Jueves, 13 Noviembre 2014 05:51

Víctimas del Estado estadounidense

Víctimas del Estado estadounidense

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

Publicado enInternacional
Jueves, 09 Octubre 2014 07:34

"Les tenemos miedo a las palabras"

"Les tenemos miedo a las palabras"

El entrevistado Martín Appiolaza -asesor de seguridad en Rosario, Santa Fe- propone que es posible pensar las "cuestiones de seguridad" desde la izquierda, superando políticas que describe esquizoides, a condición de enfrentar ciertos temores y de elaborar ciertas "reminiscencias terribles".

 

El mendocino Martín Appiolaza, especialista en seguridad ciudadana y prevención del delito, estuvo la semana pasada en Montevideo, en el marco del Foro Justicia 2014, organizado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Judiciales y la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.


Allí dio una conferencia ("Seguridad, política y populismo penal"), donde, "en tono de farsa", brindó consejos a aquellos candidatos que "quieren ganar fama y votos usando a las víctimas de los delitos". Según Appiolaza, actual asesor de la municipalidad de Rosario en temas de seguridad pública, es un buen momento para quienes "piensan que se pueden dejar de lado los argumentos y transformar el miedo en votos".
Sobre este y otros temas conversó con Brecha.


—¿Por qué recurre a la ironía para abordar cuestiones de seguridad?
—Me parece que hay que desdramatizar la cuestión. La sobredramatizamos. Y desde la posición de una izquierda democrática, no sólo la dramatizamos sino también nos escondemos detrás del dramatismo, porque les tenemos miedo a las palabras y miedo a las ideas sobre el tema. Y esto se traduce en las gestiones.
Por otro lado, la ironía es un elemento de violencia que te lleva a la reflexión. Y tercero, no hay candidato, no hay funcionario, que desde una perspectiva de izquierda, no se pregunte cómo hacemos para ser efectivos en el discurso sobre el populismo penal, el discurso de la derecha respecto de la seguridad. Y quizás una forma sea la ironía y la risa. La ironía destruye. El intento es dejar en evidencia a esos tipos que utilizan ex profeso y de manera calculada, medida y orientada, al dolor como elemento de aglutinamiento político. Es claramente un proyecto político no racional, sino emocional, que genera un consenso.
—Durante su exposición habló sobre el "remplazo de las políticas de promoción social por las de control social". La izquierda en los últimos años cambió su discurso, dejó atrás eso de que cuando baje la pobreza va a desaparecer el delito y comenzó a buscar un equilibrio entre las políticas sociales y la mano dura. ¿La solución puede estar en ese equilibrio?
—El análisis marxista clásico del determinismo económico se termina encontrando con el discurso de la derecha, de la pobreza como determinante del delito. Y terminan diciendo las mismas cosas. Cuando desde la izquierda más democrática entendemos esto, y hemos estado revirtiendo estos mecanismos, entonces el cuestionamiento pasa a ser: "¿nos hacemos cargo, o dejamos hacer?". Y vos no podés tener una política progresista en términos de políticas sociales sin acompañarla de una política progresista en términos de control de la violencia y el delito. Hay estudios en nuestros países que muestran el carácter contradictorio entre la inversión social y la violencia institucional, básicamente policial-judicial.


El Estado aparece en los sectores populares fragmentado, discontinuo y contradictorio. Ante eso, la violencia interpersonal y la violencia estatal cumplen un rol fundamental. No es un tema que nos pueda ser indiferente. Tenemos que tener una política sobre esto. Ahora, ¿qué le pasa a la izquierda democrática en estos temas? Hay ciertos pruritos. El primero es la tradición más ortodoxa: "cuando generemos igualdad y otras condiciones sociales, la violencia y el delito se van a terminar".

Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Cedemos el control de las instituciones a quienes siempre se ocuparon de esto? O bien no vamos a fondo, y cuando hacemos intervenciones sobre las instituciones de control, básicamente lo hacemos a medias, y si nos sale mal le cortamos la cabeza a los funcionarios; o no hacemos nada y le cedemos esa área a los que tienen el saber empírico. Entonces parcelás y dejás esas instituciones en manos de policías y la ortodoxia judicial. Y eso es un problema, porque entrás en contradicción con otras políticas del Estado.
—Una de las "respuestas" del Estado fueron los megaoperativos. El discurso era que la Policía, el Estado, entra en todos los barrios. Pero se da eso de que el Estado siempre llega con la pata policial, mientras continúa ausente en otros aspectos.
—En los barrios populares, la primera cara del Estado que ven los pibes es la Policía, antes que la maestra. Saben qué es la Policía antes que la maestra o el doctor. Y sobre eso construyen una identidad. Entonces, si es la primera cara del Estado, no nos puede ser indiferente a la hora de construir ciudadanía.
—Decía en su charla que "las políticas de seguridad construyen políticas sociales".
—Ahí tomo una definición de las políticas sociales. Hacer políticas sociales es construir ciudadanía. Por lo tanto, la violencia estatal y la decisión de la política criminal sobre qué se persigue y qué no se persigue, a quiénes les quitamos y a quiénes no, también está construyendo tipos de ciudadanía. Lo digo desde una perspectiva de ciudadanía: quiénes son ciudadanos plenos y quiénes no.


Vos necesitás una política social armónica. No podés tener políticas contradictorias donde, por un lado, promocionás los derechos de los jóvenes y los niños como actores sociales transformadores, empoderados, politizados y actuando en parlamentos juveniles; y por el otro tenés la política de facto de la comisaría, de detener grupos de jóvenes por averiguación de antecedentes todas las noches, por el solo hecho de ser jóvenes. Entonces, ¿qué juventud estás construyendo, qué ciudadanía joven estás construyendo? Tenés un doble discurso, o por lo menos una contradicción.


—Habló de estrategias para una política de seguridad progresista. Acá, la izquierda, por ejemplo, ha votado aumentos de penas para los adolescentes; de alguna manera se ha dejado llevar por el discurso de la derecha. ¿Cuáles deberían ser esas estrategias?
—La primera es poder formular la política de seguridad. Si vos tenés información, demostrame que un aumento de la pena para adolescentes disminuyó el delito. Si me lo demostrás, yo capaz lo apoyo. Pero si no disminuyó ni la violencia ni el delito, hacete responsable por las decisiones que tomaste como parlamentario. Creo que cada vez más los partidos o las alianzas de gobierno socialdemócratas o progresistas de nuestros países, que no están marcadas tanto por un populismo personalista y cortoplacista como otras, están asumiendo el tema de la seguridad pública. Los partidos se están tomando en serio el tema de la seguridad pública. Yo veo a la presidenta Bachelet, por ejemplo, después de haber tenido una política errática en su primer mandato, construir un gabinete sólido en el tema de la seguridad, planificar y evaluar y programar objetivos a cuatro años. Y poner a los funcionarios de su confianza a cargo de los temas.

Funcionarios políticos para los diseños, la evaluación y la gestión de políticas, y funcionarios policiales de su confianza a cargo de la cuestión táctica operativa. Y eso me parece que es construir una política de seguridad y dar respuesta a una demanda ciudadana. Si no la otra forma que ha funcionado en alguno de nuestros países es la delegación. Delegás las responsabilidades en las policías y cuando hay delitos escandalosos le cortás la cabeza al jefe de la policía. Mientras tanto funciona una lógica de doble pacto; por un lado los funcionarios políticos sostienen a los jefes policiales, dándoles libertad a cambio de que no haya grandes escándalos públicos, y al mismo tiempo, desde las estructuras policiales se regulan la violencia y el delito dentro de márgenes estables, tratando de que no haya grandes escándalos. Ese doble pacto ha funcionado durante mucho tiempo, y esa es la expresión clara del desgobierno político de la seguridad.
—Acá se han intentado reformas en la estructura policial que han generado mucha resistencia en la interna de la institución.
—Las instituciones corporativizadas siempre se van a resistir a los cambios y a las injerencias de otros. Los argumentos son los que conocemos: los civiles no saben nada de estos temas; mucho menos si son progresistas, y aquí los que saben son otros. Esa legitimidad y ese reconocimiento también hay que ganárselo, me parece, en la sociedad y en la propia Policía. Y si no, también la Policía tiene que someterse a la voluntad popular; la Policía no es una institución que delibere y defina sus propias políticas, sino que es una herramienta de las políticas del Estado, y debe estar sujeta a esas políticas. Pero esto dentro de la Policía no es una posición hegemónica. Hay algunos actores que resisten, porque obviamente ven afectados algunos de sus intereses, pero hay otros actores dentro de la propia Policía, y yo conozco muchos dentro de la Policía uruguaya, muy convencidos de que es necesario modernizar las instituciones, adecuarlas a las nuevas épocas. 
Los progresistas solemos desconfiar de palabras que nos suenan feas, como "represión", "control", "operativos", que traen reminiscencias terribles. Pero tenemos que conocer el ámbito que definen esas palabras. Más cuando es la principal demanda social.
—También hizo mención a "recuperar a las víctimas". ¿A qué se refería exactamente?
—Hace un par de años me asaltaron, en México. Todavía hoy, si voy medio distraído por la calle, y veo a alguien con campera de cuero, con la mano en el bolsillo, como venía el tipo que me encañonó, tiemblo, se me eriza la piel.


Como yo hay muchísimas personas que han pasado por este trauma. La pregunta es: ¿esta situación la aborda el sistema de salud? La violencia también está generando gente con discapacidades físicas; ¿la estamos contemplando y la estamos atendiendo? Cuando es un trauma violento, por ejemplo cuando muere alguien, ¿qué pasa con el entorno familiar?, ¿qué pasa con el intento de venganza que puede aparecer? Tenemos que abordarlo y tenemos que tratarlo. En la Municipalidad de Rosario, por ejemplo, estamos trabajando con un dispositivo de atención a las víctimas de armas de fuego, que aborda a la persona, al grupo que pertenece, generalmente una bandita, un grupito de amigos, y a su familia. Generalmente el grupito es un sustituto o un complemento de la familia, y hay que abordarlo. Y lo que encontramos todo el tiempo es que hay conflictos irracionales entre grupos, sostenidos a lo largo del tiempo, broncas. Hay que ir sobre esos conflictos, hay que gestionarlos y hay que mediarlos. Si tomamos ese tipo de medidas, después vamos a tener a mediano y largo plazo una reducción de los enfrentamientos, además de una mejora en la calidad de vida de las personas. Y una disminución en la angustia y en el temor. Pero hay que tomarlo como un tema, y creo que no lo hemos hecho. Desde el progresismo hay como cierto sentimiento de que es un daño inevitable, digamos. Pero posiblemente el daño se puede prevenir, y además se pueden prevenir futuros actos de violencia abordando esos temas.

Creo que esa atención hay que priorizarla y hay que tenerla súper en cuenta. Especialmente en grupos de niños, de jóvenes, que sufren condiciones de violencia desde el momento de nacer, que aprenden el lenguaje de la violencia como una forma de resolver los conflictos, de ganar respeto y de conseguir minas.


Necesitamos un abordaje para el tema. Hay muchos casos de gente que ha sufrido delitos violentos y construye organizaciones y se moviliza para prevenir, para que a otros no les pase. Es ese principio solidario básico de vivir en sociedad, que de alguna manera ha sido desalentado por el individualismo más extremo, por la violencia, que es eso de "salvate solo", "la pena la parís vos, la soportás vos en tu hogar". Hay que generar espacios de discusión, pero no lo que hace la derecha demagógica, que es ir a buscarlos, congregarlos en algún lugar y transformarlos en militantes desde el dolor y tratando de transformar ese dolor en un odio político.

Publicado enSociedad
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