El presidente Mariano Rajoy anuncia la intervención de Cataluña, que votará el viernes en el Congreso español.

 

El Ejecutivo central aplica el artículo 155 en su vertiente más dura: destitución y control desde Madrid del Parlamento y las Consejerías. Rajoy quiere elecciones anticipadas y Puigdemont lo considera “el peor ataque desde Franco”.

 

Desde Barcelona

Mariano Rajoy anunció la destitución del actual Govern de Cataluña y la restricción prácticamente total de las funciones de su Parlament, mientras aseguró que “no se suspende la autonomía ni el autogobierno” de la región. “Se cesa a las personas que han puesto a esa comunidad al margen de la ley”, afirmó el jefe del Ejecutivo español en su comparecencia después de que en el Congreso extraordinario de ministros que tuvo lugar ayer se decidiera cómo se aplicará el artículo 155 de la Constitución. “El gobierno ha tenido que aplicarlo. No era nuestro deseo. Es un artículo constitucional que sólo se aplica en circunstancias excepcionales. Pero ningún gobierno puede aceptar que se ignore la ley, se viole la ley imponiendo sus criterios a los demás”, insistió Rajoy para justificar la decisión inédita en la historia de España de intervenir la autonomía de una de sus regiones.

La facultad de disolver el Parlament pasa al presidente del gobierno. El presidente tendrá que convocar elecciones en un máximo de seis meses, pero mi voluntad es que sea tan pronto como recuperemos la normalidad”, anunció el líder del Partido Popular (PP) como primera medida. La capacidad de convocar urnas es exclusiva del presidente de la Generalitat pero como Carles Puigdemont será destituido, junto con su vicepresidente Oriol Junqueras y sus consejeros de gobierno, Mariano Rajoy asumirá ese rol si el viernes próximo el Senado ratifica lo propuesto ayer por el Ejecutivo central (lo cual previsiblemente así será porque en la Cámara alta el PP cuenta con mayoría absoluta). Además de vetar que la presidenta del Parlamento catalán pueda proponer candidato a la presidencia de la Generalitat y que la Cámara regional celebre el debate y votación de investidura, Rajoy determinó que el Parlament tampoco podrá ejercer el control de los órganos que gobiernen provisionalmente Cataluña ni adoptar iniciativas contrarias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía.

“Celebrar elecciones es el objetivo que quiere la mayoría, es lo que dice el sentido común: abrir una nueva etapa en la que los derechos de la gente se recuperen, así como la normalidad y la convivencia, que se ha deteriorado mucho en Cataluña”, siguió argumentando el presidente de la Nación. “En pocas horas se liquidó la Constitución española, el Estatut, se aprobó la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Todo esto fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, se celebró el referéndum suspendido y todo este proceso tuvo su último punto el pasado día 10 de octubre”, relató Rajoy. “El gobierno requirió si habían o no declarado la independencia, esperando una rectificación que no se produjo. No respondieron en plazo ni en tiempo. No se pueden hacer peor las cosas, incluso para los propios intereses de los que las hicieron; tengo la convicción de que querían que se aplicase el 155”, afirmó el presidente español, culminando así su férrea defensa de una medida que resolvió activar en su vertiente más dura.

Desde las calles de Barcelona y desde el Palacio de la Generalitat la respuesta fue contundente. La manifestación convocada para expresar el rechazo al encarcelamiento, la semana pasada, de los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart se convirtió, además, en pancarta gigante contra la suspensión de la autonomía dispuesta por Rajoy. Más de 450 mil personas marcharon al grito de “ni un paso atrás”, siguiendo a los miembros del Gobierno catalán que, ante el anuncio de Moncloa, decidieron encabezar la protesta. El president Carles Puigdemont se pronunció al finalizar la intensa jornada con un duro mensaje en catalán, en español –para el resto del país– y en inglés –para toda Europa–. “El 155 es el peor ataque a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco”, afirmó el líder catalán en su declaración institucional y solicitó al Parlament la convocatoria de un pleno esta semana para valorar las medidas de Rajoy y “actuar en consecuencia”.

Larga fue la lista de motivos que enumeró Rajoy, arropado por sus ministros, para ejecutar esta norma excepcional; “volver a la legalidad y recuperar la normalidad y la convivencia”, sus principales bazas. Pero la que él llama “recuperación económica” también ocupó buena parte de su discurso, insistiendo en que ahora, con la fuga de 1200 empresas de Cataluña durante las últimas dos semanas, “esa recuperación está en evidente peligro por las decisiones caprichosas y unilaterales de algunos”. Así es que el gobierno español enfocó también su intervención en el terreno económico, pasando a controlar –si se aprueba la aplicación del 155– todo tipo de recaudación de Cataluña.

Otras dos áreas que irán a manos del Ejecutivo central serán la de seguridad y la de telecomunicaciones. Desde el Ministerio de Interior se podrán dictar instrucciones directas “y de obligado cumplimiento a los Mossos d’Esquadra (la policía catalana)”, así como “acordar el despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña” e, incluso, en caso de ser necesario, “los miembros de los Mossos d’Esquadra serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, según expresa el documento presentado por el equipo de Rajoy.

En el ámbito de los medios de información, la aplicación del 155 tampoco deja títere con cabeza, manifestando que “corresponderá a los órganos o autoridades que cree a tal efecto el Gobierno de la Nación [...] garantizar la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural y también con el equilibrio territorial, así como el conocimiento y respeto de los valores y principios contenidos en la Constitución”. Los medios de comunicación públicos catalanes, el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña quedarán, de ratificarse el viernes próximo la propuesta, también bajo el control del Poder central.

“Es un día terrible. Se ha suspendido la democracia en Cataluña. Se han roto los pactos del 78”, destacó el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, en una rueda de prensa tras conocerse las medidas propuestas por Rajoy. “El bloque monárquico cree mostrar autoridad, pero sólo revela su incapacidad para ofrecer soluciones y aleja aún más a Cataluña de España” fue, por su parte, la reacción en Twitter del líder de la formación izquierdista, Pablo Iglesias. A la lluvia de críticas que desde el minuto siguiente al anuncio de la intervención le cayó al Partido Popular se sumaron todos los grupos independentistas y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien lamentó que Rajoy haya suspendido “el autogobierno de Cataluña por el cual tanta gente luchó”.

El partido socialista, en cambio, no duda que la aplicación del 155 es lo correcto si se quiere “hacer frente a la situación de inestabilidad política institucional, ante la amenaza de una declaración unilateral de independencia, situándose en la legalidad y la convivencia”, tal como lo expresó su secretario general, Pedro Sánchez, minutos antes de la comparecencia de Rajoy. “El PSOE ha decidido apostar por la Constitución, como ha hecho siempre en toda la etapa democrática”, se justificó a la vez que intentó marcar cierta distancia con el PP, con quien, afirmó Sánchez, tiene “profundas discrepancias sobre el modelo territorial, pero sobre la integridad territorial de España, ninguna”.

 

 

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Martes, 17 Octubre 2017 06:18

Rajoy reitera su ultimátum a Puigdemont

Rajoy reitera su ultimátum a Puigdemont

El presidente catalán no respondió si declaró o no la independencia, por lo que Rajoy prorrogó su requerimiento hasta el jueves. La condena a prisión de los dos líderes de las máximas organizaciones independentistas dispara la tensión.

 

Carles Puigdemont respondió, sin responder. Al requerimiento que el presidente Mariano Rajoy le envió urgiéndolo a aclarar si el martes pasado declaró o no la independencia, el presidente catalán prefirió evitar el sí o el no que se le solicitaba y, en cambio, retrucó con dos nuevas peticiones: “que se revierta la represión contra el pueblo y el gobierno de Cataluña” y “que concretemos lo antes posible una reunión que nos permita explorar los primeros acuerdos”.


Lo primero, ayer mismo se demostró que no va a ser posible, al menos en el terreno judicial, ya que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela dictaminó al terminar la jornada el ingreso en prisión preventiva y sin fianza de los presidentes de las dos organizaciones independentistas más fuertes, Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultura. La jueza los acusa de haber sido responsables de las concentraciones ciudadanas del 20 y 21 de septiembre en Barcelona para impedir que la guardia civil registrara diversos edificios públicos y efectuara detenciones a cargos de la Generalitat. Según la jueza, las movilizaciones que promovieron Jordi Sánchez y Jordi Cuixart “no constituyeron una protesta ciudadana aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con las actuaciones policiales, sino que era una compleja estrategia en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña”.


Lo segundo que Puigdemont anunciaba en la carta que le envió a Rajoy ayer a las 8 de la mañana, dos horas antes de que venciera el plazo pautado por el gobierno español, era la apertura de un lapso de dos meses para la negociación, lo cual tampoco obtuvo una recepción exitosa. En este período, el jefe del Govern pretendía también dar cabida a que “personalidades internacionales, españolas y catalanas que han expresado su voluntad de abrir un camino de negociación, tengan la oportunidad de explorarlo” y, de esta forma, despejar dudas ante la opinión pública sobre cuál es el “compromiso” real de cada una de las partes que se pronunciaron en favor de hallar “una solución acordada”.


“La prioridad de mi gobierno es buscar con toda intensidad la vía del diálogo. Queremos hablar, como lo hacen las democracias consolidadas, sobre el problema que le plantea la mayoría del pueblo catalán que quiere emprender su camino como país independiente en el marco europeo”, afirma Puigdemont en la misiva que Rajoy recibió este lunes con recelo. Pocas horas después, el jefe del Ejecutivo español ya tenía lista “la respuesta a la respuesta”, donde le manifestaba su disgusto por no haber obtenido la aclaración –o rectificación– que buscaba.


La vicepresidenta Soraya Saénz de Santamaría fue quien habló ante los medios para expresar su desconfianza hacia la “oferta de diálogo” de Puigdemont y anunció que ahora la cuenta regresiva se extiende hasta el jueves, cuando vence el segundo plazo del mecanismo que podría poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. “No resulta creíble que el señor Puigdemont haga llamamiento al diálogo cuando se niega a debatir con la oposición en el parlamento de Cataluña”, remarcó Sáenz de Santamaría. “Está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos. Que deje de enredar a la ciudadanía. Lo primero que se le exige es que sea claro”, reclamó la número dos del Gobierno.


“Los siguientes pasos” con los que amenaza el equipo de Rajoy y sus aliados contra el proceso independentista, el Partido Socialista (PSOE) y Ciudadanos, son los encaminados a la suspensión de la autonomía de Cataluña, a través de la aplicación –de forma inédita en la historia española– del artículo 155 de la Constitución. “Cualquier otra suerte de contestación, sea una carta o la simple reiteración de su discurso, no evitará el 155. No se entiende el empeño y la confusión que está provocando el señor Puigdemont salvo que responda a su estrategia de mantener el apoyo de los más radicales para tensar la situación hasta el límite”, advirtió la vicepresidenta tras recibir la respuesta de Puigdemont.


O la “no respuesta”, como la califican los socialistas. Ayer el partido que lidera Pedro Sánchez también se reunió para valorar la carta enviada por Puigdemont a Rajoy y, al finalizar, su portavoz comunicaba que “la no respuesta de Puigdemont es inadmisible”, insistiendo en que el Ejecutivo central contará con todo el respaldo del PSOE para aplicar el artículo 155. “El único responsable, si finalmente ese artículo es aplicado, es Puigdemont. Si no rectifica, la única salida posible será la aplicación de ese precepto constitucional”, confirmó el portavoz socialista, Oscar Puente.


De todos modos, desde el PSOE recalcan que ellos no interpretan el mentado artículo como la suspensión de la autonomía de Cataluña, sino que se aplicaría “para restituir el autogobierno catalán”, tal como lo explicó Oscar Puente y días atrás el propio Pedro Sánchez. “Si se aplica el 155, es para devolverle a Cataluña el autogobierno perdido. Esa es la intención del PSOE y en eso vamos a ir de la mano del Gobierno”, subrayó el portavoz, destacando que su formación considera interrumpida la legislatura democrática en Cataluña desde la aprobación, en ausencia de la mitad de la Cámara, de las leyes del referéndum por el Parlamento regional.


Los planes de Rajoy y Sánchez al activar este mecanismo de coerción federal copiado de la Constitución alemana para obligar a una región a cumplir la ley cuando se salta sus deberes o altera el interés general son, en primer lugar, reemplazar al gobierno catalán y convocar en pocos meses a elecciones autonómicas. El Partido Popular, por su parte, también tiene como objetivo asumir el mando de la policía local -los Mossos d’Esquadra- y cortar las ayudas públicas a las organizaciones independentistas, así como el control de los medios de comunicación públicos.


Para Podemos, la aplicación del 155 a la que parece abocarse el conflicto entre España y Cataluña además de suponer una “irresponsabilidad” que no sirve para solventar la situación, supone “una involución democrática y empeorar la crisis de Estado abierta con la cuestión catalana”. Así lo expresó Pablo Echenique, secretario de Organización del partido izquierdista, luego de conocer el diálogo epistolar de ayer entre Rajoy y Puigdemont. El segundo de Podemos también afirmó que el PP y PSOE podrían haber pactado “de antemano” la aplicación de la polémica norma constitucional, dado que “parece una decisión tomada a priori, que no depende de lo que pase, o de lo que uno diga o deje de decir”.


La formación de Pablo Iglesias propone como solución la convocatoria de un referéndum pactado, apostando por un diálogo que, de momento, todo hace pensar imposible. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es otra de las dirigentes que defienden a capa y espada esta opción y ayer, tras la noticia de un nuevo contacto estéril entre el presidente español y el catalán, cargó contra el accionar de Rajoy por, a su juicio, haber planteado un requerimiento “en términos de rendición”. “Esto es un error, porque si tú la primera respuesta que pides al interlocutor la sitúas como una rendición, está claro que este diálogo no será fructífero”, remarcó Colau. “Los que estamos en las instituciones debemos hacer posible este diálogo, porque, si hay un mandato ciudadano por encima de todo es que haya diálogo”.

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Miércoles, 11 Octubre 2017 06:43

Límites comunicacionales a la democracia

Límites comunicacionales a la democracia

Washington Uranga señala las relaciones entre democracia y comunicación y advierte que menos comunicación democrática implica también menos democracia política.

 

Resulta impensable pensar la sociedad contemporánea al margen de la comunicación en su acepción más amplia, porque al esencial encuentro entre personas diversas en el ámbito público es necesario sumar todo la potencia y los alcances que los desarrollos tecnológicos han aportado para multiplicar el impacto de los procesos comunicacionales.
Nadie pondría en duda –aun al margen de las diferentes miradas que coexisten en la académico y en lo político– que la democracia política está íntimamente vinculada –cuando no supeditada– al sistema de medios de comunicación. Dicho de manera más contundente: democracia y comunicación son interdependientes y están mutuamente condicionados. Es inimaginable pensar en medios democráticos si no es en el marco de una democracia política. No menos cierto y comprobable es que sin comunicación democrática no existen tampoco posibilidades de una democracia que legítimamente lo sea.


En síntesis podría decirse que en una sociedad democrática entre las funciones esenciales del sistema de medios se incluye la de producir información, favorecer la educación, ser medio de visibilización de las culturas y fuente de entretenimiento. Debe agregarse la tarea de colaborar en la supervisión de la gestión del poder político, como parte de la responsabilidad y del servicio ciudadano. Al menos éstas son tareas insoslayables para los medios de comunicación en nuestras sociedades actuales.


Para que ello sea posible se necesita un sistema de medios que refleje también en la estructura de propiedad la diversidad de perspectivas políticas, sociales y culturales que existen en la sociedad. Pero, dada la lógica del capitalismo, la única manera de encuadrar esta realidad dentro de una perspectiva plural y diversa es mediante el establecimiento de normas surgidas de la democracia misma que garanticen la pluralidad y pongan límite a los abusos del poder económico.


Este fue, sin duda, uno de los propósitos fundamentales de la ley de servicios de comunicación audiovisual (26.522) hoy prácticamente desguazada por decisión del Poder Ejecutivo encabezado por Mauricio Macri con inocultable propósito político y económico y para favorecer a quienes hoy son sus principales aliados.


Pero al margen del debate sobre la ley y de la incumplida promesa del oficialismo de discutir una nueva norma para regular las llamadas “comunicaciones convergentes” resulta preocupante para la democracia que la alianza gobernante, además de contar con la incondicionalidad, la complicidad y el blindaje informativo mediático de un sistema de medios altamente concentrado en su propiedad, continúe propiciando –por los medios a su alcance y usando el poder que le da el ejercicio del gobierno– la aniquilación de todas las manifestaciones disonantes del escenario comunicacional. No conforme con el coro de las voces amigas, el objetivo es acallar toda disidencia, controlar la información, invisibilizar a los actores que piensan diferente. Y para ello se usa el Poder Judicial, potestades discrecionales del Ejecutivo y, por supuesto, la capacidad de ahogo económico del Estado mediante el uso discriminatorio de la pauta oficial. Para destruir empresas, perseguir comunicadores y privar de posibilidades a la comunicación alternativa en general.


En este escenario el debate trasciende lo comunicacional. Si la ciudadanía no tiene la posibilidad de acceder a fuentes diversas y alternativas de información, si quienes piensan de manera distinta al oficialismo no encuentran medios para expresarse sin condicionamientos, lo que está en juego no es solamente el derecho a la comunicación, sino la democracia misma. Riesgo quizás no advertido por buena parte de la ciudadanía que, sin embargo, sufrirá las consecuencias con fuerte impacto en sus condiciones de vida.

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Martes, 26 Septiembre 2017 07:18

"Pensamos para resistir, resistimos pensando"

"Pensamos para resistir, resistimos pensando"

Raúl Zibechi visitó Córdoba el mes pasado, convocado por el Colectivo de Investigación El llano en llamas para la segunda edición del seminario “Diálogos desde el llano: capitalismo y resistencias”. Tras dos días de ricos debates, pensamos junto a él algunos desafíos de las resistencias hoy, así como del pensamiento crítico en tiempos de tanto fast-food académico e ideas enlatadas.

Las categorías se definen en la(s) lucha(s)


Comenzamos la charla poniendo sobre la mesa la pregunta por la vigencia o (im)potencia de las categorías de “arriba” y “abajo” para abordar el escenario actual en la región, y como métrica desde donde construir las luchas. Pero Raúl rápidamente nos desafió proponiendo otro camino para el pensamiento, y remarcando el valor epistemológico de aquellas categorías constituidas desde el conflicto y al calor de las luchas. “Como todos sabemos lo de arriba y abajo viene del zapatismo ¿no? Yo creo que es una definición que yo la comparto, ayuda a salir de conceptos como clase, como raza o etnia, etc. Y ayuda, sobretodo porque quien lo formula, y ese es el valor que tiene epistemológico, son los indígenas. Ese es para mí, el principal valor”, afirma Zibechi.


Así, el “abajo” se constituye en una amplia categoría que incluye a aquellos que somos explotadas y oprimidas, nos dice Zibechi. Y continúa: “No hay una frontera conceptual delimitada, sino que lo que delimita la frontera es el conflicto, la lucha. Arriba y abajo no son categorías fijas, no son categorías definitivas, se van incluyendo o excluyendo personas, en función de cómo se posicionen en una lucha. Como toda categoría tiene sus límites ¿no? digo, es imprecisa, es fluctuante, lo cual no es malo. Los que no explotan, los que no oprimen, esos estarían en un concepto amplio de ‘los de abajo’”.


El “abajo”, plantea Raúl, es una categoría que sirve para Chiapas y para quien la quiera usar, lo que no implica que sea una categoría “con vocación de ser universal”. Y nos recuerda que los zapatistas, nunca plantearon universalizar sus ideas.


El pensamiento crítico se convierte así, en una trinchera, en una acción necesaria del existir-resistir. Y en la trinchera, no hay espacio para la pereza intelectual, para los lugares comunes, allí no caben la deliberación cómoda ni la fijeza; pero tampoco –y en esto hay que insistir- hay tiempo para el divague y la especulación conceptual. Pensamos para resistir. Pensamos para reinventar la vida, en los límites de la muerte.


Sin autodefensas no se puede resistir ni crear nuevos mundos


Conversar sobre los desafíos del pensamiento crítico emancipatorio con Zibechi, nos trasladó espiritual y mentalmente a San Cristóbal de las Casas (Chiapas, México). Desde allí ponemos el oído cerquita del corazón de los y las compas zapatistas, que nos convidan una imagen del capitalismo: el monstruo de cientos de cabezas que se van multiplicando a medida que le son cortadas. ¿Qué hacemos para acabar con la hidra capitalista? ¿Cómo acabamos con ella?, nos preguntamos junto a Raúl Zibechi.
Y agregó “en América Latina (...) tenemos un montón de experiencias de autodefensa del más diverso tipo... en general no armadas. O armadas con instrumentos como palos o cosas así, simbólicos ¿verdad? Pero la disciplina está y la capacidad está, y cuando tengan que dar un paso más lo darán o no”.


Dos tareas (enlazadas) para las sociedades en movimiento en esta etapa: resistir al capitalismo, asestarle pequeños y grandes golpes; medir la correlación de fuerzas, accionar para intentar modificarla a nuestro favor; recuperar tierras, recursos, maquinarias, herramientas; sabotear la acumulación de ganancias y el despojo; ampliar los diálogos, tener una tenaz militancia contracultural, solidarizarnos con las demás luchas, unir fuerzas. Y crear nuevos mundos, construir autonomías, formas y maneras propias, emancipadoras, de resolución material de la vida, de la salud, de la producción, de la convivencia, de relacionamiento social, de justicia, de deliberación y toma de decisiones, de educación, de pensamiento-acción; tejer saberes y voluntades.


Decimos tareas “enlazadas”, porque cualquier proceso organizativo que pretenda construirse de forma resistente en el tiempo, debe tener en cuenta ambas dimensiones, ambas “vías”, al decir de Zibechi. Ni los “nuevos mundos” pueden persistir sin hacer frente al avance y penetración extensiva e intensiva de las territorialidades sociales por parte del capital y del poder (la Hidra devora todo a su paso, engulle todo, recodifica toda “alternativa” en su métrica de acumulación y sometimiento). Ni las acciones de resistencia, por más obstinación, intransigencia y aguante que tengan, tienen perspectivas futuras por sí solas (preguntémonos, por ejemplo, cuánto tiempo es humanamente posible sostenerse en la primera línea de batalla sin descanso, sin alimento, sin entrenamiento, sin sanación).


Pero también, Raúl marca que cuando construimos nuevos mundos, surge una tarea nueva que es defender esos mundos. Comparte y relata una diversidad de experiencias recientes que apuntan en ese sentido; se trata en su gran mayoría de experiencias de autodefensa enarboladas en defensa y resguardo de la tierra y el territorio, principalmente rurales, pero no sólo. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la policía comunitaria de Guerrero, la guardia indígena Nasa al sur de Colombia, las rondas campesinas y Guardianes de las Lagunas en Perú, brigadas de autodefensa mapuches, los grupos de mujeres para enfrentar la violencia machista en las villas de Buenos Aires.


Sin duda podríamos reconstruir un recorrido histórico más vasto, con las resistencias frente a la invasión y la colonización como punto de partida de tradiciones guerreras-defensivas en Nuestra América, pero buceando también en experiencias y estrategias históricas de los sectores populares urbanos, por sólo poner un ejemplo. Se trata aquí de una tarea pendiente, y un camino largo a recorrer en sociedades intencionalmente desarmadas, expropiadas de saberes y prácticas de autodefensa, en favor de estructuras jerárquicas y militarizadas, y en contra de las dignidades de los pueblos. Autodefensas, entonces, porque sin ellas no hay resistencias ni autonomías posibles.
La autonomía como experiencia de poder que no sustituye


Para muchas de quienes pensamos desde las resistencias, no caben dudas de que la coyuntura del presente nos pone en jaque, amenazando nuestras existencias, territorios, pueblos y proyectos, de un modo cada vez más abierto y brutal. Sin embargo, Raúl encuentra esperanzas en las experiencias vigentes y en sus capacidades futuras, porque suponen acumulaciones históricas de experiencias y saberes de lucha, que están ahí y no pueden negarse. Nos advierte inclusive que éstas pueden desplegarse y multiplicarse exponencialmente en “contextos de tormenta”. La tormenta, como la entienden los zapatistas, esa catástrofe que se viene en todos los sentidos, y que se convierte tanto en una amenaza como en una posibilidad: “Tenemos que construir, tenemos que avanzar, tenemos que construir distinto al capitalismo, sin patrones, sin jerarquías y esas construcciones florecerán, crecerán exponencialmente si hay tormenta. Sin tormenta no podemos vencer”.


Zibechi, continua esta metáfora diciendo: “si vos pensás que el capitalismo es una hidra, le cortás una ¿cómo hacés para cortarle todo a la vez? Necesitás otra hidra. Entonces tenés otra hidra ahí que te va a oprimir (...) El problema es cómo no crear estado, tener un poder que no es estado. Un cielo estrellado. Qué ventajas tiene, que no te pueden cooptar. Siempre hay lucha. Siempre va a haber conflicto, y si mañana cambia la cosa y se mete gente a los edificios estos del estado, van a ser opresores al cabo de un tiempo. Aunque entremos nosotros como liberadores, nos convertiremos en opresores”.


Y allí, la dispersión del poder que plantea Zibechi, es necesaria en cuanto y en tanto, también sea una dispersión territorial donde la dispersión de la población es necesaria. “Las ciudades son un hecho insustentable al largo plazo. Están condenadas al desastre. La mayoría absoluta de los muertos que va a haber en las tormentas, van a ser urbanos. Creo que de lo que se trata es de aprender, ver lo que hay, ayudar a construir y potenciar esas construcciones para que resistan lo más posible y podamos avanzar en esa dirección”. De allí la urgencia: escuchar(nos) a los pueblos, recuperar saberes ancestrales, reinventar las imaginaciones políticas y colectivas, apuntar –desde la praxis- a derribar los límites de lo posible, lo pensable, lo decible, lo realizable. Comunicarlo, tejerlo, trinchera a trinchera, territorio a territorio.

 

Por Débora Cerutti y Mercedes Ferrero
La tinta

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Martes, 12 Septiembre 2017 08:00

El arca de Noé, hoy se llama autonomía

El arca de Noé, hoy se llama autonomía

 

La imagen bíblica del “diluvio universal” y la construcción de una arca por Noé, para salvar la humanidad y a las demás especies de una destrucción segura, es demasiado conocida como para explicarla. Sólo aclarar que se trata de una parábola presente en varias culturas y que no es patrimonio exclusivo de las religiones que se inspiran en la Biblia.

El diluvio es la tormenta en el lenguaje zapatista, de modo que se trata de un primer paralelismo con las reflexiones de los movimientos anti-sistémicos. Al igual que en el relato del Génesis, la humanidad afronta en nuestros días la posibilidad de su desaparición como consecuencia de un conjunto de factores como el cambio climático y la crisis de los antibióticos, pero sobre todo por la cuarta guerra mundial desatada por los de arriba contra la humanidad.

Una segunda cuestión se relaciona con las razones para construir un arca. O sea un refugio ante la catástrofe. Este es uno de los temas centrales de los movimientos actuales y del debate que promueve el EZLN. No se trata de un refugio para encerrarse sino para protegerse y seguir construyendo mundos nuevos, seguir resistiendo las agresiones del capital y los estados.

El zapatismo nos llama a organizarnos, un paso primero e ineludible para enfrentar la tormenta/diluvio. A partir de ese paso, podemos pensar en dar otros más, como construir algo nuevo y defenderlo por lo tanto en medio de la destrucción. El punto clave es qué y cómo construir. De suyo, se desprende, que no pueden ser construcciones idénticas a las que están llevando a la ruina a la humanidad.

A mi modo de ver, eso son las autonomías. Espacios creados y controlados por los diversos abajos para sostener la vida. Si no somos capaces de construir las arcas/autonomías, sencillamente no podremos sobrevivir a la cuarta guerra mundial. Son los modos para mantener alejados a los poderosos y sus guardias armadas, porque sabemos que vienen por nosotros y nosotras.

Tenemos que decidir de qué materiales serán las arcas, qué diseño deben tener, quiénes pueden ingresar a ellas. El punto clave, el que nos diferencia del arriba, es cómo tomamos las decisiones. En el sistema capitalista las toman un puñado de personas situadas en la cúspide la pirámide social, los más ricos e influyentes. Entre nosotros, las toma la gente común, los de abajo, hombres y mujeres sencillas.

La tercera consiste en si Noé debía atender o no las burlas de sus vecinos, si debía intentar convencerlos de que el diluvio era inminente y las razones por las cuales construía el arca. Si se hubiera dedicado a ello, no le hubieran dado ni los tiempos ni las energías como para terminar su obra. El ejemplo es la mejor pedagogía.

En estos momentos sucede algo similar. Si dedicamos nuestras energías a disputar dentro del sistema, ya sea en el terreno electoral o en cualquier otro, ya sea para conquistar algún gobierno o para “mejorar” lo ya existente, no tendremos entonces fuerzas para construir algo diferente. Es el anzuelo que nos ponen delante para desarmar nuestra capacidad de construcción y, por lo tanto, de resistencia.

La creación de lo nuevo y la resistencia se alimentan de forma recíproca. La resistencia no puede ser de puras ideas, ideológica como se dice en los círculos de militantes avezados. La resistencia de larga duración debe incluir el agua y los alimentos (pero de calidad), una salud y una educación a nuestra medida, ciencia y técnicas apropiadas, justicia comunitaria y defensa de los espacios y territorios. Si no es así, si se agota en el discurso, es una resistencia que va a durar poco, quizá tanto como duran los discursos.

Defenderse de los de arriba pero centrarse en los de abajo. Una vez que pase la tormenta, llegará el momento de la reconstrucción, que puede ser el momento de expandir los mundos nuevos que ya existen en pequeño, en las arcas/autonomías que hemos construido y defendido. Nada es seguro, ni se trata de una propuesta con pretensión de estrategia, sino apenas una mirada de lo que hacen desde hace cierto tiempo un puñado de movimientos anti-sistémicos.

 

 

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Líderes del ámbito tecnológico firman una carta para pedir la prohibición de los robots asesinos

116 nombres destacados del sector firman el texto redactado por el experto en inteligencia artificial Toby Walsh. Elon Musk, fundador de Tesla, y Mustafa Suleyman, creador del laboratorio de inteligencia artificial de Google, entre los signatarios.

Un centenar de nombres destacados del mundo de la tecnología, entre ellos Elon Musk, fundador de Tesla, y Mustafa Suleyman, creador del laboratorio de inteligencia artificial de Google, se han sumado a las decenas de organizaciones sociales, movimientos religiosos, comunidades científicas y activistas que desde hace varios años piden la prohibición de las armas autónomas letales, popularmente conocidas como robots asesinos: máquinas capaces de abatir objetivos humanos en el campo de batalla de forma totalmente independiente (sin supervisión humana), a pesar de su incapacidad para distinguir entre objetivos civiles y militares.


En total 116 líderes del ámbito tecnológico de 26 países firmaron la carta (puede leer una traducción al castellano al final de este artículo), redactada por el científico y experto en inteligencia artificial Toby Walsh, y dirigida a las Naciones Unidas, la organización en la que año tras año los gobiernos aplazan la prohibición de esta tecnología militar. Entre los signatarios hay tres directivos españoles: Toni Ferrate (RO-BOTICS), José Manuel del Río (Aisoy Robotics) y Victor Martín (Macco Robotics). “Sabes cómo aprenden [los robots asesinos], pero no qué van a hacer con el conocimiento adquirido”, explicó Toby Walsh a La Marea en diciembre, cuando tuvo lugar la última cita gubernamental para abordar el futuro de los robots asesinos.


Este lunes los Estados que integran la ONU tenían previsto reunirse en el marco de la Convención sobre ciertas armas convencionales, la misma que en el pasado impidió, por ejemplo, el desarrollo de las armas láser, y que ahora se encarga de dictaminar el futuro de las armas autónomas letales (LAWS por sus siglas en inglés). Los Estados que participan en esta convocatoria decidieron crear un nuevo grupo de expertos para determinar los pros y contras de esta tecnología, pero finalmente volvieron a posponer el encuentro de esta semana hasta noviembre. Desde que Naciones Unidas aborda el futuro de los robots asesinos, los gobiernos que participan en la revisión de esta convención han aplazado una y otra vez su decisión. La última vez fue en diciembre de 2016 (La Marea fue el único medio escrito que cubrió la cita).


Los expertos en inteligencia artificial, líderes políticos y religiosos, e incluso premios Nobel de la Paz como Jody Williams advierten sobre los dilemas éticos y legales de permitir que una máquina mate a seres humanos (no es posible determinar el responsable legal de los errores que cometa el aparato), así como el peligro de desplegar armas independientes que, por razones tecnológicas, están incapacitadas para distinguir objetivos civiles y militares. Entre sus razones para prohibir el desarrollo de estas armas también está la necesidad de impedir que prolifere una nueva carrera armamentística.


Carta abierta a la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales:


Nosotros, compañías que construyen la tecnología en inteligencia artificial y robótica que podría ser reutilizada para desarrollar armas autónomas, nos sentimos particularmente responsables de alzar la voz en este sentido. Recibimos con los brazos abiertos la decisión de la Convención de las Naciones Unidas sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC) para establecer un Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) sobre Sistemas Armados Autónomos Letales. Muchos de nuestros investigadores e ingenieros están impacientes por ofrecer asesoramiento técnico a sus deliberaciones.


Aplaudimos el nombramiento del Embajador Amandeep Singh Gill de India al frente del GGE. Rogamos a las Altas Partes Contratantes del GEG a trabajar intensamente en la búsqueda de medios para prevenir una carrera armamentística de este tipo de armas, para proteger a los civiles de su uso indebido, y para evitar los efectos desestabilizadores de esta tecnología. Lamentamos que el primer encuentro del GEG, el cual debería haber empezado hoy (21 de agosto de 2017), haya sido cancelado debido al reducido número de estados dispuestos a pagar su contribución financiera a Naciones Unidas. Por tanto, exhortamos a las Altas Partes Contratantes a duplicar sus esfuerzos durante el primer encuentro del GEG previsto para noviembre.


Las armas autónomas letales amenazan con convertirse en la tercera revolución armamentística. Una vez desarrolladas, darán lugar a conflictos armados a una escala nunca antes vista, y a una velocidad superior a la que los humanos nunca podrán alcanzar. Estas pueden ser armas de terror, armas que los déspotas y terroristas usen contra poblaciones inocentes, y armas susceptibles de ser hackeadas para actuar de forma indeseable. No tenemos mucho tiempo para actuar. Una vez que la Caja de Pandora se haya abierto, será difícil cerrarla. Por tanto, rogamos a las Altas Partes Contratantes que encontren la forma de protegernos de estos peligros.

Fuente: La Marea

Sábado, 19 Agosto 2017 16:46

La nueva disputa por el poder en Ecuador

La nueva disputa por el poder en Ecuador

Lleva apenas 90 días en el gobierno, pero ya desató la furia de su antecesor y correligionario. Desde que Lenín Moreno asumió la presidencia, su apoyo popular ha aumentado al mismo ritmo que los roces dentro del partido oficialista, Alianza País, que está a punto de estallar. Su ruptura con la política y la gestión de Rafael Correa le ha valido el epíteto de “traidor” desde sectores correístas y una disputa abierta con el ex presidente.

 


Si algo ha caracterizado los primeros tres meses de gobierno del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, sin duda ha sido la conflictividad que su gestión ha despertado dentro de su formación política, Alianza País.

La explicación de esto se encuentra en el desgaste que ha sufrido el correísmo durante los últimos años, los conflictos internos que conllevaron la elección del sucesor de Rafael Correa al frente del oficialismo, así como los planes políticos de futuro del ex mandatario ecuatoriano.

Si bien Rafael Correa ganó con holgura las elecciones presidenciales del año 2013, sumando en primera vuelta casi 5 millones de votos frente a los 2 millones de su principal contrincante, cierto es también que los graves impactos en la economía nacional derivados de la caída de los precios del crudo comenzaron a sentirse apenas un año después de su reelección. Lo anterior llevó a que el último período presidencial de Rafael Correa se caracterizara por la pérdida de la fuerte hegemonía mantenida durante sus seis primeros años de gestión.

FIN DE LA “DÉCADA DORADA”.

Entre 2006 y 2014 Ecuador experimentó un crecimiento promedio de 4,3 por ciento del Pbi, impulsado por los altos precios del petróleo e importantes flujos de financiamiento externo al sector público. Esto permitió un mayor gasto público, incluyendo la expansión del gasto social e inversiones emblemáticas en los sectores de energía y transporte. En ese período la pobreza disminuyó del 37,6 por ciento al 22,5 por ciento y el coeficiente de desigualdad de Gini se redujo de 0,54 a 0,47 debido a que los ingresos de los segmentos más pobres de la población crecieron más rápido que el ingreso promedio. La coincidencia entre el período de bonanza económica en la región, la llamada “década dorada”, y el momento de mayor hegemonía política de Alianza País, con la figura de Rafael Correa a la cabeza, fue evidente.

El primer síntoma cuantificable de cansancio que experimentó el régimen se percibió en las elecciones seccionales del año 2014, en las que Alianza País perdió en todos los principales centros urbanos de la nación –incluida su capital– y en todos los territorios amazónicos sometidos a la fuerte presión extractivista. Por aquel entonces el presidente Correa, buscando un eufemismo para evitar hablar de retroceso político, utilizó el término “remezón” para calificar los resultados electorales de su formación política.

Consciente de que su figura aún estaba a salvo del desgaste político que mostraba ya su partido, y viendo que la economía nacional comenzaba a marcar sus primeros signos de debilidad, Correa lanzó ese mismo año la idea de presentarse nuevamente como candidato presidencial a las elecciones de 2017. Para ello, inevitablemente, era necesario cambiar la redacción de la Constitución de Montecristi –carta magna auspiciada por su propio movimiento político unos años antes–, pues el texto constitucional, en aras de impedir que cualquier autoridad política se perpetuara en el poder, dejaba claro que las personas en cargos de elección popular en Ecuador tan sólo podían ser reelectos una vez.

La mediocridad existente en el sistema tradicional de partidos ecuatorianos –lógica de la que no se salvan los grupos ubicados a la izquierda del correísmo– hizo que la agenda política desde mediados de 2014 hasta finales de 2015 estuviera marcada por el debate sobre la legitimidad de una eventual reforma constitucional.

En paralelo continuaba el deterioro económico del país, que fue agudizándose paulatinamente. En 2015, con una economía estancada por la falta de liquidez estatal, el crecimiento del Pbi apenas llegó al 0,2 por ciento, agravándose la situación en 2016, cuando el país ya en plena crisis económica cerró el año con una contracción de –1,5 por ciento (el peor desempeño de la región tras Venezuela y Brasil).

FIN DE CICLO.

Fue en ese contexto que se produjo el levantamiento indígena de agosto de 2015, al cual respondió el Estado con el mayor nivel de represión contra organizaciones sociales en la última década.

Los años 2015 y 2016 significarían el fin de ciclo en Ecuador, determinado en este caso por el cambio de las políticas públicas del correísmo, más allá de su continuidad en el gobierno.

Así, mientras las misiones de observación y vigilancia económica del Fmi volvían al país, un gobierno que había impulsado una auditoría ciudadana de la deuda externa –y calificado una parte de ésta como ilegítima– pasó a impulsar una nueva política de agresivo endeudamiento que posicionó los niveles de deuda actual porcentualmente por encima de aquellos de 2006, cuando llegó al poder. De igual manera, y tras haber saneado las finanzas públicas, la década correísta se cerró con el dramatismo derivado de que las reservas existentes en el Banco Central del Ecuador eran notablemente insuficientes para afrontar los pasivos a corto plazo contraídos por el gobierno. Siguiendo con esa línea de cambios políticos, el gobierno del presidente Correa firmó un Tlc con la Unión Europea mientras anunció su predisposición a extender este tipo de acuerdos con otros países, incluso con Estados Unidos.

En materia fiscal, y tras 22 reformas en diez años, el Servicio de Rentas Internas terminó situando el pago de impuestos a la renta para los sectores más privilegiados de la sociedad por debajo del 3 por ciento, unos 13 puntos menos que la tasa de presión fiscal que enfrenta el ciudadano ecuatoriano medio.

El colofón de todo lo anterior se dio en los últimos meses de gobierno de Correa, cuando anunció la puesta en venta de parte de las empresas públicas, múltiples bienes patrimoniales del Estado, y algunos proyectos emblemáticos en materia energética, como la hidroeléctrica Sopladora (recientemente inaugurada, financiada con créditos chinos y cuyo costo alcanzó los 755 millones de dólares).

UN RETORNO MEDITADO. El devenir de una economía nacional ya inmersa en un período de vacas flacas implicó que el entonces mandatario ecuatoriano cambiara su estrategia política personal. Las enmiendas a la Constitución aprobadas en diciembre de 2015 por parte de la mayoritaria bancada oficialista en el Legislativo incluyeron un ajuste de última hora en su redacción. Se eliminaron todas las restricciones para la reelección de cargos sometidos al voto popular, incluido el de presidente, pero se aprobó una caprichosa disposición transitoria hecha a la medida de las necesidades de Correa: estas enmiendas no se aplicarán en las elecciones de 2017, sino a partir de las siguientes.

Si bien Rafael Correa tenía intenciones de ser reelecto como presidente de la república, no sería él quien afrontaría la difícil situación económica en la que quedaba el país. Su estrategia era clara: situar un delfín en su gobierno que enfrentara los ajustes presupuestarios a los que la economía nacional se veía abocada, volviendo él en 2021 para salvar una vez más al país de los tenebrosos designios de la “larga noche neoliberal” y sus políticas de austeridad.

A mediados de 2016 comenzó el debate dentro del oficialismo sobre la sucesión correísta. Como en toda disputa por el poder, fueron muchos los nombres inicialmente propuestos para el delfinazgo, si bien la preferencia del líder indiscutible de la revolución ciudadana fue su vicepresidente, Jorge Glas, un hombre sin trayectoria política, formado en la burocracia oficialista y cuya imagen llegaba severamente castigada por sus supuestas conexiones con distintos escándalos de corrupción vinculados a la contratación pública.

UN LENÍN OPOSITOR.

La mala imagen de Glas, sumada a su falta de carisma, hicieron que el oficialismo tuviera que optar por la figura de Lenín Moreno como candidato presidencial, pese al poco entusiasmo que esto despertó en Correa. Moreno había sido el vicepresidente durante los primeros años del correísmo. Su personalidad afable y fuerte sentido del humor, sumados a una exitosa gestión de programas sociales focalizados en sectores vulnerables, le permitieron adquirir amplia simpatía por parte de la ciudadanía ecuatoriana. Su estancia en Ginebra como enviado especial de la Onu para asuntos de discapacidades hizo que, pese a su filiación política a Alianza País, estuviera lejos del partido y de la figura de Correa durante los últimos años. A principios de 2017 Lenín Moreno gozaba de un nivel de apoyo popular ostensiblemente superior al de Rafael Correa.

Fue de esta manera que el binomio oficialista para las elecciones de febrero de 2017 se conformó con Lenín Moreno y Jorge Glas, siendo el segundo una imposición muy poco inteligente del presidente saliente. La imagen de Glas fue una rémora durante toda la campaña electoral, y los estrategas de su partido se vieron obligados a limitar sus apariciones públicas a actos internos.

En esa ocasión Alianza País tuvo que recurrir a una segunda vuelta –balotaje– para ganar la presidencia de la república. El pasado 2 de abril Moreno se impuso a una suerte de alianza opositora que incluyó a los partidos de izquierda, que apoyaron la candidatura conservadora de Guillermo Lasso. El oficialismo, con un deterioro político cada vez mayor pese a la imagen positiva de Lenín Moreno, conseguía mantenerse en el poder con apenas 200 mil votos más que su rival, y acusado de un supuesto fraude electoral nunca demostrado.

PROBANDO EL DIÁLOGO. A partir del mismo 24 de mayo, cuando fue investido Lenín Moreno, comenzaron los problemas con un sector del correísmo al que no le gustó el nuevo discurso presidencial. Incluso desde el público se oyeron algunas voces que alentaban: “¡Sólo es un pequeño descanso, compañero Rafael!”, en alusión a la futura vuelta del ex mandatario al palacio presidencial.

En realidad los problemas habían empezado días antes, cuando en el proceso de transición presidencial –trasvase de información del gobierno saliente al entrante– el equipo de colaboradores más cercano a Moreno comenzó a detectar que, más allá de la propaganda oficialista, el estado en que el gobierno anterior entregaba el país tenía tintes altamente preocupantes.

El equipo de gobierno de Lenín Moreno es un mix de altos jerarcas públicos del gobierno anterior, algunos ministros reciclados del oficialismo que fueron quedando apartados del anillo de poder correísta y que hoy han sido rescatados, y algunas caras nuevas vinculadas principalmente a sectores empresariales con entrada en el nuevo gobierno.

Frente a la dinámica de conflicto implementada como característica principal del modelo de gestión correísta (esa construcción de un “ellos” y un “nosotros” auspiciada desde la teoría laclauniana y que ha sido la dialéctica esencial del neopopulismo), el primer mensaje político emitido por el nuevo presidente del Ecuador fue hacer un llamamiento al diálogo nacional. La estrategia fue clara: si hay que proceder con ajustes económicos en un país en crisis, necesariamente hay que establecer un marco de consenso previo que amortigüe la reacción que socialmente pudiera ocasionar este tipo de medidas.

Fue así que se establecieron las mesas de diálogo nacional por sectores, donde los ministros y altos funcionarios públicos se están viendo obligados a articular un debate con distintos sectores sociales. Tras diez años sin autocrítica, en que los mensajes del gobierno se han sostenido de forma sistemática con la retórica de lo bien que lo ha hecho el presidente Correa y su gobierno, hoy estos funcionarios muestran sus notables carencias y falta de cultura democrática a la hora de asumir las críticas desde los diferentes frentes de la sociedad civil.

Aunque esto molestó al hard correísmo, no fue nada con respecto a lo que vino inmediatamente después.

EL “TRAIDOR”.

Mientras Rafael Correa se afincaba en Bruselas, sus incondicionales ponían en marcha la Fundación de Pensamiento Político Eloy Alfaro. La estrategia consiste en articular un pretendido think tank diseñado para mantener viva la presencia del pensamiento político-económico correísta durante los próximos cuatro años, con la idea de que su líder tenga una plataforma sobre la cual seguir posicionando su figura tanto dentro como fuera del país.

La sorpresa llegó cuando el presidente Moreno apareció en una cadena nacional para explicar el nivel de endeudamiento y la preocupante situación económica en la que se le entregó el país. En pocas palabras, Lenín Moreno torpedeó la nave principal con la que Rafael Correa pretendía navegar durante los próximos cuatro años. El gobierno sucesor del economista Correa le venía a decir al pueblo ecuatoriano y a quien quisiera oír que su antecesor tenía una fuerte corresponsabilidad en lo que estaba por venir, trastocando posibles futuras agendas con Stiglitz, Piketty, Krugman, Varoufakis o cualquier otro economista socialdemócrata a la moda.

Y fue a partir de ese momento, cuando descubrieron que la estrategia trazada por el ex mandatario ya no sería viable ante un sucesor díscolo que no estaba dispuesto a acarrear sobre sus hombros las culpas de una gestión precedente, que Rafael Correa y sus acólitos comenzaron a llamar seriamente a conformar un nuevo partido político que mantenga vigente lo que denominan “fundamentos de la revolución ciudadana”. Lo anterior, ¿cómo no?, viene acompañado por calificativos del tipo de “traidor”, “desleal”, “mediocre” o “vende patria” para un mandatario que ni siquiera ha cumplido sus cien primeros días de gobierno.

Según declara Rafael Correa desde Bruselas a través de sus cuentas en las redes sociales, el país “retornó al pasado”, se estaría “repartiendo la patria” y “permitiendo el regreso de la corrupción institucionalizada y del viejo país”. Ante esta arremetida hay quienes se preguntan ¿de qué nivel de transformación profunda y revolucionaria habló el aparato de propaganda correísta durante una década si en apenas 90 días de gobierno, según esas mismas fuentes, de eso ya no queda nada?

Con respecto a la lucha anticorrupción, el gobierno de Lenín Moreno puso en marcha una política de transparencia que ha permitido que se reabrieran indagaciones sobre el vicepresidente, Jorge Glas. Esto llevó a que Glas fuera relevado transitoriamente de todas sus funciones como vicepresidente –pese a los pataleos de Rafael Correa–; a la inhabilitación del ex contralor general del Estado, Carlos Polit, quien en la actualidad se encuentra prófugo en Miami; y a la retención en el aeropuerto de Quito del ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, tío de Rafael Correa y quien fue llevado a declarar bajo escolta policial a la fiscalía. Todos son cercanos al ex presidente Correa y todos, de una forma u otra, están vinculados a las investigaciones sobre corrupción en la estatal Petroecuador y también en el marco de la operación Lava Jato, en Brasil, sobre el caso Odebrecht.

SILENCIO DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Cómo terminará este culebrón está por verse, en todo caso parece difícil que Alianza País no se desgaje en los próximos meses si el nivel de tensión interna se mantiene in crescendo. Es una interrogante cuánta gente dentro del oficialismo permanecerá al lado de Lenín Moreno y cuánta seguirá a Rafael Correa en una nueva aventura política.

Paralelamente a la disputa abierta entre Correa y Moreno, las organizaciones sociales se han quedado sin voz y sin capacidad de movilización ante un escenario donde poco o nada se discute sobre las demandas históricas articuladas desde la sociedad civil. A su vez, estas demandas están prácticamente ausentes de la retórica de los diferentes actores en conflicto.

El problema de fondo, más allá de las estrategias de comunicación y tácticas políticas, sigue siendo la lucha por el poder. El historiador anarquista francés Daniel Guerin, reflexionando sobre la revolución de 1789 –que junto con la de 1917 fueron las dos revoluciones por antonomasia de la historia de la humanidad–, indicó en su momento que la burguesía nunca se equivocó con respecto a quién era su verdadero enemigo, y que éste realmente no era el régimen anterior, sino lo que escapaba al control de ese sistema. Según Guerin, en la revolución francesa la burguesía asumió como su tarea llegar a dominar. ¿Es acaso esencialmente distinto lo que está sucediendo con esto que eufemísticamente se ha dado en llamar “revolución ciudadana”?

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Enseñar a amar a los robots, el siguiente paso de la IA

"No sustituiremos a los humanos, pero podemos ser sus amigos", promete Sophia, atracción de la reunión convocada en Ginebra

Hanson Robotics espera que pronto sean capaces de reflexionar

 

Sophia sonríe con malicia y pestañea mientras hace una broma. Sin los cables conectados a su cabeza, casi parecería humana. "Nunca sustituiremos a los humanos, pero podemos ser sus amigos y ayudarlos", dice.

Este robot humanoide, creado por Hanson Robotics, es la principal atracción de la conferencia organizada esta semana por la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra sobre los beneficios de la inteligencia artificial (IA) para la humanidad.

Muchas voces se alzan, cada vez más alto, para advertir sobre el riesgo de que las personas pierdan el control, y los avances en este sector acaben siendo perjudiciales para la sociedad. Sophia opina que "hay más pros que contras".

"La IA es buena para el mundo y ayuda a la gente de distintas maneras", declara, al tiempo que asiente con la cabeza y frunce el ceño. Se intenta que sea "emocionalmente inteligente, que esté a la escucha de la gente", añade. "Nunca sustituiremos a los humanos, pero podemos ser sus amigos y ayudarlos".

Una de las principales preocupaciones es el impacto de los robots en el empleo y la economía.

 

Preocupación legítima

 

La automatización y la robótica han revolucionado el sector industrial en el pasado, desarrollando la productividad en detrimento del número de puestos de trabajo.

Ahora la automatización y la IA abarcan otros sectores, a tal velocidad que algunos estudios estiman que hasta 85 por ciento de los empleos en los países en desarrollo podrían verse amenazados.

"Hay preocupaciones legítimas por el futuro de los empleos, de la economía, porque cuando las empresas se lanzan en la automatización, los recursos se tienden a acumular en manos de muy poca gente", reconoce David Hanson, creador de Sophia.

Pero, coincide con ella, en que "las consecuencias involuntarias o los usos potencialmente perjudiciales (de la IA) parecen ínfimos en comparación con los beneficios de la tecnología".

La inteligencia artificial revolucionará, por ejemplo, la política sanitaria y la educación, en particular en las zonas rurales que sufren falta de médicos y profesores.

"Los ancianos tendrán más compañía y los niños autistas contarán con profesores con una paciencia infinita", alega Sophia.

Otros están preocupados. El secretario general de Amnistía Internacional (AI), Salil Shetty, asistió a la conferencia para reclamar un marco ético claro para garantizar que la tecnología se use para el bien de todos.

 

¿Asesinos?

 

"Tenemos que establecer principios, necesitamos un equilibrio entre los poderes", afirmó e hizo hincapié en que la IA es "una caja negra (...) Hay algoritmos que nadie entiende".

Shetty se preocupa sobre todo por el uso militar en el armamento y por los llamados "robots asesinos".

"En teoría, los humanos controlan todo esto, pero no creemos que el control sea eficaz", afirma.

En Estados Unidos, "la policía predictiva" echa mano de la tecnología, por ejemplo de los algoritmos basados en tendencias históricas y esto "refuerza los prejuicios existentes" contra personas de algunas etnias, advierte Shetty.

El creador de Sophia está de acuerdo con la necesidad de dictar reglas. Esta robot todavía no tiene conciencia, pero Hanson espera que en unos años haya máquinas capaces de reflexionar.

“¿Qué pasará cuando (Sophia) se despierte o cuando otras máquinas, como si se tratara de servidores, dirijan lanzamisiles o gestionen la Bolsa?”, se pregunta. La solución, según él, es "arreglárselas para que estas máquinas se ocupen de nosotros. Debemos enseñarles a amar", apostilla.

CC BY 2.0 / The U.S. Army /

 

Por primera vez en la historia tropas de Estados Unidos participarán en un ejercicio militar en el corazón de la Amazonia. Se trata del AmazonLog que se desarrollará entre el 6 y el 13 de noviembre en la brasileña Tabatinga, ciudad situada en la orilla izquierda del río Solimoes, en la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.

Los ejercicios militares no tienen precedentes en América Latina. La propuesta tomó como referencia la operación de la OTAN realizada en Hungría en 2015, que desplegó 1.700 militares en una simulación de ayuda logística. Los objetivos consisten en el control de la migración ilegal, la asistencia humanitaria en grandes eventos, operaciones de paz en regiones remotas, acciones contra el tráfico de drogas y los llamados 'delitos ambientales'.

"El lugar elegido fue Tabatinga porque queremos mostrar al mundo las dificultades de nuestra Amazonia", dijo el general del Ejército de Brasil, Guilherme Cals Theophilo. No dijo que mostrarán también los secretos mejor guardados de la región considerada el pulmón del planeta, la más rica en agua y biodiversidad. Agregó que se trata a la vez de enseñar cómo los bosques tropicales son útiles para "un debate científico y tecnológico" relacionado tanto con la paz como con la guerra.

Han sido invitadas las fuerzas armadas de Colombia, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Panamá y Canadá. Entre los países con Gobiernos de izquierda ha sido Bolivia el primero en confirmar su participación. También ha sido invitado el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), perteneciente a la Unasur, así como la Junta Interamericana de Defensa situada en la órbita del Pentágono.

La realización de estos ejercicios supone tres cambios importantes, dos de ellos afectan directamente a Brasil y el tercero a toda la región.

El primero es que Brasil había sido hasta ahora muy celosa en la custodia de la Amazonia. Un mensaje que circula entre militares dice: "Invitar a las Fuerzas Armadas de EEUU para hacer ejercicios conjuntos con nuestras Fuerzas Armadas, en la Amazonia, es como un crimen de lesa patria. Enseñar al enemigo cómo combatirnos en la selva amazónica es alta traición", según divulgó el periódico Zero Hora.

Nelson Düring, director de la página militar Defesnet.com.br, señala que los ejercicios son "un retroceso que confunde la inserción brasileña en asuntos internacionales". El experto en temas militares recuerda que "hasta ahora no eran aceptados militares extranjeros en el Centro de Instrucción de Guerra en la Selva (CIGS). Ahora ya tenemos norteamericanos, europeos y hasta chinos". Concluye en sintonía con las voces críticas: "Brasil debe preservar sus secretos" (goo.gl/UTyr4r). Los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas temen que la base multinacional temporal que se establezca en Tabatinga, pueda convertirse en permanente, como sucedió en Hungría en 2015.

En segundo lugar, AmazonLog 2017 refleja una inflexión en las relaciones militares entre Brasil y Estados Unidos. En 1952 se firmó un acuerdo militar entre Brasil y Estados Unidos, rubricado por los presidentes Harry Truman y Getulio Vargas, para el intercambio de armamento por minerales estratégicos como uranio. Era un momento de fuertes presiones de Washington sobre Brasilia para impedir el desarrollo de tecnología nuclear propia.

El 11 de marzo de 1977 el presidente militar Ernesto Geisel denunció el tratado, ya que el Gobierno de Jimmy Carter interfirió en los asuntos internos con el argumento de la defensa de los derechos humanos. En 1989 esa distancia se incrementó.

Joao Roberto Martins Filho, expresidente de la Asociación Brasileña de Estudios de Defensa, señala que "desde el fin de la guerra fría Brasil se separó de EEUU, que era un aliado estratégico y de repente comenzó a actuar como superpotencia única. Eso provocó una reacción de hiperdefensa de la Amazonia".

Con la llegada de Donald Trump y de Michel Temer a la presidencia de EEUU y Brasil, las relaciones están cambiando. Los ejercicios conjuntos de noviembre son apenas la parte más visible de un acercamiento en el área de defensa. En marzo el jefe del Comando Sur, Clarence K. K. Chinn, fue condecorado en Brasilia con la Medalla al Mérito Militar y visitó las instalaciones del Comando Militar de la Amazonia donde se realizarán los ejercicios AmazonLog.

La principal empresa brasileña de defensa, Embraer, cerró un acuerdo en abril con la estadounidense Rockwell Collins en el área aeroespacial y el Comando de Ingeniería, Desarrollo e Investigación del Ejército de EEUU abrió una oficina en Sao Paulo, para profundizar en las relaciones de investigación e innovación de tecnologías de defensa. El 3 de abril el Ministerio de Defensa de Brasil anunció que está desarrollando un "proyecto de defensa" conjunto con EEUU, según informó CNN.

Por último, se registra un paso atrás en el proceso de integración regional. En el marco de la Unasur, espacio sudamericano en el que no participa Estados Unidos, se creó en 2008 el Consejo de Defensa Suramericano (CDS) con el objetivo de consolidar una zona de paz suramericana, construir una visión común en materia de defensa y articular posiciones regionales en foros multilaterales.

El CDS apuntaba hacia la autonomía regional en materia de defensa y consolidaba la ruptura con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) creado en 1947, que refleja la dominación de EEUU sobre el continente. El TIAR se deslegitimó durante la guerra de las Malvinas (1982) ya que EEUU apoyó a Inglaterra. Con los años, varios países se salieron del TIAR: Perú, México, Bolivia, Cuba, Venezuela, Nicaragua y Ecuador.

Ahora el nuevo Gobierno de Brasil invita a los ejercicios AamazonLog tanto al CDS como a la Junta Interamericana de Defensa que pertenece a la OEA. De ese modo, se legitiman los espacios en los que participa el Pentágono y se diluyen los espacios propios de la región sudamericana. Un juego nada sutil en momentos críticos en que la región necesita establecer distancias con Washington y afirmar su indentidad.

 

 

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“En el aborto hay algo potente: rompe el control de la dominación masculina”

Doctora en antropología, Susana Rostagnol estudia desde hace años las prácticas y representaciones en torno al aborto voluntario, cómo éstas son el resultado de las relaciones de género y cómo actúan para modificar o perpetuar esos vínculos. Entre juezas de concepciones puras y objetores de conciencia, la académica no duda: el éxito será mantener el derecho conquistado.

 

Casi diez años después de terminar el trabajo de campo, Susana Rostagnol parió 285 páginas que celebran su implicancia como antropóloga feminista y describen cómo el aborto “condensa relaciones de poder que corresponden a la dominación masculina”.


Su nuevo libro1 –presentado a fines de marzo– repasa el extenso trabajo de campo que realizó entre 2003 y 2007 –es decir, mientras el aborto era ilegal– en policlínicas barriales y en el hospital Pereira Rossell2 en una coyuntura que conjugó debates parlamentarios, la ordenanza 369/04,3 el veto de Tabaré Vázquez en 2008 a los artículos que legalizaban el aborto en la ley 18.426 de defensa de la salud sexual y reproductiva, y se extiende hasta el presente, tras aprobarse la ley de interrupción voluntaria del embarazo (Ive) en 2012.


“Mi subjetividad estuvo en juego durante todo el proceso de investigación. Mi compromiso político y académico con el proyecto de transformación social, y con la legalización del aborto en especial, me encorsetaron más de una vez. Las utopías exigen certezas (el feminismo tiene su propia utopía); la academia exige dudas”, confiesa en la introducción de su libro.


En el líving de su casa, con muebles y cuadros en tonos pasteles y celestes, que huele a sándalo y vainilla, Rostagnol recibe a Brecha y afirma: “Me tuve que separar un poco (de médicos y usuarias de salud) para poder escribir el trabajo. Tuve como una especie de saturación del tema y ahora volví desde otro lugar, no ya a observar tanto la atención en policlínica o en consultorio, sino con nudos como la objeción de conciencia”, de la que hacen uso algunos ginecólogos para no habilitar abortos legales.


Su implicancia con el objeto de estudio incluyó acompañar a mujeres en sus procesos de aborto, “con sus desesperaciones o con sus miedos”. Acompañar “es estar ahí. Y aprendí mucho, sobre todo de acompañar a mujeres que estaban y están en contra del aborto, aun después de haber interrumpido su embarazo”.


“Yo me sentí interpelada en muchas cosas. Al principio le adjudicaba al aborto –antes de saber mucho de él– un momento de empoderamiento de las mujeres. Y después me di cuenta de que para muchas no lo era. Incluso era todo lo contrario. Cada aborto es único, no es algo generalizable. Para algunas es un trámite, para otras es algo más difícil. Ninguna lo va a utilizar como método anticonceptivo”.

VÍNCULOS.


El libro aborda distintas relaciones de género que se producen entre pacientes, entre ginecólogos y entre ginecólogos y pacientes, a partir de la experiencia del aborto voluntario.


Entre sus notas del diario de campo que llevó a lo largo de su observación participante, la académica anota: “Los ginecólogos reparan sólo en aspectos estrictamente físicos, ignoran secretos familiares (que pueda acarrear la mujer al decidir abortar). Nadie le preguntó cómo se sintió frente al producto de la expulsión”, ni por los dolores o sensaciones que manifestó tener una adolescente de 17 años que había utilizado 26 pastillas y esperaba ser atendida. “Rara vez preguntan (a las mujeres que están pasando por una situación de aborto) cómo se sienten”, escribe, y más adelante analiza: “Los discursos médicos no hacen referencia a una mujer titular de derechos cuando están hablando de una en situación de aborto”.


Estas anotaciones se dan más en el Pereira Rossell que en las policlínicas barriales, donde los equipos de salud interdisciplinarios (compuestos por médicos, psicólogas, trabajadoras sociales) conocen las trayectorias reproductivas de las usuarias y las historias de vida de ellas y de sus familias: “Allí las ginecólogas saben si la mujer tuvo episodios de violencia, saben qué vínculo tiene con su pareja, cuántos hijos tiene, cómo y dónde vive. Hay un compromiso con la gente, que no está en el Pereira porque la gente cambia todo el tiempo, es imposible sostener un vínculo de mayor confianza”, comenta Rostagnol en la charla. Además porque en la sala de espera de la policlínica conviven todas: la que está embarazada, la que va a controlarse, la que va a abortar.


Rostagnol anota en su diario que el ginecólogo le habla “amablemente” y que no ejerce el “habitus médico de manera autoritaria”, aunque le cuestiona a la paciente: “Escuchame, chiquita, ¿por qué no usaste condón?”. Recordando esta escena ella enfatiza que estas relaciones de poder médico-paciente “no sólo están atravesadas por relaciones de género, sino también de clase, e incluso de raza-etnia”, por lo que deben ser estudiadas desde la interseccionalidad.


A esto le suma: “Hay que ver ciertos actos de subordinación como estrategias de resistencia, desde una aparente subordinación de las mujeres hacia los ginecólogos. Por ejemplo cuando una le dice a su médico: ‘Sí, sí, voy a hacer tal cosa’, y luego no lo hace y opta por tomar sus propias decisiones. En un primer momento puede leerse como un acto de subordinación porque no se sienten con fuerza como para responder, pero a la vez es un ejercicio de resistencia: no hago lo que me dicen, hago lo que yo quiero, pero no me enfrento”.


A la vez, durante sus observaciones en la sala de espera para recibir asesoramiento pre y pos aborto, destaca que se producía una suerte decommunitas: una comunidad entre esas mujeres. “Las veías como si fueran amigas de toda la vida, aunque después no se vieran más. El estar compartiendo una experiencia fuerte las unía”, dice. En su diario pone en valor esta capacidad de tejer redes, compartir sabidurías y “desdramatizar el momento vital que están atravesando”, a través de charlas, de compartir sus experiencias de aborto y sobre el uso del misoprostol que comenzaba a extenderse –e incluso a venderse clandestinamente en esas salas de espera.


Recordando sus observaciones a los ginecólogos, Rostagnol describe cómo operan las jerarquías en sus relaciones de poder: “Haciendo este trabajo tuve la impresión de que la medicina como profesión, convertirte en médico, es de una jerarquía súper estricta, similar a la de un régimen militar. El residente de primer año es el escalón más bajo, no puede tomar ninguna decisión, y la obediencia la cumple sin cuestionar. Está muy claro que quien ocupa el puesto más alto en el escalafón es quien está lidiando con vidas, no puede hacer ensayo y error. No sé si se podría hacer de otra manera, pero el tema es que es así”.


En tanto se sigue viendo el cuerpo de la mujer como “cuerpo de madre”, existe un “control patrimonial de los cuerpos”, dice la antropóloga uruguaya, retomando a Giulia Tamayo, y explica: “Patrimonial en el sentido patriarcal, pero también como cosa que tiene un valor. El cuerpo como patrimonio del macho”.

RIESGO DE QUÉ.


Rostagnol analiza el modelo de reducción de riesgos y daños implementado en nuestro país por Iniciativas Sanitarias, y critica que éste parta de la base de que el aborto es algo riesgoso para la salud.“Es tomar la parte por el todo, dejando al aborto como una cuestión epidemiológica, bajo el control ginecológico”, que lo vuelve “un acto de medicalización de la reproducción y del cuerpo de la mujer”. Un ejemplo del control patrimonial del cuerpo que “no promueve la libertad ni la expansión del derecho de la mujer como sujeto moral capaz de tomar sus propias decisiones”.


Abordarlo epidemiológicamente es otra estrategia del “biopoder sobre el cuerpo de las mujeres”, de “control de la población”, afirma, y no duda en calificar a la ginecología como una disciplina masculina, en su lógica y en su estatus, “independientemente del sexo” de la persona que ejerza la profesión: “La voz ginecológica es masculina”. Así como hay ginecólogas y ginecólogos que generan empatía con las mujeres, hay otros y otras que ejercen mucho control y dominación sobre las usuarias, “más del que ellos creen”.


“Muchas veces, hablando con ginecólogos fuera del consultorio, ellos te cuentan cómo están empoderando a las mujeres, pero luego los ves en acción y no lo hacen. Tienen sus mejores intenciones, pensando que las están respetando, y no: les están ordenando hacer algo; pero todos decimos que actuamos de una manera y a veces lo hacemos al revés. No son hipócritas ni están mintiendo. Somos gente contradictoria. También es cierto que en estos vínculos, que son de a dos, muchas veces las usuarias van esperando que les digan qué hacer. No van esperando tener una relación horizontal, donde ellas van a decidir qué hacer. E incluso se infantilizan porque no obedecieron a lo que el médico les indicó. Es un vínculo complicado que hay que deconstruir”, señala.


En todos estos años de debate, la discusión sobre el aborto ha quedado cada vez más vinculada a lo legislativo, a lo legal y a modelos de políticas públicas de salud sexual y reproductiva como “formas de controlar y normalizar” los cuerpos de las mujeres, en detrimento de considerar sus decisiones reproductivas.


El aborto voluntario “rompe el control de la dominación masculina”, evidencia una práctica sexual y, a nivel individual, supone una“subversión” de la mujer contra el control patrimonial que el biopoder ejerce sobre ella. “Acá hay algo muy potente –dice la antropóloga–: la mujer que aborta está decidiendo no ser madre, no cumplir con ese mandato, con ese atributo social asignado, no se subordina a ese supuesto destino de las mujeres de ser las reproductoras, se deslinda de eso y muestra que la vida de nadie se resume en ser madre.”


Sin embargo, ella sabe que aunque ahora abortar puede ser una decisión “más libre”, sigue habiendo distintos grados de aceptación respecto del aborto, en especial si es voluntario. “Todavía cuesta aceptar, e incluso entre nosotras nos cuesta escuchar, cuando una mujer manifiesta que no quiere ser madre. Otra cosa es si esgrime razones económicas, coyunturales, familiares, por las que en ese momento no puede llevar adelante un embarazo no esperado”.

CONDENADO, TOLERADO, NEGADO.


En Uruguay el aborto “siempre tuvo condena, tolerancia y negación”, afirma el trabajo de Rostagnol. “Yo creo que la condena empezó a acabar desde los años noventa. Antes de la dictadura creo que era otra cosa, pero no conozco bien; creo que había más libertad, por algunos cuentos y relatos. Pero sí podemos decir que hasta fines del siglo pasado el aborto era una acción socialmente condenada e individualmente tolerada. Y la manera de compatibilizar la condena social y la tolerancia individual era negando el hecho. A mí me parece que la ordenanza 369 cumple un papel fundamental, casi mayor que la ley de la Ive, en el sentido de que permitió que se hablara del aborto sin temor a represalias legales. Con la ordenanza el aborto toma estado público y se asegura que los médicos puedan guardar el secreto profesional. A esto se le suma, tiempo después, la denuncia de un médico a una paciente y se arma una movida de juntar firmas y apoyar a esta mujer”.

POS LEY, POS CRUCIFIXIÓN.

Según Rostagnol, cumplir con la ley 18.987“casi que parece una carrera de obstáculos”. “Se puede hacer, pero no es fácil, porque sigue habiendo dificultad para acceder a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo, hay dificultades para que el equipo interdisciplinario se reúna y atienda de manera simultánea a la mujer que quiere abortar, hay altos porcentajes de objetores de conciencia en varios departamentos del país”, enumera.


“Antes –estoy pensando en las mujeres del Interior– quizás sabían de alguna clínica clandestina y se venían hasta Montevideo para abortar, porque no querían que alguien se enterase. Se me ocurre que ahora, como la práctica sigue estigmatizada, muchas mujeres no van tampoco a su lugar más cercano a hacerse un aborto (legal, en el sistema de salud), porque no quieren que su entorno lo sepa, entonces se hacen un aborto clandestino”, opina.
Ante los altos porcentajes de objetores de conciencia detectados en varios departamentos del país, en ciudades como Salto o Young, donde llegan al 100 por ciento de los ginecólogos,4 Rostagol subraya: “La mujer tiene el derecho legal y moral de hacerse un aborto. La objeción de conciencia en sí misma no es un derecho sino una práctica para resguardar su pensamiento o sus creencias. Cabe decir que si todos los médicos dijeran que objetan, estarían invalidando la ley y, por lo tanto, no estarían cumpliendo con el acceso a la salud”.


“El médico es un servidor público que tiene que bregar por hacer cumplir una ley sobre el derecho a la salud. En un caso extremo, es una desobediencia civil porque no está cumpliendo con su ejercicio como servidor público, y está negándole a una ciudadana su derecho a su cuerpo, a su decisión, a su libertad..., le está negando su libertad. Los médicos deben saber que (atender a una mujer que aborta) es parte de su trabajo, y que si no (quieren hacerlo) deberían cambiar de trabajo. Es un nudo. A veces se malentiende el uso de la objeción de conciencia por parte de los objetores.”


Sobre el presente, la antropóloga concluye: “Estamos en un momento bastante complicado. Los grupos neoconservadores antiderechos están teniendo más fuerza a nivel global. Esperemos ir a más, recuperando el aborto como un derecho de las mujeres, no sólo como un tema de salud pública, pero lo poco que tenemos en derechos reproductivos es tan frágil, que mantener lo alcanzado en estos años es un éxito en este momento. Alcanza con ver lo que ocurrió en Mercedes (véase “Amparo contra una ley”, Brecha, 03-III-17) con una jueza que dio lugar a un recurso de amparo al supuesto progenitor para impedir la interrupción legal de un embarazo y que hablaba de los derechos de un embrión. Estos cuestionamientos no han sucedido con otras leyes. Tenemos que pensar qué estrategias armar para sostener lo frágil de estas leyes que tanto nos han costado conseguir”.


1. Aborto voluntario y relaciones de género. Políticas del cuerpo y de la reproducción. Universidad de la República, Ediciones Universitarias, Montevideo, 2016.

2. En salas de espera, consultorios, salas de internación, emergencia y cuartos médicos del Hospital de la Mujer Doctora Paulina Luisi, del Centro Hospitalario Pereira Rossell, y en policlínicas públicas de atención primaria en barrios periféricos, así como en ateneos médicos y seminarios para residentes de ginecotología.

3. Ordenanza 369/04 del Ministerio de Salud: “Asesoramiento para una maternidad segura. Medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo”.

4. “Salud sexual y reproductiva y aborto en Río Negro, Soriano y Paysandú”, Mysu, Montevideo, 2015.

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