Colombia: “La paz que propone el Estado es la paz para realizar sus negocios”

Mateo Gutiérrez León, estudiante de sociología de la Universidad Nacional, está detenido en la cárcel La Modelo en Bogotá desde el 23 de febrero de 2017. Es considerado por sus defensores como un “falso positivo judicial”.

 Mateo Gutiérrez León, considerado por sus allegados y abogados como “falso positivo judicial”, ha sido acusado por la Fiscalía colombiana por un supuesto caso de terrorismo. El también activista social se pronuncia sobre la estrategia sistemática en la que se enmarca su caso, así como sobre los más de 200 asesinatos de líderes sociales en el contexto del denominado “posconflicto” colombiano.

El término “falsos positivos judiciales” tiene su origen en los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, que van de 2002 a 2010. En este periodo se acuñó el término “falsos positivos” para definir las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército contra civiles inocentes. El objetivo consistía en ofrecer ante la opinión pública resultados en el contexto de la política de “Seguridad Democrática”, es decir, en la lucha contra la insurgencia armada. Lamentablemente, con el paso del tiempo se fue demostrando que una gran cantidad de las víctimas presentadas como bajas en la lucha antiterrorista, no tuvieron nada que ver con grupos armados irregulares, ni con actos subversivos o terroristas. En 2015, la Fiscalía colombiana se encontraba realizando aún 3.430 investigaciones por estos hechos.

El caso de Mateo es de antología, la Fiscalía colombiana lo acusa de ser el responsable de la explosión de uno de los artefactos que estallaron en Bogotá el 18 de septiembre de 2015. Sin embargo, los medios de comunicación, la policía, la Fiscalía y hasta el presidente José Manuel Santos lo señalaron como el autor de otra explosión que se llevó a cabo el 18 de enero de 2017 y que se saldó con la vida de un policía y 27 heridos. Su captura, encierro y proceso judicial se encuentra plagado de irregularidades y los testimonios y pruebas que lo acusan caen sobre su propio peso. A tal grado, que la Audiencia realizada el pasado 2 de marzo tuvo que ser suspendida, debido a las irregularidades en el manejo de las pruebas por parte del Fiscal.

¿Cuál es el objetivo de la estrategia de los falsos positivos judiciales?

El objetivo de los falsos positivos es presentar resultados en términos de “seguridad” frente a la profunda crisis social y política que vive Colombia, de manera que, para cualquier reclamo de los ciudadanos, movilización social o descontento, el Estado tiene una respuesta policial o judicial. Además, tiene un componente “aleccionador”, busca generar miedo, para que las personas no protesten, ni expresen sus opiniones de forma verdaderamente democrática.

Por último, busca afianzar la idea que ha sostenido en el poder a la clase dominante: la existencia de un “enemigo interno” contra el cual toda arma es legítima. Mira, por ejemplo, la represión a que han sido sometidos los pueblos indígenas. Todavía hoy los Nasa, en el departamento del Cauca, luchan por sus tierras. Los medios los muestran como agresores cuando en verdad son víctimas del Estado, los grandes propietarios y los terratenientes.

Los acuerdos de paz abrieron un periodo de esperanza hacia la transformación social y política de Colombia. Sin embargo, distintas voces como la Fundación para la Paz y la Reconciliación han señalado que este periodo se encuentra en la incertidumbre. ¿En qué situación se encuentran las comunidades y sectores más pobres del país? ¿Cuál es tu opinión sobre este proceso?

Hay que apoyar incondicionalmente la lucha por la paz de Colombia, sin embargo, hay varias visiones de la paz en juego: la paz que propone el Estado, en cabeza del Gobierno, es la paz para realizar sus negocios. Esa dista mucho de la paz que defienden los movimientos sociales y el pueblo colombiano organizado: una paz con empleo, salud, educación, tierra para los campesinos, derechos humanos universales y democracia política.

Esas distintas visiones generan conflictos hoy en los territorios donde hay una profunda esperanza de paz, pues tras la salida de la insurgencia de muchos lugares, solo se ve la llegada de las fuerzas armadas, el paramilitarismo y las multinacionales, a costa de acabar con comunidades que se oponen al saqueo y despojo en sus territorios.

Además, un discurso muy extendido en medios ha generado la idea de que cualquier expresión de inconformidad o protesta, en este momento de “pos-conflicto”, sea catalogada como “enemiga de la paz”.

Mientras esto ocurre, los territorios históricamente olvidados, que son también los más pobres y sumidos en la miseria, no experimentan ningún cambio hacia una situación mejor, por el contrario, sus problemas se hacen más profundos y entran en crisis, como se observa hoy en la Costa Pacífica.

El Gobierno colombiano debería de haber ejecutado 68 iniciativas legislativas para cumplir con los acuerdos de paz, pero solamente generó 24 y finalmente se aprobaron únicamente 10. Temas como la reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida pública y la concesión de tierras y créditos para proyectos productivos han quedado en el aire. ¿A qué piensas que se debe esta falta de voluntad?

Pienso que el incumplimiento del Estado es voluntario y calculado. El esquema de negociación del Estado, en la práctica, ha sido pactar para después incumplir. En este propósito ha sido fundamental el comportamiento de algunos partidos políticos en el Congreso. Se le ha incumplido no solo a la insurgencia sino a los sectores sociales organizados que protestan y se movilizan: los campesinos, los estudiantes, el movimiento indígena, las comunidades afro, las mujeres, las víctimas del conflicto, etc.

Pude compartir mi encarcelamiento con integrantes de las FARC-EP y pude ver cómo, de forma descarada, el Gobierno negaba las amnistías e indultos a los excombatientes, meses después de la dejación de armas, a un año de haber sido sancionada la Ley 1820 de 2016 que iba a dar amnistía total a los miembros de las FARC-EP. Muchos de ellos tuvieron que luchar su libertad desde la cárcel, con ayuda de sus abogados.

Es claro que la vieja clase dirigente no tiene una genuina voluntad de paz.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó en diciembre de 2017 estar “muy preocupada por la descalificación, el hostigamiento y la estigmatización de las y los defensores de derechos humanos”. En su labor en el terreno comprobó un total de 105 homicidios de defensoras y defensores de los derechos humanos, así como de miembros líderes y lideresas de diferentes movimientos sociales y políticos. Naciones Unidas asegura que el común denominador en los asesinatos es su trabajo en la defensa de los derechos humanos. Contrasta la contundencia con que el presidente Santos, la Fiscalía, la Policía y los medios de comunicación han señalado públicamente tu responsabilidad en el atentado de Bogotá, con la relativización que se les ha dado a las muertes sistemáticas de líderes sociales. ¿A qué se debe esta situación?

Para los representantes del Estado es claro que hay hechos que atentan contra lo que ellos consideran democracia y otros que no. Cuando se realiza una protesta pública que termina en disturbios, se considera un acto terrorista, cuando son asesinados 180 líderes sociales en un año, estos son hechos que “no tienen sistematicidad” o simplemente obedecen a “líos de faldas”. Esto es peor cuando el peso de ese criterio recae sobre un inocente, como en mi caso. En esto tiene mucho que ver el hecho de que soy estudiante de sociología en una universidad pública.

Se celebrarán este año elecciones legislativas y presidenciales en Colombia. ¿Observas en los contendientes alguna esperanza de cambio ante la situación de asesinatos a líderes sociales y falsos positivos judiciales?

Hay varios candidatos que podrían representar una esperanza para la mayoría de los colombianos de a pie, debido a que sostienen propuestas de cambio. Sin embargo, la opinión de los ciudadanos libres finalmente no importará, el próximo presidente ya está definido hace bastante tiempo, desde las cúpulas del poder: será Vargas Lleras y es una verdad que nadie dice abiertamente en público, pero todos reconocen. Ojalá me equivoque, pero es lo más probable.

Diferentes voces aseguran que los vacíos de poder generados por el desarme de las FARC han ocasionado que grupos paramilitares y de la delincuencia organizada impongan su ley. Si esto es así, ¿qué papel está jugando el gobierno colombiano ante este fenómeno? ¿Apoyas la estrategia de que haya mayor presencia militar en estas zonas?

No apoyo la mayor presencia militar en los territorios porque esta no es la solución. Esto se ha ensayado por años sin lograr detener la violencia política o el conflicto armado. La solución a los conflictos sociales es otra muy distinta. El Estado debe buscar en estos territorios una presencia integral, más civil que militar; pero tan solo se fija en adecuar las condiciones para los negocios y la inversión privada. Las fuerzas armadas han trabajado con los paramilitares y los delincuentes para mantener el control social y el poder político en los territorios.

¿Qué expectativas tienes respecto a tu caso?

Mi expectativa es que se falle en derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión y movilización nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades) y muy rigurosos con la Defensa, aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

El profesor Miguel Ángel Beltrán, también falso positivo judicial, quien tras un largo tiempo en la cárcel fue encontrado inocente, ha señalado los duros golpes emocionales que representa pasar por un proceso como el tuyo. ¿Cómo te encuentras, cómo viven tus amigos y familiares esta situación?

Para ellos ha sido una situación difícil. Han sufrido el acoso y la persecución por parte de los organismos de seguridad del Estado: seguimientos, amenazas e intimidaciones. Eso es una constante en los casos de falsos positivos ya que no solo es en mi caso, sino también en el de los estudiantes y egresados injustamente acusados del ataque al Centro Comercial Andino en Bogotá y muchos más a nivel nacional en los que el Estado, por falta de pruebas recurre al terror y a la difamación en medios de comunicación, para generar la idea de que hay un enemigo sobre el cual es legítimo cualquier atropello bajo la excusa de la “gravedad” de los delitos imputados.

Sin embargo, en muchos casos, esos ataques de los medios y la policía tienen tan poca veracidad y son tan explícitamente mentirosos que dejan en evidencia las irregularidades procesales y el circo mediático.

Por otra parte, el daño que me ha ocasionado el Estado, incluida la Fiscalía, es muy profundo, no solo en términos económicos, también a nivel personal, el escarnio público, las implicaciones de llevar un año en la cárcel, el retraso en mis estudios.

¿Qué estrategia piensas que deben de promover los movimientos sociales ante los falsos positivos judiciales y los asesinatos de pensadores críticos y líderes sociales?

Denuncia, visibilizarían, movilización. Hay que generar un clima en el que para el Estado sea ilegítimo perpetrar falsos positivos y asesinatos, y además se encuentre con una respuesta activa de toda la sociedad, también de la intelectualidad que genera opiniones y ha sido cómplice cuando calla frente a las tragedias que a diario ocurren en el país.

Carlos Soledad
@CarlosSoledadM

publicado
2018-05-30 14:59:00

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Jueves, 31 Mayo 2018 06:05

La Cepal la quiere legal

La Cepal la quiere legal

En el Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe se planteó el fracaso de la política de “guerra a las drogas” y la necesidad de corregir las desigualdades sociales en la región.

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la mexicana Alicia Bárcena, dijo que América latina es la región “a la que más le conviene la legalización de las drogas y que ha llegado el momento de plantearlo seriamente” porque “la ilegalidad es lo que está matando a la gente”. El planteo lo hizo el lunes pasado, en un discurso durante el décimo Foro Económico Internacional sobre América Latina y el Caribe. En el ámbito local, la declaración deja en evidencia que la política de “guerra” contra las drogas del gobierno macrista va a contramano del mundo. Para el director del Area de Política de Drogas de la Asociación Pensamiento Penal (APP), Mariano Fusero, los dichos de la funcionaria reafirman “lo que vienen diciendo desde hace rato los miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas, integrada por ex presidentes, funcionarios e intelectuales” que proponen “regular para darle un golpe de mercado al narcotráfico quitándole el monopolio y descriminalizar el consumo de drogas”.


En el Ministerio de Economía y Finanzas francés, en París, la máxima autoridad de la Cepal –organismo de Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo económico y social de la región– lanzó a su auditorio el desafío y anunció: “Voy a ser provocadora”. Luego se preguntó, de forma retórica: “¿A quién le conviene la legalización de la droga? ¡A América Latina y el Caribe, por Dios! Porque la ilegalidad es lo que está matando a la gente”, sostuvo la jefa del organismo que busca articular políticas para solucionar los problemas económicos y sociales de la región.


“Llegó la hora de plantearnos seriamente la legalización de la droga y de no entregarle al narcotráfico 165 millones de jóvenes que hoy se los estamos entregando en charola de plata porque no tenemos empleo ni instituciones”, remarcó, y planteó la necesidad de emprender transformaciones profundas en la región, a la que caracterizó por su falta de productividad y desigualdad, al cerrar el panel titulado Repensar las instituciones y Estados modernos.


Para la presidenta de Intercambios (asociación civil para el estudio y atención de problemas relacionados con las drogas) e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales, Graciela Touzé, que el planteo sea hecho por la titular de la Cepal “es importante y da una perspectiva clara de lo que las políticas están haciendo en la región”, y señaló que “no debe ser casual que sea mexicana. En México la política de guerra contra las drogas ha generado una catástrofe”. “La política de guerra termina poniendo su foco en los sectores más vulnerables y desprotegidos, los consumidores, autocultivadores, campesinos en países con producción, que son sobre quienes recae el peso de esas políticas. Poner fin a esa concepción es cuestionar la prohibición y empezar a hablar de regulación y del cuidado de la salud y no dejarlo librado a la nada, que es lo que ocurre con los mercados clandestinos”, explicó la especialista.


La propuesta de Bárcena ya viene siendo impulsada por la Comisión Global, conformada por los ex presidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo; el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan; la ex presidenta de Suiza, Ruth Dreifuss; el ex secretario de Estado de Estados Unidos, George P. Shultz, y el escritor Mario Vargas LLosa, entre otras personalidades.


Para Fusero, el planteo de Bárcena se da en un contexto donde “en el país mentor de la cruzada bélica, Estados Unidos”, ya hay nueve estados y el Distrito de Columbia que permiten el uso de la marihuana con fines recreativos y treinta estados que permiten su uso médico, y en julio “se sumaría Canadá, un miembro del G-8”.


Sin embargo, el letrado advirtió que a contrapelo de lo que ocurre en el mundo “nuestra legislación es de las más antiguas y retrógradas, porque siguen poniendo penas a la tenencia personal y el cultivo”. Para dejarlo claro, remarcó que “la tenencia para consumo personal está penada”, y queda librada a la arbitrariedad del funcionario judicial, pese a los argumentosde la Corte Suprema sobre la inconstitucionalidad del delito de tenencia para consumo personal (fallo Arriola 2009).
Fusero recordó que desde aquella resolución se han “presentado 25 iniciativas al Congreso para despenalizar la tenencia, transversales, de la izquierda, del peronismo, del Frente para la Victoria, pero también avaladas por Margarita Stolbizer, Ricardo Gil Lavedra y Elisa Carrió”.

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El PT ratifica a Lula como su candidato

La postulación del ex mandatario brasileño para los comicios de octubre ocurrirá “bajo cualquier circunstancia”, incluyendo la privación de su libertad. Así lo comunicó su partido.

Cuarenta y cinco horas después del arresto de Luiz Inácio Lula da Silva en Curitiba, el Partido de los Trabajadores (PT) anunció que lo ratificó como su candidato a la presidencia en los comicios del 7 de octubre. “Reiteramos hoy (por ayer) en la comisión ejecutiva del PT que registraremos la candidatura el 15 de agosto. Si no lo hiciéramos el partido perdería en coherencia, perdería en espíritu de lucha, perdería por no ser solidario, perdería políticamente”, argumentó Gleisi Hoffmann. La presidenta petista está en Curitiba desde el sábado a la noche, poco antes del aterrizaje de un pequeño avión Cesna de la Policía Federal en el que arribó el ex presidente posteriormente alojado en una celda del cuarto piso de la Superintendencia de la Policía Federa

La postulación de Lula ocurrirá “bajo cualquier circunstancia”, incluso si estuviera privado de la libertad. “No abandonamos a un inocente, y por ser inocente tiene derecho a ser candidato, además Lula ya no es sólo el candidato del PT, es el candidato de una parte importante del pueblo brasileño que a pesar de la persecución que sufre continúa apoyándolo con índices altísimos de preferencia.”
Antes del encuentro de la Ejecutiva, miembros del PT manifestaron la intención de instalar provisoriamente la dirección partidaria en Curitiba mientras Lula continúe siendo un “preso político”.
Ayer arribaron más colectivos para sumarse a la vigilia en el campamento Lula Libre, convertido en un agitado punto de debates de petistas, campesinos sin tierra, comunistas, montado a unos doscientos metros de la Superintendencia policial.


De hecho, en los últimos días la capital política del país parece haberse desplazado de Brasilia, donde tiene sus oficinas un presidente Michel Temer carente de legitimidad y autoridad, hacia esta Curitiba sobresaltada por el huracán Lula. Sucede que la atención nacional puso su foco en la celda de 15 metros cuadrados que aloja a un recluso cuyo tiempo se reparte entre la lectura del recientemente aparecido ensayo La Elite del Atraso de Jesse Souza y reflexionar sobre la estrategia a seguir para impedir la proscripción a la que quieren empujarlo sus carceleros asociados a sus enemigos políticos. Uno de ellos, Michel Temer, comenzó a analizar la posibilidad de retirarle la escolta y el vehículo al que tienen derecho todos los ex presidentes.


Desde el sábado Lula fue obligado a permanecer en una habitación separada del resto de los internos. Sólo puede recibir a familiares una vez por semana y a reunirse diariamente con sus abogados. Hoffmann solicitó que se revise esa reglamentación, en cuyo diseño participó el juez Sergio Moro, para que hoy pueda conversar con una decena de gobernadores de la región nordeste que viajarán a Curitiba.


“Conversé con los abogados del presidente que hoy lo visitaron, él está bien, firme, es un luchador, transforma la tristeza en fuerza para luchar, pero nos preocupa mucho su situación en la celda, es un lugar simple y decente, pero él está incomunicado, no puede tomar sol, no puede hacer ejercicios, es un hombre de 72 años que necesita algún cuidado”, contó Hoffmann.


Además de la agenda política nacional, Lula tendrá otra con personalidades extranjeras.


Para las próximas semanas se aguarda la llegada del ex mandatario uruguayo, José Mujica, y no se descarta la del premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel.
Paraná es uno de los estados donde surgió un antipetismo rabioso a caballo de las movilizaciones multitudinarias, mayoritariamente blancas y de clase media, que precedieron la destitución de Dilma Rousseff en 2016.


En el interior de esa provincia sureña fue baleada una caravana lulista hace dos semanas, cuando las autoridades locales dijeron que faltaban elementos para afirmar que trató de un atentado político. Ante ello el PT solicitó que la policía provincial sea separada de la investigación, pero no tuvo respuesta favorable.


Los rubicundos policías que el sábado hirieron a por lo menos ocho militantes cuando coreaban “Lula Libre” ayer dejaron que un ultraderechista se infiltre en el campamento donde se realiza la vigilia. El sujeto pidió tomarse una foto con la precandidata presidencial Manuela D´Avila, del Partido Comunista, y cuando ella se le acercó le dijo que era seguidor de Jair Bolsonaro.


Hubo un revuelo de militantes pero se evitó que el provocador lograra su cometido. Poco después un comité de partidos y organizaciones populares en defensa de la democracia, que funciona en el campamento, acusó a la policía de “complicidad” con el infiltrado.

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Moro, con entrenamiento en Estados Unidos

Según documentos del Departamento de Estado, Moro se destacó en un encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes), que buscó “consolidar el entrenamiento bilateral en la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo”.

 

El juez Sergio Moro, quien lleva adelante la Operación Lava Jato y que el jueves pidió la detención del ex presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participó en un curso con una delegación estadounidense en 2009. Según el documento que fue revelado por el medio de filtraciones WikiLeaks, el encuentro llamado Projeto Pontes (Proyecto Puentes) buscó “consolidar el entrenamiento bilateral de la aplicación de leyes y habilidades prácticas de contraterrorismo.”


Jueces federales y fiscales de los 26 estados brasileños y del distrito federal, y más de 50 agentes de la policía federal de todo el país participaron de la conferencia que duró una semana y que tuvo lugar en la ciudad de Río de Janeiro. También se hicieron presentes en el seminario representantes de Argentina, México, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Paraguay.

 


El nombre de Sergio Moro fue uno de los pocos que se mencionaron en el documento, hecho que habla de la importancia que tuvo el juez en el encuentro. “El juez federal especializado en lavado de dinero, Sergio Moro, mencionó los 15 problemas más comunes que él ve en los casos de lavado de dinero en las cortes brasileñas”, explica el informe. Luego, detalla que los presentadores estadounidenses comentaron, a partir de la presentación de Moro, varios aspectos respecto a la investigación y enjuiciamiento de casos de financiamiento ilícito y lavado de dinero, incluyendo cooperación internacional formal e informal, confiscación de activos y acuerdos de culpabilidad. Además, mencionaron el uso de interrogación directa como herramienta y sugerencias de cómo tratar con ONG sospechosas de ser usadas para financiamiento ilícito.


Por otro lado, los redactores del documento se jactaron de haber tenido un pequeño triunfo, puesto que los miembros del sector judicial brasileño adoptaron sin problemas el término terrorismo –impuesto por los estadounidenses– para hablar de problemas en su territorio, en lugar de utilizar “crímen trasnacional”, que era tradicionalmente usado por el Ejecutivo. Así, se explica que al comienzo de la conferencia, la coordinadora para el contra-terrorismo, Shari Villarosa, habló en sus declaraciones iniciales directamente sobre terrorismo y el financiamiento ilícito del terrorismo, enfatizando que dicho financiamiento es un problema global que debe ser discutido de manera global. A continuación, se lee en el informe: “En lugar de discutir estas afirmaciones como usualmente pasa al tratar con el ministerio de relaciones exteriores de Brasil o con miembros del Poder Ejecutivo, los representantes del sector judicial en la conferencia encontraron que el tema era extremadamente interesante e importante”. Más aún, continúa, se mostraron verdaderamente entusiasmados al pedir entrenamiento de seguimiento relacionado al tema. “Claramente los jueces federales, fiscales y profesionales de las fuerzas del orden estaban menos preocupados por el campo de minas político en torno al tema y más genuinamente interesados en aprender como encarar mejor el proceso judicial en la lucha contra el terrorismo”, sentencia el documento en clara crítica al gobierno de Brasil.


Los delegados estadounidenses destacaron así que el sector judicial del país sudamericano estaba muy interesado en abordar, según sus palabras, más proactivamente la lucha contra el terrorismo, pero que necesitaba de las herramientas y el entrenamiento para hacerlo efectivamente. Entonces, proponían que el entrenamiento debería ser a largo plazo y coincidir con la formación de equipos de trabajo para dicho entrenamiento. Además, y esto resulta llamativo, sugerían que San Pablo, Campo Grande o Curitiba fuesen las locaciones. El juez Sergio Moro es Juez Federal de la 13.ª Sala Criminal Federal de la ciudad Curitiba, estado de Paraná. No obstante, se desconoce si el mencionado entrenamiento fue efectivamente llevado a cabo.


Otro de los ejes que se destacaron en el informe entregado al Departamento de Estado de Estados Unidos y filtrado por WikiLeaks, fue el ansia por parte de los miembros del poder judicial y de las fuerzas de tratar con los estadounidenses temas internos, en torno al sistema legal brasileño: “Los participantes brasileños buscaron a los representantes estadounidenses a lo largo de toda la conferencia para discutir cómo mejorar el sistema legal de Brasil, especialmente en el área de investigaciones y enjuiciamientos financieros complejos”. Como puede leerse en el documento, los miembros de la delegación de Estados Unidos no ocultaron su satisfacción al ser consultados sobre estos asuntos.
El informe cierra exclamando el rotundo éxito que supuso la conferencia, no sólo por la concurrencia sino también, según dijeron, por reconocer que el término “terrorismo” no es un tabú para los profesionales que tienen que prepararse para lo peor.

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Dan el paso final: Lula, cerca de ir a la cárcel para que no vuelva a gobernar

Con un voto contradictorio y polémico –y no es la primera vez que lo hace–, Rosa Weber, magistrada del Supremo Tribunal Federal, liquidó, en la práctica, las posibilidades del ex presidente Lula da Silva de librarse de la cárcel.

 

La tensión que persiste en Brasil avanzó ayer de manera concreta. El más esperado de los once votos de la corte suprema, pronunciado por la magistrada Rosa Weber, liquidó, en la práctica, las posibilidades del ex presidente Lula da Silva de librarse de la cárcel.

Al contrariar, como admitió, sus convicciones personales y acompañar una decisión anterior adoptada por la mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal, Weber negó a Lula un hábeas corpus preventivo.


No es la primera vez que la magistrada emite votos contradictorios y polémicos. Hace años, durante el juicio al ex ministro y hombre fuerte del PT, José Dirceu, Weber afirmó que a pesar de no tener prueba concreta de la culpa del acusado, lo condenaría “porque así me lo permite la literatura jurídica”. O sea, por convicción, aunque sin pruebas.


Las expectativas de la defensa de Lula estaban en la magistrada porque hace dos años, cuando el Supremo Tribunal Federal, contrariando a la misma Constitución de la cual se dice guardián, decidió que un condenado cuya sentencia sea confirmada en segunda instancia podría ser preso, el suyo había sido el más contundente de los votos por la minoría.
Cuando empezó la sesión, poco después de las dos de la tarde, se sabía que había cinco votos contrarios a Lula y cinco favorables. Las atenciones se concentraban en Weber precisamente a raíz de su oposición a permitir la prisión antes de que el condenado hubiese recurrido a todas las instancias, incluyendo la de la corte suprema.


Pero cuando faltaban veinticinco minutos para las ocho, y la sesión ya llevaba casi seis horas, Weber emitió el voto que dejó Lula a un paso de la prisión. Lo más sorprendente (si es que la excelentísima señora todavía sorprende a alguien) es que en su voto ella admitió que, cuando llegue al pleno de la corte un pedido generalizado contrario a la prisión antes de que se agoten todos los recursos, “podré rever mi posición”. O sea, votó en contra solo porque se trataba del ex presidente.


A propósito, llamó la atención de varios juristas y abogados la firme negativa de otra magistrada, Carmen Lucia, presidente de la corte, de llevar al pleno dos pedidos que tratan justamente de la prisión luego de la segunda instancia, y que pedían resolver la cuestión de fondo y no un caso determinado. O sea, Carmen Lucia concentró la atención del país, ya no para debatir un tema polémico, sino para poner el foco en la figura del candidato que aparece como favorito absoluto a ganar las elecciones de octubre y quien fuera el más popular presidente de las últimas seis décadas y media en Brasil. En la sesión de ayer esa decisión despertó contundentes críticas de algunos de sus pares, pero ella permaneció impasible.
Las alternativas de la defensa del ex presidente para mantenerlo lejos de una celda son exiguas, ínfimas. Podrán, a lo sumo, postergar por algún tiempo –días, quizá semanas, pero pocas– su encarcelamiento.


Lo de ayer concluye un cuadro que empezó a ser trazado en la misma noche que Dilma Rousseff, en octubre de 2014, derrotó a su adversario Aécio Neves, del mismo PSDB del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. En ese momento empezó un plan que incluyó una serie de maniobras en el Congreso para impedir que la presidenta, de conocida inhabilidad para las lides de la política cotidiana e infame, gobernase. El paso siguiente fue destituirla, frente a la omisión cómplice del mismo Supremo Tribunal Federal reunido ayer. Instalada en la presidencia una pandilla encabezada por Michel Temer, faltaba el paso final: liquidar a Lula e impedir que retornara a la presidencia.


Bueno, ese paso final se dio ayer.


Lo que nadie sabe es lo que vendrá. Al fin y al cabo, los golpistas no tienen candidato viable. El empresariado y los dueños del capital lo saben. La posibilidad de que un troglodita energúmeno y de extrema derecha, el capitán retirado y diputado Jair Bolsonaro, salga vencedor en las urnas es concreta, como concreta es la posibilidad de que la suma de votos en blancos, nulos y abstenciones supere el caudal electoral de los candidatos.


Ayer Brasil empezó a dejar de ser un país a la deriva para transformarse en país náufrago.

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Miércoles, 28 Marzo 2018 05:53

Corte de rutas en Cataluña

Corte de rutas en Cataluña

Los cortes, que también bloquearon calles de Barcelona, fueron organizados por los Comités de Defensa de la República. Desde su celda en Alemania, Puigdemont pasó el mensaje a todo el pueblo de Cataluña que continuará luchando.

 

Cientos de manifestantes cortaron ayer rutas en Cataluña y calles en Barcelona y anunciaron una ola de protestas por la detención y posible entrega a España del fugitivo Carles Puigdemont. El líder independentista confió a sus abogados, desde su celda en Alemania, que no se rendirá y llamó a la unidad total de los soberanistas.


Los cortes de rutas y las manifestaciones anunciadas anticipan una profundización del proceso independentista. El proyecto soberanista ha dividido a los catalanes, desatando la mayor crisis política en España desde el retorno a la democracia y alarmado a Europa en momentos en que enfrenta múltiples desafíos, como el Brexit o su relación cada vez más difícil con Rusia.


Imágenes televisivas mostraron a policías antimotines rodeando primero y desalojando luego a decenas de personas que se sentaron en el medio de la AP-7, una gran autopista que une España con Francia, a la altura de la ciudad de Figueras. Otros manifestantes abuchearon a los agentes, pero no los enfrentaron. Al caer la tarde, otras dos rutas fueron bloqueadas en la región del noreste de España, una que va de Barcelona a Lérida y otra que une Tarragona y Valencia. En varias otras hubo embotellamientos debido a vehículos que iban deliberadamente lento, informó la autoridad de transporte de Cataluña.


Los cortes, que también bloquearon calles de Barcelona, fueron organizados por los Comités de Defensa de la República (CDR). Estos grupos civiles fueron creados luego de que la región celebrara el referéndum independentista de octubre pasado pese a que había sido prohibido por la Justicia. “Con los recientes encarcelamientos y el arresto del presidente Carles Puigdemont, parece que claramente hemos cruzado el punto de no retorno”, dijeron los CDR en un comunicado en el que anunciaron una primavera catalana de movilizaciones en todo el territorio que, según afirmaron, van a desbordar las previsiones.


El domingo, Puigdemont fue detenido en Alemania en cumplimiento de una orden de detención europea emitida por un juez español. Una jueza le dictó prisión preventiva el lunes a la espera que se decida, en un plazo de 10 a 60 días, su posible extradición a España para ser juzgado. Los abogados que lo visitaron ayer en su celda dijeron que el ex presidente catalán quería pasar el mensaje a todo el pueblo de Cataluña de que continuará luchando.


“Hemos visto al presidente en excelentes condiciones, tanto en lo que respecta a su estado físico como de ánimo”, afirmó el letrado Jaume Alonso Cuevillas ante periodistas en la ciudad alemana de Neumünster, donde está detenido Puigdemont.


“El presidente tiene perfectamente asumido que esto se alargará, es decir, su situación de privación de libertad, pero se siente resistente, fuerte, con coraje y con determinación para resistirlo”, prosiguió Cuevillas, y agregó que Puigdemont hizo un llamamiento a la unidad de todo el soberanismo.


El ex presidente fue detenido tras cruzar a Alemania desde Dinamarca en camino de regreso a Bélgica. Iba acompañado por un historiador, un empresario y dos agentes de los Mossos D’Esquadra (la Policía catalana). En consecuencia, la Policía Nacional española denunció ante la Fiscalía que los oficiales pudieron incurrir en un delito –por ejemplo, de encubrimiento– al ayudar al líder independentista en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención desde el viernes. Puigdemont había huido a Bruselas hace cinco meses luego de que fiscales españoles lo acusaran de rebelión y sedición por haber organizado el referéndum del 1 de octubre, al que siguió una declaración de independencia del Parlamento catalán, el 27 de octubre. En total hay 25 líderes catalanes procesados por el plan independentista, nueve de ellos ya en prisión preventiva en Madrid y otros seis fuera de España.


Voceros judiciales alemanes han dicho que no se espera una decisión sobre Puigdemont antes de Pascua. Un tribunal de la norteña región alemana de Schleswig-Holstein decidirá si la extradición es admisible. Tales casos por lo general se resuelven por escrito, sin una audiencia, aunque es posible que se celebre una. El código penal alemán -a diferencia del de Bélgica, donde estaba refugiado Puigdemont- incluye un delito comparable al de rebelión, la principal acusación contra el dirigente en España, por la cual podría recibir hasta 30 años de cárcel.


El vocero del gobierno español, Iñigo Méndez de Vigo, dijo que Madrid confía en una pronta extradición de Puigdemont, porque, afirmó, su caso no está políticamente motivado. “Este no es un asunto español. Saltarse la ley es atentar contra la Unión Europea, y violar las reglas de un estado miembro también es delito en Alemania”, agregó.


En una medida celebrada por los independentistas, el Comité de Derechos Humanos de la ONU anunció hoy que registró una denuncia de Puigdemont de que España ha violado sus derechos políticos. El caso había sido presentado en marzo pasado por un grupo de abogados y expertos en derechos humanos que alegaron que España había violado los derechos humanos, civiles y políticos en su campaña de represión contra los impulsores del proceso independentistas catalán. El gobierno español tiene ahora seis meses para responder.


Los partidos separatistas se impusieron en las elecciones catalanas de diciembre pasado, que fueron convocadas por Madrid tras intervenir la región y tras la huida de Puigdemont. Sin embargo, no han sido capaces de elegir a un presidente y formar gobierno porque todos los candidatos están en el exilio, procesados o presos. Si no pueden elegir un nuevo presidente, la región deberá celebrar nuevos comicios el 22 de mayo.


Hoy, las fuerzas independentistas votarán en una sesión de emergencia el Parlamento dos mociones, incluyendo una que pide a la cámara garantizar los derechos políticos de Puigdemont y de otros dos líderes independentistas presos en España, incluyendo su derecho a ser investidos como presidente de la región. La otra moción pide la puesta en libertad de los diputados independentistas de la cámara que han sido detenidos.

 

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La justicia da luz verde al ingreso en prisión de Lula


La orden definitiva debe ser dada en unos días, cuando se agote el plazo para presentar recursos y el Supremo decida si salva al exmandatario o no

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se está quedando sin espacio por donde continuar su huida hacia delante. El tribunal de segunda instancia TRF-4 de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 y un mes, ha dado luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil,. Moro, responsable de juzgar a Lula en el complejo caso Petrobras, fue quien dictó la primera condena y no debería tener problemas en obedecer dentro de 12 días, cuando se haya agotado el plazo para recurrir (diez días) y de responder a esos recursos (48 horas). Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente terrible para la democracia brasileña, y más terrible aún para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.


Si estuviésemos hablando de un ciudadano cualquiera, no habría motivo para pensar que la orden no se emitiría y ejecutaría lo antes posible, pero Lula es de todo menos cualquiera. El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra.
Por ejemplo, esta sentencia del TRF-4 depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el expresidente ya ha solicitado. Si se concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.


La espera es corta aunque también es imprevista. El Supremo tenía que haberse pronunciado el jueves pasado pero, en un momento no sin tintes de farsa, uno de los magistrados aseguró que ya había hecho check-in en un vuelo que saldría en unas horas y, ante los ojos atónitos de las incontables personas que seguían el decisivo proceso por televisión, pidió que la sesión se acortase y se votase otro día. Se acordó el día 4, lo que también ha provocado otro enredo: Gilmar Mendes, el juez del Supremo más cercano a los conservadores, y por tanto el más enemistado con Lula, ha anunciado que no podrá presentarse a votar porque ya tiene un compromiso para ese día. Ese compromiso puede ser fundamental porque sin Mendes, el resultado quedaría en un empate 5 a 5, lo que, en casos de habeas corpus, significa la aprobación automática. Lula quedaría fuera de prisión, el país se ahorra una serie de desagradables debates sobre la protección a políticos fuera del cargo, y nadie se habrá manchado las manos defendiéndole.


El Supremo es ahora la gran esperanza del expresidente porque Lula tiene más afinidad con esos magistrados.Y ellos no ven necesariamente con buenos ojos la idea de que una sentencia en la segunda instancia baste para llevar a alguien a prisión: fue el mismo Supremo quien así lo decidió, en octubre de 2016, pero con un margen muy estrecho (5 contra 6). Y desde entonces, uno de los magistrados (Gilmar Mendes, de nuevo) ha comentado que podría haber cambiado de opinión. También se espera que un juez cercano al PT y nominado por Lula, Dias Tóffoli, se suma al máximo tribunal en Brasil. Si Lula, el gran orquestador, consigue alinear todos los elementos a su favor, por ejemplo, en el momento de recurrir la sentencia del TRF-4, aún puede vivir para luchar otra batalla.


De fondo ,en todo este asunto está la cuestión de los privilegios que se le conceden a un político brasileño. En Brasil, los cargos públicos más altos (presidencia y ministros) gozan de aforamiento ante cualquier delito que hayan cometido antes de la investidura, lo que da una idea de hasta dónde quiere llegar Lula con su huida hacia adelante: el 15 de agosto, fecha en la que se puede registrar como candidato. Eso zanjaría la cuestión que nadie responder. Si un expresidente se libra de la prisión, malo: todos los políticos detenidos por sentencias en segunda instancia querrían pedir un trato similar. Pero si el expresidente entra es peor. Es que ya nadie está a salvo.
Candidato ganador e inelegible a la vez


Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre pero nadie sabe si llegará candidato o no. En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia. Por ahora, la estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos. Hasta el final, Lula será a la vez un candidato formidable y uno inelegible

 

São Paulo 26 MAR 2018 - 18:55 COT

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Martes, 27 Marzo 2018 05:39

Sin candidato para presidir Cataluña

Sin candidato para presidir Cataluña

La Justicia alemana mantiene a Puigdemont en prisión preventiva hasta resolver su expatriación. Los partidos separatistas buscan un candidato a la investidura para impedir nuevas elecciones.

El devenir político en Cataluña ayer se jugó en un pequeño pueblo de Alemania. El juez de primera instancia de Neumünster, donde Carles Puigdemont se encuentra detenido desde el domingo, resolvió mantener en prisión preventiva al ex president hasta resolver si lo extradita o no a España. La orden internacional de detención que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena dictó contra el líder independentista este viernes precipitó los acontecimientos y cambió de lugar los escenarios, ahora no es la justicia belga sino alemana la que tiene en sus manos la libertad de Carles Puigdemont, por haber sido hallado en Schuby, a una treintena de kilómetros al sur de la frontera alemana con Dinamarca.


Mientras en el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein se debate si los delitos de rebelión y malversación de fondos imputados por la Corte española a Puigdemont son válidos dentro del Código penal germano para extraditarlo –procedimiento que puede durar entre 60 y 90 días–, en Cataluña el reloj corre hacia unas nuevas posibles elecciones y los partidos tienen menos de dos meses para encontrar un nuevo candidato a la presidencia. La misión no se presenta sencilla, teniendo en cuenta que ya son tres las investiduras fallidas desde las urnas regionales de diciembre y que ya no queda ningún cabeza de lista entre las filas independentistas –dueños de la mayoría parlamentaria– en libertad o en suelo español.


El último varapalo dado por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, al movimiento secesionista el viernes pasado –cuando ordenó prisión preventiva para tres ex consellers, la ex presidenta del Parlament y el candidato a la investidura, Jordi Turull– dejó en shock a los partidos favorables a la separación de España e, incluso, a los que no la apoyan, como es el caso de socialistas y comuns (coalición entre Podemos y la formación de Ada Colau). Absorbidos desde ese día por la discusión sobre la pertinencia o no de las medidas cautelares impuestas por la Justicia española para los miembros del anterior Ejecutivo catalán –todos, excepto el Partido Popular (PP) y Ciudadanos las tachan de desproporcionadas– queda pendiente la tarea que desde hace cuatro meses se arrastra: formar gobierno.


Mañana el Parlamento regional celebrará un nuevo pleno para evaluar la propuesta del bloque independentista formado por Junts per Catalunya, Esquerra Republicana (ERC) y la CUP para que la Cámara reconozca a Carles Puigdemont y Jordi Turull el derecho a ser investidos presidentes de la Generalitat. Los secesionistas basan su resolución en el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU que garantiza el ejercicio político de los presos, documento que también piensan usar de alegato para intentar evitar la expatriación del ex president y el resto de diputados exiliados en diversos países europeos.


La sesión convocada por el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, no tiene más efectos prácticos que el de una declaración política, sin embargo, causó revuelo entre los grupos del denominado bloque constitucionalista- PP y Ciudadanos- porque implica un nuevo paso en la búsqueda de un gobierno con vistas a la independencia de Cataluña. Inés Arrimadas, líder la fuerza más votada en los últimos comicios, Ciudadanos, solicitó de inmediato la dimisión del presidente de la Cámara local porque, según anunció, “lleva poco en el cargo pero ya ha pasado todos los límites”. Arrimadas lamenta que Torrent “haya bloqueado el Parlament durante meses, haya propuesto tres candidatos a la presidencia de la Generalitat que no podían ejercer el cargo, haya cambiado la fecha de los plenos en función de la agenda judicial y haga mítines de ERC en sus intervenciones” y, apoyada por el PP, este miércoles espera ver cómo responden los demás partidos a su solicitud.


Al margen de los reclamos de la oposición, el bloque independentista está ocupado ahora en buscar un nuevo candidato que evite una repetición de elecciones por nadie deseada en Cataluña. El nombre que vuelve a estar sobre la mesa es el que nunca dejó de estarlo del todo: Carles Puigdemont. La diputada Elsa Artadi de JxCat avanzó ayer que su partido sigue siendo partidario de restituir la presidencia al ex mandatario para lo que tendrían que concluir con el trámite de la reforma de la ley de Presidència i Govern que permitiría una investidura a distancia. Sus socios ERC, sin embargo, prefieren no adelantarse y esperar a que Alemania decida si extradita o no a Puigdemont.


Catalunya en Comú-Podem también denunciará en el Parlament la “actitud irresponsable del gobierno de Mariano Rajoy” y la situación de “prisión provisional injustificada” que sufren varios diputados. El Partido Socialista Catalán (PSC), por su parte, presentará una iniciativa para el pleno de mañana en la línea del que viene siendo su discurso, sobre todo, después de la investidura fallida de Jordi Turull y su posterior encarcelamiento. Recuperar el diálogo político y buscar amplios consensos es su prioridad, apelando incluso a “un gobierno de concentración”, en el que estén todos los partidos con representación parlamentaria. “Un gobierno de concentración es una respuesta excepcional a una situación como la actual, que es excepcional”, manifestó el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, optimista con una propuesta vetada de antemano por la mayoría de grupos, al venir de un partido que propició la implementación del artículo 155 para la intervención de la autonomía catalana.


Puertas afuera de los lujosos pasillos del Parlament, el sector independentista de la ciudadanía también volvió a tomar cartas en el asunto ocupando las calles con movilizaciones en Barcelona y las demás capitales de provincia. Tras la detención de Carles Puigdemont, miles de personas se manifestaron domingo y lunes de forma pacífica, convocados por la Assemblea Nacional Catalana(ANC) y grupos auto organizados en favor de la secesión, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR). Entre gritos de “Puigdemont, el nostre president (nuestro president)”, los independentistas reivindicaron que los delitos que se imputan al ex mandatario y a los otros políticos “están completamente falseados y se basan en una violencia que no se ha dado en ningún caso en la sociedad catalana”.

 

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Puigdemont huye de Finlandia para evitar que lo extraditen

Mientras en Barcelona el Parlamento catalán era un polvorín político, con el presidente de la Cámara haciendo un llamado público para hacer un "frente común" para combatir la "represión" del Estado español, en el norte de Europa –en concreto, en Finlandia– se ignoraba el paradero del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra quien hay una orden de búsqueda y captura internacional desde el viernes. Cuando el juez español del Tribunal Supremo (TS), Pablo Llanera, reactivó la euro orden de detención en su contra, el ex mandatario catalán se encontraba en Helsinki dando una conferencia, pero al terminarla salió del país de forma furtiva para evitar la extradición. Su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, informó que su representado comparecerá ante la justicia de Bélgica "en los próximos días", y no dio más detalles.

El día después de una de las jornadas más duras para el independentismo catalán también estuvo marcado por la incertidumbre, el enfrentamiento y la indignación ante los hechos de las pasadas 48 horas.

El bloque soberanista, sólo un día después de no haber logrado alcanzar un acuerdo para investir como presidente de la Generalitat a Jordi Turull, ex consejero de Puidgemont, se enfrentó a detenciones y órdenes de captura contra sus principales dirigentes.

Actualmente la justicia española tiene abierta una causa general contra los impulsores del proceso de secesión unilateral del pasado 26 de octubre con una declaración "simbólica" que provocó, por un lado, la huida de Puigdemont a Bélgica por el temor a ser detenido y la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supuso la toma del control de las instituciones catalanas por el gobierno español del conservador Mariano Rajoy.

Llarena inició una instrucción en la que actualmente tiene a nueve líderes independentistas en la cárcel, entre ellos el ex vicepresidente Oriol Junqueras; el aspirante a presidir el gobierno tras los comicios del pasado 21 de diciembre, Jordi Turull, y a otras siete personas que participaron ya sea en el gobierno o en las plataformas civiles afines al proceso de separación del Estado español. Además, hay órdenes de detención internacional contra seis más, incluidos Puigdemont y la secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Rovira, quien huyó el viernes a Suiza.

Suspenden votación

El Parlamento catalán tenía previsto celebrar ayer el segundo debate de la investidura, pero al estar detenido el candidato Turull, además de otros diputados que tenían previsto participar en el mismo, finalmente el presidente de la Cámara, Roger Torrent, suspendió la votación y el pleno, y a cambio propuso celebrar una sesión simbólica en la que cada grupo fijara su posición política ante una de las crisis más serias en las instituciones catalanas de las últimas décadas. Los diputados independentistas se mostraron tristes y abatidos, en lo que definieron como una de las “épocas más oscuras y "tristes" de la historia, en la que "el Estado español nos ha escupido a la cara".

Miles de personas denunciaron ante las oficinas públicas del gobierno español en la región la "represión" y la falta de garantías de una justicia transparente. Torrent explicó que es necesario "denunciar que los poderes del Estado impiden" la expresión de los diputados electos.

La primera en tomar la palabra fue Inés Arrimadas, como líder la primera fuerza del Parlamento, Ciudadanos. Lamentó que se haya llegado a una situación de enfrentamiento, en la que los propios diputados catalanes ni siquiera son capaces de saludarse en los pasillos del hemiciclo, y responsabilizó a los independentistas de la situación de incertidumbre de los catalanes.

Una vez fijada la posición de la fuerza hegemónica del unionismo tomó la palabra Sergi Sabriá, actual cabeza de ERC ante la huida de Rovira, quien llamó a los secesionistas a desvincularse de una vez por todas de "una España represiva y corrupta".

El grupo del derechista Partido Popular (PP) decidió abandonar el pleno y no participar de un acto que consideraron "de parte".

Una vez terminado el debate, el presidente del Parlamento realizó un acto público con las fuerzas independentistas, a la que se unió la marca electoral de Unidos Podemos en la región –Cataluña en Común– para hacer un llamamiento para que se forme un "frente democrático" para responder a las medidas "represivas" que está imponiendo el Estado español. Es una respuesta que, advirtió, "deber ser cívica, pacífica, pero sobre todo política".

 

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Carta escrita por Mateo Gutiérrez León, a un año de su captura.

El proceso judicial en contra de Mateo Gutiérrez León, acusado de supuesta pertenencia al Movimiento Revolucionario del Pueblo –MRP–, debió continuar durante los primeros días de marzo, pero la audiencia del 2 fue suspendida debido a irregularidades en el manejo de pruebas por parte del Fiscal. En efecto, la Fiscalía presentó a cuatro testigos, todos ellos miembros de la Policía Nacional, pero con una debilidad en sus alegatos que confirman con sus voces las declaraciones de los familiares y allegados de Mateo Gutiérrez, quienes reafirman que su captura es un montaje o falso positivo judicial. 

La siguiente carta fue escrita por el mismo acusado, redactada en su celda, con el ánimo de exponer el desarrollo de su proceso desde su propia experiencia.

 

A un año de mi detención:

Este relato expone cada una de las irregularidades, procedimientos amañados, violaciones al Código de Procedimiento Penal y los derechos fundamentales que me han sido negados desde mi captura hace un año, el 23 de febrero de 2017, por agentes de la Sipol (Dirección de Inteligencia Policial) y la Sijin, (Seccional de Policía Judicial-municipal y departamental) en plena vía pública en la ciudad de Bogotá.

Una vez capturado, sin permitírseme hacer la llamada que estipula la ley, sin decirme a dónde me llevaban y bajo un interrogatorio que intentaba violar el derecho de cualquier detenido a guardar silencio, me llevaron en un carro particular, bajo la dirección del capitán Alexander Torres de la Sijin, a la calle 6a con avenida Caracas, donde fui judicializado por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado.

Cuando ya había sido judicializado pude llamar a un abogado y un familiar, para luego ser reseñado en la sede del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de Bogotá. Allí el reseñador de la policía puso como alias mi nombre de pila, que luego fue presentado en rueda de prensa por el Ministro de Defensa y el Presidente, acusándome de ser el autor del ataque efectuado por el Eln al Esmad (ocurrido 4 días antes en el barrio La Macarena de Bogotá) y de 10 ataques más.

En medios de comunicación como Blu Radio, Revista Semana y RCN, apareció mi foto bajo el pseudónimo de “alias Mateo” y el titular “capturado miliciano del Eln en Bogotá”. Todas estas mentiras buscaban ambientar el clima para hacer efectiva la medida de aseguramiento, aunque nunca me imputaron los sucesos de La Macarena, tampoco de ser miembro del Eln; fui acusado de la colocación de un artefacto panfletario el 18 de septiembre de 2015 por parte del MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo), organización a la cual también me acusa la Fiscalía de pertenecer.

La “prueba” que sirvió al juez de control de garantías para aceptar la petición de la Fiscalía de enviarme a prisión preventiva, fue el testimonio rendido por Brayan Stiven Gómez Sánchez en enero de 2017; casi dos años después de los hechos que me son imputados. Así, no sólo afirma “reconocerme” en un registro fotográfico donde no estoy yo, pero está anexada por aparte la foto de mi documento de identificación, sino que además da un retrato hablado que, aunque tampoco guarda similitud física alguna conmigo, logra señalar de forma inexplicable a quien “lo amenazó con un arma de fuego tipo cuchillo”, en palabras textuales de quien es para la Fiscalía un testigo “imparcial y confiable”.

La determinación del juez encontró más soporte en las divagaciones, imprecisiones y falta de argumentación de quien entonces era mi defensor que en la argumentación de la Fiscalía. El juez aprovechó un alegato incoherente y cantinflesco para legalizar todas las irregularidades jurídicas de la Fiscalía.

Una vez avanzado el proceso, con un cambio de defensor, quien recaudó las pruebas técnicas que demuestran que me encontraba en otro lugar a la misma hora de los hechos del 18 de septiembre; en la audiencia preparatoria a juicio. la Fiscalía pide la suspensión de la diligencia violando el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula que la audiencia preparatoria no puede ser suspendida a menos que sea por causas de fuerza mayor.

Luego, aprovechando la suspensión, el fiscal solicita la conexidad de mi proceso con el que se adelanta contra otros estudiantes y egresados de la Universidad Nacional injustamente acusados de la colocación de un artefacto explosivo al Centro Comercial Andino en Bogotá el día 17 de junio de 2017, caso que a hoy día presenta aún más irregularidades que el mío.

 Faltando pocos días para la realización de la preparatoria, la Fiscalía vuelve a solicitar aplazamiento de la audiencia para esperar el veredicto de la conexidad. Una vez negada por el juez segundo especializado, el fiscal se ve obligado a desarrollar la audiencia preparatoria para evitar que los términos corran en su contra.

A la hora de iniciar el juicio, la fiscalía cambia una vez más su teoría y no especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco busca probar que estaba en el lugar de los hechos, pues sabe que no estuve allí, se centra en intentar probar mi pertenencia al MRP por aparecer en un video conversando con otra persona que actualmente también está injustamente detenida.

Para la policía y la Fiscalía, quienes buscan, aun sin tener pruebas, un fallo condenatorio dando por sentado la culpabilidad de otra persona ajena a mi proceso, es necesario sanear todas sus irregularidades con una serie de medios y herramientas que tienen a su alcance para generar nuevos montajes judiciales donde finalmente es capturado un grupo de amigos universitarios.

El uso irresponsable y mentiroso de los medios de comunicación, las pruebas falsas e ilegales, además de el acoso y la persecución por parte de los aparatos de seguridad del Estado, intentan dibujar un panorama de culpabilidad a los jueces. Todo hace parte de un esquema basado en el montaje, donde la objetividad, que es lo más importante a la hora de juzgar un delio, no importa. Es más, el suceso imputado tampoco importa, pues en un principio los medios me acusaron de la bomba de La Macarena, luego de la panfletaria de septiembre de 2015, para terminar acusándome de más de 10 hechos en el escrito de acusación, pero sin poder situarme de manera concreta en ninguno y de pertenecer al MRP.

Los medios me presentan hace un año como culpable, así como lo hacen con los acusados del Centro Comercial Andino, pero no hablan de los allanamientos ilegales, los falsos testigos, el robo de mis pertenencias y dinero por parte del capitán Torres de la seccional Anti-terrorismo de la Sijin, o de los intentos por parte de un Mayor, quien nunca se identificó, de interrogarme fuera de la estación donde me encontraba antes de ser trasladado a la cárcel, y al cual se opuso el patrullero a cargo de mi custodia, quien luego me manifestó en privado la intención explícita de su superior de querer torturarme para sacar la información que “no habían podido obtener” en mi captura.

Este esquema de montaje se repite constantemente en Colombia: líderes sociales, activistas, políticos, estudiantes, campesinos y miembros del movimiento indígena son perseguidos por el Estado, que los encarcela o asesina por expresar “posturas políticas contrarias al establecimiento” –en palabras del fiscal y los policías que han intervenido en mi juicio. Sin poder probar siquiera que alguno haya incurrido en el delito político. Allí, la Fiscalía entra en contradicción, pues si bien los procesos que entabla tienen un marcado carácter político, y lo dicen abiertamente, acusan de terrorismo y concierto para delinquir, intentando dar una vez más una respuesta criminal a los problemas sociales y políticos del país.

Mi expectativa es que se falle en Derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades), pero muy rigurosos con mi defensa; aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

Mateo Gutiérrez León
23 de febrero de 2018
Cárcel Nacional Modelo–Bogotá D.C.

 

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