Sábado, 13 Abril 2019 06:48

Una filtración que no ocurrió

Una filtración que no ocurrió

Los argumentos de Estados Unidos para pedir la extradición del fundador de WikiLeaks. Lo acusan de un crimen informático.

Finalmente Estados Unidos puso sus primeras cartas sobre la mesa. Después de investigar durante años a Julian Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks, después de presionar al gobierno ecuatoriano para que lo expulsara de su embajada en Londres, donde estuvo asilado casi siete años, después de que la justicia británica lo detuviera por asilarse en la embajada estando en libertad condicional, después de que el juez del caso emitiera un comunicado anunciando que Assange permanecería detenido por un pedido de extradición de Estados Unidos, después de todo eso el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer una acusación formal en contra de Assange realizada por un Gran Jurado de Alexandria, Virginia, que había permanecido secreta o “sellada” durante años, a la espera de que Assange perdiera la protección de Ecuador.


El documento, firmado por los fiscales Kellen S. Dwyer y Thomas W. Traxler, acusa al editor y ciberactivista de un solo delito, “conspiración para cometer intrusión de computadora”, cargo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. No es un delito grave, pero alcanza para pedir una extradición. Si dicho proceso llegara a prosperar, agotar todas las instancias previstas en el sistema judicial británico puede demandar años. Solo entonces la fiscalía podría agregar acusaciones, por ejemplo de espionaje, para elevar la eventual sentencia si fuera hallado culpable.


El texto presentado a las autoridades británicas ofrece algunas pistas de las intenciones de la fiscalía del norte de Virginia, localidad en la que se concentra buena parte de las familias de militares, agentes de inteligencia y fuerzas de seguridad que rodean a la capital estadounidense. El texto señala que Assange conspiró para robar documentos “relacionados con la defensa nacional, incluyendo algunos con la calificación de ´secreto’, teniendo razones para suponer que la información así obtenida podría ser usada para lesionar a los Estados Unidos en favor de cualquier país extranjero”.


En concreto, la acusación se refiere a un hecho que apareció cuando los expertos informáticos lograron desencriptar los chats entre Assange y Chelsea Manning, la oficial de inteligencia condenada y luego perdonada por filtrar documentos sensibles a WikiLeaks. La acusación afirma que después de mandarle los partes de guerra de Irak y Afganistán, los documentos sobre la cárcel de Guantánamo y los cables diplomáticos del Departamento de Estado, Manning le advirtió a Assange que había otros documentos interesantes almacenados en el servidor del Departamento de Defensa pero que solo tenía una parte de la clave de acceso. Assange, entonces, según la acusación se ofrece a intentar obtener la otra parte de la clave. Para la fiscalía de Virginia, la oferta de Assange constituye el eje central de una conspiración.


Lo interesante del caso, o preocupante, desde el punto de vista del ejercicio del periodismo, es que los demás elementos citados en la acusación como parte de la conspiración no difieren para nada de una práctica habitual de los periodistas en todo el mundo. A saber:


“Fue parte de la conspiración que Manning y Assange usaran el servicio de chat online ‘Jabber’ para adquirir y difundir documentos clasificados.” Hoy en día es práctica habitual de los periodistas de investigación el uso del chat encriptado para obtener documentos secretos.


“Fue parte de la conspiración que Assange y Manning adoptaran medidas para ocultar que Manning era la fuente de la transmisión de documentos clasificados a WikiLeaks, inclusive haber borrado el nombre del usuario en la transmisión de datos y haber borrado los chats entre Assange y Manning.”


Digamos que si no revelar la fuente y proteger su identidad forma parte de una conspiración, el mundo está lleno de periodistas conspiradores.


“Fue parte de la conspiración que Assange alentara a Maning a que le proveyera información y archivos de agencias y departamentos de los Estados Unidos.”


Otra vez: si alentar a una fuente a darnos información secreta constituye un delito, millones de periodistas deberíamos estar presos. Y los que no será porque son malos periodistas.
El documento afirma que Manning le pasó a Assange 400.000 documentos sobre la guerra de Irak, 490.000 sobre la guerra de Afganistán, 800 sobre la cárcel de Guantánamo y 250.000 cables diplomáticos. Pero no lo acusan por eso, sino al mejor estilo del juicio contra Al Capone lo acusan por una filtración que nunca ocurrió, ya que la clave del servidor del Departamento de Defensa, según la acusación, no pudo ser descifrada. En su último considerando, el documento de la fiscalía informa:


“El 10 de marzo de 2010 o alrededor del 10 de marzo, Assange le pide más información a Manning acerca de la clave en cuestión y le comenta había intentado obtenerla “pero hasta ahora no tuve suerte”.

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'INA Papers': La filtración sobre la presunta cuenta de Lenín Moreno en Panamá a la que WikiLeaks atribuye el arresto de Assange

La detención del periodista Julian Assange, llevada a cabo este jueves por parte de la Policía británica en la Embajada de Ecuador, no podía ser posible sin la decisión del gobierno de Lenín Moreno de retirarle el asilo diplomático. Esta medida, según la organización internacional WikiLeaks, fundada por el australiano, es una represalia por haber dado a conocer una trama de corrupción que presuntamente involucra a Moreno y a buena parte de su familia: los INA Papers.

De acuerdo con la investigación, hay documentos que prueban que la familia de Moreno habría incurrido en delitos de corrupción, perjurio y lavado de activos, a través de varias empresas extranjeras 'offshore' en diversos paraísos fiscales. Según trascendió, una de esas empresas habría recibido injustificadamente 18 millones de dólares de parte de un contratista de un proyecto público en el tiempo en que Lenín Moreno era vicepresidente.


Parte del blanqueo de esos capitales se habría hecho a través de la firma INA Investment, constituida en el 2012 por el hermano del presidente, Edwin Moreno.

Se cree que el nombre de la empresa, INA, proviene del acrónimo que coincide con las últimas tres letras de los nombres de las tres hijas de Lenín Moreno: Cristina, Irina y Karina.
El diputado ecuatoriano de Revolución Ciudadana, Ronny Aleaga, fue el encargado de presentar la denuncia ante la Justicia local. A fines de marzo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación sobre el caso.


La indagación previa, abierta por la fiscal general subrogante de Ecuador, Ruth Palacios, gira en torno a la presunta realización de varias compras irregulares en beneficio tanto del mandatario ecuatoriano como de su esposa e hijas, entre ellas artículos de lujo, automóviles de alta gama y bienes inmuebles como un apartamento de 140 metros cuadrados en Alicante (España).


Moreno había calificado dichas acusaciones de "campaña de desprestigio" y señaló a los aliados del presidente del país entre los años 2007 y 2017, Rafael Correa, de estar detrás del proceso.


¿Venganza o decisión soberana?

El exmandatario ecuatoriano coincide en que la detención de Assange es a modo de "venganza" por la revelación de lo que calificó como "uno de los casos de corrupción más graves de la historia del país". Y pide la colaboración de la comunidad internacional para que sea inspeccionada la cuenta 100-4-1071378 de Balboa Bank en Panamá, y salgan a la luz todas las operaciones y la inocencia de Moreno quede demostrada o desmentida.


Por su parte, Moreno rechaza las acusaciones y sostiene que el retiro del asilo a Assange fue una determinación "soberana", y se debe a que el periodista "violó reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia".

Explicaciones del presidente


En cuanto a la causa en la que se le investiga, Moreno afirmó el pasado martes que la empresa 'offshore' INA Investment fue fundada por su hermano Edwin Moreno, a pedido de alguien que le debía dinero, para trasladar los fondos a Ecuador a través de esa compañía panameña. Señaló que su hermano quedó fuera de la firma una vez que le terminaron de pagar la deuda y, como no es empleado público, "puede tener las empresas 'offshore' que quiera".


Además del presidente de Ecuador, figuran como involucrados en la causa su esposa, Dama Rocío González; su hermano, Edwin Moreno Garcés; su cuñada, Guisella González; su íntimo amigo, el empresario y testaferro Xavier Macías Carmignani, entre otros.

Publicado: 12 abr 2019 00:29 GMT | Última actualización: 12 abr 2019 10:22 GMT

 

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Viernes, 12 Abril 2019 06:13

Assange, a tiro de extradición

Assange, a tiro de extradición

Fue expulsado por razones estrictamente políticas, ya que el presidente ecuatoriano Lenín Moreno quiere acercarse a los Estados Unidos y Gran Bretaña y despegarse del legado de Rafael Correa.

Finalmente pasó lo que ya parecía inevitable. Ayer a la mañana fue Julian Assange, fundador del sitio WikiLeaks, fue expulsado de la embajada de Ecuador en Londres. El presidente Lenín Moreno se encargó del anuncio. Más allá de la justificación basada en supuestos incumplimientos de un protocolo imposible de cumplir (no solo Assange no podía opinar de nada sino que el medio que fundó, WikiLeaks, tampoco podía opinar de nada), fue expulsado por razones estrictamente políticas, ya que Moreno quiere acercarse a Estados Unidos y Gran Bretaña y despegarse del legado antiimperialista de su antecesor Rafael Correa.

Si fuera por la justicia británica, la detención de Assange en ese país no iba durar mucho. Está acusado de un delito excarcelable, violar las condiciones de su libertad condicional, basada en una orden de captura del gobierno sueco por una investigación de presuntos delitos sexuales que ya fue archivada y en la cual Assange nunca fue acusado. Si no interviene Estados Unidos, se presenta ante el juez, declara, paga la multa y queda libre. Pero Estados Unidos intervino y minutos después de la detención la cancillería británica emitió un comunicado anunciando que Estados Unidos había pedido la extradición del editor. De ser deportado, Assange enfrentaría cargos de traición y espionaje por la megafiltración de cables diplomáticos conocida como Cablegate en el 2010. Un Gran Jurado convocado en Alexandria, Virginia, acaso el distrito donde conviven más militares, espías y policías por metro cuadrado en todo el país, ha presentado una acusación en contra de Assange, por supuesto complot con su fuente, Chelsea Manning, para extraer los cables y darlos a conocer. Manning fue condenada a 35 años por eso y perdonada por Obama después de siete. Gran parte del juicio a Manning giró alrededor del tema de si WikiLeaks había sido un receptor pasivo de los cables o si se había confabulado de alguna manera para obtenerlos.


Si bien es cierto que es muy delgada la línea entre el periodismo de investigación y el terrorismo a través del robo de información secreta, así como es muy delgada la línea entre el espionaje y la diplomacia, sería una hipocresía mantener que los periodistas somos meros receptores pasivos de secretos que nos quieren contar. Explicarle a una fuente cómo hacernos llegar un material de forma segura y anónima no es lo mismo que urdir un plan criminal para hundir a un gobierno. Así, al menos lo entendió el fiscal general de Obama, Eric Holder, y por eso se negó a avanzar con la acusación en contra de Assange. Y por eso también le dijo al Washington Post que no podía juzgar a Assange sin entrar en conflicto con la primera enmienda dela constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión. Con el gobierno de Trump las cosas arrancaron bien porque las publicaciones de WikiLeaks sobre Hillary Clinton en el 2016 le dieron una gran mano para ganar la elección. El hoy pesidente llegó a tuitear "Amo a WikiLeaks". Pero las cosas cambiaron rápidamente cuando el sitio de Assange publicó "Vault 7", la mayor filtración de documentos de la CIA en la historia de la agencia. A partir de entonces el gobierno de Trump definió a WikiLeaks no como un medio de comunicación, sino como un "servicio de inteligencia hostil, no estatal" y la investigación de Alexandria cobró impulso con nuevas medidas y citaciones de testigos, incluyendo Manning, quien se negó a declarar y por eso volvió a prisión hace un mes.


Ahora le toca mover a Assange. Podría aceptar mansamente su traslado a Alexandria para dar una batalla épica por la primera enmienda, pero en su caso sería apresurado. Antes bien, lo más probable es que elija dar esa batalla en Londres, en un juicio de extradición que obligue a Estados Unidos a presentar sus pruebas ante la opinión pública para que ésta decida si Assange es un periodista perseguido o un espía disfrazado. En la ausencia de la susodicha primera enmienda las leyes británicas son más hostiles hacia el libre ejercicio del periodismo comparada con la americana. Pero Assange apostará a que la justicia londinense sea más independiente que la del norte de Virginia. De mínima, el juicio de extradición podría durar años y mientras tanto podrían caer por la via parlamentaria o la electoral gobiernos que no son amigables con Assange como el May y el de Trump, sin los cuales una solución negociada sería mucho más fácil. Y de última, si perder el juicio de extradición, en Virginia tendrá revancha. Si el caso llega a Estados Unidos se daría un capítulo más en la pelea que Trump viene llevando con los medios de su país y las organizaciones de derechos humanos y libertad de expresión. A nadie le escapa que prácticamente todos los medios del mundo publicaron la información por la que Assange ha sido acusado y que varios de esos medios, incluyendo el New York Times, The Guardian, El País y Página 12, fueron socios de WikiLeaks en distintos proyectos de publicación.


Más aún, dicho juicio serviría para general un gran debate acerca de qué significa ser periodista en la era de internet, redes sociales, concentración mediática y megafiltraciones, cuáles son los límites al derecho a informar en sociedades democráticas y qué significa la noción de privacidad en la era de la hipertransparencia.


Trump parece estar dispuesto a dar ese debate. Es el tipo de pelea más le gusta. Y sabemos que Assange se viene preparando para este momento desde hace mucho tiempo.
Más allá del ajedrez geopolítico, en un día así uno no puede dejar de pensar que más allá del ícono está el ser humano. Un tipo tierno, vivaz, tímido a su manera, obstinado, mandón, ingenioso, amante del queso francés y del malbec argentino, que para poder publicar no tuvo miedo a enfrentarse al Pentágono ni a quemar puentes con China, Rusia y la Unión Europea hasta quedar completamente aislado, que pasó seis años y diez meses en un encierro atroz, vigilado, espiado, de a ratos aislado e incomunicado. Aprendí mucho de él. Una vez nos quedamos hablando catorce horas seguidas ¡catorce horas! con él y su padre John Shipman en la sala de conferencias de la embajada. En otra ocasión me tiró una frase que nunca olvido. "Conseguir información es fácil," me dijo. "Lo que es difícil es publicarla".

 

@santiodonnell

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Ecuador entrega a Assange a GB; ya lo reclama EU

Londres. Arrastrado primero y cargado después por siete agentes de Scotland Yard, "invitados" por el embajador de Ecuador en esta capital, Jaime Alberto Marchán, el fundador del portal de filtraciones Wikileaks, Julian Assange, fue sacado este jueves de la legación en la que se refugió desde el 19 de junio de 2012.

Media hora antes, Marchán citó al activista a su despacho para leerle la decisión de Ecuador y le pidió abandonar la sede diplomática, relató el canciller ecuatoriano, José Valencia. La agencia de noticias Europa Press reportó que el periodista al parecer se resistió al grito de "esto es ilegal".

En vista de la negativa, el diplomático pidió a la seguridad del recinto que lo sacaran del lugar y lo entregaran a la policía metropolitana londinense.

Cerca de las 10 de la mañana Assange, de 47 años, fue expulsado de la representación diplomática, esposado, cargado por la fuerza y aferrándose al libro Gore Vidal, historia del estado de seguridad nacional, que recoge las conversaciones sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos entre el periodista canadiense Paul Jay y el fallecido ensayista estadunidense.

"Deben resistir, Reino Unido tiene que resistir este intento de la administración (de Donald) Trump", gritó Assange cuando era sacado de la embajada.

Delgado y desaliñado, con larga barba blanca y el cabello recogido en una cola, el australiano fue introducido por la fuerza en un furgón policial.

En julio de 2010, Wikileaks publicó 70 mil documentos militares confidenciales sobre las operaciones de la coalición internacional en Afganistán. A finales de octubre filtró 400 mil más relacionados con la guerra de Irak y un mes más tarde el contenido de unos 250 mil cables diplomáticos secretos del Departamento de Estado.

El 18 de noviembre de ese año, Suecia emitió una orden de detención contra Assange, acusado de presuntas agresiones sexuales, incluida la violación de mujeres. Ante el temor de que si lo llevaban a Suecia sería extraditado a Estados Unidos, decidió refugiarse en la embajada ecuatoriana en Londres en junio de 2012.

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, tuiteó un video en el que justificó su decisión de revocar el asilo diplomático otorgado en 2012 y la nacionalidad ecuatoriana concedida en 2017 a Assange, porque "violó reiteradamente" las normas que regían su protección.

Desde Quito, el canciller José Valencia, ante la asamblea unicamaral ecuatoriana, alegó que se adoptó la decisión porque el fundador de Wikileaks externó opiniones sobre asuntos internos de otros estados, mal comportamiento y falta de respeto a las autoridades ecuatorianas, amenazas contra el Estado y la embajada en Londres.

Más aún, aseguró que Assange, junto con el ex canciller Ricardo Patiño y algunos hackers, que no identificó, conspiraban para desestabilizar al gobierno de Moreno.

Agregó que la salud del australiano estaba en riesgo debido al encierro prolongado y que el asilo no es un instrumento para evadir la justicia. Añadió que la cancillería y la contraloría investigarán las anomalías detectadas para la concesión de la ciudadanía ecuatoriana.

Desde su asiento en el furgón policial, Assange sonrió, hizo un guiñó y levantó el pulgar de la mano derecha en señal de victoria a un grupo de periodistas y fotógrafos. Sin pausas, fue trasladado al Tribunal de Magistrados de Westminster.

El juez de distrito Michael Snow no perdió tiempo en culparlo por violar los términos de su libertad condicional, otorgada en 2012, luego de que Suecia lo solicitó en extradición.

Los fiscales en Estocolmo abandonaron la investigación en mayo de 2017 porque "no pudieron avanzar", mientras Assange permaneció en la embajada. La vicefiscal general de Suecia, Eva-Marie Persson, indicó ayer que una de sus acusadoras solicitó formalmente la reapertura del caso, lo cual, si ocurre, puede abrir una batalla judicial que se prolongaría varios años.
El activista alegó que no tuvo una audiencia judicial justa, porque el marido de la juez que llevó el caso resultó perjudicado por las publicaciones de Wikileaks. "Eso es ridículo", replicó Snow, quien calificó a Assange de "narcisista incapaz de superar sus propios intereses".

Mientras la sesión se desarrollaba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó su extradición para juzgarlo por "conspiración para cometer intrusión informática" por haber ayudado a la ex analista de inteligencia estadunidense Chelsea Manning a obtener una contraseña para acceder a cientos de miles de documentos de defensa confidenciales y luego divulgarlos en su portal.

El juez Snow lo citó a nueva audiencia el 2 de mayo y ordenó que el acusado permanezca bajo custodia policial. La pena exacta por violar la libertad condicional la decidirá un tribunal superior en fecha aún por determinar, informó el diario británico The Guardian, aunque podría ser condenado a 12 meses de cárcel.

Tras la comparecencia, Jennifer Robinson, abogada británica de Assange, afirmó que "impugnará y luchará" contra la extradición a Estados Unidos. Carlos Poveda, otro letrado defensor del activista, comentó que el gato de Assange fue resguardado antes de la detención.

En Madrid, el ex juez Baltasar Garzón, otro de sus abogados, comentó que Assange corre el riesgo de ser torturado si lo trasladan a Estados Unidos.

Expertos en derecho internacional aseguraron que la nueva pelea legal podría durar años, con largas audiencias en Gran Bretaña, Suecia y Estados Unidos que requieran de evidencias que deberán cruzar varios países y testimonios de expertos en medio de una discusión sobre los derechos humanos y la salud de Assange.

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó ante la Cámara de los Comunes: "En el Reino Unido nadie está por encima de la ley", y agradeció al gobierno de Ecuador por su cooperación y a la policía británica por su "gran profesionalidad".

El líder laborista Jeremy Corbyn tuiteó: "La extradición de Julian exhibiendo a Estados Unidos por exponer evidencias de las atrocidades en Irak y Afganistán debería ser rechazada por el gobierno británico".

El redactor en jefe de Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, aseguró que Assange sólo es culpable de "conspiración para cometer periodismo".

Horas más tarde, Lenín Moreno arremetió de nuevo contra el activista: "Le hemos quitado el asilo a este malcriado y ventajosamente nos hemos librado de una piedra en el zapato". Durante un acto en la sureña ciudad Latacunga, aseguró que Assange llegó a "manchar con su excremento" la embajada de Quito en Londres.

“De ahora en adelante tendremos mucho cuidado de dar asilo a gente que realmente valga la pena y no a miserables hackers cuya única intención es desestabilizar gobiernos”, añadió.

Con su encierro, Assange superó los casos de Víctor Haya de la Torre, asilado cinco años en la embajada de Colombia en Lima (1949-1954), y del argentino Héctor Cámpora, refugiado en la embajada de México en Buenos Aires donde permaneció tres años después del golpe de Estado que instituyó una sangrienta dictadura que se extendió hasta 1983.

Al cierre de esta edición se reportó que un colaborador de Assange fue detenido cuando intentaba salir de Ecuador hacia Japón, informó la ministra ecuatoriana del Interior, María Paula Romo, sin precisar la identidad del detenido.

Sin citar fuentes, el canal Teleamazonas lo identificó como Ola Bini, un sueco dedicado al desarrollo de tecnología vinculada a seguridad, privacidad y criptografía.

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PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

PPK está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro para favorecer a la constructora brasileña a cambio millonarios contratos.

Cae otro expresidente por el escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht. Ayer quedó detenido el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski. Contra él se ordenó detención preliminar por un plazo de diez días. Luego de este tiempo, se podría ordenar su detención preventiva hasta por 36 meses para ser investigado y procesado por los cargos de corrupción en su contra. PPK, como se le conoce al expresidente caído en desgracia, está acusado de recibir pagos a cambio de favorecer a Odebrecht cuando era ministro antes de llegar a la presidencia. La orden de detención sorprendió a Kuczynski en su casa, temprano por la mañana. Desde hace un año, cuando renunció a la presidencia, estaba con impedimento de salida del país.


“Aquí hay una persecución política”, se quejó PPK, en breves declaraciones a una radio colombiana dadas desde su casa, poco después de conocida la orden de detención. Negó los cargos en su contra, sin dar detalles. Pero los argumentos de defensa que ha dado en otras ocasiones han sido poco convincentes. En su cuenta de Twitter, el expresidente calificó su detención como “una arbitrariedad”. “He colaborado con todas las investigaciones (…) Nunca rehuí a la Justicia”, escribió. “Es un momento muy duro para mí”, señaló en otro mensaje.
Pasado el mediodía, Kuczynski, ya detenido, abandonó su vivienda en una camioneta de lunas oscuras, escoltado por la policía y la prensa. Luego de la revisión médica de rigor, PPK, de 80 años, quedó recluido en las celdas que tiene el Poder Judicial para los investigados con detención preliminar. Si en los próximos días la Justicia ordena variar la detención preliminar por la detención preventiva, Kuczynski sería internado en el mismo cuartel policial donde está recluido el exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), condenado a 25 años por crímenes de lesa humanidad y corrupción, a quien PPK indultó pero que luego volvió a prisión al anularse ese irregular perdón. Es una cárcel VIP para ex presidentes.


Kuczynski está acusado de haber utilizado sus cargos de ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) para favorecer a la constructora brasileña a cambio de millonarios contratos de consultorías privadas a Odebrecht realizadas por las consultoras financieras Westfield Capital, de la cual PPK es accionista único, y First Capital, propiedad de un socio suyo y con la cual estaba estrechamente ligado. Toledo está acusado de recibir sobornos de Odebrecht y se encuentra en Estados Unidos sometido a un proceso de extradición.


Como ministro de Toledo, PPK firmó una serie de resoluciones que favorecieron a Odebrecht en diversos proyectos en los cuales las consultoras ligadas al entonces ministro asesoraban a la empresa brasileña. La fiscalía se ha centrado en el caso de la construcción de la ruta interoceánica que une Brasil con la costa peruana, licitación obtenida luego del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Toledo y en la cual el entonces ministro Kuczynski tuvo un rol clave, y en el proyecto de irrigación Olmos, en el cual las empresas consultoras ligadas a PPK dieron asesoría financiera a Odebrecht y éste como ministro autorizó el aval del gobierno para préstamos a la empresa para financiar el mencionado proyecto. También se investiga el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral con 300 mil dólares.


Por las asesorías dadas a Odebrecht, las dos consultoras relacionadas con PPK cobraron cerca de cinco millones de dólares. Kuczynski dice que no participó en esos contratos, pero las evidencias revelan que luego de complejos movimientos financieros, que incluían traspasos de dinero de una consultora a otra y el uso de empresas offshore, más de 3,4 millones de dólares llegaron a sus cuentas personales.


Por esos cargos, en diciembre de 2017 en el Congreso se votó la destitución de PPK, quien se salvó luego de canjear con un sector del fujimorismo votos a su favor a cambio de indultar a Fujimori. En marzo de 2018 se dio otro pedido de destitución por los mismos cargos. Horas antes que el tema se vea en el Congreso, PPK renunció a la presidencia, después que se revelara el intento de comprar votos en el Congreso para salvarlo por segunda vez.


Los cuatro últimos expresidentes peruanos están involucrados en la trama de corrupción de Odebrecht, que está remeciendo la política peruana. Además de PPK y Toledo, también son investigados por la fiscalía los exmandatarios Alan García (1985-1990 y 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016). Y Keiko Fujimori, jefa del partido fujimorista que controla el Congreso, está en prisión preventiva desde noviembre pasado, procesada por el supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a su campaña electoral.


Kuczynski, veterano economista y promotor de inversiones privadas, ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido sindicado desde hace mucho de utilizar la función pública para favorecer intereses privados. Estrechamente ligado a los grandes grupos de poder económicos, por su orientación y sus relaciones su gobierno tuvo mucho en común con el de Mauricio Macri. Pero PPK no duró mucho, por sus oscuras relaciones con intereses empresariales cayó diecinueve meses después de asumir el poder. Y hoy está en prisión por esa razón.

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Assange resiste a su detención al interior de la embajada de Ecuador en Londres

Los tribunales británicos ordenaron la detención de Assange el 29 de junio de 2012, pero él vivía desde entonces refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido
"La policía tenía el deber de ejecutar la orden y fue invitada a la embajada por el embajador después de que el Gobierno le retirase el asilo", indica Scotland Yard

La policía británica ha detenido este jueves a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, según ha informado Scotland Yard.
"Ha sido trasladado a la comisaría de Londres, donde estará hasta que se presente ante el Tribunal de Magistrados de Westminster lo antes posible", señala la Policía Metropolitana de Londres en el comunicado.


Los tribunales británicos ordenaron la detención de Assange el 29 de junio de 2012, pero él vivía desde entonces refugiado en la embajada de Ecuador en Reino Unido. "La policía tenía el deber de ejecutar la orden y fue invitada a la embajada por el embajador después de que el Gobierno le retirase el asilo", indica Scotland Yard.


Horas antes de la detención, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, había anunciado en Twitter la retirada del asilo diplomático al fundador de Wikileaks. "El conceder o retirar el asilo es facultad soberana del Estado. Hoy anuncio que la conducta agresiva e irrespetuosa del señor Assange; las declaraciones descorteses y amenazantes de su organización aliada en contra del Ecuador; y, sobre todo, la transgresión de los convenios internacionales han llevado la situación a un punto en el que el asilo del señor Assange es insostenible", había afirmado Moreno.


"Ecuador da por finalizado el asilo diplomático otorgado al señor Assange en el año 2012. Por seis años y diez meses el pueblo ecuatoriano ha garantizado los derechos humanos del señor Assange y ha cubierto sus necesidades cotidianas en nuestras instalaciones de la embajada en Londres", indicó Moreno. "El señor Assange violó reiteradamente disposiciones expresas de las convenciones sobre asilo diplomático. Violó particularmente la norma de no intervenir en los asuntos internos de otros estados", añadió.
El presidente de Ecuador ha asegurado que ha solicitado a Reino Unido la garantía de que Assange no será extraditado a un país en el que pueda ser torturado o condenado a muerte. "El Gobierno británico lo ha confirmado por escrito"

eldiario.es
11/04/2019 - 11:43h

 

Video relacionado

https://youtu.be/WP2Nu0NY5DE

 

 


 La cárcel de Assange

Por Santiago O’Donnell

 

Imaginárselo ya es difícil, pero olvidarlo mucho más. Un hombre, un encierro en cuatro o cinco cuartos, día tras día durante dos, tres, siete años, ventanas hostiles en la mira de cámaras espías y potenciales francotiradores, aire insípido, luz artificial, día tras día hasta que uno pierde noción del tiempo, pierde noción de luz y sombra, pierde capacidad de olfato y sensación de tacto, y uno empieza a jugar con su mente a ser un hombre libre mientras ve la vida pasar desde su agujero. “A veces me siento como en una película viendo cómo las cosas pasan delante de mí, de este cuarto, de esta mesa, como si fuera un espectador de un show continuado que nunca termina”, me dijo Julian Assange, en su cuarto año de encierro en la embajada de Ecuador en Londres, la última vez que nos vimos. Todavía faltaban dos años más de encierro hasta que su asilo se convirtiera en cárcel, en marzo del año pasado, cuando le cortaron la internet y las visitas y le hicieron firmar un protocolo de conducta que reiteraba en cada cláusula que cualquier violación podría derivar en expulsión.


Del encierro a la cárcel y de ahí a la antesala a lo desconocido. Esta semana la cancillería ecuatoriana emitió un comunicado que parece abrir el camino para una eventual expulsión de Assange de la embajada por presuntas faltas de conducta. “El asilo es una facultad soberana del Ecuador, que tiene por tanto el derecho de otorgarlo o terminarlo cuando lo estime justificado y sin consultar a terceros”, dice el comunicado. La cancillería afirma que continúa respetando el asilo de Assange, pero no deja dudas acerca de la antipatía hacia él. “Al emitir informaciones que falsean la verdad, el asilado y sus asociados expresan una vez más ingratitud e irrespeto hacia el Ecuador, en lugar de mostrar agradecimiento al país que lo ha acogido por casi siete años”, añade el texto. “Ecuador ha efectuado importantes gastos para costear su estadía en la Embajada (en Londres), que ha soportado sus groserías.”


O sea, un invitado indeseable que ha agotado su bienvenida. Pero no lo van a expulsar porque se acabó la amenaza a su libertad de expresión ni la persecución política que sufre a causa de su trabajo como editor y publicador de documentos secretos. De hecho nunca estuvo tan amenazado. La CIA de Trump y Pompeo han calificado a WikiLeaks como “servicio de inteligencia hostil, no estatal” cuando para el gobierno estadounidense anterior WikiLeaks era una publicación protegida por la primera enmienda de la constitución, no muy diferente que el New York Times. Además, hace tres meses un error procesal expuso la existencia de una acusación “sellada” o secreta de un Gran Jurado de Alexandría, Virgina, en contra de Assange, supuestamente por haberse complotado con Chélsea Manning para que ésta se robara y luego le transfiriera los cables diplomáticos clasificados que WikiLeaks publicara en el 2010 en una megafiltración conocida como “Cablegate”.


Si Assange quedó al borde de la expulsión de la embajada es porque el gobierno de Lenín Moreno no ve con simpatía al ex hacker australiano devenido en icono mundial de la libertad de expresión. Con su actitud desafiante e insumisa y su olfato para ocupar el centro de la escena mediática mundial, Assange fue un personaje central de la política exterior ecuatoriana de los últimos años y hoy es el principal escollo para el objetivo primordial de Moreno de acercarse a Estados Unidos y despegarse del discurso antiimperialista de su antecesor Rafael Correa. Por cierto, fue Correa quien le ofreciera y luego le concediera el asilo a Assange. Al principio Moreno trató de sacarse el problema de encima con una pirueta diplomática. Siguendo un plan de su entonces canciller Rosario Espinoza, le concedió a Assange la ciudadanía ecuatoriana y le inventó un puesto diplomático en Moscú. Pero los ingleses no compraron el paquete e hicieron saber que seguía vigente la orden de captura de Assange ni bien saliera de la embajada y volviera a pisar territorio británico. Entonces Moreno cambió de táctica y empezó a presionar a Assange para que se calle y se vaya de una vez por todas.


Ahora Assange corre una carrera contra el tiempo. Mientras la embajada parece preparar su expulsión, él se ilusiona

con que antes caiga el gobierno conservador de Theresa May a causa del laberíntico problema que le ha generado la falta de una Brexit consensuado con la Unión Europea. Si cae May y asume el líder del laborismo, Jeremy Corbyn, el más izquierdista que el partido ha tenido en décadas, Assange tendría prácticamente acordado un salvoconducto para irse del país sin ser detenido.


Hablamos con Fidel Narváez, cónsul general de Ecuador en Londres desde el 2010 hasta el 2018. Es la primera vez que habla con un medio argentino. Dice estar muy preocupado, pero se ilusiona con que un cambio de gobierno en Gran Bretaña destrabe la situación. Dice que el gobierno ecuatoriano, el gobierno de su país, está echando por la borda la doctrina, los logros y la reputación ganada en los últimos años por defender lo que Assange representa. Dice que el gobierno de Moreno está tomando todos los pasos necesarios para expulsarlo y que incluso está considerando quitarle la ciudadanía ecuatoriana para facilitar su entrega a las autoridades británicas y así dejarlo a tiro de una extradición a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje y traición.


“La situación de Julián es crítica”, advierte. “Un ser humano no resistiría todo lo que ha tenido que resistir, pero él no es una persona normal.”
“¿Sabes una cosa? No lo van a quebrar. Lo han intentado de mil maneras pero nunca pudieron quebrarlo. Tiene una fuerza de voluntad inmensa. Por eso nunca lo van a quebrar.”
@santiodonnell

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Aislado y espiado, Assange sigue dando pelea

En un escrito judicial, Assange pide que la CIDH requiera a Estados Unidos que blanquee su intención de llevarlo a juicio. También reclama que el gobierno de Lenín Moreno deje de hostigarlo, castigarlo, vigilarlo y amenazarlo.

Solo, enfermo, aislado, espiado y amenazado. Pero todavía dando pelea. Así transita hoy sus días, en la embajada de Ecuador en Londres, el editor que reveló los secretos más devastadores de uno de los imperios más poderosos de la historia.

Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real. Se trata de un pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de medidas cautelares contra los gobiernos de Estados Unidos y de Ecuador, del cual PáginaI12 obtuvo una copia.


El documento ofrece una cruda descripción de la manera en que la hostilidad del gobierno estadounidense hacia Assange fue creciendo a medida que WikiLeaks publicaba nuevas revelaciones de filtradores anónimos que desnudaban los peores vicios de las instituciones militares, diplomáticas, políticas y de inteligencia de los Estados Unidos. Según la demanda, la persecución empezó en el 2002 cuando WikiLeaks publicó documentos secretos sobre la prisión de Guantánamo. La presión se intensificó después de la publicación de los partes de guerra de Afganistán e Irak. Entre una y otra publicación Assange fue detenido en Gran Bretaña por un pedido de captura sueco en relación a un delito sexual por el que nunca sería acusado. Después llegó el “cablegate” de despachos diplomáticos que sacudió al mundo. Assange se asiló en la embajada ecuatoriana, en un departamento de unos 180 metros cuadrados que debe compartir con la delegación diplomática, sin aire puro ni luz solar desde hace más de seis años y medio.


Estando ya en la embajada, el editor de WikiLeaks publicó en 2016 filtraciones sobre Hillary Clinton y las internas de su partido en plena campaña presidencial, que le valieron a Assange un juicio penal del Partido Demócrata por supuesta interferencia en el proceso electoral estadounidense, a través de un presunto complot con Rusia.


La ofensiva estadounidense contra Assange recrudeció durante el gobierno de Trump después de la publicación del archivo llamado “Vault 7”, la más grande filtración de documentos secretos en la historia de la CIA: “En los referidos paquetes de información se pueden observar los medios de espionaje irregulares desplegados por la CIA en todo el mundo, por ejemplo, a través de los dispositivos móviles ‘Smart phones’ y televisiones de los ciudadanos; o un programa que inyecta troyanos en bases de datos biométricos estatales de países aliados a través del software ‘Cross Match’,”.


La demanda que presentó Assange da cuenta de cómo cada una de esas filtraciones generó incriminaciones y respuestas amenazantes de altos funcionarios de los tres poderes estadounidenses, desde pedidos de aplicación de pena de muerte hasta la descripción de WikiLeaks como “un servicio de inteligencia hostil, no estatal” en el último informe del FBI ante el comité bicameral de inteligencia del Congreso.


A esa situación, el texto de Assange y Garzón le suma el trato recibido por Chelsea Manning, la presunta fuente del “Cablegate”, condenada a 35 años y perdonada después de siete, quien durante su detención recibió un trato “cruel, inhumano y degradante”, equipable con la tortura, según dictaminó en 2012 el entonces relator especial sobre tortura de la ONU, el argentino Juan Méndez. Dado que Assange ha sido acusado por un Gran Jurado de Alexandría, Virginia, que lo investiga desde el 2010 por su rol en la filtración de Manning, y dado que la acusación del Gran Jurado se mantiene “sellada” o secreta, el escrito judicial de Assange y Garzón concluye que existen serios riesgos de que el fundador de WikiLeaks sea extraditado a Estados Unidos, donde probablemente recibiría el mismo trato inhumano, cruel y degradante al que fue sujeto su presunto informante.


En su parte expeditiva la demanda judicial “solicita” que la Comisión “requiera” a Estados Unidos que le entregue “toda la información” sobre imputaciones y órdenes de captura vigentes contra Assange. “Y todo ello con la finalidad de que la CIDH medie en la posibilidad de una salida del Sr. Assange de la embajada en dirección a un país seguro,” dice la demanda. Además, el texto da cuenta del cambio de actitud del gobierno de Ecuador con respecto Assange después de que Lenín Moreno reemplazara a Rafael Correa en la presidencia de ese país. Del fuerte apoyo a su derecho a la libre expresión y de la adherencia irrestricta a los tratados internacionales en materia de asilo y defensa de los derechos humanos, el gobierno ecuatoriano ha pasado a negociar abiertamente la entrega de Assange con Estados Unidos y Gran Bretaña, a lo que ha sumado un nivel de espionaje, humillación y hostigamiento que hacen una burla de la institución del asilo, dice el documento, citando diversas y reconocidas fuentes periodísticas que darían cuenta de dichas negociaciones.


El documento se detiene en la salud de Assange. Asegura que ésta podría haber sufrido un daño irreparable y que se ha agravado con las restricciones que la embajada le impuso en marzo del año pasado como castigo por haberse manifestado a favor de la independencia catalana a través de las redes sociales. Adjunta un informe de un médico y de un psicólogo y otro del ex Presidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Fernando Mariño, “quien no dudó en calificar como tortura el comportamiento de las autoridades suecas y británicas respecto al Sr. Assange.” La demanda también cita un dictamen del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que condena a Gran Bretaña y Suecia por la detención arbitraria que supone la negativa a entregarle un salvoconducto a Assange para que salga de la embajada sin ser detenido.


Según la demanda ante la CIDH, desde marzo del año pasado el gobierno ecuatoriano cortó todas las comunicaciones del Assange con el mundo exterior. “La embajada instaló cuatro inhibidores, con un total de 22 antenas, que bloquean la cobertura telefónica y la señal de WiFi. Como el Sr. Assange no tiene acceso a la red telefónica de la embajada, la instalación de los inhibidores significó un total bloqueo de acceso telefónico al exterior,” dice la demanda. La embajada también le impuso severas restricciones en su régimen de visitas, incluso con respecto a sus abogados, y en octubre le hizo firmar un protocolo lleno de demandas que van desde la prohibición de hablar en público hasta el cuidado de la higiene de su gato, protocolo que los demandantes consideran absurdo y humillante, escrito con el único fin de preparar el terreno para la expulsión de Assange de la sede diplomática londinense. “El Protocolo desatiende un principio fundamental del asilo, y es que este solo cesa si el riesgo por el que se otorgó termina, no pudiendo cesar arbitraria y unilateralmente por el Estado que brinda la protección, simplemente por la vulneración de irrisorias condiciones dentro de la embajada establecidas en un documento,” escriben Assange y Garzón. “El refugio de Assange en la embajada cada vez se parece más a confinamiento en solitario,” dice la consejera legal de Human Rights Watch, Dinah Pokempner, citada en la demanda.


Al aislamiento total de Assange se suma su pérdida de privacidad, dice el escrito judicial: “El Gobierno de Ecuador habría contratado servicios especializados de seguridad para espiar al Sr. Assange...Además, según afirman los medios internacionales, esta empresa contratada por Ecuador (para espiar a Assange) habría estado reportando a diversas autoridades norteamericanas, concretamente al FBI.” Todo esto pone en grave peligro a la salud física y mental del asilado, afirma la presentación judicial: “también debe señalarse el daño irreparable que puede producirse sobre el estado de salud del Sr. Assange si la situación continúa en este impasse, dada la delicada situación física y psicológica en la que permanece desde hace años, y que se ha visto agravada tras las últimas medidas de aislamiento absoluto tomadas por el gobierno ecuatoriano.”


En concreto, los demandantes le solicitan a la CIDH, además de la medidas cautelares dirigidas a Estados Unidos, que le “indique” al gobierno ecuatoriano que derogue el protocolo, que deje de espiar a Assange y que no proceda con “la entrega del Sr. Assange a cualquier país que no dé garantías de no extradición (nonrefoulement) a Estados Unidos.”


PáginaI12 intentó comunicarse con el Secretario General de Comunicación de la Presidencia de Ecuador, Andrés Michelena, para conocer la postura de su gobierno, pero no obtuvo respuestas ayer a mensajes grabados en el contestador de su celular. También se intentó conocer la postura del gobierno estadounidense, canalizando un pedido de comentario de la Casa Blanca o el Departamento de Estado a través de la embajada y al cierre de esta edición se aguardaba la respuesta. Asimismo se contactó a WikiLeaks para conocer su reacción a la publicación de la demanda, pero tampoco se obtuvo una contestación. Fuentes cercanas al caso aseguran que un dictamen de la CIDH sobre el caso Assange se conocerá en los próximos días.


@santiodonnell

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Lunes, 18 Febrero 2019 05:59

El Chapo y el fracaso de la guerra

El Chapo y el fracaso de la guerra

Después de más de tres meses de cubrir el "juicio del siglo" del “narco más poderoso del mundo”, culminando con las palabra "culpable" seguido de grandes proclamaciones de las autoridades y gobernantes estadunidenses sobre "este gran triunfo de su guerra contra las drogas" (uno afirmó que el caso demostraba que los que dudan de esa guerra "están equivocados"), todos sabemos que esto no cambia nada.

SÍ algo, el juicio El Chapo sólo comprobó una vez más el fracaso de la guerra antinarcóticos impulsada hace casi medio siglo. Desde que el capo fue arrestado y encarcelado por última vez en México en 2016, y luego extraditado aquí, hay más drogas ilícitas disponibles en Estados Unidos y en el mundo.

Hay más cocaína que nunca en las calles de este país y su producción mundial llegó a un récord histórico, igual que la de opio, según cifras oficiales de Estados Unidos y la ONU.

En Estados Unidos hay una epidemia oficial que mató por sobredosis de droga a más de 72 mil estadunidenses en 2017 (las cifras oficiales más recientes) más que el total de fallecimientos estadunidenses en las guerras de Vietnam, Irak y Afganistán combinadas. Esa epidemia es impulsada sobre todo por opiáceos responsables de unas 50 mil muertes, incluida la heroína, pero también medicamentos legales obtenidos con receta médica. O sea, algunos de los Chapos de este negocio están vestidos de doctores y de ejecutivos de farmacéuticas estadunidenses.

Al festejar el juicio exitoso contra El Chapo, tanto los fiscales como sus jefes en Washington repitieron que tanto los narcos "extranjeros" como los mexicanos y los colombianos, "envenenan" y "destruyen" a los ciudadanos estadunidenses con sus drogas (aparentemente, los estadunidenses jamás consumirían tales cosas sin que los "hombres malos" los obliguen).

El propio bufón peligroso en la Casa Blanca usa ese mismo pretexto casi todos los días con el argumento para su muro y sus políticas antimigrantes. Y el juicio a El Chapo sirvió para nutrir esta narrativa y para justificar su guerra fracasada en la que invierten unos 50 mil millones de dólares al año.

Esa "guerra contra las drogas" fue primero declarada por el presidente Richard Nixon en 1971 con propósitos políticos, para criminalizar la creciente ola disidente contra la guerra y la militancia de los afroestadunidenses, tal como lo confesó uno de los asesores clave del presidente.

Los costos humanos comprueban que esta es una guerra contra los pobres: del lado mexicano no necesitamos repetir las estadísticas inaguantables que toda persona semiconsciente conoce, demasiados no sólo por lo que leen, sino por lo que han sufrido. De este lado, en Estados Unidos, las estadísticas demuestran algo similar en términos de quiénes son los que pagan los costos: los pobres, los más vulnerables.

Desde que se lanzó la "guerra contra las drogas" las prisiones de Estados Unidos se llenaron de jóvenes pobres afroestadunidenses, latinos y, sí, blancos a tal nivel que ahora la población estadunidense es la más encarcelada del mundo (en 2016, 2.2 millones estaban en la cárcel), y de ellos, casi medio millón por delitos no violentos de droga. Hubo 1.6 millones de arrestos por drogas, la gran mayoría sólo por posesión; 46.9 por ciento de éstos eran afroestadunidenses o latinos, a pesar de que sólo representan 31.5 de la población y de que sus índices de consumo son parecidos a los de los blancos.

Esa guerra es un negocio, como todas. Los que no estaban en el banquillo de los acusados en este juicio son los verdaderos responsables, mucho más que el "padrino de capos" sentado ahí, por la catástrofe humana que ha provocado la guerra contra y por las drogas. Éstos incluyen a los políticos y sus comandantes que han librado y diseñado la "guerra contra las drogas" tanto aquí como en los países que se metieron a este esquema made in USA, generando negocio para los comerciantes de armas, los profesionales de inteligencia, los del negocio de seguridad, de prisiones y los constructores de muros, entre otros contratistas de todo lo que se necesita para hacer una guerra.

El caso de El Chapo se vuelve justificación para todo esto, tanto la retórica como el negocio político y empresarial de la guerra por y contra las drogas. La DEA lo usó para reclutar: inmediatamente después del juicio, circuló por tuit un anuncio: “¿Quieres perseguir a los narcotraficantes más grandes del mundo; capos como El Chapo? ¿Quieres hacer una diferencia como un agente especial de la DEA?” y ofreció una dirección para ver los requisitos

Pero como afirmó el propio Chapo, igual que lo había dicho anteriormente su socio El Mayo Zambada, “el día que yo no exista, no se reducirá de ninguna manera… este negocio continuará”.

La guerra contra las drogas –y los políticos y "expertos" que la impulsaron– son los que deberían rendir cuentas, incluso tal vez ante un tribunal, a los pueblos de Estados Unidos y América Latina (entre otros). Ese sí sería "el juicio del siglo".

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Domingo, 03 Febrero 2019 05:36

Nuevos aires para los WikiLeaks

Nuevos aires para los WikiLeaks

Ante las restricciones que le impuso la embajada ecuatoriana, donde se encuentra asilado, Julian Assange, fundador de WikiLeaks, nombró en septiembre al periodista islandés Kristinn Hrafnssn para reemplazarlo como editor en jefe.

Tic toc tic toc. Pasan las horas los días los meses los años y la vista no cambia: abajo la calle, enfrente un gran edificio de ladrillos rojos expuestos. Una pared roja con agujeros de vidrio en el coqueto barrio londinense de Knightsbridge. Desde de su ventana de planta baja Julian Assange no alcanza a ver el cielo. Sólo ladrillos que nunca cambian de lugar. Cada tanto pispea por si los ladrillos se han movido, jugando con su mente para combatir la monotonía. Pero todo sigue igual. Hace más de seis años que el fundador del icónico sitio de megafiltraciones, WikiLeaks, vive en los confines de la embajada ecuatoriana de la capital británica, encerrado en dos cuartos chicos, una despensa, un bañito y un comedor.


No le gusta quedarse mucho tiempo mirando la ventana. Tiene miedo que le acierte un francotirador. Colecciona amenazas de muerte por internet y se las toma en serio. La embajada tiene un balcón. Lo ha usado pero apenas, siempre bajo estrictas medidas de seguridad, ya sea para hacer un anuncio importante o para mostrarse con alguna figura. Fueron las únicas veces que sintió el aire fresco en la cara y que pudo ver la luz del sol. En las fotos de balcón se le ven las mejillas rosadas y los ojos chiquitos.


Su situación es delicada en varios frentes. Necesita ir urgente al dentista para que le saque una muela que se le quebró hace más de dos años. Tiene un brazo que no puede levantar mas allá de su cintura y que ningún médico revisó a fondo, ya sea con una resonancia magnética o con una ecografía. Está pálido y flaco por la condiciones de su encierro, ni hablar de sus batallas en todos los frentes imaginables, necesita asistencia psicológica. También tiene a su cargo el cuidado e higiene de un gato, con el que comparte espacios, decisión de la que probablemente hoy se arrepiente, por más que su “Embassy Cat” tenga miles de followers en Twitter.


Sin embargo, las autoridades británicas no le permiten visitar a una clínica para una extracción de muela o para una resonancia de hombro, ni le permiten caminar una hora por día en un patio interno adyacente a la embajada, tal como han pedido los abogados del editor australiano para evitar que su salud no se siga deteriorando. Para la justicia británica Assange es un prófugo que violó su libertad condicional, ya que no reconocen el asilo que le dio Ecuador. Assange, que vivía en un régimen de libertad vigilada debido a un pedido de captura de Suecia, solicitó asilo después de que la corte suprema británica fallara 3-2 en su contra y le ordenara entregarse a las autoridades.


Hoy día Assange no tiene más problemas con la justicia sueca. Durante años una fiscal pidió su detención para ser investigado por un presunto delito sexual, pero el caso fue archivado en mayo de 2017 sin que mediara una acusación formal. Más allá de esa circunstancia, ni bien Assange salga de la embajada será arrestado por la justicia británica. En ese país evadir a la justicia no es un crimen demasiado pesado. Tiene hasta un año de castigo y casi siempre se paga con multa. El problema para Assange es que al momento de ser detenidoquedaría a tiro de extradición de Estados Unidos, donde en Arlington, Virginia, un Gran Jurado ha presentado cargos formales en su contra por las megafiltraciones de 2010 y 2011 de despachos de guerra y cables diplomáticos. La ley de Virginia permite que los cargos formulados por un Gran Jurado permanezcan “sellados” o bajo secreto de sumario hasta que el fiscal los haga públicos, cuestión que generalmente ocurre justo antes de la detención, para no perder el elemento sorpresa. Por lo tanto Assange y sus abogados creen que si cae detenido en Gran Bretaña aunque sea por unas horas sería se pondría en marcha un mecanismo para retenerlo bajo custodia hasta ser enviado a Estados Unidos, donde sería acusado de traición y terrorismo y condenado a varias décadas de prisión.


Desde el punto de vista político la situación de Assange también es harto complicada. Si bien obtuvo un gran triunfo diplomático tres años atrás cuando un panel de Naciones Unidas dictaminó que él era un preso político de Gran Bretaña y Suecia, su situación no mejoró, sino más bien lo contrario. Al año siguiente Lenin Moreno reemplazó a Rafael Correa en la presidencia de Ecuador y Assange perdió el apoyo del gobierno ecuatoriano. Antes había perdido a su principal apoyo a nivel global, la Unasur de los líderes progresistas que entonces gobernaban la región. En una de sus primeras declaraciones Moreno dijo que Assange era un estorbo y que debía entregarse a los ingleses. La relación con la Foreign Office británica nunca fue buena. Un eventual ascenso al poder del laborista Corbyn podría destrabar la situación, ya que Corbyn estaría dispuesto a ofrecer las garantías de no ser extraditado que Assange exige para entregarse. Pero ya van seis años tic tac tic tac y por ahora siguen gobernando los conservadores.


La relación con Estdos Unidos tampoco es buena. Al principio Trump había elogiado a WikiLeaks por las megafiltraciones sobre Hillary Clinton que lo ayudaron a vencer a su rival demócrata en las presidenciales del 2016. Pero todo cambió cuando WikiLeaks siguió publicando secretos de la CIA de Trump en dos megafiltraciones llamadas Vault 7 y Vault 8. Ahí el residente de la Casa Blanca, con los halcones revoloteando, cambió de canción y le ordenó públicamente a su entonces fiscal general, Jeff Sessions, que acelere las causa contra Assange y WikiLeaks.


La situación de Assange empeoró aún más a mediados del año pasado cuando a través de Twitter apoyó al independentismo catalán, al que llamó a perfeccionar sus redes informáticas. Los consejos públicos de Assange provocaron la reacción de varios países de la Unión Europea con problemas de separatismos varios, que se sumaron a la larga lista de enemigos de WikiLeaks. Esa lista, con el Pentágono y el Departamento de Estado a la cabeza, también se había el enojo de Rusia al sumar publicar los Emails de Bashir Al Assad con funcionarios rusos en 2017 y sobre todo el año pasado, cuando sumó un capítulo con firmas rusas a su famoso archivo de “Spy Files” dedicado a los agentes y equipos de espionaje en venta a través de contratistas privados. De China ni hablar, WikiLeaks.com está prohibida desde hace años por viejas revelaciones.


En medio de ese frágil tablero, con pocos apoyos y muchos frentes abiertos, los tuits sobre Cataluña gatillaron una reacción en cadena. Ante las quejas europeas la embajada ecuatoriana, bajo estrictas órdenes de Quito, tomó medidas drásticas. Le prohibió a Assange recibir visitas salvo sus abogados, le prohibió hacer declaraciones públicas sobre países “amigos” de Ecuador (o sea, prácticamente todos) y le cortó el acceso a internet. Hasta obligó a sus abogados a dejar los celulares en la puerta de la embajada.


Ante semejante emergencia Assange también tomó medidas drásticas y en septiembre del año pasado nombró al periodista islandés Kristinn Hrafnssn para reemplazarlo como editor en jefe de WikiLeaks.


Desde entonces no es mucho lo que ha cambiado. Assange sigue en un limbo jurídico y político mientras su salud se deteriora y sus anfitriones parecen perder la paciencia. Y WikiLeaks bajo Hrafnssn sigue publicando documentos secretos con impacto global. La última filtración, del martes pasado, revela comunicaciones secretas entre el Papa Francisco, un arzobispo y los principales líderes de la Orden de Malta, una de las instituciones más antiguas e influyentes de la Iglesia Católica. Los textos muestran que Francisco pidió que desplacen a un alto funcionario de la orden por repartir preservativos en Africa.


El mes pasado, también bajo la edición general de Hrafnsnn, WikiLeaks publicó las ubicaciones en la nube de los servidores que utiliza para guardar datos la empresa Amazon, que además de vender libros online es contratista del Pentágono. Ya en octubre el periodista islandés había debutado como editor general de WikiLeaks con un documento secreto de un abitraje por una venta de armas de Francia a Emiratos Arabes.


Hrafnssn había sido vocero de WikiLeaks desde el 2010. Durante ese período fue la cara pública de la publicación, una especie de embajador intinerante y portavoz del sitio de publicaciones, participando en diversos programas y congresos de periodismo, libertad de expresión y ciberdemocracia en distintos foros académicos, sociales y políticos por todo el mundo. Es uno de los poquísimos miembros de WikiLeaks que figuran como tales con nombre y apellido. De larga y reconocida trayectoria, antes de su trabajo con Assange, la Unión Nacional de Periodistas de su país lo había nombrado tres veces Periodista del Año por diversas investigaciones en su programa de tevé “Kompás”. Su primer trabajo para WikiLeaks fue completar la investigación y editar en el 2010 el famoso video “Asesinato Colateral” que muestra, con un audio escalofriante de los verdugos, cómo un helicóptero artillado estadounidense ametralla a un fotógrafo de Reuters y luego a un grupo de personas que intenta asistirlo en Baghdad, en julio del 2007.


Hrafnssn es flaco, alto, rubio ceniza, ojos celeste hielo, sonrisa afable, voz fuerte y clara, amistoso pero impenetrable. Al teléfono desde Reykiavik, mientras espera que la situación de Assange se resuelva en cualquier momento, cuenta las últimas novedades.


–¿Cómo está Assange?


–No está bien. Tantos años de encierro le están pasando factura. Su salud está peor, necesita atención médica urgente. Es absolutamente vergonzoso que el gobierno británico le niegue un salvoconducto y no reconzca su condición de asilado.


–¿Cuándo fue la última vez que lo vio?


–Hace un mes. Ahora han relajado la situación y se le permite recibir algunas visitas. También le han devuelto el acceso a Internet, pero sus condiciones de vida siguen siendo muy restrictivas. El embajador debe aprobar cada contacto y sé que muchos pedidos han sido denegados. Además lo vigilan las 24 horas.


–¿Cómo fue que usted asumido la dirección de WikiLeaks?


–Fue en esa época en que no tenía acceso a visitas o a Internet. Me pidió que asuma este rol porque tenía demasiados problemas. Nosotros venimos trabajando juntos desde el 2009 y no tuve problemas en decirle que sí. En este momento Julian está ocupado con su procesamiento en Virgina, que incluye miles de documentos y el testimonio de decenas de personas. Es un procesamiento absurdo porque tengo entendido que abarca las publicaciones del 2010 y el 2011. Esas filtraciones fueron compartidas y divulgas por decenas de medios de comunicación del mundo, incluyendo el suyo. Me da intriga saber qué va a hacer el Gran Jurado con los medios y periodistas que colaboraron con WikiLeaks.


–¿No le parece irónico que Assange, para muchos un ícono de la libertad de expresión, es quizás hoy la persona con menos libertad de expresión del mundo?


–Sí, es una ironía muy oscura. Lo que más me duele es que los periodistas no ven o no parece importarles la gravedad de la situación. Es una gran tragedia para toda la sociedad que un periodista esté encerrado por hacer su trabajo, que es revelar verdades y exponer la malicia de alguna gente.


–¿Cómo es WikiLeaks bajo su dirección editorial?


–Seguimos el mismo camino y no habrá cambios dramáticos. El modelo es muy simple, funciona muy bien y no es fácil cerrarlo (se refiere al sistema de recolección de datos que no puede ser rastreado y a la red de servidores espejo repartidos por el mundo para resistir ataques cibernéticos). Podrá haber ajustes menores porque Julian y yo tenemos personalidades distintas, pero en lo editorial mantenemos la misma estrategia y esperamos seguir publicando información útil.


Y mientras tanto, en la embajada, el tiempo no para de pasar, demasiado rápido, como escurriéndose de las manos. Pasan los presidentes, las filtraciones, las intrigas diplomáticas y las causas judiciales. Las noches de desvelo online con los cyberpunks, las interminables reuniones con los abogados. Las visitas de Pamela Anderson y las de su papá. Todo pasa delante de los ojos de como si fuera una película interminable. Por eso cada tanto mira por la ventana. Los ladrillos no cambian. Siguen ahí.


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Aunar esfuerzos para los presos. La resistencia contra las condiciones carcelarias inhumanas en Cúcuta

“Las cárceles colombianas históricamente han sido laboratorios de vulneración sistemática de los derechos humanos y han sido llevadas a una grave crisis social y humanitaria al interior de las mismas”. Así describe el Movimiento Nacional Carcelario las condiciones degradantes e inhumanas que viven a diario las aproximadamente 120.000 personas privadas de la libertad en Colombia, a saber, falta de acceso a servicios de salud, corrupción y tortura por los guardianes, una pésima alimentación, violencia e inseguridad, destrucción de la cohesión social y familiar. Particularmente el hacinamiento masivo es una de las problemáticas más graves. Incluso el propio Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) constata en un informe de febrero de 2018 que en las 142 cárceles del país el nivel promedio de hacinamiento alcanza el 45 %. En cifras absolutas esto significa que existe una sobrepoblación de 39.000 personas en las cárceles del país. Paula Robledo de la Defensoría del Pueblo asegura que “es imposible garantizar condiciones dignas de reclusión mientras persista el hacinamiento”.


La lucha contra las drogas, la falta de ofertas de estudio o trabajo para redimir penas y la represiva política criminal del Estado son las causas primordiales del incremento exponencial de la población reclusa en los últimos 25 años, lo cual ha generado pésimas condiciones para las personas privadas de la libertad. Zuleidys Rizo Ibarra explica que “ha habido un auge desproporcionado de aumentos punitivos y creación de nuevos tipos de delitos penales”. Rizo Ibarra es integrante del Equipo Jurídico Pueblos y fue vocera de la Sociedad Civil en la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013, durante la audiencia realizada recientemente por la Corte Constitucional para hacer seguimiento al fallo. Esta dificultad responde a que el Estado, por lo general, priva de su libertad a personas que cometen delitos menores o aquellos en los que se incurren forzados por las condiciones de marginalidad y la necesidad de subsistencia de la población empobrecida. A todo esto, se suma la aplicación de detención intramural preventiva y la dilación de procesos penales por parte de la justicia. Según el periódico El Espectador, en el año 2018 hay 36.452 personas en las cárceles que esperan una condena.


A pesar de las sentencias de la Corte Constitucional en 2013 y 2015, que ordenaron superar el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, el 25 de octubre de 2018 Paula Robledo aseguró en una audiencia sobre la situación carcelaria que hay “graves vulneraciones de los derechos de la población privada de la libertad, pese a los pronunciamientos de la Corte”, y sacó por ello la conclusión de que existe un “fracaso en el sistema carcelario”.

Entonces, ¿qué hacer para denunciar las recurrentes violaciones de derechos humanos de los internos y mejorar sus condiciones de vida mientras la institucionalidad se queda con los brazos cruzados? Ángela Ochoa, Mayerli Vergara y Ángela Karina Molina decidieron tomar cartas en el asunto y fundaron hace 6 años con otros compañeros la Asociación de Familiares y Amigos de los Internos de la Cárcel de Cúcuta (ASOFAMINTERCCUC). En representación de los 35 miembros de la asociación las tres mujeres saben de lo que hablan, pues conocen la realidad carcelaria desde adentro.

Ángela Ochoa, una mujer pequeña en estatura, pero grande en carisma, con trenzas gruesas de rojo intenso, respiró con alivio cuando su hermano salió de la cárcel después de dos años por vencimiento de términos. Fue imputado por hurto agravado y porte ilegal de armas, no obstante, nunca se presentó ninguna prueba. En cambio, sus dos compañeras han tenido menos suerte, ya que solamente pueden ver a sus parejas por algunas horas en el centro penitenciario durante las visitas dominicales.

Todas conocieron a su pareja en la cárcel. El esposo de Mayerli es preso político y tiene una condena de 40 años por rebelión y otras conductas conexas, de la cual ya ha cumplido 14 años físicos en reclusión. Ángela Karina tiene por lo menos un rayo de esperanza ya que probablemente su compañero puede salir dentro de algunos meses, cuando cumpla la mitad de la condena. Fue condenado a 9 años por rebelión y lleva 36 meses físicos privado de la libertad. Ambas mujeres aseguran que los presos políticos padecen muchas más restricciones que los presos sociales puesto que, por ejemplo, no pueden tener beneficios como casa por cárcel. “En la parte de alta seguridad les rehúsan más beneficios y tienen más limitaciones. La entrada es más difícil y las visitas conyugales son cada mes en vez de cada ocho días”, explica Ángela Karina.


La cárcel de Cúcuta fue creada en 2012 y pertenece al tipo de la tercera generación según el modelo estadounidense. También en este caso, el hacinamiento forma parte de la experiencia diaria de los internos: “En este momento se encuentran aproximadamente 3.600 personas privadas de la libertad en la cárcel de Cúcuta mientras que esta está diseñada para una capacidad de 2.700 presos. Todavía hay alrededor de 150 presos políticos pese a que la mayoría de las FARC-EP salieron por amnistía en el marco de los acuerdos de paz”, cuenta Ángela Ochoa. Por lo menos se ha logrado que los paramilitares, los presos políticos y los sociales estén ubicados en diferentes patios, así que hay menos choques entre ellos.


Por la condición de reclusión no sufren solamente los presos, sino también los familiares. Para Mayerli como madre soltera con tres hijos en la casa, es muy difícil salir adelante. “Nosotros afuera tenemos que financiar solas a nuestra familia, pagar arriendo y comida. Y adicionalmente hay que apoyarlos adentro, sobre todo con aseo. Cada 3 meses podemos entrar papel higiénico, un jabón y una crema dental. Cada domingo les llevamos comida para que puedan comer algo diferente, porque la comida es pésima, totalmente desagradable”, dice. El INPEC sostiene firmemente que en la cárcel de Cúcuta hay trabajo para los presos, así que tienen la posibilidad de ganar algún dinero. Pero Mayerli rechaza esta afirmación: “Esto no es cierto, no existe una resocialización, dicen que sí existe, pero solamente hay un cupo por cada cien personas”.


Lo que genera más complicaciones es el tratamiento humillante contra los familiares por parte de la guardia y los obstáculos de entrada. “Cada 8 días nos toca vivir los atropellos por cualquier cosa, ya sea por la comida o por el vestuario. La requisa es demasiado fuerte. Nos tratan como delincuentes cuando visitamos a nuestra pareja”, se queja Mayerli. Ya a las cinco de la mañana los familiares y amigos empiezan a hacer cola. Finalmente, a las 7:00 a.m. o 7:30 a.m. se abren las puertas, dependiendo del estado de ánimo de los guardianes. Y por si fuera poco, a veces se niega por completo el ingreso, sin explicación.

Los integrantes de ASOFAMINTERCCUC han creado una obra de teatro, a fin de que el público se pueda imaginar las requisas y las interminables horas de maltrato. El acceso a la cárcel puede demorar varias horas: innumerables filas para que les pongan sellos de control; diligencien fichas con el nombre y el número del patio y del interno; pasen por diferentes detectores de metales; se dejen husmear por caninos que detectan si llevan drogas o dinero; les requisen la comida que muy a menudo toca botarla; permitan la inspección del cuerpo e incluso en ocasiones son obligadas a bajarse la ropa interior, retirarse la toalla higiénica y someterse a una intrusión en las partes íntimas para comprobar que realmente la visitante tiene el periodo menstrual. “Por lo general sucede que, aunque uno no lleve algo, de repente el perro ladra o el detector suena, te sacan entonces aparte y te empiezan a presionar psicológicamente. Esto es otro tipo de maltrato. La persona que entra la primera vez tiene miedo y no sabe qué hacer en esta situación. Si uno está acostumbrado uno lo maneja, pero no todo el mundo tiene esta capacidad”, comenta Ángela Karina.


ASOFAMINTERCCUC en colaboración con psicólogos y trabajadores sociales ayuda a vencer las angustias frente a dichos maltratos. Sin embargo, el objetivo de la asociación no es solamente hacer posible el intercambio de experiencias, sino también apoyar a los familiares con asesoría social y jurídica. “Anteriormente no contábamos con un sitio dónde los familiares pudieran recibir información y hacerles llegar un documento a los presos, pues en muchos casos los guardianes lo desaparecen”, dice Ángela Karina. Gracias a la asociación este ha sido un cambio fundamental. Una iniciativa supremamente importante es su “casa de paso”. Acá los familiares de otras regiones del país pueden pasar la noche y cocinar, antes de madrugar e ir a la cárcel, pues muchas familias viven muy lejos y tienen que viajar hasta 20 horas y más. No tienen dinero para un hotel y muchas veces les faltan incluso los recursos para el pasaje. Por esta razón muchos presos no reciben visita durante años. En particular, el traslado de presos políticos a centros penitenciarios lejos de su contexto social forma parte de la represión estatal. Así, la “casa de paso” es también un lugar de encuentro para familiares que sufren el mismo destino.


Aunque la asociación de familiares y amigos fue iniciada por el colectivo de los presos políticos de la cárcel de Cúcuta, “ASOFAMINTERCCUC se dedica a todos los presos, tanto políticos como sociales”, reiteran las tres mujeres. Esto significa que apoyan a presos sin familiares y recursos a encontrar asesoría jurídica para diligenciar peticiones y tutelas. “Están muy agradecidos por nuestra labor, sobre todo por que hacemos copias y organizamos el transporte de documentos”, dice Ángela. “Aun las jornadas de donaciones y movilizaciones fuera de los muros favorecen a todos los presos de la misma manera”, agrega.


Otro pilar importante de la asociación es el trabajo de formación como alternativa a la falta de programas de resocialización. En cooperación con dos universidades crearon un diplomado en paz y derechos humanos y lograron su aprobación por el INPEC. Desde entonces organizan frecuentemente capacitaciones con el colectivo de los presos políticos y los representantes de derechos humanos de cada patio dentro de la cárcel. “Además, trabajamos con mujeres presas, porque el Movimiento Nacional Carcelario ha abandonado esta parte hasta ahora. Siempre se habla de los hombres, de los presos y se olvida que los derechos de las mujeres privadas de la libertad están igualmente violados día a día.” Por ello, la asociación acompaña a los profesores para brindarles apoyo en torno a actividades de recreación y esparcimiento.


Antes de terminar la entrevista, Ángela quiere mandar el siguiente mensaje a los lectores “que no se olviden de las presas y los presos, siéntanse parte de ellos, porque el apoyo a ellas y ellos es muy poco”. Y Mayerli añade: “Los presos políticos no son delincuentes, son luchadores sociales. Ellos son los que nos dan la fuerza de luchar por ellos, porque son nuestra familia. Por lo tanto, esta labor la hacemos para todos. Esto se trata es de la dignidad humana en las cárceles de Colombia.”


Contacto a ASOFAMINTERCCUC: https://es-la.facebook.com/ASOFAMINTERCCUC/


La entrevista con ASOFAMINTERCCUC se realizó el 20 de octubre de 2018 en Pelaya, departamento de Cesar, durante el Segundo Encuentro-Movilización contra la criminalización de la pobreza, el movimiento social y la situación carcelaria.

 

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