Ingenio y tecnología: las tácticas de los jóvenes en las protestas de Hong Kong

Los manifestantes se inspiran en el Movimiento de los Paraguas de 2014, pero son más conscientes de los riesgos que hoy implica una movilización a cara descubierta

 

 

“Dame tu teléfono. ¿Tienes Telegram? Cambia esto en los ajustes de privacidad. Elimina las conversaciones. Quita estos símbolos”, recomienda Rick, uno de los miles de jóvenes que el miércoles pasado rodeó el Parlamento de Hong Kong para protestar contra el proyecto de ley de extradición. Hace cinco años, los estudiantes hongkoneses que rodearon la sede de su parlamento autónomo durante tres meses en el llamado Movimiento de los Paraguas, no tenían ningún problema en divulgar su cara y sus datos personales. Hoy, ellos y sus hermanos menores, protagonistas del nuevo movimiento de protesta contra la creciente influencia de China en el territorio autónomo, son mucho más cautos. Son mucho más conscientes de los beneficios, pero también los riesgos, del uso de la tecnología. Pero tan ingeniosos como entonces, o más, a la hora de movilizarse.

“No nos ha quedado otro remedio”, explica “Yip”, un veterano del Movimiento de los Paraguas que hoy es profesor auxiliar en una de las mejores universidades de Hong Kong, y que el miércoles estuvo entre las primeras líneas de manifestantes. “No podemos votar. El gobierno no nos escucha, aunque salgamos a la calle un millón de personas como el domingo pasado, porque está más pendiente de lo que digan en Pekín. Solo nos queda organizar protestas, y en esto nos hemos convertido en expertos. Los jóvenes de Hong Kong, quizá, no saben mucho de cosas como Historia y Literatura, porque nuestro sistema educativo no lo considera importante. Pero pregunta a cualquier chico de 18, 20, 25 años: todos tienen nociones de guerrilla urbana”.

La experiencia acumulada en los casi tres meses en que el Movimiento de los Paraguas ocupó las calles del centro de Hong Kong les sirvió para aprender de logística: en las concentraciones del miércoles era notable la coordinación entre líneas, la rapidez con la que se establecieron puestos de avituallamiento y la eficacia en el abastecimiento. Simplemente moviendo los brazos, los chicos de delante podían hacer saber a la retaguardia si necesitaban comida, agua o material de protección. Un sistema de relevos encadenados se lo proporcionaba en cuestión de segundos. Los desechos volvían de la misma manera a la base para ir a la basura, o al reciclaje.

A diferencia de la de 2014, esta movilización carecía de líderes. Simplemente, los participantes se fueron poniendo de acuerdo a través de la aplicación de mensajería encriptada Telegram, que permite crear canales y grupos que fueron coordinando y comunicando información en tiempo récord. “Todo se organizó en unas pocas horas”, recuerda “Yip”. “No había unos líderes que se tuvieran que poner de acuerdo entre ellos sobre lo que queríamos. Eso estaba claro: la retirada del proyecto de ley de extradición. Además, las redes de mensajería nos permitieron compartir información y consejos de manera mucho más eficaz que hace cinco años”.

“Lo llamamos la estrategia de las arañas, tendiendo redes en Internet para envolver al tigre”, en este caso el gobierno autónomo de Hong Kong o incluso la propia China, apunta este manifestante. Como muchos de ellos, no quiere facilitar más que un apodo y se niega a difundir su imagen, para evitar represalias.

En cuestión de apenas unas horas, desde la medianoche a primeras horas de la mañana del miércoles, decenas de miles de jóvenes -muchos muy jóvenes, aún en edad escolar- habían rodeado el Parlamento, pertrechados con cascos contra las porras, plásticos contra la humedad, y gafas de buceo contra los gases lacrimógenos.

Pero, además, esta vez, la gran mayoría llevaba mascarillas y evitaba dar su nombre, para evitar ser reconocidos. Para llegar y marcharse de la zona de las manifestaciones, en lugar de la tarjeta de metro -la omnipresente Octopus, con la que se puede pagar en muchos otros comercios, pero que revela en qué estación se utilizó-, compraban billetes individuales. Después de la disolución por la fuerza por parte de la Policía, comenzaba un apagón digital: unos a otros se recomendaban cómo eliminar cualquier rastro en el teléfono o en internet, qué decir para justificar visitas a Urgencias, o cómo obtener asesoría legal en caso de ser detenidos.

Es algo, alegan “Yip” y otros varios manifestantes, que aprendieron del Movimiento de los Paraguas. Entonces, aunque los juicios no llegaron hasta años después, los líderes de aquella protesta quedaron todos fichados y muchos cumplen hoy penas de cárcel. Un destino que no quieren imitar. Especialmente, puntualizan, si se acaba aprobando la ley de extradición contra la que protestan. En ese caso, China podrá pedir la entrega de cualquier crítico, con la excusa de una acusación cualquiera. Y si Hong Kong la concede -afirman-, quién sabe qué pasaría del otro lado de la frontera, bajo un sistema legal supeditado al poder del Partido Comunista.

Entre sus motivos para la sospecha, alegan, el hecho de que la propia aplicación de mensajería encriptada Telegram, la preferida en estas protestas, denunciara que el miércoles sufrió un “potente ataque” desde ordenadores en China para interrumpir su servicio. Dos de los 81 heridos en las cargas policiales del miércoles fueron detenidos en el hospital.

Para este domingo está convocada una nueva gran manifestación de protesta para exigir la retirada del proyecto de ley de extradición, que por primera vez permitirá entregar sospechosos a China. Pese a las negativas del gobierno local, muchos hongkoneses temen que se emplee por motivos políticos y que acabe diluyendo la libertad de asociación o de expresión que representan una de las marcas de identidad de Hong Kong frente al resto de la China continental. Los participantes en la movilización del miércoles aseguran que asistirán.

Por Macarena Vidal Liy

Hong Kong 14 JUN 2019 - 14:51 COT

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Viernes, 14 Junio 2019 06:17

Assange periodista

Assange periodista

El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.

La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.

Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.

El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.

La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.

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Viernes, 14 Junio 2019 05:57

Assange y los medios de Estados Unidos

Assange y los medios de Estados Unidos

El ministerio británico del Interior dio ayer su visto bueno a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ahora la última palabra la tiene un tribunal que debe sesionar hoy. No hay mucho margen para esperar que esa instancia escuche los exhortos para que se libere al australiano que han formulado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones sociales en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Como se ha visto desde febrero de 2011, el sistema judicial del Reino Unido está totalmente alineado en los planes del gobierno estadunidense, como lo han estado durante este tiempo las autoridades de Estocolmo.

 

Una vez interrumpida la solitaria solidaridad ecuatoriana por la traición de Lenín Moreno a toda la gestión de su antecesor, en la que se inscribía la protección diplomática al fundador de Wikileaks, sólo una movilización de la sociedad británica podría impedir que Londres lo entregara al gobierno de Washington. Pero previsiblemente esa movilización no ocurrirá y todo hace pensar que Assange será enviado a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia le ha fincado 17 delitos, varios de ellos, graves, como espionaje, que podrían llevar a una condena de cadena perpetua.

 

Si no hubo en Gran Bretaña una condena social contundente a las violaciones a los derechos de Assange, menos cabría esperar que la hubiera en el país vecino del norte, donde las paranoias de la seguridad nacional tienen una raigambre más acendrada y donde, por ende, ha resultado fácil confundir a grandes sectores de la opinión pública con la falsa noción de que Wikileaks y su fundador son una suerte de "agentes extranjeros" perniciosos para la seguridad de la nación.

 

El panorama mediático estadunidense, al menos en lo que se refiere a los medios del llamado mainstream, no serían, en principio, más favorables para la defensa del australiano. La difusión de los materiales que documentan crímenes de guerra en Irak y Afganistán, a mediados de 2010, dejaron en muchos directores y editores estadunidenses una sensación de despecho por lo que era el mayor golpe periodístico de la década. Unos meses después, la entrega de los "cables del Departamento de Estado" a The New York Times –y a otros cuatro medios de otros países– obligó al rotativo neoyorquino a tragarse su orgullo y a colaborar con Wikileaks.

 

Pero esas publicaciones operaron con una sospechosa parsimonia, que especularon con los documentos y que vieron antes que nada por la preservación de sus intereses corporativos. De esa forma, Wikileaks y su fundador decidieron redistribuir los cables en forma segmentada por naciones entre muchos medios independientes del mundo, de los que La Jornada fue el primero.

 

Ese episodio provocó una inocultable irritación en las redacciones de los cinco medios. De pronto, sus páginas se llenaron de ataques a Assange, algunos de ellos tan pueriles y poco serios como que el fundador de Wikileaks evitaba el baño diario. La animadversión de The New York Times fue rápidamente compartida por muchas otras empresas noticiosas. Ello se explica no sólo por el patrioterismo implícito en la acusación de que Wikileaks afectaba la seguridad nacional estadunidense, sino también por un orgullo profesional maltrecho: les resultaba intolerable que una pequeña organización de jóvenes, advenedizos en el periodismo, estuvieran sacudiendo el planeta con una eficacia y un rigor jamás visto hasta entonces. Y construyeron la noción despectiva de que Julian Assange y sus compañeros no eran informadores sino informantes, un despropósito que a la larga podría ser reciclado como argumento por los fiscales en contra del australiano.

 

Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente por la guerra declarada por Trump en contra de la generalidad de los medios de comunicación de su país. En ese contexto, un juicio ganado por Washington en contra de Assange sentaría un peligrosísimo precedente para el desempeño de la tarea informativa en Estados Unidos y en el mundo. Porque no hay diferencia alguna, a final de cuentas, entre los actos por los que el Departamento de Estado quiere procesar al australiano y lo que hacen día con día innumerables periodistas en todo el orbe: obtener documentos confidenciales, verificarlos –tarea en la que Wikileaks no ha tenido un solo yerro– y difundir su contenido.

 

Así pues, si los grandes medios noticiosos de Estados Unidos quieren sobrevivir a la embestida trumpiana, tendrán que tomar partido entre el presidente insolente y ominoso y el colega despreciado y en desgracia, cuya figura representa, les guste o no, el mayor símbolo del derecho a la verdad en la circunstancia presente. Más les valdría tragarse el orgullo por segunda ocasión, informar verazmente a la opinión pública de lo que está en juego y asumir un papel protagónico en defensa de Assange y, por ende, de los derechos a la libre expresión y a la información.Nada menos.

 

http://navegaciones.blogspot.com

 

Twitter: @Navegaciones

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Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

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 La policía lanzó gas lacrimógeno a manifestantes, que respondieron con piedras y botellas, cerca del Parlamento de Hong Kong.Foto Ap

Policías desalojan a manifestantes que bloqueaban el ingreso al Congreso; se paraliza el distrito financiero

 

Hong Kong. La policía antidisturbios de Hong Kong usó ayer balas de goma, bastones y gas lacrimógeno en su intento por sofocar una manifestación de decenas de miles de personas vestidas de negro, en su mayoría jóvenes, que protestan contra un proyecto de ley que permitirá las extradiciones a China continental.

 

Se trata de uno de los mayores disturbios en la historia reciente de este territorio que fue colonia británica hasta 1997. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 72 heridos.

 

Los incidentes ocurrieron cerca del Consejo Legislativo (LegCo, Parlamento), donde se examinará el texto en segunda lectura. Según analistas, las protestas contra la nueva ley son el mayor estallido de violencia desde 1997, cuando Hong Kong, entonces colonia británica, fue devuelto a China.

 

El Parlamento, dominado por los diputados favorables a Pekín, anunció el aplazamiento del debate a "una fecha ulterior", después de que manifestantes bloquearon los accesos hacia la sede del LegCo.

 

Según el diario británico The Guardian, la manifestación de ayer paralizó el distrito de negocios de Hong Kong; y después de que la policía irrumpió en la movilización, un grupo de manifestantes intentó, sin éxito, entrar por la fuerza a varias oficinas gubernamentales. La multitud respondió arrojando botellas y piedras a los uniformados. Según fuentes hospitalarias, 72 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

 

El jefe de la policía, Stephen Lo, defendió la actuación de los agentes y aseguró que ésta fue "moderada" ante los "gánsters" que intentaban tomar el LegCo.

 

Hong Kong ya vivió el domingo la mayor manifestación desde 1997 en la que según los organizadores participaron un millón de personas.

 

El universitario Louis Wong declaró que considera un éxito el bloqueo a las oficinas gubernamentales y al Consejo Legislativo porque aparentemente evitó que los legisladores leales a Pekín dieran impulso a enmiendas a un par de leyes que facilitarían el envío a China de personas sospechosas de cometer delitos.

 

"Este es un espacio público y la policía no tiene derecho a impedirnos permanecer aquí", denunció Wong, mientras observaba una intersección repleta de basura en el vecindario Admirality que fue bloqueado por fuerzas de seguridad después de que los manifestantes saltaron un cordón policiaco e ingresaron al complejo de oficinas del gobierno.

 

"Permaneceremos aquí hasta que el gobierno deseche esta ley y el presidente Xi Jinping cese en sus intentos de convertir a Hong Kong en una ciudad china más", advirtió.

 

La nueva ley autorizaría las extradiciones a los territorios con los que no existe un acuerdo bilateral, incluida China continental. Se esperaba el voto definitivo para el 20 de junio, pero las autoridades no anunciaron todavía cuándo se reanudará el debate parlamentario.

 

Las autoridades afirman que el texto llena un vacío jurídico e impedirá que Hong Kong se convierta en refugio para criminales. Según el gobierno, ya existen sistemas para evitar que la ley sirva para que China persiga a opositores políticos.

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Martes, 11 Junio 2019 06:26

Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad

La conmoción causada por la revelación sobre cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la inmediata libertad del ex presidente.

 

Después de un tornado llamado “Morogate”. Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima, de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.

 Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, Glenn Greenwald.

“Todavía no hemos terminado de estudiar las medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.

La abogada recordó que “este caso típico de Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue patrocinante de Julian Assange.

Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y luego puso en duda aquel diálogo.

Además acusó de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.  

Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un mes le  agradeció su contribución para que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.

En una de las conversaciones transcriptas por The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver aparte).

A partir del destape del “Morogate” tal vez se haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.

Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista, encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara de apelaciones.

 “Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia. 

Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes, él también miembro de la más alta Corte.

En el Congreso, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado político, Fernando Haddad.

En ese mismo trecho de la nota los miembros del Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.

The Intercept anticipó que cuenta con harta documentación a ser publcada en próximas ediciones, que de ser tan letales como las del domingo, pueden afectar más a Moro y eventualmente salpicar a otros personajes. Los rumores sobre lo que vendrá son de todo tamaño, y no se descarta que surjan conversaciones o menciones más detalladas sobre como se gestó la aproximación Moro-Bolsonaro.

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 Ayer se realizó en Hong Kong la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997. Más de un millón de personas, según organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental. Foto Ap

Organizadores de la movilización advierten que las acciones crecerán si el gobierno no da marcha atrás

 

Hong Kong. Hong Kong vivió ayer la mayor manifestación desde que dejó de ser colonia británica, en 1997, cuando más de un millón de personas, según los organizadores, protestaron contra el plan de permitir las extradiciones a China continental.

 

Los inconformes marcharon en el transcurso de siete horas bajo un calor abrasador por las estrechas calles de la isla principal de este centro financiero, en una ruidosa y colorida movilización en la que se pedía al gobierno dar marcha atrás en sus planes.

 

La movilización transcurrió de manera pacífica, pero en las primeras horas de este lunes la policía antidisturbios dispersó con gas pimienta a grupos de jóvenes que intentaron instalar un plantón afuera de las oficinas de gobierno y permanecer ahí hasta el miércoles, cuando la polémica ley será sometida a segunda lectura en el Congreso, reportó el diario británico The Guardian en su portal de Internet.

 

No se recordaba una marcha similar desde la que congregó a 1.5 millones de personas, en 1989, durante el gobierno colonial, en apoyo a los manifestantes de la plaza Tiananmen.

 

"Hay un millón 30 mil personas en la manifestación", sostuvo un organizador entre los vítores de la multitud.

 

La policía, que históricamente da cifras mucho más bajas que las de los organizadores, calculó que el número máximo de asistentes fue de 240 mil, lo que sigue siendo la segunda estimación más alta desde el traspaso de la ex colonia a China.

 

La protesta de ayer estuvo fácilmente a la par con la de 2003, cuando se calcula que medio millón de manifestantes obligaron al gobierno a dejar de lado una ley de seguridad nacional profundamente impopular.

 

"El gobierno no puede ignorar estas cifras", declaró a la agencia de noticias Afp el manifestante Peter Chan, de 21 años.

 

Este proyecto de las autoridades de Hong Kong pro Pekín dejará a la población a merced de un sistema judicial chino opaco y politizado, argumentan sus detractores.

 

No está claro, sin embargo, que los dirigentes vayan a cambiar su postura. La líder de la ciudad Carrie Lam ha cimentado su carrera política sobre una reputación de sacar adelante las leyes.

 

Ignorar las protestas podría hacer que vuelvan los disturbios de 2014, cuando manifestantes a favor de la democracia ocuparon durante dos meses avenidas claves de la ciudad.

 

Los organizadores advirtieron ayer que incrementarán sus acciones si el gobierno no da marcha atrás, lo que podría ser rechazado por Pekín, ya que la ley tiene el apoyo de varios altos dirigentes del Partido Comunista.

 

En un comunicado, el gobierno local describió anoche las protestas como "ejemplo del ejercicio de la libertad de expresión del pueblo de Hong Kong", sin dar signos de estar dispuesto a hacer cambios.

 

La iniciativa ha suscitado críticas de juristas, de los círculos financieros y de los diplomáticos occidentales.

 

Marco Ng cerró su café para sumarse a la movilización. "Nuestra ciudad es más importante que mi comercio", aseguró. "Si no protestamos, el gobierno no tomará en cuenta nuestras preocupaciones", añadió.

 

"No se escucha la voz del pueblo", aseveró Ivan Wong, estudiante de 18 años. "Esta ley no sólo afectará a la reputación de Hong Kong como centro financiero internacional, sino también a nuestro sistema judicial. Esto tiene consecuencias para mi futuro", subrayó.

 

Numerosos manifestantes admitieron que no creían más en los compromisos del Ejecutivo de Hong Kong de no enviar al continente a los críticos del poder chino.

 

Las autoridades intentan hacer votar en el Consejo Legislativo (LegCo, el parlamento local) este texto que autorizaría las extradiciones hacia países como China continental, con los que no existe un acuerdo en este tema.

 

El Ejecutivo de la región semiautónoma asegura que esta ley llenaría una vacío jurídico y es necesaria, especialmente para permitir la extradición a Taiwán de un hongkonés acusado de asesinato.

 

De acuerdo con los detractores de la ley, este caso sólo es un pretexto para satisfacer a Pekín.

 

La desconfianza hacia China ha ido en aumento desde que desaparecieron una serie de personalidades críticas con el poder chino, entre ellas un grupo de editores disidentes y un multimillonario, que reaparecieron luego detenidos en el continente.

 

Según los términos del acuerdo sino-británico sobre la devolución de Hong Kong a China, la ciudad goza de más libertades que el resto del Estado asiático en virtud del principio "un país, dos sistemas", en teoría, hasta 2047.

 

La manifestación puso fin a semanas de creciente indignación en la esferas empresarial, diplomática y jurídica, que temen una erosión en la autonomía de Hong Kong y la dificultad de garantizar la protección básica en la China continental.

 

Funcionarios de Estados Unidos y Europa han emitido advertencias formales –preocupaciones que coinciden con las de los lobbies internacionales del comercio y derechos humanos– que temen que los cambios afecten el estado de derecho.

 

La oposición al proyecto de ley de extradición de ayer se hizo evidente en medio de movimientos gubernamentales para profundizar los vínculos entre el sur de China continental y Hong Kong.

 

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Para la ONU, la tortura de Assange es psicólogica

Pidió a EE.UU. que cese la persecución política del fundador de WikiLeaks

Según la máxima autoridad en tortura del organismo, el ciberactivista australiano estuvo expuesto a una prolongada tortura psicológica.

 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en el Reino Unido, sufre síntomas propios de “tortura psicológica”, dijo ayer el relator especial de la ONU sobre la Tortura, quien pidió el cese la “persecución colectiva” en su contra, sobre todo de Estados Unidos.


Melzer visitó el jueves a Assange en la prisión de Londres donde cumple condena por haber incumplido en 2012 las condiciones de la libertad condicional para refugiarse en la embajada de Ecuador. De manera paralela, el ciberactivista australiano, de 47 años, enfrenta un juicio de extradición a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia quiere llevarlo a juicio bajo la acusación de espionaje.


Assange no compareció el jueves a una audiencia de extradición por estar mal de salud, y luego WikiLeaks advirtió que su fundador estaba física y mentalmente deteriorado y que perdió mucho peso desde que fue encarcelado, hace siete semanas. Aunque no está aislado, Melzer expresó su preocupación por los límites a sus encuentros con abogados y la falta de acceso a documentos que serían clave para su defensa. Acompañado por dos médicos, Melzer constató que “es obvio que el contexto extremadamente hostil y arbitrario contra Assange le ha terminado afectando”, informó en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.


“Además de los problemas físicos, Assange mostraba todos los síntomas típicos de una exposición prolongada a la tortura psicológica, entre ellos un estrés extremo, una ansiedad crónica y un intenso trauma psicológico. Las pruebas son abrumadoras y claras”, prosiguió. “Assange estuvo expuesto de forma deliberada y durante varios años a varias formas de trato o castigos crueles, inhumanos y degradantes”, alertó Melzer, quien acusó a todos los gobiernos implicados en este caso de no adoptar las medidas básicas para que se respeten “los derechos humanos más básicos y la dignidad” del periodista. En este sentido, consideró que “al mantener una actitud de complacencia en el mejor de los casos, y de complicidad en el peor, estos gobiernos han creado una atmósfera de impunidad”.


Assange se refugió en la embajada de Ecuador de Londres para no ser llevado a Suecia, que lo requería en relación a presuntos delitos sexuales que él siempre ha negado. Este mes, Suecia reabrió el caso contra Assange, que había cerrado en 2017 por falta de pruebas. El australiano siempre mantuvo que le daba miedo que Suecia lo entregara a Estados Unidos, donde temía por su vida. El mes pasado, Assange fue detenido por policías británicos poco después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, revocara el asilo diplomático.

 

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El caso Santrich tiene en vilo a Colombia

En 48 horas Santrich intentó suicidarse, lo liberaron, lo llevaron a la Fiscalía, al hospital y de nuevo a la cárcel. EE.UU. pide su extradición.

 

Mientras sus familiares lo visitan, una médica intenta que Jesús Santrich se ponga de pie sin conseguirlo. Es domingo. El ex comandante guerrillero sigue en silla de ruedas. Está pálido, “pero con plena conciencia y con el compromiso de continuar el acuerdo de paz”, aseguró el senador Iván Cepeda a medios hacia las cinco de la tarde, tras una visita humanitaria de parlamentarios que siguió a las personales: horas antes sus familiares pudieron comprobar lo que los medios y sus abogados informaron desde el pasado viernes: que se había cortado la venas. “Estaba vendado y débil, intentó levantarse con un poco de dolor”, le explicó uno de los miembros de su familia a PáginaI12, quien, a la par con las declaraciones de los congresistas, destaca que su estado de ánimo actual es una “una mezcla de alegría y rabia”.


Desde el 15 de mayo, la Jurisdicción Especial de Paz (Jep) que se creó gracias al Acuerdo de Paz que el mismo Santrich ayudó a negociar y redactar, ordenó su libertad por no haber recibido pruebas de que estaría conspirando para enviar coca a Estados Unidos después de diciembre de 2016, cuando se firmó dicho acuerdo que hoy el equipo de Santrich, los progresistas colombianos y la comunidad internacional exigen respetar. Esto descandenó la renuncia del cuestionado fiscal general Néstor Humberto Martínez quien ha dado escasos resultados en investigaciones y castigos en el caso Odebrecht, y quien habría aceptado ante medios de comunicación en las últimas horas que las pruebas que reunió la DEA (Estados Unidos) sobre el presunto delito de Santrich habrían sido recolectadas de manera ilegal. “Eso fue lo que más le sorprendió de todo lo que le contamos”, relató el congresista Benedicto González, quien comandó por áños junto a Santrich el Bloque Caribe y hoy ocupa la banca de congresista del rebelde que intentó quitarse la vida cuando sus abogados le informaron que el gobierno colombiano preparía su extradición la mañana del pasado viernes. Ese día, Colombia transitó todos los altibajos posibles en una historia judicial: Santrich intentó suicidarse, le salvaron la vida, lo sacaron libre, lo recapturaron en la puerta de la cárcel, lo subieron a un helicóptero, lo llevaron al búnker de la Fiscalía, sus seguidores se pelearon con la prensa, le dio un paro cardio respitario, lo llevaron al hospital y, finalmente, en la madrugada del sábado al domingo, una jueza legalizó su captura.


¿Estaba inconsciente Jesús Santrich cuando se realizó la audiencia de legalización de captura?, preguntó este diario a los parlamentarios que respondieron que Seusis Hernández, nombre de pila de Santrich, perdió la conciencia plena tras su intento de suicidio. “Pidió que aclararámos que lo hizo con plena convicción (...) después de eso recuerda estar con la Misión de Naciones Unidas en La Picota y luego no recuerda nada”, aseguraron en rueda de prensa. Si recuerda que lo llevaron en helicóptero, si le aplicaron medicinas (su defensa dice que le inyectaron algo que le provocó el paro cardíaco), si tuvo alucinaciones, preguntó la prensa. “No, no estaba consciente”, responden confirmando el parte médico de la madrugada del viernes cuando un par de galenos informan que lo encontraron delirando: aseguraba estar ante un río, pensaba que había perdido un ojo y decía que estaba en la montaña.


En el Hospital Mederic, el jefe médico indicó que no estaba en condiciones de que se le practique la audiencia que finalmente se realizó desde el sábado hasta la madrugada de ayer durante unas diez horas y estableció que su captura fue legal. Sin embargo, la Procuraduría interpuso un recurso asegurando que no lo fue; pero horas después apartaron al procurador que emitió este concepto asegurando que los derechos de Seusis fueron violados. “La presión es mucha, por todos lados, pobre señor como lo tienen”, aseguran reporteros en las afueras del búnker. “Que no nos oiga Uribe”, dicen temorosos de represalias pues, con el caso Santrich, se ha dejado en evidencia que aunque no hubo pruebas para la extradición y no solo la Jep sino también el Tribunal Superior y la misma Fiscalía ordenaron su libertad, las instituciones están actuando “de manera política, no en derecho”, como asegura Benedicto González para quien todo ha sido ilegal en el caso de su líder.


La Fiscalía asegura que reunió nuevas pruebas de que estaría preparando un envío de coca a Estados Unidos por lo tanto habría cometido “concierto para delinquir” y otros delitos. Y consiguió con este material –que aún no hace llegar a la JEP pese a que es la autoridad para valorar las mismas dado que Santrich se acogió al Proceso de Paz– una orden de captura que se hizo efectiva incluso antes de que el hombre –visiblemente débil, su defensa dice cedado– atravesara las puertas de la cárcel de máxima seguridad La Picota, en Bogotá. La euforia, rabia y desconfianza que se formó entonces y minutos después cuando lo subieron a un helicóptero se vivió también en las sedes del partido FARC y los espacios de reincorporación que desaparecerían en agosto próximo. Desde La Guajira, el ex comandante “Silfredo”, quien por años anduvo con Santrich en el Caribe colombiano alzados en armas, le dijo a este diario que los ex combatientes tienen mucho “descontento con todo lo que ha venido pasando, y no solo nosotros sino la comunidad, la misma Fuerza Pública y todos los aliados que hemos conseguido en esta paz; esta apuesta del Acuerdo es un esfuerzo conjunto y afecta a todos, a todos, no solo a los ex combatientes. La gente está inconforme; no podemos confiar así”.


Entre tanto, el gobierno colombiano y el partido FARC enviaron el mismo mensaje a los más de 10 mil hombres y mujeres que dejaron las armas en 2017 a cambio de reformas profundas en Colombia, y de un tribunal de paz que hoy Fiscalía y el gobierno de Iván Duque deslegitiman, atacan y desconocen: piden calma y compromiso de paz a los ex insurgentes, pese a que el Estado no ha logrado cumplir a cabalidad con los proyectos productivos ni las tierras ni las garantías de seguridad prometidas en el Acuerdo para su reincorporación. Pese a esto Santrich, desde su frío lugar de reclusión en el búnker, envió un mensaje de compromiso con el Acuerdo de Paz que, de cumplirse, dejaría al hombre en libertad pues no hay pruebas de que haya estado en el negocio del narcotráfico después de 2017, pese a que múltiples videos y versiones siguen circulando y unas nuevas serán presentadas hoy en una nueva audencia donde se le imputarán cargos. A la luz del tratado de paz que el mundo entero aplaudió entregando incluso un Nobel al ex presidente Santos y las víctimas, es la Jurisdicción Especial la que debe valorar el material que la Fiscalía habría reunido para determinar la fecha. Pero la última semana toda medida judicial estuvo mediada por las órdenes del Palacio de Nariño, que además resultó cuestionado por el New York Times que acusa al Ejército de Colombia de regresar a las políticas de las ejecuciones extrajudiciales.

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Sábado, 04 Mayo 2019 06:06

Assange, la causa perdida

Assange, la causa perdida

La entrega de Julian Assange se desarrolla en medio de una trama de tres patas. Dos de ellas serían de forma mientras que una de contenido. 

La primera, la pata “Ina Papers”, caería en una suerte de retaliación política a partir del retorno al viejo modelo económico de Estado. La entrega de Assange a la policía inglesa –en territorio diplomático ecuatoriano, por cierto– coincide, precisamente, semanas después de generado un escándalo de grandes magnitudes simbólicas y pre judiciales, en especial tras ponerse en conocimiento la supuesta relación del presidente Lenin Moreno con la empresa offshore Ina Invesment Corporation, fundada originalmente por su hermano Edwin Moreno en Belice y cuyas cuentas se manejaron, al parecer, en el Balboa Bank de Panamá. Los beneficios que recibiría Lenin Moreno giran alrededor de la transferencia de dinero para la compra de menajes durante su estadía en Ginebra, así como la adquisición de un departamento en Alicante sobre la costa mediterránea de España.


El efecto simbólico surge de la contradicción del discurso unívoco del momento, de la falta de congruencia frente a la nueva ola en que se inscribe hoy en día la política latinoamericana. Pues como lo presentan espectacularmente –cual serie de Netflix– los medios de comunicación, los casos de corrupción son la noticia más importante del quehacer político y social. Queda relegada la información sobre las palpables desigualdades sociales y la existencia de miles de personas que aún no reciben adecuados servicios de educación y salud. Los escándalos de corrupción devienen como el nuevo coliseo romano, en el cual deleitamos ver a leones devorar a cristianos. Una arena donde, indudablemente, Lenin Moreno teme caer.
Al margen de la proyectada emergencia global que muestra a la corrupción como una amenaza que va más allá del desastre nuclear o de la contaminación ambiental, lo cierto es que América Latina ha vuelto a los brazos del neoliberalismo. Con mucha imprecisión se menciona que cualquier crítica a este modelo económico se convierte en un ataque al liberalismo, es decir, a las libertades individuales y al movimiento de derechos convertidos en contrapesos del Estado. El neoliberalismo, sin embargo, se distancia de esta corriente al perfeccionar un sistema de dominación financiera donde las corporaciones someten a los Estados.


La segunda pata de esta trama tiene que ver con el vaciamiento del Derecho, alentado por el furibundo eco que fuera reproducido por los grupos de la derecha local para expulsar a Assange de nuestra embajada en Londres. Este “malestar” convertido en consigna fue esgrimido no sólo a través de recalcitrantes mensajes de ex candidatos presidenciales,asambleístas de turno, ex diplomáticos, comunicadores y denominados expertos jurídicos en relaciones internacionales. En todos ellos se estableció poco menos la consigna de “saquen al malcriado”, “Assange es incontrolable” o “no sabe comportarse”. Había que volver al Siglo XV para resucitar a Rotterdam y observar como los disciplinistas del Siglo XXI iban legitimando el cuestionable Protocolo de Visitas que convirtió en incomodad y asunto de Estado el maullido de un gato y el rechinar de una patineta. Se trata de un manual de comportamiento que tendría de trasfondo el aislamiento de Assange. Así, el estatus político de asilado habría migrado tenuemente a un estado de constricción física y moral, algo que en el lenguaje jurídico sería compatible con el vocablo tortura.


En agosto de 2012 el Estado ecuatoriano reconoció la condición de asilo político a Julian Assange, motivado por los graves riesgos que podrían en peligro su libertad, integridad física y vida como represalia tras poner en conocimiento del mundo información que otros países consideran como secreta o privilegiada. Además, en diciembre de 2017 se aceptó su carta de naturalización, lo que impedía constitucionalmente cualquier extradición, remoción, deportación o expulsión en todo lo que representa el territorio ecuatoriano. Las razones del asilo y la nacionalidad debían convertirse en elementos centrales de protección frente a cualquier ponderación que pretendía legitimar su entrega.


El Protocolo de Visitas, Comunicación y Atención Médica, no obstante, se convirtió en el dogal del estatus jurídico y político de Assange, el caballo de Troya que permitió –tras su supuesta violación– a las agencias británicas de seguridad entrar en territorio ecuatoriano para detenerlo en la madrugada del 11 de abril. Atrás quedaron la Opinión Consultiva 25/2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le remarcó al Estado ecuatoriano la necesidad de precautelar el principio de no devolución; la Opinión Consultiva 54/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que solicitó a Suecia y Reino Unido las debidas garantías para que Assange pueda circular libremente; o, fundamentalmente, la propia Constitución ecuatoriana que reconoce el principio de no devolución (Art. 41), prohíbe la expulsión cuando peligra la vida, integridad o libertad de un extranjero (Art. 66.14) así como la extradición de ecuatorianos (Art. 79).


Pero la pata que engloba la trama en la penosa entrega de Assange a sus perseguidores se halla en la destrucción misma de la causa altruista. Es el castigo en sí que entraña a la sustancia por encima de las formas jurídicas o diplomáticas. Quien arriesga su libertad y vida para proteger el interés público universal debe ser protegido. Por ello, el Parlamento Europeo creó la Directiva 943/2016 que instruye a los países de la unión a reformular sus legislaciones administrativas, civiles y penales para impedir el castigo a la divulgación cuando su fin es el interés de sus ciudadanos, la libertad de expresión e información, la denuncia a una actividad ilegal o el desempeño ilegítimo de una actividad económica de poder. Un gran salto que reconoce en un whistleblower no a un criminal, sino a un héroe.

Por Jorge Vicente Paladines: Profesor de la Universidad Central del Ecuador
@JorgePaladines


Un organismo de la ONU

Pide por Assange

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió ayer al Gobierno británico que libere al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al tiempo que criticó severamente que se le mantenga en una prisión de alta seguridad que no corresponde a los delitos de los que es acusado. Se trata del tercer pronunciamiento que realiza esta instancia de expertos independientes que trabajan bajo el paraguas de Naciones Unidas, a favor de la libertad del activista que hizo posible la filtración de cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos. Los dos primeros los emitió cuando se encontraba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, mientras que el de ayer se produce dos días después de que Assange fuese condenado a 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 cuando acudió a refugiarse en la legación diplomática, las condiciones de su libertad condicional. “El derecho a la libertad del señor Assange debe ser restablecido”, dijo el Comité, tal como lo hiciese ya en 2015 y 2018.


Asimismo, el Grupo criticó que Assange, “por un delito menor”, se encuentre en la prisión de máxima seguridad: “Este trato parece ser contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los estándares de derechos humanos”.

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