Una de las cuestiones más complejas que tiende a convertirse en asunto central de la política colombiana en este período histórico, o sea más allá de la coyuntura inmediata de unos acuerdos de paz y su truncado desarrollo, es la relativa a la justicia de transición o Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), adoptada en el proceso de negociación política del conflicto armado entre el régimen dominante y las Farc. Dadas sus características, algunos han planteado que se trata más de una justicia transaccional, por quienes la pactaron, sin participación social; como la hicieron y por los beneficiarios prioritarios de la misma.


Sobre ese eje implantado en la dinámica de reinstitucionalización, el pasado 14 de noviembre se produjo la Sentencia de la Corte Constitucional que declara exequible el Acto Legislativo o la reforma que incrusta en el tronco del ordenamiento constitucional dicha Justicia Especial. El dirigente de las Farc, Jesús Santrich, ha calificado esta Sentencia, como “el inicio del fin de la paz”.


Sobre sus alcances y falencias muchos han sido los pronunciamientos de centenares de expertos y entidades, que han señalado un contraste con lo que se denomina estándares internacionales de justicia y derechos humanos, indicando por ejemplo que la Corte Penal Internacional podría conocer de casos frente a los cuales la JEP no dará respuesta justa y adecuada. Por supuesto hay que escuchar también las posiciones de grupos de víctimas y de diversos sectores populares en resistencia que por diferentes razones sólo hasta ahora han tomado en cuenta la necesidad de un estudio concienzudo y objetivo de esa jurisdicción, que se nos vendió como solución, constituyendo en realidad cada día un gravísimo problema.


Dos días después del fallo, la organización política derivada de las Farc, expidió un comunicado en el que lo saluda pero advierte que se generan “consecuencias adversas para la paz”, como concebir que es para ser aplicada a quienes integraron las Farc y no a otros actores, en este caso del régimen, pues quedan liberados “los agentes del Estado civiles” a los que llama “una privilegiada casta de intocables”. Aseguran que “se estimuló el régimen de impunidad” y “se desprecia a las víctimas”, y que no se contribuye en absoluto al esclarecimiento de la verdad, entre otras quejas.


Otra frustración: el blindaje de los de arriba


Ciertamente, y más que dichos reclamos de una de las partes negociadoras, las nuevas realidades demuestran con mayor claridad que la JEP y el sistema al que fue articulada, frustra expectativas legítimas de miles y miles de víctimas del terrorismo de Estado, y burla aspiraciones razonables de la sociedad que busca transformaciones efectivas, pues en la medida en que se consolida un nuevo aparataje sometido a la inercia dominante, se torna por lo mismo más funcional al statu quo y a sus objetivos estratégicos que nos recuerdan el gatopardismo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”; “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado” (del libro “El gatopardo”, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa [1896-1957]).


En ese panorama lo que estaba advertido ha sucedido, ratificado por una Corte Constitucional que también es expresión de unas finalidades de blindaje de las elites, pues ese tribunal ha decidido que los empresarios vinculados a la guerra sucia, los para-empresarios por ejemplo, pueden no ser llamados a responder por sus acciones de asociación criminal, sino sólo concurrir a la JEP según su libre elección, cuando quieran o les convenga en caso de que los mecanismos de la justicia ordinaria a su medida les fallaran en su propósito de total encubrimiento. O sea como manifestación pura de lo que representan: la selección de un sistema de segregación que confiere a unos puñados de ricos todos los derechos y diferentes menús, y a millones de colombianas y colombianos los restos. Ya Tucídides, el historiador y general griego, decía relatando la Guerra del Peloponeso (431-411 a.C.): “Ustedes saben tan bien como nosotros que el derecho, como suele decirse, sólo se discute entre quienes tienen el mismo poder: mientras que el fuerte hace lo que puede y el débil sufre lo que debe”.


El 20 de julio de 2017, uno de los más comprometidos y acuciosos estudiosos de la realidad colombiana, el defensor de derechos humanos, padre Javier Giraldo, analizó este tema dentro de un visión crítica de lo pactado en La Habana. Nos recordó lo siguiente:


“El 30 de agosto de 2016 el Presidente Santos asistió al Congreso de Analdex, acompañado de su Canciller, del Alto Comisionado de Paz y del militar negociador plenipotenciario del Gobierno en La Habana, ex General Jorge Enrique Mora Rangel. Su mensaje a los empresarios fue una fórmula de evasión a la justicia, entusiasmadamente acogida: alegando extorsión podrán limpiar su nombre ante la Justicia Transicional. Les insistió en que la Justicia Especial para la Paz será una oportunidad para que los empresarios que han sido víctimas de extorsión limpien su nombre” (http://www.javiergiraldo.org/spip.php?article264).


En dicho análisis se remonta Giraldo a la fórmula inicial, a lo que se fue construyendo en Cuba hacia mitad del 2015, y que nos sirve para una reflexión general sobre cómo lo que mal comienza, está en la tendencia de que mal acabe: “(se) propuso una fórmula que tuvo aceptación casi inmediata de ambas Partes, pues ofrecía impunidad simétrica para insurgentes y agentes del Estado recurriendo a parámetros de justicia transicional, pero además resolvía el problema de la ilegitimidad del aparato judicial colombiano creando una Jurisdicción Especial...”. Señala cómo se produjo un cierto pánico de la élite en el poder “compuesta por grandes empresarios, funcionarios, militares, agentes de seguridad y ex presidentes”, que desarrollaron estrategias tranquilizantes para salvarles, para que nada de lo pactado afecte su lógica de violencia e impunidad.


Era 2015, cuando se vislumbró esa propensión de un sistema de justicia negociado, que, esgrimiendo el compromiso con las víctimas, como supuesto centro de la solución política, vendió además que a la amnistía e indulto a los guerrilleros de las FARC, debía compensarse al otro lado, con medidas equivalentes dirigidas como beneficios a quienes combatieron la subversión.


Dichas estrategias tranquilizadoras y reaseguradoras de las posiciones de las elites en el poder, fueron diversas y constituyeron una cadena secuencial y consecuencial, de tal modo que, como lo afirma el jesuita Giraldo, cuando se firmaron los Acuerdos de La Habana “ya se habían incluido principios muy claros de impunidad para la élite en el poder”. Pasó en las sucesivas ceremonias de agosto, de septiembre y de noviembre de 2016, cada vez que concurrieron las partes a celebrar lo pactado; y han venido acentuándose esas estrategias de impunidad en absolutamente todos y cada uno de los pasos de confección y concreción jurídico – política de esa jurisdicción especial que se pensó fuera imparcial y por fuera de la que Giraldo llama acertadamente “putrefacta justicia colombiana”, pero que al final, por la lógica y la formalidad de un Estado que se presume “de Derecho”, terminó siendo no un ensayo alternativo y eficaz frente a la impunidad de los sectores en el poder, sino una refinada maquinaria anidada y manejada en colusión con los de arriba, que apunta a estar al servicio de sus intereses históricos.
Lecciones a la vista


Un repaso de los once títulos que desarrolló el padre Javier Giraldo en el texto aludido, y que hoy recobran validez por su argumentación, nos señalan las materias que como Ejército de Liberación Nacional seguiremos discerniendo para aprender de lecciones a la vista, dadas por la realidad sistémica de la inmunidad e impunidad de los las elites:


* Priorización y selección de casos dejando por fuera a miles de hechos y de víctimas;
* Confusión deliberada de víctimas del genocidio, de los crímenes de Estado y de lesa humanidad, como si fueran víctimas del conflicto armado;
* Aceptación y legalización de una simetría ilegítima (homologación de responsabilidades de los criminales mandados por el Régimen con las de los rebeldes);
* Extirpación del tímido ensayo de jurisdicción universal, o sea la frustración del derecho penal internacional más progresista;
* La desaparición de las responsabilidades de los mandos;
* El refinamiento unilateral de la impunidad de agentes del Estado;
* La absolución anticipada de los máximos responsables;
* La esfumación de la centralidad de las víctimas;
* La ya mencionada absolución del empresariado criminal;
* La anulación de los crímenes de lesa humanidad y de las prácticas de genocidio;
* La evasiva radical a las garantías de no repetición (véase lo que está pasando en campañas de asesinatos de líderes y activistas sociales comprometidos en procesos populares).


Del escrito del padre Giraldo, que continuaremos estudiando y de observaciones como las de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que ha llamado ambigua y errada a gran parte de lo estructura de la JEP, o de informes de Amnistía Internacional y otra entidades nacionales y extranjeras, tenemos un abanico de temas descritos que deben ser sopesados racionalmente a la luz no sólo de los normas urdidas sino de la experiencia específica que se va arrojando, como es la exoneración y libertad ya conquistada de grandes genocidas o responsables de crímenes de lesa humanidad.


Mientras combatientes de las Farc continúan presos por infracciones penales conexas a la rebelión, Rito Alejo del Río y otros ex militares pasean con tranquilidad por el país. Éste al menos tuvo restricciones temporales a su libertad por espantosos hechos que cometió, pero cientos y cientos de empresarios, bajo ese sistema, nunca serán siquiera señalados por sus responsabilidades. Tomamos nota de estos caminos y de esta ciénaga, reafirmando el compromiso básico para una justicia y paz transformadoras: “Verdad toda, verdad todos”.

 

 Por Camila Pérez
www.eln-voces.com

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Miércoles, 22 Noviembre 2017 06:21

Honduras, potencial foco de tensión

Honduras es un país muy pequeño en América central, usualmente desconocido para la mayoría de personas en el mundo. En los años 80, era conocido como el portaaviones de Estados Unidos para agredir la naciente revolución en Nicaragua. Al finalizar esa década, pasó al olvido hasta que, en 2009, se perpetraba con éxito un violento golpe de Estado militar que terminó con la administración del presidente Manuel Zelaya Rosales.


Es complicadísimo responder a la pregunta ¿Qué tiene Honduras que los yanquis son capaces de retenerla a costa de lo que sea?. Sin embargo, está claro que la ultraderecha de América Latina, dirigida desde la NSA (Agencia de Seguridad Nacional)y el Comando Sur siempre usan “lo mejor de su arsenal” en defensa de sus intereses económicos y estratégicos en este frente único de batalla.


Este domingo 26 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales, legislativas y municipales, simultáneamente. En ella participa el actual presidente de extrema derecha Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional, contra una coalición coordinada por el ex presidente Zelaya, y que postula como candidato a la presidencia a Salvador Nasralla, hombre surgido en los medios de comunicación deportivos del país.


La semana pasada, el oficialismo inició una campaña de miedo, en la que involucró directamente a la bolivariana Venezuela, la que fue acusada ante Luis Almagro de “haber introducido 145 expertos en desestabilización y acciones terroristas para sabotear el proceso electoral”. La acusación la presentó la Fundación Arcadia, dirigida por Otto Reich, halcón de origen cubano y enemigo declarado de la integración latinoamericana, y un oscuro venezolano en el exilio, de nombre Robert Carmona.


El mismo día que Reich apareció con su denuncia, el gobierno hondureño secuestró durante varias horas al emblemático grupo musical venezolano “Los Guaraguo”, en las instalaciones de migración del aeropuerto de San Pedro Sula. Luego del inaudito cautiverio, los músicos fueron deportados hacia Venezuela y escoltados por la interpol hondureña. En las últimas horas el gobierno hondureño subió nuevamente el tono belicoso y estableció que los ciudadanos de origen venezolano deberán usar “visas consultadas” para entrar a territorio nacional.


Mientras tanto, la policía militarizada allanó una vivienda en Tegucigalpa, en la que encontró la siguiente lista de pertrechos: banderas de la alianza, manuales para fabricar cócteles molotov, una libra de marihuana. El burdo montaje fue divulgado por los medios de información locales, totalmente cooptados por el régimen de Hernández.


Todo indica que han iniciado una fase que busca atemorizar a las personas para evitar la asistencia masiva a las urnas. Según estudios confiables, el oficialismo estaría al borde de una derrota electoral catastrófica, y muchos escenarios son posibles. Todo esto impulsado por los halcones de Washington y los cubanos de Miami. Vale la pena seguir de cerca este proceso que luce como un potencial foco de tensión para el continente.

 

Por Ricardo Salgado, analista político hondureño.

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Sábado, 18 Noviembre 2017 07:17

La saga de los temibles Fujimori

 

¿Puede una sola familia paralizar la dinámica política de toda una nación, ocupar el centro de las instituciones y establecer un gobierno paralelo doblegando al verdadero Ejecutivo?

Si la familia se llama Fujimori y el país es Perú, la respuesta es sí.

Desde que perdió las elecciones presidenciales, en junio del año pasado, pero ganando la mayoría absoluta en el Congreso, Keiko Fujimori, hija del ex dictador preso por crímenes de lesa humanidad, ha hecho de todo –y con bastante éxito– para obstaculizar al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, privándolo de sus mejores secretarios y revelando la fragilidad de un gobierno de tecnócratas sin ninguna habilidad política.

El patológico resentimiento de Keiko por haberse visto privada –¡y por un irrisorio 0.24 por ciento!– de una presidencia que ya se sentía en el bolsillo luego de dos costosísimas campañas se ha traducido en 15 meses de feroz boicot a la actividad del Ejecutivo y en un uso prepotente y matonesco de su mayoría absoluta en el Congreso unicameral de 130 diputados.

Banda de cavernícolas irreflexivos, monos con metralletas, han sido definidos los 71 congresistas naranja –el color de su partido, Fuerza Popular– dedicados a interpelar y censurar, insultándolos, a los miembros más competentes del gobierno –ya van cuatro bajas de secretarios, más un gabinete entero– por pura tirria. Su única actividad ha consistido en promover leyes retrógradas, como la que desprotege a las mujeres víctimas de violencia y a la comunidad gay o la que reserva generosas exenciones fiscales a las grandes empresas, provocando un clima de inestabilidad e ingobernabilidad que no ayuda a la necesaria recuperación económica.

Los avances lentos pero devastadores del caso Odebrecht –con el ex presidente Ollanta Humala y su ex primera dama encarcelados, el ex presidente Alejandro Toledo y señora prófugos de la justicia, pasos en la azotea para el blindadísimo Alan García y revelaciones que comprometen a Keiko Fujimori y al propio Kuczynski– han agravado el sentimiento de decepción por un gobierno tan débil y genuflexo frente a las vengativas pataletas de la señora Fujimori.

En cambio, la irresistible ascensión del clan Fujimori –a pesar de que su patriarca se encuentra condenado a 25 años de cárcel por los crímenes cometidos, pero a la vigilia de una posible excarcelación– no ha parado desde finales de los 80, cuando un oscuro rector de la Universidad Agraria La Molina irrumpió en la política y ganó la presidencia a un contrincante tan famoso como Mario Vargas Llosa.

La ilusión de que un outsider de la política pudiera sacar al país de la gravísima crisis provocada por la primera presidencia de Alan García duró muy poco tiempo. El 5 de abril de 1992 –a menos de dos años de asumir la presidencia–, Alberto Fujimori, con un repentino autogolpe, instaura una dictadura que parece inspirada en un shogunato japonés y dura hasta final de 2000, gracias a una relección fraudulenta.

Es casi una década de suspensión de las libertades fundamentales, cierre del Congreso, cirugía institucional (imposición de una nueva Constitución, instauración de un Legislativo unicameral a modo, intervención del Poder Judicial), represión o cooptación de todas las oposiciones, estallido de una guerra sucia en contra de Sendero Luminoso que causará miles de muertos, corrupción galopante a todos los niveles (famosos los videos de Vladimiro Montesinos, el Rasputín del régimen, que filmaba las coimas a muchos diputados), colusión con el narcotráfico (un avión presidencial cachado con 176 kilos de cocaína no es cosa de todos los días), saqueo de las arcas públicas (se calcula por 6 mil millones de dólares), millares de esterilizaciones forzadas en las regiones andinas y un largo etcétera de infamias, entre las cuales innúmeras matanzas de inocentes perpetradas por el ejército y por un comando de sicarios llamado grupo Colina.

La parte descendente de la parábola fujimorista, no exenta de connotaciones novelescas, empieza el 19 noviembre de 2000, cuando el todavía presidente de Perú, tras viajar a Brunei para una reunión de la APEC, renuncia al cargo vía fax desde Japón, donde, con la protección de la poderosa Yakuza y gracias a su doble nacionalidad, se postula infructuosamente al Senado. Sus fechorías, ya inocultables, rebalsan la cloaca en que se han convertido las principales instituciones del Perú.

Capturado en 2005, en ocasión de un imprudente viaje a Chile y extraditado dos años después, Alberto Fujimori fue condenado, luego de un juicio impecable, a 25 años de prisión por los delitos de asesinato con alevosía, secuestro agravado, lesiones graves, más otros siete años y medio de cárcel por peculado doloso, apropiación de fondos públicos y falsedad ideológica en agravio del Estado. Aunque no haya nunca manifestado el mínimo arrepentimiento por los crímenes cometidos ni haya desembolsado un solo centavo de los 16 millones de dólares que debe por reparación civil, el ex dictador sigue mendigando un indulto humanitario con cualquier presidente en turno. Hasta ahora el indulto, que se apoya en un discutible cáncer en la lengua, ha sido constantemente denegado.

Sin embargo, últimamente el presidente Kuczynski, haciendo caso omiso de que fueron los arraigados sentimientos antifujimoristas los que lo llevaron a la presidencia, parece orientado a concederlo.

Paradójicamente, un Fujimori indultado es lo que menos le conviene a su hija Keiko, quien vería inevitable- mente mermado su actual liderazgo, ya amenazado por su hermano Kenji, imagen del hijo fiel, que pide explícitamente la liberación del padre y critica todas las iniciativas legislativas de su propia bancada al punto de arriesgar la expulsión del partido.

Sea como fuere, los Fujimori no paran de ocupar las primeras planas, ya sea que se trate de los disparates de Kenji, las lamentaciones carcelarias del patriarca o las amenazas de Keiko, quien, salpicada por las revelaciones de Marcelo Odebrecht relativas al financiamiento oculto de sus campañas electorales, está embistiendo a la cúspide del Poder Judicial con un atrevido contraataque que sacude hasta los cimientos de la institucionalidad democrática.

Si se suman a las arremetidas en contra del Tribunal Constitucional y del fiscal de la Nación, el amedrentamiento a la prensa, amenazada de denuncias penales y los ataques reiterados al propio presidente Kuczynski, cobra vigencia la inquietante afirmación del politólogo Nelson Manrique: El principal desafío que afronta la democracia peruana hoy es la ofensiva del fujimorismo, que busca destruir la débil institucionalidad existente para asegurar la impunidad de Keiko Fujimori.

 

* Periodista italiano

 

 

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Los acontecimientos en Oriente Próximo se aceleran como nunca. Saad Hariri, primer ministro de Líbano, acaba de anunciar su dimisión de forma insólita, desde Arabia Saudí donde se está produciendo una “revolución palaciega” . En Siria el ejército ha obtenido importantes victorias y anuncian el fin de un conflicto mortífero. ¿Cuál será el desenlace de esta crisis política? Para profundizar en estas cuestiones hemos preguntado al historiador y exministro de Finanzas libanés Georges Corm, aut or del libro El Líbano contemporáneo* [Le Liban contemporain].


Hace un año las elecciones presidenciales permitían a Líbano salir de un largo periodo de inestabilidad. ¿Cómo se explica este golpe teatral?


En efecto, el contexto libanés era muy estable. El gobierno constituido por Saad Hariri en diciembre comprendía a todos los grandes partidos políticos, excepto el Partido Falangista que se erigió en oposición. Por consiguiente, incluía a Hizbulá y parecía que las cosas iban bien, en particular se habían aprobado la ley electoral y el presupuesto. El tono de Saad Hariri seguía siendo muy moderado en lo que concierne a la política iraní y la de Hizbulá, partido que formaba parte de su gobierno.


Su llamamiento en Arabia Saudí tres días después de una visita y su precipitada salida sin que le acompañara nadie de su entorno ni ministros libaneses demuestra que se trata de una dimisión forzada hecha en Arabia Saudí, como todo señala, en un contexto de un golpe de Estado que se desarrolla en el país.


Esta dimisión se ha producido en Arabia Saudí, donde acaba de tener lugar una crisis inédita en la que se ha apartado a parte del gobierno.


Animado por el presidente estadounidense, el príncipe heredero está cambiando el régimen de este reino obsoleto. Liquida a muchos miembros de la familia real, intimida a los grandes hombres de negocios del país y cambia de hecho el régimen político convirtiéndose en el dictador único del reino mientras que la regla principal de la familia real hasta ahora era una dirección de tipo colegiada y un consenso entre los primogénitos de las diferentes ramas de la familia.


El objetivo de estos cambios es también llevar a cabo una “deswahhabisación” y una desradicalización religiosa del reino, de ahí que, sobre todo, se permita conducir a las mujeres y el restablecimiento del ocio en público, pero también la abolición de las consultas a los jeques de la clase dirigente religiosa.


En su opinión, ¿qué revela el hecho de que Hariri haya dimitido en un país extranjero y que permanezca ahí a día de hoy?


Ya no hay duda alguna de que el primer ministro permanece por la fuerza en Arabia Saudí. La actuación televisada de anoche con una periodista libanesa que trabaja en la emisora de televisión de su partido confirmó a los telespectadores entendidos su estatus de secuestrado (frases mecánicas y repetitivas, rostro demacrado y muy triste, su necesidad de beber agua cada pocos minutos).


¿Se puede relacionar lo que ha ocurrido con el desenlace de la guerra en Siria que se perfila en el horizonte?


Sí, no hay que excluirlo ya que la situación en Siria ha cambiado claramente a beneficio de su gobierno legal. Se puede tratar de una forma de represalia por parte de Arabia Saudí que junto Qatar ha sido el principal financiador de los movimientos terroristas en Siria.


También hay que recordar el boicot al emirato de Qatar por parte de Arabia Saudí y los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, que no tiene ningún sentido excepto el de quitarse la responsabilidad del fracaso de la política en Siria atribuyéndosela al pequeño emirato.


¿Cuáles han sido las primeras reacciones de las diferentes fuerzas políticas que componían el gobierno Hariri?


Aparte de algunas voces extremistas provenientes de Courant du futur, el partido de Hariri, la gran mayoría de los partidos políticos libaneses, incluido el de Hariri, reclaman con fuerza la vuelta del primer ministro.


Una figura de Courant du futur, el ministro del Interior, ha hecho unas declaraciones muy fuertes diciendo a Arabia Saudí que en Líbano las cosas no ocurren como en Arabia Saudí y que los libaneses no son un rebaño de ovejas.


¿Qué efecto podría tener en la sociedad libanesa el llamamiento a volver hecho por Arabia Saudí a sus ciudadanos?


Ninguno porque desde 2011 o 2012 se ha pedido a los saudíes que no vayan a Líbano. Solo debe de concernir a unos cientos de personas. Más grave para Líbano sería la expulsión de los 250.000 ciudadanos libaneses que trabajan en Arabia Saudí.


Pero esta medida provocaría un gran daño a la economía saudí porque la comunidad libanesa en este país desempeña un gran papel económico: no se trata de trabajadores pobres, sino de hombres de negocios, de técnicos y de cuadros de alto nivel. Su salida del país contribuiría a paralizar aún más la economía saudí, a la que han perjudicado la caída de los precios del petróleo y los actuales acontecimientos internos.


Especialmente desde la invasión de Iraq por parte de Estados Unidos en 2003, Oriente Próximo es el escenario de nuevas injerencias de las potencias extranjeras y regionales, que los medios de comunicación a menudo presentan como rivalidades interconfesionales. En su reciente libro Pensamiento y política en el mundo árabe** [Pensée et politique dans le monde arabe] usted denuncia la noción de “choque de civilizaciones” por ser lo contrario de la realidad pluriconfesional del mundo árabe. ¿Qué influencia tiene en su país el esquema elaborado por las petromonarquías?


En realidad el esquema de las petromonarquías es el mismo que el de Estados Unidos y de los medios de la OTAN. Todo se explicaría por medio de un conflicto entre los sunníes “buenos” y los chiíes “malos” a quienes Irán manipula a su antojo (esto es, un conflicto tipo conflicto entre civilizaciones). Desde la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos la crimininalización de Irán ha adquirido unas dimensiones histéricas. El gobierno estadounidense considera que la fuente del terrorismo islámico en el mundo es Irán (y no sus aliados de las petromonarquías), lo que es a todas luces contradictorio con los acontecimientos actuales.


La política saudí, que también se ha vuelto histérica, no hace sino reflejar la actual política estadounidense. En mi opinión, es también Estados Unidos quien exige hoy la “deswahhabisación” de Arabia Saudí. Para Líbano el sesgo antichií de Arabia Saudí no es nuevo. Se expresó ya en 2006 durante el salvaje ataque israelí contra Líbano en el que Arabia Saudí culpó a Hizbulá por su aventurismo y no al Estado de Israel que por un incidente fronterizo desencadenó un ataque de una envergadura enorme contra Líbano.


Actualmente, con el pretexto de luchar contra la influencia chií e Irán, Arabia Saudí destruye Yemen con bombardeos continuos desde 2015, el bloqueo de sus puertos y una temible epidemia de cólera resultado de ello, en medio del silencio atronador de la comunidad internacional. La justificación de esta guerra intolerable por medio de la necesidad de luchar contra la influencia de un “triángulo chií” subversivo en Oriente Próximo es una hoja de parra ideológica para justificar la política saudí y estadounidense en la zona. Quiero recordar aquí que fue Iraq bajo la influencia de las petromonarquías y de Estados Unidos quien intentó invadir Irán en 1980 y le declaró la guerra, y no lo contrario.


Para estar más cerca de la realidad sobre el terreno se podría resumir la situación afirmando que estamos ante el enfrentamiento de dos bloques geopolíticos: por una parte el de la OTAN y por otra el eje que discute la supremacía estadounidense en el mundo, esto es, de China, Rusia e Irán. Siria y actualmente Yemen han sido víctimas de este enfrentamiento; Líbano con su primer ministro secuestrado por su falta de activismo antiiraní lo sufre también.


Solo las personas ingenuas, víctimas de los grandes medios occidentales y árabes bajo influencia occidental, pueden pensar que se trata de una lucha entre “sunníes” y “chiíes”.

 

Alex Anfruns
Investig’Action

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos.

* Georges Corm, El Líbano contemporáneo: historia y sociedad, Barcelona, Bellaterra, 2006; [traducido por José Miguel Marcén].
** Georges Corm, Pensamiento y política en el mundo árabe: contextos históricos y problemáticas, siglos XIX-XXI, Barcelona, Bellaterra, D.L., 2016; [traducción de Juan Vivanco]

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Lunes, 13 Noviembre 2017 07:49

Paraíso

 

¿Quién dice que el sistema no funciona? Para los más ricos, esta coyuntura es un paraíso (no sólo fiscal).

El 1 por ciento de la población mundial ahora concentra más de la mitad de la riqueza mundial y el 10 por ciento más rico controla alrededor de 90 por ciento de la riqueza del planeta, reporta el New York Times.

Los ocho multimillonarios más ricos del mundo controlan el equivalente de toda la riqueza del 50 por ciento más pobre del mundo, reportó Oxfam a principios de este año; esos ocho tienen una fortuna colectiva de 426 mil millones de dólares, equivalente al total de la riqueza de 3.6 mil millones de seres humanos pobres en el planeta (www.oxfam.org/en/pressroom/pressreleases/2017-01-16/just-8-men-own-same-wealth-half-world).

Los súper ricos incrementaron su riqueza combinada por 17 por ciento el año pasada para acumular un total récord de 6 billones de dólares, más que el doble del PIB del Reino Unido. Hoy día hay mil 542 multimillonarios (con fortunas de mil millones para arriba) en el mundo, reporta UBS (www.ubs.com/microsites/billionaires-report/en/new-value.html).

Según este informe, estos multimillonarios son 72 de los 200 coleccionistas de arte más importantes del mundo; unos 109 multimillonarios son dueños de 140 de los mejores equipos deportivos profesionales del mundo. Nadie ha calculado aún cuántos gobiernos han comprado.

El número total de ricos (incluyendo ultrarricos) en el mundo –definido como aquellos con más de 50 millones de dólares en bienes– es de aproximadamente 140 mil 900; la mitad están en Estados Unidos, según un informe reciente de Credit Suisse (https://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5).

En Estados Unidos, según reporta la Reserva Federal (el banco central), el 1 por ciento más rico de las familias controlan 38.6 por ciento de la riqueza de este, el país más rico del mundo, casi el doble de la riqueza total de 90 por ciento de las familias de abajo, un nuevo récord.

Las tres personas más ricas de este país, Bill Gates, Jeff Bezos y Warren Buffett –concentran una fortuna equivalente a la riqueza de los 160 millones de sus ciudadanos, la mitad de la población nacional– según un informe del Institute for Policy Studies, que concluye que esa creciente brecha entre ricos y pobres está generando una crisis moral. Agregan que los 400 estadunidenses más ricos tienen una fortuna combinada equivalente a la riqueza de 64 por ciento de la población, o 204 millones de personas. No hemos atestiguado niveles tan extremos de riqueza y poder desde la primera edad de compra hace un siglo, concluyen. (https://inequality.org/wp-content/uploads/2017/11/BILLIONAIRE-BONANZA-2017-Embargoed.pdf).

La lista de los 400 estadunidenses más ricos de Forbes festejó otro año récord para los más ricos, para ingresar a su club exclusivo, uno tiene que tener por lo menos 2 mil millones de dólares.

La masiva influencia de estos ricos en el gobierno no es nada nuevo, pero es más explícito y desvergonzado que nunca. El gobierno del magnate multimillonario que ocupa la Casa Blanca incluye el gabinete más rico en la historia del país (aunque se acaba de descubrir que uno de los multimillonarios no era tan rico como afirmaba y fue expulsado de la lista de Forbes, el secretario de Comercio Ross sólo tiene 700 millones, que no exagere).

Gates, Soros, la familia Walton (de Walmart), Eli Broad, los hermanos Koch, Robert Mercer, Sheldon Alderson y otros multimillonarios no sólo han impulsado políticas en varios rubros, sino que han logrado tomar control casi directo de la agenda política. Gates y compañía elaboraron la política educativa de Barack Obama (circulaba la broma de que el secretario de Educación Arnie Duncan trabajaba para Gates).

La semana pasada parte de este club exclusivo fue desnudado otra vez, con los Papeles del Paraíso, proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, documentando como los ultrarricos ocultan sus fortunas y evitan el pago de impuestos a sus países, y que este grupo compacto supera diferencias nacionales, de raza, ideología, genero y religión para protegerse, y a su dinero, de sus pueblos. www.icij.org/investigations/paradise-
papers/).

La desigualdad económica es la mayor amenaza a la democracia, han advertido varios en tiempos recientes: desde Noam Chomsky, el economista Premio Nobel Joseph Stiglitz, Bernie Sanders, Ocupa Wall Street y toda una gama de líderes sociales, hasta algunos de los propios multimillonarios (Buffett, Soros). Y esto es más visible que nunca en este país.

“Nuestros líderes elevaron a una pequeñísima clase de individuos (...) y les construyeron un paraíso, haciendo sus vidas una suprema delicia. Hoy día tienen un poder inimaginable y no tienen que rendir cuentas. Hoy día son estas mismas figuras doradas con sus miles de millones offshore las que son anfitriones de los actos de recaudación de fondos, las que contratan a los cabilderos, las que financian a los tanques pensantes y las que subsidian a artistas e intelectuales. Esta es su democracia hoy. Nosotros simplemente no nos encontramos en ella”, escribe en The Guardian el columnista y autor sobre el escenario sociopolítico estadunidense, Thomas Frank, al comenzar sobre qué revelaron los Papeles del Paraíso.

Resulta que no pocos de los multimillonarios se están haciendo la pregunta de hasta cuándo las mayorías aguantarán tal situación, algunos incluso recuerdan insurrecciones, revoluciones o masivas reformas que se detonaron en otras coyunturas de desigualdad tan extrema.

Algunos argumentan que esa oposición ya se está levantando en Estados Unidos aun en medio de los tiempos más retrogradas en el panorama político, tanto a nivel local, en decenas de batallas políticas, sociales y laborales incluyendo muchas encabezadas por inmigrantes en torno a la desigualdad económica y fenómenos sorprendentes como el hecho de que el político nacional con la tasa de aprobación más alta, Bernie Sanders, se identifica como un socialista democrático.

Algunos insisten en que para salvar a los que viven en la Tierra tendrá que haber una expulsión masiva de los que ocupan el paraíso.

 

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Jueves, 09 Noviembre 2017 16:25

La paz entre el bloqueo y las trizas.

Ya resulta hasta una necedad reiterar en los diferentes eventos que están destruyendo los Acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc.


Si bien es cierto la mayoría de los Acuerdos de paz firmados por el resto del mundo han fracasado por el incumplimiento de las elites dominantes que los firman, no estamos condenados a repetir esas tragedias que se han cernido sobre otras naciones. Pero, el caso del trámite de la Justicia Especial para Paz (JEP) en el Congreso de la Republica, está demostrando de manera palpable la ausencia de voluntad política de la cúpula dominante de la sociedad y el Estado colombiano, para hacer de la paz una realidad en la vida de millones de ciudadanos.


La paz muere asfixiada por el bloqueo del santísimo y las trizas de la ultraderecha.


El oficialismo santista y toda la red gubernamental que gira a su alrededor se las han arreglado para ir rediseñando regresivamente el texto de los acuerdos, mediante los trucos judiciales del Fiscal Martinez, la hermenéutica tramposa de la mayoría de Magistrados de la Corte Constitucional y la acción violenta de los aparatos armados del Gobierno que aplastan sobre el terreno, con masacres y asesinatos, la voluntad guerrillera de cumplir con lo pactado.


El uribismo no ha sido menos contundente en su ofensiva. Su anuncio de hacer trizas la paz ya es un hecho y las 150 trampas de José Obdulio Gaviria para sofocar la JEP en el legislativo es una demostración de tal objetivo, proclamado a los cuatro vientos.


La JEP se hundirá de forma ineluctable en el escenario legislativo y con ésta todo el proceso de solución del conflicto social y armado que fue utilizado como tabla de salvación del régimen político prevaleciente, carcomido por grandes crisis de legitimidad, gobernanza, recesión económica y corrupción.


Pero bien. Como todas estas encrucijadas hay que resolverlas en el campo de la política no hay otra alternativa que explorar salidas desde la reflexión institucional, sociológica y politológica.


Mi criterio es que la extrema división de la elite dominante está configurada como una estructura de oportunidad política que debe ser leída y analizada en cada momento.


Hay una división en la clase dominante y tal hecho tiene grandes implicaciones institucionales y políticas.


Desde el ángulo institucional se sugiere acudir a la Conmoción interior para superar el bloqueo de las cúpulas parlamentarias amangualadas en sus profundas afinidades para frenar los avances de la paz. Si esa es una opción debe usarse sin vacilaciones jurídicas. Por supuesto, sin descartar el recurso de la Asamblea Constituyente como instrumento de la transición política en curso.


Desde la perspectiva política es necesario insistir en las movilizaciones y agitación civil para poner en evidencia el atroz sabotaje a la pacificación del país.


La muerte de la paz, asesinada por los promotores y ejecutores de la violencia contra las clases subalternas, es una responsabilidad histórica con grandes repercusiones en el curso futuro de Colombia.


Nos preguntamos ¿Con qué autoridad el Gobierno y sus delegados adelantan diálogos y negociaciones con el Eln para que cesen su lucha y resistencia armada a la luz de los hechos perversos que estamos presenciando con los pactos firmados con la insurgencia de las Farc?


Con las Farc, Santos repite la vieja historia del alzamiento de los Comuneros del Socorro en el siglo XVIII, firmaron y después descabezaron.


Tomen nota, ciertas almas ingenuas y también las avispadas, de lo que se nos viene. Más guerra, más muerte y más dolor para los débiles.


Definitivamente este país no tiene arreglo en la vía pacífica.

 

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Miércoles, 08 Noviembre 2017 06:55

La tercera guerra mundial empezaría en el Báltico

Cada vez más, analistas occidentales condenan la subordinación europea a Washington. El Laboratorio Europeo de Anticipación Politica (LEAP), centro de pensamiento estratégico francés, alerta de que los errores de la OTAN pueden desencadenar una guerra mundial por un "mínimo incidente", que podría provocarse en torno a la región de Kaliningrado.


El LEAP es un 'think tank' creado en 1997 con un claro cuño europeísta, y se define a sí mismo como el primer grupo europeo de anticipación política, independiente de todo gobierno. El equipo fundador consideraba, ya en la década de 1990, que el proyecto de construcción europea se dirigía a un callejón sin salida por falta de una visión de largo plazo.


El LEAP publica un boletín mensual (GEAB por sus siglas en inglés) en seis idiomas europeos. El boletín de setiembre comienza señalando que "más de tres años después de la catástrofe euro-rusa en torno a Ucrania, no hay esperanzas de salir de la crisis". Lo más interesante es que atribuye la crisis en el Báltico a dos razones que nos suenan familiares.


La primera es el error de haber integrado a los países bálticos, tanto en la UE como en la OTAN. Lo dice de una manera directa al señalar que fue eso lo que "aumentó inevitablemente las tensiones con Rusia". En esa misma dirección, asegura que "la negativa europea a una asociación económica trilateral con Ucrania (UE, Ucrania y Rusia) fue un craso error histórico que provocó inevitablemente la división de Ucrania y la anexión de Crimea por Rusia".


La segunda razón, que está en el fondo de esta sucesión de "errores", es la dependencia europea de EEUU. El GEAB lo dice de una manera casi brutal:
"La UE no puede más que llorar ante su debilidad estratégica, el endurecimiento del yugo al que está sometida por la OTAN y EEUU, y la desintegración de su flanco oriental".

La situación en la región de Báltico es tan volátil, sostiene el GEAB, que puede desencadenarse una hecatombe, simplemente por una pequeña provocación de un avión estadounidense que vuela demasiado cerca de territorio ruso, por poner apenas un ejemplo. La OTAN se propone estrangular Kaliningrado, un territorio aislado de Rusia y distante sesenta kilómetros de Bielorrusia, aliada de Moscú.


Este tipo de análisis enseña algunas cuestiones que vale profundizar.


La primera es que el LEAP no es, en absoluto, un aliado de Rusia, ni un centro pro-ruso, sino un espacio de reflexión europeísta. O sea, que sus conclusiones son una mirada centrada exclusivamente en los intereses europeos que pasan, inexorablemente, por cortar amarras con EEUU y establecer relaciones de confianza con Rusia. Hoy esta actitud de independencia es tachada de "injerencia rusa" por los medios estadounidenses.


Tensiones en el Báltico: la OTAN se equivocó al intentar presionar a Rusia


La segunda es que cada vez son más los analistas y centros de estudio que estiman que una guerra mundial es probable y que esa responsabilidad recae sobre los núcleos de poder de los EEUU, como el sistema financiero, el Pentágono y ese entramado de intereses que se ha dado en llamar como neo-conservadores.


En este sentido, la debilidad europea no es algo intrínseco a la Unión, sino que fue provocada por la política de los neo-conservadores. Saben que la UE está condenada a entenderse con Rusia y a establecer una sólida alianza comercial y financiera con China, algo que sólo puede contrarrestarse con la amenaza de guerra que paraliza a los europeos como ya sucedió durante la crisis ucraniana.


"Hoy en día, los estadounidenses ya no sueltan a los europeos, a los que prohíben todo tipo de intercambio con Rusia", sostiene el GEAB, en referencia al boicot a los gasoductos rusos para abastecer a Europa.


La tercera es que pese a la gritería mediática occidental, las cosas se van decantando y asentando con el paso del tiempo. Las voces que sugieren que la comunidad internacional acepte que Crimea forma parte de Rusia, crecen lentamente y se va conformando un sentido común en esa dirección. El gobierno de Petró Poroshenko (surgido de la crisis amañada en torno al Euromaidan) resultó un fiasco y todo indica que las cosas empiezan a cambiar en Kiev, donde los políticos más populares son partidarios de acuerdos con Moscú.


Sucede que los grandes reacomodos estratégicos pueden ser frenados por unos años, pero a la larga terminan por imponerse. Cada vez son más los países europeos que buscan destrabar las relaciones con Rusia, por puro pragmatismo europeísta. Cuando Washington quiere imponer a la fuerza sus intereses sin negociarlos, termina sufriendo un efecto contrario al deseado, como está sucediendo con Turquía.


Cómo Rusia y China han derrocado el nuevo orden mundial establecido por EEUU


La cuarta cuestión son las relaciones estratégicas entre Rusia y China. El reciente Congreso del Partido Comunista de China (PCCh) mostró que la alianza no es una cuestión táctica que pueda disolverse fácilmente. Más importante aún son los ejercicios militares conjuntos Cooperación Marítima 2017, realizados en Kaliningrado en julio de este año y continuados en el mar de Japón en setiembre.


EEUU creía que la alianza se disolvería si presionaba lo suficiente, pero la actitud belicosa no ha hecho más que fortalecerla. En los próximos años, es posible que a la actual cooperación ruso-china en Eurasia, se sume una cumbre Unión Europea-Eurasia, como propone el LEAP, para la cooperación en materia de seguridad. Cumbre que podría sumar un acuerdo sobre Crimea y Ucrania, la asociación energética postergada y hasta "una negociación trilateral sobre el futuro de los Balcanes".


Todo lo anterior sólo es posible si los gobiernos europeos deciden jugarse por su continente, o sea por una Europa independiente y no tutelada por la OTAN y Estados Unidos. En un escenario optimista, ese giro podría frenar la actual escalada de guerra. En uno pesimista, sería la consecuencia de una indeseable confrontación. En cualquier caso, la alianza entre Europa y Rusia-China es sólo cuestión de tiempo.

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Expertos internacionales concluyen que funcionarios estatales, así como empleados y extrabajadores de una hidroeléctrica planearon y ejecutaron el homicidio de la ambientalista en 2016


Funcionarios hondureños y ejecutivos de la empresa energética DESA estuvieron involucrados en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ha afirmado un grupo de expertos internacionales. "La evidencia existente es concluyente sobre la participación de numerosos trabajadores del Estado (policías, militares y funcionarios), así como de directores y empleados de DESA en la planeación, ejecución y encubrimiento", se señala en un informe de 92 páginas publicado el martes.


El asesinato de Cáceres ocurrió el pasado 3 de marzo de 2016 en su casa en la ciudad de La Esperanza, en el occidente del país centroamericano. El único testigo es el ambientalista mexicano Gustavo Castro, quien resultó herido tras el ataque. Cáceres había sufrido dos atentados fallidos un mes antes de morir. El homicidio provocó indignación más allá de las fronteras de Honduras y expuso las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en ese país.


El plan para matar a la activista, que buscaba paralizar la construcción de la presa Agua Zarca en el río Gualcarque del que dependen varias comunidades indígenas de la etnia lenca, se maquinó en noviembre de 2015, se agrega en el informe titulado Represa de violencia: el plan que asesinó a Berta Cáceres y que elaboraron juristas de Colombia, Estados Unidos, Guatemala y Holanda.


Los expertos sostienen que ha habido una conspiración para obstruir la justicia y proteger a los autores materiales e intelectuales del crimen. "Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas (...) para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Cáceres y la tentativa de asesinato de Castro", se asegura en el informe. Hay ocho detenidos como perpetradores materiales, pero no se ha desvelado ningún avance sobre las personas que planearon la agresión, se argumenta.


"[El asesinato] fue ejecutado no solamente por encargo de altos directivos de DESA, sino por información privilegiada proporcionada por empleados de dicha empresa", señalan los autores del informe, que iniciaron la investigación ante la negativa del Gobierno hondureño de crear un grupo de extranjeros que indagara sobre la muerte de Cáceres. La elaboración del documento supuso cuatro viajes a Honduras para entrevistar a 30 personas, así como el estudio de evidencia y otros reportes de organismos internacionales de derechos humanos.


"Estoy sumamente impresionada, no voy a recuperar a mi hija, no la volveré a besar, no la volveré a ver, pero se habrá hecho justicia", ha dicho a la televisión hondureña Austra Berta Flores, madre de la ambientalista, que ganó el premio Goldman en 2015 y acumulaba una larga lista de amenazas de muerte en 20 años de trayectoria. "Este informe ha destapado información sobre los verdaderos responsables de este horrendo asesinato", ha añadido.
Elsia Paz, la expresidenta de la Asociación Hondureña de Pequeños Productores de Energía Renovable, ha rechazado las acusaciones y ha asegurado que DESA presentó evidencia al grupo de expertos para demostrar que no estaban vinculados al asesinato. Paz ha dicho a la agencia AFP que las denuncias son parte de una estrategia para aupar a la hija de Cáceres en las elecciones del próximo mes. Olivia Marcela Zúñiga Cáceres es candidata a una diputación por el izquierdista partido Libre, liderado por el expresidente Manuel Zelaya, que fue destituido en 2009.


Poco más de un año después del asesinato de Cáceres, que en 2015 había recibido el reconocido premio Goldman, los directores de Agua Zarca anunciaron en julio pasado la suspensión del proyecto "como un gesto de buena voluntad que contribuirá a reducir la tensión". Honduras se ha asentado como el país más peligroso del mundo para los defensores de la tierra, con 123 activistas asesinados desde 2010, según datos de la iniciativa Global Witness Watch.

 

México 1 NOV 2017 - 12:23 COT

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Desde hace años se sabe que la tendencia hacia una mayor concentración industrial y centralización del poder económico es una característica sobresaliente de la economía de Estados Unidos. Los datos económicos lo han confirmado periódicamente, por ejemplo con información sobre control de parcelas de mercado o sobre el valor de mercado de los activos de una empresa. Y el crecimiento del sector financiero y sus oportunidades de espacios especulativos agravó esta tendencia.

Recientemente Luis Zingales (economista de la Universidad de Chicago) publicó un estudio sobre la dinámica de este proceso en Estados Unidos. Una de sus principales conclusiones es que el vínculo entre poder de mercado y la influencia política forma un círculo vicioso. El mayor poder económico es utilizado para incrementar el dominio político mediante actividades que van desde el cabildeo más o menos ilegal, hasta lo que se ha llamado la "captura regulatoria". Este último fenómeno consiste en debilitar y controlar las agencias regulatorias encargadas de aplicar la normatividad vigente. Para Zingales este proceso es comparable al que existía en la dinastía de los Medici en el siglo XV en Italia: el dinero era usado para obtener poder político y el poder político era empleado para ganar más dinero. Así de sencillo era el círculo vicioso de los Medici.

Para apreciar la importancia de este análisis hay que recordar que la teoría económica dominante considera a las empresas como entidades que bien pueden tener poder económico, pero no pueden afectar las reglas del juego político. Sin embargo, en el mundo real las grandes corporaciones contratan intermediarios que se aseguran de introducir nuevas leyes, modifican las vigentes y adecuar los reglamentos existentes para reducir los costos de las empresas dominantes o para abrir el paso a todo tipo de prácticas monopólicas en detrimento de consumidores y del medio ambiente. Los ejemplos de todo lo anterior abundan, ya sea en el ámbito de la salud humana, sanidad vegetal, seguridad internacional o estabilidad financiera. El despliegue de actividades de los grupos de cabildeo o lobby de la industria farmacéutica, agro-alimentaria, militar o del sector financiero en Washington son un testimonio elocuente de cómo opera la cadena de transmisión del círculo vicioso identificado por Zingales.

La importancia de este fenómeno en Estados Unidos ha sido estudiada por muchos investigadores. La concentración industrial y la falta de competencia que conlleva ha sido vinculada con varios problemas graves que aquejan a la economía estadunidense. Entre ellos destaca la falta de competividad internacional, la menguante participación del trabajo en el ingreso nacional y la creciente desigualdad. En realidad, la deformación de las estructuras económicas en Estados Unidos en las últimas décadas es producto de este proceso de concentración de poder económico y político.

Pero el problema no es privativo de ese país. El último informe anual de UNCTAD sobre comercio y desarrollo (publicado el pasado septiembre) muestra que este tipo de círculo vicioso es un rasgo prominente de la economía mundial. Las tres décadas de neoliberalismo y de globalización condujeron a un fuerte incremento en la concentración de mercado y a la proliferación de lo que Keynes llamaba capitalismo rentista (se refería a una clase social que obtiene ganancias por la simple propiedad de activos en lugar de hacerlo a través de una inversión productiva). El estudio de UNCTAD cubrió 56 países de distintos grados de desarrollo durante el periodo 1995-2015. O sea que bajo el neoliberalismo la tendencia a una mayor concentración industrial corta todas las diferencias entre países.

Hay otra consideración por la que este tema no puede quedar en un segundo plano. La concentración industrial es casi siempre vista como un problema sectorial cuyos efectos se circunscriben al ámbito de cada rama de actividad. Así, el problema es considerado limitado a la cuestión de cuántas empresas grandes coexisten en cada rama (jabones o automóviles, por ejemplo) y las implicaciones sobre el bienestar de los consumidores de esos bienes. En realidad, el problema tiene una dimensión macroeconómica y la misma idea del círculo vicioso nos permite ver ese aspecto del problema con mayor claridad.

Varios estudios confirman hoy que la creciente concentración industrial promueve mayor desigualdad porque cuando las estructuras competitivas se ven distorsionadas, existe mayor probabilidad de aumentos de precios anti-competitivos con efectos regresivos. La generación de poder de mercado busca incrementar la recompensa al capital y contribuye a perpetuar la desigualdad.

Hoy hasta el Fondo Monetario Internacional está preocupado por el tema de la desigualdad. Pero las fuerzas que han generado este problema no se podrán resolver con algunas medidas cosméticas. Los complejos vínculos entre la concentración industrial y el poder político más bien indican que se trata de uno de los aspectos más profundos de la evolución del capitalismo mundial.

Twitter: @anadaloficial

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Hay que tener sumo cuidado con los espectaculares "bombazos judiciales y multimediáticos" que lanzó a un día del Halloween el ex director del FBI, Robert Mueller: operador judicial de los Bush, en colusión con los abogados del establishment jurídico de los Clinton (Bill y Hillary) y Obama.

La grave acusación contra Paul Manafort, ex director fugaz de campaña de Trump, y su asociado Rick Gates, versa sobre sus tétricas tratativas con Ucrania –no con Rusia– en 2014 (sic), mucho antes de formar parte del equipo trumpiano. El implacable Mueller los colmó de acusaciones por lavado y evasión fiscal.

El muy menor "voluntario sin sueldo (sic)" para asuntos internacionales, George Papadopoulos, confesó su culpabilidad, a cambio de una sentencia muy benigna y una multa simbólica, por lo que Trump lo fulminó de "mentiroso".

Al corte de caja de hoy, no existe estricta ni legalmente un smoking gun (cuerpo del delito) contra Trump ni Rusia.

Al día siguiente de la piromanía judicial de Mueller, en pleno Halloween, subieron el dólar y la bolsa a niveles antigravitatorios, mientras declinaba el oro (ícono de una "crisis" verdadera).

Todavía el Deep State no empuja de lleno a Trump a la fase de "crisis", como propalan sus pletóricos enemigos en la aplastante mayoría de los multimedia –bien ganados a pulso por su irreverencia estrafalaria–, pero sí se avizora, con el horizonte de la elección intermedia de 2018, una "crisis constitucional" de gobernabilidad, si el Deep State, que padece una patológica rusofobia, aprieta demasiado las tuercas judiciales.

Porque tampoco Trump está manco y es capaz de defenestrar a Mueller, como lo hizo con el íntimo amigo de éste, el ex director del FBI, James Comey.

El drama de guerra intestina en Washington aún no alcanza su paroxismo y AP, presuntamente vinculada a la CIA, reporta que Trump, bajo presión del ala dura de su estratega Steve Bannon, sopesa defenestrar también a Mueller y, de paso, otorgar un indulto a Manafort y a Gates (https://goo.gl/Gi2nse).

A mi juicio, como comenté a la conductora Patricia Ramos de CNN, la batalla jurídica la tiene perdida Trump de antemano frente a la poderosa alianza de la CIA –donde pesan mucho los Bush con el grupo de los mormones (conducidos por Brent Scowcroft y el ex candidato presidencial Mitt Romney), con su intrigante ex director John Brennan, quien sembró todas las trampas inimaginables con los guiños de Obama al ingenuo y muy locuaz Trump, y el FBI (la obscena colusión de Mueller/Comey), sumados del omnipotente bloque jurídico de los tres abogados Bill Clinton, Hillary y Obama.

El portal trotskista WSWS (boicoteado por Google), comenta que “ninguno de los cargos contra Manafort y su principal socio Rick Gates(...) tiene algo que ver directamente con los alegatos de la manipulación rusa en la campaña electoral de EU”. Por cierto, el ex presidente demócrata J. Carter ha desechado también esta acusación rusofóbica (https://goo.gl/7S1vDr).

WSWS afirma que el fiscal especial Mueller “es el representante del Deep State conformado por la rama militar, funcionarios del espionaje y sus lacayos políticos y de los multimedia” (https://goo.gl/db7u3M).

Se trata de una guerra civil que no se atreve a pronunciar su nombre entre los perdedores Clinton, apoyados por los Bush y Obama, y el vencedor Trump quien aún no es digerido ni por su "propio" Partido Republicano.

En las antípodas del espectro político y financiero, el editorial del portal Bloomberg defiende al presidente atribulado: "No se precipiten en juzgar a Trump" ya que los "cargos contra Paul Manafort son un escándalo, pero no son ninguna evidencia (sic) de la culpa del presidente" (https://goo.gl/APi6q7).

Para NYT, febrilmente anti Trump, las "primeras acusaciones de Mueller envían un mensaje (sic)" al presidente quien insiste que se trata de una "cacería de brujas", un día antes del Halloween, basada en un “engaño inventado por los demócratas y los multimedia (https://goo.gl/ZiMshw)”. Trump rechazó su relevancia en Twitter al refrendar que "no existe colusión".

Roger Stone Jr., consejero intermitente de Trump, comentó que el presidente "no debe defenestrar (sic) a Mueller", pero que mediante el Departamento de Justicia debe indagar las sórdidas tratativas de Hillary quien sí se coludió con los "intereses rusos" al otorgarles, siendo presidente Obama, parte del mercado de uranio en EU (https://goo.gl/qazBjT). Tal investigación sería "la última jugada" de supervivencia de Trump.

Edward Luce, del FT y gran conocedor de los laberintos en Washington, comenta que la lista de inculpados puede elevar su nivel e incluye al defenestrado teniente general Michael Flynn, al hijo mayor de Trump y a su yerno, el israelí estadunidense Jared Kushner (https://goo.gl/CrzVs8).

Edward Luce considera que Trump "es un experto de la diversión mediática" y, al unísono de su bombardeo retórico contra Nor-corea durante su próximo periplo asiático de 11 días, ya está explotando el papel turbio de Hillary en la venta de 20 por ciento de la empresa canadiense Uranium One a Rosatom (de Rusia).

Edward Luce juzga que "la sentencia que más pesa es la del Partido Republicano" que no ha blindado a Mueller, como exige el Partido Demócrata (https://goo.gl/aprucd).

Lo que más interesa a Trump es que su base de apasionados fieles del Partido Republicano lo siga apoyando y eso también es lo que más "le importa a la mayoría de los legisladores republicanos".

Con el apoyo intransigente de sus supremacistas evangelistas blancos, "Trump siente que puede salir ileso (sic) defenestrando a Mueller", pero, "en este punto, EU se sumiría en una crisis constitucional", lo cual tiene una probabilidad de 50 por ciento, a juicio de Edward Luce.

El "consultor de petróleo y gas" Manafort y su fétida empresa de cabildeo se llevó entre las piernas a Tony Podesta, quien compartió los mismos asuntos pestilentes con Ucrania (https://goo.gl/U82PV6).¡Vaya cabilderos bipartidistas bidireccionales!

Tony Podesta es hermano de John, jefe de campaña de Hillary y socio en la mafiosa empresa Global Solutions de la que es, o fue, "director(sic)" Arturo Sarukhan (https://goo.gl/9EXHzM), ex embajador calderonista galardonado por entidades sionistas de EU y hoy "consultor" del canciller Videgaray (https://goo.gl/5wfxPg).¡Cómo se ha degradado la cancillería mexicana!

El influyente general John Kelly, jefe del gabinete trumpiano, lanzó sus propias bombas sulfúricas al comentar que la "guerra civil empezó debido a la incapacidad de operar un compromiso" (https://goo.gl/RDRTz1), en alusión tangencial a la guerra doméstica bipartidista en curso.

El general Kelly aumentó la puja al exhortar el nombramiento de un fiscal especial para investigar la venta de uranio durante la presidencia de Obama y el "papel de los demócratas al financiar una controvertida investigación contra Trump" (https://goo.gl/MFe8ye).

El temerario Mueller propinó un fulgurante jaque a Trump, todavía sin mate, que provocó un efecto bumerán sobre los hermanos Podesta –uno de ellos, Tony, quien renunció un día antes del Halloween a su fétida empresa cabildera vinculada a la infecta Fundación Clinton– asociados en los avernos ucranianos con Manafort.

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