Lula desafía a los jueces y se inscribe candidato a la presidencia de Brasil

El Partido de los Trabajadores desoye las leyes que prohíben la candidatura de alguien condenado en la segunda instancia

El Partido de los Trabajadores ha registrado al expresidente brasileño Lula da Silva, preso por corrupción desde abril, como candidato a las elecciones presidenciales de este octubre. Es un claro desafío a los jueces que le pusieron entre rejas y a los deberán vetar la candidatura de quien aún es el político más popular de Brasil, pues la ley impide que alguien condenado por la segunda instancia sea candidato

“Lula candidato”, el sintagma más discutido en la política brasileña en los últimos meses, ya es una realidad, al menos por ahora. El Partido de los Trabajadores(PT) ha inscrito oficialmente a Lula como como su candidato a las elecciones generales del próximo octubre, desoyendo las advertencias de los jueces, que recuerdan que la condena en la segunda instancia que pesa sobre el expresidente -y que debería tenerle entre rejas los próximos 12 años- le inhabilite para ello. Este es el último gran órdago de quien todavía es el candidato favorito con diferencia en las encuestas (y que necesita del aforamiento que viene con el cargo de presidente de la república para librarse de los muchos juicios por corrupción que tiene por delante). Un órdago que deja a sus enconados rivales del poder judicial una única maniobra posible: vetar la candidatura y provocar la ira de los millones de seguidores del expresidente.

Aún desde la cárcel, Lula ha convertido el trámite de su inscripción en un despliegue de popularidad: la "Marcha Nacional Lula Libre". Decenas de miles de sus muchos seguidores se han desplazado hasta Brasilia y han desfilado durante seis kilómetros hasta la misma puerta del Tribunal Electoral, donde se realizó la inscripción, previo discurso de la presidenta del PT, Gleisi Hoffman y la expresidenta Dilma Rouseff. Un recuerdo de que, en el antipático panorama político de Brasil, Lula todavía mueve masas.


Pero lo cierto es que también las necesita. Más que una carrera hacia las urnas, la suya es una carrera contra el tiempo: cuanta más campaña electoral sea capaz de hacer el PT usando su poderoso nombre, más tenso será el inevitable día que el Tribunal Electoral vete su candidatura. En teoría ese día no debe retrasarse más del 17 de septiembre, fecha límite prevista para revisar las inscripciones. Pero tanto la presidenta del Tribunal Electoral, Rosa Weber, como la fiscal general de la república, Raquel Dodge, han dado entender en los últimos días que tienen formas de acelerar la sentencia de la candidatura del PT y las usarán.


A la agrupación, malherida desde que perdió el poder en el juicio político a Rousseff en 2016, se le viene encima una batalla en el terreno donde hasta la fecha peor se ha manejado: el judicial. Y más que desfiles, lo que necesitan son argumentos jurídicos a su favor. Por ahora, los que defienden los abogados se pueden resumir en tres: que el caso de Lula aún no ha llegado al Tribunal Supremo y que por tanto existe la posibilidad de que la condena sea cancelada (si bien muchos juristas la encuentran irrisoria). Que el mero hecho de estar inscrito como candidato debería garantizar la posibilidad de hacer una campaña y poner su nombre en las papeletas. Y, finalmente, que en caso de que el Tribunal Electoral decida vetarle, Lula debería poder presentar recursos contra esa decisión y mientras tanto seguir haciendo campaña.


Muchos en Brasilia dan por hecho que, en caso de que finalmente no pueda seguir haciendo campaña, Lula ceda su puesto a quien hoy es el número dos en la candidatura, Fernando Haddad. El exalcalde de São Paulo es, para ellos, el único nombre lo suficientemente fuerte como para salir airoso del aparentemente inevitable escenario de unas elecciones sin Lula.

São Paulo / Brasilia 15 AGO 2018 - 15:29 COT

 

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Lunes, 09 Julio 2018 07:35

Un día de tensión absoluta

Un día de tensión absoluta

Ha sido un domingo de sorpresas y tensión permanente, y que terminó a eso de las ocho de la noche con una clara demostración de que cualquier jugada jurídica será adoptada para evitar que Lula da Silva salga de la cárcel. 

La sorpresa surgió a media mañana, cuando el juez Rogerio Favreto (foto), que estaba de guardia en el tribunal regional federal de Porto Alegre, de segunda instancia, acató un pedido de hábeas corpus impetrado por los defensores de Lula da Silva. La decisión final le tocó al juez Carlos Eduardo Thompson Flores, presidente del tribunal, que dejó sin efecto la decisión del colega. La tensión se extendió por unas diez horas, mientras se aguardaba la libertad de Lula.


Vale recordar que Thompson Flores ha sido el magistrado que, hace algunos meses, sin haber siquiera leído la condena del juez de primera instancia Sergio Moro a Lula da Silva, opinó que se trataba de “una pieza irreprochable”. Semejante parcialidad se transformó en el tono común de cualquier movimiento de cualquier tribunal cuando se trata de mantener preso a Lula da Silva.


El día de ayer estuvo marcado por una increíble serie de maniobras jurídicas y de la Policía Federal contra el expresidente, sentenciado en un juicio plagado de arbitrariedades e irregularidades que culminó con una condena sin que surgiese una única y miserable prueba de que haya cometido los delitos que le imputaron.


Una vez más, quedó claro de toda claridad que impera en Brasil una politización extrema de la justicia, y que la decisión de impedir que Lula se presente a las elecciones presidenciales de octubre –en los sondeos, a propósito, él aparece con más del doble de intención de votos que su más cercano adversario– es irreversible.


Más de un centenar de abogados y juristas se manifestaron a lo largo de ayer señalando una a una las irregularidades y aberraciones registradas a lo largo de la jornada. En vano: al final, ninguna sorpresa: Lula siguió encarcelado y aislado.


Por la mañana el juez Rogerio Favreto, quien estaba de guardia desde las siete de la noche del viernes hasta las once de la mañana de hoy, acató el pedido de hábeas corpus de tres diputados del PT de Lula (uno de ellos, Wadih Damous, integra el cuerpo de abogados que defienden al ex presidente). El magistrado ordenó a la Policía Federal que procediese a la inmediata liberación de Lula. Empezaron entonces las maniobras absurdas.


Determinan las reglas de todos los tribunales brasileños que el magistrado que se encuentre de guardia tiene autoridad para adoptar la decisión que sea. Eventualmente, tal decisión podrá ser revisada y revertida por el pleno, pero no puede bajo ninguna circunstancia dejar de ser acatada.


Pues el primero en desacatarla ha sido el juez de primera instancia Sergio Moro, que cometió, con un solo gesto, dos gravísimas irregularidades. La primera: no le toca a un juez de primera instancia manifestarse sobre una decisión de la instancia superior. La segunda: Moro está en Portugal, y los jueces están rigurosamente prohibidos de emitir determinaciones mientras disfrutan de sus vacaciones. Renovando sus intermitentes demostraciones de prepotencia, el juez travestido de justiciero atropelló las reglas con la seguridad de quien está por encima del bien, del mal y de las leyes más elementales.


Casi enseguida otro magistrado de segunda instancia, João Pedro Gebran Neto, anuló la decisión de su colega. Para empezar, no era Gebran Neto quien ejercía la guardia del tribunal regional de Porto Alegre. Y, en segundo lugar, los dos tienen rigurosamente la misma jerarquía.


En caso de que fuese cumplida la decisión de Favreto, le quedaría a Gebran llevar el tema al pleno, pidiendo el retorno de Lula da Silva a la cárcel.


Entonces entra en el escenario el presidente del tribunal, Thompson Flores, para aclarar de una vez por todas que Lula debe seguir preso.


Fue como si reiterase que precisamente para tenerlo detenido se llevó a cabo el golpe de Estado de abril de 2016. Para impedirlo de disputar y ganar las elecciones y revertir el derrumbe del Estado llevado a cabo por Michel Temer y su pandilla, con el respaldo riguroso de los medios de comunicación, del mercado financiero, de las multinacionales y, claro, de los tribunales.


Ha sido un domingo tenso, largo, asustador. Un día que dejó en evidencia el tipo de estado en que vivimos. Y que puso en relieve que la prepotencia y la indisciplina violadora de principios básicos de jerarquía de un juez de provincias cuentan con la impunidad de las instancias superiores.


Ninguna sorpresa: al fin y al cabo, ese mismo juez Moro, que desfila su vanidad por las pasarelas del mundo, grabó y divulgó, en marzo de 2016, una llamada telefónica entre la entonces presidenta Dilma Rousseff y el ex presidente Lula da Silva.


En cualquier país civilizado sería castigado de manera ejemplar. No pasó nada: recibió una diplomática reprimenda de un juez de la Corte Suprema, y listo. Es que ya estaba diseñado el país que vendría a seguir. Ese, de ahora.


¿Hasta cuándo? Por lo que se vio ayer, la temporada de aberraciones será larga.

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Un muro bajo el agua para cercar a los palestinos

Israel inició la construcción de un muro bajo el mar para encerrar todavía más a la Franja de Gaza, en una nueva medida represiva contra el pueblo palestino.
“Esta acción frustrará los objetivos de Hamas, que perderá otra capacidad estratégica y enormes cantidades de dinero”, anunció sin ruborizarse el ministro de Asuntos Militares israelí, Avigdor Lieberman. De esta manera, el funcionario, representante de la ultraderecha judía, daba inicio a la construcción de un muro subacuático en el mar Mediterráneo que permitirá encerrar todavía más a la Franja de Gaza, el enclave costero palestino de 360 kilómetros cuadros en el que sobreviven dos millones de personas.


El domingo 27 de mayo, maquinarias pesadas comenzaron los movimientos de tierras para separar la playa de Zikim, en los territorios ocupados palestinos de la franja. En un comunicado, la cartera que comanda Lieberman explicó que unidades de ingeniería y construcción proceden a la instalación de una barrera marítima con el objetivo de “prevenir infiltraciones” de palestinos y palestinas a través del mar.


Según el gobierno de Tel Aviv, el denominado “muelle impermeable” consiste en tres capas, incluyendo una por debajo del nivel del mar. Se calcula que la obra finalizará en un año. Desde el Ejecutivo israelí agregaron, haciendo uso de una retórica pérfida, que el proyecto es “único en el mundo”.


En el comunicado del ministerio de Asuntos Militares explicaron que la “nueva respuesta a la amenaza a la seguridad fue diseñada para resistir las condiciones del mar y servir al establecimiento de defensa durante años”. Como siempre, desde Israel se apeló a la “seguridad”, la gran excusa esgrimida durante décadas para arrasar las tierras palestinas y expulsar a las personas que viven en ella. Lieberman, que en mayo pasado declaró que los soldados israelíes se “merecen una medalla” por matar a los palestinos y las palestinas que encabezan las protestas de la Gran Marcha del Retorno, justificó que el muro subacuático permitirá defender “los ciudadanos israelíes con fortaleza y sofisticación”.


El muro en la playa de Zikim se suma a la cacería que periódicamente desata la Armada israelí contra los pescadores gazatíes. El 25 de mayo se conoció que las fuerzas navales hebreas arrestaron a cinco pescadores que navegaban frente a la costa del norte de Gaza. Durante el ataque, el barco de los hermanos Rasem y Mohamed Zayed fue blanco de los disparos israelíes.


Los pescadores palestinos tienen permitido navegar dentro de las seis millas náuticas desde la costa, aunque esa disposición, de por sí coercitiva, poco le importa a Israel. El Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR) denunció en varias oportunidades que los ataques contra pescadores se realizan a una distancia de seis millas náuticas, lo que “demuestra que las políticas de las fuerzas israelíes apuntan a restringir las restricciones a los pescadores de la Franja de Gaza y sus medios de vida”. Según los Acuerdos de Oslo firmados en 1993, los más de tres mil pescadores que trabajan en Gaza tienen acceso al 85% de las áreas marítimas de la zona. Esto, por supuesto, nunca fue respetado por Israel.


Naciones Unidas alertó que para el 2020 Gaza será inhabitable si no se toman medidas para frenar el bloqueo israelí y desarrollar un plan de mejoras a sus infraestructuras. La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA) también advirtió que la agricultura es uno de los sectores que se verán seriamente afectados, entre ellos por la falta de acceso al agua. Según la agencia de Naciones Unidas, el 80% de las familias en la franja reciben algún tipo de ayuda humanitaria, mientras que el 39% vive por debajo del umbral de la pobreza.


La Franja de Gaza, zona bombardeada con regularidad por la aviación israelí, atraviesa una catástrofe humanitaria pocas veces vista en la historia moderna.


El muro subterráneo


En mayo de 2017, el gobierno de Benjamín Netanyahu anunció la construcción de una barrera subterránea en la frontera con Gaza, en el marco del proyecto “Obstáculo”. Otra vez la “seguridad” apareció como un argumento que calza a la perfección entre los ministros israelíes. El muro tiene una extensión de 65 kilómetros y está dotado de sensores electrónicos para detectar cualquier intento de perforación.


En agosto del año pasado, el diario El País informó que en la construcción del muro participan “ingenieros y técnicos españoles subcontratados por compañías locales” junto a “ingenieros italianos y obreros israelíes y moldavos, hasta sumar un millar de empleados”. Protegidos por soldados israelíes, los encargados de la obra cuentan con “maquinaria de perforación traída desde Alemania y arcillas especiales de bentonita importadas de Hungría para sellar una barrera subterránea de cemento”, indicó el diario israelí Haaretz. “Todos los contratados han sido investigados previamente por el Shin Bet, el servicio secreto de seguridad interior”, agregó El País.


El nuevo muro de exclusión de palestinos y palestinas fue bendecido por un presupuesto gubernamental de 750 millones de euros y adjudicado a las compañías israelíes Danya Cebus, Solel Boneh, Olitzky y Gabbay.


El Movimiento de Resistencia Islámica Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza desde 2007, calificó el proyecto israelí como una “declaración de guerra”. El portavoz de la organización, Hazem Qasem, afirmó que la construcción del muro forma parte de la “intensificación del asedio” a Gaza.


El muro en Cisjordania


Desde hace 13 años, Israel mantiene la construcción de un muro de más de ocho metros de altura y que ya lleva 300 kilómetros de extensión sobre territorios palestinos. La obra, denunciada a nivel internacional y que tiene la condena de Naciones Unidas y de la Corte Internacional de La Haya, redobla la política expansionista israelí y genera la separación no sólo territorial sino humana del pueblo palestinos. Como lo define el periodista Pedro Brieger en su libro El conflicto palestino-israelí. 100 preguntas y respuestas, el muro convirtió “a varias ciudades palestinas en verdaderos guetos”.


La orden para la construcción del muro que penetra a Cisjordania fue dada por el entonces primer ministro israelí, Ariel Sharon, el 16 de junio de 2002. Por esos días, el pueblo palestino encabezaba la Segunda Intifada contra la ocupación israelí. Las críticas a esta medida se deben a que la construcción iba a respetar la Línea Verde, como se conoce la frontera establecida luego de la Guerra de los Seis Días en 1967, pero en la actualidad el 80% del muro avanza sobre territorio cisjordano, adentrándose en algunos lugares hasta 22 kilómetros, con el fin de poblar las zonas con asentamientos judíos ilegales. Se calcula que al menos quinientos mil palestinos y palestinas son afectados por la construcción del muro.


Durante décadas, el mundo criticaba con dureza el Muro de Berlín, que se extendía un poco más de tres metros y medio sobre el suelo y tenía una extensión de 155 kilómetros. Los muros de Israel, por lo visto, no conmueven demasiado a quienes se horrorizaban por las separaciones impuestas en un pasado que se repite.

 

Fuente: La tinta

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Colombia: “La paz que propone el Estado es la paz para realizar sus negocios”

Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero de 2017. Es considerado por sus defensores como un “falso positivo judicial”.

 Mateo Gutiérrez León, considerado por sus allegados y abogados como “falso positivo judicial”, ha sido acusado por la Fiscalía colombiana por un supuesto caso de terrorismo. El también activista social se pronuncia sobre la estrategia sistemática en la que se enmarca su caso, así como sobre los más de 200 asesinatos de líderes sociales en el contexto del denominado “posconflicto” colombiano.

El término “falsos positivos judiciales” tiene su origen en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que van de 2002 a 2010. En este periodo se acuñó el término “falsos positivos” para definir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército contra civiles inocentes. El objetivo consistía en ofrecer ante la opinión pública resultados en el contexto de la política de “Seguridad Democrática”, es decir, en la lucha contra la insurgencia armada. Lamentablemente, con el paso del tiempo se fue demostrando que una gran cantidad de las víctimas presentadas como bajas en la lucha antiterrorista, no tuvieron nada que ver con grupos armados irregulares, ni con actos subversivos o terroristas. En 2015, la Fiscalía colombiana se encontraba realizando aún 3.430 investigaciones por estos hechos.

El caso de Mateo es de antología, la Fiscalía colombiana lo acusa de ser el responsable de la explosión de uno de los artefactos que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, los medios de comunicación, la policía, la Fiscalía y hasta el presidente José Manuel Santos lo señalaron como el autor de otra explosión que se llevó a cabo el 18 de enero de 2017 y que se saldó con la vida de un policía y 27 heridos. Su captura, encierro y proceso judicial se encuentra plagado de irregularidades y los testimonios y pruebas que lo acusan caen sobre su propio peso. A tal grado, que la Audiencia realizada el pasado 2 de marzo tuvo que ser suspendida, debido a las irregularidades en el manejo de las pruebas por parte del Fiscal.

¿Cuál es el objetivo de la estrategia de los falsos positivos judiciales?

El objetivo de los falsos positivos es presentar resultados en términos de “seguridad” frente a la profunda crisis social y política que vive Colombia, de manera que, para cualquier reclamo de los ciudadanos, movilización social o descontento, el Estado tiene una respuesta policial o judicial. Además, tiene un componente “aleccionador”, busca generar miedo, para que las personas no protesten, ni expresen sus opiniones de forma verdaderamente democrática.

Por último, busca afianzar la idea que ha sostenido en el poder a la clase dominante: la existencia de un “enemigo interno” contra el cual toda arma es legítima. Mira, por ejemplo, la represión a que han sido sometidos los pueblos indígenas. Todavía hoy los Nasa, en el departamento del Cauca, luchan por sus tierras. Los medios los muestran como agresores cuando en verdad son víctimas del Estado, los grandes propietarios y los terratenientes.

Los acuerdos de paz abrieron un periodo de esperanza hacia la transformación social y política de Colombia. Sin embargo, distintas voces como la Fundación para la Paz y la Reconciliación han señalado que este periodo se encuentra en la incertidumbre. ¿En qué situación se encuentran las comunidades y sectores más pobres del país? ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso?

Hay que apoyar incondicionalmente la lucha por la paz de Colombia, sin embargo, hay varias visiones de la paz en juego: la paz que propone el Estado, en cabeza del Gobierno, es la paz para realizar sus negocios. Esa dista mucho de la paz que defienden los movimientos sociales y el pueblo colombiano organizado: una paz con empleo, salud, educación, tierra para los campesinos, derechos humanos universales y democracia política.

Esas distintas visiones generan conflictos hoy en los territorios donde hay una profunda esperanza de paz, pues tras la salida de la insurgencia de muchos lugares, solo se ve la llegada de las fuerzas armadas, el paramilitarismo y las multinacionales, a costa de acabar con comunidades que se oponen al saqueo y despojo en sus territorios.

Además, un discurso muy extendido en medios ha generado la idea de que cualquier expresión de inconformidad o protesta, en este momento de “pos-conflicto”, sea catalogada como “enemiga de la paz”.

Mientras esto ocurre, los territorios históricamente olvidados, que son también los más pobres y sumidos en la miseria, no experimentan ningún cambio hacia una situación mejor, por el contrario, sus problemas se hacen más profundos y entran en crisis, como se observa hoy en la Costa Pacífica.

El Gobierno colombiano debería de haber ejecutado 68 iniciativas legislativas para cumplir con los acuerdos de paz, pero solamente generó 24 y finalmente se aprobaron únicamente 10. Temas como la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida pública y la concesión de tierras y créditos para proyectos productivos han quedado en el aire. ¿A qué piensas que se debe esta falta de voluntad?

Pienso que el incumplimiento del Estado es voluntario y calculado. El esquema de negociación del Estado, en la práctica, ha sido pactar para después incumplir. En este propósito ha sido fundamental el comportamiento de algunos partidos políticos en el Congreso. Se le ha incumplido no solo a la insurgencia sino a los sectores sociales organizados que protestan y se movilizan: los campesinos, los estudiantes, el movimiento indígena, las comunidades afro, las mujeres, las víctimas del conflicto, etc.

Pude compartir mi encarcelamiento con integrantes de las FARC-EP y pude ver cómo, de forma descarada, el Gobierno negaba las amnistías e indultos a los excombatientes, meses después de la dejación de armas, a un año de haber sido sancionada la Ley 1820 de 2016 que iba a dar amnistía total a los miembros de las FARC-EP. Muchos de ellos tuvieron que luchar su libertad desde la cárcel, con ayuda de sus abogados.

Es claro que la vieja clase dirigente no tiene una genuina voluntad de paz.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en diciembre de 2017 estar “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”. En su labor en el terreno comprobó un total de 105 homicidios de defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de miembros líderes y lideresas de diferentes movimientos sociales y políticos. Naciones Unidas asegura que el común denominador en los asesinatos es su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Contrasta la contundencia con que el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación han señalado públicamente tu responsabilidad en el atentado de Bogotá, con la relativización que se les ha dado a las muertes sistemáticas de líderes sociales. ¿A qué se debe esta situación?

Para los representantes del Estado es claro que hay hechos que atentan contra lo que ellos consideran democracia y otros que no. Cuando se realiza una protesta pública que termina en disturbios, se considera un acto terrorista, cuando son asesinados 180 líderes sociales en un año, estos son hechos que “no tienen sistematicidad” o simplemente obedecen a “líos de faldas”. Esto es peor cuando el peso de ese criterio recae sobre un inocente, como en mi caso. En esto tiene mucho que ver el hecho de que soy estudiante de sociología en una universidad pública.

Se celebrarán este año elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. ¿Observas en los contendientes alguna esperanza de cambio ante la situación de asesinatos a líderes sociales y falsos positivos judiciales?

Hay varios candidatos que podrían representar una esperanza para la mayoría de los colombianos de a pie, debido a que sostienen propuestas de cambio. Sin embargo, la opinión de los ciudadanos libres finalmente no importará, el próximo presidente ya está definido hace bastante tiempo, desde las cúpulas del poder: será Vargas Lleras y es una verdad que nadie dice abiertamente en público, pero todos reconocen. Ojalá me equivoque, pero es lo más probable.

Diferentes voces aseguran que los vacíos de poder generados por el desarme de las FARC han ocasionado que grupos paramilitares y de la delincuencia organizada impongan su ley. Si esto es así, ¿qué papel está jugando el gobierno colombiano ante este fenómeno? ¿Apoyas la estrategia de que haya mayor presencia militar en estas zonas?

No apoyo la mayor presencia militar en los territorios porque esta no es la solución. Esto se ha ensayado por años sin lograr detener la violencia política o el conflicto armado. La solución a los conflictos sociales es otra muy distinta. El Estado debe buscar en estos territorios una presencia integral, más civil que militar; pero tan solo se fija en adecuar las condiciones para los negocios y la inversión privada. Las fuerzas armadas han trabajado con los paramilitares y los delincuentes para mantener el control social y el poder político en los territorios.

¿Qué expectativas tienes respecto a tu caso?

Mi expectativa es que se falle en derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión y movilización nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades) y muy rigurosos con la Defensa, aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

El profesor Miguel Ángel Beltrán, también falso positivo judicial, quien tras un largo tiempo en la cárcel fue encontrado inocente, ha señalado los duros golpes emocionales que representa pasar por un proceso como el tuyo. ¿Cómo te encuentras, cómo viven tus amigos y familiares esta situación?

Para ellos ha sido una situación difícil. Han sufrido el acoso y la persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado: seguimientos, amenazas e intimidaciones. Eso es una constante en los casos de falsos positivos ya que no solo es en mi caso, sino también en el de los estudiantes y egresados injustamente acusados del ataque al Centro Comercial Andino en Bogotá y muchos más a nivel nacional en los que el Estado, por falta de pruebas recurre al terror y a la difamación en medios de comunicación, para generar la idea de que hay un enemigo sobre el cual es legítimo cualquier atropello bajo la excusa de la “gravedad” de los delitos imputados.

Sin embargo, en muchos casos, esos ataques de los medios y la policía tienen tan poca veracidad y son tan explícitamente mentirosos que dejan en evidencia las irregularidades procesales y el circo mediático.

Por otra parte, el daño que me ha ocasionado el Estado, incluida la Fiscalía, es muy profundo, no solo en términos económicos, también a nivel personal, el escarnio público, las implicaciones de llevar un año en la cárcel, el retraso en mis estudios.

¿Qué estrategia piensas que deben de promover los movimientos sociales ante los falsos positivos judiciales y los asesinatos de pensadores críticos y líderes sociales?

Denuncia, visibilizarían, movilización. Hay que generar un clima en el que para el Estado sea ilegítimo perpetrar falsos positivos y asesinatos, y además se encuentre con una respuesta activa de toda la sociedad, también de la intelectualidad que genera opiniones y ha sido cómplice cuando calla frente a las tragedias que a diario ocurren en el país.

Carlos Soledad
@CarlosSoledadM

publicado
2018-05-30 14:59:00

Publicado enColombia
Jueves, 31 Mayo 2018 06:05

La Cepal la quiere legal

La Cepal la quiere legal

En el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe se planteó el fracaso de la política de “guerra a las drogas” y la necesidad de corregir las desigualdades sociales en la región.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, dijo que América latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas y que ha llegado el momento de plantearlo seriamente” porque “la ilegalidad es lo que está matando a la gente”. El planteo lo hizo el lunes pasado, en un discurso durante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito local, la declaración deja en evidencia que la política de “guerra” contra las drogas del gobierno macrista va a contramano del mundo. Para el director del Area de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mariano Fusero, los dichos de la funcionaria reafirman “lo que vienen diciendo desde hace rato los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex presidentes, funcionarios e intelectuales” que proponen “regular para darle un golpe de mercado al narcotráfico quitándole el monopolio y descriminalizar el consumo de drogas”.


En el Ministerio de Economía y Finanzas francés, en París, la máxima autoridad de la Cepal –organismo de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región– lanzó a su auditorio el desafío y anunció: “Voy a ser provocadora”. Luego se preguntó, de forma retórica: “¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, sostuvo la jefa del organismo que busca articular políticas para solucionar los problemas económicos y sociales de la región.


“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle al narcotráfico 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, remarcó, y planteó la necesidad de emprender transformaciones profundas en la región, a la que caracterizó por su falta de productividad y desigualdad, al cerrar el panel titulado Repensar las instituciones y Estados modernos.


Para la presidenta de Intercambios (asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas) e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Graciela Touzé, que el planteo sea hecho por la titular de la Cepal “es importante y da una perspectiva clara de lo que las políticas están haciendo en la región”, y señaló que “no debe ser casual que sea mexicana. En México la política de guerra contra las drogas ha generado una catástrofe”. “La política de guerra termina poniendo su foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos, los consumidores, autocultivadores, campesinos en países con producción, que son sobre quienes recae el peso de esas políticas. Poner fin a esa concepción es cuestionar la prohibición y empezar a hablar de regulación y del cuidado de la salud y no dejarlo librado a la nada, que es lo que ocurre con los mercados clandestinos”, explicó la especialista.


La propuesta de Bárcena ya viene siendo impulsada por la Comisión Global, conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo; el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George P. Shultz, y el escritor Mario Vargas LLosa, entre otras personalidades.


Para Fusero, el planteo de Bárcena se da en un contexto donde “en el país mentor de la cruzada bélica, Estados Unidos”, ya hay nueve estados y el Distrito de Columbia que permiten el uso de la marihuana con fines recreativos y treinta estados que permiten su uso médico, y en julio “se sumaría Canadá, un miembro del G-8”.


Sin embargo, el letrado advirtió que a contrapelo de lo que ocurre en el mundo “nuestra legislación es de las más antiguas y retrógradas, porque siguen poniendo penas a la tenencia personal y el cultivo”. Para dejarlo claro, remarcó que “la tenencia para consumo personal está penada”, y queda librada a la arbitrariedad del funcionario judicial, pese a los argumentosde la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal (fallo Arriola 2009).
Fusero recordó que desde aquella resolución se han “presentado 25 iniciativas al Congreso para despenalizar la tenencia, transversales, de la izquierda, del peronismo, del Frente para la Victoria, pero también avaladas por Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Elisa Carrió”.

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El PT ratifica a Lula como su candidato

La postulación del ex mandatario brasileño para los comicios de octubre ocurrirá “bajo cualquier circunstancia”, incluyendo la privación de su libertad. Así lo comunicó su partido.

Cuarenta y cinco horas después del arresto de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció que lo ratificó como su candidato a la presidencia en los comicios del 7 de octubre. “Reiteramos hoy (por ayer) en la comisión ejecutiva del PT que registraremos la candidatura el 15 de agosto. Si no lo hiciéramos el partido perdería en coherencia, perdería en espíritu de lucha, perdería por no ser solidario, perdería políticamente”, argumentó Gleisi Hoffmann. La presidenta petista está en Curitiba desde el sábado a la noche, poco antes del aterrizaje de un pequeño avión Cesna de la Policía Federal en el que arribó el ex presidente posteriormente alojado en una celda del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federa

La postulación de Lula ocurrirá “bajo cualquier circunstancia”, incluso si estuviera privado de la libertad. “No abandonamos a un inocente, y por ser inocente tiene derecho a ser candidato, además Lula ya no es sólo el candidato del PT, es el candidato de una parte importante del pueblo brasileño que a pesar de la persecución que sufre continúa apoyándolo con índices altísimos de preferencia.”
Antes del encuentro de la Ejecutiva, miembros del PT manifestaron la intención de instalar provisoriamente la dirección partidaria en Curitiba mientras Lula continúe siendo un “preso político”.
Ayer arribaron más colectivos para sumarse a la vigilia en el campamento Lula Libre, convertido en un agitado punto de debates de petistas, campesinos sin tierra, comunistas, montado a unos doscientos metros de la Superintendencia policial.


De hecho, en los últimos días la capital política del país parece haberse desplazado de Brasilia, donde tiene sus oficinas un presidente Michel Temer carente de legitimidad y autoridad, hacia esta Curitiba sobresaltada por el huracán Lula. Sucede que la atención nacional puso su foco en la celda de 15 metros cuadrados que aloja a un recluso cuyo tiempo se reparte entre la lectura del recientemente aparecido ensayo La Elite del Atraso de Jesse Souza y reflexionar sobre la estrategia a seguir para impedir la proscripción a la que quieren empujarlo sus carceleros asociados a sus enemigos políticos. Uno de ellos, Michel Temer, comenzó a analizar la posibilidad de retirarle la escolta y el vehículo al que tienen derecho todos los ex presidentes.


Desde el sábado Lula fue obligado a permanecer en una habitación separada del resto de los internos. Sólo puede recibir a familiares una vez por semana y a reunirse diariamente con sus abogados. Hoffmann solicitó que se revise esa reglamentación, en cuyo diseño participó el juez Sergio Moro, para que hoy pueda conversar con una decena de gobernadores de la región nordeste que viajarán a Curitiba.


“Conversé con los abogados del presidente que hoy lo visitaron, él está bien, firme, es un luchador, transforma la tristeza en fuerza para luchar, pero nos preocupa mucho su situación en la celda, es un lugar simple y decente, pero él está incomunicado, no puede tomar sol, no puede hacer ejercicios, es un hombre de 72 años que necesita algún cuidado”, contó Hoffmann.


Además de la agenda política nacional, Lula tendrá otra con personalidades extranjeras.


Para las próximas semanas se aguarda la llegada del ex mandatario uruguayo, José Mujica, y no se descarta la del premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Paraná es uno de los estados donde surgió un antipetismo rabioso a caballo de las movilizaciones multitudinarias, mayoritariamente blancas y de clase media, que precedieron la destitución de Dilma Rousseff en 2016.


En el interior de esa provincia sureña fue baleada una caravana lulista hace dos semanas, cuando las autoridades locales dijeron que faltaban elementos para afirmar que trató de un atentado político. Ante ello el PT solicitó que la policía provincial sea separada de la investigación, pero no tuvo respuesta favorable.


Los rubicundos policías que el sábado hirieron a por lo menos ocho militantes cuando coreaban “Lula Libre” ayer dejaron que un ultraderechista se infiltre en el campamento donde se realiza la vigilia. El sujeto pidió tomarse una foto con la precandidata presidencial Manuela D´Avila, del Partido Comunista, y cuando ella se le acercó le dijo que era seguidor de Jair Bolsonaro.


Hubo un revuelo de militantes pero se evitó que el provocador lograra su cometido. Poco después un comité de partidos y organizaciones populares en defensa de la democracia, que funciona en el campamento, acusó a la policía de “complicidad” con el infiltrado.

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Moro, con entrenamiento en Estados Unidos

Según documentos del Departamento de Estado, Moro se destacó en un encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes), que buscó “consolidar el entrenamiento bilateral en la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo”.

 

El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”


Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

 


El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.


Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.


Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.


Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.
El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

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Dan el paso final: Lula, cerca de ir a la cárcel para que no vuelva a gobernar

Con un voto contradictorio y polémico –y no es la primera vez que lo hace–, Rosa Weber, magistrada del Supremo Tribunal Federal, liquidó, en la práctica, las posibilidades del ex presidente Lula da Silva de librarse de la cárcel.

 

La tensión que persiste en Brasil avanzó ayer de manera concreta. El más esperado de los once votos de la corte suprema, pronunciado por la magistrada Rosa Weber, liquidó, en la práctica, las posibilidades del ex presidente Lula da Silva de librarse de la cárcel.

Al contrariar, como admitió, sus convicciones personales y acompañar una decisión anterior adoptada por la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal, Weber negó a Lula un hábeas corpus preventivo.


No es la primera vez que la magistrada emite votos contradictorios y polémicos. Hace años, durante el juicio al ex ministro y hombre fuerte del PT, José Dirceu, Weber afirmó que a pesar de no tener prueba concreta de la culpa del acusado, lo condenaría “porque así me lo permite la literatura jurídica”. O sea, por convicción, aunque sin pruebas.


Las expectativas de la defensa de Lula estaban en la magistrada porque hace dos años, cuando el Supremo Tribunal Federal, contrariando a la misma Constitución de la cual se dice guardián, decidió que un condenado cuya sentencia sea confirmada en segunda instancia podría ser preso, el suyo había sido el más contundente de los votos por la minoría.
Cuando empezó la sesión, poco después de las dos de la tarde, se sabía que había cinco votos contrarios a Lula y cinco favorables. Las atenciones se concentraban en Weber precisamente a raíz de su oposición a permitir la prisión antes de que el condenado hubiese recurrido a todas las instancias, incluyendo la de la corte suprema.


Pero cuando faltaban veinticinco minutos para las ocho, y la sesión ya llevaba casi seis horas, Weber emitió el voto que dejó Lula a un paso de la prisión. Lo más sorprendente (si es que la excelentísima señora todavía sorprende a alguien) es que en su voto ella admitió que, cuando llegue al pleno de la corte un pedido generalizado contrario a la prisión antes de que se agoten todos los recursos, “podré rever mi posición”. O sea, votó en contra solo porque se trataba del ex presidente.


A propósito, llamó la atención de varios juristas y abogados la firme negativa de otra magistrada, Carmen Lucia, presidente de la corte, de llevar al pleno dos pedidos que tratan justamente de la prisión luego de la segunda instancia, y que pedían resolver la cuestión de fondo y no un caso determinado. O sea, Carmen Lucia concentró la atención del país, ya no para debatir un tema polémico, sino para poner el foco en la figura del candidato que aparece como favorito absoluto a ganar las elecciones de octubre y quien fuera el más popular presidente de las últimas seis décadas y media en Brasil. En la sesión de ayer esa decisión despertó contundentes críticas de algunos de sus pares, pero ella permaneció impasible.
Las alternativas de la defensa del ex presidente para mantenerlo lejos de una celda son exiguas, ínfimas. Podrán, a lo sumo, postergar por algún tiempo –días, quizá semanas, pero pocas– su encarcelamiento.


Lo de ayer concluye un cuadro que empezó a ser trazado en la misma noche que Dilma Rousseff, en octubre de 2014, derrotó a su adversario Aécio Neves, del mismo PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. En ese momento empezó un plan que incluyó una serie de maniobras en el Congreso para impedir que la presidenta, de conocida inhabilidad para las lides de la política cotidiana e infame, gobernase. El paso siguiente fue destituirla, frente a la omisión cómplice del mismo Supremo Tribunal Federal reunido ayer. Instalada en la presidencia una pandilla encabezada por Michel Temer, faltaba el paso final: liquidar a Lula e impedir que retornara a la presidencia.


Bueno, ese paso final se dio ayer.


Lo que nadie sabe es lo que vendrá. Al fin y al cabo, los golpistas no tienen candidato viable. El empresariado y los dueños del capital lo saben. La posibilidad de que un troglodita energúmeno y de extrema derecha, el capitán retirado y diputado Jair Bolsonaro, salga vencedor en las urnas es concreta, como concreta es la posibilidad de que la suma de votos en blancos, nulos y abstenciones supere el caudal electoral de los candidatos.


Ayer Brasil empezó a dejar de ser un país a la deriva para transformarse en país náufrago.

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Miércoles, 28 Marzo 2018 05:53

Corte de rutas en Cataluña

Corte de rutas en Cataluña

Los cortes, que también bloquearon calles de Barcelona, fueron organizados por los Comités de Defensa de la República. Desde su celda en Alemania, Puigdemont pasó el mensaje a todo el pueblo de Cataluña que continuará luchando.

 

Cientos de manifestantes cortaron ayer rutas en Cataluña y calles en Barcelona y anunciaron una ola de protestas por la detención y posible entrega a España del fugitivo Carles Puigdemont. El líder independentista confió a sus abogados, desde su celda en Alemania, que no se rendirá y llamó a la unidad total de los soberanistas.


Los cortes de rutas y las manifestaciones anunciadas anticipan una profundización del proceso independentista. El proyecto soberanista ha dividido a los catalanes, desatando la mayor crisis política en España desde el retorno a la democracia y alarmado a Europa en momentos en que enfrenta múltiples desafíos, como el Brexit o su relación cada vez más difícil con Rusia.


Imágenes televisivas mostraron a policías antimotines rodeando primero y desalojando luego a decenas de personas que se sentaron en el medio de la AP-7, una gran autopista que une España con Francia, a la altura de la ciudad de Figueras. Otros manifestantes abuchearon a los agentes, pero no los enfrentaron. Al caer la tarde, otras dos rutas fueron bloqueadas en la región del noreste de España, una que va de Barcelona a Lérida y otra que une Tarragona y Valencia. En varias otras hubo embotellamientos debido a vehículos que iban deliberadamente lento, informó la autoridad de transporte de Cataluña.


Los cortes, que también bloquearon calles de Barcelona, fueron organizados por los Comités de Defensa de la República (CDR). Estos grupos civiles fueron creados luego de que la región celebrara el referéndum independentista de octubre pasado pese a que había sido prohibido por la Justicia. “Con los recientes encarcelamientos y el arresto del presidente Carles Puigdemont, parece que claramente hemos cruzado el punto de no retorno”, dijeron los CDR en un comunicado en el que anunciaron una primavera catalana de movilizaciones en todo el territorio que, según afirmaron, van a desbordar las previsiones.


El domingo, Puigdemont fue detenido en Alemania en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por un juez español. Una jueza le dictó prisión preventiva el lunes a la espera que se decida, en un plazo de 10 a 60 días, su posible extradición a España para ser juzgado. Los abogados que lo visitaron ayer en su celda dijeron que el ex presidente catalán quería pasar el mensaje a todo el pueblo de Cataluña de que continuará luchando.


“Hemos visto al presidente en excelentes condiciones, tanto en lo que respecta a su estado físico como de ánimo”, afirmó el letrado Jaume Alonso Cuevillas ante periodistas en la ciudad alemana de Neumünster, donde está detenido Puigdemont.


“El presidente tiene perfectamente asumido que esto se alargará, es decir, su situación de privación de libertad, pero se siente resistente, fuerte, con coraje y con determinación para resistirlo”, prosiguió Cuevillas, y agregó que Puigdemont hizo un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo.


El ex presidente fue detenido tras cruzar a Alemania desde Dinamarca en camino de regreso a Bélgica. Iba acompañado por un historiador, un empresario y dos agentes de los Mossos D’Esquadra (la Policía catalana). En consecuencia, la Policía Nacional española denunció ante la Fiscalía que los oficiales pudieron incurrir en un delito –por ejemplo, de encubrimiento– al ayudar al líder independentista en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención desde el viernes. Puigdemont había huido a Bruselas hace cinco meses luego de que fiscales españoles lo acusaran de rebelión y sedición por haber organizado el referéndum del 1 de octubre, al que siguió una declaración de independencia del Parlamento catalán, el 27 de octubre. En total hay 25 líderes catalanes procesados por el plan independentista, nueve de ellos ya en prisión preventiva en Madrid y otros seis fuera de España.


Voceros judiciales alemanes han dicho que no se espera una decisión sobre Puigdemont antes de Pascua. Un tribunal de la norteña región alemana de Schleswig-Holstein decidirá si la extradición es admisible. Tales casos por lo general se resuelven por escrito, sin una audiencia, aunque es posible que se celebre una. El código penal alemán -a diferencia del de Bélgica, donde estaba refugiado Puigdemont- incluye un delito comparable al de rebelión, la principal acusación contra el dirigente en España, por la cual podría recibir hasta 30 años de cárcel.


El vocero del gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, dijo que Madrid confía en una pronta extradición de Puigdemont, porque, afirmó, su caso no está políticamente motivado. “Este no es un asunto español. Saltarse la ley es atentar contra la Unión Europea, y violar las reglas de un estado miembro también es delito en Alemania”, agregó.


En una medida celebrada por los independentistas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció hoy que registró una denuncia de Puigdemont de que España ha violado sus derechos políticos. El caso había sido presentado en marzo pasado por un grupo de abogados y expertos en derechos humanos que alegaron que España había violado los derechos humanos, civiles y políticos en su campaña de represión contra los impulsores del proceso independentistas catalán. El gobierno español tiene ahora seis meses para responder.


Los partidos separatistas se impusieron en las elecciones catalanas de diciembre pasado, que fueron convocadas por Madrid tras intervenir la región y tras la huida de Puigdemont. Sin embargo, no han sido capaces de elegir a un presidente y formar gobierno porque todos los candidatos están en el exilio, procesados o presos. Si no pueden elegir un nuevo presidente, la región deberá celebrar nuevos comicios el 22 de mayo.


Hoy, las fuerzas independentistas votarán en una sesión de emergencia el Parlamento dos mociones, incluyendo una que pide a la cámara garantizar los derechos políticos de Puigdemont y de otros dos líderes independentistas presos en España, incluyendo su derecho a ser investidos como presidente de la región. La otra moción pide la puesta en libertad de los diputados independentistas de la cámara que han sido detenidos.

 

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La justicia da luz verde al ingreso en prisión de Lula


La orden definitiva debe ser dada en unos días, cuando se agote el plazo para presentar recursos y el Supremo decida si salva al exmandatario o no

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se está quedando sin espacio por donde continuar su huida hacia delante. El tribunal de segunda instancia TRF-4 de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 y un mes, ha dado luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil,. Moro, responsable de juzgar a Lula en el complejo caso Petrobras, fue quien dictó la primera condena y no debería tener problemas en obedecer dentro de 12 días, cuando se haya agotado el plazo para recurrir (diez días) y de responder a esos recursos (48 horas). Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente terrible para la democracia brasileña, y más terrible aún para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.


Si estuviésemos hablando de un ciudadano cualquiera, no habría motivo para pensar que la orden no se emitiría y ejecutaría lo antes posible, pero Lula es de todo menos cualquiera. El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra.
Por ejemplo, esta sentencia del TRF-4 depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el expresidente ya ha solicitado. Si se concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.


La espera es corta aunque también es imprevista. El Supremo tenía que haberse pronunciado el jueves pasado pero, en un momento no sin tintes de farsa, uno de los magistrados aseguró que ya había hecho check-in en un vuelo que saldría en unas horas y, ante los ojos atónitos de las incontables personas que seguían el decisivo proceso por televisión, pidió que la sesión se acortase y se votase otro día. Se acordó el día 4, lo que también ha provocado otro enredo: Gilmar Mendes, el juez del Supremo más cercano a los conservadores, y por tanto el más enemistado con Lula, ha anunciado que no podrá presentarse a votar porque ya tiene un compromiso para ese día. Ese compromiso puede ser fundamental porque sin Mendes, el resultado quedaría en un empate 5 a 5, lo que, en casos de habeas corpus, significa la aprobación automática. Lula quedaría fuera de prisión, el país se ahorra una serie de desagradables debates sobre la protección a políticos fuera del cargo, y nadie se habrá manchado las manos defendiéndole.


El Supremo es ahora la gran esperanza del expresidente porque Lula tiene más afinidad con esos magistrados.Y ellos no ven necesariamente con buenos ojos la idea de que una sentencia en la segunda instancia baste para llevar a alguien a prisión: fue el mismo Supremo quien así lo decidió, en octubre de 2016, pero con un margen muy estrecho (5 contra 6). Y desde entonces, uno de los magistrados (Gilmar Mendes, de nuevo) ha comentado que podría haber cambiado de opinión. También se espera que un juez cercano al PT y nominado por Lula, Dias Tóffoli, se suma al máximo tribunal en Brasil. Si Lula, el gran orquestador, consigue alinear todos los elementos a su favor, por ejemplo, en el momento de recurrir la sentencia del TRF-4, aún puede vivir para luchar otra batalla.


De fondo ,en todo este asunto está la cuestión de los privilegios que se le conceden a un político brasileño. En Brasil, los cargos públicos más altos (presidencia y ministros) gozan de aforamiento ante cualquier delito que hayan cometido antes de la investidura, lo que da una idea de hasta dónde quiere llegar Lula con su huida hacia adelante: el 15 de agosto, fecha en la que se puede registrar como candidato. Eso zanjaría la cuestión que nadie responder. Si un expresidente se libra de la prisión, malo: todos los políticos detenidos por sentencias en segunda instancia querrían pedir un trato similar. Pero si el expresidente entra es peor. Es que ya nadie está a salvo.
Candidato ganador e inelegible a la vez


Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre pero nadie sabe si llegará candidato o no. En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia. Por ahora, la estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos. Hasta el final, Lula será a la vez un candidato formidable y uno inelegible

 

São Paulo 26 MAR 2018 - 18:55 COT

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