Tenía muy mala pinta. Había que pararlo.


Desde entonces se han atacado todos y cada uno de los valores que dieron forma a la esfera pública original de la red. El anonimato, intrínseco en derechos como el sufragio universal, se asoció con los peores delitos imaginables, como la pederastia y el terrorismo. Se ha recortado la libertad de expresión en Internet hasta el punto de que la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha calificado el 2017 como el año de los delitos de opinión. Se ha permitido al capitalismo reproducirse por la red pervirtiendo sus lógicas colaborativas hasta convertirlas en meras estrategias de marketing.


Quedaba una. Quizá la libertad más fundamental, la más radical, la más propia de Internet. Se denomina neutralidad de la red y, aunque Internet no es neutral y nunca lo ha sido, es el principio que hacía que la red trate todos datos por igual: los de tu blog, las fotos de tus gatos y la Wikipedia corren tan rápido por los cables de fibra óptica como cualquier otro, y daba igual lo que opinaran las empresas propietarias de esos cables. ¿Una explicación rápida de lo que ha pasado? Que Donald Trump ha puesto a un exejecutivo de una esas compañías (Verizon) al mando del organismo que protegía la neutralidad de la red en EEUU y se la ha cargado a la primera oportunidad.


Lo que queda por delante se entiende mejor con un ejemplo: ese vídeo de Youtube que va a trompicones a pesar de que el anuncio previo se ve perfectamente. Youtube prioriza el anuncio respecto al youtuber cualquiera que tú querías ver. A partir de ahora, EEUU permitirá a las compañías que ofrecen conexión a Internet hacer lo mismo, pero en toda la red. La empresa que pague irá rápido y todos aquellos que no, no. Pero el dinero no será el único motivo para priorizar unos datos sobre otros, también se hará por motivos políticos.


Lo sabemos porque hay políticos sentados en los consejos de administración de estas empresas y sus exejecutivos están en el Gobierno. Pero sobre todo, lo sabemos porque ya ha pasado: lo de Wikileaks.


Resistencia


El diccionario de Oxford ha seleccionado la expresión fake news (noticias falsas) como la palabra del año 2017. La Fundeu la tiene entre sus tres nominadas. ¿Por qué un fenómeno que ha existido siempre está tan de moda? Las noticias falsas se han convertido en una de las mayores preocupaciones de un sector de la prensa, precisamente de aquella a la que se ha pillado transmitiendo bulos bastante gordos. El motivo es simple. Se trata de un ataque más a Internet, esta vez en forma de enmienda a la totalidad: el mensaje que queda es que la esfera pública digital está llena de mentiras, que su discurso propio está contaminado.


La única prueba que han podido ofrecer las grandes cabeceras que han informado sobre el asunto es la propia pérdida repercusión de sus cabeceras entre los usuarios. Aseguran que no es que la esfera pública digital les haya dado la espalda, sino que Rusia ha desatado una campaña de desinformación que confunde a los ciudadanos. Sí, es lo que parece: están intentado llevar a Internet el contexto de la Guerra Fría de conmigo o contra mí.


Diversas organizaciones, entre ellas este medio, han señalado que la voluntad de crear comités para censurar noticias falsas resulta mucho más peligrosa que las propias noticias falsas. "Tomar medidas para que los malos no puedan generar problemas a la gente normal" ningunea la capacidad crítica del ciudadano y aspira a recortar sus derechos en pos de mantenerlo a salvo. Se parece mucho a lo que hacen sistemas autoritarios como Rusia, China o Turquía al prohibir el acceso a algunas redes sociales por la amenaza de discursos que no son capaces de confrontar. El antónimo de desinformación es información, no censura.


Internet es ahora un lugar hostil para todo aquel que pretenda conservar libertades como el anonimato, pero hay herramientas para hacerlo. La teoría es relativamente sencilla, pero no la práctica. Todas las facilidades de uso, accesos directos y dinamismo entre plataformas desaparecerán, puesto que están diseñadas precisamente para que el usuario acepte intercambiar sus datos por comodidad. Básicamente hay que navegar como una guerrilla, teniendo preparados caminos independientes que permitan evitar las autopistas de información oficiales si están son cortadas y sobre todo, no permitir que el ejercicio de derechos fundamentales quede supeditado a las decisiones de plataformas que están más cerca del poder que del ciudadano.

 

@CdelCastilloM

 

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Publicado en Sociedad

La justicia francesa imputa a seis antiguos dirigentes de esta compañía. La multinacional abonó 13 millones de euros a grupos salafistas para mantener en funcionamiento una fábrica en el norte de Siria


La justicia francesa acentúa su presión sobre la multinacional francosuiza Lafarge-Holcim, el mayor fabricante de cemento del mundo. Seis antiguos dirigentes de esta compañía han sido imputados en diciembre por financiamiento “indirecto” de grupos yihadistas en Siria. Entre ellos, el expresidente de Lafarge, Bruno Lafont, y el antiguo director general, Éric Olsen. A todos ellos les acusan, en concreto, de haber pagado varios millones de euros al Daesh, con el objetivo garantizar el abastecimiento y la libre circulación de los empleados de la fábrica de cemento de Lafarge en Jalabiya.


Situada en el nordeste de Siria, a unos 90 kilómetros de Raqqa, la antigua capital del autoproclamado Estado Islámico en este país, la fábrica de Lafarge siguió en funcionamiento hasta el 19 de septiembre de 2014, cuando fue asaltada por grupos yihadistas. Pese a la cruenta guerra civil que estalló en Siria a finales de 2011, los dirigentes del gigante del cemento prefirieron no cerrar este complejo industrial, a diferencia de las otras multinacionales francesas, como la petrolera Total o el fabricante de quesos Bel, que abandonaron el país tras el inicio del conflicto.


Según reveló el diario Le Monde en junio del año pasado, la obstinación de los dirigentes de Lafarge hizo que estos pagaran a grupos del Estado Islámico, pero también del Frente Al Nusra (la antigua rama de Al-Qaeda en Siria) y de Ahrar al-Sham, un influyente grupo salafista de los rebeldes sirios.


En un principio, los responsables de Lafarge confesaron a la justicia aduanera, que investiga este caso desde junio de 2017, que pagaron unos 20.000 euros mensuales al Daesh. Pero, según ha anunciado la ONG Sherpa, que actúa como acusación particular, la cifra que manejan ahora los tres jueces de instrucción encargados de la investigación es bastante superior: unos 15,2 millones de dólares (13 millones de euros ). “La mayor parte de los cuales fueron abonados al Estado Islámico”, afirmó William Bourdon, el abogado de Sherpa en una rueda de prensa en París el 12 de diciembre.


Lafarge pagó presuntamente esta cifra a grupos yihadista entre 2011 y 2015 para mantener en funcionamiento su joya industrial en Oriente Próximo. Esta multinacional francesa invirtió 600 millones de euros en 2007 para adquirir y renovar este complejo industrial, una de las fábricas de cemento más modernas del Próximo Oriente. Inaugurada con gran pomposidad en 2010, esta representó la mayor inversión extranjera en Siria fuera del sector petrolero.


Sin embargo, el estallido de la rebelión democrática en Siria en la primavera de 2011, que degeneró en guerra civil a finales de ese año, alteró el funcionamiento de la fábrica de Jalabiya. “Los grupos armados presentes en el norte de Siria se interesaron rápidamente por la fábrica. Elaboraron distintas estrategias para aprovecharse de ella”, asegura en declaraciones a Público Dorothée Myriam Kellou, la periodista independiente que reveló este escándalo.


Mirada hacia el negocio de la reconstrucción de Siria


Mientras las otras multinacionales francesas abandonaron Siria, Lafarge prefirió mantener abierto su complejo industrial. ¿Por qué? “La versión oficial del grupo era mantener el aprovisionamiento de cemento en Siria. Pero, según me confirmó el antiguo responsable de seguridad de la fábrica, Jacob Waerness, el verdadero objetivo era proteger la inversión”, explica Myriam Kellou. Así posicionarse como uno de los mayores fabricantes de cemento en Siria con la mirada puesta en la reconstrucción del país después de la guerra.


La codicia de los dirigentes de Lafarge hizo que estos vulneraran el embargo comercial a Siria que la Unión Europea estableció en 2012. “Tanto el aprovisionamiento de petróleo y de puzolana se hizo a través de las reservas de Raqqa (una ciudad controlada por el Estado Islámico desde junio de 2013)”, afirma Myriam Kellou. Hasta 5,6 millones de dólares fueron abonados a los proveedores de la fábrica, siete de los cuales se encontraban en Raqqa y solían estar vinculados al Daesh.


Según un informe interno que la dirección de la multinacional encargó a las consultoras norteamericanas Baker y McKenzie, que ha sido revelado parcialmente por Sherpa, la dirección de la filial siria de Lafarge abonó 5,3 millones de dólares —la mayoría de ellos al Estado Islámico— como “pagos de seguridad” y 4,4 millones para remunerar a los intermediarios que negociaron con el Daesh y otras facciones terroristas. Para disimular estos gastos en su contabilidad, la multinacional producía facturas falsas, justificadas como “costes de representación”.


Estos inquietantes acuerdos con grupos yihadistas se hicieron a través de un entramado de hombres de negocios sirios. La mano derecha de Lafarge en Siria era el millonario sunita Fira Tlass, hijo de un exministro de Defensa sirio y hermano de un general del Ejército sirio, que se exilió en París en 2012 tras haber tomado distancias con el régimen de Bashar al Asad. Desde Dubai (Emiratos árabes), Fira Tlass, que financió a grupos rebeldes, facilitaba los contactos, negociaba y pagaba a las brigadas rebeldes y salafistas, a cambio de que estos garantizaran la seguridad y la libre circulación de los empleados y los proveedores de la fábrica. A cambio de esta tarea, cobró unos 100.000 dólares mensuales entre 2012 y 2014.


Lafarge también contó con Amro Taleb, un hombre de negocios, de 28 años, licenciado en Harvard y al que se hizo un astronómico contrato por trabajos de consultoría. “Este contrato sirvió para justificar su trabajo como intermediario entre Lafarge y el Estado Islámico”, afirma Myriam Kellou. Según esta periodista independiente, “Amro Taleb no era ningún desconocido de la dirección de Lafarge. Se trataba supuestamente de una persona próxima al hijo de Bruno Lafont (el antiguo PDG de la compañía), con quien coincidió en la universidad”.


Balones fuera de la multinacional


Aunque la dirección de la compañía ha reconocido que han cometido “errores inaceptables”, esta se excusa haciendo responsables de manera exclusiva a los dirigentes de su filial en Siria. No obstante, ¿la dirección de Lafarge estaba al corriente de los pagos al Estado Islámico? “Es difícil de creer que esto se hiciera sólo con el consentimiento de la dirección de la filial. Había reuniones semanales por Skype entre los dirigentes de París y los de la filial en Siria”, explica Myriam Kellou.


De hecho, el director de seguridad de Lafarge, Jean-Claude Veillard, que también ha sido imputado, “seguía de manera casi diaria la situación de la fábrica en Siria”, afirma Myriam Kellou. Veillard, que milita y ha sido candidato por el ultraderechista Frente Nacional, mantuvo contactos directos con responsables del Estado Islámico, según reveló en mayo de este año el diario digital Mediapart, “Acabo de llegar a Manbij (norte de Siria). El Estado Islámico quiere una lista de nuestros empleados con sus carnets de identidad para darles una autorización para que circulen por sus puntos de control”, escribía Veillard en uno de los correos electrónicos a los que tuvo acceso Mediapart.


“Los empleados fueron usados para proteger la fábrica”


“El caso de Lafarge no sólo es polémico por el supuesto financiamiento del Estado Islámico, sino por las violaciones de los derechos humanos que comportó”, asegura a Público Claire Tixeire, consejera legal del ECCHR (European center for constitutional and human rights). Junto a Sherpa, esta ONG representa a 11 antiguos empleados que han denunciado a la multinacional por “crímenes contra la humanidad”. La decisión de mantener en funcionamiento la fábrica puso en peligro la vida de sus trabajadores. Nueve empleados fueron raptados en 2012 por grupos rebeldes sirios y la compañía abonó 220.000 euros para liberarlos. Otros secuestros se repitieron entre 2012 y 2014. Y en algunos casos Lafarge prefirió no ayudarles en el pago del rescate.


“La fábrica se encontraba en una zona llena de puntos de control, donde se producían a menudo atentados”, denuncia Tixeire. Según la responsable del dosier de Lafarge para la ONG ECCHR, “los responsables de la fábrica amenazaban a sus empleados con despedirles o suspenderles el salario, cuando estos decían que no podían acudir a su puesto de trabajo porque temían por su seguridad”. Unas presiones que hicieron que el director del complejo industrial, Mamdouh Al-Khaled, recibiera el apodo de “dictador”. Mientras que este lo dirigía desde Damasco y el presidente de la filial siria de Lafarge vivía en el Cairo (Egipto), los trabajadores fueron obligados a alojarse en Manbij, uno de los primeros feudos del Estado Islámico en Siria.


Aunque en el verano de 2014 se multiplicaron los combates entre el Estado Islámico y las brigadas kurdas del PYG, la fábrica continuó funcionando hasta el 19 de septiembre. Cuando esta fue asaltada ese mismo día por miembros del Daesh, los empleados no sólo no fueron advertidos de la inminencia del ataque, sino que tuvieron que escapar por sus propios medios. Cuatro de ellos fueron detenidos y retenidos como rehenes durante diez días. “No hubo ningún plan de evacuación”, denuncia Tixeire, quien considera que “utilizaron los trabajadores como soldados para proteger la fábrica”.


La “complicidad” de las autoridades francesas


“Las multinacionales siempre se inventan cualquier excusa para no respetar los derechos humanos. Esperamos que Lafarge sea condenada y que este caso represente un precedente”, afirma Tixeire. Según han denunciado los responsables de Sherpa, que pretenden que también sea imputada la multinacional como persona jurídica, los actuales dirigentes del fabricante de cemento obstaculizan la investigación judicial. “Han intentado comprar el silencio de algunas de las personas imputadas”, denuncian los letrados de esta ONG. Unas acusaciones negadas por Lafarge.


Los letrados de Sherpa también lamentan la “cautela” y la “complicidad” que las autoridades francesas han mostrado respecto a este caso. Antiguos dirigentes de Lafarge han confesado a los investigadores judiciales que el Ministerio de Exteriores francés avaló la decisión de permanecer en Siria. Interrogado por la justicia aduanera, el antiguo embajador de Francia en Siria, lo ha desmentido: “Pedirles que se quedaran era contrario a nuestras consignas, nunca les hubiera pedido esto”.
Sin embargo, las embajadas francesas en Turquía y Jordania emitieron cables diplomáticos en 2014 en los que hablaban de reuniones entre los diplomáticos franceses y el director de la filial siria de Lafarge. En uno de estos cables, revelado por Mediapart, se habla de “la continuidad de la actividad del grupo Lafarge en Siria, al precio de un juego de equilibrios entre el régimen de Damasco, las fuerzas kurdas y el Estado Islámico”.


Según el medio de investigación Intelligence Online, la Dirección general de la Seguridad exterior (la CIA francesa) siguió de cerca los acuerdos entre la multinacional y el Daesh. Incluso el intermediario Amro Taleb se reunió en París en enero de 2015 con dirigentes de Lafarge para transmitirles una propuesta de “los hombres de negocios de Raqqa”, que consistía en volver a poner en funcionamiento la fábrica de Jalabiya. Pero los responsables de la multinacional rechazaron esta propuesta durante una reunión vigilada por los servicios de inteligencia franceses.


A pesar de todos estos indicios, la Asamblea Nacional publicó en julio de 2016 un informe en el que defendía de manera categórica que Lafarge no había financiado el Estado Islámico. Las pruebas apuntan que la indulgencia de la clase política francesa favoreció la irresponsable aventura de Lafarge en Siria. Un ejemplo más de la connivencia entre las élites económicas y políticas en un capítulo oscuro del capitalismo global.

Publicado en Internacional

La Administración de Trump levanta una moratoria de Obama a la financiación de experimentos con gérmenes peligrosos


Los experimentos de riesgo vuelven a los laboratorios de Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump ha levantado esta semana una moratoria a la financiación de investigaciones que pueden incrementar el peligro y el contagio y los gérmenes. En otras palabras, abre la puerta a una serie de ensayos controvertidos que pueden convertir los virus en un arma letal, algo que llevaba prohibido desde 2014 por de Barack Obama.


La medida desbloquea la manipulación y refuerzo de patógenos como el síndrome respiratorio por coronavirus de Oriente Medio (MERS), gripe o el síndrome respiratorio agudo y severo (SARS) y extiende este tipo de métodos a otros virus como el ébola. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH, en sus siglas en inglés) anunciaron la decisión el pasado martes y recalcaron que estas investigaciones solo podrán llevarse a cabo previa consideración de un grupo de expertos de la agencia, que deben concluir que los méritos científicos y beneficios potenciales justifican el riesgo.


Los defensores de este tipo de experimentos (conocidos como gain-of-function en la jerga científica) ponen el acento en su mayor capacidad de hallazgo y desarrollo de vacunas, mientras que los detractores se llevan las manos a la cabeza por el peligro que supone cualquier error o fuga de virus de semejante calibre. La moratoria de Obama llegó, de hecho, en un momento de mucha polémica sobre este asunto, el mismo año en se supo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades habían expuesto de forma accidental a los trabajadores de su laboratorio de Atlanta a un brote descontrolado de ántrax.
El director del NIH, Francis Collins, resaltó este martes que las investigaciones de este tipo se recuperan tras un proceso de deliberación de tres años llevado a cabo por expertos del sector público y privado.

“Tenemos la responsabilidad de asegurar que la investigación con agentes infecciosos se lleva a cabo de forma responsable”, afirmó Collins, que dirige esta agencia pública desde 2009, al inicio de la era Obama.
Además, durante el tiempo que duró la moratoria, 10 de los 21 proyectos que quedaron paralizados obtuvieron una dispensa para seguir adelante extremando la seguridad porque se consideraron excepcionales. Se trataba, en concreto, de unos experimentos sobre el MERS y la gripe. Para Collins, el nuevo marco de trabajo aporta garantías adicionales que “maximizan el beneficio” y minimizan el riesgo.

 

Washington 22 DIC 2017 - 12:40 COT

Publicado en Ciencia y tecnología
Jueves, 12 Octubre 2017 06:39

Las vacas pastan en la ruta del gran canal

El filósofo contemporáneo Bernard-Henri Lévy señala entre las características principales de los regímenes populistas "la promesa de los milagros". Son promesas que nunca se cumplen y se quedan lejos de la realidad. El Gran Canal de Nicaragua es un ejemplo cabal de "promesa de milagro". Pero también lo es de ese sorprendente concepto de "hecho alternativo", ideado muy a principios de la administración Trump por la asesora de la Casa Blanca, Kellyanne Conway. El hecho alternativo no es más que una mentira disfrazada de verdad, o que sustituye a la verdad.

Desde el siglo XIX el Gran Canal ha sido parte del imaginario nicaragüense, como la gran panacea de la riqueza y la prosperidad, y revivirlo es alentar las esperanzas de la gente que divisa una puerta mágica para salir de la miseria y el atraso. Fabricar un espejismo es hacerse de un arma política.

Es lo que hoy se llama "posverdad" o "mentira emotiva", otro sorprendente concepto según el cual, para dirigir a la opinión pública hacia el sentido que el poder desea, o necesita, hay que apelar a las emociones y a las creencias personales que vienen a ejercer mayor influencia en las mentes que los propios hechos objetivos.

Hace pocas semanas el gobierno emitió el Libro Blanco sobre el proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua un catálogo completo de posverdades. En ese documento oficial se pone sello al hecho alternativo de que las obras de construcción se dieron por inauguradas el 22 de diciembre de 2014. Un "libro blanco" para un inexistente "elefante blanco" de 286 kilómetros de largo, y un costo de 50 mil millones de dólares, capaz de generar ingresos anuales por 5 mil 500 millones de dólares.

La ceremonia de arranque se celebró en el escenario virtual de una finca ganadera cerca de la desembocadura del río Brito, sitio escogido como salida del canal al océano Pacífico, y vecino al lugar destinado a uno de los juegos de exclusas que, según el guión, darán paso a los buques de 400 mil toneladas de peso, capaces de cargar 18 mil contenedores cada uno.

A comienzos del año 2020 los primeros barcos deberán estar pasando por allí, pues el canal, flagrante "hecho alternativo" estará construido en un plazo milagroso de apenas seis años, con legiones de chinos a cargo de los aspectos técnicos de la obra, y 50 mil obreros nicaragüenses ganando salarios nunca vistos. Hasta hoy, todos fantasmas.

El ministro de la presidencia para Políticas Públicas anunció que el Producto Interno Bruto crecería, sólo en los primeros años de la construcción, entre 10 y 14 por ciento anual. Pero el tiempo pasa, y esos primeros años febriles se disuelven en la bruma de una mentira colosal.

El Consejo Nacional de Universidades anunció cambios drásticos en los planes de estudio, que deberían incluir el chino mandarín, y nuevas carreras técnicas relacionadas con el Gran Canal, hidrología, ingeniería náutica. La agricultura debía orientarse a producir los alimentos preferidos por los chinos. Desde luego que "hecho alternativo" no es sino una manera de sustituir la vieja palabra "mentira", debemos reconocer al menos que estamos frente a un formidable aparato de imaginación.

En la ceremonia inaugural de las obras estuvo presente Wang Ying, el empresario de Pekín, dueño único de la concesión del canal otorgada por el decreto presidencial 840 del 14 de junio de 2013, y ratificada 72 horas después por la Asamblea Nacional. Despojado del saco, se calzó el casco amarillo de protección para arrancar simbólicamente la primera de las retroexcavadoras que lucían en fila, listas para empezar a abrir la gran zanja que partiría en dos a Nicaragua. Él es el personaje principal de la novela.

En ese mismo plazo de seis años, que ya pronto se vence, se hallarían funcionando también un oleoducto, un ferrocarril interoceánico de alta velocidad, una autopista de costa a costa, un mega aeropuerto para un millón de pasajeros, un puerto marítimo automatizado en cada extremo del canal, nuevas ciudades, complejos de turismo y zonas de libre comercio.

El "Acuerdo Marco de Concesión e Implementación del Canal de Nicaragua", mejor conocido como tratado Ortega-Wang Ying, tiene una duración de 100 años. No establece ninguna obligación para el concesionario, más que un magro pago anual de peaje. Nicaragua renuncia a toda autoridad judicial, administrativa, laboral y de seguridad, migratoria, fiscal y monetaria en los territorios concedidos al canal, en favor de HKND, la compañía inscrita en Gran Caimán, propiedad exclusiva de Wang Ying.

El concesionario también puede confiscar las tierras privadas que necesite, y tomará las públicas sin costo alguno. Y las reservas del Banco Central quedan en garantía de cualquier incumplimiento del estado. Aquí la posverdad adquiere un sesgo peligroso: la mentira puede llegar a tener alcances reales.

Los campesinos pueden ser despojados de sus tierras, de las que son legítimos dueños, y el país puede quedarse sin reservas monetarias, mientras el tratado siga vigente. Y Wang Ying puede emprender cualquier tipo de obras en el territorio de la concesión. Puede venderla, entera o por partes.

Wang Ying, hecho alternativo él mismo, ideó la fantasía de sacar a bolsa las acciones de HKND para reunir los 50 mil millones de dólares del costo del canal. Pero en 2015 las acciones de Xinwei, su empresa de telecomunicaciones, sufrieron una caída de 57 por ciento, y su fortuna personal se derrumbó. Una sólida verdad de las de antes.

Lo que aquellas máquinas de Wang Ying hicieron en la finca de Miramar fue remozar un viejo camino rural de seis kilómetros de largo hasta la costa. Los equipos eran propiedad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, lo mismo que el casco amarillo que se puso Wang Ying. Posverdad pura.

Sobre el camino, otra vez abandonado, ha crecido el monte y en la época de lluvias es imposible de transitar debido a los lodazales. Unas cuantas vacas pastan allí donde hoy deberían estarse construyendo a ritmo febril las esclusas.

Medellín, octubre de 2017.

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Está en el origen, anualmente, de 25.000 muertes en la UE (en 2050, si no se adoptan medidas, podría causar más fallecimientos que el cáncer) y 1.500 millones de euros en pérdidas económicas. La Comisión Europea anunció el pasado 29 de junio un plan para afrontar la resistencia a los antibióticos. Entre los factores que explican el incremento de esta resistencia a los antimicrobianos, la institución comunitaria cita su uso “excesivo” e “inadecuado” en la medicina, su “abuso” en la veterinaria, las deficientes condiciones higiénicas en centros sanitarios o en la cadena alimentaria y la falta de sensibilización suficiente entre las poblaciones.


De hecho, según el Eurobarómetro de junio de 2016, más de la mitad de los europeos (57%) desconocen que los antibióticos no son eficaces contra los virus; y un 44% no saben que carecen de efecto frente a la gripe y los resfriados. Esta resistencia de los microorganismos a un fármaco que, teóricamente, debería destruirlos, es un fenómeno que ocurre hasta cierto punto de modo natural; cuestión diferente son las disfunciones que generan factores como el uso y la comercialización masiva señalados por la UE.
Asimismo la Comisión Europea constata, durante los últimos años, el aumento de las infecciones que presentan resistencias a la politerapia y los tratamientos de último recurso; menciona como ejemplo los carbapenémicos (antibióticos para el tratamiento de la neumonía), cuya tasa de resistencia pasó del 6,2% en 2012 al 8,1% en 2015. Pero el problema trasciende el territorio europeo. Cerca de 700.000 personas fallecen cada año en todo el mundo por infecciones resistentes a los antibióticos.


En el estado español, el pasado 30 de marzo el Ministerio de Sanidad suspendió la autorización para comercializar 17 medicamentos, tras la recomendación de la EMA (Agencia Europea de Medicamentos). Entre los productos retirados del mercado figuraban el “Tadalafilo”, de la empresa Aurovitas; y tanto el “Amlodipino/Valsartán” como el “Naproxeno”, de la compañía Aurobindo. En abril de 2014 el grupo farmacéutico indio Aurobindo adquirió la compañía Actavis Spain, que tomó entonces la denominación Aurovitas. Según su página Web, esta empresa farmacéutica comercializa en el mercado español marcas y genéricos para el tratamiento del sistema nervioso central, digestivo y cardiovascular, entre otros.


En los discursos, campañas e iniciativas institucionales suele omitirse la responsabilidad de la industria farmacéutica. “Aurobindo contamina”; “Aurobindo responde: la resistencia a los antibióticos no espera”; “Aurobindo dispara la resistencia a los antibióticos”. Los carteles de protesta aparecieron en la sede de la mencionada empresa en Madrid, a primeros de abril; la acción pretendía denunciar las responsabilidades de la industria farmacéutica y, en concreto, de este grupo empresarial indio. En un comunicado que explicaba el acto reivindicativo, Ecologistas en Acción apuntó a esta compañía, con sede en la ciudad india de Hyderabad, como “la más contaminante” por el historial de vertidos que registran sus factorías en este país.


Para la elaboración de antibióticos, Aurobindo importa materias primas de factorías –contaminantes- radicadas por ejemplo en China. Además, se la considera “muy bien relacionada” con gigantes estadounidenses de la industria farmacéutica, como Mckesson y CVS Health, y cuenta con una densa red de filiales –como Aurovitas- para su acceso a Europa.


Precisamente los activistas denunciaban que las factorías de India y China, en las que se producen la mayoría de antibióticos distribuidos por el mundo, “no tratan adecuadamente los residuos o los vierten sin ningún control a ríos y lagos”; estos abocamientos favorecen la proliferación de superbacterias, cepas bacterianas que se han vuelto resistentes a los antiinfecciosos. El factor de la contaminación industrial se revela capital, según el documento “Resistencia a los antibióticos: Cómo la contaminación de las fábricas de medicamentos en India y China está disparando la aparición de las superbacterias”, realizado por Changing Markets y Ecostorm, difundido en España por Ecologistas en Acción en abril de 2017. El informe explica que el volumen enorme de antibióticos que arrojan las fábricas con sus vertidos, añadidos a la escorrentía que proviene de los residuos generados por granjas y residuos humanos, llegan a los ríos y plantas de depuración; esto supone “un excelente caldo de cultivo para las bacterias resistentes a los antibióticos”.


Pero en la época del comercio transoceánico y los viajes a escala global, la cuestión trasciende a los dos gigantes asiáticos: “Una vez creadas las superbacterias, pueden expandirse rápidamente por el planeta”. Ello no obsta para que en India puedan constatarse de manera singular algunos de los impactos. Así, estudios citados por Changing Markets y Ecostorm apuntan que cerca de 60.000 recién nacidos fallecen anualmente en India por el efecto de las bacterias resistentes a los antibióticos “de primera línea”. Además, el informe “Estado de los antibióticos en el mundo” (2015), del Center for Disease Dynamics, Economics and Policy (CDDEP) pone de manifiesto casos de patógenos como el “Klebsiella pneumoniae”, que puede provocar neumonía, meningitis o infecciones en la sangre; es uno de los numerosos patógenos cuya tasa de resistencia a los fármacos ha aumentado en India, al pasar del 29% en 2008 al 57% en 2014.


Los carteles contra la actividad de Aurobindo son la síntesis de diferentes informes e investigaciones. Entre otras, la realizada en junio de 2016 por la agencia de investigación periodística Ecostorm, con la supervisión de la Universidad de Cambridge. ¿Con qué resultados? Del análisis de las tomas de agua, se desprende unos “altos niveles” de bacterias resistentes a los medicamentos en las fábricas de antibióticos de Hyderabad, Nueva Delhi y Chennai, en India. De los 34 lugares analizados, en 16 se hallaron bacterias resistentes a los antibióticos; llama la atención la existencia de cuatro puntos, en los que pudo constatarse la resistencia a los tres principales antibióticos: cefalosporinas, carbapenemos y fluoroquinolonas. El informe de Ecostorm cita nombres de concretos de compañías. Entre las fábricas analizadas, figuran tres propiedad de las compañías indias Aurobindo, que emplea a 15.000 personas en 30 países y ha incrementado sus beneficios un 800% en la última década; Orchid Chemicals, que ha firmado acuerdos con empresas de 70 países; y la empresa Asiatic Drugs and Pharmaceuticals, ubicada al suroeste de Nueva Delhi y especializada en la producción de sustancias farmacéuticas activas (APIs ); tras la investigación sobre el terreno, el informe las califica como “focos de resistencia”. Los antibióticos producidos por estas empresas se exportan directa o indirectamente a la Unión Europea (Gran Bretaña, Francia o Alemania) y Estados Unidos.


Otra circunstancia de interés es que el 50% del consumo total de antibióticos se concentra en la cría de animales para la alimentación. Sin necesidad de que haya contraído enfermedades, se utilizan para que el ganado crezca de modo acelerado. Aunque no ocurre así en la UE, que prohibió el uso de los antiinfecciosos como suplemento alimenticio para animales en 2006, recuerda el informe difundido por Ecologistas en Acción. En el ámbito europeo se han venido utilizando, en la ganadería intensiva, como mecanismo preventivo. En India los antimicrobianos se utilizan sin limitaciones, al igual que en otros países, en las granjas intensivas. Así, el CDDEP apunta que en pollos y aves de corral del país asiático se ha detectado una tasa de resistencia a la sulfadiacina del 100% (se trata de un antibiótico que la Organización Mundial de la Salud considera esencial para el ser humano).


Mientras esto ocurre, las fábricas de antibióticos en India continúan campando a sus anchas. La investigación de Changing Markets y Ecostorm se hace eco de estudios académicos que revelan cómo las concentraciones de antimicrobianos en el entorno de la ciudad de Hyderabad (donde se ubican la mayor parte de fábricas de medicamentos de India) y el río Musi, que la recorre, es mil veces superior a las que se hallan habitualmente en ríos de países del Norte; las muestras tomadas en río por los investigadores permitía observar “la espuma de los efluentes en la superficie”. El informe se refiere asimismo al complejo industrial Patancheru Bollaram, en la periferia de Hyderabad, que se halla en estado “crítico” por la contaminación. Un estudio de 2014 centrado en el lago Kazipally, próximo a Patancheru, reveló que por razones como los vertidos de las farmacéuticas los genes resistentes son hasta 7.000 veces superiores a los de un lago de Suecia.


En China un estudio de Yezli y otros autores de 2012, del que se hacen eco Changing Markets y Ecostorm, ya apuntaba la tendencia creciente a la resistencia a los antimicrobianos: un aumento, como media, del 22% en seis años, mientras que en un periodo de tiempo equivalente el incremento en Estados Unidos se situó en el 6%. Los investigadores atribuyen el crecimiento al uso “incorrecto” de los antibióticos, así como a los ingresos que supone la venta de medicamentos para los hospitales en la potencia oriental; pero también al desarrollo de la cría intensiva de la ganadería y al impacto sobre el medio ambiente de las farmacéuticas.

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