El caso Assange y la muerte del periodismo

Terminó la primera etapa del juicio por la extradición del fundador de WikiLeaks. Si el gobierno norteamericano logra su cometido, Julián Assange podría ser condenado a 175 años de prisión por haber informado al mundo sobre las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos de civiles y los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos. La condena sería un claro mensaje mafioso a todos los periodistas que se atrevan a denunciar al poder.

“Cuatro países democráticos unieron fuerzas (Estados Unidos, Ecuador, Suecia y el Reino Unido) para aprovechar su poder y retratar a un hombre como un monstruo para que luego pudiera ser quemado en la hoguera sin que nadie protestara. El caso es un gran escándalo y representa el fracaso del Estado de derecho occidental. Si Julian Assange es condenado, condenarán a muerte a la libertad de prensa”, aseguró en una reciente entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer, el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1).

Esta semana terminó la primera etapa del juicio por el pedido de extradición que el gobierno de los Estados Unidos hizo sobre Julián Assange. Como estaba previsto, la jueza Vanessa Baraitser dictaminó el fin a esta primera parte que será retomada el 18 de mayo.

Mientras espera el desenlace del juicio, Assange deberá continuar en la cárcel de Belmarsh, una prisión de máxima seguridad que es conocida como “El Guatánamo británico” (en alusión a la centro de detención ilegal que Estados Unidos mantiene en territorio usurpado a Cuba).

En Belmarsh, Assange permanece en condición de aislamiento y con derecho solo a dos visitas sociales al mes, puede ver la luz del sol solamente una hora por día, no interactúa con otros detenidos y es sometido a toda clase de humillaciones y torturas psicológicas.

Cabe recordar que hasta abril del 2019 el fundador de WikiLeaks permanecía como refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres pero, a pesar de que Assange había obtenido la ciudadanía ecuatoriana, de que la embajada es considerado territorio soberano de ese país y de que la Constitución de Ecuador prohíbe extraditar a sus ciudadanos, el presidente Lenín Moreno autorizó que las fuerzas de seguridad británicas entraran a la sede diplomática y se llevaran por la fuerza al periodista.

En una reciente entrevista realizada por Contexto, el ex cónsul de Ecuador en Londres, Fidel Narváez aseguró: “La entrega de Julian Assange constituye la mayor vergüenza diplomática en la historia de mi país. Es un hecho canallesco que quebranta toda norma internacional y la propia constitución ecuatoriana. Empezando por el principio de no devolución, que es sagrado para el derecho de asilo y de refugio. Un asilado no puede ser entregado si hay riesgo sobre su vida y su libertad persiste, y en el caso de Julian Assange esto era más evidente que nunca”.

“En Estados Unidos ya se había develado que había cargos secretos esperando por Julian, lo cual era la razón misma del asilo. Más que un arresto, aquello fue un secuestro. La policía británica ingresó y tuvo que arrastrar a Julian por la fuerza para poder sacarlo. Él, correctamente, se rehusó a salir. No olvidemos que Julian Assange es también ecuatoriano. La constitución ecuatoriana prohíbe la extradición de los ecuatorianos. Prohíbe, además, el ingreso de fuerzas extranjeras a nuestro territorio y la Embajada es jurisdicción ecuatoriana”, sostuvo y agregó: “La entrega de Julian no fue una acción del Ecuador para resolver un problema. Fue un acto criminal, coordinado con mucha antelación con los norteamericanos y con los británicos”.    

Narváez remarcó que la entrega de Assange por parte del gobierno ecuatoriano refleja “el vergonzoso servilismo de Lenín Moreno frente a los Estados Unidos” (2).

Estados Unidos acusa al fundador de WikiLeaks de haber cometido 18 delitos y por ese motivo requiere la extradición. Si Assange llega a las Cortes norteamericanas podría ser condenado a 175 años de prisión. Sería la primera vez que un periodista es juzgado con la llamada “Ley de Espionaje” de Estados Unidos (de 1917).

El gobierno norteamericano, el Poder Judicial británico y los medios de comunicación que responden a esos intereses quieren justificar la persecución, acoso, tortura y el posible encarcelamiento de por vida de Assange al mostrarlo falsamente como un hacker que habría realizado espionaje y robado información que podría haber afectado a la seguridad nacional de Estados Unidos.

La realidad es otra. Assange fue y es perseguido, acosado, torturado y posiblemente sea condenado por haber hecho una tarea periodística: buscar información, recabarla, analizarla y hacerla pública.

El fundador de WikiLeaks podría ser condenado a 175 años por haber denunciado los crímenes de guerra, las violaciones a los derechos humanos y las torturas que Estados Unidos cometió en Afganistán, Irak y en la cárcel clandestina de Guantánamo.

Con la publicación de miles de cables (que Assange no robó ni hackeó, solo permitió que se hicieran públicos desde su plataforma), el creador de WikiLeaks confirmó el entramado que el gobierno norteamericano y sus agencias de inteligencia (en especial la CIA) tejen para golpear a todos los gobiernos y líderes populares que se oponen a sus políticas imperiales.

En la citada entrevista publicada por eldiario.es, Nils Melzer aseguró que “Julian Assange destapó la tortura, él mismo ha sido torturado y podría ser torturado hasta morir en Estados Unidos”.

La extradición y la brutal sentencia no serían contra Assange, sino contra todo el periodismo. Conformarían la reafirmación de un mensaje mafioso que el poder en Estados Unidos envía a todos los periodistas que se atrevan a denunciarlo. La libertad de prensa y la libertad expresión morirían con la confirmación de esta condena.

Notas:

(1) Entrevista a Nils Meizer. Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: «Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste» (https://www.eldiario.es/internacional/Relator-ONU-Julian-Assange-condenado_0_999500818.html)

(2) Fidel Narváez: “Assange es perseguido por haber publicado los crímenes de guerra, el espionaje y la invasión a la privacidad que hizo Estados Unidos” (https://www.diariocontexto.com.ar/2020/02/16/fidel-narvaez-assange-es-perseguido-por-haber-publicado-crimenes-de-guerra-espionaje-e-invasion-a-la-privacidad-hechos-por-los-estados-unidos/)

 03/03/2020 

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El Salvador aprueba una ley de reconciliación rechazada por las víctimas de la guerra civil

La legislación reduce las penas de prisión a quienes hayan cometido crímenes de guerra y conmuta las de los condenados que sufran problemas de “salud”

A toda y prisa y a puerta cerrada los partidos de derecha con representación en la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron la noche del miércoles en una sesión extraordinaria una ley de reconciliación que es vista por las víctimas de la guerra civil que desangró a este país como una puerta abierta a la impunidad. La legislación reduce hasta en un 75% las penas a quienes confiesen haber cometido crímenes durante el conflicto y pidan perdón, a la vez que permite a los jueces conmutar las condenas cuando se alegue problemas de salud o edad. Organismos internacionales han rechazado la nueva ley, que, dicen, es un retroceso importante en el camino de este país centroamericano para lograr justicia para las víctimas de una sangría que dejó más de 70.000 muertos según organizaciones de derechos humanos.

La guerra civil se extendió de 1980 a 1992 y dejó algunos de los capítulos más terribles de vejaciones en el continente americano. Entre ellos destaca la matanza de El Mozote de 1981, cuando soldados del Batallón Atlácatl del Ejército salvadoreño asesinaron a al menos 986 personas en una operación que tenía como objetivo arrasar con la guerrilla izquierdista que combatía a la dictadura militar. Desde los acuerdos de paz firmados a inicios de los años noventa, las víctimas del conflicto han exigido una respuesta del Gobierno salvadoreño. “Lo que ha pasado es muy grave para toda la sociedad y nos causa mucho dolor”, dice a EL PAÍS Amanda Castro, cuyos padres fueron desaparecidos durante el conflicto.

Castro forma parte del Colectivo Vidas, conformado por supervivientes y familiares de víctimas de la guerra, y no esconde su enojo por la decisión de los diputados salvadoreños. Sus padres eran jóvenes estudiantes universitarios que se involucraron dentro de organizaciones de la entonces guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). El padre, Jorge Enrique Jiménez fue desaparecido en agosto de 1981 junto a otros nueve compañeros, en Honduras, por integrantes del Ejército de ese país. La madre, Lisbeth Castro, fue capturada en una estación de autobuses cuando se dirigía a la Universidad Nacional. Más tarde hombres de civiles y fuertemente armados la llevaron, con signos de tortura, a la casa familiar, donde realizaron un cateo. Luego Lisbeth fue desaparecida. Amanda tenía 14 meses. "Desde entonces estamos buscando justicia y no ha sido posible hallarla", dice.

La noche del miércoles el FMLN, ahora convertido en partido político de oposición, se abstuvo de votar por la legislación, que fue aprobada sin consultas. “Pero tampoco mostró una posición clara a favor de las víctimas”, acota Castro. “Su posición es pueril. Los diputados del FMLN también son cómplices”.

Entre los partidos que votaron la ley está la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), fundada en 1981 por Roberto d'Aubuisson, militar a cargo de los denominados Escuadrones de la muerte que sembraron el terror durante la guerra. La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había advertido el 25 de febrero que la legislación podría significar una “restricción del derecho a la justicia” y una “prescripción de facto para crímenes que, por su naturaleza y definición, son imprescriptibles”. Para el organismo, la conmutación de las penas “propicia la impunidad”.

El presidente Nayib Bukele, que hace dos semanas se enfrentó al Parlamento por la negación de este a votar un préstamo internacional para financiar su estrategia contra la violencia, anunció que vetará la ley. Las víctimas, sin embargo, tampoco confían en el controvertido mandatario. “Si el presidente veta la ley es importante, pero un presidente que tiene toda una práctica autoritaria y militarista. Tampoco es garantía de nada. Vamos a seguir luchando para que haya verdadera justicia”, dice Castro. Su esperanza, afirma, es que la Sala Constitucional del Supremo “se pronuncie con fuerza sobre esta ley que es un pacto de impunidad.”

Por Carlos Salinas Maldonado

México 27 FEB 2020 - 15:55 COT

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Lunes, 20 Enero 2020 06:03

Escuchar al perpetrador

Escuchar al perpetrador

Con la académica mexicana Karina García.

Conversó con 33 hombres que integraron las principales organizaciones criminales de su país, entre ellos sicarios y secuestradores, para intentar saber cómo se gesta la violencia del narco y cómo la piensan sus miembros. Para García, escuchar y analizar sus voces permite entender por qué fracasa la “guerra contra el narcotráfico”.

Karina G García es doctora en Ciencia Política y docente de la Escuela de Sociología, Política y Relaciones Internacionales y del departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Bristol. Su tesis doctoral Pobreza, género y violencia en las narrativas de 33 ex narcos: entendiendo la violencia del tráfico de drogas en México ganó el premio a la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Sociales y Leyes para el período 2018-2019 de esa universidad británica. En su trabajo, García entrevistó a 33 hombres que habían integrado algunos de los carteles y organizaciones delictivas mexicanas y que en ese momento asistían al centro de rehabilitación de la organización Cristo Vive, ubicado en el estado de Coahuila, en el norte de México. El texto indaga sobre las razones y las formas que, para estos hombres, adquiere la violencia y propone la adopción de enfoques distintos a la militarización a la hora de combatirla. Su trabajo académico1 hoy está dando la vuelta al mundo gracias a un resumen publicado en el sitio web del Centro de Investigación Periodística bajo el título “Por qué fracasa la ‘guerra contra el narcotráfico’” (Ciper, 3-I-20). Brecha conversó con García para saber más sobre sus hallazgos.

—En tu tesis identificás cuatro “dimensiones” de la violencia relacionadas con el narcotráfico. La primera de ellas tiene que ver con la violencia entendida como un oficio que se aprende y se perfecciona, pero también como un negocio. ¿Cómo explicás este enfoque?

—Creo que muchas veces nos enfrascamos en este discurso que viene de Estados Unidos, de esta guerra abstracta contra las drogas –se habla en abstracto de las “drogas” y en abstracto de los “carteles”–, sin pensar o entender realmente los diferentes tipos de violencia que existen. Muchos de mis entrevistados me explicaban que tenían un calendario establecido de a quién levantar2, a quién torturar, cómo torturarlo, cuánto tiempo torturarlo, a quién desaparecer, cómo desaparecerlo… Todo esto se sistematizaba. Esa lógica, de cualquier tipo de violencia como negocio, es la que creo que se sigue reproduciendo en algunos niños y jóvenes.

¿Cómo es posible que haya niños y jóvenes dispuestos a ganarse la vida a través de torturas, asesinatos, secuestros? Para mí eso se ha explorado poco. Es difícil, es complejo, pero para poder diseñar políticas de seguridad efectivas hay que entender cómo llega ese individuo a considerar la realización, no ya de una actividad ilegal como el tráfico de drogas, sino de estos actos violentos.

—En tu trabajo citás la idea del “capitalismo gore”, esta exacerbación del modelo económico neoliberal que, en contextos de pobreza, genera violencia extrema y da lugar a un emprendedor criminal que progresa dentro de la estructura del cartel.

—Definitivamente. Ligado al discurso sobre la pobreza que encontré –los hombres que entrevisté veían el mundo como un lugar hostil, la pobreza como una condición fija e inevitable–, los entrevistados se consideraban a sí mismos como personas desechables, sin futuro por delante. La única manera que veían para disfrutar su juventud, o los años que les quedaban de vida –porque asumían que iban a morir jóvenes–, era insertarse en la sociedad de consumo orientada al dinero. Entonces se preguntaban, ¿cuál es la manera real que tengo de insertarme en esta lógica? Bueno, es a través del narcotráfico, y uno de los trabajos que más paga ahí es el que involucra la violencia: torturar, secuestrar y desaparecer cuerpos.

—La segunda dimensión de la que hablás es la de la violencia como parte de las reglas del juego.

—En mi tesis cito algo que me dijo uno de mis entrevistados, algo que a mí me quedó muy grabado. Él era sicario, pero su trabajo también era torturar y desaparecer cuerpos. Cuando me estaba contando los detalles más sádicos de cómo torturaba a sus víctimas, yo trataba de justificarlo de alguna manera. Entonces le decía: “Bueno, pero tú estabas bajo el influjo de las drogas para hacer esto”, y él me decía: “No”. Y yo: “Bueno, pero era la parte de tu trabajo que casi no te gustaba”, y él: “No, era parte de mi trabajo”. Creo que él se dio cuenta de que yo trataba de justificarlo con mi propia lógica y me contestó con una pregunta: “¿Tú cuestionarías a un carnicero por matar cerdos o gallinas?” Para él, su lógica es “este es mi trabajo, punto, no lo cuestiono, así es”. Para mucha gente esto es incomprensible, pero cuando se observa esa lógica a través de sus historias de vida, a través de las experiencias que estos hombres han tenido, es mucho más entendible; no justificable, pero sí mucho más entendible. Estas personas no llegan a descuartizar o decapitar personas de la nada; nacen y crecen rodeados de muchísima violencia, de diferentes tipos de violencia: doméstica, de género, de pandillas; rodeados de mucha inseguridad, y aprendieron desde muy pequeños que la violencia es la única manera, no solamente de sobrevivir, literalmente, sino de ser respetados. Ser respetados en este contexto significa no ser molestados, no tener que defender su integridad física día a día. Cuando hablamos de la violencia del narcotráfico, para ellos tenía sentido porque esa lógica ya la tenían desde niños y jóvenes, porque impera en los barrios pobres, con las pandillas juveniles. La frase que más me decían era: “Cada quién se rasca con sus propias uñas”. Esa experiencia se traslada a su trabajo ya como narcotraficantes. Obviamente, en el narcotráfico los niveles de violencia y su sistematización son mucho mayores, pero esa lógica la mayoría de los entrevistados ya la traían desde niños.

—También hacés mención a una tercera perspectiva, que es la de la violencia como un divertimento. Algo que va en paralelo; por un lado, ellos lo viven como un trabajo, pero, al mismo tiempo, algunos te dicen que prácticamente se vuelven adictos a matar.

—Esa es otra dimensión de la violencia que se tiene que atacar, y, de nuevo, está ligada a sus experiencias de vida. Tener este control sobre la vida de otra persona los hace sentirse poderosos. Efectivamente, algunos confesaron que la violencia para ellos era como un hobby, un pasatiempo; mencionaban mucho la palabra “adrenalina”, decían que les daba mucha adrenalina todo este proceso de levantar a las personas, escuchar cómo sufrían. Es escalofriante, pero así era. ¿Por qué? Regreso a esta autodefinición de ellos mismos como personas desechables. Realmente creían que no había otra forma de ser respetados, que no había posibilidad de sobresalir en otro campo. Esto es muy importante, porque no se metieron al narcotráfico sólo por el dinero, sino también por el respeto; la dignidad que no tenían antes la obtenían a través del miedo y del dominio sobre la vida de otras personas.

—Por un lado, viven la violencia como un hobby, por otro, lo entienden como parte de las reglas del juego o como un negocio. Pero también muchos te dicen que pensaron repetidamente en suicidarse. ¿Cómo entendés vos esto? ¿Por qué tienen esa idea en la cabeza?

—Lo más importante, desde mi punto de vista, es que su vida diaria, desde muy pequeños, es en verdad insoportable. Desde que tienen uso de razón están rodeados de violencia. Muchos de los entrevistados contaban que sus padres eran extremadamente violentos. Imagínate crecer con ese miedo, con tanta inseguridad. En el núcleo familiar, que es donde se supone que te dan el apoyo para que salgas adelante, es donde menos apoyo tenían. No hay felicidad. Ese es otro punto muy importante; su único escape –y por eso ingresaron a las pandillas y empezaron a utilizar drogas desde muy pequeños– era drogarse y evadir la realidad. Esto va aunado a esta idea de que ya se sabe cómo van a terminar las cosas: asumen desde muy chiquitos, seis, siete, ocho años, que van a morir, ya sea de una sobredosis –porque la drogadicción es la manera en que la mayoría de los niños y jóvenes de sus entornos lidian con esa realidad tan cruda–, o en alguna riña callejera, o bien en alguna balacera. Esto se asume. Así como otras personas, en otros contextos, cuando crecen, asumen que van a estudiar una carrera, formar una familia. ¿Por qué? Porque es lo que les rodea. Ese día a día para mí es muy importante para entender cómo y por qué ellos se sienten desechables. Contestando a tu pregunta, morir es un alivio, porque ya no se tiene que lidiar con eso, con el sufrimiento que arrastran desde su niñez por el abuso de los padres y por esa falta de propósito, esa falta de dignidad. Aun en el narcotráfico –y esto me pareció muy interesante–, por más que intentaron, no lograron sentirse felices. Terminaron de una u otra manera como drogadictos, en las calles, muchas veces como vagabundos; muchos perseguidos por los carteles, en condiciones casi infrahumanas. Así es como llegaron al centro de rehabilitación.

—La cuarta perspectiva es la del “culto a la muerte”, el ritual. La violencia vista casi como un deber ante una entidad superior. ¿Cómo encaja esto con todas las dimensiones anteriores que planteás?

—Hay muy poca investigación al respecto, al menos en México, ya sea académica o periodística, pero, al parecer, por lo que vi en mis entrevistas, eso era una constante. Creo que es algo que todavía se hace en el cartel de Los Zetas, que de una u otra manera obligaba a sus integrantes a ser parte de este “culto a la muerte”. Para protegerse, no tanto para tener una vida digna, sino para tener una muerte digna, hacían este ritual con ofrendas, en el que ofrecían vidas a la santa Muerte. Las víctimas, muchas veces, eran personas inocentes, niños, jóvenes de la calle.

—Una de estas personas te contó que mató a un amigo porque se lo pidió la santa Muerte.

—Ellos creían firmemente que existe esta entidad, digamos, sobrenatural. Obviamente hay que contextualizar estas narrativas, porque durante su experiencia en el narco estas personas estaban bajo el influjo de varias drogas. Lo que dicen es que escuchaban una voz; esta persona dice: “No me acordaba, no sabía que lo había matado; me comentaron que, de la nada, agarré una pistola y le disparé”, y al que le disparó era uno de sus mejores amigos. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos no se excusaron por su violencia de ninguna manera, y por eso es que hice esta identificación de los tipos de violencia: como negocio, como reglas de juego, como hobby. Pero cuando se trataba del culto a la santa Muerte, ahí sí se veían como indefensos, no podían cuestionar a la santa Muerte; tenían que hacer lo que les pedía. Esos rituales involucraban cuestiones muy sádicas. No tengo más información al respecto, los participantes que pertenecían a estos carteles fueron los que me comentaron más. Pero, insisto, creo que se tiene que hacer más investigación sobre este tema, sobre todo en el contexto de desapariciones que tenemos actualmente en México, que es un problema gravísimo.

—En tu trabajo hacés referencia a la Guardia Nacional (GN) creada el año pasado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No terminás de verla como algo positivo o que pueda colaborar a solucionar el problema.

—Entiendo la idea detrás de la creación de este nuevo cuerpo policíaco. Entiendo la preocupación del nuevo gobierno, porque efectivamente existe mucha evidencia sólida de que había mucha corrupción en la Policía Federal, y ni se diga en las policías estatales y locales. Entiendo y, de cierta manera, apoyo esa iniciativa, pero se tendría que haber complementado con otras estrategias en paralelo. Hasta donde yo puedo ver, la GN no ha ayudado a disminuir la violencia, que incluso se ha incrementado; 2019 fue uno de los años más violentos en México.

Habrá que preguntarle al gobierno cuál es la estrategia. Para mí esa es la pregunta principal que hasta ahora no ha sido respondida por el presidente. ¿Qué se espera obtener? ¿Cómo esta nueva corporación ayuda a prevenir y disminuir la violencia del narcotráfico? Lo que yo trato de resaltar en el artículo es simple y sencillamente la importancia de la prevención, actuar más bien a través de políticas locales, de programas que ataquen los problemas de raíz. Hay que repensar las estrategias y, para poder repensarlas y que sean efectivas, hay que escuchar también a los perpetradores, y basados en esas experiencias empezar a diseñar nuevas políticas públicas.

  1.   Publicado originalmente en inglés como Poverty, gender and violence in the narratives of former narcos en www.bristol.ac.uk
  2.            En la jerga de los carteles, “levantar” refiere al secuestro de una persona.

Rafael Rey

17 enero, 2020

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Sábado, 21 Diciembre 2019 06:46

Assange acusa a EU de someterlo a espionaje

Assange acusa a EU de someterlo a espionaje

Madrid. El periodista y activista australiano Julian Assange acusó Estados Unidos de someterlo a espionaje y vigilancia ilegal durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, donde fue grabado y escuchado sin autorización. El experto informático, quien saltó a la escena política internacional con la filtración de cientos de miles de documentos clasificados a través de su plataforma Wikileaks, tuvo que pedir asilo político en la legación de Ecuador en Londres en junio de 2012.

Durante su declaración desde el tribunal de Westminster en videoconferencia, Assange señaló a la empresa española Undercover Global como cómplice del espionaje, por ser encargada de la seguridad privada de la embajada, y a su dueño, David Morales, quien fue detenido en septiembre y posteriormente puesto en libertad con medidas cautelares.

Assange reiteró ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que desconocía absolutamente que las cámaras de la embajada grabasen audio o que hubiese micrófonos ocultos en lugares como la base de PVC de los extintores. Agregó que sospechaba que lo vigilaban y que por eso mantenía reuniones en lugares inusuales de la embajada ecuatoriana, como los baños o habitaciones cerradas.

Su abogado también informó que Assange se encuentra en un estado muy precario de salud tras los años transcurridos desde que se refugió en la legación diplomática ecuatoriana y ahora en la prisión londinense, pero que confía en que la justicia española aclare el espionaje al que fue sometido por órdenes de Estados Unidos.

Uno de los argumentos que presenta la defensa de Assange para que se rechace su extradición es precisamente que se vulneraron sus garantías como preso y ciudadano al ser espiado en las conversaciones privadas con sus abogados.

Desde que se inició el proceso, la policía española rastreó la pista de Undercover Global, que está acusada de delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones abogado-cliente, así como de blanqueo de capitales. Según la querella, el propietario de Undercover llegó a encargar a su personal que robara el pañal de un bebé que visitaba regularmente a Assange para hacer una prueba de ADN de las heces del niño y averiguar si era hijo del activista, aunque la iniciativa se frustró porque trabajadores de la compañía alertaron a la madre para que el menor no volviera a la legación diplomática.

Undercover Global se hizo cargo de la seguridad en la embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018, periodo en el que Morales supuestamente experimentó un incremento patrimonial notable.En un principio, la seguridad, que fue subcontratada a su empresa, consistía en un circuito cerrado de cámaras sin sonido, pero, tras varios viajes a Estados Unidos, el empresario pidió a un grupo de empleados que instalaran cámaras con audio y con posibilidad de acceder a las grabaciones en tiempo real, y micrófonos ocultos para captar reuniones confidenciales de Assange.

En 2012, el gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correo le concedió el asilo político a Assange y años después la nacionalidad, por lo que permaneció recluido en la embajada hasta abril pasado, cuando el actual gobierno de Ecuador, de Lenín Moreno, le retiró el asilo político y la nacionalidad, con lo que la policía británica ejecutó de inmediato la orden de detención en su contra.

Por Armando G. Tejeda

Corresponsal

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Lula da Silva: "Yo ya probé que es posible construir un país mejor"

El expresidente de Brasil apuntó al actual mandatario y antagonista. "Tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

Escoltado por "brigadistas" del Movimiento de los Campesinos Sin Tierra Lula, Luiz Inácio Lula da Silva dejó la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba luego de 580 días de reclusión que lo convirtieron en el preso político más notorio del mundo. Eran las diecisiete y cuarenta y dos de un día histórico. "Lula guerrero, del pueblo brasileño" fue una de las consignas más repetidas por los militantes conmovidos de quienes el líder recibía abrazos, palmadas y palabras de aliento. Vistiendo saco y remera negros saludaba a sus compañeros con el gesto concentrado, probablemente escogiendo las palabras de su primera alocución en la que le apuntó a dos blancos preferenciales: Jair Bolsonaro y Sergio Moro. A ellos se refirió en el discurso pronunciado a unos cuantos metros del reclusorio policial y luego volvió a citarlos, durante un mensaje que envió desde el vehículo a bordo del cual dejó el evento acompañado por su novia Rosángela, con la que prometió casarse.

En el palco lo acompañaron la titular del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann y el ex candidato Fernando Haddad, su bendecido en las elecciones anómalas de octubre del año pasado, de las que fue proscripto.

"Salgo con mucha voluntad de volver a luchar".

"Vi en la televisión los datos del IBGE (Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas), después de que fui preso Brasil empeoró, el pueblo no tiene más trabajo, el pueblo trabaja en Uber, el pueblo trabaja en bicicleta para entregar pizza, y me enteré de que no va a haber aumento del salario mínimo por dos años, yo no tengo rabia de nadie, tengo la voluntad de probar que este país puede ser mucho mejor cuando tenga un gobierno que no mienta tanto como miente Bolsonaro por Twitter".

El diario Folha de San Pablo documentó que el mandatario miente o falsea datos una vez cada cuatro días desde que asumió en enero pasado. La última vez fue esta semana cuando anunció que tres multinacionales dejarían Argentina para instalarse en Brasil.

"Yo ya probé que es posible construir un país mejor, con más salario, con más calidad de enseñanza, yo tengo la convicción de que el pueblo pobre es la fuente para recuperar al país cuando se lo incluye en el presupuesto".

Citó al juez de Lava Jato, Sergio Moro, y el jefe de los fiscales de ese proceso, Deltan Dallagnol, incluyéndolos en "el lado podrido de la justicia, el lado podrido del ministerio público" conjurados para "criminalizar a la izquierda, al PT y a Lula".

El jueves el Supremo Tribunal Federal determinó por seis votos a cinco, que el exmandatario sea puesto en libertad durante una audiencia de casi ocho horas en la que no faltaron críticas, de algunos jueces, al "marketing" y los "abusos" de Moro y Dallagnol, funcionarios judiciales del interior proyectados a la escena nacional gracias a su condición de perseguidores de Lula.

Para ambos el fallo del Supremo significó una derrota considerable. Lo mismo cabe para Bolsonaro quien había prometido que su principal adversario político se iba a "pudrir en la cárcel". El regreso de su antagonista dejó sin palabras al dirigente ultraderechista que prefirió salir de Brasilia para encabezar un acto con cadetes de la policía federal en el estado de Goias. De aquí en más el presidente tendrá que enfrentar al único político capaz de galvanizar la oposición y plantarle cara.

Caravanas

Lula comenzó a delinear, en su primer discurso a cielo abierto, los puntos fuertes de su estrategia.

Necesitará calibrar la nueva realidad del país, de la disposición de lucha de los trabajadores, clases medias, estudiantes y las alianzas a ser construidas.

El Brasil actual no es el mismo del 7 de abril del año pasado cuando fue detenido con la complicidad del Supremo Tribunal Federal que esta semana permitió su excarcelación.

Este sábado volverá a San Bernardo do Campo para reencontrarse con sus compañeros del sindicato de los metalúrgicos a donde estuvo alojado hasta el momento de su detención por parte de efectivos de la policía federal. Allí se forjó como líder sindical en los años setenta antes de fundar el PT y lanzarse a la vida partidaria. Habrá que prestar atención a ese discurso y a los símbolos a los que eche mano este político sagaz. Su año y medio como preso político lo convirtieron en una leyenda y agigantaron su estatura internacional.

Se espera que en los próximos días o semanas retome las caravanas por el país suspendidas con su arresto. Fuentes del PT comunicaron que se adoptarán medidas de seguridad redobladas, y recordaron que el año pasado un convoy fue baleado mientras recorría el interior del estado de Paraná.

Desde su entorno dejan trascender la idea de construir un frente de fuerzas democráticas, en el que se contemplan incluso partidos de centro, para antagonizar con el régimen. Explican la importancia de impedir la deriva autoritaria a la que conduce Bolsonaro en su alianza con Moro, las "milicias" paramilitares y las corporaciones armadas aunadas para imponer manu militare un modelo neoliberal a la chilena. El propio Bolsonaro anunció haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para poner en alerta a las tropas a fin de responder a protestas como las que arrinconaron aSebastián Piñera. El chileno es uno de los pocos aliados latinoamericanos del ocupante del Palacio del Planalto.

Una de las preguntas surgidas por estas horas era si el jefe petista tendrá autorización judicial para asistir a la toma de posesión de Alberto Fernández el 10 de diciembre en Buenos Aires. A la que no irá Bolsonaro, convertido en un paria de la comunidad internacional.

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Domingo, 27 Octubre 2019 05:49

Nueva jornada de protestas en Barcelona

Manifestantes catalanes independentistas marchan el sábado en Barcelona.Foto Ap

Madrid. El movimiento independentista catalán se volvió a movilizar contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS), que dicto penas hasta de 13 años de cárcel a nueve de los principales dirigentes políticos que impulsaron la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017.

Unas 350 mil personas, según la Guardia Urbana, se volcaron a las calles en Barcelona con pancartas que decían: "Libertad".

Al finalizar la concentración hubo enfrentamientos, cuando jóvenes separatistas intentabaron llegar a la jefatura superior de policía de la Vía Laietana.

Los manifestantes mantuvieron su exigenia de libertad inmediata para sus dirigentes, y que puedan regresar al país los otros líderes que huyeron para evadir al tribunal español, entre ellos el ex presidente Carles Puigdemont, quien capitaneó el proceso fallido de secesión.

Se demandó respeto al derecho a la autodeterminación y se cantaron las habituales consignas contra el Estado español, la policía y los medios de comunicación.

El propio presidente de la Generalitat, Quim Torra, se puso al frente de la protesta para advertir una vez más que "la autodeterminación no tiene retorno".

Torra, además, se reunió con representantes de 800 municipios catalanes, todos separatistas, para insistir en que su camino hacia la secesión es imparable e inminente.

"Nuestro compromiso con la autodeterminación ya no tiene retorno. El rechazo a la represión y a la sentencia debe ser implacable. Pero no es suficiente: ahora más que nunca no podemos desfallecer, pues estamos en un momento clave. Sólo juntos tendremos la fuerza suficiente para acabar lo que empezamos."

Miles se movilizan con Vox

En Madrid, el partido de extrema derecha Vox organizó un encuentro multitudinario en la Plaza de Colón, donde acudieron miles de personas al llamado de defender la "unidad de España" y pasar a la ofensiva contra el secesionismo catalán, con reiterados mensajes a favor de encarcelar a todos los dirigentes políticos nacionalistas y hasta de proscribir a los partidos que defiendan la independencia.

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Sábado, 19 Octubre 2019 06:18

Medio millón de catalanes sale a la calle

Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes. Imagen: EFE

La contundencia y unanimidad del rechazo civil a las sentencias contrastó con la fractura que se percibe entre las fuerzas políticas soberanistas.

 

El movimiento independentista de Cataluña realizó su manifestación más multitudinaria y pacífica este viernes en una huelga general que coincidió con la confluencia de cinco columnas de manifestantes que partieron el martes desde diversas ciudades catalanas para concluir en Barcelona.


Más de 500 mil personas se reunieron en la capital de la comunidad para rechazar la sentencia que condenó por sedición a los dirigentes independentistas que organizaron el referéndum ilegal de octubre de 2017. Entre ellas, numerosos estudiantes que se adhirieron al paro, y, en menor medida, funcionarios, trabajadores y comerciantes.
La contundencia y unanimidad del rechazo civil al juicio que condenó a los dirigentes independentistas contrastó con la fractura que se percibe en estos últimos días entre las fuerzas políticas soberanistas.


La promesa del presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, de celebrar un nuevo referéndum durante su mandato abrió grietas con sus socios de Esquerra Republicana de Catalunya, y sumó pedidos de dimisión de parte del Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista Catalán.  El líder del Gobierno regional camina en la cuerda floja. Por un lado, busca mantenerse dentro del marco de la ley para evitar que se intervenga la región y, por otro, no puede ocultar que los disturbios alimentan la épica de la confrontación entre el independentismo y el Gobierno español.


El presidente del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, reafirmó una vez más que su apuesta es por la proporcionalidad, y no lo que reclama la oposición que es intervenir el Gobierno catalán o aplicar la Ley de Seguridad Nacional para hacerse con el control de la policía autonómica. “Creo que estamos en un momento en el que la moderación y la ponderación de las medidas contribuyen a calmar los ánimos, a reconducir las situaciones y, por tanto, eso es lo que hace el Gobierno de España”, dijo el mandatario socialista en rueda de prensa desde Bruselas.


La postura de Sánchez pasa también por no oponerse a las cientos de miles de personas que durante esta semana han manifestado su rechazo a la sentencia de forma pacífica. El problema es que los disturbios y los choques con la policía regresaron esta tarde, y prometen extenderse. El ministro del Interior en funciones advirtió que la noche de este viernes llegarían grupos “radicales” del País Vasco y del extranjero para participar de las protestas. “Estamos ante una situación de violencia minoritaria, pero muy organizada”, dijo Fernando Grande-Marlaska, para restarle trascendencia.


Ciudadanos y Partido Popular no piensan igual. Albert Rivera comparó el incendio de coches y los destrozos de la noche del miércoles con Bagdad y Alepo, para luego exigir la intervención del Gobierno catalán que dirige Torra. La dirigente del PP, la argentina Cayetana Álvarez de Toledo se enfrentó a manifestantes en Barcelona, para decirles que la huelga era “golpista” e “inútil”.


En paralelo, la Audiencia Nacional ordenó el cierre de la web de Tsunami Democratic que el movimiento independentista utilizaba para coordinar las protestas, y que, presuntamente, planificó la paralización del Aeropuerto de El Prat el lunes. La investigación que se abrió es por el delito de “terrorismo”.


En este contexto, las perspectivas del Gobierno español de que la tensión disminuya no parecen tener mucho fundamento. Este sábado, la organización Òmnium Cultural, cuyo presidente fue condenado en el juicio, convocó una nueva marcha en Barcelona. Otro marco en el que pueden germinar los disturbios que hemos visto estos días. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, convocó otra marcha para el domingo con el lema de “Basta Ya, Justicia y Convivencia”, para oponerse a que Torra les diga “lo que tienen que hacer”.


El marco en Cataluña es impredecible, y las multitudinarias manifestaciones pacíficas de este viernes recuerdan que, cuando pase la tensión, la política volverá a estar en el centro de la solución, o del problema.

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Arranca un juicio clave para el futuro de Lula

La máxima corte de Brasil deberá resolver si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

La liberación del líder opositor y ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros presos por corrupción en la Operación Lava Jato puede definirse a partir de mañana cuando el Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, resuelva si es constitucional que siga detenido alguien que no fue condenado en todas las instancias judiciales.

El juicio, que podría prolongarse durante más de una sesión, es de extrema complejidad jurídica y hasta política, pues puede suponer la libertad de hasta 190,000 de las 800,00 personas que forman la población carcelaria de Brasil, incluyendo una decena de empresarios y políticos condenados por la operación Lava Jato contra la corrupción, que para muchos de los brasileños permitió castigar por primera vez a los poderosos.

La expectativa de la prensa es que por 6 a 5 la Corte elimine el artilugio legal creado en 2016 por el propio tribunal al calor de la popularidad del entonces juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, de que la detención era obligatoria tras una condena en segunda instancia, sin pasar por todo el proceso en todos los niveles. El presidente del Supremo Tribunal Federal, Antonio Dias Toffoli, convocó para mañana a debatir la crucial cuestión, que está detenida desde el año pasado y provoca tensión en el debate político, sobre todo por parte de los bolsonaristas.

El autodenominado filósofo Olavo de Carvalho, gurú de la extrema derecha brasileña y de la familia Bolsonaro, declaró sobre el juzgamiento: "Sólo una cosa puede salvar al Brasil, la unión indisoluble entre pueblo, presidente y Fuerzas Armadas". El empresario Allan dos Santos, amigo de la familia presidencial y creador de un blog ultraderechista referencia mediática del gobierno llamado Terça Livre, sostuvo que el establishment y el pueblo no permitirán "una soltura en masa".

La constitución brasileña sostiene que nadie puede ser detenido -salvo que signifique un peligro social o acusado de asesinatos o violaciones- sin que haya sido juzgado por todas las instancias. En 2016, la Corte aceptó un pedido de la Operación Lava Jato para que se detengan a los condenados con fallo de cámara, lo cual continúa en vigor y permitió la detención del líder del Partido de los Trabajadores (PT) el 7 de abril de 2018 tras haber sido condenado por Moro.

Lula, su ex jefe de gabinete José Dirceu, el ex director de Petrobras Renato Duque y otros 5.000 detenidos, una veintena de Lava Jato, pueden beneficiarse con el fallo de la corte. El caso del ex presidente es el que llama la atención en la esfera política, ya que su encarcelamiento lo quitó de la lista electoral vencida por Bolsonaro en octubre pero toda la credibilidad de Lava Jato quedó afectada a raíz de que se revelaron las conversaciones de Moro y los fiscales conspirando contra el PT.

Durante tres meses, el sitio The Intercept Brasil reveló junto con grandes medios asociados a su investigación la trama secreta de Lava Jato, sobre todo a partir del chat del app Telegram del fiscal federal Deltan Dallagnol. Lula, condenado a 8 años y 10 meses de prisión, puede salir actualmente porque ha cumplido un sexto de la pena pero rechazó el beneficio ya que espera ser absuelto por las altas cortes.

Esto está en juzgamiento en el Supremo Tribunal Federal, que tiene 'dormido' un habeas corpus de Lula buscando que se declare parcial a Moro, convertido en uno de los principales dirigentes de la llamada nueva derecha y que disputa con su jefe Bolsonaro las intenciones de voto para las presidenciales de 2022. 

Es clave en el Supremo Tribunal Federal la posición de la jueza Rosa Weber, quien el año pasado rechazó en un 6-5 contra Lula un habeas corpus, horas después de que el jefe del Ejército de entonces, general Eduardo Villas Boas, amenazara por Twitter con una intervención militar. Hoy Villas Boas es asesor personal en el gobierno del presidente Bolsonaro y su nombre es vivado por los bolsonaristas que se programaron para protestar contra el STF y pedir el juicio político de sus miembros en caso de que la Operación Lava Jato sea deshilachada.

La Operación Lava Jato específicamente recibió un duro revés de la Corte el mes pasado, tras la anulación de dos sentencias dadas por Moro por error de procedimiento al negarle a la defensa acceso a las delaciones premiadas que fueron claves para dictar condenas. Todo el sistema de Lava Jato está bajo revisión en la Corte, lo cual genera amplias tensiones entre los llamados 'bolsonaristas-lavajatistas". El espacio oficialista vive una división en el gobernante Partido Social Liberal por la investigación contra sus dirigentes, enfrentados con el presidente.

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Reclusos del EPCAMS de San Isidro. Popayán, demandan alimentación adecuada

Señor teniente coronel Darío Antonio Balen Trujillo

Director Del Establecimiento Penitenciario “EPCAMS” de San Isidro. Popayán

Acudimos a usted con el derecho de petición basado en el artículo 23 de la C.N de la C.C.A. Nosotros los privados de la libertad de este penal nos dirigimos a usted con el fin de manifestarle con mucho respeto, mediante el derecho de petición, nuestra inconformidad en cuanto a la vulneración y violación del suministro de nuestros alimentos.

Nosotros los reclusos: Luis Aníbal García Gómez, Leonardo Fabio Vásquez Ceballos, Carlos Mario Kerkelen, Yeiner Andrés Zapata Rueda, Luis Eduardo Higuita López, Cristian Camilo Higuita Giraldo, Luis Gerardo Flor, Hernán Darío Ardila Mora, Alejandro Ríos, actualmente recluidos en el pabellón 6 de este penal.

Le queremos informar que el día viernes 27 de septiembre del presente año nos vimos obligados a realizar una protesta pacífica en la que nos rehusamos en recibir la alimentación que suministra el consorcio alimenticio encargado del penal, dicha protesta se hizo con el fin de exigir un buen trato en el ámbito alimenticio ya que en ocasiones no cumplen con la línea exigida en base a la alimentación.

Señor Kemer Ramírez Cárdenas

La presente es con el fin y el buen deseo que tenemos, que nos brinden una mejor atención en los alimentos y en una proporción adecuada.

Ya que la misma está estipulada en el cumplimiento de la ley tal como lo interpone la Corte Suprema en uno de los aspectos que contribuyen a la protección y garantía de los derechos de la vida, la salud y la integridad de los reclusos. Hacemos énfasis en el suministro de una alimentación sana, adecuada y suficiente, pues se observa el deterioro de víveres, cantidad, calidad y valor nutricional. El desperfecto y pasado de tiempo de los alimentos ha provocado la aparición de enfermedades en los internos debilitando en cada uno el sistema inmunológico y daños intestinales en el organismo e incluso en casos de ausencia total. Se podría considerar esto como una modalidad de tortura o maltrato en contra de lo previsto en la constitución y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Además el estado tiene el deber constitucional de proporcionar a los reclusos la alimentación adecuada y suficiente en mejores condiciones de higiene garantizando así la protección de los derechos y la integridad de los reclusos. Usted bajo su cargo condicional podrá también autorizar el suministro de una alimentación especial de acuerdo con los requerimientos médicos de cada interno.

Tenga en cuenta que por la mala alimentación ya tenemos en el pabellón penitenciario 17 personas enfermas entre el 26 al 28 de septiembre del presente año, sin contar con que también hayan enfermado en los demás pabellones, esto debido al suministro de un pollo descompuesto y en malas condiciones que suministro la señora Alicia Bejarano, encargada del Copast o Uspec.

Por este medio explicito queremos sugerir que no se viole más la integridad y la dignidad como seres humanos ,que se respeten los derechos fundamentales y constitucionales teniendo en cuenta que de una sana y buena alimentación balanceada depende mucho la salud de todo ser humano. No siendo más en el escrito ,agradecemos su mayor interés y disposición en el asunto ,porque aunque reconocemos que estamos pagando penas justificables merecemos un trato digno en el ámbito social .Esperamos de su parte una pronta y favorable respuesta..

Muchas gracias.

Atte. Reclusos del pabellón

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Miércoles, 09 Octubre 2019 06:46

Uribe en el banquillo de los acusados

Uribe en el banquillo de los acusados

En un giro judicial inesperado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, declaró hoy ante la Corte Suprema en un proceso judicial inédito en la historia de su país. En un giro judicial inesperado Uribe pasó de acusador a acusado. Había iniciado un proceso contra Iván Cepeda, político de izquierda, al que acusaba de manipular testigos es su contra. Pero la Corte no avanzó en ese sentido y, por el contrario, acusó Uribe de esos cargos. Es la primera vez que un expresidente colombiano responde ante la Corte Suprema.

El Palacio de Justicia de Bogotá amaneció rodeado por un fuerte operativo policial. Hasta allí se acercó el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) franqueado tanto por grupos de seguidores como contrarios a su figura. Lo esperaba la Corte Suprema de Justicia para testificar en las causas que ayer lo tenían como denunciante.  Es que en 2012 Uribe presentó una denuncia contra el senador de izquierda Iván Cepeda. El expresidente y senador desde 2014, sostiene que Cepeda -uno de sus mayores adversarios políticos- contactó a ex paramilitares presos para que lo involucraran en actividades criminales de grupos de ultraderecha, que combatieron a sangre y fuego a las guerrillas izquierdistas. Pero la Corte Suprema se abstuvo de enjuiciar a Cepeda y en cambio decidió abrir este año la investigación contra el exmandatario bajo la misma sospecha: manipular testigos contra su opositor y tratar de cambiar las declaraciones que lo comprometen con paramilitares.

De ese modo, se abrieron dos investigaciones contra el ex presidente de Colombia. Una por presionar a ex paramilitares para que hablaran en contra de Cepeda. Otra por presionar al ex paramilitar Juan Guillermo Monsalve. Según algunos de los testigos del caso, Uribe y su hermano Santiago ayudaron a fundar en los años 90 el Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Monsalve formaba parte de este grupo armado. El ex paramilitar le aseguró a Cepeda que en "Guacharacas", una hacienda propiedad de la familia de Uribe en el departamento de Antioquia, al noroeste de Colombia, se planearon matanzas que luego cometieron esos escuadrones. Declaraciones que fueron negadas por el ex mandatario.

Más tarde, Monsalve redactó en prisión una carta que hizo llegar a la Corte Suprema de Justicia en la que se retractaba de lo dicho. Pero al final anotó que lo hacía "bajo presión". Se sospecha que la carta fue producto de la presión del abogado penalista Diego Cadena, conocido por haber defendido a narcotraficantes. También es señalado de haber visitado cárceles para convencer a ex paramilitares presos de declarar a favor de Uribe. Según el expediente, Uribe habría intentado influir en el testimonio de Monsalve para que se retractara de los señalamientos en los que lo vincula con el nacimiento de las AUC.

Uribe tiene más de medio centenar de procesos abiertos por diferentes delitos, en su mayoría por supuestos vínculos con paramilitares y complicidad en masacres. Catorce de ellos están en manos de la Corte Suprema. Es el líder del partido Centro Democrático, que llevó al poder al actual presidente de Colombia, Iván Duque. Actualmente ocupa el cargo de senador, que obtuvo en las elecciones de 2014, y encabeza la campaña al lado de sus candidatos para los comicios del 27 de octubre donde se elegirán alcaldes y gobernadores.

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