Los doctores decidían si los presos eran "aptos" para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso torturaban ellos mismos, según recuerda hoy un artículo en una de las principales revistas médicas de EE UU, The New England Journal of Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.


Médicos, psicólogos y abogados a sueldo de la CIA se aliaron para cubrirse las espaldas mutuamente en la docena de centros secretos en los que se torturaba a los sospechosos de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.


Los doctores decidían si los presos eran "aptos" para ser torturados, monitorizaban las palizas para que no llegaran a la muerte, diseñaban nuevos métodos de tortura e incluso torturaban ellos mismos, según recuerda hoy un artículo en una de las principales revistas médicas de EE UU, The New England Journal of Medicine, que exige el fin definitivo de estas prácticas.
La publicación médica recupera datos del informe del Senado de EE UU que en diciembre desveló las torturas de la CIA durante la presidencia de George W. Bush.


Dos psicólogos fichados por la agencia de inteligencia, James Mitchell y Bruce Jessen, diseñaron un programa basado en la "indefensión aprendida" para hacer hablar a los sospechosos. Las prácticas incluían la desnudez forzada, la privación de sueño con los detenidos de pie hasta 180 horas, golpes en la cara y en el abdomen, el waterboarding (asfixiar al preso con agua) y el walling (golpear a la persona contra un muro). El Departamento de Justicia aprobó estos métodos siempre que hubiera un médico presente.


Una de las técnicas de tortura más brutales era la llamada "alimentación rectal" por prescripción médica, aplicada entre otros al preso paquistaní Majid Khan, en huelga de hambre. Según detalló el informe del Senado, sus torturadores introdujeron por el recto de Khan una papilla de pasta con tomate, hummus, nueces y pasas, más el contenido de dos botellas de bebida energética de la marca Ensure.


"No es posible alimentar a una persona a través de la mucosa del recto", recalcan en la revista médica los autores del texto, los doctores George J. Annas y Sondra S. Crosby, que definen la práctica como "asalto sexual". Annas es profesor de Bioética en la Universidad de Boston y Crosby dirigió los servicios médicos del Centro para la Salud y los Derechos Humanos de los Refugiados, en la misma ciudad, donde atendió a más de 300 supervivientes de torturas.


Los dos expertos hacen un llamamiento en The New England Journal of Medicine para que los médicos estadounidenses no vuelvan a participar en torturas. El presidente Barack Obama prohibió oficialmente estas prácticas cuando llegó a la Casa Blanca en 2009. Sin embargo, denuncia Annas, las torturas continúan, pese a estar prohibidas por el Convenio de Ginebra, haya médicos presentes o no.


"Aunque el informe del Senado habla solo de las instalaciones secretas de la CIA, la CIA y el Departamento de Defensa trabajan en estrecha colaboración, por lo que sus prácticas tienden a influirse unas a otras, por ejemplo en las misiones conjuntas de la CIA y los Navy Seals [la principal fuerza de operaciones especiales de la Armada de EE UU]", explica Annas a Materia.


"El mejor ejemplo de conductas actuales al margen de la ética en el Ejército de EE UU quizá sean las extracciones a la fuerza de sus celdas de presos en huelga de hambre en Guantánamo, para proceder a su alimentación forzada", sostiene Annas. Tanto la Asociación Médica Mundial como la Asociación Médica de EE UU prohíben esta práctica. En 2013, un informe del Instituto de Medicina como Profesión y la Fundación Open Society denunció el mismo escándalo.


Annas recuerda el reciente caso de una enfermera de la Armada que, esgrimiendo los principios éticos de su profesión, se negó a alimentar a la fuerza a presos en huelga de hambre en Guantánamo. La enfermera fue castigada por sus superiores. "El Ejército de EE UU debe adoptar como política, y hacer que se cumpla en la realidad, la doctrina de que el primer deber del médico militar es su paciente, incluso en una prisión", concluye el profesor de la Universidad de Boston.


Su artículo llega apenas un mes después de que un informe denunciara la presunta colaboración secreta entre el Gobierno de Bush y la Asociación de Psicología de EEUU para justificar las torturas a prisioneros tras el 11-S. El documento, firmado por reputados psicólogos, mostraba mensajes de correo electrónico filtrados como prueba. La asociación negó las acusaciones.


(Con información de El País)

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"No se puede identificar la libertad de prensa con la propiedad privada"

Uno de los principales teóricos del garantismo, cuyos alcances considera mucho más allá de la cuestión penal, sostiene que deben existir límites no sólo al Poder Judicial sino también a los poderes políticos, y especialmente económicos y mediáticos.


La entrevista se realizó a las pocas horas de haber desembarcado en Buenos Aires, en un hotel céntrico. No es la primera vez que Luigi Ferrajoli llega a Buenos Aires. Habrá que aclarar que físicamente ya estuvo en algunas otras ocasiones, pero sus trabajos y teorías están instalados en el país desde hace décadas, mucho antes de que la "criminología mediática" arrasara con la idea de garantismo. Precisamente vino a hablar de eso, del garantismo y su papel en las democracias, vino a intentar arrancarlo como concepto acotado a lo penal para difundirlo como concepto de protección de garantías de la sociedad.

Garantías contra todos los poderes, incluido el penal. En esta entrevista exclusiva, Ferrajoli habló de las políticas del miedo, de las garantías, del abolicionismo, de las armas, del papel de los medios y los límites que tienen que imponer los periodistas.


–Es uno de los pilares de la teoría del garantismo. ¿Como se puede sintetizar la idea para el público no académico


–Garantismo es un neologismo, una palabra nueva. Por garantía entiendo los límites y los vínculos con los poderes, con cualquier poder. El área donde se desarrolló el garantismo es en torno al derecho penal. En ese sentido, las garantías son los límites al arbitrio judicial y al arbitrio policial. El derecho penal ha sido en la época de la Ilustración el lugar donde se desarrollaron los límites al poder absoluto del Estado. El proceso penal es una actividad de conocimiento, las garantías procesales son traducciones en normas jurídicas de criterios epistemológicos: el cargo de la prueba, el contradictorio, el derecho de confrontar de la defensa. Las garantías penales son garantías sustanciales. La ley debe proveer exactamente los hechos objeto de la penalización. Debe penalizar solamente actos que producen daños, ofensas, con el límite de la culpabilidad. Son garantías que son condiciones sine qua non.

–Son protecciones...


–Del inocente. Son garantías de libertad y también de verdad.


–¿De la verdad?


–Una verdad con muchas comillas, una verdad siempre probabilística. Sin embargo el sistema de garantías penales y procesales es el sistema de los límites que la tradición ilustrada, la tradición secular del derecho penal, ha desarrollado por limitar, no excluir, sino limitar el poder, el terrible poder que es el Poder Judicial –terrible es una expresión de Montesquieu–. Un terrible poder que, con el principio de legalidad del sometimiento de los jueces a la ley, se ha transformado en una tendencia a saber/poder. El Poder Judicial es tanto más limitado cuanto más lo transforman las garantías en un saber con la carga de la prueba, el contradictorio, y tanto más arbitrario cuanto más es un poder sin límites, sin vínculos. Todas las garantías también, la impugnación, son garantías de una correcta certidumbre de la verdad procesal, que siempre es una verdad probabilística en los hechos y opinable en derecho, porque el derecho, sobre todo en materia penal, muchas veces es muy vago, ambiguo.


–¿Es el mismo poder el que se autolimita?, ¿cómo es eso?


–Una limitación a través de la legislación. Un sistema es tanto más civilizado cuanto más limita el avance del poder sobre la libertad personal.


–A nivel mundial, hoy, esta cuestión de la protección de los derechos aparece en crisis...


–Sí. El garantismo, que nació en el derecho penal. Yo mismo escribí una teoría sobre el garantismo, "Derecho y razón". Sin embargo, según mi opinión, puede ser desarrollado sobre todos los poderes y como garantía de todos los derechos. Es una cuestión fundamental en la teoría de la democracia. Existe una parte de la opinión pública que pretende que el garantismo sea solamente judiciario, penalístico. Hay otros poderes sin límites: el poder político, el poder económico. El garantismo es una estructura formal, es decir, un sistema de límites a cualquier poder, de garantía de todos los derechos fundamentales. Sobre todo las constituciones rígidas, pensemos en la Constitución italiana, la española, también la Constitución argentina, la alemana...


–¿Rígidas?


–Es que, a diferencia de las constituciones del siglo XIX, están ordenadas por encima de la ley. La ley no puede derogar la Constitución. Esto significa limitaciones no solamente de los derechos de libertad contra el arbitrio policial y el judicial, sino también contra el Poder Legislativo, que no solamente está limitado por los derechos de libertad, en el sentido de que no puede introducir la censura, no puede limitar las libertades fundamentales. Está vinculado a la protección de derechos sociales. Una Constitución tomada en serio implica la imposición a la legislación de ejecutar los derechos sociales, que son el derecho a la salud, el derecho a la instrucción, el derecho a la subsistencia.


–Pero esto es la aplicación de una política marcada por la Constitución.


–Normalmente se piensa que estas políticas son una elección circunstancial, que se pueden operar o no; la derecha o la izquierda normalmente se distinguen por la aplicación de los derechos sociales y la derecha no. Pero no, la Constitución impone a cualquier mayoría, sea de izquierda o de derecha, ejecutar los derechos fundamentales. Son normas supraordenadas. Las garantías en esta significación son límites en este sentido...


–Obligaciones...


–No, prohibiciones en la tutela de los derechos de libertades, y obligaciones, vínculos, en garantía de los derechos sociales. Los derechos de libertad requieren de un paso atrás, un no hacer, un derecho penal mínimo. Los derechos sociales requieren un paso adelante, un hacer que, contrariamente a la concepción dominante, no son políticas discrecionales. Si tomamos en serio la Constitución debemos considerar ilegítima la no garantía de los derechos a la salud, a la instrucción. También una lesión, la prohibición de tickets, una monetización de estos derechos...


–¿A qué se refiere?


–La garantía de la salud implica un servicio sanitario nacional y gratuito igual para todos.


–Pero esto en el mundo no se aplica, ¿qué es lo que ocurre?


–Esto es obviamente un modelo límite que se ha ejecutado un poco en Gran Bretaña, también en Italia. Ahora, las políticas de los gobiernos, también en el actual gobierno de (Matteo) Renzi, son políticas que reducen el Estado social, por la declinación, la desaparición en el horizonte de la política de los vínculos constitucionales. Creo que es necesario reconocer el carácter ilegítimo de la no ejecución. La no ejecución no puede ser reparada por la jurisdicción constitucional, que no puede construir hospitales. En algunos países europeos, como también en Brasil, han sido introducidas algunas cuotas en los presupuestos, cuanto menos el 25 por ciento debe ser destinado a la instrucción. Esto es una garantía muy importante, son garantías de los derechos fundamentales, límites y vínculos, prohibiciones y obligaciones. Existe una posibilidad de control jurisdiccional sobre el presupuesto en el sentido de que si la federación o los estados no destinan esta cuota mínima se puede imponer que se ejecute.


–Pero siempre en función de las relaciones de poder que hay en cada país, porque la relación de poder puede imponer o no que se cumpla con estas cuotas.


–Si tomamos la Constitución en serio el Poder Legislativo está sometido a la Constitución, tiene la que he llamado la esfera de lo no decidible, lo que cualquier mayoría no puede decidir y lo que cualquier mayoría no puede no decidir.


–¿En qué países es aplicado hoy?


–Es un modelo límite, un modelo teórico, pero es importante que la teoría se pueda criticar no solamente política o moralmente, sino también sobre el plano jurídico. Considerar ilegítimo un Parlamento, una legislación, como en Italia, que disuelve los derechos de los trabajadores, reduce los derechos a la salud, monetiza el derecho a la salud introduciendo tickets, monetizando la atención de la salud.


–¿Pero cómo se hace para sostener, quién aplica ese poder sobre un Parlamento que disuelve leyes sin salirse de la democracia?


–Naturalmente es la cultura política la que debería criticar y no legitimar, porque es expresión de la mayoría. La mayoría está legitimada a decidir lo que es decidible. No sobre lo que es no decidible, ni sobre lo que no es no decidible, lo que es obligatorio. Es el pacto de convivencia, por la carta de identidad democrática de un país. Tomar esto en serio significa ejecutar y no violar estos derechos. Y los derechos sociales son siempre más importantes, porque en la sociedad actual sobrevivir no es un hecho natural como podría ser en el tiempo de Locke. Es un hecho social, que depende de la integración social. Locke podía teorizar que si se tiene la voluntad de trabajar siempre es posible regresar al campo o emigrar a las tierras incultas de América.

El escribe en el 1690. Hoy esto no es posible. La emigración se ha convertido en un ilícito. Esto significa que los derechos sociales no pueden depender de la voluntad de trabajar. Es necesario, como la prohibición de matar, insertarlo en el pacto constitucional. Contrariamente a la ideología dominante, los derechos sociales no son un lujo, son la primera inversión. Sin garantía de la salud, de la instrucción, un país no tiene ninguna productividad. Italia, por ejemplo, era un país muy pobre.

Desde hace unos 50 años devino relativamente rico, después de aplicar las garantías de los derechos sociales. Porque son derechos que promueven la productividad individual. En países como los de Africa subsahariana, donde las personas no tienen medios de subsistencia, no existe la posibilidad de una productividad colectiva. Creo que otra cuestión central del garantismo se está produciendo alrededor de los poderes financieros o económicos. La crisis económica se ha transformado en la crisis de la democracia porque se ha invertido la relación entre política y economía. Esto está produciendo una subalternidad de la política al mercado, por una asimetría estructural. La economía es global, la política y el derecho son locales.


–¿Cree que esta expresión de crítica al garantismo –en el derecho penal local la llaman la mano dura– es una manera de sostener esa relación invertida?


–La mano dura es solamente una palabra de orden demagógico, no significa nada. Las garantías procesales son garantías de verdad, no solamente de libertad. Existe también, por regresar al derecho penal, un principio de racionalidad, es decir que la capacidad preventiva del derecho penal es máxima contra los delitos como los de guante blanco, la corrupción, y es casi nula frente a los delitos de la calle, de subsistencia, el de los pobres. El populismo penal es irracional porque sostiene la mano dura contra la criminalidad de la calle, respecto a la cual no tiene ninguna capacidad de prevención. Contra la criminalidad de la calle son necesarias políticas sociales, no penales. Esta es la criminalidad que se produce por falta de sentimiento de pertenencia de las personas a una comunidad política, por el colapso del espíritu cívico. Pero la capacidad preventiva del derecho penal es máxima ante los delitos de corrupción, cuya impunidad es un hecho criminógeno. Lo paradójico hoy es la idea de aplicar un derecho penal máximo para los pobres y un derecho penal mínimo para los poderosos.


–Se reclama que los jueces garantistas se ocupan sólo de los derechos de los, entre comillas, delincuentes y no de la, también entre comillas, sociedad.


–Yo diría de los imputados, se puede hablar de delincuentes después de la condena. Y en ese caso, las garantías son las garantías de la condena de un delincuente, no de un inocente. Debería ser claro que la falta de garantías es un atentado a la libertad de todos. Sin garantías cualquiera de nosotros puede ser... No-sotros tenemos una idea de que las personas de un determinado nivel económico están a reparo, y no es así. Creo que existe también una desigualdad en los procesos, porque los delitos de los pobres son muy fáciles.


–¿A qué se refiere?


–El robo, la pequeña rapiña, no son hechos que requieran de una capacidad de investigación particularmente elevada. La bancarrota, la corrupción son delitos que requieren investigaciones más complejas. Las garantías mínimas son la posibilidad de defensa contra una acusación infundada, mal planteada. la falta de defensa... en Argentina existe afortunadamente el instituto de la Defensa Pública. Es una gran conquista que nosotros no tenemos. Esto significa que el garantismo puede progresar si elaboramos técnicas jurídicas que pueden afirmarse si están acompañadas de un cambio cultural. Que en el imaginario colectivo la democracia no consista solamente en la voluntad de la mayoría. El modelo de la democracia política es necesario, pero no es suficiente. El constitucionalismo ha desarrollado otras dimensiones de la democracia, que son las garantías no solamente de los derechos políticos, también de los derechos sociales, que son derechos que se refieren al pueblo en sentido más concreto, son los poderes de todos. En ese sentido, la soberanía popular consiste en la suma de los derechos de cada uno de los otros.


–¿Por qué cree que la figura del garantismo remite fuertemente a lo penal y no al resto?


–El garantismo nació con la Ilustración. El Estado moderno en su origen era un Estado muy simple. No existía ni la democracia ni el Estado social. No existía la escuela pública, ni el derecho a la salud. Luego, en el modelo del Estado legislativo la función del Estado era la guerra, el orden público. Contra el absolutismo la Ilustración –Beccaria, Voltaire, Montesquieu– inventó el modelo del poder no absoluto, limitado por la ley. Esta idea es afirmada en el siglo XIX con la creación del Estado de derecho, en el cual todos los poderes son sometidos a la ley. Pero el legislador permaneció con un poder absoluto, que en Italia, en Alemania, en España, se manifestó con un suicidio de la democracia, sin constituciones rígidas, donde legítimamente fue destruida la Constitución. El constitucionalismo refundó la democracia a través de la rigidez de la Constitución, que no es una ley como las otras, es inmodificable, está supraordenada a la legislación, que dado el caso puede resultar ilegítima. El constitucionalismo produjo el sometimiento de la legislación a la ley misma, identificando lo que no puede hacer y lo que debe hacer. Naturalmente este modelo es aún teórico y no se ha incorporado al imaginario colectivo, y está muy confrontado con la política. La política no aceptó esta idea de la limitación de sus poderes. Tampoco el mercado la aceptó, pero creo que es una batalla cultural.


–¿Los medios tienen parte en esto?


–Tienen enorme responsabilidad, la prensa, la televisión construyen el sentido común. Esta idea del garantismo como una cuestión solamente penal, judicial, es una operación que en Italia ha sido conducida por la política del berlusconismo. La idea de la derecha es que el poder político no es censurable; los electores han votado esta fase política y creen que esa votación legitima todo. No es así. Creo que el sentido común producido por la televisión, controlada por Berlusconi en Italia, por la derecha, ha producido una involución de la democracia, conectada a una involución del sentido común.


–Ya que estamos con Italia, el berlusconismo se apropia de los medios y a través de ellos es que transfiere esa idea cultural.


–Es otro lugar de las garantías. La información es un poder, en el cual confluyen muchas cuestiones: el poder económico del dueño, el derecho del periodista, el derecho a la información de las personas. Todas las constituciones garantizan la libertad de manifestación del pensamiento. La propiedad es un derecho de iniciativa económica, muy diferente. No se puede identificar la libertad de prensa con la propiedad privada. Son dos derechos distintos. La libertad de prensa se puede garantizar por un lado con el pluralismo, con la prohibición que se pueda tener como propietario más de un medio. Pero la libertad de prensa no es una variable dependiente del mercado. Debe ser garantizada frente a la propiedad. No es fácil. Sin embargo es necesario que en un plano cultural estos dos derechos, el de propiedad y el de libertad de manifestación del pensamiento, sean distintos y separados. Cuanto más separados mejor. Este también es un lugar de las garantías. Es un límite a los poderes. No hay un poder de producir informaciones. Hay un derecho de libertad del periodista que es una garantía también frente al derecho de propiedad del medio. En el sentido de que la responsabilidad, la reputación del periodista, debe ser un límite a la desinformación. No es fácil, pero en el plano conceptual es necesario distinguir los diferentes derechos y poderes para garantizar poderes a través de los derechos y sus garantías.


–Bueno, están también los medios oficiales, ¿qué opina sobre eso?


–No es fácil. Sería necesario una autoridad garante, por la RAI por ejemplo, que debería ser totalmente separada del gobierno, un órgano, una autoridad independiente pero dotada de verdadera independencia, elegida por los periodistas. Obviamente no es fácil, pero es posible elaborar técnicas de garantías. Pero en el plano cultural, la identificación de la libertad de prensa con la propiedad de la prensa es un factor de amputación de la posibilidad de garantizar, es una confusión conceptual. No es fácil de aplicar. Debería ser una cuestión fundamental, y no como hoy, considerar que la propiedad de un medio produce la total libertad del propietario de licenciar, de asumir, de condicionar la información, de expulsar periodistas independientes. Debería ser garantía de independencia. También la selección del director que sea expresión de la redacción. No es fácil.


–En Milán lo hacen en la Radio Popolare de Milano.


–Claro, las radios libres, cooperativas de periodistas. Esta debería ser la forma, y no una empresa periodística al servicio de. La prensa debería ser financiada como un servicio público y que el financiamiento, inversamente proporcional al condicionamiento del mercado.


–Autonomía económica. Pero ese subsidio también sujeta.


–No. Debería ser como todo, como un hospital. También el financiamiento de los partidos. El financiamiento privado puede ocultar corrupción. Creo que se debe impedir el financiamiento privado por personas jurídicas, sociedades por acciones, que no tienen una motivación ideal, no son personas físicas.


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Pena capital: una política condenada a muerte

Un jurado de Boston halló a Dzhokhar Tsarnaev culpable de los 30 delitos de los que fue acusado por su participación en los atentados de la maratón de Boston. Ahora el jurado deberá decidir a qué pena se lo condenará: si a cadena perpetua o a pena de muerte. La pena capital es ilegal en Massachusetts, pero el juicio contra Tsarnaev se llevó a cabo en un tribunal federal, donde esta pena está permitida. El jurado deberá decidir si vive o muere. El caso brinda un nuevo motivo para analizar la pena de muerte y por qué esta práctica irreversible y extremadamente problemática debería prohibirse.


Anthony Ray Hinton está vivo y es un hombre libre hoy, pero la semana pasada estaba condenado a pena de muerte y aguardaba su ejecución en Alabama desde hacía 30 años. Hinton se convirtió en la persona número 152 en Estados Unidos en ser exonerada de la pena de muerte, a la que estuvo condenado durante treinta años por un delito que no cometió. Fue acusado de matar a dos gerentes de un restaurante de comida rápida en 1985. Sin embargo, no hubo testigos ni huellas dactilares que lo incriminaran. Los fiscales alegaron que las balas halladas coincidían con las del revólver de la madre de Hinton. Hinton no estuvo bien asesorado ni tenía dinero para establecer una defensa creíble o contratar a un verdadero experto que contradijera el informe balístico. Le pregunté a Anthony Ray Hinton cómo se siente estar en libertad: "Es maravilloso. Por momentos es aterrador, especialmente cuando voy al centro comercial. No estoy acostumbrado a estar rodeado de tantas personas en un mismo lugar".


El juicio injusto fue tan solo el comienzo. Bryan Stevenson, fundador y director ejecutivo de Equal Justice Initiative (Iniciativa por una justicia equitativa), que fue el abogado que finalmente logró la liberación de Anthony Ray Hinton, me dijo: "Esta es una clara demostración de la crítica al sistema de justicia penal de Estados Unidos, que nosotros sostenemos que trata mejor a los ricos y culpables que a los pobres e inocentes". Stevenson continuó: "Presentamos pruebas que demostraron que estas balas no correspondían a una única pistola y que no se trataba de la pistola del Sr. Hinton. El estado se negó durante 16 años a volver a examinar las pruebas. Y, para mí, esa fue la parte más preocupante de este caso. Fue indiferente, fue irresponsable y muy inescrupuloso que decidieran arriesgarse a ejecutar a una persona inocente antes de arriesgase a que se percibiera que de algún modo estaban cometiendo un error o que no estaban siendo firmes a la hora de castigar el delito. Lucharon con uñas y dientes contra nosotros. Realmente fue excepcional e inusual que lográramos que la Corte Suprema interviniera cuando lo hizo.

 

Si no hubiera intervenido, creo que el riesgo de realizar una ejecución errónea habría sido muy, muy alto", afirmó Stevenson.
No muy lejos de allí, en Louisiana, Glenn Ford fue liberado en marzo de 2014, también después de haber pasado treinta años condenado a pena de muerte. Las pruebas lo absolvieron del asesinato del propietario de una joyería en 1983. Ahora es un hombre libre y afronta una condena a muerte diferente: padece cáncer de pulmón en estado avanzado que se expandió a sus huesos, nódulos linfáticos y columna. Está internado en un centro para enfermos terminales y no tuvo la fuerza suficiente para verme esta semana, pero Marty Stroud sí la tuvo. Stroud es el hombre que procesó a Glenn Ford hace 30 años y hoy lamenta haberlo hecho. Considera que Ford tuvo un juicio injusto, en el cual la policía y los fiscales eliminaron pruebas fundamentales, y que Ford carecía de dinero para tener una defensa adecuada. Además, sostiene Stroud, si él hubiera hecho bien su trabajo en aquel entonces y se hubiesen recopilado todas las pruebas, no habrían podido "arrestar al Sr. Ford y mucho menos enjuiciarlo y condenarlo a la pena de muerte". Ahora, 30 años más tarde, el fiscal Marty Stroud tiene una opinión diferente sobre la pena capital: "Estoy 100% en contra de la pena de muerte. Es inhumana y el motivo por el cual es inhumana es que es administrada por seres humanos y los seres humanos nos equivocamos, no somos infalibles".


Además de los argumentos jurídicos, éticos, raciales y de injusticia económica en contra de la pena de muerte, hay un motivo práctico de creciente peso para poner fin a esta práctica: cada vez es más difícil obtener los fármacos utilizados en las inyecciones letales. Las empresas farmacéuticas europeas se niegan a suministrar los fármacos si serán utilizados para matar a personas. La Asociación Estadounidense de Farmacéuticos (APhA, por sus siglas en inglés) se sumó recientemente a las organizaciones de médicos y anestesiólogos que desalientan a sus miembros a participar en ejecuciones. El Dr. Leonard Edloe, un farmacéutico de la APhA, me dijo: "Simplemente no queremos que nuestros farmacéuticos participen en el suministro o uso de los fármacos porque, realmente, las recetas son ilegales. No son recetas, son órdenes de compra". Debido a la escasez de los fármacos para la inyección letal, en Utah se reinstauraron las ejecuciones mediante el pelotón de fusilamiento y en Oklahoma ahora se utilizan combinaciones de fármacos que no han sido probados y que han provocado ejecuciones malogradas en que los condenados sufrieron una muerte lenta y dolorosa.


Las deliberaciones sobre la condena que se impondrá a Tsarnaev vuelven a centrar la atención en el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos. Esta práctica está prohibida en dieciocho estados y en el Distrito de Columbia. Sin embargo, aún hay más de 3.000 personas condenadas a la pena de muerte en el país. Como observa Bryan Stevenson: "Hemos podido identificar que cada nueve personas ejecutadas en el país, una es inocente". Ya es hora de imponer una moratoria a las ejecuciones.
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Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Crece en 500 % cifra de palestinos detenidos sin juicio en 2015

Las autoridades israelíes han emitido 319 órdenes de detención administrativa contra palestinos en lo que va de año, una cifra que supera en seis veces la del año anterior, reveló este viernes el Centro para el Estudios de los Prisioneros Palestinos, en un informe.


El documento de este centro palestino muestra un rápido aumento en la cifra de palestinos encarcelados sin cargos ni juicio, a pesar de las repetidas promesas del régimen israelí de respetar las normas internacionales en sus detenciones.


El portavoz del citado Centro, Riyad al-Ashqar, declaró que 45 nuevas órdenes de detención administrativa se habían emitido en los tres primeros meses de 2015, además de otras 274 para renovar este tipo de arresto.


"Algunas de estas detenciones habían sido previamente renovadas hasta seis veces para períodos de tiempo de entre dos y seis meses", agregó.


Los palestinos en detención administrativa suelen ser recluidos sin cargos ni juicio durante meses mientras no tienen acceso a conocer los motivos que han provocado su arresto, a pesar de que el derecho internacional estipula que esta táctica sólo se utilizará en casos excepcionales, según recoge la agencia palestina de noticias 'Ma'an'.


La cifra total de 319 detenidos en cárceles israelíes bajo esta modalidad ilegal representa un aumento del 500 por ciento respecto al mismo período de tres meses en 2014, cuando se registró 51 órdenes emitidas de detención administrativa.
Además, en este documento se destaca que 109 se emitieron en enero, 89 en febrero, y 121 en marzo del año en curso.De estas, 133 que corresponde a casi el 42 por ciento fueron dirigidas para ciudadanos palestinos de la ciudad de Al-Jalil (Herbón), en el sur de Cisjordania (Jerusalén)


Este informe se publica casi un año después de que alrededor de 125 palestinos en prisiones israelíes realizaran una huelga de hambre de casi dos meses contra la negativa del régimen de Israel a poner fin a la detención administrativa.


En 2012, las autoridades israelíes aseguraron que iban a limitar la detención administrativa como parte de un acuerdo para poner fin a una huelga de hambre de más de 2000 prisioneros palestinos; un alegato que el régimen de Israel no llegó a cumplirlo de modo que esta medida aún sigue estando en vigor hasta hoy en día.


(Con información de HispanTV)

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Viernes, 27 Marzo 2015 06:45

En el país de la libertad

En el país de la libertad

Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


"En 1993, Jacqueline Montanez fue declarada culpable de dos asesinatos cometidos en mayo de 1992, poco antes de su 16 cumpleaños. En el momento del delito era una adolescente que había pasado una infancia de abusos", señala el informe de Amnistía Internacional Aquí es donde voy a estar cuando muera. Estados Unidos: Menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad, publicado en 2011.


Jacqueline es apenas una de las "2.500 personas que Estados Unidos ha decidido que deben morir en prisión por delitos cometidos cuando eran menores de edad". El país que se proclama campeón de los derechos humanos, defiende condenas que violan los derechos de niños y niñas.


Casi dos tercios de los miles de menores condenados a cadena perpetua son de color, algunos de los cuales llevan más de media vida encerrados. Hay 79 presos con menos de 14 años cumpliendo cadena perpetua, pese a que la Corte Suprema declaró en mayo de 2012 que la cadena perpetua a menores es inconstitucional.


Cuando tenía dos años, Cristian Fernández fue encontrado desnudo y sucio caminando de madrugada por las calles de Miami. Nació fruto de la violación de su madre por un vecino, que acabó condenado a diez años de prisión. La violencia y los abusos sexuales fueron una constante en la vida de Cristian, que a los 13 años se convirtió en el preso más joven del país. Está acusado de haber asesinado a golpes a su hermanastro de sólo dos años mientras lo cuidaba y de abuso sexual sobre otro hermanastro, de sólo 5 años.


La pareja de su madre se suicidó delante de los hijos después de dar una brutal paliza a Cristian. Apenas seis meses después, fue detenido como responsable de la muerte de su hermanastro cuando tenía 12 años.


Miles de firmas se recogieron pidiendo que Cristian sea juzgado como un menor y no como un adulto. En 29 estados la justicia no hace diferencia entre adultos y niños. Pero la fiscalía sostuvo que debe "proteger a la sociedad de este individuo". Ahora, ¿quién protege a esos niños de la sociedad?


Amnistía Internacional finaliza su informe señalando: "Es hora de que Estados Unidos se una al resto del mundo ratificando la Convención sobre los Derechos del Niño e implementando plenamente su prohibición de imponer cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a menores, incluidos los casos de personas ya condenadas". Una convención que no ha sido firmada sólo por Somalia y el país de la libertad.

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Dos antiguos colaboradores de Uribe, condenados por espionaje

La Corte Suprema encontró culpables a la exdirectora de inteligencia de Colombia y al exsecretario de la Presidencia

La exjefa de la agencia de inteligencia de Colombia, DAS, María del Pilar Hurtado y el exsecretario general de Presidencia, Bernardo Moreno, fueron hallados culpables por delitos relacionados con las escuchas ilegales a magistrados de las altas cortes, periodistas y políticos de oposición durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010). El escándalo, que estalló en 2008 y se conoce como el caso de "las chuzadas", provocó la liquidación del organismo de seguridad hace tres años.


Era un fallo anunciado. Hurtado, quien evadió durante cuatro años a la justicia, se entregó hace menos de un mes a las autoridades en Panamá, donde permaneció asilada la mayor parte del tiempo, luego de que Interpol expidiera una circular roja en su contra por petición de las autoridades colombianas. Desde entonces y tras reconocer que estaba cansada de esconderse, está recluida en un calabozo del búnker de la Fiscalía en Bogotá, a la espera del fallo que la Corte Suprema ha dado a conocer en la noche del viernes. Fue la primera vez que asistió al juicio que se prolongó más de dos años.


Bernardo Moreno, por su parte, sí se presentó a todas las audiencias, por lo que continuará en libertad hasta que se conozca la pena para ambos, lo que se espera ocurra en los próximos días.


En la sentencia, la Corte Suprema calificó la actuación de los exfuncionarios como "ilegal", sin que existiera motivo "legítimo" para espiar a funcionarios y opositores de Uribe. También, que no les importó que con sus órdenes se estuvieran "configurando delitos".


Hurtado, una abogada de 52 años, fue condenada por cinco delitos, entre ellos violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, ya que ordenó, cuando era directora del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, organismo que dependía exclusivamente de la Presidencia, que se obtuviera de manera ilegal información de opositores como el actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en ese entonces senador, o del periodista Daniel Coronell, que actualmente es vicepresidente de noticias de Univisión.


Uno de los casos más sonados de las "chuzadas" fue el montaje que ese organismo de seguridad intentó hacerle a Iván Velázquez, el exmagistrado auxiliar que lideró las investigaciones sobre parapolítica, como se le conoce a la alianza entre políticos y paramilitares, a quien intentaron hacer aparecer como si estuviera haciendo ofertas ilegales a desmovilizados para que declararan en contra de aliados políticos de Uribe. A Velázquez también le fueron interceptadas sus comunicaciones sin la orden de un juez.


Entre los casos que estudiaban los magistrados estaba el del exsenador Mario Uribe, primo del expresidente, quien fue condenado por nexos con paramilitares a 8 años de prisión y ya salió libre por pena cumplida.


Con relación a Bernardo Moreno, quien ocupó el cargo de secretario de Presidencia en 2004, la Corte encontró que fue pieza clave en las órdenes que se le dieron a Hurtado desde la casa presidencial, sin tener las atribuciones para hacerlo. "Fue él, Bernardo Moreno, el determinador de las conductas de los funcionarios del DAS que cometieron estas irregularidades", dijo el magistrado ponente al anunciar el fallo, citado por los medios locales. Por estas mismas acusaciones, Moreno ya había sido inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 18 años.


La Corte valoró los testimonios que dieron varios exempleados del DAS, hoy condenados, como los jefes de inteligencia y contrainteligencia, que detallaron las órdenes que recibieron de Hurtado. Algunos de ellos también aseguraron que esas órdenes salieron de la casa presidencial, en cabeza de Bernardo Moreno y que el DAS tuvo el papel de ejecutarlas.


Lo que sigue, tras conocerse las condenas, es saber si María del Pilar Hurtado colaborará con la justicia, ya que la Fiscalía le ha ofrecido la posibilidad de obtener beneficios, como detención domiciliaria. Las víctimas de las 'chuzadas' esperan que revele quién dio la orden de espiar y si va a mencionar el nombre de Álvaro Uribe, hoy el más férreo crítico del presidente Santos, de quien a dicho que adelanta una persecución política en su contra y de sus excolaboradores.

 

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Lunes, 22 Diciembre 2014 17:07

La CIA también tortura el idioma

La CIA también tortura el idioma

Gracias a Dios por Noam Chomsky. No por toda una vida de asaltos devastadores a nuestra hipocresía política, sino por su lingüística. Mucho antes de llegar a conocerlo, en mis tiempos de estudiante, cuando me afanaba en mi curso universitario de lingüística, el trabajo de Chomsky me alertó sobre el uso pernicioso del lenguaje. Por eso condeno de inmediato la vil semántica del Pentágono y la CIA. No sólo esa vieja frase lobuna daño colateral, sino el lenguaje entero de la tortura. O, como la llaman los chicos que torturan en nuestro nombre, técnicas perfeccionadas de interrogación.


Miremos eso más de cerca.


Perfeccionada es una palabra que implica superación. Sugiere algo mejor, más informado, incluso menos costoso. Por ejemplo, medicina perfeccionada implicaría presumiblemente una forma más simplificada de mejorar nuestra salud. Del mismo modo que escuelas perfeccionadas sugeriría una educación más valiosa para un niño.


Interrogación al menos da idea de lo que se trata todo esto. Hacer preguntas y obtener –o no obtener– una respuesta. Pero técnica las supera a todas. Una técnica es una habilidad, ¿no? Por lo regular, según me dice el diccionario, en el trabajo artístico.


Así pues, los interrogadores tienen habilidades especiales, lo cual implica entrenamiento, trabajo ilustrado, aplicación, producto del intelecto. Lo cual, supongo, es en cierto sentido de lo que se trata la tortura. No es sólo la forma en que yo normalmente describiría el proceso de azotar personas contra las paredes, medio ahogarlas en agua y embutirles humus por el recto.


Pero en caso de que eso sea demasiado gráfico, los chicos y chicas de la prensa estadunidense lo han dotado de una forma familiar. Todo el proceso de técnicas perfeccionadas de interrogación se llama ahora EIT (por las siglas en inglés de enhanced interrogation techniques). Como WMD (siglas en inglés de armas de destrucción masiva) –otro embuste en nuestro vocabulario político–, todo este negocio sucio es envuelto en un acrónimo de tres letras.
Y luego nos enteramos de que todo es parte de un programa. Algo cuidadosamente planeado, ustedes entienden, un proyecto, un desempeño, regular, aprobado, incluso teatral. Mi confiable American College Dictionary –publicado por Random House en 1947– define programa (en inglés) como un entretenimiento con referencia a sus piezas o números, que es lo que yo supongo que los desquiciados de la CIA disfrutaban cuando trabajaban a sus víctimas. Quítale la ropa, ponle un trapo en la cara, vierte el agua; oh, no demasiadas burbujas, por favor. Ah, bueno, estréllalo contra la pared otra vez. Un programa, vaya que sí.


Dick Lado Oscuro Cheney usó la palabra programa al condenar el informe del Senado sobre la tortura de la CIA. Resulta extraño, sin embargo, que su descripción del documento como lleno de mierda contuviese un efecto lateral no intencional del proceso que aplaude. Porque quienes son torturados a menudo orinan y defecan y, según sabemos por quienes han sufrido tales programas, los agentes de la CIA solían dejar a sus víctimas paradas y embarradas ante ellos.


Cheney quiere que creamos, por supuesto, que esos pobres hombres dieron información importante a las viles criaturas que los torturaban. Eso es exactamente lo que los inquisidores medievales descubrían cuando acusaban de brujería a inocentes: casi todas las víctimas, hombres y mujeres, reconocían haber volado por los aires.


Tal vez eso fue lo que Khaled Sheikh Mohamed, luego de ser sometido a la tortura de agua (waterboarding) 183 veces, dijo a sus interrogadores de la CIA: podía volar por los aires, como un dron humano terrorista. Supongo que esa es la clase de información vital que Cheney asegura que las víctimas dieron a la CIA.


Desde luego, tocó al director de gótico semblante de la CIA, John Brennan, quizás al sentir el calor de algunos abogados de derechos humanos respirándole en el cuello, decir que algunas de las técnicas –sí, esa es la palabra que empleó– eran no autorizadas y aborrecibles. Y de ese modo proporcionó con destreza una nueva versión de los crímenes de la CIA. La AIT –la aborrecible tortura– debe ser repudiada por todos, pero no, al parecer, la vieja y respetable EIT. Como dijo Cheney, la tortura fue algo que tuvimos muy buen cuidado en evitar. Hago notar las palabras muy buen cuidado. Y me estremezco.


El bueno de Brennan reconoció: nos quedamos cortos cuando se trató de llamar a cuentas a algunos (sic) oficiales. Pero está perfectamente claro que los torturadores –u oficiales– no serán llamados a cuentas.


Tampoco Brennan. Ni Dick Cheney. Ni, me atrevo a mencionarlo, los regímenes árabes a los que la CIA remitió esas víctimas que merecían un trato aún más vil que el que la agencia podía administrarles en sus propias prisiones secretas.


Un pobre tipo, Maher Arar, era un ciudadano canadiense, un camionero capturado por la CIA en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y despachado a Siria antes de la guerra civil para recibir un poco de AIT –no EIT, recuerden– a solicitud de los estadunidenses. Encerrado en un hoyo apenas un poco más grande que un ataúd, su primera experiencia de la AIT fue ser azotado con cables eléctricos.


De este modo, Cheney y sus chicos y chicas ejercieron su sadismo por intermediarios... con el mismo Estado cuyas técnicas de interrogación ahora indignan tanto a Occidente, que llama a derrocar al régimen sirio (junto con el derrocamiento de Isis y Jabhat al-Nusrah), en favor de moderados recién armados que, presumiblemente, sólo practicarán la EIT y no la AIT.


Pero, como ha dicho mi colega periodista Rami Khouri, entre los 54 países en el programa de ejecución de la CIA figuran Argelia, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Marruecos, Arabia Saudita, Siria, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Yemen. Se puede añadir la Libia de Kadafi a esa lista. De hecho, hasta la policía secreta italiana ayudó a la CIA a secuestrar a un imán en las calles de Milán y empacarlo a El Cairo para recibir un poco de AIT a manos de los interrogadores de Mubarak. Lo cual probablemente explica por qué el mundo árabe y musulmán ha estado calladito después de la publicación del informe del Senado estadunidense –incluso en su forma altamente censurada–, la semana pasada.


Fue el periodista egipcio Mohamed Hassanein Heikal el primero en describir la forma en que la CIA circuló una película de una mujer iraní al ser torturada por la policía secreta del sha, para que otras naciones aprendieran cómo hacer hablar a las prisioneras de sexo femenino. No es lo mismo con la nueva y mejorada CIA actual, por supuesto, cuyos agentes destruyeron sus videocintas antes que el comité del Senado pueda echarles mano. Pero esta vez habría que estudiar la naturaleza subordinada de los regímenes árabes, porque también torturaron en nombre del Reino Unido. Como preguntó Khouri la semana pasada: ¿Hablaremos de nuestras propias colusiones criminales e imperiales con tanta apertura como Estados Unidos lo hace con las suyas, y trataremos de repararlas? No se molesten en esperar respuesta.


Las disputas están prohibidas; sólo se permiten conversaciones. Volviendo al tema de Chomsky y las palabras, antes de partir de Canadá hacia Beirut compré una magnífica chamarra de invierno. Hecha en China, por supuesto. Pero la garantía me informó que cumplía con una alta norma de resistencia al agua y respirabilidad. Esas palabras se unen a esa horrible expresión que ahora gobiernos y empresas usan para referirse a una discusión. Ya no nos dicen que están en una disputa con alguien: tienen una conversación con respecto a un tema. Dan ganas de aplicarle AIT al culpable.


Traducción: Jorge Anaya

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Viernes, 12 Diciembre 2014 16:20

El imperio y la legitimación de la tortura

El imperio y la legitimación de la tortura

ALAI AMLATINA, 12/12/2014.- La publicación del Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dado a conocer días pasados describe con minuciosidad las diferentes "técnicas de interrogación" utilizadas por la CIA para extraer información relevante en la lucha contra el terrorismo. Lo que se hizo público es apenas un resumen, de unas 500 páginas, de un estudio que contiene unas 6.700 y cuya primera y rápida lectura produce una sensación de horror, indignación y repugnancia como pocas veces experimentó quien escribe estas líneas.[1] Los adjetivos para calificar ese lúgubre inventario de horrores y atrocidades no alcanzan a transmitir la patológica inhumanidad de lo que allí se cuenta, sólo comparables a las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Argentina por la dictadura cívico-militar, o las que en el marco del Plan Cóndor se consumaron en contra de miles de latinoamericanos en los años de plomo.

El Informe es susceptible de múltiples lecturas, que seguramente animarán un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola publicación produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de erigirse como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del gobierno, con línea directa a la Presidencia, perpetró estas atrocidades a lo largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la displicente indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca.

Obviamente, si ya antes Estados Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a terceros países por presuntas violaciones a los derechos humanos, después de la publicación de este Informe lo que debería hacer Barack Obama es pedir perdón a la comunidad internacional (cosa que desde luego no hará, o no lo dejarán hacer, como lo demostró el escándalo de los espionajes), interrumpir definitivamente la publicación de los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos y del combate al terrorismo en donde se califica el comportamiento de todos los países del mundo (excepto Estados Unidos, juez infalible que no puede ser enjuiciado) y asegurarse que prácticas tipificadas como torturas por el Informe senatorial no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono sino tampoco por el número creciente de mercenarios enrolados para defender los intereses del imperio, lo que tampoco tiene demasiadas probabilidades de ocurrir.

Precisamente, la idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del Pentágono con mercenarios reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera) o por compañías especializadas, como Academi (la tenebrosa ex Blackwater) es liberar al gobierno de los Estados Unidos de cualquier responsabilidad por violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer estos "contratistas", como eufemísticamente se los denomina. Al "tercerizar" de este modo sus operaciones militares en el exterior la aplicación de torturas en contra de presuntos, o verdaderos, terroristas se realiza al margen de las estipulaciones de la Convención de Ginebra que establece que los prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de defensa y ser tratados de modo humanitario. Los mercenarios o "contratistas", por el contrario, son bandas contratadas por Washington para operaciones especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros sino "detenidos", a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad.

En segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura fue legalizada por el Presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado en un estudio publicado en 2009 la tortura como una práctica habitual venía siendo utilizada desde mucho tiempo atrás por la CIA y otras agencias del gobierno federal. En dicho texto decíamos que "a partir de los atentados del 11 de Septiembre y la nueva doctrina estratégica establecida por el presidente George W. Bush al año siguiente ("guerra contra el terrorismo", "guerra infinita", etcétera) las torturas a prisioneros, sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple sospechosos, se tornaron prácticas habituales en los interrogatorios, así como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos a las personas bajo custodia de las tropas estadounidenses. A fin de evitar las consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington adoptó como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a cárceles situadas en países donde la tortura es legal o en los cuales las autoridades no tienen interés alguno en impedirla, sobre todo si se trata de favorecer los planes estadounidenses; o enviarlos a Afganistán, Irak o la propia base norteamericana de Guantánamo, donde se puede interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin ningún tipo de monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional."[2]

Para estupor de propios y ajenos, aún después de haberse dado a conocer el Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a ridículos eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus revelaciones: condenó los "duros y atroces interrogatorios" practicados por la CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes es simple y llanamente eso: tortura. En su artículo primero la Convención establece que "Se entenderá por el término 'tortura' todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas." [3]

De acuerdo a esta definición es imposible sostener que prácticas tales como la "rehidratación rectal", la "hipotermia", la "alimentación rectal", colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a su esposa o hijas, la prohibición de dormir o el "submarino" ("waterboarding", como se la llama en inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para interrogar sospechosos de terrorismo no constituyen flagrantes casos de tortura.[4]

No obstante ello, en Marzo de 2008 el presidente Bush vetó una ley del Congreso que prohibía la aplicación del "submarino" a presuntos terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía que vetaría cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al uso de la tortura como método válido y legal de interrogación. En respuesta a sus críticos la Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional porque sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad con los principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética. De este modo Bush y su pandilla intentaron justificar la violación permanente de los derechos humanos bajo el pretexto del "combate al terrorismo". No sólo eso: su Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en Diciembre del 2002 la utilización de por lo menos nueve "técnicas de interrogación" que sólo en virtud de un perverso eufemismo pueden dejar de ser calificadas como torturas. Lo interesante del caso es que Estados Unidos adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145 estados partes) en el año 1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo que le otorga facultades de control al Comité de la Tortura de las Naciones Unidas. En otras palabras, la simple adhesión a la Convención fue una movida demagógica, carente de consecuencias prácticas en la lucha contra la tortura.

El horror que despierta el Informe no debería llevarnos a pensar que allí se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento central de la CIA en el sentido de que esas "duras tácticas de interrogación" eran necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos, lo cierto es que la estimación de los números de los detenidos y torturados se ubica muy por debajo de lo que permiten inferir otras fuentes documentales. En el Informe, por ejemplo, se dice que "la CIA mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales aprehendidas ilegalmente". Sin embargo, es sabido que para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos Estados Unidos habilitó numerosas cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania, Afganistán y Tailandia; y contó con la colaboración de países como Egipto, Siria, Libia, Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán, Etiopía y Djibouti para realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas ejemplares "democracias" europeas, como Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, amén de otros países extraeuropeos, colaboraron en facilitar la entrega y traslado de prisioneros a sabiendas de lo que les aguardaba a esas personas.[5] El número de víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente que según Human Rights First, una organización no gubernamental estadounidense, el número total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de 779 personas.[6] Por otra parte, un informe especial de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de "terroristas".[7] Ni hablemos de lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que hemos examinado en detalle en nuestro libro.[8]

Para finalizar, tres conclusiones. Primero, el Informe pone el acento en la inefectividad de las torturas soslayando imprescindibles consideraciones de carácter ético o político. De las veinte conclusiones que se presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la vigésima, expresa alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que las torturas aplicadas por la CIA "dañaron la imagen de los Estados Unidos en el mundo a la vez que ocasionaron significativos costos monetarios y no- monetarios." [9] No existe ninguna reflexión sobre lo que significa para un país que presume orgullosamente de ser una democracia -o la más importante democracia del mundo, según algunos de sus más entusiastas publicistas- además del "líder del mundo libre" incurrir en prácticas monstruosas que sólo pueden calificarse como propias del terrorismo de estado al estilo del que conociéramos en América Latina y el Caribe en el pasado. La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente. Por eso es que este nuevo episodio demuestra, por enésima vez, el carácter farsesco de la "democracia norteamericana". De ahí que la expresión que mejor conviene para retratar su verdadera naturaleza es el de "régimen plutocrático." Régimen, porque quien manda es un poder de facto, el complejo militar-financiero-industrial que nadie ha elegido y a quien nadie rinde cuentas; y plutocrático, porque el contenido material del régimen es la colusión de gigantescos intereses corporativos que son, como lo anotara Jeffrey Sachs días atrás, quienes invierten centenares de miles de millones de dólares para financiar las campañas y las carreras de los políticos y los lobbies que cabildean en favor de sus intereses y que luego obtienen como compensación a sus esfuerzos beneficios económicos de todo tipo que se miden en billones de dólares. Todo esto, además, justificado por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó los donativos ilimitados que, en su enorme mayoría, pueden beneficiarse del anonimato.[10]

Segundo, el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA. Ante una descripción que parece inspirada en las más horribles escenas del Infierno de Dante, los autores se abstienen de recomendar al Premio Nobel de la Paz que la justicia tome cartas en el asunto. Pero el pacto de impunidad está consagrado, y ante la inacción de la Casa Blanca los torturadores y sus numerosos cómplices, dentro y fuera de la Administración Bush, han salido a apoyar abiertamente las torturas y acusar a los redactores del Informe de parcialidad ideológica, todo esto en medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense y de una cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su pandilla, desde las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el 11-S, en donde hay más incógnitas que certezas, hasta la acusación a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Dado que Obama ha dado a entender que no enjuiciará a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes la conclusión es que no sólo se legaliza la tortura sino que también se la legitima, se la aprueba, tal vez como un "mal necesario" pero se la justifica. Ante ello sería bueno que algún tribunal del extranjero, actuando bajo el principio de la jurisdicción universal en materia de delitos de lesa humanidad, trate de hacer justicia allí donde el régimen norteamericano apaña la impunidad de los criminales y consagra la perversión y la maldad como una virtud.

Tercero y último: la deplorable complicidad de la prensa. Todos sabían que la CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada la tortura de prisioneros como un SOP ("standard operating procedures", un procedimiento estandardizado de operación en la jerga militar de los servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba. Pero los grandes medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la cadena de Rupert Murdoch y muchos otros de su tipo, dentro y fuera de Estados Unidos- conspiraron voluntariamente o no, es irrelevante, para no llamar a la cosa por su nombre y utilizar en cambio toda clase de eufemismos que permitieran edulcorar la noticia y mantener engañada a la población norteamericana. Para el Washington Post, el New York Times y la Agencia Reuters eran métodos de interrogación "brutales", "duros" o "atroces", pero no torturas; para la cadena televisiva CBS eran "técnicas extremas de interrogación" y para Candy Crowley, la jefa de la corresponsalía política de la CNN en Washington, eran "torturas, pero según quien las describa". Para el canal de noticias MSNBC (fusión de Microsoft con la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del estratego imperial Zbigniew Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula de las enseñanzas de su padre, "tácticas de interrogación utilizadas por la CIA". Esta es la gente que luego es señalada por los políticos y los intelectuales de la derecha para darnos lecciones de democracia y de libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Sería bueno tomar nota de su complicidad con estos crímenes y de su absoluta carencia de virtudes morales como para dar lecciones a nadie.

Notas

[1] El Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report

[2] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.

[3] Ibid., p. 44.

[4] Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La impunidad imperial. Como Estados Unidos legalizó la tortura y "blindó" ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios (Madrid: La esfera de los libros, 2005) es una fuente absolutamente imprescindible por la meticulosidad de su investigación y la sólida fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo es su análisis de las 35 "técnicas de interrogación", las cuales, como dicen los miembros de una Comisión ad-hoc convocada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como resultado "que personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas pudieran ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como la Corte Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras operaciones o viajes al exterior de ese personal." Cf. Montoya, op. cit, pp. 130-134. Datos más específicos sobre las "técnicas de interrogación" se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52

[5] "¿Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA", informe elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La Nación (Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia

[6] http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/gtmo-by-the-numbers-2014-11-24.pdf

[7] Cf. "Preliminary Findings on Visit to United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism", May 29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.

[8] El lado oscuro, op. cit., pp. 47-48

[9] Informe, op. cit., pg.16.

[10] "Understanding and overcoming America's plutocracy", Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html

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Jueves, 11 Diciembre 2014 07:05

No habrá juicios por las torturas

No habrá juicios por las torturas

La Casa Blanca no juzgará a ningún agente de la CIA involucrado en las torturas a presuntos terroristas. "El presidente tiene confianza tanto en el sistema judicial como en la forma en que este caso en particular está siendo llevado adelante", aseguró Josh Earnest, secretario de prensa del gobierno de Barack Obama. El informe difundido por la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta de Estados Unidos concluyó que una revisión de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acerca de información inicial obtenida así como información que la agencia identificó como la más crítica y valiosa sobre Abu Ahmad al Kuwaiti, correo de Osama bin Laden, no estuvo relacionada con el uso de "técnicas intensificadas de interrogatorio" de los servicios secretos. Funcionarios de la agencia rechazaron el informe y dijeron que los detenidos sometidos a tácticas coercitivas proveyeron detalles cruciales para capturar a Bin Laden. "Es imposible saber en retrospectiva si hubiéramos obtenido la misma información que nos ayudó a encontrar a Bin Laden sin haber usado las técnicas intensificadas", señaló la CIA.


Lo cierto es que luego de que el grupo de elite navy seals realizara una operación en Pakistán en mayo de 2011, altos funcionarios de la CIA hablaron en secreto con congresistas norteamericanos para decirles que la información obtenida en interrogatorios a detenidos sospechados de cometer actos terroristas jugó un papel importante en uno de los mayores éxitos de la agencia: el asesinato de Osama bin Laden. El entonces director de la CIA, Leon Panetta, repitió eso en público, afirmación que fue parte de una elogiada película sobre la intervención de las "focas marinas", Zero Dark Thirty, que muestra a un detenido ofreciendo la identidad del correo de Bin Laden, Abu Ahmad al Kuwaiti, tras ser torturado en un sitio secreto de la CIA. Resultó ser que Bin Laden vivía en la casa de Al Kuwaiti, así que localizar al correo era vital para encontrar al líder de Al Qaida. Pero el reporte del Senado sobre los interrogatorios de la CIA dice que la historia no es cierta.

La Casa Blanca está de acuerdo con el Departamento de Justicia de no juzgar a los involucrados en las torturas y malos tratos durante los interrogatorios. Sin embargo, en rueda de prensa, Earnest trató de mantener a Obama al margen del tema. "No es una cuestión del presidente de Estados Unidos. No es el presidente de Estados Unidos quien debe llevar a cabo una investigación penal sobre las acciones de alguien que trabaja en la CIA", aseguró. Por otra parte, The New York Times publicó ayer un testimonio de un alto funcionario del gobierno cercano al presidente –a quien no identificó– que fue categórico: "No vamos a participar en este debate".


El documento del Senado desacredita el rol de la agencia de inteligencia. Sus autores concluyeron que la CIA distorsionó reiteradamente la información presentada ante los senadores estadounidenses relacionada con Al Kuwaiti y Bin Laden y afirmaron que esos datos fueron aportados por detenidos que dieron información antes de ser sometidos a tratamiento brutal y de ser interrogados violentamente. El texto afirma además que la CIA no recibió ninguna información de detenidos sobre Al Kuwaiti hasta 2003. Y asegura que para el final de 2002, la CIA había compilado información significativa sobre Al Kuwaiti y sus estrechos lazos con Bin Laden.


En su descargo, la CIA aseguró que la información disponible era insuficiente para distinguir a Al Kuwaiti de muchos otros asociados de Bin Laden, hasta que información adicional recibida de detenidos la puso en contexto y le permitió a la agencia entender mejor la naturaleza real de su papel y el potencial en la caza de Bin Laden. "Como tal, la información obtenida por la CIA de estos detenidos sí tuvo un papel –en combinación con otras fuentes de inteligencia–, para encontrar al líder de Al Qaida", afirmaron los sabuesos norteamericanos.


Que Estados Unidos torturó a presuntos terroristas en los años posteriores a los ataques del 11-S no es novedoso. Sin embargo, los escabrosos detalles revelados por el informe del Senado dejaron a la opinión pública norteamericana frente a un duro examen de conciencia. "Así no es como los estadounidenses deben comportarse", consideró el diario The Washington Post en un editorial publicado ayer, titulado "Los horrores en calabozos de EE.UU. que nunca debieron haber ocurrido". "La tortura está mal, dé o no resultados. Como un miembro del gobierno de Obama dijo este martes, 'la razón por la que prohibimos esas técnicas es porque eran contrarias a nuestros valores'", agregó el diario.


La oposición republicana y destacados miembros de la administración de George W. Bush, incluido el propio ex presidente, criticaron el informe, defendieron a la inteligencia estadounidense y señalaron que sus prácticas permitieron abortar tramas terroristas y salvaron vidas.


En la vereda de enfrente se paran aquellos que consideran que no existe justificación para prácticas semejantes. "Que algunos de los detenidos fueran altamente peligrosos no autoriza a someterlos a un trato ilegal que avergüenza a Estados Unidos y sirve de herramienta a los terroristas para reclutar nuevos miembros", esgrimió en su editorial The New York Times. "Los republicanos actúan como si fuera la publicación del informe sobre la tortura y no la tortura en sí misma lo que hace daño al país", agregó el diario neoyorquino.

 

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Víctimas del Estado estadounidense

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El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

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