Viernes, 12 Diciembre 2014 16:20

El imperio y la legitimación de la tortura

El imperio y la legitimación de la tortura

ALAI AMLATINA, 12/12/2014.- La publicación del Informe del Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos dado a conocer días pasados describe con minuciosidad las diferentes "técnicas de interrogación" utilizadas por la CIA para extraer información relevante en la lucha contra el terrorismo. Lo que se hizo público es apenas un resumen, de unas 500 páginas, de un estudio que contiene unas 6.700 y cuya primera y rápida lectura produce una sensación de horror, indignación y repugnancia como pocas veces experimentó quien escribe estas líneas.[1] Los adjetivos para calificar ese lúgubre inventario de horrores y atrocidades no alcanzan a transmitir la patológica inhumanidad de lo que allí se cuenta, sólo comparables a las violaciones a los derechos humanos perpetradas en la Argentina por la dictadura cívico-militar, o las que en el marco del Plan Cóndor se consumaron en contra de miles de latinoamericanos en los años de plomo.

El Informe es susceptible de múltiples lecturas, que seguramente animarán un significativo debate. Para comenzar digamos que su sola publicación produce un daño irreparable a la pretensión estadounidense de erigirse como campeón de los derechos humanos, siendo que una agencia del gobierno, con línea directa a la Presidencia, perpetró estas atrocidades a lo largo de varios años con el aval –caso de George W. Bush- o la displicente indiferencia de su sucesor en la Casa Blanca.

Obviamente, si ya antes Estados Unidos carecía de autoridad moral para juzgar a terceros países por presuntas violaciones a los derechos humanos, después de la publicación de este Informe lo que debería hacer Barack Obama es pedir perdón a la comunidad internacional (cosa que desde luego no hará, o no lo dejarán hacer, como lo demostró el escándalo de los espionajes), interrumpir definitivamente la publicación de los informes anuales sobre la situación de los derechos humanos y del combate al terrorismo en donde se califica el comportamiento de todos los países del mundo (excepto Estados Unidos, juez infalible que no puede ser enjuiciado) y asegurarse que prácticas tipificadas como torturas por el Informe senatorial no sólo no volverán a ser utilizadas por la CIA o las fuerzas regulares del Pentágono sino tampoco por el número creciente de mercenarios enrolados para defender los intereses del imperio, lo que tampoco tiene demasiadas probabilidades de ocurrir.

Precisamente, la idea de nutrir cada vez más a las fuerzas del Pentágono con mercenarios reclutados por sus aliados en el Golfo Pérsico (Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, etcétera) o por compañías especializadas, como Academi (la tenebrosa ex Blackwater) es liberar al gobierno de los Estados Unidos de cualquier responsabilidad por violaciones a los derechos humanos que pudieran cometer estos "contratistas", como eufemísticamente se los denomina. Al "tercerizar" de este modo sus operaciones militares en el exterior la aplicación de torturas en contra de presuntos, o verdaderos, terroristas se realiza al margen de las estipulaciones de la Convención de Ginebra que establece que los prisioneros de guerra deben tener garantías jurídicas de defensa y ser tratados de modo humanitario. Los mercenarios o "contratistas", por el contrario, son bandas contratadas por Washington para operaciones especiales, actuando al margen de toda ley. No tienen prisioneros sino "detenidos", a los cuales pueden mantener bajo su custodia todo el tiempo que consideren necesario, negándoseles el derecho a la defensa y quedando a merced de los maltratos o las torturas que sus captores decidan aplicarles, gozando para ello de total impunidad.

En segundo lugar, el Informe obvia considerar que la tortura fue legalizada por el Presidente George W. Bush. Tal como lo hemos señalado en un estudio publicado en 2009 la tortura como una práctica habitual venía siendo utilizada desde mucho tiempo atrás por la CIA y otras agencias del gobierno federal. En dicho texto decíamos que "a partir de los atentados del 11 de Septiembre y la nueva doctrina estratégica establecida por el presidente George W. Bush al año siguiente ("guerra contra el terrorismo", "guerra infinita", etcétera) las torturas a prisioneros, sean éstos supuestos combatientes enemigos o simple sospechosos, se tornaron prácticas habituales en los interrogatorios, así como también los tratos inhumanos o degradantes infligidos a las personas bajo custodia de las tropas estadounidenses. A fin de evitar las consecuencias legales que se desprenden de esta situación Washington adoptó como una de sus políticas el traslado de sus prisioneros a cárceles situadas en países donde la tortura es legal o en los cuales las autoridades no tienen interés alguno en impedirla, sobre todo si se trata de favorecer los planes estadounidenses; o enviarlos a Afganistán, Irak o la propia base norteamericana de Guantánamo, donde se puede interrogar brutalmente a cualquier prisionero sin ningún tipo de monitoreo judicial y sin la presencia de molestos observadores como, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional."[2]

Para estupor de propios y ajenos, aún después de haberse dado a conocer el Informe del Senado el vocero de la Casa Blanca apeló a ridículos eufemismos cuando transmitió el repudio del presidente Obama por sus revelaciones: condenó los "duros y atroces interrogatorios" practicados por la CIA, obviando utilizar el término correcto para definir lo que según la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes es simple y llanamente eso: tortura. En su artículo primero la Convención establece que "Se entenderá por el término 'tortura' todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión; de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido; o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimiento que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o incidentales a estas." [3]

De acuerdo a esta definición es imposible sostener que prácticas tales como la "rehidratación rectal", la "hipotermia", la "alimentación rectal", colgar a una víctima de una barra, amenazar con violar a su esposa o hijas, la prohibición de dormir o el "submarino" ("waterboarding", como se la llama en inglés) aplicadas cruelmente por horas y días para interrogar sospechosos de terrorismo no constituyen flagrantes casos de tortura.[4]

No obstante ello, en Marzo de 2008 el presidente Bush vetó una ley del Congreso que prohibía la aplicación del "submarino" a presuntos terroristas, dando cumplimiento a un anuncio previo en el cual advertía que vetaría cualquier pieza legislativa que impusiera limitaciones al uso de la tortura como método válido y legal de interrogación. En respuesta a sus críticos la Casa Blanca dijo que sería absurdo obligar a la CIA a respetar los preceptos establecidos por la legislación internacional porque sus agentes no se enfrentaban a combatientes legales, fuerzas regulares de un estado operando de conformidad con los principios tradicionales sino a terroristas que actúan con total desprecio por cualquier norma ética. De este modo Bush y su pandilla intentaron justificar la violación permanente de los derechos humanos bajo el pretexto del "combate al terrorismo". No sólo eso: su Secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, autorizó explícitamente en Diciembre del 2002 la utilización de por lo menos nueve "técnicas de interrogación" que sólo en virtud de un perverso eufemismo pueden dejar de ser calificadas como torturas. Lo interesante del caso es que Estados Unidos adhirió a la citada Convención (que cuenta con 145 estados partes) en el año 1994 pero se cuidó muy bien de ratificar el Protocolo que le otorga facultades de control al Comité de la Tortura de las Naciones Unidas. En otras palabras, la simple adhesión a la Convención fue una movida demagógica, carente de consecuencias prácticas en la lucha contra la tortura.

El horror que despierta el Informe no debería llevarnos a pensar que allí se encuentra toda la verdad. Si bien destruye el argumento central de la CIA en el sentido de que esas "duras tácticas de interrogación" eran necesarias para prevenir nuevos ataques terroristas contra Estados Unidos, lo cierto es que la estimación de los números de los detenidos y torturados se ubica muy por debajo de lo que permiten inferir otras fuentes documentales. En el Informe, por ejemplo, se dice que "la CIA mantuvo detenidas a 119 personas, 26 de los cuales aprehendidas ilegalmente". Sin embargo, es sabido que para perpetrar estas violaciones a los derechos humanos Estados Unidos habilitó numerosas cárceles secretas en Polonia, Lituania, Rumania, Afganistán y Tailandia; y contó con la colaboración de países como Egipto, Siria, Libia, Paquistán, Jordania, Marruecos, Gambia, Somalía, Uzbekistán, Etiopía y Djibouti para realizar sus interrogatorios, a la vez que algunas ejemplares "democracias" europeas, como Austria, Alemania, Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia, amén de otros países extraeuropeos, colaboraron en facilitar la entrega y traslado de prisioneros a sabiendas de lo que les aguardaba a esas personas.[5] El número de víctimas supera con creces las 119 del Informe. Téngase presente que según Human Rights First, una organización no gubernamental estadounidense, el número total de detenidos que pasaron por la cárcel de Guantánamo desde su inauguración fue de 779 personas.[6] Por otra parte, un informe especial de Naciones Unidas asegura que sólo en Afganistán la CIA detuvo a 700 personas y a 18.000 en Irak, todos bajo la acusación de "terroristas".[7] Ni hablemos de lo ocurrido en el campo de detención de Abu Ghraib, tema que hemos examinado en detalle en nuestro libro.[8]

Para finalizar, tres conclusiones. Primero, el Informe pone el acento en la inefectividad de las torturas soslayando imprescindibles consideraciones de carácter ético o político. De las veinte conclusiones que se presentan en las primeras páginas del Informe sólo una, la vigésima, expresa alguna preocupación marginal por el tema al lamentarse que las torturas aplicadas por la CIA "dañaron la imagen de los Estados Unidos en el mundo a la vez que ocasionaron significativos costos monetarios y no- monetarios." [9] No existe ninguna reflexión sobre lo que significa para un país que presume orgullosamente de ser una democracia -o la más importante democracia del mundo, según algunos de sus más entusiastas publicistas- además del "líder del mundo libre" incurrir en prácticas monstruosas que sólo pueden calificarse como propias del terrorismo de estado al estilo del que conociéramos en América Latina y el Caribe en el pasado. La tortura no sólo degrada y destruye la humanidad de quien la sufre; también degrada y destruye al régimen político que ordena ejecutarla, la justifica o la consiente. Por eso es que este nuevo episodio demuestra, por enésima vez, el carácter farsesco de la "democracia norteamericana". De ahí que la expresión que mejor conviene para retratar su verdadera naturaleza es el de "régimen plutocrático." Régimen, porque quien manda es un poder de facto, el complejo militar-financiero-industrial que nadie ha elegido y a quien nadie rinde cuentas; y plutocrático, porque el contenido material del régimen es la colusión de gigantescos intereses corporativos que son, como lo anotara Jeffrey Sachs días atrás, quienes invierten centenares de miles de millones de dólares para financiar las campañas y las carreras de los políticos y los lobbies que cabildean en favor de sus intereses y que luego obtienen como compensación a sus esfuerzos beneficios económicos de todo tipo que se miden en billones de dólares. Todo esto, además, justificado por una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que legalizó los donativos ilimitados que, en su enorme mayoría, pueden beneficiarse del anonimato.[10]

Segundo, el Informe se abstiene de recomendar la persecución legal de los responsables de las monstruosidades perpetradas por la CIA. Ante una descripción que parece inspirada en las más horribles escenas del Infierno de Dante, los autores se abstienen de recomendar al Premio Nobel de la Paz que la justicia tome cartas en el asunto. Pero el pacto de impunidad está consagrado, y ante la inacción de la Casa Blanca los torturadores y sus numerosos cómplices, dentro y fuera de la Administración Bush, han salido a apoyar abiertamente las torturas y acusar a los redactores del Informe de parcialidad ideológica, todo esto en medio de una desaforada exaltación del chauvinismo estadounidense y de una cuidadosa ocultación de las mentiras utilizadas por Bush y su pandilla, desde las referidas a qué fue lo que realmente ocurrió el 11-S, en donde hay más incógnitas que certezas, hasta la acusación a Irak de poseer armas de destrucción masiva. Dado que Obama ha dado a entender que no enjuiciará a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes la conclusión es que no sólo se legaliza la tortura sino que también se la legitima, se la aprueba, tal vez como un "mal necesario" pero se la justifica. Ante ello sería bueno que algún tribunal del extranjero, actuando bajo el principio de la jurisdicción universal en materia de delitos de lesa humanidad, trate de hacer justicia allí donde el régimen norteamericano apaña la impunidad de los criminales y consagra la perversión y la maldad como una virtud.

Tercero y último: la deplorable complicidad de la prensa. Todos sabían que la CIA y otras fuerzas especiales del Pentágono tienen incorporada la tortura de prisioneros como un SOP ("standard operating procedures", un procedimiento estandardizado de operación en la jerga militar de los servicios norteamericanos), como se ha dicho más arriba. Pero los grandes medios -no tan sólo los pasquines rabiosamente derechistas de la cadena de Rupert Murdoch y muchos otros de su tipo, dentro y fuera de Estados Unidos- conspiraron voluntariamente o no, es irrelevante, para no llamar a la cosa por su nombre y utilizar en cambio toda clase de eufemismos que permitieran edulcorar la noticia y mantener engañada a la población norteamericana. Para el Washington Post, el New York Times y la Agencia Reuters eran métodos de interrogación "brutales", "duros" o "atroces", pero no torturas; para la cadena televisiva CBS eran "técnicas extremas de interrogación" y para Candy Crowley, la jefa de la corresponsalía política de la CNN en Washington, eran "torturas, pero según quien las describa". Para el canal de noticias MSNBC (fusión de Microsoft con la NBC) eran, según Mika Brzezinski, hija del estratego imperial Zbigniew Brzezinski y, por lo visto, fiel discípula de las enseñanzas de su padre, "tácticas de interrogación utilizadas por la CIA". Esta es la gente que luego es señalada por los políticos y los intelectuales de la derecha para darnos lecciones de democracia y de libertad de prensa en América Latina y el Caribe. Sería bueno tomar nota de su complicidad con estos crímenes y de su absoluta carencia de virtudes morales como para dar lecciones a nadie.

Notas

[1] El Informe puede consultarse en la siguiente dirección: https://es.scribd.com/doc/249652086/Senate-Torture-Report

[2] Cf. Atilio A. Boron y Andrea Vlahusic, El Lado Oscuro del Imperio. La Violación de los Derechos Humanos por Estados Unidos (Buenos Aires: Ediciones Luxemburg, 2009), pp. 43-44.

[3] Ibid., p. 44.

[4] Sobre el tema de la tortura el libro de Roberto Montoya, La impunidad imperial. Como Estados Unidos legalizó la tortura y "blindó" ante la justicia a sus militares, agentes y mercenarios (Madrid: La esfera de los libros, 2005) es una fuente absolutamente imprescindible por la meticulosidad de su investigación y la sólida fundamentación de los casos examinados. Particularmente instructivo es su análisis de las 35 "técnicas de interrogación", las cuales, como dicen los miembros de una Comisión ad-hoc convocada por el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, podrían tener como resultado "que personal estadounidense involucrado en el uso de esas técnicas pudieran ser objeto de persecución por violación de los derechos humanos en otros países o que pudiera ser entregado a foros internacionales, como la Corte Penal Internacional. Esto tendría un impacto en futuras operaciones o viajes al exterior de ese personal." Cf. Montoya, op. cit, pp. 130-134. Datos más específicos sobre las "técnicas de interrogación" se encuentran en http://globalsecurity.org/intell/library/policy/army/fm/fm34-52

[5] "¿Qué países colaboraron con el programa de torturas de la CIA", informe elaborado sobre la base de documentación aportada por la American Civil Liberties Union y la Open Society Justice Initiative, y publicado por La Nación (Buenos Aires) el 10 de Diciembre del 2014. Ver http://www.lanacion.com.ar/1751052-que-paises-colaboraron-con-el-programa-de-torturas-de-la-cia

[6] http://www.humanrightsfirst.org/sites/default/files/gtmo-by-the-numbers-2014-11-24.pdf

[7] Cf. "Preliminary Findings on Visit to United States by Special Rapporteur on Human Rights and Counter-terrorism", May 29, 2007, en El Lado Oscuro, op. cit., pp. 55-56.

[8] El lado oscuro, op. cit., pp. 47-48

[9] Informe, op. cit., pg.16.

[10] "Understanding and overcoming America's plutocracy", Huffington Post, 6 Noviembre 2014. http://www.huffingtonpost.com/jeffrey-sachs/understanding-and-overcom_b_6113618.html

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Jueves, 11 Diciembre 2014 07:05

No habrá juicios por las torturas

No habrá juicios por las torturas

La Casa Blanca no juzgará a ningún agente de la CIA involucrado en las torturas a presuntos terroristas. "El presidente tiene confianza tanto en el sistema judicial como en la forma en que este caso en particular está siendo llevado adelante", aseguró Josh Earnest, secretario de prensa del gobierno de Barack Obama. El informe difundido por la Comisión de Inteligencia de la Cámara alta de Estados Unidos concluyó que una revisión de documentos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) acerca de información inicial obtenida así como información que la agencia identificó como la más crítica y valiosa sobre Abu Ahmad al Kuwaiti, correo de Osama bin Laden, no estuvo relacionada con el uso de "técnicas intensificadas de interrogatorio" de los servicios secretos. Funcionarios de la agencia rechazaron el informe y dijeron que los detenidos sometidos a tácticas coercitivas proveyeron detalles cruciales para capturar a Bin Laden. "Es imposible saber en retrospectiva si hubiéramos obtenido la misma información que nos ayudó a encontrar a Bin Laden sin haber usado las técnicas intensificadas", señaló la CIA.


Lo cierto es que luego de que el grupo de elite navy seals realizara una operación en Pakistán en mayo de 2011, altos funcionarios de la CIA hablaron en secreto con congresistas norteamericanos para decirles que la información obtenida en interrogatorios a detenidos sospechados de cometer actos terroristas jugó un papel importante en uno de los mayores éxitos de la agencia: el asesinato de Osama bin Laden. El entonces director de la CIA, Leon Panetta, repitió eso en público, afirmación que fue parte de una elogiada película sobre la intervención de las "focas marinas", Zero Dark Thirty, que muestra a un detenido ofreciendo la identidad del correo de Bin Laden, Abu Ahmad al Kuwaiti, tras ser torturado en un sitio secreto de la CIA. Resultó ser que Bin Laden vivía en la casa de Al Kuwaiti, así que localizar al correo era vital para encontrar al líder de Al Qaida. Pero el reporte del Senado sobre los interrogatorios de la CIA dice que la historia no es cierta.

La Casa Blanca está de acuerdo con el Departamento de Justicia de no juzgar a los involucrados en las torturas y malos tratos durante los interrogatorios. Sin embargo, en rueda de prensa, Earnest trató de mantener a Obama al margen del tema. "No es una cuestión del presidente de Estados Unidos. No es el presidente de Estados Unidos quien debe llevar a cabo una investigación penal sobre las acciones de alguien que trabaja en la CIA", aseguró. Por otra parte, The New York Times publicó ayer un testimonio de un alto funcionario del gobierno cercano al presidente –a quien no identificó– que fue categórico: "No vamos a participar en este debate".


El documento del Senado desacredita el rol de la agencia de inteligencia. Sus autores concluyeron que la CIA distorsionó reiteradamente la información presentada ante los senadores estadounidenses relacionada con Al Kuwaiti y Bin Laden y afirmaron que esos datos fueron aportados por detenidos que dieron información antes de ser sometidos a tratamiento brutal y de ser interrogados violentamente. El texto afirma además que la CIA no recibió ninguna información de detenidos sobre Al Kuwaiti hasta 2003. Y asegura que para el final de 2002, la CIA había compilado información significativa sobre Al Kuwaiti y sus estrechos lazos con Bin Laden.


En su descargo, la CIA aseguró que la información disponible era insuficiente para distinguir a Al Kuwaiti de muchos otros asociados de Bin Laden, hasta que información adicional recibida de detenidos la puso en contexto y le permitió a la agencia entender mejor la naturaleza real de su papel y el potencial en la caza de Bin Laden. "Como tal, la información obtenida por la CIA de estos detenidos sí tuvo un papel –en combinación con otras fuentes de inteligencia–, para encontrar al líder de Al Qaida", afirmaron los sabuesos norteamericanos.


Que Estados Unidos torturó a presuntos terroristas en los años posteriores a los ataques del 11-S no es novedoso. Sin embargo, los escabrosos detalles revelados por el informe del Senado dejaron a la opinión pública norteamericana frente a un duro examen de conciencia. "Así no es como los estadounidenses deben comportarse", consideró el diario The Washington Post en un editorial publicado ayer, titulado "Los horrores en calabozos de EE.UU. que nunca debieron haber ocurrido". "La tortura está mal, dé o no resultados. Como un miembro del gobierno de Obama dijo este martes, 'la razón por la que prohibimos esas técnicas es porque eran contrarias a nuestros valores'", agregó el diario.


La oposición republicana y destacados miembros de la administración de George W. Bush, incluido el propio ex presidente, criticaron el informe, defendieron a la inteligencia estadounidense y señalaron que sus prácticas permitieron abortar tramas terroristas y salvaron vidas.


En la vereda de enfrente se paran aquellos que consideran que no existe justificación para prácticas semejantes. "Que algunos de los detenidos fueran altamente peligrosos no autoriza a someterlos a un trato ilegal que avergüenza a Estados Unidos y sirve de herramienta a los terroristas para reclutar nuevos miembros", esgrimió en su editorial The New York Times. "Los republicanos actúan como si fuera la publicación del informe sobre la tortura y no la tortura en sí misma lo que hace daño al país", agregó el diario neoyorquino.

 

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Jueves, 13 Noviembre 2014 05:51

Víctimas del Estado estadounidense

Víctimas del Estado estadounidense

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

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Jueves, 09 Octubre 2014 07:34

"Les tenemos miedo a las palabras"

"Les tenemos miedo a las palabras"

El entrevistado Martín Appiolaza -asesor de seguridad en Rosario, Santa Fe- propone que es posible pensar las "cuestiones de seguridad" desde la izquierda, superando políticas que describe esquizoides, a condición de enfrentar ciertos temores y de elaborar ciertas "reminiscencias terribles".

 

El mendocino Martín Appiolaza, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito, estuvo la semana pasada en Montevideo, en el marco del Foro Justicia 2014, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.


Allí dio una conferencia ("Seguridad, política y populismo penal"), donde, "en tono de farsa", brindó consejos a aquellos candidatos que "quieren ganar fama y votos usando a las víctimas de los delitos". Según Appiolaza, actual asesor de la municipalidad de Rosario en temas de seguridad pública, es un buen momento para quienes "piensan que se pueden dejar de lado los argumentos y transformar el miedo en votos".
Sobre este y otros temas conversó con Brecha.


—¿Por qué recurre a la ironía para abordar cuestiones de seguridad?
—Me parece que hay que desdramatizar la cuestión. La sobredramatizamos. Y desde la posición de una izquierda democrática, no sólo la dramatizamos sino también nos escondemos detrás del dramatismo, porque les tenemos miedo a las palabras y miedo a las ideas sobre el tema. Y esto se traduce en las gestiones.
Por otro lado, la ironía es un elemento de violencia que te lleva a la reflexión. Y tercero, no hay candidato, no hay funcionario, que desde una perspectiva de izquierda, no se pregunte cómo hacemos para ser efectivos en el discurso sobre el populismo penal, el discurso de la derecha respecto de la seguridad. Y quizás una forma sea la ironía y la risa. La ironía destruye. El intento es dejar en evidencia a esos tipos que utilizan ex profeso y de manera calculada, medida y orientada, al dolor como elemento de aglutinamiento político. Es claramente un proyecto político no racional, sino emocional, que genera un consenso.
—Durante su exposición habló sobre el "remplazo de las políticas de promoción social por las de control social". La izquierda en los últimos años cambió su discurso, dejó atrás eso de que cuando baje la pobreza va a desaparecer el delito y comenzó a buscar un equilibrio entre las políticas sociales y la mano dura. ¿La solución puede estar en ese equilibrio?
—El análisis marxista clásico del determinismo económico se termina encontrando con el discurso de la derecha, de la pobreza como determinante del delito. Y terminan diciendo las mismas cosas. Cuando desde la izquierda más democrática entendemos esto, y hemos estado revirtiendo estos mecanismos, entonces el cuestionamiento pasa a ser: "¿nos hacemos cargo, o dejamos hacer?". Y vos no podés tener una política progresista en términos de políticas sociales sin acompañarla de una política progresista en términos de control de la violencia y el delito. Hay estudios en nuestros países que muestran el carácter contradictorio entre la inversión social y la violencia institucional, básicamente policial-judicial.


El Estado aparece en los sectores populares fragmentado, discontinuo y contradictorio. Ante eso, la violencia interpersonal y la violencia estatal cumplen un rol fundamental. No es un tema que nos pueda ser indiferente. Tenemos que tener una política sobre esto. Ahora, ¿qué le pasa a la izquierda democrática en estos temas? Hay ciertos pruritos. El primero es la tradición más ortodoxa: "cuando generemos igualdad y otras condiciones sociales, la violencia y el delito se van a terminar".

Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cedemos el control de las instituciones a quienes siempre se ocuparon de esto? O bien no vamos a fondo, y cuando hacemos intervenciones sobre las instituciones de control, básicamente lo hacemos a medias, y si nos sale mal le cortamos la cabeza a los funcionarios; o no hacemos nada y le cedemos esa área a los que tienen el saber empírico. Entonces parcelás y dejás esas instituciones en manos de policías y la ortodoxia judicial. Y eso es un problema, porque entrás en contradicción con otras políticas del Estado.
—Una de las "respuestas" del Estado fueron los megaoperativos. El discurso era que la Policía, el Estado, entra en todos los barrios. Pero se da eso de que el Estado siempre llega con la pata policial, mientras continúa ausente en otros aspectos.
—En los barrios populares, la primera cara del Estado que ven los pibes es la Policía, antes que la maestra. Saben qué es la Policía antes que la maestra o el doctor. Y sobre eso construyen una identidad. Entonces, si es la primera cara del Estado, no nos puede ser indiferente a la hora de construir ciudadanía.
—Decía en su charla que "las políticas de seguridad construyen políticas sociales".
—Ahí tomo una definición de las políticas sociales. Hacer políticas sociales es construir ciudadanía. Por lo tanto, la violencia estatal y la decisión de la política criminal sobre qué se persigue y qué no se persigue, a quiénes les quitamos y a quiénes no, también está construyendo tipos de ciudadanía. Lo digo desde una perspectiva de ciudadanía: quiénes son ciudadanos plenos y quiénes no.


Vos necesitás una política social armónica. No podés tener políticas contradictorias donde, por un lado, promocionás los derechos de los jóvenes y los niños como actores sociales transformadores, empoderados, politizados y actuando en parlamentos juveniles; y por el otro tenés la política de facto de la comisaría, de detener grupos de jóvenes por averiguación de antecedentes todas las noches, por el solo hecho de ser jóvenes. Entonces, ¿qué juventud estás construyendo, qué ciudadanía joven estás construyendo? Tenés un doble discurso, o por lo menos una contradicción.


—Habló de estrategias para una política de seguridad progresista. Acá, la izquierda, por ejemplo, ha votado aumentos de penas para los adolescentes; de alguna manera se ha dejado llevar por el discurso de la derecha. ¿Cuáles deberían ser esas estrategias?
—La primera es poder formular la política de seguridad. Si vos tenés información, demostrame que un aumento de la pena para adolescentes disminuyó el delito. Si me lo demostrás, yo capaz lo apoyo. Pero si no disminuyó ni la violencia ni el delito, hacete responsable por las decisiones que tomaste como parlamentario. Creo que cada vez más los partidos o las alianzas de gobierno socialdemócratas o progresistas de nuestros países, que no están marcadas tanto por un populismo personalista y cortoplacista como otras, están asumiendo el tema de la seguridad pública. Los partidos se están tomando en serio el tema de la seguridad pública. Yo veo a la presidenta Bachelet, por ejemplo, después de haber tenido una política errática en su primer mandato, construir un gabinete sólido en el tema de la seguridad, planificar y evaluar y programar objetivos a cuatro años. Y poner a los funcionarios de su confianza a cargo de los temas.

Funcionarios políticos para los diseños, la evaluación y la gestión de políticas, y funcionarios policiales de su confianza a cargo de la cuestión táctica operativa. Y eso me parece que es construir una política de seguridad y dar respuesta a una demanda ciudadana. Si no la otra forma que ha funcionado en alguno de nuestros países es la delegación. Delegás las responsabilidades en las policías y cuando hay delitos escandalosos le cortás la cabeza al jefe de la policía. Mientras tanto funciona una lógica de doble pacto; por un lado los funcionarios políticos sostienen a los jefes policiales, dándoles libertad a cambio de que no haya grandes escándalos públicos, y al mismo tiempo, desde las estructuras policiales se regulan la violencia y el delito dentro de márgenes estables, tratando de que no haya grandes escándalos. Ese doble pacto ha funcionado durante mucho tiempo, y esa es la expresión clara del desgobierno político de la seguridad.
—Acá se han intentado reformas en la estructura policial que han generado mucha resistencia en la interna de la institución.
—Las instituciones corporativizadas siempre se van a resistir a los cambios y a las injerencias de otros. Los argumentos son los que conocemos: los civiles no saben nada de estos temas; mucho menos si son progresistas, y aquí los que saben son otros. Esa legitimidad y ese reconocimiento también hay que ganárselo, me parece, en la sociedad y en la propia Policía. Y si no, también la Policía tiene que someterse a la voluntad popular; la Policía no es una institución que delibere y defina sus propias políticas, sino que es una herramienta de las políticas del Estado, y debe estar sujeta a esas políticas. Pero esto dentro de la Policía no es una posición hegemónica. Hay algunos actores que resisten, porque obviamente ven afectados algunos de sus intereses, pero hay otros actores dentro de la propia Policía, y yo conozco muchos dentro de la Policía uruguaya, muy convencidos de que es necesario modernizar las instituciones, adecuarlas a las nuevas épocas. 
Los progresistas solemos desconfiar de palabras que nos suenan feas, como "represión", "control", "operativos", que traen reminiscencias terribles. Pero tenemos que conocer el ámbito que definen esas palabras. Más cuando es la principal demanda social.
—También hizo mención a "recuperar a las víctimas". ¿A qué se refería exactamente?
—Hace un par de años me asaltaron, en México. Todavía hoy, si voy medio distraído por la calle, y veo a alguien con campera de cuero, con la mano en el bolsillo, como venía el tipo que me encañonó, tiemblo, se me eriza la piel.


Como yo hay muchísimas personas que han pasado por este trauma. La pregunta es: ¿esta situación la aborda el sistema de salud? La violencia también está generando gente con discapacidades físicas; ¿la estamos contemplando y la estamos atendiendo? Cuando es un trauma violento, por ejemplo cuando muere alguien, ¿qué pasa con el entorno familiar?, ¿qué pasa con el intento de venganza que puede aparecer? Tenemos que abordarlo y tenemos que tratarlo. En la Municipalidad de Rosario, por ejemplo, estamos trabajando con un dispositivo de atención a las víctimas de armas de fuego, que aborda a la persona, al grupo que pertenece, generalmente una bandita, un grupito de amigos, y a su familia. Generalmente el grupito es un sustituto o un complemento de la familia, y hay que abordarlo. Y lo que encontramos todo el tiempo es que hay conflictos irracionales entre grupos, sostenidos a lo largo del tiempo, broncas. Hay que ir sobre esos conflictos, hay que gestionarlos y hay que mediarlos. Si tomamos ese tipo de medidas, después vamos a tener a mediano y largo plazo una reducción de los enfrentamientos, además de una mejora en la calidad de vida de las personas. Y una disminución en la angustia y en el temor. Pero hay que tomarlo como un tema, y creo que no lo hemos hecho. Desde el progresismo hay como cierto sentimiento de que es un daño inevitable, digamos. Pero posiblemente el daño se puede prevenir, y además se pueden prevenir futuros actos de violencia abordando esos temas.

Creo que esa atención hay que priorizarla y hay que tenerla súper en cuenta. Especialmente en grupos de niños, de jóvenes, que sufren condiciones de violencia desde el momento de nacer, que aprenden el lenguaje de la violencia como una forma de resolver los conflictos, de ganar respeto y de conseguir minas.


Necesitamos un abordaje para el tema. Hay muchos casos de gente que ha sufrido delitos violentos y construye organizaciones y se moviliza para prevenir, para que a otros no les pase. Es ese principio solidario básico de vivir en sociedad, que de alguna manera ha sido desalentado por el individualismo más extremo, por la violencia, que es eso de "salvate solo", "la pena la parís vos, la soportás vos en tu hogar". Hay que generar espacios de discusión, pero no lo que hace la derecha demagógica, que es ir a buscarlos, congregarlos en algún lugar y transformarlos en militantes desde el dolor y tratando de transformar ese dolor en un odio político.

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