Jueves, 03 Octubre 2019 06:26

“La Merlano”

“La Merlano”

Aída Merlano Rebolledo es la protagonista del penúltimo capítulo del realismo mágico colombiano.

Sin entrar a valorar su calidad como política, como actriz “la Merlano” parece tener un futuro prometedor. La excongresista barranquillera estaba presa en la cárcel del Buen Pastor de la capital colombiana cumpliendo una condena de quince años por fraude y compra de votos. El uno de octubre tenía una cita en un centro médico de Bogotá y, cual actriz de película, tal vez una comedia de Dago García, huyó deslizándose por una cuerda desde el consultorio situado en el segundo piso hasta la calle. Ahí la esperaba una persona al mando de una motocicleta a la que tranquilamente se subió de parrillera y se marchó del lugar como si tal cosa mientras intentaba colocarse el casco reglamentario.

No necesitó de los poderes de la capitana Marvel ni del ajustado disfraz de Catwoman, elegantemente vestida de blanco se escapó sin un tiro y sin más efectos especiales que atar una soga a un mueble de la consulta odontológica y dejarse caer hasta el suelo. Por cierto, las informaciones indican que el médico de la clínica odontológica de la que escapó es un oficial del ejército retirado.

Parece ser que la cita médica no era por ningún problema bucal, sino para uno de esos tratamientos de cirugía estética tan de moda en los que te construyen la sonrisa. Gran sonrisa la que se le habrá dibujado sin necesidad de intervención quirúrgica y gran cara de asombro y estupidez la de quienes estaban encargados de su custodia.

De momento, el papel protagonizado por la política metida a actriz, o viceversa, ya se ha cobrado las tres primeras víctimas en la figura del director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), un general de la Policía, y de la directora y la subdirectora del centro penitenciario en el que “la Merlano” cumplía su condena. Los papeles de estas tres personas serán cubiertos por otros actores que no permitan que se cambie el guion sin conocimiento de la dirección.

La abogada Merlano ascendió rápidamente en la escala social de la política, pasando de líder barrial que busca votos a senadora del Congreso de la República por el Partido Conservador hasta convertirse en la primera congresista del país en ser condenada por compra de votos.

Según el periódicoEl Espectador la fuga de Aída Merlano Rebolledo favorece a las “casas políticas de los Char y los Gerlein” y a otros personajes de la costa atlántica que habrán recuperado la calma al saber que alguien que podía declarar en contra de sus manejos políticos ya no está encarcelada.

Como cualquier película de fugas que se precie, la excongresista ya ha conseguido que se ponga “precio a su cabeza” y se ofrecen 50 millones de pesos colombianos por información sobre su paradero.

El mismo día de su huida, la ahora prófuga de la Justicia había concertado cita con su abogado y con la Fiscalía para solicitar una reducción de pena a cambio de colaborar con la Ley. Para hacer esta película más increíble, se dice tenía comprado un pasaje aéreo para una isla caribeña. Supongo que a alguna de las que no tenga tratado de extradición con Colombia.

Hasta los medios El Espectador y Caracol han elegido como protagonista de su habitual consulta virtual a esta actriz de la política al preguntar a sus lectores y televidentes “¿Cree que Aída Merlano será recapturada?”. La sabiduría popular piensa mayoritariamente que NO, un 63,94 % de los ocho mil doscientos ochenta votos emitidos hasta las 22:00 horas del 2 de octubre así lo confirman.

El cierre a esta comedia es que una gran parte de esa misma población terminará convirtiendo a “la Merlano” de política mediocre en actriz secundaria y finalmente en heroína popular. Bienvenidas y bienvenidos, esto no es Colombia magia salvaje sino puro realismo mágico.

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Martes, 01 Octubre 2019 05:55

Y Lula dice no a la trampa

Y Lula dice no a la trampa

No hubo sorpresa, y se abrió un ventanal de expectativas a partir del anuncio de Lula, divulgado en la tarde de hoy a través de una carta manuscrita, de que no acepta pasar al régimen semiabierto, como lo solicitaron los fiscales de la ‘Operación Lava Jato’.

Para Lula, lo único aceptable es que sea declarado inocente. Nada más le interesa.

Reiterando lo que dice desde que fue condenado en un juicio claramente manipulado, Lula escribió que no cambia su dignidad por su libertad.

 ‘Lo que los fiscales realmente deberían hacer es pedir disculpas al pueblo brasileño, a los millones de desempleados y a mi familia, por lo mal que hicieron a la democracia, a la Justicia y al país’, disparó, para luego reivindicar que ‘frente a las arbitrariedades cometidas por los Fiscales y por Sergio Moro, le toca ahora a la Corte Suprema corregir lo que está mal, para que haya Justicia independiente e imparcial’.

Con lo que Lula anticipó ayer, sin esperar la decisión de la jueza encargada de su caso, Carolina Lebbos, el esfuerzo llevado a cabo por los fiscales encabezados por Deltan Dallagnol cae por tierra. La idea era cambiar el régimen de prisión de Lula antes de que la Corte Suprema adopte alguna decisión, digamos, más radical.

Al mismo tiempo, Lula abrió espacio para una discusión jurídica con poquísimos precedentes: ¿puede un preso rehusarse al cambio de régimen de prisión previsto en la ley?

Hay divergencias sobre si se trata de una determinación o una concesión legal. Son poquísimos antecedentes de presos que se rehusaron a la mejora de las condiciones de prisión y cuando ocurrieron han sido siempre bajo el argumento de temer por su vida en caso saliesen de la cárcel.

Juristas recuerdan que lo que el preso puede es negarse a aceptar condiciones impuestas por el magistrado responsable, como la obligación del uso de una tobillera electrónica.

La decisión de Lula presiona a todos los involucrados: si le impone el uso de la tobillera, Carolina Lebbos concede la posibilidad de que él se niegue a acatarla. Con eso se justificaría su permanencia en prisión y, a la vez, se aseguraría espacio para que siguiese exigiendo la anulación del juicio que lo condenó.

Pero si no hay imposición alguna y se lo fuerza a pasar al régimen semiabierto o, en caso extremo, a prisión domiciliaria, Lula dirá que se vio obligado a aceptarla por respeto a la ley, mientras seguirá luchando hasta que se haga justicia y él logre probar su inocencia.

A la vez, Lula impuso nueva presión sobre el Supremo Tribunal Federal, cuya omisión lo transformó en cómplice de todas las irregularidades cometidas por el entonces juez Sergio Moro y los fiscales por él teleguiados.

La defensa de Lula reivindica que se declare sospechosa la conducción del juicio a Lula, con énfasis en las conductas de Sergio Moro y Deltan Dallagnol. También ingresó con un pedido de hábeas corpus favorable al ex presidente declarando la parcialidad de Moro, pidiendo la anulación del juicio y la inmediata liberación de Lula.

La suma de todos esos movimientos indica que la jugada de Lula no es exactamente arriesgada, ya que él no tiene mucho que perder.

Al contrario, ha sido una jugada magistral. Al negar un beneficio insistiendo que no acepta otra cosa que ser declarado inocente, refuerza su discurso de siempre. Si le imponen el beneficio, dirá que él sí, respeta la ley, al contrario de sus verdugos.

Con eso, aumenta y mucho la presión sobre los integrantes de la hasta ahora muy omisa Corte Suprema brasileña.

Ahora, a ver cómo se portan los integrantes de la instancia más elevada de la Justicia en Brasil, si con o sin dignidad.

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Sábado, 28 Septiembre 2019 05:05

Los fiscales piden excarcelar a Lula

Los fiscales piden excarcelar a Lula

La defensa hablará con el ex presidente el lunes para conocer su posición con respecto a la solicitud de la fiscalía. 

Los fiscales de la Operación Lava Jato en el estado de Paraná pidieron hoy a la jueza Carolina Lebbos, responsable de la ejecución penal de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, que el ex presidente brasileño pase a un régimen semiabierto. Según la petición, Lula ya habría cumplido una sexta parte de la sentencia que había recibido del Tribunal Supremo (STJ) y, en consecuencia, puede dejar el régimen cerrado, informó el portal uol.com.br. 

El pedido de los fiscales se hizo un día después de que el Supremo Tribunal Federal de Brasil concluyera que el exjuez Sergio Moro, quien había condenado a Lula,  violó el derecho de defensa en decenas de condenas, al permitir que los arrepentidos ampliaran sus denuncias después de los alegatos finales de los imputados, lo cual llevaría a una revisión de todo lo actuado en el caso Lava Jato. El ex presidente ha estado encarcelado en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba desde abril del año pasado. Tras la solicitud de los fiscales, la defensa del líder del Partido de los Trabajadores (PT)  dijeron que éste "tomará su decisión sobre el asunto." 

Según una nota firmada por el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, la defensa hablará con el ex presidente el próximo lunes 30 para conocer su posición con respecto a la solicitud de la Fiscalía Federal. 

Lula cumple actualmente una pena de ocho años y diez meses de prisión, ratificada en tres instancias diferentes, por los delitos de corrupción pasiva y blanqueo de capitales, tras haber sido hallado culpable de recibir un apartamento en el balneario paulista de Guarujá a cambio de favores políticos a la constructora OAS.

Sobre Lula ya pesa otra condena a otros doce años y once meses de cárcel en un caso muy similar, con una finca en Atibaia (interior del estado de Sao Paulo), que supuestamente fue entregada como coima, pero la sentencia fue dictada hasta ahora en primera instancia y aún no confirmada en la segunda. El exgobernante tiene otros procesos abiertos en la Justicia por igualmente asuntos de corrupción.

El expresidente siempre ha declarado su inocencia y que es víctima de una "persecución judicial" que busca evitar su regreso al poder. El lunes pasado Lula desistió  del beneficio de ir al régimen semiabierto al que tenía derecho por progresión de la pena y optó por un pedido de restablecimiento pleno de su libertad.

"El expresidente Lula está consciente de su derecho de pedir la progresión de régimen, pero optó por no presentar el pedido porque busca el restablecimiento de su libertad plena", señaló en un comunicado el abogado  Martins.

De acuerdo con el abogado defensor, Lula pretende "el reconocimiento de que fue víctima de procesos corrompidos por nulidades, como la sospecha de (parcialidad) del exjuez Sergio Moro", actual ministro de Justicia del Gobierno del presidente Jair Bolsonaro y quien condenó a Lula.

La semana pasada, un juez de Brasil rechazó la denuncia presentada por la Fiscalía contra el expresidente y su hermano José Ferreira da Silva, conocido como Frei Chico, en un caso por el supuesto pago de sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

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Miércoles, 18 Septiembre 2019 06:41

El Gulag americano

El Gulag americano

Alexander Solzhenitsyn escribió Archipiélago Gulag entre 1958 y 1970. Es una investigación literaria basada en la experiencia del escritor sobre los campos para trabajos forzados en la ex Unión Soviética. El Gulag era el acrónimo de la dirección central de administración de los campos que operó entre 1930 y 1960. El término se popularizó al publicarse el libro de Solzhenitsyn en 1973: el escritor comparó el sistema de campos con un archipiélago desparramado por todo el territorio de la ex Unión Soviética en el que cada campo era una isla de infamia y represión política.

Hace varios años el archipiélago Gulag llegó al continente americano. Más precisamente, llegó a Estados Unidos, que de todos los países del mundo es el que más reos tiene en su sistema carcelario. La población china es de mil 400 millones de personas, pero en su sistema penitenciario tiene aproximadamente 1.6 millones de personas. En cambio, Estados Unidos, con una población de 320 millones tiene en sus cárceles federales, estatales y locales más de 2.2 millones de personas. El archipiélago del Gulag original tenía en 1953 (año en que murió Stalin) 2.3 millones de presos.

Estados Unidos cuenta con cerca de 5 por ciento de la población mundial, pero es responsable de 25 por ciento de la población mundial encarcelada. Y es que el sistema carcelario en Estados Unidos tomó un giro extraordinario desde la década de los años 1970, cuando la población en prisión comenzó a crecer a un ritmo alarmante.

Pero el Gulag estadunidense tiene su propia sello, el de los negocios. Con esos números tan impresionantes de gente tras las rejas, no sorprende que el capitalismo haya visto buenas oportunidades de rentabilidad. Por eso la privatización de cárceles en Estados Unidos (que ya tenía una larga tradición) tomó gran impulso en los años 1990. Hoy cerca de 19 por ciento de los reos en ese país se ubica en prisiones administradas por una empresa privada comercial.

Las cárceles privadas son un gran negocio. A las empresas privadas administradoras de prisiones el gobierno federal otorga un subsidio de 23 mil dólares anuales por reo (el salario mínimo es de 15 mil dólares anuales). Y si las celdas están vacías, el gobierno otorga el mismo subsidio. Las tres principales empresas en el negocio de la administración de cárceles son CoreCivic, Geo Group y MTC y sus ganancias han crecido exponencialmente en los años recientes. Por ejemplo, la primera de estas dos empresas vio aumentar sus ingresos de 280 millones a más de mil 700 millones de dólares entre 2000 y 2017 (un aumento de más de 500 por ciento). La industria de las cárceles privadas percibe un ingreso estimado de 5 mil millones de dólares anuales. No sorprende entonces que esas empresas reciban generosos créditos de Wells Fargo, Bank of America, JP Morgan y US Bancorp.

Estas empresas invierten mucho dinero en cabildear en el Congreso estadunidense para que esta política de privatización no sólo no se termine, sino que siga creciendo. Aunque aquí los datos son más difíciles de obtener, una organización en Estados Unidos encontró que entre 1999-2010 CoreCivic destinó 1.4 millones de dólares para cabildeos a nivel federal. Claro que a estas empresas lo que realmente conviene es que la población encarcelada siga aumentando. Y para eso se necesitan leyes más severas, con condenas más largas para todo tipo de delitos y con esquemas de libertad bajo palabra más difíciles de alcanzar. Más reos y condenas más largas, es la receta para mayores ganancias de estas empresas privadas. Y para reducir costos en esta nueva aventura del capitalismo, lo importante es una mezcla de mala alimentación y pésimos servicios de salud. Todo condimentado con abusos de todo tipo y violencia generalizada.

La población carcelaria dice mucho sobre la sociedad estadunidense. Un ciudadano afroamericano tiene seis veces más probabilidades de ir a la cárcel que sus congéneres blancos. El racismo del sistema carcelario es un reflejo de lo que sucede en el país que tanto alaba la libertad.

En 2014 varios informes sobre los alarmantes índices de violencia en las cárceles privadas condujeron a llamados para reformar y eliminar esta privatización del sistema carcelario. Se aprobaron algunas reformas con Obama pero estos cambios sólo afectaron las prisiones federales. Y con la victoria electoral de Trump se revirtió esta incipiente tendencia y hasta se produjo un fuerte incremento en el valor de las acciones de Geo Group y CoreCivic.

En el verano de 2018 los reos en Estados Unidos lanzaron un movimiento de protesta a escala nacional. Huelgas de hambre y actos de desobediencia que fueron duramente reprimidos pudieron por fin romper el cerco de incomunicación. Hoy el debate electoral ha comenzado a centrarse sobre el tema de la reforma penal y carcelaria en Estados Unidos. Habrá que ver si esta nueva edición del archipiélago del Gulag puede desaparecer. Quizás sólo en el país del capitalismo más avanzado podía surgir tan perversa confusión entre represión penal y negocios privados.

Twitter: @anadaloficial

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Domingo, 11 Agosto 2019 05:31

Suicidio de Epstein beneficia a Trump

Al centro, Jeffrey Epstein (✝) durante una audiencia en una corte de Florida en 2008.Foto Ap

Conveniente "suicidio" de Jeffrey Epstein ante su juicio por pedofilia que implica a Trump.

Jeffrey Epstein ya había sufrido un premonitorio "desmayo" en su celda. Su conveniente "suicidio" salva muchas honras en el Olimpo del poder de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Cuatro días antes, Wayne Madsen (WM) –ex funcionario de National Security Agency (NSA) y especialista en espionaje electrónico– opinó que el inicio del juicio de Epstein en el verano de 2020, en pleno paroxismo de la campaña electoral, descarrilaría la relección de Trump (bit.ly/2ZH5qUh).

Ya había abordado en tres artículos los avatares del hoy occiso: 1.“Pedofilia cupular del multimillonario J. Epstein: Casa Blanca/Virgin Island/Israel (bit.ly/2XIePOB)”; 2. “Caso Epstein de pedofilia cupular: renuncia Acosta, secretario del Trabajo de Trump (bit.ly/2xXTfGB)”; y 3. “Peter, sobrino de George Soros, en la ‘lista negra’ del pedófilo Epstein (bit.ly/2YZ9y0x)”, donde afloran sus connivencias eróticas con la "élite" política y empresarial de Estados Unidos y la Casa Real Británica.

WM expurgó el juicio escabroso de 2006 “Jane Doe contra Jeffrey Epstein y Donald Trump, (bit.ly/2YQLCxt) y (bit.ly/2YBQABT)”, que alega la violación en 1994 de una niña de 13 años en la mansión de Manhattan de Epstein, lo cual se acumulaba a las pestilentes aventuras del multimillonario en Florida/Nueva York/Nuevo México/Islas Vírgenes con metástasis sexuales en Francia y México (¡mega-sic!).

Lo mas explosivo se centra en que "la demanda federal en Estados Unidos contra Epstein está programada para empezar durante el verano de 2020 justo a la mitad de la campaña presidencial de Estados Unidos", cuya evidencia arroja "¡más de un millón de paginas!", que "afectará el resultado de la elección".

A juicio de WM –quien reveló los vínculos del mega-especulador George Soros con la CIA (goo.gl/F6h7sC) y (goo.gl/bqLJn4)–, la estrecha relación de Trump con Epstein “puede ser la razón por la cual varios republicanos de la Cámara de Representantes no competirán: "lo que se esperaba una derrota de los republicanos en 2020 puede ser un tsunami si el juicio de Epstein produce la esperada información explosiva de los residentes (sic) multimillonarios en la isla Palm Beach en Florida, hogar de Epstein, Trump y otros mega-ricos muy influyentes".

WM expone los vínculos de Epstein con el Mossad, agencia de espionaje israelí, así como sus periplos en Francia y México (sic).

¿Existirán traslapes entre la pedofilia trasnacional de Epstein con los fétidos escándalos del albergue "Mama Rosa", tenazmente "defendida" por Letras Libres (sic) de Televisa (bit.ly/2LQdrCm), así como con la secta sexual esclavista de NXIVM, donde brotan los vástagos de tres ex presidentes de México (Salinas, De la Madrid y Fox) y la connotada regiomontana Rosa Laura Junco de la Vega Garza T. (bit.ly/2YV9ZJB)?

WM devela el "pasaporte austriaco fake" que Epstein usaba en sus vuelos trasnacionales: "el uso de los pasaportes fake, una especialidad del Mossad" que mantiene una "industria de pasaportes" en Israel y que han sido usados para "operaciones del Mossad" en 22 países (sic), que incluyen a México (sic).

¿Los pasaportes fakes de los tres criminales israelíes, dos de ellos asesinados en Galería Artz del Pedregal, y uno expulsado de Cancún en forma bizarra (bit.ly/2TjYBpt), habrán sido confeccionados por el Mossad?

WM comenta que "los más altos escalones de la estructura política y del espionaje de Israel forman parte prominente del círculo de asociados y amigos de Epstein".

WM arguye que "el uso de chantaje sexual por las agencias de espionaje son operaciones muy añejas", pero que "el uso de menores (sic)" en los casos de "trampas de miel" son prácticamente la exclusividad del Mossad.

Epstein manejó el portafolio financiero de Leslie Wexner, cuya "Fundación Wexner otorgó generosos donativos a organizaciones israelíes, que incluyen becas para funcionarios del gobierno de Israel con el fin de obtener títulos de posgrado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard" ¡Mega-Uf!

El "suicidio" de Epstein beneficia a la relección de Trump.

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El Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política. Foto: AP

La empresa norteamericana Caliburn además de ofrecer servicios en Irak, Afganistán y otras regiones, mediante su filial CHS recibe multimillonarios pagos por operar refugios de niños latinoamericanos migrantes no acompañados. Caliburn cuenta en su junta directiva con el exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly. 

En abril de 2018, el entonces fiscal general de EEUU Jeff Sessions anunció la política de ‘tolerancia cero’ a la migración ilegal.

«El Congreso no ha aprobado una legislación efectiva que sirva al interés nacional, que cubra peligrosos huecos y financie completamente un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como resultado, ha estallado una crisis en nuestra frontera suroeste que requiere un esfuerzo mayor para procesar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera», dijo el fiscal general.

Asimismo advirtió que «entrar ilegalmente en este país no será recompensado», sino que se enfrentará a todos los poderes del Departamento de Justicia.

Dicha decisión hizo que miles de niños migrantes centroamericanos fueran separados de sus padres y alojados en instalaciones administradas por organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas.

Como lo dispuso el Gobierno norteamericano, ésta política reemplaza cualquier política existente y si la adopción de la misma requiere recursos adicionales, cada oficina deberá identificar y solicitar dichos recursos. ​

Puertas giratorias

La política de «tolerancia cero a la migración ilegal» destina un multimillonario presupuesto a unas pocas organizaciones no gubernamentales, religiosas y empresas privadas, encargadas de administrar los refugios o albergues para niños, entre otras actividades.

Una de las beneficiarias es la compañía Caliburn International, mediante su filial Comprehensive Health Services, CHS, que administra las instalaciones más grandes para niños migrantes en Estados Unidos.

Antes de unirse a la Administración Trump, según la misma fuente, el exsecretario de Seguridad de EEUU, John F. Kelly ya era parte de la junta de asesores de DC Capital Partners, una firma de capital privado propietaria de Caliburn.

Recordemos que Kelly al fungir como jefe del Comando Sur de EEUU de 2012 a 2016 tuvo la responsabilidad de «velar por el mantenimiento de las fronteras y el combate contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas».

En 2017, el presidente Trump lo designó en el cargo de secretario de Seguridad Nacional. De 2017 hasta enero de 2019 se desempeñó como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.

Queda claro que la información que posee Kelly y su entorno es colosal, en especial sobre los planes para frenar y disuadir la migración y sobre los métodos y negocios que giran alrededor de la problemática.

¿La Gran Muralla de Migrantes? El nuevo nicho de millones de dólares de empresas contratistas

Caliburn International ofrece consultoría e ingeniería en defensa nacional, salud, diplomacia internacional y seguridad nacional y sus clientes son tanto comerciales como gubernamentales.

Dicha compañía reconoció ante la Comisión Nacional del mercado de valores, SEC por su sigla en inglés, que identificó la política de inmigración como una oportunidad de crecimiento.

Reportó a la SEC que a través de su negocio de servicios médicos y humanitarios, están involucrados en la prestación de servicios médicos y de la vida diaria para los niños que son detenidos en la frontera de EEUU y que esperaban que «estas operaciones sean parte de nuestro negocio en el futuro y que nuestros niveles de operaciones en estas áreas puedan aumentar».

La compañía expresó en dicha ocasión su preocupación por la posible pérdida o reducción de sus contratos en Irak y Afganistán.

Advirtió que «si el Gobierno de EE.UU. cambiara su política con respecto al apoyo a estas regiones, ya sea por el aumento de las actividades insurgentes o la desestabilización, incluidos los disturbios civiles o la guerra civil en Irak o Afganistán, o el deterioro de las relaciones entre EEUU y estos países, nosotros podríamos estar imposibilitados de proporcionar servicios o nuestros contratos para proveer servicios podrían ser rescindidos».

«Cualquiera de los aspectos anteriores podría afectar negativamente nuestro rendimiento operativo y podría resultar en costos adicionales y pérdida de ingresos» se quejaron.

Ahora Caliburn y sus filiales han ampliado con mucho éxito su ámbito de negocio, y al parecer encontraron una fuente de recursos que no parará de fluir al menos en un corto plazo.

Según la agencia informativa CBSnews los registros de contratos federales muestran que la filial de Caliburn, CHS recibió al menos 222 millones de dólares para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de 2019, y podría recibir mucho más.

Es decir que, en el transcurso de 270 días, recibió financiación de aproximadamente 800.000 dólares diariamente.

Entonces, no es para menos la alegría de James Van Dusen representante de Caliburn al decir que «con cuatro décadas de liderazgo militar y humanitario, una comprensión profunda de los asuntos internacionales y el conocimiento de los propulsores económicos actuales en todo el mundo, el general Kelly es una adición estratégica sólida para nuestro equipo».

Además de Kelly, Caliburn incluye a otros exmilitares de alto rango.

Contratos multimillonarios y sueldos exorbitantes

Una revisión de los datos de contratos referidos a atención de migrantes ilegales realizada por Sludge, encontró que el Gobierno de EE.UU. ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de «niños extranjeros no acompañados» (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política.

Según la misma fuente los principales receptores de fondos son Southwest Key Programs (1.500 millones de dólares) y BCSF Health and Human Services (659 millones de dólares).

También reciben fondos las compañías privadas, como la firma de seguridad MVM (213 millones de dólares) y CHS Comprehensive Health Services (292 millones de dólares), la subsidiaria de la compañía donde John Kelly es miembro de la junta directiva.

La empresa CHS, según la misma fuente, cobra 750 dólares por persona por día, mucho más de lo que costaría un caro hotel, incluida la alimentación. La compañía opera otros tres refugios, todos en Texas, y tiene 292 millones de dólares en contratos gubernamentales en curso.

La investigación de Sludge indica que 10 de las entidades que reciben la mayor cantidad de dinero para las operaciones de UAC, pagaron a sus principales ejecutivos más de 300.000 dólares en compensación anual, hecho que habrían corroborado en documentos fiscales disponibles públicamente.

Se sabe de denuncias de maltratos y abusos en varias de estas instalaciones de ‘refugio’, lo cual hace más indignante conocer los montos de los ‘honorarios’ de sus administradores, peor aun cuando se sabe que los consiguen a costa de niños, de la nacionalidad que fuera.

Queda claro que al negocio no le importa otra cosa que no sea lucrarse con la tragedia diaria.

Para enrarecer más el panorama, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. emitido el 2 de julio pasado advierte sobre el «hacinamiento peligroso» y la «detención prolongada» en varias instalaciones de procesamiento de migrantes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A menudo se escucha en los medios de comunicación a las autoridades gubernamentales de distintos países y de organismos internacionales referirse a la migración como un «fenómeno», casi natural, y lo grave es que nos estamos acostumbrando a ello.

En este caso no se trata de un proceso regular de movilidad humana. La región centroamericana sufre una guerra solapada que expulsa miles sino millones, y que los convierte en parias, ante la mirada impávida de algunos políticos de turno y la ausencia o pasividad de organismos multilaterales.

En tanto, otros disfrutan de sus prósperos negocios, fruto de esa tragedia.

12 julio 2019

(Tomado de Rebelión)

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Sábado, 06 Julio 2019 06:51

"Incomprensible y sin rigor científico"

"Incomprensible y sin rigor científico"

El gobierno de Maduro señaló que no consideraron sus argumentos e ignora el efecto del bloqueo económico. Acto de la oposición y marcha al comando militar.

La existencia de dos gobiernos en Venezuela es una ficción que se ha evaporado a nivel internacional. Solo la mantiene la administración de Donald Trump y algunos gobiernos de derecha de América Latina. El presidente Vladimir Putin, de visita en el Vaticano, afirmó al respecto que Juan Guaidó se había autoproclamado presidente encargado ante Dios, pero “Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a este mensaje, no nos dio ninguna señal, por eso creo que debemos volver a esta tierra pasajera y llena de pecados y guiarnos por los procedimientos democráticos”. Guaidó ya no es lo que nunca fue.

En términos nacionales la ficción nunca cobró la forma necesaria para simular gobierno: en casi seis meses Guaidó no logró autoridad, ni mando, ni territorio. No significa que la ficción se haya detenido: el 5 de julio, día de la firma del acta de Independencia de Venezuela, Guaidó encabezó un acto en la Asamblea Nacional, en simulación de gobierno, y luego una movilización hasta las cercanías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

El día estuvo marcado en la madrugada por el informe leído en la mañana por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, desde Ginebra. Allí expuso las conclusiones de un reporte que reconoce a un solo gobierno que, a su vez, señala como responsable, entre otras cosas, de una situación de crisis de salud, alimentación, migración, con graves falencias en el acceso a la justicia y garantía de derechos humanos.

“Resulta incomprensible el contenido de este informe dominado por una visión selectiva y parcializada, un escrito carente de rigor científico con grandes errores metodológicos y que parece un calco de informes anteriores. Ignora casi en su totalidad la información brindada por el Estado, solo toma en cuenta la obtenida por voceros de la oposición y fuentes de prensa. Basta mencionar que de 558 entrevistas realizadas, 460 fueron realizadas fuera de Venezuela, lo cual representa 82 por ciento de las opiniones vertidas en el informe”, expresó en Ginebra William Castillo, viceministro de asuntos exteriores.

Castillo también destacó la omisión del informe acerca de las causantes del cuadro económico: “Ignora los graves impactos que el ilegal, criminal e inmoral que el bloqueo económico está ejerciendo sobre la vida de nuestro pueblo. Venezuela no niega sus problemas, pero cualquier esfuerzo serio para abordarlos debe considerar las causas estructurales”.

La celebración del 208 aniversario de la independencia estuvo marcada por un acto en la Asamblea Nacional Constituyente, con un discurso del comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) el almirante en jefe Remigio Ceballos, quien explicó el tipo de “agresión multiforme” a la cual está sometida Venezuela, y ratificó el mando de Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fanb.

El presidente, por su parte, encabezó el desfile militar en Caracas, donde ratificó el llamado al diálogo y a la paz: “con la buena voluntad, la capacidad política de negociación lo lograremos. Todos tenemos que ceder una parte para llegar a acuerdos y yo llamo al diálogo porque creo y amo a Venezuela”.

El nuevo llamado al dialogo del presidente se dio en un escenario donde, públicamente, las diferentes fracciones más visibles de la derecha venezolana han anunciado que no volverán a acudir a ninguna instancia de acercamiento con el gobierno. Guaidó lo ratificó al finalizar la movilización del viernes ante la Dgcim: “se acabó el debate, el informe de Bachelet confirma que esto es una dictadura”. El autoproclamado no dio detalles acerca de cómo sería una salida sin diálogo, y anunció próximas movilizaciones sin dar detalles.

Las vías para el plan sin diálogo fueron demostradas en los últimos meses y semanas, tanto con el intento de acción militar del 30 de abril en la madrugada, como con las tramas de ex militares, comisarios y mercenarios que fue develada por el gobierno. Los videos grabados a través de infiltraciones hechas por los servicios de inteligencia, dejaron ver a través de los mismos actores del plan, cómo pensaban asesinar al presidente, al círculo de gobierno, y realizar asaltos militares a puntos estratégicos militares y políticos. Esto no resulta nuevo en un conflicto donde hace menos de un año sectores de la oposición intentaron asesinar al presidente a través de drones con explosivos en un desfile militar en Caracas.

La ficción de dos presidentes ya casi no existe internacionalmente. El conflicto sin embargo recrudece en sus preparativos para nuevos asaltos. La derecha anunció que el informe de Bachelet -que desconoce toda dimensión violenta de la oposición aun habiéndose reunido con víctimas, como la madre de un joven quemado vivo por ser acusado de chavista- es una validación para romper diálogo y un punto de apoyo para buscar nuevas acciones de fuerza.

En cuanto al bloqueo, mencionado de manera soslayada por el informe, Estados Unidos ha anunciado que continuará incrementando sus ataques, tanto a Venezuela como a sus aliados. La última medida unilateral de fuerza tuvo lugar el jueves con la sanción a la empresa cubana Cubametales por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros por comerciar petróleo con Venezuela. Esta medida se suma a lista de, entre otras acciones, robos de activos, bloqueos de cuentas, sanciones a empresas, que comenzó años atrás y durante este 2019 se incrementó mes a mes ante el silencio de gobiernos y organismos internacionales.

 El clima político transcurre complejo en Venezuela. Las posibles formas de resolución aún no aparecen sobre la mesa, y los hechos de esta semana han vuelto a alejar lo que se había logrado acercar públicamente entre las partes.

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Detenido Michel Platini por la adjudicación del Mundial de 2022 a Catar

El expresidente de la UEFA ha sido detenido en París "por actos de soborno activo y pasivo".

 

 

El exfutbolista francés y expresidente de la UEFA Michel Platini ha sido detenido este martes dentro de la investigación que se sigue por corrupción en la concesión del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, informaron medios franceses.

Platini está bajo custodia policial en los locales de la Oficina anticorrupción de la Policía Judicial en Nanterre, junto a París, según el diario digital Médiapart.

Platini, que fue presidente de la UEFA de 2007 a 2015, cumple una inhabilitación de cuatro años —que expira en octubre— por violar el código ético de la organización al aceptar en 2011 un cobro, autorizado por el entonces presidente de la FIFA, Joseph Blatter, de cerca de 1,8 millones de euros por trabajos hechos entre 1998 y 2002.

Además de quien fuera la estrella de la selección francesa ha sido detenida una antigua consejera del expresidente francés Nicolas Sarkozy, Sophie Dion, mientras que el exsecretario general del Palacio del Elíseo Claude Guéant ha prestado declaración bajo el estatus de "sospechoso libre", según el diario Le Monde.

En 2016, la Fiscalía Nacional Financiera abrió una investigación por supuesta corrupción en la atribución del Mundial 2022 a Catar, por la que el propio Platini ya declaró como testigo en diciembre de 2017.

La investigación se centra en la reunión que mantuvieron en noviembre de 2010 las autoridades cataríes con Sarkozy y Platini en el Palacio del Elíseo, a la que también asistieron Guéant y Dion.

PARÍS

18/06/2019 11:12 Actualizado: 18/06/2019 11:33

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La nueva movilización, estimada en 2 millones de participantes, contra el controvertido proyecto de ley para autorizar extradiciones a China continental, obligó a la gobernante, Carrie Lam, a ofrecer "disculpas" y a reconocer "defi ciencias" en su gobierno, los cuales propiciaron conflictos sociales. El sábado pasado ya había anunciado la suspensión de la polémica enmienda. Foto Ap.

Cerca de dos millones de personas marcharon en contra de la brutalidad policial y criticaron a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam.

Casi dos millones de personas inundaron ayer las calles de Hong Kong para exigir que se retire definitivamente el proyecto de ley que autorizaría las extradiciones a China. La masiva manifestación, que duplicó la del domingo pasado, forzó a la jefa de gobierno pro-Beijing, Carrie Lam, a pedir disculpas por haber provocado, según dijo, conflictos y disputas. Hoy, los habitantes de la ciudad están llamados a una huelga general.

 “Fuera Lam, no a la ley de extradición a China”, gritaban en cantonés los manifestantes que enarbolaban también carteles como “Libre Hong Kong” o “No a la brutalidad policial”, mientras caminaban pacíficamente entre los grandes rascacielos de la isla que alberga al centro de la ciudad. En la marea humana –30 por ciento de los habitantes de Hong Kong– se movían jóvenes, adultos, ancianos, familias con niños pequeños y bebés, discapacitados en sillas de ruedas, profesores, estudiantes y trabajadores de todas las ramas. La gran mayoría de ellos marchaban hacia el Parlamento vestidos de negro, en señal de duelo por la pérdida de libertades que, a su juicio, está viviendo la ciudad en los últimos años y que ha terminado de concretarse con el proyecto de ley de extradición impulsado por Lam. 

“Si se aprobase esa ley, el modelo de ‘un país, dos sistemas’ que China se ha comprometido a respetar al menos hasta el traspaso final de la soberanía en el año 2047 se destruiría”, dijo Monique Mok, una estudiante de literatura de 22 años que vestía una camiseta negra con el lema “Queremos conservar nuestra democracia”. En 1997, el Reino Unido devolvió Hong Kong –hasta entonces colonia británica– a China. En ese momento, Beijing se comprometió a respetar un estatuto especial durante 50 años, por lo que, desde entonces, administra el territorio bajo el principio de “un país, dos sistemas”. Así, mientras que Hong Kong ha mantenido su propia legislatura, sistema económico, independencia judicial y su moneda, Pekín controla los asuntos exteriores y de defensa. Por ello, los hongkoneses gozan de libertades que son poco comunes en la China continental

Al concluir la manifestación a medianoche, diez horas después de su inicio, los organizadores del Frente Civil de Derechos Humanos cifraban la asistencia en casi dos millones de personas. Sin embargo, la cifra de asistentes no pudo ser confirmada en fuentes independientes. La Policía local habló, por su parte, de 338.000 asistentes, pero reconoció que no habían contado a la gente en las calles adyacentes y solo la del recorrido original. En cualquier caso, se trató de la mayor manifestación registrada en el distrito desde 1997.

Muchas personas, especialmente las de más edad, aseguraban haber acudido a la marcha por la indignación que les causaron las imágenes de la represión  policial durante la manifestación del pasado miércoles, una violencia pocas veces vista en la ciudad. “No queremos ver un Tiananmen en Hong Kong”, comentó el profesor universitario jubilado Dan Yiu mientras intentaba a duras penas hacer pasar el carrito de su nieta entre la muchedumbre. “Si China tiene que hacerse con el control total de nuestro territorio dentro de 28 años, queremos que al menos lo haga más despacio, no a esta velocidad”, clamaba Yiu. Lam justificó la represión del miércoles alegando actos de violencia por parte de manifestantes, pero la oposición afirma que se trató de una ínfima minoría en el conjunto de las protestas, que en su mayor parte fueron pacíficas. “Policía de Hong Kong, debes protegernos, no dispararnos”, se leía ayer en una pancarta.

La dimisión de Lam era una de las peticiones más escuchadas entre los manifestantes. “Personalmente creo que ya no puede gobernar Hong Kong, ha perdido a la opinión pública”, afirmó Dave Wong, un manifestante de 38 años que trabaja en finanzas. Ayer, seis horas después del inicio de la manifestación y ante la gigantesca convocatoria, Lam      –quien ya el sábado había anunciado la suspensión del proyecto de ley– emitió un comunicado en el que pidió disculpas, aunque en ningún momento habló de su renuncia. “La jefa del Ejecutivo reconoce que las deficiencias en el trabajo del Gobierno han creado controversias sustanciales y disputas en la sociedad, decepcionando y entristeciendo a mucha gente”, se limitó a señalar la nota.

Aún si la mandataria dimite, sólo la retirada total del controvertido proyecto sería capaz de calmar los ánimos de los manifestantes, que también demandan que se dejen de definir las protestas como disturbios, como ha hecho Lam, y la libertad de los detenidos. La oposición del proyecto de ley reúne a abogados, organizaciones jurídicas, líderes empresariales, cámaras de comercio, periodistas y diplomáticos occidentales. Según los detractores, el proyecto de ley colocaría a la población de la excolonia británica a merced del sistema judicial de China, al que consideran opaco y bajo influencia del Partido Comunista. Dentro de las pruebas que esgrimen los opositores se encuentran los casos de personas desaparecidas en Hong Kong que posteriormente reaparecieron en China y a disposición de la justicia. Los círculos empresariales temen, asimismo, que la reforma perjudique la imagen internacional de Hong Kong y su atractivo como centro financiero.

En medio de la presión de la que está siendo blanco la jefa del Ejecutivo, se anunció ayer la liberación del militante prodemocrático Joshua Wong, líder de la célebre “revolución de los paraguas” de Hong Kong en 2014. El joven de 22 años, que pidió en vano la elección del jefe de gobierno por sufragio universal, será puesto en libertad hoy.  

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La temible cruzada del gobierno estadounidense contra Julian Assange y Chelsea Manning   

 

 

 “El Congreso no podrá hacer ninguna ley (…) que limite la libertad de expresión, ni la libertad de prensa”. Así lo indica la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez, un editor está siendo procesado en virtud de la Ley de Espionaje, que data de la Primera Guerra Mundial. Julian Assange, cofundador del sitio web de denuncia WikiLeaks, podría enfrentar una condena de hasta 170 años de prisión en caso de ser extraditado a Estados Unidos desde el Reino Unido. El caso podría asestar un gran golpe a la libertad de prensa en Estados Unidos.

Estados Unidos acusó formalmente a Assange por primera vez en abril de este año, por el delito de intentar ayudar a un informante del Ejército estadounidense a ingresar a un sistema informático militar, delito por el cual Assange podría enfrentar hasta cinco años de prisión. Más adelante, el 23 de mayo, el Departamento de Justicia emitió una acusación adicional, en la que se sumaron 17 cargos más, por violar la Ley de Espionaje. Los nuevos cargos, según escribió el comité editorial del periódico The New York Times el día en que se anunciaron, “podrían tener un efecto escalofriante sobre el periodismo estadounidense tal como se ha ejercido durante generaciones. Está dirigido directamente al corazón de la Primera Enmienda”.

El periódico The New York Times fue una de las varias organizaciones de prensa en asociarse con la plataforma web de denuncia en la publicación de material que se brindaba de forma anónima. Desde su lanzamiento en 2007, WikiLeaks demostró ser una fuente confiable de evidencia documental crítica en torno a actividades ilícitas empresariales y gubernamentales.

En 2007, WikiLeaks publicó un manual secreto de la cárcel de la Bahía de Guantánamo, escrito en 2003, que contenía instrucciones para que los guardias les negaran a los prisioneros el acceso al Corán y a las visitas de la Cruz Roja para “explotar la desorientación y la desorganización que siente un detenido recién llegado”; esto constituye una violación de la legislación internacional acerca de los derechos humanos. No mucho después, el Centro de Contrainteligencia del Ejército estadounidense elaboró un documento secreto –posteriormente filtrado y publicado por WikiLeaks– donde se calificaba a la web de denuncia como “una potencial amenaza a la protección de las fuerzas, las operaciones de contrainsurgencia, la seguridad operacional y de seguridad de la información del Ejército de Estados Unidos”.

En abril de 2010, WikiLeaks saltó a la primera plana de la prensa internacional cuando hizo público un video en el que se muestra un ataque y masacre indiscriminada de civiles en Bagdad. El video fue grabado el 12 de julio de 2007 por un helicóptero militar estadounidense de combate Apache e incluye el audio de las transmisiones de radio militares.

Dos empleados de la agencia de noticias Reuters –el periodista iraquí Namir Noor-Eldeen y su chofer, Saeed Chmagh– murieron en el ataque, junto con al menos otras ocho personas. Dos niños resultaron gravemente heridos. Las transmisiones de radio muestran no solo la absoluta insensibilidad de los soldados, que se ríen e insultan mientras matan, sino también el estricto procedimiento que siguen, donde se aseguran de que todos sus ataques estén claramente autorizados por su cadena de mando.

Reuters había solicitado en reiteradas ocasiones información al Pentágono sobre la muerte de sus dos empleados, pero no había recibido nada. Fueron necesarios un denunciante valiente y WikiLeaks para revelar el horror del ataque del helicóptero, una clara prueba en video de un posible crimen de guerra.

El denunciante fue finalmente identificado como el soldado Bradley Manning. Manning fue encarcelado en régimen de aislamiento, en condiciones que Naciones Unidas describió como equiparables a la tortura. Luego fue juzgado y condenado. Inmediatamente después de recibir una condena de 35 años de prisión, Manning anunció una transición de género y cambió su nombre a Chelsea. El presidente Barack Obama finalmente conmutó su sentencia y Manning fue liberada en mayo de 2017.

No obstante, su calvario no había terminado. En febrero de 2019 la convocaron a comparecer ante un gran jurado para declarar sobre WikiLeaks y Julian Assange. Ella afirmó que ya había dado testimonio completo ante el tribunal militar que cursó su juicio en 2013, por lo que se negó a declarar de nuevo. Por ello, la encarcelaron durante dos meses. A continuación, la convocaron para testificar ante un segundo gran jurado. Por negarse a declarar una vez más, permanece encarcelada desde el 16 de mayo.

En cuanto a Julian Assange, desde el año 2012 estuvo viviendo en la Embajada de Ecuador en Londres, donde le habían dado asilo político. Assange huyó a la embajada porque temía ser extraditado a Estados Unidos. El pasado 11 de abril, las autoridades británicas ingresaron a la embajada y lo arrestaron por la fuerza. Ahora está cumpliendo una sentencia de 50 semanas de prisión por violar los términos de su libertad condicional en otro caso aparte.

Nils Melzer, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, afirmó tras visitar a Assange en la prisión británica donde se encuentra recluido: “El señor Assange muestra todos los síntomas de una persona que ha estado expuesta a la tortura psicológica durante un período prolongado de tiempo”. Julian Assange no pudo comparecer en su audiencia judicial más reciente debido a problemas de salud.

Ben Wizner, director del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, afirmó acerca de la nueva acusación: “Por primera vez en la historia de nuestro país, el gobierno ha presentado cargos penales contra un editor por la publicación de información veraz. Esta es una escalada extraordinaria de los ataques del gobierno de Trump contra el periodismo, y un ataque directo contra la Primera Enmienda”.

Por Amy Goodman y Denis Moynihan

Democracy Now!

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira Frega. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

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