Viernes, 07 Agosto 2015 05:05

El terrorismo de estado en tres actos

El terrorismo de estado en tres actos

"Muchos son los santos que están
entre rejas de Dios
y tantos asesinos gozando de este sol".


León Gieco, Las madres del amor.

 

El 18 de diciembre de 2014, en plena huelga judicial, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá condenó en segunda instancia al profesor e investigador Miguel Ángel Beltrán a 100 meses de cárcel, acusándolo del delito de rebelión. El pasado 31 de julio fue detenido y ha sido conducido a la Cárcel de La Picota, en Bogotá. Este hecho rubrica un sistemático proceso de persecución contra un intelectual crítico durante los últimos seis años, en que el Estado y sus diversos órganos han dado muestras de lo que significa el terrorismo oficial y pone de presente la certeza del dicho popular de que "la justicia es para los de ruana". Analicemos tres actos de esta persecución.


Primer acto: secuestro en México


Miguel Ángel Beltrán se encontraba hacía nueve meses en México adelantando sus estudios de posdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma, país en el que antes había vivido durante varios años. Su visa se le había vencido hacia quince días y para permanecer en el país necesitaba una visa definitiva y a Miguel Ángel le preocupaba que desde el Instituto Nacional de Migración (INM) lo llamaran con insistencia por teléfono. Era, como luego se comprobó, un señuelo para obligarlo a ir a esas oficinas a donde se tenía previsto secuestrarlo, como en efecto sucedió. El 22 de mayo de 2009 en compañía del abogado Jorge Becerril y de su esposa Luisa Natalia se dirigió a la sede del INM, a una cita previamente concertada con el Subdirector de Migraciones. Ingresó solo, mientras sus dos acompañantes lo esperaban afuera. Pasaron las horas y Miguel Ángel no salía, por lo que su esposa y el abogado demandaron por lo sucedido, a lo que un funcionario les respondió que aquél había sido trasladado a otra dependencia porque estaba en condiciones de ilegalidad, pero que no se preocuparan que pronto regresaría a su casa.


Sin imaginarse lo que había sucedido, Natalia se fue a su apartamento, encendió el televisor y vio con estupor imágenes que se transmitían desde Bogotá en las que se informaba que había sido capturado y traído a Bogotá un tal Jaime Cienfuegos, miembro de la Comisión Internacional de las FARC, que no es otro sino Miguel Ángel Beltrán.


En forma acelerada, algo que no suele caracterizar ni a los burócratas de México ni de Colombia, Miguel Ángel Beltrán fue agredido y sacado de las instalaciones del INM, metido a la fuerza en una camioneta y llevado al aeropuerto, donde un avión militar colombiano lo esperaba para traerlo, como producto del secuestro, a Bogotá. El régimen criminal de la "Seguridad Democrática" presentó al profesor como un peligroso terrorista y en persona el patrón del Ubérrimo se apresuró a decir que se había capturado "a uno de los terroristas más peligrosos de la organización narcoterrorista de las FARC", regodeándose "porque este profesor de sociología dedicado a ser profesor del crimen esté hoy en las cárceles colombianas. Gracias por la buena voluntad del presidente de México".


Estamos diciendo que el día 22 de mayo de 2009 aconteció un hecho vergonzoso en la historia de América Latina y de México en particular, puesto que dentro de las instalaciones del INM se secuestró en forma conjunta entre la DIJIN de Colombia y el Estado mexicano a un ciudadano colombiano. Violando los más elementales procedimientos diplomáticos, y echando por la borda una tradición centenaria de refugio a intelectuales y perseguidos políticos, el gobierno de Felipe Calderón autorizó el secuestro y la posterior entrega al régimen criminal de Álvaro Uribe Vélez de un intelectual colombiano, y en la práctica intentó resucitar el Plan Cóndor de las décadas de 1970 y 1980, mediante el cual las dictaduras de Seguridad Nacional del Cono Sur intercambiaban personas que luego eran torturadas, asesinadas y desaparecidas.


Paralelamente, los medios de desinformación (RCN, Caracol, El Tiempo, El Espectador...) se encargaron de reproducir la versión oficial –ocultando la magnitud de los crímenes del Estado colombiano y reproduciendo, sin ningún sentido crítico, las mentiras propaladas por el régimen de Álvaro Uribe Vélez.


Miguel Ángel fue encarcelado, aduciendo como "pruebas reinas" los supuestos correos encontrados en el computador mágico de Raúl Reyes y sin ningún tipo de juicio, tanto los medios de desinformación como el inquilino de la Casa de Narquiño, ya lo habían condenado. Luego se efectuó una parodia de juicio, con pruebas deleznables y testigos amañados y torpes, en una burda acción en la que la defensa de Miguel Ángel desmontó una a una las mentiras y logró que fuera declarado inocente y saliera de prisión, tras dos años de encarcelamiento arbitrario.


Segundo acto: la muerte laboral


Cuando Miguel Ángel Beltrán fue secuestrado y traído en forma ilegal a Colombia, la Universidad Nacional, institución en la que se desempeñaba como profesor, no realizó ninguna acción de apoyo ni de solidaridad y tampoco le brindo ningún respaldo legal mientras estuvo en la prisión. Durante ese tiempo lo desvinculó de su nómina docente y tuvo el descaro, casi kafkiano, de enviar a un abogado a la cárcel, pero no para brindarle asesoría jurídica sino para comunicarle que debía responder por el inventario de las cosas que la UN le había adjudicado en su oficina o de lo contrario le abriría un proceso disciplinario.


Las directivas de la UN se plegaron a las decisiones arbitrarias de la "justicia colombiana" y nunca cuestionaron ni denunciaron los procedimientos terroristas del Estado colombiano. Aún peor, los académicos e investigadores de la UN –con honrosas excepciones– no se manifestaron para defender a uno de sus colegas, asumiendo una actitud cómplice con el terrorismo de Estado. Incluso, hubo profesores universitarios, incluyendo a miembros del Departamento de Sociología, que aplaudieron el secuestro oficial de Miguel Ángel, algo que se entiende porque éste les resultaba incomodo por sus posturas políticas y por los temas que investiga, relacionados con los problemas sociales de Colombia y América Latina.


Esa incomodidad aumentó cuando, tras salir de la cárcel, Miguel Ángel se reintegró a su cargo de profesor de la UN. El día que se presentó al Departamento de Sociología muy pocos se atrevieron a saludarlo y casi todos le dieron la espalda, literalmente hablando, en forma desdeñosa. Luego llegaron amenazas de muerte y Miguel Ángel partió al exilio, una terrible situación en la que el respaldo de la UN fue casi simbólico.


Estando en el exilio, el 3 septiembre de 2013 el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, lo destituyó de su cargo de profesor, basándose en las mismas evidencias por las que había sido absuelto, principalmente en el supuesto computador mágico e indestructible de Raúl Reyes. Durante varios meses estuvo en suspenso la destitución, tiempo durante el cual unos cuantos profesores y estudiantes de la UN y otras universidades se movilizaron y denunciaron la persecución al pensamiento crítico y a la libertad de pensamiento. En este lapso, Miguel Ángel se reintegró a su trabajo a comienzos de 2014 e impartió cátedra durante el primer semestre académico de ese año.


Pero Ordóñez no cesó en su empeño inquisitorial y el 24 de julio de 2014 confirmó la destitución de Miguel Ángel Beltrán y la prohibición de ejercer algún cargo público por los próximos trece años. El rector de la UN, Ignacio Mantilla, dando muestras de una vergonzosa postración ante la Procuraduría procedió a destituirlo, sin cuestionar la decisión de Ordóñez ni reivindicar el derecho a la autonomía de que goza la universidad. Se basó en conceptos jurídicos de abogados "progresistas" para quienes era preferible la destitución de Miguel Ángel Beltrán a oponerse a la decisión de la Procuraduría, puesto que según su retórica sofística esta última posibilidad implicaba cuestionar el Estado de Derecho, algo inaudito para su cretinismo jurídico. Lo lamentable radica en que una institución universitaria, uno de cuyas banderas es la libertad de opinión y pensamiento, haya asumido como válidos los pobres argumentos del Procurador que acusó a Miguel Ángel de formar grupos de investigación y de escribir artículos y foros con "sentido político", en los que se admitía que el conflicto armado en Colombia se había originado en la lucha de los campesinos, lo que la Procuraduría consideró como una instigación al terrorismo.


De esta forma, las autoridades universitarias –con el apoyo tácito del grueso de la comunidad académica– pusieron en juego un nuevo engranaje del terrorismo de Estado: la muerte laboral. En efecto, la destitución de su cargo de profesor en la UN significa en la práctica para Miguel Ángel Beltrán la muerte laboral, porque está inhabilitado para ejercer cualquier cargo público durante 13 años (toda una vida en términos laborales) y después de esa destitución es dudoso que alguna otra universidad quiera contratar a un profesor destituido por la Procuraduría, sobre el cual además se han difundido toda clase de mentiras y calumnias.


Tercer acto: la condena


Lo que faltaba, luego de la destitución de la UN, a finales del 2014 se conoció la condena proferida por un miembro de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá a 100 meses de cárcel por el delito de rebelión. Esta segunda instancia se derivó de la apelación que hizo un Fiscal a la decisión de dejar libre a Miguel Ángel Beltrán. Aunque en apariencia esta decisión no se basa en las pruebas "mágicas" que se esgrimieron luego del secuestro en México, a la larga las avala, como lo señala una información de El Espectador: "Según la Fiscalía General, el profesor universitario era alias 'Jaime Cienfuegos', ideólogo de la comisión internacional de las Farc. El ente acusador llegó a esa conclusión luego de revisar los documentos que se encontraron en el computador del jefe guerrillero alias 'Raúl Reyes', abatido el 2 de marzo de 2008 en la frontera entre Colombia y Ecuador". Esto fue lo que dijo la Fiscalía y eso fue lo que asumió como valido el Tribunal Superior de Bogotá.


No deja de ser sintomático que la condena se haya dado en pleno paro judicial en el país, lo que indica que los miembros de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá son esquiroles. Aparte de esta curiosidad, queda claro que el aparato judicial en Colombia es otra instancia propia del terrorismo de Estado, y no es ningún poder independiente, como lo afirma la teoría liberal sobre la separación de las ramas del Estado y por eso actúa con claro criterio de clase para perseguir a estudiantes, profesores, campesinos, trabajadores, mujeres pobres... Mientras sobre estos recae la fuerza del Estado, como se evidencia con el origen social de los miles de presos comunes y políticos que abarrotan las cárceles en el país y a los que se trata peor que animales, a los delincuentes y criminales de cuello blanco se les conceden todo tipo de gabelas para que huyan, como ha sucedido con Luis Carlos Restrepo, Andrés Felipe Arias, Pilar Hurtado, Sandra Morelli... para no hablar de la impunidad que cobija los crímenes de ex presidentes, ministros, generales y sus familiares, como sucede con los responsables de los "falsos positivos".


El aparato judicial colombiano funciona a la perfección cuando se trata de castigar trabajadores en huelga, campesinos que protestan en las carreteras, estudiantes que hacen manifestaciones... y lo mismo cuando persigue y castiga a aquellos que se oponen al régimen, sometidos a un inagotable terrorismo de Estado. Eso es lo que ha sucedido a Miguel Ángel Beltrán, por atreverse a pensar, a disentir, a dudar de las falsas verdades del establecimiento y de sus intelectuales orgánicos. Para que esto no quede en generalidades, recordemos que el fiscal que inicialmente acusó a Miguel Ángel, cuyo nombre es Ricardo Bejarano Beltrán, suele posar en las redes sociales con uniforme militar y entre sus páginas favoritas se encuentran las de la Escuela Militar, los Veteranos de guerra de Vietnam, y entre sus fetiches se encuentran las operaciones contraguerrilla 'Fénix' y 'Sodoma'. Esa es una buena muestra de la "imparcialidad de la justicia" colombiana. Por eso será que, volviendo al paro judicial, se dice en son de chiste que nadie se enteró de esa protesta, porque en Colombia la justicia vive eternamente paralizada, salvo cuando se trata de joder a los pobres e insumisos.

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Sábado, 04 Julio 2015 07:23

"La hora de empezar a escuchar"

"La hora de empezar a escuchar"

Claudia Salcedo Vásquez, de la Dirección de Política contra las Drogas, disertó en el Senado en una jornada organizada por Intercambios. "Las penas no curan las adicciones", dijo y propuso enfrentar los problemas de drogas "desde una perspectiva distinta".

 

"Después de 50 años aprendimos que no podemos insistir en la represión para todos los eslabones de la cadena del narcotráfico." Claudia Paola Salcedo Vásquez, del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia, explicó de esta manera la nueva visión de su país y el compromiso para aportar a la modificación de la política mundial sobre drogas. La definición fue pronunciada en el marco de la decimotercera Conferencia Nacional Sobre Políticas de Drogas, organizada por la asociación civil Intercambios.


Salcedo Vásquez, que se desempeña como coordinadora del área de Asuntos Internacionales de la Dirección de Política contra las Drogas y Actividades Relacionadas, contó que Colombia "no es escéptica a las posibilidades" que presenta la Sesión de Naciones Unidas sobre drogas (Ungass) prevista para 2016 y que trabajará en conjunto con otros países de la región "para revisar las políticas frente a las drogas".


Según la funcionaria, "Colombia enfrentó a los carteles de narcos y los derrotó a precios muy altos de muchas vidas desde la declaratoria de guerra", aunque consideró que "se han ganado algunas batallas pero sigue sin conseguirse erradicar esta problemática".


"El planeta ha sido dividido de manera artificiosa entre países consumidores y vendedores", sin embargo, la cadena de la industria se reparte en "todos lados", observó. Además, agregó que en los últimos años, "Colombia sigue produciendo cocaína, pero a la vez el consumo se ha acrecentado", de manera tal que ya no puede considerarse ese país como "productor, sino que entra en la categoría de consumidor", por lo que debe modificar su estrategia.


La funcionaria colombiana agregó que en el gobierno se llegó a la conclusión de que "las penas no curan las adicciones". "Luego de cinco décadas, quizás es hora de empezar a escuchar", manifestó y agregó que "el 2016 en Nueva York constituye una oportunidad única para enfrentar los problemas de drogas desde una perspectiva distinta".


Según Vásquez, esta decisión descansa en que los resultados de "las políticas no deben ser evaluadas sólo por sus fines, sino también por sus resultados adversos". Además, agregó que es tiempo de que las políticas para combatir al narcotráfico y las adicciones "comiencen a poner en el centro a las personas, su salud y su bienestar".


"En el año 2003 contábamos con 86 mil hectáreas de plantaciones de coca" de las que, mediante la política de fumigación aérea con glifosato "y tras rociar un millón y medio de hectáreas, se supo hace poco que hay aún 64 mil". En conclusión, "en 12 años y tras invertir muchos recursos, se logró una reducción de sólo 22 mil hectáreas".


De acuerdo con lo expresado por Vásquez, "el balance general es que en doce años tenemos casi las mismas cantidades de hectáreas de cultivos ilegales, en una política que no tiene en cuenta al pequeño cultivador que termina por trasladarse, junto con los ilegales, a áreas de parques nacionales, zonas indígenas y de frontera" donde los aviones fumigadores no pueden operar. Según la funcionaria, "el 73 por ciento de los cultivos ilícitos se encuentra en zonas límite para el Estado".


Hace poco, "se decidió por orden de la OMS dejar de fumigar los cultivos. Ningún mecanismo de lucha contra el delito debe ser empleado si es posible poner en riesgo los derechos fundamentales como el derecho a la salud". Es ante este estado de situación que Colombia decidió "concentrarse en fortalecer los programas de desarrollo para que el Estado provea a los pequeños cultivadores otras oportunidades dentro del marco de la legalidad" y repensar su política de drogas.


Colombia se presentará ante la Ungass 2016 con "políticas de drogas más humanas y eficientes". Según el informe del Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia que fue presentado en la conferencia, se tratará la temática desde varios enfoques. "Es por ello que el enfoque de la salud pública considera a los consumidores como sujetos de derecho y no enfrenta su situación con políticas de abstinencia."


Por otro lado, desde el enfoque de la Justicia "el uso de sanciones desgasta el aparato judicial. Hay que diseñar alternativas al encarcelamiento para los infractores, dado que el sistema penitenciario tiene un alto grado de hacinamiento y el 21 por ciento de los presos en Colombia están penados por temáticas de droga".


Colombia propondrá también un enfoque de drogas desde el "desarrollo. Se trata de un país con una situación propicia para los cultivos de marihuana, coca y amapola". Según la funcionaria, "la represión ha resultado una herramienta insuficiente, debe enfrentarse este problema de una forma integral con un enfoque territorial. Es necesario pensar en el desarrollo alternativo", explicó.


Finalmente, Vásquez expresó que "llevar una posición unificada sobre drogas a nivel regional no ha sido fácil, pero hemos logrado alguna posición común con aquellos países que queremos modificar la política de drogas (entre los que se cuentan la Argentina y Uruguay) frente a aquellos que creen que el camino debe seguir igual", concluyó la funcionaria.

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Kalief Browder, Albert Woodfox y la tortura del confinamiento solitario

Doce días antes de cumplir 22 años, Kalief Browder ató el cable de un aire acondicionado alrededor de su cuello y se ahorcó. En 2010, a los 16 años de edad, Kalief había sido acusado de robar una mochila y fue arrestado, por lo cual permaneció tres años en la prisión de la isla Rikers en Nueva York, más de dos de los cuales estuvo en confinamiento solitario. Los guardias de la prisión lo golpeaban, al igual que los demás reclusos. No estaba cumpliendo una condena, sino que estaba detenido mientras aguardaba su juicio. Rechazó declararse culpable para negociar su pena. Quería que llegara el día de su juicio para demostrar que era inocente. Un juez finalmente desestimó el caso en su contra. Tras su liberación, Kalief Browder intentó recuperar su vida. Finalmente, el tormento que vivió fue más fuerte. Dos años después de su liberación, se suicidó.


Albert Woodfox también conoce el calvario que significa la reclusión en confinamiento solitario. Woodfox tiene la peculiaridad de ser el prisionero que ha pasado más tiempo en confinamiento solitario en Estados Unidos: más de 42 años. Durante la mayor parte de ese tiempo estuvo preso en la tristemente célebre prisión de máxima seguridad del estado de Louisiana conocida como "Angola", dado que fue construida donde antiguamente había una plantación en la que trabajaban esclavos provenientes de ese país africano.


Woodfox es uno de los denominados "tres de Angola", tres prisioneros que permanecieron en confinamiento solitario durante más de un siglo (sí, más de cien años) si se suman los años que cada uno de ellos estuvo aislados. Ellos consideran que estuvieron recluidos en confinamiento solitario como castigo por haber fundado, en 1971, la primera agrupación de las Panteras Negras en una prisión. Fueron perseguidos por haberse organizado en contra de la segregación, de las condiciones de trabajo inhumanas y de la violación sistemática y la esclavitud sexual infligidas contra muchos presos de la cárcel Angola.


Woodfox y otro de los "tres de Angola", el difunto Herman Wallace, fueron hallados culpables del homicidio del guardia de prisión Brent Miller en 1972. El caso en su contra adolecía de errores considerables por lo que, más adelante, se revocaron sus procesamientos. El 1° de octubre de 2013, Herman Wallace fue liberado, pero únicamente después de que un juez federal amenazara con arrestar al director de la cárcel si no lo liberaba. Wallace padecía cáncer de hígado en estado avanzado y falleció pocos días después, rodeado de sus familiares y amigos.


Un juez federal acaba de emitir una orden similar con carácter urgente para solicitar la liberación de Albert Woodfox, pero el estado de Louisiana ha recurrido la decisión ante un tribunal federal de apelación. El procesamiento de Woodfox ha sido revocado no una, sino dos veces. Hasta la viuda del guardia que fue asesinado, Teenie Verret, ha dicho que no cree que estos hombres hayan matado a su esposo. No obstante, el Fiscal General de Louisiana, "Buddy" Caldwell, quiere someter a Woodfox, de 68 años de edad, a un tercer juicio por el mismo delito, pero el juez federal James Brady está decidido a liberar a Woodfox de una vez por todas.


Brady determinó que "la edad y los problemas de salud del Sr. Woodfox...la falta de confianza de este tribunal en que el estado le proporcione un tercer juicio justo, el perjuicio ocasionado al Sr. Woodfox al haberlo obligado a pasar más de cuarenta años en confinamiento solitario y, por último, el mero hecho de que el Sr. Woodfox ya haya sido enjuiciado dos veces y siga afrontando un tercer juicio por un delito cometido hace más de cuarenta años...hacen que la única solución justa sea interponer un recurso de habeas corpus para que se impida volver a someter al Sr. Albert Woodfox a juicio y para liberarlo de inmediato".


El director de la cárcel Angola, Burl Cain, dijo que debía mantener a Woodfox y a los "Tres de Angola" en confinamiento solitario debido a su afiliación a las Panteras Negras. Albert Woodfox habló desde un teléfono de la cárcel en un documental llamado "In the Land of the Free" (En la tierra de los libres): "Siempre creí y sigo creyendo que mi causa es noble, por eso jamás podrán quebrantarme. Podrán hacerme tambalear un poco, podrán provocarme mucho dolor, e incluso podrán quitarme la vida, pero nunca podrán quebrantarme".


Lamentablemente, a Kalief Browder lo quebrantaron. Jennifer Gonnerman, de la revista New Yorker, escribió con elocuencia acerca del caso de Kalief mientras estaba con vida. El día después de su muerte escribió: "Quería que la población supiera por lo que había pasado para que nadie más tuviera que soportar el mismo calvario que él". Jennifer Gonnerman dijo en el programa Democracy Now!: "Desde que lo conocí me dijo: 'Jen, tienes que conseguir el video del 23 de septiembre de 2012, cuando este oficial me tiró al suelo y me atacó'. Y pensé: ¿cómo voy a conseguir ese video? Y después pensé ¿cómo sabe la fecha exacta? Y él la recordaba. Tenía muy buena memoria para los detalles y las fechas y para lo que le había sucedido, y sabía que este ataque había ocurrido ante la cámara de seguridad. Me senté junto a él y él lo miró hace unos meses. Por un lado, mirarlo fue absolutamente perturbador y, por otro, estaba agradecido de que la gente finalmente sabría exactamente lo que le sucedió. No sé qué pasó por la mente de Kalief en esos últimos minutos, pero sin duda estaba muy traumatizado por los tres años que estuvo encerrado en la cárcel de la isla Rikers, a pesar de que nunca fue declarado culpable de cometer ningún delito, y por las golpizas que sufrió de parte de los oficiales y de los otros reclusos".


El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, ha puesto fin al confinamiento solitario para los jóvenes de 16 y 17 años en la prisión de la isla Rikers y espera pronto hacer lo mismo con los menores de 21. Tras haberse enterado del suicidio de Browder, de Blasio afirmó: "No hay motivo por el cual debía sufrir ese calvario. Es una tragedia. Esto ha conmovido a muchos de nosotros y provocará un cambio. Desearía que no hubiera muerto. Es una pérdida terrible, pero cuando su historia se hizo pública muchas personas reaccionaron y muchos de los cambios que estamos realizando en la isla Rikers en este momento son el resultado del ejemplo de Kalief Browder. De modo que desearía de corazón que no hubiera muerto, pero su muerte no ha sido en vano".


Hay entre 80.000 y 100.000 prisioneros recluidos en confinamiento solitario en Estados Unidos. Las Naciones Unidas afirman que esta práctica a menudo es equiparable a la tortura. El confinamiento solitario es un castigo cruel e inusual que debe ser abolido de una vez por todas.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Los doctores decidían si los presos eran "aptos" para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso torturaban ellos mismos, según recuerda hoy un artículo en una de las principales revistas médicas de EE UU, The New England Journal of Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.


Médicos, psicólogos y abogados a sueldo de la CIA se aliaron para cubrirse las espaldas mutuamente en la docena de centros secretos en los que se torturaba a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.


Los doctores decidían si los presos eran "aptos" para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso torturaban ellos mismos, según recuerda hoy un artículo en una de las principales revistas médicas de EE UU, The New England Journal of Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.
La publicación médica recupera datos del informe del Senado de EE UU que en diciembre desveló las torturas de la CIA durante la presidencia de George W. Bush.


Dos psicólogos fichados por la agencia de inteligencia, James Mitchell y Bruce Jessen, diseñaron un programa basado en la "indefensión aprendida" para hacer hablar a los sospechosos. Las prácticas incluían la desnudez forzada, la privación de sueño con los detenidos de pie hasta 180 horas, golpes en la cara y en el abdomen, el waterboarding (asfixiar al preso con agua) y el walling (golpear a la persona contra un muro). El Departamento de Justicia aprobó estos métodos siempre que hubiera un médico presente.


Una de las técnicas de tortura más brutales era la llamada "alimentación rectal" por prescripción médica, aplicada entre otros al preso paquistaní Majid Khan, en huelga de hambre. Según detalló el informe del Senado, sus torturadores introdujeron por el recto de Khan una papilla de pasta con tomate, hummus, nueces y pasas, más el contenido de dos botellas de bebida energética de la marca Ensure.


"No es posible alimentar a una persona a través de la mucosa del recto", recalcan en la revista médica los autores del texto, los doctores George J. Annas y Sondra S. Crosby, que definen la práctica como "asalto sexual". Annas es profesor de Bioética en la Universidad de Boston y Crosby dirigió los servicios médicos del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados, en la misma ciudad, donde atendió a más de 300 supervivientes de torturas.


Los dos expertos hacen un llamamiento en The New England Journal of Medicine para que los médicos estadounidenses no vuelvan a participar en torturas. El presidente Barack Obama prohibió oficialmente estas prácticas cuando llegó a la Casa Blanca en 2009. Sin embargo, denuncia Annas, las torturas continúan, pese a estar prohibidas por el Convenio de Ginebra, haya médicos presentes o no.


"Aunque el informe del Senado habla solo de las instalaciones secretas de la CIA, la CIA y el Departamento de Defensa trabajan en estrecha colaboración, por lo que sus prácticas tienden a influirse unas a otras, por ejemplo en las misiones conjuntas de la CIA y los Navy Seals [la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de EE UU]", explica Annas a Materia.


"El mejor ejemplo de conductas actuales al margen de la ética en el Ejército de EE UU quizá sean las extracciones a la fuerza de sus celdas de presos en huelga de hambre en Guantánamo, para proceder a su alimentación forzada", sostiene Annas. Tanto la Asociación Médica Mundial como la Asociación Médica de EE UU prohíben esta práctica. En 2013, un informe del Instituto de Medicina como Profesión y la Fundación Open Society denunció el mismo escándalo.


Annas recuerda el reciente caso de una enfermera de la Armada que, esgrimiendo los principios éticos de su profesión, se negó a alimentar a la fuerza a presos en huelga de hambre en Guantánamo. La enfermera fue castigada por sus superiores. "El Ejército de EE UU debe adoptar como política, y hacer que se cumpla en la realidad, la doctrina de que el primer deber del médico militar es su paciente, incluso en una prisión", concluye el profesor de la Universidad de Boston.


Su artículo llega apenas un mes después de que un informe denunciara la presunta colaboración secreta entre el Gobierno de Bush y la Asociación de Psicología de EEUU para justificar las torturas a prisioneros tras el 11-S. El documento, firmado por reputados psicólogos, mostraba mensajes de correo electrónico filtrados como prueba. La asociación negó las acusaciones.


(Con información de El País)

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"No se puede identificar la libertad de prensa con la propiedad privada"

Uno de los principales teóricos del garantismo, cuyos alcances considera mucho más allá de la cuestión penal, sostiene que deben existir límites no sólo al Poder Judicial sino también a los poderes políticos, y especialmente económicos y mediáticos.


La entrevista se realizó a las pocas horas de haber desembarcado en Buenos Aires, en un hotel céntrico. No es la primera vez que Luigi Ferrajoli llega a Buenos Aires. Habrá que aclarar que físicamente ya estuvo en algunas otras ocasiones, pero sus trabajos y teorías están instalados en el país desde hace décadas, mucho antes de que la "criminología mediática" arrasara con la idea de garantismo. Precisamente vino a hablar de eso, del garantismo y su papel en las democracias, vino a intentar arrancarlo como concepto acotado a lo penal para difundirlo como concepto de protección de garantías de la sociedad.

Garantías contra todos los poderes, incluido el penal. En esta entrevista exclusiva, Ferrajoli habló de las políticas del miedo, de las garantías, del abolicionismo, de las armas, del papel de los medios y los límites que tienen que imponer los periodistas.


–Es uno de los pilares de la teoría del garantismo. ¿Como se puede sintetizar la idea para el público no académico


–Garantismo es un neologismo, una palabra nueva. Por garantía entiendo los límites y los vínculos con los poderes, con cualquier poder. El área donde se desarrolló el garantismo es en torno al derecho penal. En ese sentido, las garantías son los límites al arbitrio judicial y al arbitrio policial. El derecho penal ha sido en la época de la Ilustración el lugar donde se desarrollaron los límites al poder absoluto del Estado. El proceso penal es una actividad de conocimiento, las garantías procesales son traducciones en normas jurídicas de criterios epistemológicos: el cargo de la prueba, el contradictorio, el derecho de confrontar de la defensa. Las garantías penales son garantías sustanciales. La ley debe proveer exactamente los hechos objeto de la penalización. Debe penalizar solamente actos que producen daños, ofensas, con el límite de la culpabilidad. Son garantías que son condiciones sine qua non.

–Son protecciones...


–Del inocente. Son garantías de libertad y también de verdad.


–¿De la verdad?


–Una verdad con muchas comillas, una verdad siempre probabilística. Sin embargo el sistema de garantías penales y procesales es el sistema de los límites que la tradición ilustrada, la tradición secular del derecho penal, ha desarrollado por limitar, no excluir, sino limitar el poder, el terrible poder que es el Poder Judicial –terrible es una expresión de Montesquieu–. Un terrible poder que, con el principio de legalidad del sometimiento de los jueces a la ley, se ha transformado en una tendencia a saber/poder. El Poder Judicial es tanto más limitado cuanto más lo transforman las garantías en un saber con la carga de la prueba, el contradictorio, y tanto más arbitrario cuanto más es un poder sin límites, sin vínculos. Todas las garantías también, la impugnación, son garantías de una correcta certidumbre de la verdad procesal, que siempre es una verdad probabilística en los hechos y opinable en derecho, porque el derecho, sobre todo en materia penal, muchas veces es muy vago, ambiguo.


–¿Es el mismo poder el que se autolimita?, ¿cómo es eso?


–Una limitación a través de la legislación. Un sistema es tanto más civilizado cuanto más limita el avance del poder sobre la libertad personal.


–A nivel mundial, hoy, esta cuestión de la protección de los derechos aparece en crisis...


–Sí. El garantismo, que nació en el derecho penal. Yo mismo escribí una teoría sobre el garantismo, "Derecho y razón". Sin embargo, según mi opinión, puede ser desarrollado sobre todos los poderes y como garantía de todos los derechos. Es una cuestión fundamental en la teoría de la democracia. Existe una parte de la opinión pública que pretende que el garantismo sea solamente judiciario, penalístico. Hay otros poderes sin límites: el poder político, el poder económico. El garantismo es una estructura formal, es decir, un sistema de límites a cualquier poder, de garantía de todos los derechos fundamentales. Sobre todo las constituciones rígidas, pensemos en la Constitución italiana, la española, también la Constitución argentina, la alemana...


–¿Rígidas?


–Es que, a diferencia de las constituciones del siglo XIX, están ordenadas por encima de la ley. La ley no puede derogar la Constitución. Esto significa limitaciones no solamente de los derechos de libertad contra el arbitrio policial y el judicial, sino también contra el Poder Legislativo, que no solamente está limitado por los derechos de libertad, en el sentido de que no puede introducir la censura, no puede limitar las libertades fundamentales. Está vinculado a la protección de derechos sociales. Una Constitución tomada en serio implica la imposición a la legislación de ejecutar los derechos sociales, que son el derecho a la salud, el derecho a la instrucción, el derecho a la subsistencia.


–Pero esto es la aplicación de una política marcada por la Constitución.


–Normalmente se piensa que estas políticas son una elección circunstancial, que se pueden operar o no; la derecha o la izquierda normalmente se distinguen por la aplicación de los derechos sociales y la derecha no. Pero no, la Constitución impone a cualquier mayoría, sea de izquierda o de derecha, ejecutar los derechos fundamentales. Son normas supraordenadas. Las garantías en esta significación son límites en este sentido...


–Obligaciones...


–No, prohibiciones en la tutela de los derechos de libertades, y obligaciones, vínculos, en garantía de los derechos sociales. Los derechos de libertad requieren de un paso atrás, un no hacer, un derecho penal mínimo. Los derechos sociales requieren un paso adelante, un hacer que, contrariamente a la concepción dominante, no son políticas discrecionales. Si tomamos en serio la Constitución debemos considerar ilegítima la no garantía de los derechos a la salud, a la instrucción. También una lesión, la prohibición de tickets, una monetización de estos derechos...


–¿A qué se refiere?


–La garantía de la salud implica un servicio sanitario nacional y gratuito igual para todos.


–Pero esto en el mundo no se aplica, ¿qué es lo que ocurre?


–Esto es obviamente un modelo límite que se ha ejecutado un poco en Gran Bretaña, también en Italia. Ahora, las políticas de los gobiernos, también en el actual gobierno de (Matteo) Renzi, son políticas que reducen el Estado social, por la declinación, la desaparición en el horizonte de la política de los vínculos constitucionales. Creo que es necesario reconocer el carácter ilegítimo de la no ejecución. La no ejecución no puede ser reparada por la jurisdicción constitucional, que no puede construir hospitales. En algunos países europeos, como también en Brasil, han sido introducidas algunas cuotas en los presupuestos, cuanto menos el 25 por ciento debe ser destinado a la instrucción. Esto es una garantía muy importante, son garantías de los derechos fundamentales, límites y vínculos, prohibiciones y obligaciones. Existe una posibilidad de control jurisdiccional sobre el presupuesto en el sentido de que si la federación o los estados no destinan esta cuota mínima se puede imponer que se ejecute.


–Pero siempre en función de las relaciones de poder que hay en cada país, porque la relación de poder puede imponer o no que se cumpla con estas cuotas.


–Si tomamos la Constitución en serio el Poder Legislativo está sometido a la Constitución, tiene la que he llamado la esfera de lo no decidible, lo que cualquier mayoría no puede decidir y lo que cualquier mayoría no puede no decidir.


–¿En qué países es aplicado hoy?


–Es un modelo límite, un modelo teórico, pero es importante que la teoría se pueda criticar no solamente política o moralmente, sino también sobre el plano jurídico. Considerar ilegítimo un Parlamento, una legislación, como en Italia, que disuelve los derechos de los trabajadores, reduce los derechos a la salud, monetiza el derecho a la salud introduciendo tickets, monetizando la atención de la salud.


–¿Pero cómo se hace para sostener, quién aplica ese poder sobre un Parlamento que disuelve leyes sin salirse de la democracia?


–Naturalmente es la cultura política la que debería criticar y no legitimar, porque es expresión de la mayoría. La mayoría está legitimada a decidir lo que es decidible. No sobre lo que es no decidible, ni sobre lo que no es no decidible, lo que es obligatorio. Es el pacto de convivencia, por la carta de identidad democrática de un país. Tomar esto en serio significa ejecutar y no violar estos derechos. Y los derechos sociales son siempre más importantes, porque en la sociedad actual sobrevivir no es un hecho natural como podría ser en el tiempo de Locke. Es un hecho social, que depende de la integración social. Locke podía teorizar que si se tiene la voluntad de trabajar siempre es posible regresar al campo o emigrar a las tierras incultas de América.

El escribe en el 1690. Hoy esto no es posible. La emigración se ha convertido en un ilícito. Esto significa que los derechos sociales no pueden depender de la voluntad de trabajar. Es necesario, como la prohibición de matar, insertarlo en el pacto constitucional. Contrariamente a la ideología dominante, los derechos sociales no son un lujo, son la primera inversión. Sin garantía de la salud, de la instrucción, un país no tiene ninguna productividad. Italia, por ejemplo, era un país muy pobre.

Desde hace unos 50 años devino relativamente rico, después de aplicar las garantías de los derechos sociales. Porque son derechos que promueven la productividad individual. En países como los de Africa subsahariana, donde las personas no tienen medios de subsistencia, no existe la posibilidad de una productividad colectiva. Creo que otra cuestión central del garantismo se está produciendo alrededor de los poderes financieros o económicos. La crisis económica se ha transformado en la crisis de la democracia porque se ha invertido la relación entre política y economía. Esto está produciendo una subalternidad de la política al mercado, por una asimetría estructural. La economía es global, la política y el derecho son locales.


–¿Cree que esta expresión de crítica al garantismo –en el derecho penal local la llaman la mano dura– es una manera de sostener esa relación invertida?


–La mano dura es solamente una palabra de orden demagógico, no significa nada. Las garantías procesales son garantías de verdad, no solamente de libertad. Existe también, por regresar al derecho penal, un principio de racionalidad, es decir que la capacidad preventiva del derecho penal es máxima contra los delitos como los de guante blanco, la corrupción, y es casi nula frente a los delitos de la calle, de subsistencia, el de los pobres. El populismo penal es irracional porque sostiene la mano dura contra la criminalidad de la calle, respecto a la cual no tiene ninguna capacidad de prevención. Contra la criminalidad de la calle son necesarias políticas sociales, no penales. Esta es la criminalidad que se produce por falta de sentimiento de pertenencia de las personas a una comunidad política, por el colapso del espíritu cívico. Pero la capacidad preventiva del derecho penal es máxima ante los delitos de corrupción, cuya impunidad es un hecho criminógeno. Lo paradójico hoy es la idea de aplicar un derecho penal máximo para los pobres y un derecho penal mínimo para los poderosos.


–Se reclama que los jueces garantistas se ocupan sólo de los derechos de los, entre comillas, delincuentes y no de la, también entre comillas, sociedad.


–Yo diría de los imputados, se puede hablar de delincuentes después de la condena. Y en ese caso, las garantías son las garantías de la condena de un delincuente, no de un inocente. Debería ser claro que la falta de garantías es un atentado a la libertad de todos. Sin garantías cualquiera de nosotros puede ser... No-sotros tenemos una idea de que las personas de un determinado nivel económico están a reparo, y no es así. Creo que existe también una desigualdad en los procesos, porque los delitos de los pobres son muy fáciles.


–¿A qué se refiere?


–El robo, la pequeña rapiña, no son hechos que requieran de una capacidad de investigación particularmente elevada. La bancarrota, la corrupción son delitos que requieren investigaciones más complejas. Las garantías mínimas son la posibilidad de defensa contra una acusación infundada, mal planteada. la falta de defensa... en Argentina existe afortunadamente el instituto de la Defensa Pública. Es una gran conquista que nosotros no tenemos. Esto significa que el garantismo puede progresar si elaboramos técnicas jurídicas que pueden afirmarse si están acompañadas de un cambio cultural. Que en el imaginario colectivo la democracia no consista solamente en la voluntad de la mayoría. El modelo de la democracia política es necesario, pero no es suficiente. El constitucionalismo ha desarrollado otras dimensiones de la democracia, que son las garantías no solamente de los derechos políticos, también de los derechos sociales, que son derechos que se refieren al pueblo en sentido más concreto, son los poderes de todos. En ese sentido, la soberanía popular consiste en la suma de los derechos de cada uno de los otros.


–¿Por qué cree que la figura del garantismo remite fuertemente a lo penal y no al resto?


–El garantismo nació con la Ilustración. El Estado moderno en su origen era un Estado muy simple. No existía ni la democracia ni el Estado social. No existía la escuela pública, ni el derecho a la salud. Luego, en el modelo del Estado legislativo la función del Estado era la guerra, el orden público. Contra el absolutismo la Ilustración –Beccaria, Voltaire, Montesquieu– inventó el modelo del poder no absoluto, limitado por la ley. Esta idea es afirmada en el siglo XIX con la creación del Estado de derecho, en el cual todos los poderes son sometidos a la ley. Pero el legislador permaneció con un poder absoluto, que en Italia, en Alemania, en España, se manifestó con un suicidio de la democracia, sin constituciones rígidas, donde legítimamente fue destruida la Constitución. El constitucionalismo refundó la democracia a través de la rigidez de la Constitución, que no es una ley como las otras, es inmodificable, está supraordenada a la legislación, que dado el caso puede resultar ilegítima. El constitucionalismo produjo el sometimiento de la legislación a la ley misma, identificando lo que no puede hacer y lo que debe hacer. Naturalmente este modelo es aún teórico y no se ha incorporado al imaginario colectivo, y está muy confrontado con la política. La política no aceptó esta idea de la limitación de sus poderes. Tampoco el mercado la aceptó, pero creo que es una batalla cultural.


–¿Los medios tienen parte en esto?


–Tienen enorme responsabilidad, la prensa, la televisión construyen el sentido común. Esta idea del garantismo como una cuestión solamente penal, judicial, es una operación que en Italia ha sido conducida por la política del berlusconismo. La idea de la derecha es que el poder político no es censurable; los electores han votado esta fase política y creen que esa votación legitima todo. No es así. Creo que el sentido común producido por la televisión, controlada por Berlusconi en Italia, por la derecha, ha producido una involución de la democracia, conectada a una involución del sentido común.


–Ya que estamos con Italia, el berlusconismo se apropia de los medios y a través de ellos es que transfiere esa idea cultural.


–Es otro lugar de las garantías. La información es un poder, en el cual confluyen muchas cuestiones: el poder económico del dueño, el derecho del periodista, el derecho a la información de las personas. Todas las constituciones garantizan la libertad de manifestación del pensamiento. La propiedad es un derecho de iniciativa económica, muy diferente. No se puede identificar la libertad de prensa con la propiedad privada. Son dos derechos distintos. La libertad de prensa se puede garantizar por un lado con el pluralismo, con la prohibición que se pueda tener como propietario más de un medio. Pero la libertad de prensa no es una variable dependiente del mercado. Debe ser garantizada frente a la propiedad. No es fácil. Sin embargo es necesario que en un plano cultural estos dos derechos, el de propiedad y el de libertad de manifestación del pensamiento, sean distintos y separados. Cuanto más separados mejor. Este también es un lugar de las garantías. Es un límite a los poderes. No hay un poder de producir informaciones. Hay un derecho de libertad del periodista que es una garantía también frente al derecho de propiedad del medio. En el sentido de que la responsabilidad, la reputación del periodista, debe ser un límite a la desinformación. No es fácil, pero en el plano conceptual es necesario distinguir los diferentes derechos y poderes para garantizar poderes a través de los derechos y sus garantías.


–Bueno, están también los medios oficiales, ¿qué opina sobre eso?


–No es fácil. Sería necesario una autoridad garante, por la RAI por ejemplo, que debería ser totalmente separada del gobierno, un órgano, una autoridad independiente pero dotada de verdadera independencia, elegida por los periodistas. Obviamente no es fácil, pero es posible elaborar técnicas de garantías. Pero en el plano cultural, la identificación de la libertad de prensa con la propiedad de la prensa es un factor de amputación de la posibilidad de garantizar, es una confusión conceptual. No es fácil de aplicar. Debería ser una cuestión fundamental, y no como hoy, considerar que la propiedad de un medio produce la total libertad del propietario de licenciar, de asumir, de condicionar la información, de expulsar periodistas independientes. Debería ser garantía de independencia. También la selección del director que sea expresión de la redacción. No es fácil.


–En Milán lo hacen en la Radio Popolare de Milano.


–Claro, las radios libres, cooperativas de periodistas. Esta debería ser la forma, y no una empresa periodística al servicio de. La prensa debería ser financiada como un servicio público y que el financiamiento, inversamente proporcional al condicionamiento del mercado.


–Autonomía económica. Pero ese subsidio también sujeta.


–No. Debería ser como todo, como un hospital. También el financiamiento de los partidos. El financiamiento privado puede ocultar corrupción. Creo que se debe impedir el financiamiento privado por personas jurídicas, sociedades por acciones, que no tienen una motivación ideal, no son personas físicas.


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Pena capital: una política condenada a muerte

Un jurado de Boston halló a Dzhokhar Tsarnaev culpable de los 30 delitos de los que fue acusado por su participación en los atentados de la maratón de Boston. Ahora el jurado deberá decidir a qué pena se lo condenará: si a cadena perpetua o a pena de muerte. La pena capital es ilegal en Massachusetts, pero el juicio contra Tsarnaev se llevó a cabo en un tribunal federal, donde esta pena está permitida. El jurado deberá decidir si vive o muere. El caso brinda un nuevo motivo para analizar la pena de muerte y por qué esta práctica irreversible y extremadamente problemática debería prohibirse.


Anthony Ray Hinton está vivo y es un hombre libre hoy, pero la semana pasada estaba condenado a pena de muerte y aguardaba su ejecución en Alabama desde hacía 30 años. Hinton se convirtió en la persona número 152 en Estados Unidos en ser exonerada de la pena de muerte, a la que estuvo condenado durante treinta años por un delito que no cometió. Fue acusado de matar a dos gerentes de un restaurante de comida rápida en 1985. Sin embargo, no hubo testigos ni huellas dactilares que lo incriminaran. Los fiscales alegaron que las balas halladas coincidían con las del revólver de la madre de Hinton. Hinton no estuvo bien asesorado ni tenía dinero para establecer una defensa creíble o contratar a un verdadero experto que contradijera el informe balístico. Le pregunté a Anthony Ray Hinton cómo se siente estar en libertad: "Es maravilloso. Por momentos es aterrador, especialmente cuando voy al centro comercial. No estoy acostumbrado a estar rodeado de tantas personas en un mismo lugar".


El juicio injusto fue tan solo el comienzo. Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative (Iniciativa por una justicia equitativa), que fue el abogado que finalmente logró la liberación de Anthony Ray Hinton, me dijo: "Esta es una clara demostración de la crítica al sistema de justicia penal de Estados Unidos, que nosotros sostenemos que trata mejor a los ricos y culpables que a los pobres e inocentes". Stevenson continuó: "Presentamos pruebas que demostraron que estas balas no correspondían a una única pistola y que no se trataba de la pistola del Sr. Hinton. El estado se negó durante 16 años a volver a examinar las pruebas. Y, para mí, esa fue la parte más preocupante de este caso. Fue indiferente, fue irresponsable y muy inescrupuloso que decidieran arriesgarse a ejecutar a una persona inocente antes de arriesgase a que se percibiera que de algún modo estaban cometiendo un error o que no estaban siendo firmes a la hora de castigar el delito. Lucharon con uñas y dientes contra nosotros. Realmente fue excepcional e inusual que lográramos que la Corte Suprema interviniera cuando lo hizo.

 

Si no hubiera intervenido, creo que el riesgo de realizar una ejecución errónea habría sido muy, muy alto", afirmó Stevenson.
No muy lejos de allí, en Louisiana, Glenn Ford fue liberado en marzo de 2014, también después de haber pasado treinta años condenado a pena de muerte. Las pruebas lo absolvieron del asesinato del propietario de una joyería en 1983. Ahora es un hombre libre y afronta una condena a muerte diferente: padece cáncer de pulmón en estado avanzado que se expandió a sus huesos, nódulos linfáticos y columna. Está internado en un centro para enfermos terminales y no tuvo la fuerza suficiente para verme esta semana, pero Marty Stroud sí la tuvo. Stroud es el hombre que procesó a Glenn Ford hace 30 años y hoy lamenta haberlo hecho. Considera que Ford tuvo un juicio injusto, en el cual la policía y los fiscales eliminaron pruebas fundamentales, y que Ford carecía de dinero para tener una defensa adecuada. Además, sostiene Stroud, si él hubiera hecho bien su trabajo en aquel entonces y se hubiesen recopilado todas las pruebas, no habrían podido "arrestar al Sr. Ford y mucho menos enjuiciarlo y condenarlo a la pena de muerte". Ahora, 30 años más tarde, el fiscal Marty Stroud tiene una opinión diferente sobre la pena capital: "Estoy 100% en contra de la pena de muerte. Es inhumana y el motivo por el cual es inhumana es que es administrada por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, no somos infalibles".


Además de los argumentos jurídicos, éticos, raciales y de injusticia económica en contra de la pena de muerte, hay un motivo práctico de creciente peso para poner fin a esta práctica: cada vez es más difícil obtener los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Las empresas farmacéuticas europeas se niegan a suministrar los fármacos si serán utilizados para matar a personas. La Asociación Estadounidense de Farmacéuticos (APhA, por sus siglas en inglés) se sumó recientemente a las organizaciones de médicos y anestesiólogos que desalientan a sus miembros a participar en ejecuciones. El Dr. Leonard Edloe, un farmacéutico de la APhA, me dijo: "Simplemente no queremos que nuestros farmacéuticos participen en el suministro o uso de los fármacos porque, realmente, las recetas son ilegales. No son recetas, son órdenes de compra". Debido a la escasez de los fármacos para la inyección letal, en Utah se reinstauraron las ejecuciones mediante el pelotón de fusilamiento y en Oklahoma ahora se utilizan combinaciones de fármacos que no han sido probados y que han provocado ejecuciones malogradas en que los condenados sufrieron una muerte lenta y dolorosa.


Las deliberaciones sobre la condena que se impondrá a Tsarnaev vuelven a centrar la atención en el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Esta práctica está prohibida en dieciocho estados y en el Distrito de Columbia. Sin embargo, aún hay más de 3.000 personas condenadas a la pena de muerte en el país. Como observa Bryan Stevenson: "Hemos podido identificar que cada nueve personas ejecutadas en el país, una es inocente". Ya es hora de imponer una moratoria a las ejecuciones.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Crece en 500 % cifra de palestinos detenidos sin juicio en 2015

Las autoridades israelíes han emitido 319 órdenes de detención administrativa contra palestinos en lo que va de año, una cifra que supera en seis veces la del año anterior, reveló este viernes el Centro para el Estudios de los Prisioneros Palestinos, en un informe.


El documento de este centro palestino muestra un rápido aumento en la cifra de palestinos encarcelados sin cargos ni juicio, a pesar de las repetidas promesas del régimen israelí de respetar las normas internacionales en sus detenciones.


El portavoz del citado Centro, Riyad al-Ashqar, declaró que 45 nuevas órdenes de detención administrativa se habían emitido en los tres primeros meses de 2015, además de otras 274 para renovar este tipo de arresto.


"Algunas de estas detenciones habían sido previamente renovadas hasta seis veces para períodos de tiempo de entre dos y seis meses", agregó.


Los palestinos en detención administrativa suelen ser recluidos sin cargos ni juicio durante meses mientras no tienen acceso a conocer los motivos que han provocado su arresto, a pesar de que el derecho internacional estipula que esta táctica sólo se utilizará en casos excepcionales, según recoge la agencia palestina de noticias 'Ma'an'.


La cifra total de 319 detenidos en cárceles israelíes bajo esta modalidad ilegal representa un aumento del 500 por ciento respecto al mismo período de tres meses en 2014, cuando se registró 51 órdenes emitidas de detención administrativa.
Además, en este documento se destaca que 109 se emitieron en enero, 89 en febrero, y 121 en marzo del año en curso.De estas, 133 que corresponde a casi el 42 por ciento fueron dirigidas para ciudadanos palestinos de la ciudad de Al-Jalil (Herbón), en el sur de Cisjordania (Jerusalén)


Este informe se publica casi un año después de que alrededor de 125 palestinos en prisiones israelíes realizaran una huelga de hambre de casi dos meses contra la negativa del régimen de Israel a poner fin a la detención administrativa.


En 2012, las autoridades israelíes aseguraron que iban a limitar la detención administrativa como parte de un acuerdo para poner fin a una huelga de hambre de más de 2000 prisioneros palestinos; un alegato que el régimen de Israel no llegó a cumplirlo de modo que esta medida aún sigue estando en vigor hasta hoy en día.


(Con información de HispanTV)

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Viernes, 27 Marzo 2015 06:45

En el país de la libertad

En el país de la libertad

Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


"En 1993, Jacqueline Montanez fue declarada culpable de dos asesinatos cometidos en mayo de 1992, poco antes de su 16 cumpleaños. En el momento del delito era una adolescente que había pasado una infancia de abusos", señala el informe de Amnistía Internacional Aquí es donde voy a estar cuando muera. Estados Unidos: Menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, publicado en 2011.


Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. Hay 79 presos con menos de 14 años cumpliendo cadena perpetua, pese a que la Corte Suprema declaró en mayo de 2012 que la cadena perpetua a menores es inconstitucional.


Cuando tenía dos años, Cristian Fernández fue encontrado desnudo y sucio caminando de madrugada por las calles de Miami. Nació fruto de la violación de su madre por un vecino, que acabó condenado a diez años de prisión. La violencia y los abusos sexuales fueron una constante en la vida de Cristian, que a los 13 años se convirtió en el preso más joven del país. Está acusado de haber asesinado a golpes a su hermanastro de sólo dos años mientras lo cuidaba y de abuso sexual sobre otro hermanastro, de sólo 5 años.


La pareja de su madre se suicidó delante de los hijos después de dar una brutal paliza a Cristian. Apenas seis meses después, fue detenido como responsable de la muerte de su hermanastro cuando tenía 12 años.


Miles de firmas se recogieron pidiendo que Cristian sea juzgado como un menor y no como un adulto. En 29 estados la justicia no hace diferencia entre adultos y niños. Pero la fiscalía sostuvo que debe "proteger a la sociedad de este individuo". Ahora, ¿quién protege a esos niños de la sociedad?


Amnistía Internacional finaliza su informe señalando: "Es hora de que Estados Unidos se una al resto del mundo ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño e implementando plenamente su prohibición de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, incluidos los casos de personas ya condenadas". Una convención que no ha sido firmada sólo por Somalia y el país de la libertad.

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Dos antiguos colaboradores de Uribe, condenados por espionaje

La Corte Suprema encontró culpables a la exdirectora de inteligencia de Colombia y al exsecretario de la Presidencia

La exjefa de la agencia de inteligencia de Colombia, DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, fueron hallados culpables por delitos relacionados con las escuchas ilegales a magistrados de las altas cortes, periodistas y políticos de oposición durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El escándalo, que estalló en 2008 y se conoce como el caso de "las chuzadas", provocó la liquidación del organismo de seguridad hace tres años.


Era un fallo anunciado. Hurtado, quien evadió durante cuatro años a la justicia, se entregó hace menos de un mes a las autoridades en Panamá, donde permaneció asilada la mayor parte del tiempo, luego de que Interpol expidiera una circular roja en su contra por petición de las autoridades colombianas. Desde entonces y tras reconocer que estaba cansada de esconderse, está recluida en un calabozo del búnker de la Fiscalía en Bogotá, a la espera del fallo que la Corte Suprema ha dado a conocer en la noche del viernes. Fue la primera vez que asistió al juicio que se prolongó más de dos años.


Bernardo Moreno, por su parte, sí se presentó a todas las audiencias, por lo que continuará en libertad hasta que se conozca la pena para ambos, lo que se espera ocurra en los próximos días.


En la sentencia, la Corte Suprema calificó la actuación de los exfuncionarios como "ilegal", sin que existiera motivo "legítimo" para espiar a funcionarios y opositores de Uribe. También, que no les importó que con sus órdenes se estuvieran "configurando delitos".


Hurtado, una abogada de 52 años, fue condenada por cinco delitos, entre ellos violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, ya que ordenó, cuando era directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo que dependía exclusivamente de la Presidencia, que se obtuviera de manera ilegal información de opositores como el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en ese entonces senador, o del periodista Daniel Coronell, que actualmente es vicepresidente de noticias de Univisión.


Uno de los casos más sonados de las "chuzadas" fue el montaje que ese organismo de seguridad intentó hacerle a Iván Velázquez, el exmagistrado auxiliar que lideró las investigaciones sobre parapolítica, como se le conoce a la alianza entre políticos y paramilitares, a quien intentaron hacer aparecer como si estuviera haciendo ofertas ilegales a desmovilizados para que declararan en contra de aliados políticos de Uribe. A Velázquez también le fueron interceptadas sus comunicaciones sin la orden de un juez.


Entre los casos que estudiaban los magistrados estaba el del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, quien fue condenado por nexos con paramilitares a 8 años de prisión y ya salió libre por pena cumplida.


Con relación a Bernardo Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Presidencia en 2004, la Corte encontró que fue pieza clave en las órdenes que se le dieron a Hurtado desde la casa presidencial, sin tener las atribuciones para hacerlo. "Fue él, Bernardo Moreno, el determinador de las conductas de los funcionarios del DAS que cometieron estas irregularidades", dijo el magistrado ponente al anunciar el fallo, citado por los medios locales. Por estas mismas acusaciones, Moreno ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años.


La Corte valoró los testimonios que dieron varios exempleados del DAS, hoy condenados, como los jefes de inteligencia y contrainteligencia, que detallaron las órdenes que recibieron de Hurtado. Algunos de ellos también aseguraron que esas órdenes salieron de la casa presidencial, en cabeza de Bernardo Moreno y que el DAS tuvo el papel de ejecutarlas.


Lo que sigue, tras conocerse las condenas, es saber si María del Pilar Hurtado colaborará con la justicia, ya que la Fiscalía le ha ofrecido la posibilidad de obtener beneficios, como detención domiciliaria. Las víctimas de las 'chuzadas' esperan que revele quién dio la orden de espiar y si va a mencionar el nombre de Álvaro Uribe, hoy el más férreo crítico del presidente Santos, de quien a dicho que adelanta una persecución política en su contra y de sus excolaboradores.

 

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Lunes, 22 Diciembre 2014 17:07

La CIA también tortura el idioma

La CIA también tortura el idioma

Gracias a Dios por Noam Chomsky. No por toda una vida de asaltos devastadores a nuestra hipocresía política, sino por su lingüística. Mucho antes de llegar a conocerlo, en mis tiempos de estudiante, cuando me afanaba en mi curso universitario de lingüística, el trabajo de Chomsky me alertó sobre el uso pernicioso del lenguaje. Por eso condeno de inmediato la vil semántica del Pentágono y la CIA. No sólo esa vieja frase lobuna daño colateral, sino el lenguaje entero de la tortura. O, como la llaman los chicos que torturan en nuestro nombre, técnicas perfeccionadas de interrogación.


Miremos eso más de cerca.


Perfeccionada es una palabra que implica superación. Sugiere algo mejor, más informado, incluso menos costoso. Por ejemplo, medicina perfeccionada implicaría presumiblemente una forma más simplificada de mejorar nuestra salud. Del mismo modo que escuelas perfeccionadas sugeriría una educación más valiosa para un niño.


Interrogación al menos da idea de lo que se trata todo esto. Hacer preguntas y obtener –o no obtener– una respuesta. Pero técnica las supera a todas. Una técnica es una habilidad, ¿no? Por lo regular, según me dice el diccionario, en el trabajo artístico.


Así pues, los interrogadores tienen habilidades especiales, lo cual implica entrenamiento, trabajo ilustrado, aplicación, producto del intelecto. Lo cual, supongo, es en cierto sentido de lo que se trata la tortura. No es sólo la forma en que yo normalmente describiría el proceso de azotar personas contra las paredes, medio ahogarlas en agua y embutirles humus por el recto.


Pero en caso de que eso sea demasiado gráfico, los chicos y chicas de la prensa estadunidense lo han dotado de una forma familiar. Todo el proceso de técnicas perfeccionadas de interrogación se llama ahora EIT (por las siglas en inglés de enhanced interrogation techniques). Como WMD (siglas en inglés de armas de destrucción masiva) –otro embuste en nuestro vocabulario político–, todo este negocio sucio es envuelto en un acrónimo de tres letras.
Y luego nos enteramos de que todo es parte de un programa. Algo cuidadosamente planeado, ustedes entienden, un proyecto, un desempeño, regular, aprobado, incluso teatral. Mi confiable American College Dictionary –publicado por Random House en 1947– define programa (en inglés) como un entretenimiento con referencia a sus piezas o números, que es lo que yo supongo que los desquiciados de la CIA disfrutaban cuando trabajaban a sus víctimas. Quítale la ropa, ponle un trapo en la cara, vierte el agua; oh, no demasiadas burbujas, por favor. Ah, bueno, estréllalo contra la pared otra vez. Un programa, vaya que sí.


Dick Lado Oscuro Cheney usó la palabra programa al condenar el informe del Senado sobre la tortura de la CIA. Resulta extraño, sin embargo, que su descripción del documento como lleno de mierda contuviese un efecto lateral no intencional del proceso que aplaude. Porque quienes son torturados a menudo orinan y defecan y, según sabemos por quienes han sufrido tales programas, los agentes de la CIA solían dejar a sus víctimas paradas y embarradas ante ellos.


Cheney quiere que creamos, por supuesto, que esos pobres hombres dieron información importante a las viles criaturas que los torturaban. Eso es exactamente lo que los inquisidores medievales descubrían cuando acusaban de brujería a inocentes: casi todas las víctimas, hombres y mujeres, reconocían haber volado por los aires.


Tal vez eso fue lo que Khaled Sheikh Mohamed, luego de ser sometido a la tortura de agua (waterboarding) 183 veces, dijo a sus interrogadores de la CIA: podía volar por los aires, como un dron humano terrorista. Supongo que esa es la clase de información vital que Cheney asegura que las víctimas dieron a la CIA.


Desde luego, tocó al director de gótico semblante de la CIA, John Brennan, quizás al sentir el calor de algunos abogados de derechos humanos respirándole en el cuello, decir que algunas de las técnicas –sí, esa es la palabra que empleó– eran no autorizadas y aborrecibles. Y de ese modo proporcionó con destreza una nueva versión de los crímenes de la CIA. La AIT –la aborrecible tortura– debe ser repudiada por todos, pero no, al parecer, la vieja y respetable EIT. Como dijo Cheney, la tortura fue algo que tuvimos muy buen cuidado en evitar. Hago notar las palabras muy buen cuidado. Y me estremezco.


El bueno de Brennan reconoció: nos quedamos cortos cuando se trató de llamar a cuentas a algunos (sic) oficiales. Pero está perfectamente claro que los torturadores –u oficiales– no serán llamados a cuentas.


Tampoco Brennan. Ni Dick Cheney. Ni, me atrevo a mencionarlo, los regímenes árabes a los que la CIA remitió esas víctimas que merecían un trato aún más vil que el que la agencia podía administrarles en sus propias prisiones secretas.


Un pobre tipo, Maher Arar, era un ciudadano canadiense, un camionero capturado por la CIA en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y despachado a Siria antes de la guerra civil para recibir un poco de AIT –no EIT, recuerden– a solicitud de los estadunidenses. Encerrado en un hoyo apenas un poco más grande que un ataúd, su primera experiencia de la AIT fue ser azotado con cables eléctricos.


De este modo, Cheney y sus chicos y chicas ejercieron su sadismo por intermediarios... con el mismo Estado cuyas técnicas de interrogación ahora indignan tanto a Occidente, que llama a derrocar al régimen sirio (junto con el derrocamiento de Isis y Jabhat al-Nusrah), en favor de moderados recién armados que, presumiblemente, sólo practicarán la EIT y no la AIT.


Pero, como ha dicho mi colega periodista Rami Khouri, entre los 54 países en el programa de ejecución de la CIA figuran Argelia, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Se puede añadir la Libia de Kadafi a esa lista. De hecho, hasta la policía secreta italiana ayudó a la CIA a secuestrar a un imán en las calles de Milán y empacarlo a El Cairo para recibir un poco de AIT a manos de los interrogadores de Mubarak. Lo cual probablemente explica por qué el mundo árabe y musulmán ha estado calladito después de la publicación del informe del Senado estadunidense –incluso en su forma altamente censurada–, la semana pasada.


Fue el periodista egipcio Mohamed Hassanein Heikal el primero en describir la forma en que la CIA circuló una película de una mujer iraní al ser torturada por la policía secreta del sha, para que otras naciones aprendieran cómo hacer hablar a las prisioneras de sexo femenino. No es lo mismo con la nueva y mejorada CIA actual, por supuesto, cuyos agentes destruyeron sus videocintas antes que el comité del Senado pueda echarles mano. Pero esta vez habría que estudiar la naturaleza subordinada de los regímenes árabes, porque también torturaron en nombre del Reino Unido. Como preguntó Khouri la semana pasada: ¿Hablaremos de nuestras propias colusiones criminales e imperiales con tanta apertura como Estados Unidos lo hace con las suyas, y trataremos de repararlas? No se molesten en esperar respuesta.


Las disputas están prohibidas; sólo se permiten conversaciones. Volviendo al tema de Chomsky y las palabras, antes de partir de Canadá hacia Beirut compré una magnífica chamarra de invierno. Hecha en China, por supuesto. Pero la garantía me informó que cumplía con una alta norma de resistencia al agua y respirabilidad. Esas palabras se unen a esa horrible expresión que ahora gobiernos y empresas usan para referirse a una discusión. Ya no nos dicen que están en una disputa con alguien: tienen una conversación con respecto a un tema. Dan ganas de aplicarle AIT al culpable.


Traducción: Jorge Anaya

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