Lunes, 30 Noviembre 2015 06:54

Qué futuro esperan los guerrilleros presos

Qué futuro esperan los guerrilleros presos

Durante 20 días, cientos de detenidos de las FARC hicieron huelga de hambre exigiendo mejorar sus condiciones de prisión. Santos dijo que indultará a 30 insurgentes; ellos levantaron la medida y pidieron una amnistía generalizada.


Con la voz ronca por las olas de frío que cada noche invaden su celda en la penitenciaria de La Picota, en Bogotá, René Nariño habló con Página/12 sobre qué piden y qué sigue para el conjunto de presos políticos y prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora que se anunció el indulto a 30 guerrilleros de esa organización ilegal recientemente. Este, tal como lo presentó la Presidencia, es un gesto humanitario y de paz de parte de la delegación del gobierno en los Diálogos de La Habana, "un gesto de confianza" en el proceso de paz que cumplió ya tres años y estaría en su recta final si, de cumplirse la palabra del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante fariano alias Timochenko, en marzo de 2016 se firman los acuerdos finales y con ello, como muchos lo anhelan en el mundo, se pone un punto de giro a la larga historia de guerra y violencias en Colombia.


Nariño –nombre de guerra– es oriundo de la provincia de Santander donde, dice, creció en una familia humilde "ligada a la izquierda colombiana". "Mi niñez fue marcada por la persecución, de pequeño fui testigo del aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP) y la esperanza que eso significaba para el país, y luego vino la huida hasta que, convencido de una causa y para sobrevivir, me uní a las filas de las FARC. Me vine para Bogotá, de nuevo a un barrio humilde, estudiaba administración cuando caí preso en 2011", relata el guerrillero minutos antes de verificar cuántos compañeros suyos fueron llevados a enfermería durante la huelga de hambre que terminó este fin de semana.


Durante 20 días, cientos de rebeldes presos protestaron sin ingerir alimentos y en algunos casos cosiéndose la boca, literalmente, exigiendo mejorar las condiciones de su detención, a propósito de las conversaciones de paz entre su guerrilla y el gobierno de Colombia en Cuba, y que hoy pasan quizá por su momento más esperanzador. La ilusión llega hasta los camarotes húmedos de La Picota donde, junto a René están presos alias Caliche, Orlando Traslaviña, Jeison Murillo y hasta el profesor Miguel Angel Beltrán contra quien, según la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, se ha cernido una persecución judicial que lo tiene hoy de nuevo tras las rejas. En los 21 establecimientos de reclusión de Colombia donde se dio la protesta, los rebeldes esperan atención en salud y entregaron una lista de 80 casos graves que precisan intervención inmediata, "incluso algunos que merecen revisarse con prisión domiciliaria como gesto humanitario; en condiciones de detención será imposible preservar la vida de algunos con riesgo de perder la vista, por ejemplo, con esquirlas y tutores infectados por heridas de guerra, con traumatismos y diabetes, entre otras enfermedades", aseguró John León de la Corporación Solidaridad Jurídica en conversación con este diario. Para León, lo que debería seguir para los guerrilleros de las FARC presos es que se generen zonas de reclusión para ellos en toda cárcel de Colombia "no necesariamente patios exclusivos para las FARC, sino lugares y maneras donde la vida y la seguridad no corran peligro, pues cada vez se están denunciando más casos de maltrato de parte de otras fuerzas presentes en las cárceles en algunos casos con connivencia con la guardia oficial".


Ahora que se sabe que de firmarse los acuerdos en La Habana, ya 30 rebeldes tienen asegurada su libertad, René y los demás prisioneros de las FARC piden una amnistía generalizada. Hasta hoy en La Habana se han logrado ya acuerdos en tres de seis puntos de la agenda de conversaciones. "El 3.3 se refiere a la situación de los prisioneros políticos y desde ahí no solo los presos mismos sino organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitan ahora un gran indulto. Además, "el punto sobre el fin del conflicto, entendido como un proceso integral y simultáneo en sus siete subpuntos, implica en una de ellas al Gobierno Nacional para que coordine la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP (...) En este otorgamiento de la amnistía "más amplia posible" extensiva a los civiles presos por rebelión, entre otros delitos amnistiables e indultables, es donde deberá ocurrir la certificación de pertenencia de los guerrilleros a la organización, además de civiles procesados o condenados por colaborar con la guerrilla", opina alias Fidel Rondón, uno de los comandantes de las FARC, en una columna suya divulgada ayer.


Según explica René Nariño muchos compañeros de celda son líderes sociales, campesinos, estudiantiles y, en general, civiles que están presos acusados de rebelión o apoyo al terrorismo, sin pertenecer a las filas de las guerrillas en Colombia. Éstos serían también, según explican, "prisioneros de conciencia, presos políticos; mientras que los prisioneros de guerra son los combatientes que caen en manos del enemigo". Mil de ellos se movilizaron en las cárceles durante la semana pasada, pero no es claro hoy por hoy cuántos rebeldes de las FARC están presos en todo el país a la fecha.


Según pudo conocer Página/12, a mayo de este año el Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec) tenía en sus bases de datos 2.041 hombres y mujeres condenadas en sus cárceles por el delito de rebelión. Esto incluye no solo supuestos integrantes de las FARC sino también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana con la cual se adelantan ahora conversaciones previas para iniciar un proceso de paz. "Nuestro censo es de 1500 prisioneros políticos y de guerra en todo Colombia, sin embargo este es un tema que hay que revisar", asegura John León. Hoy día el Gobierno colombiano viene trabajando con el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de consolidar la información sobre el universo de miembros de las FARC privados de la libertad (investigados y condenados) por diferentes delitos.


Es decir que si se aprobara una amnistía generalizada para los farianos hoy en situación de detención, no se conoce aún de cuántos se trata. Lo que sí es un hecho es el drama humanitario que viven todos los presos y presas en las cárceles de Colombia que, de acuerdo con el mismo INPEC, presentan más de 45 mil personas que superan la cuota de hacinamiento. La Brigada Eduardo Umañan precisa que los informes de finales de enero 31 de 2015 hablan de 118.658 internos (109.798 hombres y 8960 mujeres), mientras la capacidad de las 155 cárceles es solo de 76.000 personas; por lo tanto, el promedio de hacinamiento es del 53%.


Junto a seis hombres más en su celda y desde una cama diminuta a donde no llegan los servicios de aseo ningún día del año, René Nariño celebra la decisión del gobierno de amnistiar por ahora a 30 guerrilleros y lo ve como un logro de la protesta y "el sacrificio de compañeros que siguen hoy en observación por deshidratación y otros casos no solo por la huelga de hambre sino por las condiciones mismas de la detención. Todo esto es el fruto de la maduración de una serie de luchas de manera continua en los últimos años", enfatiza René. Antes de apresurarse a colgar el celular para evitar que la guardia lo decomise, Nariño aclara que la lucha emprendida por su guerrilla en la cárcel aspira no solo a beneficiar los rebeldes con atenciones médicas y posibles amnistías, sino a denunciar la profunda crisis del sistema carcelario y de la justicia punitiva en un país donde, cada año, surgen nuevas bandas criminales y combos delincuenciales al servicio del narcotráfico e, incluso, de cierta clase política que también engruesa las listas de hacinados en las centros de reclusión.

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Viernes, 27 Noviembre 2015 06:15

Las injusticias con la justicia indígena

Las injusticias con la justicia indígena

"Lo que de todos modos hay que intentar,
es conservar la voluntad de luchar
por una sociedad diferente sin caer
en la interpretación paranoide de la lucha". Estanislao Zuleta

 

Otra vez el gobierno le incumple al Pueblo Nasa. Esta vez el ministro de Justicia, Yesid Reyes, evadió la cita demandada por las comunidades del Norte del Cauca y prevista en las horas de la mañana del 26 de noviembre en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Las comunidades nasa convocadas a la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena, decidieron regresar al territorio ante tal engaño. Desde ya preparan acciones para los próximos años.

La reciente condena a Feliciano Valencia, destacado líder nasa, fue el motivo que impulsó la movilización de al menos 2.500 nasa hacia la capital. No obstante, las razones de esta minga son múltiples y mucho más profundas. Hablamos con uno de los delegados del resguardo de Huellas en Caloto, quien nos contó sobre la situación actual y las valoraciones de esta visita a Bogotá.

Fue la condena en segunda instancia proferida contra Feliciano Valencia, por parte de un tribunal de Popayán, la gota que rebosó la copa. Feliciano fue condenado a 16 años de prisión por haber coordinado una asamblea en la que fue aprehendido espiando un miembro del ejército. El cabo tercero Jairo Danilo Chaparral recibió por ello recibió 20 latigazos como castigo por parte de las comunidades nasa en 2008.

Hace ya más de un mes que el líder indígena se encuentra privado de su libertad, primero en la cárcel San Isidro de la capital caucana y actualmente en el Centro de Armonización Indígena de Gualanday en Santander de Quilichao, lugar donde fue objeto de un atentado el lunes 17 de noviembre.

Tanto el atentado como la condena son muestra de la persecución al movimiento social, de la contradicción entre Jurisdicciones en un mismo territorio, y de la tipificación de las acciones de la Justicia Indígena como criminales. Según Arcadio, comunero nasa entrevistado pocas horas antes de su regreso, "las élites del Cauca le estarían cobrando a Feliciano el proceso social de lucha que hacen las comunidades, pues él lo ha abanderado".

Sin embargo, para el profesor de la Universidad Nacional, Rosemberg Ariza, el debate va más allá y se ubica entre los distintos modos de concebir la justicia. Según el profesor, la condena promueve restricciones a la Jurisdicción Indígena amparada por el artículo 246 de la Constitución Política, y en todo caso, como dice un artículo reciente de su autoría,"el dilema no es entonces autonomía vs. justicia, como pretenden plantear, el dilema está en los fundamentos de nuestra forma Estado social de derecho, el asunto es pluralismo-monismo" .

Además de las cuestiones de fondo concernientes al choque entre jurisdicciones y que remiten a la autonomía de los pueblos indígenas, es común ya en la opinión nacional cierto cariz hipócrita al tratar el tema. Cuando las comunidades nasa condenaron a 60 años de prisión a los dos jóvenes milicianos de las Farc, quienes habían asesinado a otros dos de sus compañeros, los medios de comunicación empresariales celebraron la decisión y aplaudieron la Justicia Indígena. Muy diferente ha sido la matriz de opinión con el caso de Feliciano Valencia. Se aplica, de esta manera, una suerte de circunstancialismo cuando se corresponde enjuiciar los actos propios y convenientes, y un cierto esencialismo para el juicio sobre el otro. Un razonamiento que fuera cuestionado por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta y ante lo cual cabe cuestionarse la proporcionalidad de nuestro modo de hacer justicia ¿qué es entonces justo, un remedio de 20 latigazos o 16 años de prisión?

Pero la situación en el Cauca excede los asuntos sobre la justicia y la autonomía. Como siempre esuna situación bastante conflictiva. Hace pocos días el ejército asesinó al campesino Miller Bermeo, cuando comunidades del municipio de Argelia trataban de impedir la fumigación y erradicación de cultivos de coca. En el lugar otro campesino resultó herido de bala en una pierna. No es la primera vez que balas del glorioso ejército nacional terminan con la vida de campesinos o indígenas. Lo grave -gravísimo- es que el fuero penal militar les protege ante este tipo de hechos ¿alguna Constitución menciona un supuesto Estado de derecho? Como quiera que sea, este suceso pasó de agache ante una opinión pública absorta por los terribles atentados en París.

Además en las últimas semanas se ha reportado la presencia de paramilitares entre los municipios de Santander de Quilichao y Caloto, quienes dicen estar allí para hacer respetar la propiedad privada, indica Arcadio.La cuestión es grave en tanto las acciones de amenazas y asesinatos a defensores de derechos humanos vienen en aumento, como lo confirman los informes de las organizaciones de defensoras de derechos humanos y las denuncias de las organizaciones sociales.

Hace unas semanas, el bloque de guerra occidental del Eln amenazó a la señora Nilsa Ulzape, a su esposo Gersain Rivera y su hija de 12 años, sumándose esto al asesinato del primer alcalde indígena de Jambaló en 1996, Marden Arnulfo Betancurt, con razones infundadas por parte de la Columna Milton Hernández del ELN. La actuación de la insurgencia guerrillera en la región hacia las comunidades nasa, evidencia que la izquierda vanguardista no sabe reconocer la autonomía de los sujetos. O lo hace con el mencionado criterio que el maestro Zuleta tanto interpelaba.

Pero no todo es guerra. Desde diciembre de 2014 las comunidades nasa han emprendido acciones de liberación de tierras que se encontraban en uso por parte de multinacionales y empresarios nacionales y destinadas al monocultivo de la caña de azúcar. Las 2500 hectáreas de la hacienda Miraflores en Corinto y las 160 de la famosa hacienda La Empreratriz en Caloto, siguen en posesión por parte de las comunidades indígenas. Ahora se ha sumado la toma de la finca La Agustina en López Adentro. Las comunidades permanecerán en esas fincas hasta que sean de su uso y propiedad colectiva. Todas estas acciones se realizan como parte de la Minga de Liberación, emprendida tras evaluar el incumplimiento de más de 30 acuerdos por parte de los últimos cinco gobiernos nacionales. Entre los acuerdos incumplidos está la titulación de 15.636 hectáreas y la reparación integral, como parte del compromiso al que llegaron con el gobierno de César Gaviria luego de la masacre del Nilo que ejecutaron conjuntamente paramilitares y agentes de la policía.

Además de eso todo esto -y como síntoma de unidad social- las comunidades campesinas que luchan por la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, han buscado acercamientos con los nasa; lo propio vienen haciendo las comunidades negras de la región. Este diciembre se iniciará, pues, un primer acercamiento fraguado ahora con relativa independencia de las dirigencias tanto de los campesinos como de los indígenas y afros. Un proceso así, aunque esperanzador, no estará exento de profundas dificultades.

La Minga regresa, pues, a sus territorios de origen con el sinsabor de haber insistido en las vías del diálogo y haber obtenido la negativa del gobierno nacional. "Cumplimos con la palabra. Habíamos acordado discutir con el gobierno unos puntos como el de la jurisdicción especial indígena, fuimos a la cita en Centro Memoria y el gobierno no llegó. Regresamos para preparar acciones más concretas, para que el gobierno atienda el llamado que le estamos haciendo los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, bien sea durante este año mismo o en los próximos años. Como llegamos acá y el gobierno no quiso hablar, pues esperamos que allá llegue y dé la cara", así lo explica Arcadio.

Ya para terminar, Arcadio comenta sobre la situación particular de Feliciano: "anímicamente está un poco caído pero sigue firme. Sabemos que el no tiene porque estar preso. Es un preso político y esperamos que el tribunal reconozca el derecho que tenemos y que Feliciano sea libre en el menor tiempo posible".


Recuadro

El pasado 12 de octubre las comunidades indígenas le pusieron cita al ministro Reyes en la finca La María (Piendamó), con el fin de entablar una discusión acerca de la Jurisdicción Especial Indígena. En esa ocasión, el titular de la cartera de Justicia argumentó que no habían garantías para asistir al encuentro. Los temas propuestos por la Minga para la discusión con el gobierno son:

- Respeto y garantía a las decisiones de los Tribunales Indígenas y a los procedimientos propios de cada pueblo indígena (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio).

- Condiciones y garantías para el Ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. (Asignación presupuestal).

- Exigir la revocatoria inmediata del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal del Circuito de la Ciudad de Popayán, en el caso del compañero Feliciano Valencia.

- Garantía del derecho a la vida, del derecho a la movilización social y del derecho a la protesta. (Desmonte del Esmad, No criminalización y No judicialización de manifestantes).

- Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición por los casos en los cuales miembros del Estado y de sus Fuerzas Militares y de Policía (Esnad) han abusado de su autoridad y han violado los Derechos Humanos ocasionando muertes y graves lesiones a personas civiles en medio de manifestaciones o fuera de éstas.

- Activación de la comisión mixta de alto nivel para el seguimiento, documentación, investigación y sanción de casos de vulneración de derechos humanos que afectan a pueblos indígenas y sectores sociales.

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Nueva marcha por los 42 años del golpe de Estado en Chile

Violentos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes marcaron la multitudinaria marcha que se realizó este domingo aquí en la capital chilena para conmemorar el 42 aniversario del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990), en la que se pidió el cierre de la prisión Punta Peuco, donde se encuentran detenidos ex militares.
Convocada por la Asamblea por los Derechos Humanos, la manifestación pasó por primera vez frente al presidencial palacio de La Moneda, que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado por el ejército durante el levantamiento castrense contra el gobierno constitucional del socialista Salvador Allende.


Punta Peuco debe desaparecer, se podía leer y escuchar la clara y contundente consigna durante la movilización. La prisión alberga a un centenar de ex miembros de las fuerzas armadas condenados por torturas, secuestros y asesinatos durante el pinochetismo.


Entre llantos, cánticos y bailes, los miles de asistentes caminaron varios kilómetros para llegar al memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, ubicado en el Cementerio General, al norte de Santiago, donde los familiares de las víctimas portaban claveles en un momento de reflexión para recordar a las víctimas de la dictadura militar.
Llama Bachelet a tener esperanza


La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la esperanza en el futuro del país, durante un oficio religioso en la Catedral Evangélica para agradecer por la independencia del país.


En la homilía, dirigentes de iglesias protestantes coincidieron en que hay una crisis de confianza gubernamental que afecta a todas las instituciones, pero la mandataria les señaló: Hemos escuchado la voz de las iglesias evangélicas a tener esperanza, a salir adelante.


A escasos metros de la ceremonia, encapuchados lanzaron bombas molotov contra la policía militarizada, pero fueron repelidos con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los inconformes también rompieron parte del mobiliario urbano y atacaron con bombas incendiarias una sucursal bancaria, lo que provocó el cierre de las estaciones del ferrocarril subterráneo en el sector. La policía reportó la detención de cuatro personas.


Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que la responsabilidad de los disturbios no es de quienes convocan a la marcha sino de los encargados del orden público

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Sábado, 12 Septiembre 2015 07:02

Caracas defiende la condena de López

Caracas defiende la condena de López

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, salió en defensa de la decisión judicial de condenar a López a 14 años de cárcel, mientras Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Cancillería de EE.UU. criticaron el fallo.

 

La condena a 14 años de cárcel de la Justicia venezolana al líder opositor Leopoldo López anunciada anteanoche provocó reacciones encontradas. López, que está preso desde hace un año y medio, fue condenado por incitar a la violencia durante las protestas contra el gobierno a principios del año pasado en las que 43 personas murieron. El fallo fue criticado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos. Frente a ello, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, salió en defensa de la decisión judicial.


La sentencia indica que López debe cumplir la condena en la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, donde está recluido desde que se entregó a las autoridades. La jueza Susana Barreiros declaró culpable al fundador del partido de centroderecha Voluntad Popular (VP) de los cargos de daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir. "Se demostró que los pronunciamientos realizados por López a través de los medios de comunicación y las redes sociales incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al Gobierno Nacional y a las instituciones", indicó la fiscalía.


La audiencia final del caso se vio agitada por un enfrentamiento en los alrededores del tribunal, donde simpatizantes de López que pedían por su liberación se cruzaron con partidarios del oficialismo. En la trifulca, uno de los activistas de VP murió a causa de un infarto.


El dirigente opositor fue juzgado en relación con los acontecimientos ocurridos el 12 de febrero del año pasado, cuando una marcha de estudiantes en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro llegó a la sede del Ministerio Público y derivó en hechos de violencia en los que murieron tres personas, dos estudiantes y un paramilitar oficialista. La acusación lo señalaba a López como responsable de la ola de violencia que se desató en los días posteriores a la protesta, que además de los 43 muertos dejó un saldo de más de 800 heridos.


La jueza no solo condenó a López, sino también a los estudiantes Cristian Holdack, Angel González y Demián Martín. Sin embargo, ellos no irán a la cárcel. En el caso de Holdack, quien fue condenado a diez años de prisión, la jueza Barreiros decidió mantener la medida humanitaria que hace unos meses le impuso el Tribunal Supremo de Justicia por motivos de salud, razón por la cual podrá cumplir su sanción en su casa y solo tendrá que presentarse cada 15 días ante los tribunales. González y Martín, por su parte, seguirán en libertad porque la condena impuesta (cuatro años y seis meses de cárcel) de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, es excarcelable. Pero al igual que Holdack, deberán presentarse cada 15 días ante los tribunales.


La decisión de la jueza fue criticada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito", estimó. Vivanco explicó que en el expediente no encontró elementos que justifiquen el fallo.
En la misma línea, la directora para las Américas de Amnistía Internacional aseguró que la sentencia de prisión en contra de López tiene una clara motivación política. "Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente", aseveró.


Por su parte, la jefa de la diplomacia venezolana defendió la decisión de la magistrada. "Es peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista", señaló. "Los poderes públicos en Venezuela son independientes, se ha dado una decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso, se han respetado los derechos humanos", dijo la jefa de la diplomacia venezolana tras reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El diplomático coreano, según su vocero, preguntó sobre la condena impuesta a López durante un encuentro con la canciller para hablar de la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia. Rodríguez advirtió a Ban sobre la necesidad de no caer en una contradicción al hablar de terrorismo. "Hay que ser muy cuidadoso para no tener dobles estándares cuando se habla de terrorismo desde la comunidad internacional", dijo. De esta forma, Rodríguez le respondió al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien había criticado la sentencia a través de un comunicado oficial. "La nota interfiere en asuntos internos venezolanos. El Estado de Derecho de nuestro país es un asunto que no compete a ningún otro país", señaló. "Estados Unidos persiste en dar golpes de Estado, como hace justamente 42 años cuando derrocó al gobierno socialista en Chile de Salvador Allende", dijo.


En tanto, la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a cargo del ex presidente colombiano Ernesto Samper, se limitó a señalar que respeta el fallo en contra de López, ya que no se entromete en las decisiones que adopten las autoridades de los Estados miembro

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Prisioneros de California ganan batalla contra la reclusión en aislamiento

Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado esta semana. Organizarse puede ser difícil, pero cuando lo hacen prisioneros recluidos en aislamiento, algunos de ellos durante décadas, resulta sorprendente. El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión es aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución contra el castigo cruel e inusual.

Este grupo de reclusos se llaman a sí mismos el Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Estos hombres han estado sometidos al régimen de aislamiento durante largos períodos de tiempo, algunos de ellos durante más de 20 años, en la Prisión Estatal de Pelican Bay en California, ubicada en el extremo norte de ese estado. Desde sus pequeñas celdas sin ventanas, comenzaron a hablar, a organizarse. En julio de 2011, iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones registradas en la Unidad de Alojamiento Especial (o SHU ), el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. Participaron más de 1.000 reclusos de ese pabellón. Tenían cinco puntos de demanda y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta que los huelguistas consideraron una promesa de buena fe de efectuar una revisión de las políticas de la SHU . Meses después, luego de que no se tomara ninguna medida, iniciaron la huelga de hambre nuevamente. En esa oportunidad participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.


El Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, entabló una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial. Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros. El movimiento iba creciendo.


Afuera, los familiares de los reclusos dieron una gran muestra de apoyo con la conformación del grupo Familias de California contra la Reclusión en Aislamiento. El hijo de Dolores Canales, John Martinez, permanece en aislamiento desde hace catorce años. Participó en todas las huelgas de hambre. Las siguientes son palabras expresadas por su madre en el noticiero "Democracy Now!" "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque esa es su existencia". Dolores Canales habló con nosotros después de que el acuerdo fuera anunciado esta semana: "Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".


Al preguntarle acerca de la organización de los familiares, Canales reflexionó: "No estaría aquí en este momento si no fuera por los cientos de familiares que salieron a hablar de la situación... Cada huelga de hambre que hicieron fue durante el verano: julio, agosto, septiembre, los meses calurosos. Aún así, los familiares estuvieron afuera todos los días, vestidos con overoles naranja, con cadenas, esposas o megáfonos para llamar la atención de la sociedad, participando en numerosas mesas de discusión en universidades e iglesias y simplemente organizándose y movilizándose a lo largo y ancho de California, generando conciencia en torno a las condiciones que estaban padeciendo nuestros seres queridos".


El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras. En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por "Democracy Now!", Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, expresó: "La mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared". En uno de sus testimonios en ausencia, Ashker relató que, en represalia por organizarse, los agentes de la prisión habían colocado Plexiglass en la pared delantera de las celdas de la Unidad de Alojamiento Especial a fin de inhibir la capacidad del colectivo de hablar unos con otros.


La reclusión en aislamiento prolongada es tortura. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Mendez, denunció en 2011: "Segregación, aislamiento, separación, reclusión celular, encierro, máxima seguridad, hoyo, Unidad de Alojamiento Especial, cualquiera sea el nombre que reciba, los Estados deberían prohibir la reclusión en aislamiento como forma de castigo".


Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que encabeza el caso, expresó: "Hasta el momento, California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".


No solo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, dice: "El aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal". A continuación, esos mismos directores redactaron: "Hacer ese cambio es lo correcto".


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Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Otto Pérez, en prisión preventiva; Maldonado asume la presidencia

Al grito de ¡sí se pudo!, cientos de guatemaltecos se congregaron este jueves en la plaza de la Constitución de esta capital para celebrar la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala y su prisión provisional, ordenada al término de una audiencia en la que la fiscalía lo acusaba de tener pleno conocimiento de la existencia de una organización integrada por funcionarios públicos y empresarios que pagaban sobornos a cambio de reducir el monto de los impuestos en las aduanas.


Acorralado por la justicia y la presión popular, el presidente presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso el último minuto del miércoles, horas después de que el juez Miguel Ángel Gálvez giró una orden de aprehensión en su contra.
La mañana de este jueves, el mandatario asistió de manera voluntaria ante el tribunal de mayor riesgo B, donde escuchó la formulación de cargos en su contra. La fiscalía lo acusa de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Al mismo tiempo, en el Congreso unicamaral se aceptaba su renuncia con el voto a favor de los 116 diputados presentes, de un total de 158.


Más tarde, el Congreso tomó juramento como nuevo mandatario al vicepresidente Alejandro Maldonado, quien deberá permanecer en el cargo hasta el 14 de enero de 2016, cuando asumirá el nuevo presidente que surja de los comicios generales que se celebrarán el próximo domingo.


En su carta de renuncia, Pérez Molina –general retirado de 64 años, que participó en matanzas de comunidades indígenas durante el conflicto armado– sostiene que enfrentará con la conciencia tranquila los procesos que correspondan. En la situación actual y tomando en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto.
La audiencia en el tribunal comenzó con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción contra Pérez Molina, tras lo cual el fiscal José Antonio Morales le hizo escuchar algunas grabaciones en las que se basa la investigación, adelantada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU).


En las grabaciones se escucha a funcionarios que supuestamente explican cómo funcionaba la organización criminal de defraudación fiscal conocida como La línea, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduaneros.


Al concluir la audiencia, Pérez Molina fue enviado a la cárcel militar Matamoros, luego de que el juez Gálvez le dictó prisión preventiva, como garantía ante una eventual evasión o fuga, así como para garantizar su integridad física.


Antes de ser conducido a la prisión, el ex mandatario proclamó su inocencia en una rueda de prensa, pero aseguró que asumirá su responsabilidad y que va a dar la cara. No voy a huir; pude haber salido del país o pedir asilo político en otra nación, y no lo hice, manifestó. Sobre las grabaciones, dijo que eso no representa una verdadera investigación, y que con la acusación en su contra sólo se busca boicotear las elecciones.


Por la mañana, en entrevista radial, arremetió contra la fiscalía y la Cicig, a las que acusó de buscar protagonismo y llenar sus egos, e indicó que no confía en la justicia de Guatemala.


También dijo que pudo haber utilizado muchas herramientas para frenar su persecución y una de ellas era expulsar a la Cicig, pero aclaró que jamás imaginó que su presidencia fuera a terminar así.


¡Otto, ladrón!, coreaban grupos de guatemaltecos frente a la Suprema Corte Justicia: Otto ladrón, te vas a ir a Pavón, en referencia a una de las principales cárceles del país.


La línea era una alternativa para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, y estaba dirigida, presuntamente, por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora en prisión preventiva.


Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la crisis política suscitada en Guatemala y que condujo a la renuncia del presidente fue resuelta sin ruptura de la institucionalidad.


La Casa Blanca señaló que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión de Pérez Molina de renunciar y afirmó que está dispuesto a trabajar con el nuevo mandatario, Maldonado, de 79 años, ex magistrado conservador de la Suprema Corte, que colaboró en los sucesivos regímenes castrenses o controlados por los militares surgidos durante el conflicto amado interno (1960-90), y quien fue elegido en mayo pasado en el Congreso para remplazar a Baldetti.


El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibió con beneplácito los esfuerzos constructivos de los ciudadanos de Guatemala para participar y contribuir al sistema político de su país".

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Jueza de EEUU ordena "pronta" liberación de niños indocumentados detenidos

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al gobierno que libere pronto a niños migrantes que mantiene en centros de detención, insistiendo en una decisión de julio en la que sostuvo que el arresto de los menores que cruzaron ilegalmente la frontera viola medidas establecidas hace largo tiempo.


El dictamen de la jueza de distrito Dolly Gee en Los Ángeles da al gobierno del presidente Barack Obama hasta el 23 de octubre para que cumpla con su fallo y libere a cientos de niños que migraron sin permisos, y en algunos casos a sus madres, "sin ninguna demora innecesaria".


La decisión de Gee se conoce en medio de un debate entre precandidatos presidenciales en Estados Unidos sobre la migración ilegal y tras una gran llegada de centroamericanos a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Más de 68 mil niños que viajaban sin sus padres entraron a Estados Unidos el año pasado. El gobierno ha mantenido detenidos en instalaciones especiales a los niños que cruzaron la frontera solos, o aquellos que fueron capturados con sus padres.


El gobierno federal ha tomado medidas para liberar a algunos menores sin compañía de los centros de detención en las fronteras, usualmente entregándolos a algún familiar que vive en Estados Unidos.


Gee había dictaminado el mes pasado que el Departamento de Seguridad Nacional mantenía detenidos a los niños en violación de un acuerdo colectivo de 1997 que establece que los menores de 18 años no pueden ser retenidos por más de 72 horas.


La decisión judicial se considera una derrota para las autoridades estadunidenses de migración, que argumentaron que liberar a niños migrantes indocumentados alentaría a más familias centroamericanas a emprender el trayecto.


Funcionarios estadunidenses mantienen a mil 400 padres y niños detenidos en tres centros, según el diario Los Angeles Times.


Gee calificó las condiciones en los centros de detención, dos en Texas y uno en Pensilvania, como "deplorables" y dijo que en algunos casos se mantiene a los niños en habitaciones hacinados por días sin un lugar para dormir.


(Con información de Reuters)

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Viernes, 07 Agosto 2015 05:05

El terrorismo de estado en tres actos

El terrorismo de estado en tres actos

"Muchos son los santos que están
entre rejas de Dios
y tantos asesinos gozando de este sol".


León Gieco, Las madres del amor.

 

El 18 de diciembre de 2014, en plena huelga judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de cárcel, acusándolo del delito de rebelión. El pasado 31 de julio fue detenido y ha sido conducido a la Cárcel de La Picota, en Bogotá. Este hecho rubrica un sistemático proceso de persecución contra un intelectual crítico durante los últimos seis años, en que el Estado y sus diversos órganos han dado muestras de lo que significa el terrorismo oficial y pone de presente la certeza del dicho popular de que "la justicia es para los de ruana". Analicemos tres actos de esta persecución.


Primer acto: secuestro en México


Miguel Ángel Beltrán se encontraba hacía nueve meses en México adelantando sus estudios de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma, país en el que antes había vivido durante varios años. Su visa se le había vencido hacia quince días y para permanecer en el país necesitaba una visa definitiva y a Miguel Ángel le preocupaba que desde el Instituto Nacional de Migración (INM) lo llamaran con insistencia por teléfono. Era, como luego se comprobó, un señuelo para obligarlo a ir a esas oficinas a donde se tenía previsto secuestrarlo, como en efecto sucedió. El 22 de mayo de 2009 en compañía del abogado Jorge Becerril y de su esposa Luisa Natalia se dirigió a la sede del INM, a una cita previamente concertada con el Subdirector de Migraciones. Ingresó solo, mientras sus dos acompañantes lo esperaban afuera. Pasaron las horas y Miguel Ángel no salía, por lo que su esposa y el abogado demandaron por lo sucedido, a lo que un funcionario les respondió que aquél había sido trasladado a otra dependencia porque estaba en condiciones de ilegalidad, pero que no se preocuparan que pronto regresaría a su casa.


Sin imaginarse lo que había sucedido, Natalia se fue a su apartamento, encendió el televisor y vio con estupor imágenes que se transmitían desde Bogotá en las que se informaba que había sido capturado y traído a Bogotá un tal Jaime Cienfuegos, miembro de la Comisión Internacional de las FARC, que no es otro sino Miguel Ángel Beltrán.


En forma acelerada, algo que no suele caracterizar ni a los burócratas de México ni de Colombia, Miguel Ángel Beltrán fue agredido y sacado de las instalaciones del INM, metido a la fuerza en una camioneta y llevado al aeropuerto, donde un avión militar colombiano lo esperaba para traerlo, como producto del secuestro, a Bogotá. El régimen criminal de la "Seguridad Democrática" presentó al profesor como un peligroso terrorista y en persona el patrón del Ubérrimo se apresuró a decir que se había capturado "a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC", regodeándose "porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México".


Estamos diciendo que el día 22 de mayo de 2009 aconteció un hecho vergonzoso en la historia de América Latina y de México en particular, puesto que dentro de las instalaciones del INM se secuestró en forma conjunta entre la DIJIN de Colombia y el Estado mexicano a un ciudadano colombiano. Violando los más elementales procedimientos diplomáticos, y echando por la borda una tradición centenaria de refugio a intelectuales y perseguidos políticos, el gobierno de Felipe Calderón autorizó el secuestro y la posterior entrega al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez de un intelectual colombiano, y en la práctica intentó resucitar el Plan Cóndor de las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur intercambiaban personas que luego eran torturadas, asesinadas y desaparecidas.


Paralelamente, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador...) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.


Miguel Ángel fue encarcelado, aduciendo como "pruebas reinas" los supuestos correos encontrados en el computador mágico de Raúl Reyes y sin ningún tipo de juicio, tanto los medios de desinformación como el inquilino de la Casa de Narquiño, ya lo habían condenado. Luego se efectuó una parodia de juicio, con pruebas deleznables y testigos amañados y torpes, en una burda acción en la que la defensa de Miguel Ángel desmontó una a una las mentiras y logró que fuera declarado inocente y saliera de prisión, tras dos años de encarcelamiento arbitrario.


Segundo acto: la muerte laboral


Cuando Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, la Universidad Nacional, institución en la que se desempeñaba como profesor, no realizó ninguna acción de apoyo ni de solidaridad y tampoco le brindo ningún respaldo legal mientras estuvo en la prisión. Durante ese tiempo lo desvinculó de su nómina docente y tuvo el descaro, casi kafkiano, de enviar a un abogado a la cárcel, pero no para brindarle asesoría jurídica sino para comunicarle que debía responder por el inventario de las cosas que la UN le había adjudicado en su oficina o de lo contrario le abriría un proceso disciplinario.


Las directivas de la UN se plegaron a las decisiones arbitrarias de la "justicia colombiana" y nunca cuestionaron ni denunciaron los procedimientos terroristas del Estado colombiano. Aún peor, los académicos e investigadores de la UN –con honrosas excepciones– no se manifestaron para defender a uno de sus colegas, asumiendo una actitud cómplice con el terrorismo de Estado. Incluso, hubo profesores universitarios, incluyendo a miembros del Departamento de Sociología, que aplaudieron el secuestro oficial de Miguel Ángel, algo que se entiende porque éste les resultaba incomodo por sus posturas políticas y por los temas que investiga, relacionados con los problemas sociales de Colombia y América Latina.


Esa incomodidad aumentó cuando, tras salir de la cárcel, Miguel Ángel se reintegró a su cargo de profesor de la UN. El día que se presentó al Departamento de Sociología muy pocos se atrevieron a saludarlo y casi todos le dieron la espalda, literalmente hablando, en forma desdeñosa. Luego llegaron amenazas de muerte y Miguel Ángel partió al exilio, una terrible situación en la que el respaldo de la UN fue casi simbólico.


Estando en el exilio, el 3 septiembre de 2013 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo destituyó de su cargo de profesor, basándose en las mismas evidencias por las que había sido absuelto, principalmente en el supuesto computador mágico e indestructible de Raúl Reyes. Durante varios meses estuvo en suspenso la destitución, tiempo durante el cual unos cuantos profesores y estudiantes de la UN y otras universidades se movilizaron y denunciaron la persecución al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. En este lapso, Miguel Ángel se reintegró a su trabajo a comienzos de 2014 e impartió cátedra durante el primer semestre académico de ese año.


Pero Ordóñez no cesó en su empeño inquisitorial y el 24 de julio de 2014 confirmó la destitución de Miguel Ángel Beltrán y la prohibición de ejercer algún cargo público por los próximos trece años. El rector de la UN, Ignacio Mantilla, dando muestras de una vergonzosa postración ante la Procuraduría procedió a destituirlo, sin cuestionar la decisión de Ordóñez ni reivindicar el derecho a la autonomía de que goza la universidad. Se basó en conceptos jurídicos de abogados "progresistas" para quienes era preferible la destitución de Miguel Ángel Beltrán a oponerse a la decisión de la Procuraduría, puesto que según su retórica sofística esta última posibilidad implicaba cuestionar el Estado de Derecho, algo inaudito para su cretinismo jurídico. Lo lamentable radica en que una institución universitaria, uno de cuyas banderas es la libertad de opinión y pensamiento, haya asumido como válidos los pobres argumentos del Procurador que acusó a Miguel Ángel de formar grupos de investigación y de escribir artículos y foros con "sentido político", en los que se admitía que el conflicto armado en Colombia se había originado en la lucha de los campesinos, lo que la Procuraduría consideró como una instigación al terrorismo.


De esta forma, las autoridades universitarias –con el apoyo tácito del grueso de la comunidad académica– pusieron en juego un nuevo engranaje del terrorismo de Estado: la muerte laboral. En efecto, la destitución de su cargo de profesor en la UN significa en la práctica para Miguel Ángel Beltrán la muerte laboral, porque está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 13 años (toda una vida en términos laborales) y después de esa destitución es dudoso que alguna otra universidad quiera contratar a un profesor destituido por la Procuraduría, sobre el cual además se han difundido toda clase de mentiras y calumnias.


Tercer acto: la condena


Lo que faltaba, luego de la destitución de la UN, a finales del 2014 se conoció la condena proferida por un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 100 meses de cárcel por el delito de rebelión. Esta segunda instancia se derivó de la apelación que hizo un Fiscal a la decisión de dejar libre a Miguel Ángel Beltrán. Aunque en apariencia esta decisión no se basa en las pruebas "mágicas" que se esgrimieron luego del secuestro en México, a la larga las avala, como lo señala una información de El Espectador: "Según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias 'Jaime Cienfuegos', ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias 'Raúl Reyes', abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador". Esto fue lo que dijo la Fiscalía y eso fue lo que asumió como valido el Tribunal Superior de Bogotá.


No deja de ser sintomático que la condena se haya dado en pleno paro judicial en el país, lo que indica que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá son esquiroles. Aparte de esta curiosidad, queda claro que el aparato judicial en Colombia es otra instancia propia del terrorismo de Estado, y no es ningún poder independiente, como lo afirma la teoría liberal sobre la separación de las ramas del Estado y por eso actúa con claro criterio de clase para perseguir a estudiantes, profesores, campesinos, trabajadores, mujeres pobres... Mientras sobre estos recae la fuerza del Estado, como se evidencia con el origen social de los miles de presos comunes y políticos que abarrotan las cárceles en el país y a los que se trata peor que animales, a los delincuentes y criminales de cuello blanco se les conceden todo tipo de gabelas para que huyan, como ha sucedido con Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Pilar Hurtado, Sandra Morelli... para no hablar de la impunidad que cobija los crímenes de ex presidentes, ministros, generales y sus familiares, como sucede con los responsables de los "falsos positivos".


El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores en huelga, campesinos que protestan en las carreteras, estudiantes que hacen manifestaciones... y lo mismo cuando persigue y castiga a aquellos que se oponen al régimen, sometidos a un inagotable terrorismo de Estado. Eso es lo que ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán, por atreverse a pensar, a disentir, a dudar de las falsas verdades del establecimiento y de sus intelectuales orgánicos. Para que esto no quede en generalidades, recordemos que el fiscal que inicialmente acusó a Miguel Ángel, cuyo nombre es Ricardo Bejarano Beltrán, suele posar en las redes sociales con uniforme militar y entre sus páginas favoritas se encuentran las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, y entre sus fetiches se encuentran las operaciones contraguerrilla 'Fénix' y 'Sodoma'. Esa es una buena muestra de la "imparcialidad de la justicia" colombiana. Por eso será que, volviendo al paro judicial, se dice en son de chiste que nadie se enteró de esa protesta, porque en Colombia la justicia vive eternamente paralizada, salvo cuando se trata de joder a los pobres e insumisos.

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Sábado, 04 Julio 2015 07:23

"La hora de empezar a escuchar"

"La hora de empezar a escuchar"

Claudia Salcedo Vásquez, de la Dirección de Política contra las Drogas, disertó en el Senado en una jornada organizada por Intercambios. "Las penas no curan las adicciones", dijo y propuso enfrentar los problemas de drogas "desde una perspectiva distinta".

 

"Después de 50 años aprendimos que no podemos insistir en la represión para todos los eslabones de la cadena del narcotráfico." Claudia Paola Salcedo Vásquez, del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, explicó de esta manera la nueva visión de su país y el compromiso para aportar a la modificación de la política mundial sobre drogas. La definición fue pronunciada en el marco de la decimotercera Conferencia Nacional Sobre Políticas de Drogas, organizada por la asociación civil Intercambios.


Salcedo Vásquez, que se desempeña como coordinadora del área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, contó que Colombia "no es escéptica a las posibilidades" que presenta la Sesión de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) prevista para 2016 y que trabajará en conjunto con otros países de la región "para revisar las políticas frente a las drogas".


Según la funcionaria, "Colombia enfrentó a los carteles de narcos y los derrotó a precios muy altos de muchas vidas desde la declaratoria de guerra", aunque consideró que "se han ganado algunas batallas pero sigue sin conseguirse erradicar esta problemática".


"El planeta ha sido dividido de manera artificiosa entre países consumidores y vendedores", sin embargo, la cadena de la industria se reparte en "todos lados", observó. Además, agregó que en los últimos años, "Colombia sigue produciendo cocaína, pero a la vez el consumo se ha acrecentado", de manera tal que ya no puede considerarse ese país como "productor, sino que entra en la categoría de consumidor", por lo que debe modificar su estrategia.


La funcionaria colombiana agregó que en el gobierno se llegó a la conclusión de que "las penas no curan las adicciones". "Luego de cinco décadas, quizás es hora de empezar a escuchar", manifestó y agregó que "el 2016 en Nueva York constituye una oportunidad única para enfrentar los problemas de drogas desde una perspectiva distinta".


Según Vásquez, esta decisión descansa en que los resultados de "las políticas no deben ser evaluadas sólo por sus fines, sino también por sus resultados adversos". Además, agregó que es tiempo de que las políticas para combatir al narcotráfico y las adicciones "comiencen a poner en el centro a las personas, su salud y su bienestar".


"En el año 2003 contábamos con 86 mil hectáreas de plantaciones de coca" de las que, mediante la política de fumigación aérea con glifosato "y tras rociar un millón y medio de hectáreas, se supo hace poco que hay aún 64 mil". En conclusión, "en 12 años y tras invertir muchos recursos, se logró una reducción de sólo 22 mil hectáreas".


De acuerdo con lo expresado por Vásquez, "el balance general es que en doce años tenemos casi las mismas cantidades de hectáreas de cultivos ilegales, en una política que no tiene en cuenta al pequeño cultivador que termina por trasladarse, junto con los ilegales, a áreas de parques nacionales, zonas indígenas y de frontera" donde los aviones fumigadores no pueden operar. Según la funcionaria, "el 73 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en zonas límite para el Estado".


Hace poco, "se decidió por orden de la OMS dejar de fumigar los cultivos. Ningún mecanismo de lucha contra el delito debe ser empleado si es posible poner en riesgo los derechos fundamentales como el derecho a la salud". Es ante este estado de situación que Colombia decidió "concentrarse en fortalecer los programas de desarrollo para que el Estado provea a los pequeños cultivadores otras oportunidades dentro del marco de la legalidad" y repensar su política de drogas.


Colombia se presentará ante la Ungass 2016 con "políticas de drogas más humanas y eficientes". Según el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que fue presentado en la conferencia, se tratará la temática desde varios enfoques. "Es por ello que el enfoque de la salud pública considera a los consumidores como sujetos de derecho y no enfrenta su situación con políticas de abstinencia."


Por otro lado, desde el enfoque de la Justicia "el uso de sanciones desgasta el aparato judicial. Hay que diseñar alternativas al encarcelamiento para los infractores, dado que el sistema penitenciario tiene un alto grado de hacinamiento y el 21 por ciento de los presos en Colombia están penados por temáticas de droga".


Colombia propondrá también un enfoque de drogas desde el "desarrollo. Se trata de un país con una situación propicia para los cultivos de marihuana, coca y amapola". Según la funcionaria, "la represión ha resultado una herramienta insuficiente, debe enfrentarse este problema de una forma integral con un enfoque territorial. Es necesario pensar en el desarrollo alternativo", explicó.


Finalmente, Vásquez expresó que "llevar una posición unificada sobre drogas a nivel regional no ha sido fácil, pero hemos logrado alguna posición común con aquellos países que queremos modificar la política de drogas (entre los que se cuentan la Argentina y Uruguay) frente a aquellos que creen que el camino debe seguir igual", concluyó la funcionaria.

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Kalief Browder, Albert Woodfox y la tortura del confinamiento solitario

Doce días antes de cumplir 22 años, Kalief Browder ató el cable de un aire acondicionado alrededor de su cuello y se ahorcó. En 2010, a los 16 años de edad, Kalief había sido acusado de robar una mochila y fue arrestado, por lo cual permaneció tres años en la prisión de la isla Rikers en Nueva York, más de dos de los cuales estuvo en confinamiento solitario. Los guardias de la prisión lo golpeaban, al igual que los demás reclusos. No estaba cumpliendo una condena, sino que estaba detenido mientras aguardaba su juicio. Rechazó declararse culpable para negociar su pena. Quería que llegara el día de su juicio para demostrar que era inocente. Un juez finalmente desestimó el caso en su contra. Tras su liberación, Kalief Browder intentó recuperar su vida. Finalmente, el tormento que vivió fue más fuerte. Dos años después de su liberación, se suicidó.


Albert Woodfox también conoce el calvario que significa la reclusión en confinamiento solitario. Woodfox tiene la peculiaridad de ser el prisionero que ha pasado más tiempo en confinamiento solitario en Estados Unidos: más de 42 años. Durante la mayor parte de ese tiempo estuvo preso en la tristemente célebre prisión de máxima seguridad del estado de Louisiana conocida como "Angola", dado que fue construida donde antiguamente había una plantación en la que trabajaban esclavos provenientes de ese país africano.


Woodfox es uno de los denominados "tres de Angola", tres prisioneros que permanecieron en confinamiento solitario durante más de un siglo (sí, más de cien años) si se suman los años que cada uno de ellos estuvo aislados. Ellos consideran que estuvieron recluidos en confinamiento solitario como castigo por haber fundado, en 1971, la primera agrupación de las Panteras Negras en una prisión. Fueron perseguidos por haberse organizado en contra de la segregación, de las condiciones de trabajo inhumanas y de la violación sistemática y la esclavitud sexual infligidas contra muchos presos de la cárcel Angola.


Woodfox y otro de los "tres de Angola", el difunto Herman Wallace, fueron hallados culpables del homicidio del guardia de prisión Brent Miller en 1972. El caso en su contra adolecía de errores considerables por lo que, más adelante, se revocaron sus procesamientos. El 1° de octubre de 2013, Herman Wallace fue liberado, pero únicamente después de que un juez federal amenazara con arrestar al director de la cárcel si no lo liberaba. Wallace padecía cáncer de hígado en estado avanzado y falleció pocos días después, rodeado de sus familiares y amigos.


Un juez federal acaba de emitir una orden similar con carácter urgente para solicitar la liberación de Albert Woodfox, pero el estado de Louisiana ha recurrido la decisión ante un tribunal federal de apelación. El procesamiento de Woodfox ha sido revocado no una, sino dos veces. Hasta la viuda del guardia que fue asesinado, Teenie Verret, ha dicho que no cree que estos hombres hayan matado a su esposo. No obstante, el Fiscal General de Louisiana, "Buddy" Caldwell, quiere someter a Woodfox, de 68 años de edad, a un tercer juicio por el mismo delito, pero el juez federal James Brady está decidido a liberar a Woodfox de una vez por todas.


Brady determinó que "la edad y los problemas de salud del Sr. Woodfox...la falta de confianza de este tribunal en que el estado le proporcione un tercer juicio justo, el perjuicio ocasionado al Sr. Woodfox al haberlo obligado a pasar más de cuarenta años en confinamiento solitario y, por último, el mero hecho de que el Sr. Woodfox ya haya sido enjuiciado dos veces y siga afrontando un tercer juicio por un delito cometido hace más de cuarenta años...hacen que la única solución justa sea interponer un recurso de habeas corpus para que se impida volver a someter al Sr. Albert Woodfox a juicio y para liberarlo de inmediato".


El director de la cárcel Angola, Burl Cain, dijo que debía mantener a Woodfox y a los "Tres de Angola" en confinamiento solitario debido a su afiliación a las Panteras Negras. Albert Woodfox habló desde un teléfono de la cárcel en un documental llamado "In the Land of the Free" (En la tierra de los libres): "Siempre creí y sigo creyendo que mi causa es noble, por eso jamás podrán quebrantarme. Podrán hacerme tambalear un poco, podrán provocarme mucho dolor, e incluso podrán quitarme la vida, pero nunca podrán quebrantarme".


Lamentablemente, a Kalief Browder lo quebrantaron. Jennifer Gonnerman, de la revista New Yorker, escribió con elocuencia acerca del caso de Kalief mientras estaba con vida. El día después de su muerte escribió: "Quería que la población supiera por lo que había pasado para que nadie más tuviera que soportar el mismo calvario que él". Jennifer Gonnerman dijo en el programa Democracy Now!: "Desde que lo conocí me dijo: 'Jen, tienes que conseguir el video del 23 de septiembre de 2012, cuando este oficial me tiró al suelo y me atacó'. Y pensé: ¿cómo voy a conseguir ese video? Y después pensé ¿cómo sabe la fecha exacta? Y él la recordaba. Tenía muy buena memoria para los detalles y las fechas y para lo que le había sucedido, y sabía que este ataque había ocurrido ante la cámara de seguridad. Me senté junto a él y él lo miró hace unos meses. Por un lado, mirarlo fue absolutamente perturbador y, por otro, estaba agradecido de que la gente finalmente sabría exactamente lo que le sucedió. No sé qué pasó por la mente de Kalief en esos últimos minutos, pero sin duda estaba muy traumatizado por los tres años que estuvo encerrado en la cárcel de la isla Rikers, a pesar de que nunca fue declarado culpable de cometer ningún delito, y por las golpizas que sufrió de parte de los oficiales y de los otros reclusos".


El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha puesto fin al confinamiento solitario para los jóvenes de 16 y 17 años en la prisión de la isla Rikers y espera pronto hacer lo mismo con los menores de 21. Tras haberse enterado del suicidio de Browder, de Blasio afirmó: "No hay motivo por el cual debía sufrir ese calvario. Es una tragedia. Esto ha conmovido a muchos de nosotros y provocará un cambio. Desearía que no hubiera muerto. Es una pérdida terrible, pero cuando su historia se hizo pública muchas personas reaccionaron y muchos de los cambios que estamos realizando en la isla Rikers en este momento son el resultado del ejemplo de Kalief Browder. De modo que desearía de corazón que no hubiera muerto, pero su muerte no ha sido en vano".


Hay entre 80.000 y 100.000 prisioneros recluidos en confinamiento solitario en Estados Unidos. Las Naciones Unidas afirman que esta práctica a menudo es equiparable a la tortura. El confinamiento solitario es un castigo cruel e inusual que debe ser abolido de una vez por todas.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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