Carta escrita por Mateo Gutiérrez León, a un año de su captura.

El proceso judicial en contra de Mateo Gutiérrez León, acusado de supuesta pertenencia al Movimiento Revolucionario del Pueblo –MRP–, debió continuar durante los primeros días de marzo, pero la audiencia del 2 fue suspendida debido a irregularidades en el manejo de pruebas por parte del Fiscal. En efecto, la Fiscalía presentó a cuatro testigos, todos ellos miembros de la Policía Nacional, pero con una debilidad en sus alegatos que confirman con sus voces las declaraciones de los familiares y allegados de Mateo Gutiérrez, quienes reafirman que su captura es un montaje o falso positivo judicial. 

La siguiente carta fue escrita por el mismo acusado, redactada en su celda, con el ánimo de exponer el desarrollo de su proceso desde su propia experiencia.

 

A un año de mi detención:

Este relato expone cada una de las irregularidades, procedimientos amañados, violaciones al Código de Procedimiento Penal y los derechos fundamentales que me han sido negados desde mi captura hace un año, el 23 de febrero de 2017, por agentes de la Sipol (Dirección de Inteligencia Policial) y la Sijin, (Seccional de Policía Judicial-municipal y departamental) en plena vía pública en la ciudad de Bogotá.

Una vez capturado, sin permitírseme hacer la llamada que estipula la ley, sin decirme a dónde me llevaban y bajo un interrogatorio que intentaba violar el derecho de cualquier detenido a guardar silencio, me llevaron en un carro particular, bajo la dirección del capitán Alexander Torres de la Sijin, a la calle 6a con avenida Caracas, donde fui judicializado por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas y hurto agravado.

Cuando ya había sido judicializado pude llamar a un abogado y un familiar, para luego ser reseñado en la sede del Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) de Bogotá. Allí el reseñador de la policía puso como alias mi nombre de pila, que luego fue presentado en rueda de prensa por el Ministro de Defensa y el Presidente, acusándome de ser el autor del ataque efectuado por el Eln al Esmad (ocurrido 4 días antes en el barrio La Macarena de Bogotá) y de 10 ataques más.

En medios de comunicación como Blu Radio, Revista Semana y RCN, apareció mi foto bajo el pseudónimo de “alias Mateo” y el titular “capturado miliciano del Eln en Bogotá”. Todas estas mentiras buscaban ambientar el clima para hacer efectiva la medida de aseguramiento, aunque nunca me imputaron los sucesos de La Macarena, tampoco de ser miembro del Eln; fui acusado de la colocación de un artefacto panfletario el 18 de septiembre de 2015 por parte del MRP (Movimiento Revolucionario del Pueblo), organización a la cual también me acusa la Fiscalía de pertenecer.

La “prueba” que sirvió al juez de control de garantías para aceptar la petición de la Fiscalía de enviarme a prisión preventiva, fue el testimonio rendido por Brayan Stiven Gómez Sánchez en enero de 2017; casi dos años después de los hechos que me son imputados. Así, no sólo afirma “reconocerme” en un registro fotográfico donde no estoy yo, pero está anexada por aparte la foto de mi documento de identificación, sino que además da un retrato hablado que, aunque tampoco guarda similitud física alguna conmigo, logra señalar de forma inexplicable a quien “lo amenazó con un arma de fuego tipo cuchillo”, en palabras textuales de quien es para la Fiscalía un testigo “imparcial y confiable”.

La determinación del juez encontró más soporte en las divagaciones, imprecisiones y falta de argumentación de quien entonces era mi defensor que en la argumentación de la Fiscalía. El juez aprovechó un alegato incoherente y cantinflesco para legalizar todas las irregularidades jurídicas de la Fiscalía.

Una vez avanzado el proceso, con un cambio de defensor, quien recaudó las pruebas técnicas que demuestran que me encontraba en otro lugar a la misma hora de los hechos del 18 de septiembre; en la audiencia preparatoria a juicio. la Fiscalía pide la suspensión de la diligencia violando el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, el cual estipula que la audiencia preparatoria no puede ser suspendida a menos que sea por causas de fuerza mayor.

Luego, aprovechando la suspensión, el fiscal solicita la conexidad de mi proceso con el que se adelanta contra otros estudiantes y egresados de la Universidad Nacional injustamente acusados de la colocación de un artefacto explosivo al Centro Comercial Andino en Bogotá el día 17 de junio de 2017, caso que a hoy día presenta aún más irregularidades que el mío.

 Faltando pocos días para la realización de la preparatoria, la Fiscalía vuelve a solicitar aplazamiento de la audiencia para esperar el veredicto de la conexidad. Una vez negada por el juez segundo especializado, el fiscal se ve obligado a desarrollar la audiencia preparatoria para evitar que los términos corran en su contra.

A la hora de iniciar el juicio, la fiscalía cambia una vez más su teoría y no especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar, tampoco busca probar que estaba en el lugar de los hechos, pues sabe que no estuve allí, se centra en intentar probar mi pertenencia al MRP por aparecer en un video conversando con otra persona que actualmente también está injustamente detenida.

Para la policía y la Fiscalía, quienes buscan, aun sin tener pruebas, un fallo condenatorio dando por sentado la culpabilidad de otra persona ajena a mi proceso, es necesario sanear todas sus irregularidades con una serie de medios y herramientas que tienen a su alcance para generar nuevos montajes judiciales donde finalmente es capturado un grupo de amigos universitarios.

El uso irresponsable y mentiroso de los medios de comunicación, las pruebas falsas e ilegales, además de el acoso y la persecución por parte de los aparatos de seguridad del Estado, intentan dibujar un panorama de culpabilidad a los jueces. Todo hace parte de un esquema basado en el montaje, donde la objetividad, que es lo más importante a la hora de juzgar un delio, no importa. Es más, el suceso imputado tampoco importa, pues en un principio los medios me acusaron de la bomba de La Macarena, luego de la panfletaria de septiembre de 2015, para terminar acusándome de más de 10 hechos en el escrito de acusación, pero sin poder situarme de manera concreta en ninguno y de pertenecer al MRP.

Los medios me presentan hace un año como culpable, así como lo hacen con los acusados del Centro Comercial Andino, pero no hablan de los allanamientos ilegales, los falsos testigos, el robo de mis pertenencias y dinero por parte del capitán Torres de la seccional Anti-terrorismo de la Sijin, o de los intentos por parte de un Mayor, quien nunca se identificó, de interrogarme fuera de la estación donde me encontraba antes de ser trasladado a la cárcel, y al cual se opuso el patrullero a cargo de mi custodia, quien luego me manifestó en privado la intención explícita de su superior de querer torturarme para sacar la información que “no habían podido obtener” en mi captura.

Este esquema de montaje se repite constantemente en Colombia: líderes sociales, activistas, políticos, estudiantes, campesinos y miembros del movimiento indígena son perseguidos por el Estado, que los encarcela o asesina por expresar “posturas políticas contrarias al establecimiento” –en palabras del fiscal y los policías que han intervenido en mi juicio. Sin poder probar siquiera que alguno haya incurrido en el delito político. Allí, la Fiscalía entra en contradicción, pues si bien los procesos que entabla tienen un marcado carácter político, y lo dicen abiertamente, acusan de terrorismo y concierto para delinquir, intentando dar una vez más una respuesta criminal a los problemas sociales y políticos del país.

Mi expectativa es que se falle en Derecho y quede clara la verdad: se demuestre mi inocencia. Para eso es fundamental la presión nacional e internacional ya que las garantías que ofrece el sistema judicial colombiano no han sido aplicadas todavía en mi caso. Hasta el momento, los jueces han sido muy indulgentes con las fallas, las mentiras y los exabruptos de la Fiscalía (limpiando todas sus irregularidades), pero muy rigurosos con mi defensa; aun así, sustentan “la igualdad de armas entre las partes”.

Mateo Gutiérrez León
23 de febrero de 2018
Cárcel Nacional Modelo–Bogotá D.C.

 

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El Honor de la Fuerza Armada Bolivariana, destruido por Maduro

1. Degradación y Destitución del Salvador de la Patria


Por decreto presidencial de Nicolás Maduro fueron degradados y destituidos de la Fuerza Armada Nacional 13 altos oficiales, entre ellos el Salvador de la Patria, General en Jefe Raúl Isaías Baduel, El decreto 2.399, del 28 de febrero, establece que "se degrada por ser indignos de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana". La decisión "implicará necesariamente la pérdida del grado y condecoraciones nacionales, como medida administrativa disciplinaria, sin menoscabo de las acciones y consecuencias que se deriven del proceso correspondiente que conozcan las autoridades competentes".
Lo infame de ese Decreto de la Ignominia, redactado por los lumpen políticos burgueses de Miraflores, se revela plenamente ante el reconocimiento público, que hicieron Fidel Castro y Hugo Chávez del papel salvador del General, quien encabezó el contragolpe que devolvió a Hugo Chávez a la Presidencia de la República, tras el 11 de abril de 2002.


2. El "indigno" ante los ojos de Chávez y Fidel Castro


Un telefonema entre Fidel Castro y Hugo Chávez, el día del fracaso del golpe militar (14 de abril de 2002), publicado por Fidel en el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, el 28 de marzo de 2014, revela el juicio de ambos líderes revolucionarios sobre la actuación del General Baduel durante el golpe de Estado. Dado que la conversación entre Fidel y Chávez se encuentra con facilidad en el internet, cito sólo algunas partes del diálogo. El destacado es mío:
PDTE. CHÁVEZ.- Porque no tenía yo ya cartas que jugar. Otras unidades leales, pero estaban lejos, ¿ve? Las que estaban sólidas, sobre todo la Brigada de Pa¬racaidistas en Maracay. Baduel me llamó.
CMDTE. EN JEFE.- Yo he oído decir que ya querían venir y tú les dijiste que no.
PDTE. CHÁVEZ.- La (resistencia) se fue multiplicando a nivel de los Comandantes… Y Baduel se convirtió en el eje, y otros generales leales se fueron para allá. Muchos de los muchachos míos que se quedaron sueltos por ahí, se concentraron en Maracay… (Dijeron) Detenemos aquí a algunos oficiales que no están con nosotros, y nos vamos a Maracay, porque está mi general Baduel haciéndose fuerte allá.
CMDTE. EN JEFE.- Hablé con Baduel un rato, y estábamos en la enorme preocupación de dónde tú estabas…Baduel y el otro (García Montoya, HD) tenían una posición muy clara…
PDTE. CHÁVEZ.- Creo que dieron un ultimátum a esta gente de aquí de Caracas para que yo apareciera, si no, iban a venir sobre Caracas los paracaidistas.
CMDTE. EN JEFE.- Sí, pero el problema es que lo que hizo el general y lo que hizo Baduel —los dos— fue la táctica de no moverse, y apelaron a todas las unidades...
PDTE. CHÁVEZ.- Sí... Ellos convirtieron el Comando de los Paracaidistas en el Comando de la Resistencia. Entonces, fueron llamando a las unidades, a generales, a comandantes… llamando y llamando…
CMDTE. EN JEFE.- Ahora, esos dos, Montoya y Baduel, actuaron con mucha inteligencia. Fueron inteligentes. Mucha inteligencia política.
PDTE. CHÁVEZ.- Ellos son muy inteligentes, de los más brillantes amigos, y hombres de aplomo, de inteligencia... Y ahora, bueno, han despuntado como líderes militares y políticos también, con esa acción…
PDTE. CHÁVEZ.- …Entonces después estaban nerviosos, porque parece que Baduel amenazó con irse con unos comandos de paracaidistas en helicópteros que tenía allá, a la Orchila, a rescatarme, si yo no aparecía.
CMDTE. EN JEFE.- Tenía un plan ya, lo tenía.
PDTE. CHÁVEZ.- Ah, sí.
CMDTE. EN JEFE.- Tenía el plan de tomar aquello, sí.
PDTE. CHÁVEZ.- Entonces, el Almirante se me acerca y me dice: "Mire, no vaya a firmar nada. Lo más seguro es que venga Baduel a rescatarlo. Si él viene, aquí no va a haber resistencia, aquí nos iremos con él, y parece que vamos a Miraflores" —me dijo el Almirante, el que estaba conmigo desde Turiamo… Y, entonces llegaron cuatro o cinco helicópteros. los de Baduel llegaron, llegaron los de Baduel llenos de paracaidistas de allá de Maracay.
PDTE. CHÁVEZ.- Entonces, vamos a hacer allá, en el comando de los Paracaidistas, donde está Baduel, una rueda de prensa… Entonces les dije que mañana, al mediodía, allá en el comando de Paracaidistas, porque ahora eso se convierte en un símbolo de la contra... Yo le llamo a esto la contra-contrarrevolución.
CMDTE. EN JEFE.- ¡Y de la lealtad y de la audacia, de la inteligencia, de todo ahí!


… Sí. Y (creían) que los soldados iban a combatir entre sí para defender al tipejo ridículo ese que habían puesto ahí en la Presidencia…Creían que iban a morir los soldados e iban a atacar a sus compañeros para esa cosa.

PDTE. CHÁVEZ.- Estaban muy apurados porque yo firmara un documento. Y yo dándoles larga, dándoles larga, hasta que el Almirante me di¬ce: "No vaya a firmar nada, que por ahí como que viene Baduel al rescate." Y entonces, ahí me dieron a mí, pues, los aires de la victoria.


3. Eliezer Otaiza: la matanza planeada


Establecida la verdad histórica del General "indigno de pertenecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", durante el planeado Pinochetazo en Venezuela --por la voz de dos de los máximos próceres latinoamericanos, Fidel Castro y Hugo Chávez-- es la hora de hablar del mayor Eliezer Otaiza. Sobreviviendo milagrosamente a cuatro balazos de FAL durante el levantamiento cívico militar de noviembre, 1992, Hugo Chávez lo hizo jefe de la Dirección de Servicios de Inteligencia Policial (Disip) en el año 2000. En esa capacidad me llamó una noche al Hotel Gabial: hotel de paso inseguro que pagué, porque Miraflores prácticamente nunca ayudó con los gastos durante nuestros trabajos de apoyo a la Revolución -- como tampoco nunca imprimió o pagó un sólo libro de Hugo Chávez y el Socialismo del Siglo 21. Otaiza insistió en hablar urgentemente conmigo. Esta misma noche me llevaron a Fuerte Tiuna y nos reunimos en un rincón oscuro del parque, seguros de no poder ser escuchado. En el diálogo me dijo que habían allanado un centro de operaciones de los golpistas, donde encontraron listas con miles de nombres de chavistas que iban a ser asesinados, desaparecidos o encarcelados por los verdugos del Thermidor. A todos esos miles de víctimas planeadas del pinochetazo, les salvó la vida el General Baduel, arriesgando la suya propia. Pero, hoy día degradado, destituido e "indigno" de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.


4. Preguntas públicas a Wilmar Castro, Alí Rodríguez, Tarek W. Saab y Freddy Bernal


Lo más repugnante de la pérdida de honor y dignidad de las FANB --que por elemental decoro y respeto al Libertador, ya deberían renunciar al epíteto de bolivariano-- es la complicidad de mis ex amigos Wilmar Castro, Alí Rodríguez, Tarek William Saab y Freddy Bernal, entre otros, en la cruel e injustificable persecución y humillación del general, al cual deben su vida. El día del golpe localicé por celular a Wilmar, teniente coronel de la Fuerza Aérea y viejo amigo de Raúl Baduel. Se estaba despidiendo de su familia para refugiarse en la base de Maracay con Raúl. También localicé a Tarek, quién apenas se había salvado del linchamiento por el mob de la derecha. Fracasado el golpe, fui a Caracas y ví a Alí y Freddy. No tengo ninguna duda, de que todos ellos están con vida, porque el General Baduel acabó con el pinochetazo venezolano.


¿Como es posible, entonces, que se callen la boca ante la degradante infamia de Maduro-Cabello-Reverol-Padrino López? ¿Dónde ha quedado la gallardía, la dignidad y el honor del ejército bolivariano venezolano, de Hugo Chávez? ¿Cómo pueden verse en el espejo, siendo cómplices de un lumpen gobierno, que mendiga al imperialismo levantar las sanciones económicas, como reveló el senador gringo Marco Rubio, mientras pisotea la dignidad de los héroes nacionales? Hugo Chávez reprimió al General Baduel injustamente, pero por respecto a su trayectoria y el honor de la institución castrense, jamás hubiera participado en una medida tan vil y rastrera, como la de Maduro.


¿Qué van a decir y que van a hacer mis ex amigos, cuando la dictadura se acaba? Y este fin está cerca, como revela la posposición de la fecha de elecciones a mayo, que no cambia en nada el ejercicio electoral autista, en el cual solo corruptos, pendejos y dependientes participarán.
Llegado el día de la derrota: ¿Con qué cara le van a hablar a sus hijos?

Por: Heinz Dieterich | Domingo, 04/03/2018 06:33 PM |

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El Salvador libera a una mujer condenada a 30 años por aborto


Teodora Vásquez, que fue sentenciada por homicidio agravado, ha cumplido diez años de cárcel

Teodora Vásquez siempre dijo que había sufrido un aborto espontáneo cuando estaba trabajando como limpiadora en un colegio. Un empleado del centro, que halló al feto en los baños, denunció que había sido intencionado y, todavía con la hemorrágia, se la llevaron detenida. Vásquez, que hoy tiene 34 años, fue condenada a 30 años de prisión por el homicidio agravado de su hija en El Salvador, que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier situación. Hoy, tras años de movilización de ONG y activistas de todo el mundo y tras las sucesivas críticas de la ONU, el Gobierno de El Salvador le ha conmutado la pena. Ha cumplido más de una década entre rejas. Una situación en la que —conocidas como "las 17"— aún permanecen más de una treintena de mujeres en el país centroamericano, con una de las legislaciones más restrictivas del mundo.


"Me siento muy contenta de regresar nuevamente con mi familia. Durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos", ha dicho Vásquez visiblemente emocionada a la salida del penal de Ilopango, una cárcel de mujeres y uno de los centros penitenciarios más masificados del país. "Estoy ilusionada por seguir luchando por otras compañeras que están presas injustamente. Sé que mi esfuerzo ha valido la pena y estoy muy contenta por estar de nuevo con mi familia", ha declarado mientras se abrazaba a sus familiares y amigos, que se agolpaban para recibirla. Vásquez tiene un hijo que ha cumplido 14 años al que apenas ha podido ver durante sus años en prisión.


La Corte Suprema de Justicia y del Ministerio de Justicia y Seguridad (CSJ) del país centroamericano no ha precisado en qué fecha decidió la excarcelación de Vásquez, cuyo caso ha visibilizado la situación de las mujeres —sobre todo de las más pobres y vulnerables— en El Salvador. De hecho, hace apenas dos meses, un tribunal de San Salvador ratificó la pena de 30 años de prisión que había dictado en 2008. Sin embargo, en el fallo que dispone su liberación, la CSJ determina de manera unánime que “existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación”. La resolución del juzgado de San Salvador que cumplió con la orden de liberar a Vásquez, indicó también que la Corte consideró que "la prueba científica no permite determinar ninguna acción voluntaria que condujera a la muerte de la criatura que estaba gestando".


El caso de Vásquez, que ha argumentado que sufrió una emergencia obstétrica no atendida y que su juicio, que asistieron activistas y expertos en todo el mundo, estuvo además plagado de irregularidades y ha suscitado una enorme atención internacional. A su última vista asistieron un buen número de ONG y activistas globales que han exigido a El Salvador que revise su legislación sobre el aborto. También la ONU ha reclamado en múltiples ocasiones al Gobierno salvadoreño que modifique la normativa que prevé penas de entre ocho y 50 años de cárcel cuando, como en el caso de Vásquez, se considera homicidio agravado. O al menos que, mientras se abre el debate de la reforma, aplique una moratoria a las penas, como pidió hace unos días la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Agnes Callamard, que ha alertado de que genera muertes arbitrarias atribuibles al Estado.


Con esa presión internacional de fondo y algunos casos similares al de Vásquez, han hecho que el gobernante Frente Farabundo Martí abra el debate sobre la legislación. En octubre de 2016, propuso al Congreso la despenalización del aborto en los casos de violación, riesgo de muerte de la mujer o inviabilidad fetal. Mientras, la oposición ha pedido incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.


"Continuaremos luchando por la revisión de las 30 mujeres encarceladas por las mismas causas”, ha afirmado Morena Herrera, histórica del movimiento feminista americano y una de las líderes de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que ha acompañado a Vásquez desde hace años. "La conmutación de la pena de Teodora es importante porque le permite regresar a su familia; sin embargo, no es suficiente porque no reconoce su inocencia. Es por ello que se realizarán acciones judiciales para demostrar que no cometió ningún delito y se le concedan medidas de reparación para su reinserción en la sociedad”, avisa.


Como El Salvador, otros países como Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta prohíben el aborto en todos los casos. Un veto total que, según distintos estudios, no solo no reduce el número de interrupciones del embarazo sino que las mueve a la clandestinidad y las hace más inseguras; un enorme riesgo de salud pública que provoca cada año miles de muertes.

 

San Salvador / Madrid 15 FEB 2018 - 18:10 COT

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Protesta masiva en Lima contra Kuczynski por el indulto a Fujimori

El caso Odebrecht ahonda la crisis: el presidente y la líder de la oposición declaran ante la fiscalía por su implicación

 

La protesta contra Pedro Pablo Kuczynski por el indulto concedido a Alberto Fujimori crece a medida que pasan los días y aumenta la sangría de apoyos del presidente. Al final de la tarde del jueves, más de 15.000 manifestantes marcharon por las calles del centro de Lima contra el indulto, encabezados por los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas durante el Gobierno de Fujimori por el Grupo Colina, un destacamento del Ejército. Flor Huilca, hija de Pedro Huilca, un dirigente sindical opositor al régimen, asesinado por los Colina, afirmó, con voz turbada en el frontis de Palacio de Justicia: "en este país es difícil conseguir justicia, y ahora Fujimori no está en la cárcel. Yo soy víctima, Pedro Huilca es víctima. No entiendo la decisión de Kuczynski y Mercedes Aráoz".


El Ministerio de Interior rechazó la solicitud para hacer un recorrido de unos cinco kilómetros, del centro hasta Miraflores, y autorizó una ruta más corta que un sector de los manifestantes no conocía. Por ello hubo enfrentamientos entre policías y los estudiantes universitarios que optaron por la ruta larga, y también detenidos. Luego de casi cinco horas de movilización, con gritos de "Fujimori: ladrón y asesino" y "Fuera, fuera, PPK", los manifestantes aún continuaban en una concentración frente a Palacio de Justicia.
Mientras, el avance del caso Odebrecht profundiza la crisis política peruana. El fiscal Hamilton Castro, jefe del equipo especial de investigación para el caso Lava Jato, interrogó durante cuatro horas al presidente Kuczynski acerca de su participación en las empresas Westfield Capital y First Capital, con sede en Estados Unidos, a las que la constructora brasileña Odebrecht contrató entre los años 2004 y 2013 para servicios de asesoría. A la misma hora, Keiko Fujimori, la presidenta del partido Fuerza Popular (que hasta el viernes pasado era la mayoría opositora), respondía en una fiscalía de lavado de activos por los supuestos aportes que recibió de Odebrecht en la campaña electoral de 2011 y otros fondos supuestamente recaudados mediante “rifas y cocteles” ese mismo año y en 2006.


El exbanquero de inversión fundó Westfield Capital en 1992. La firma recibió de Odebrecht, entre 2004 y 2007, 782,207 dólares por reembolsos, comisión fija y dos asesorías financieras. Kuczynski fue ministro de Economía del Gobierno de Alejandro Toledo entre 2004 y 2005, y luego primer ministro hasta julio de 2006. En ese período, la empresa Odebrecht se hizo de la concesión para construir la carretera Interoceánica Sur, una obra que terminó de construirse luego de sobrevaloración y cuestionamientos técnicos de la Contraloría.


Por otra parte, First Capital fue creada por el socio de Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, y consigna el mismo domicilio que Westfield. El presidente declaró la semana pasada en mensajes televisados y en el Congreso, durante la sesión del jueves 21 que debatió su destitución, que cuando asumió como ministro delegó las operaciones al gestor Sepúlveda y que no se enteró de los contratos de su empresa con Odebrecht.


La empresa brasileña aclaró en una carta que los servicios prestados por ambas empresas están en la contabilidad legal de Odebrecht, y no en el Departamento de Operaciones Estructuradas, el área encargada de los sobornos a políticos y funcionarios en América Latina y África para obtener concesiones, contratos y arbitrajes a su favor.
La lista de pagos de Odebrecht fue difundida por parlamentarios de Fuerza Popular hace dos semanas y condujo al debate de destitución presidencial. Kuczynski la evitó con los votos del congresista Kenji Fujimori y otros nueve parlamentarios fujimoristas disidentes que buscaban el rápido indulto del autócrata Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.


Esta no ha sido la primera citación por el caso llamado ‘fujicocteles’ para la hija mayor de Fujimori. Sin embargo, por primera vez responderá a las autoridades sobre la anotación del ex presidente ejecutivo de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en su móvil: “Aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita” (Aumentar 500 a Keiko y la visitaré).
El 7 de diciembre pasado el fiscal José Domingo Pérez allanó dos locales de Fuerza Popular para recoger documentación sobre las campañas electorales 2011 y 2016 y, posteriormente, hizo lo mismo en el Organismo Nacional de Procesos Electorales, el ente al que los partidos políticos deben reportar por ley los detalles de sus fondos utilizados en las campañas electorales. La hipótesis de Pérez es que el fujimorismo preparó una contabilidad paralela, y que las supuestas rifas y cócteles que reportan como medios para recaudar dinero esconden la procedencia real del dinero.


El caso ya se ha llevado por delante a dos expresidentes: Toledo, para quien el fiscal Castro prepara un cuadernillo de extradición que debe entregar en breve a Estados Unidos, debido a que presuntamente recibió 20 millones de dólares en sobornos, y Ollanta Humala, en prisión preventiva desde julio por supuestamente haber recibido tres millones de dólares de Odebrecht para las campañas electorales de 2006 y 2011. De todos los investigados –incluidos Alan García y la exalcaldesa Susana Villarán– estos dos son los más débiles, sin partido político ni una red que los defienda en su país.


Mientras, precisamente esta semana, el juez Richard Concepción Carhuancho, uno de los pocos magistrados populares entre los peruanos, que dictó la orden de captura contra Toledo en febrero y la prisión preventiva contra Humala y su esposa Nadine Heredia, quedó fuera del caso Odebrecht, luego de una resolución de cambios en el Poder Judicial, lo que allana el camino para un cambio en las decisiones judiciales sobre este caso que está devorando la política peruana.


Las reacciones internacionales contra el indulto a Fujimori continuaron la mañana de este jueves. "Es el mayor revés para el Estado de derecho en Perú: un indulto humanitario concedido a un condenado por serios delitos luego de un juicio justo, cuya culpabilidad no está en cuestión y que no cumple los requisitos legales para un perdón", ha cuestionado un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas desde Ginebra.


En tanto, Kuczynski ha anunciado que está preparando con la primera ministra Mercedes Aráoz un “gabinete de reconciliación”, y los congresistas puente entre el oficialismo y el fujimorismo lanzan nombres de líderes de Fuerza Popular que se sumarían al Ejecutivo para seguir concretando la nueva alianza política.

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Jueves, 12 Octubre 2017 06:06

Prófugos pero bendecidos

Prófugos pero bendecidos

Dos presos que almorzaban con Francisco en Bologna aprovecharon para fugarse. Ocurrió el 1º de octubre. Recién se supo ahora: los buscan en toda Italia.

 

La visita del papa Francisco a Bolonia quedará en el recuerdo por un hecho curioso que se conoció hoy, diez días después del paso del pontífice argentino por esa ciudad del norte de Italia. Dos reclusos de origen napolitano se fugaron durante el almuerzo que el Papa compartía con los reclusos.


Ocurrió en la basílica de Santo Petronio, en Bolonia, donde Jorge Bergoglio ofició misa. Un rato antes, compartió la mesa del almuerzo con veinte detenidos en la casa de Trabajo y Reclusión de Castelfranco Emilia, en Módena, donde se aloja a presos para la reinserción social. Allí drogadictos en recuperación y detenidos considerados socialmente peligrosos. A ese segundo grupo pertenecían los evadidos.


¿Cómo se produjo el escape? Al parecer, aprovecharon un descuido de los guardias mientras compartían el almuerzo con el jefe de la Iglesia Católica. Los reos aprovecharon su condición de un régimen de encarcelamiento abierto en la cárcel de Módena, de donde los llevaron a Bolonia para el encuentro con el Papa.


Según se informó, los detenidos tienen informes negativos en su estadía en la cárcel y cuando los guardias se percataron de su ausencia, no informaron a Francisco ni alteraron la agenda de la visita papal. Habían llegado a Bolonia junto a un capellán, varios voluntarios de una parroquia y un pequeño grupo de guardias.


Bergoglio se fue al estadio de la ciudad, donde cerró la visita a Bolonia con un encuentro ante 40 mil personas. Mientras, y con sigilo, comenzaba la búsqueda de los fugitivos: son buscados por la Policía, que ayer se presentó en la Curia, en Vía Altabella, para pedir información a la jerarquía eclesiástica. Ayer, la policía se presentó ante la curia de Bolonia para pedir información.


No es la primera vez que Bergoglio acostumbra reunirse con presos. De hecho, no es el primer pontífice en hacerlo: ya lo había hecho Juan XXIII, el Papa del Concilio Vaticano II. Desde Roma, se informó que Francisco seguirá teniendo este tipo de actividades.


El Vaticano informó que el papa Francisco presta una atención especial a la situación de los presos, y acostumbra a reunirse con grupos de reos durante sus viajes dentro y fuera de Italia. Y que a pesar de este hecho, no dejará de hacerlo.

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La justicia peruana ordena la prisión de Ollanta Humala por el caso Odebrecht

El expresidente y su esposa son acusados de lavado de activos. La pareja, sentenciada a 18 meses de prisión preventiva, pasará la noche en las dependencias del Poder Judicial

Dos días después de presentado el pedido fiscal, el juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente peruano Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. A ambos se los acusa de los delitos de lavado de activos, por los aportes que el Partido Nacionalista recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011, en las que Humala se postuló.


Posteriormente, Concepción Carhuancho ordenó su captura nacional e internacional. Pero no hizo falta que Humala y Heredia fueran detenidos por las autoridades. Durante toda la tarde, permanecieron en su residencia del distrito de Surco, siguiendo los pormenores de la audiencia que resolvió su suerte. Conocida la decisión del juez, salieron juntos de su hogar y se dirigieron al Palacio de Justicia del centro de Lima, para entregarse. Pasarán esta primera noche en la carceleta del Poder Judicial, mientras esperan que se resuelva a qué establecimiento penitenciario serán conducidos definitivamente.


En el trayecto, ambos tuvieron tiempo para publicar sus reacciones en sus cuentas de Twitter. Humala escribió: "Esta es la confirmación del abuso del poder, al que nosotros le haremos frente, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todos". Poco antes, Heredia había dicho: "A pesar de la arbitrariedad estamos aquí, confiamos en que esta decisión se va a revertir por ser de justicia. ¡Confiamos en nuestro país!".


El pedido de prisión fue presentado por el fiscal provincial Germán Juárez Atoche. Lo respaldó en elementos aparecidos recientemente en el caso, como las declaraciones de Jorge Barata, exrepresentante de Odebrecht en Perú. Según afirmó a un grupo de fiscales que viajaron a Brasil para interrogarlo, a mediados de 2010 recibió una llamada en la que Marcelo Odebrecht le ordenaba realizar donaciones para la campaña electoral nacionalista. Estas fueron solicitadas expresamente por el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, cuya caja común con el gigante brasileño de la construcción estaba a cargo del entonces ministro de Hacienda, Antonio Palocci, conocido como El Italiano. A Humala le hacían falta recursos para enfrentarse a rivales como Keiko Fujimori, Alejandro Toledo o el ahora presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski.


La versión de Barata fue confirmada por el propio Marcelo Odebrecht, quien declaró a la justicia: «el Grupo Odebrecht, a pedido de Antonio Palocci Filho, habría enviado, a través del Departamento de Operaciones Estructuradas [la dependencia de Odebrecht encargada de administrar los sobornos], tres millones de dólares al candidato a la Presidencia del Perú Ollanta Humala».


Las actuaciones de la justicia no han estado exentas de críticas. Se argumenta por ejemplo que el fiscal Juárez Atoche se ha tomado casi tres años de investigación sin formular acusación y que los hechos no parecen cumplir los requisitos para configurar lavado de activos, pues los dineros no serían de origen ilícito. A pesar de ello, en su resolución, el juez Concepción Carhuancho afirmó que ha llegado a la convicción de que existen elementos del delito, que se puede presumir que hay una perturbación de las pruebas, que el peligro de fuga no es ajeno a Humala y Heredia, y que la medida es proporcional.


Ollanta Humala pasa así a ser el segundo mandatario peruano en prisión, luego de que Alberto Fujimori fuera extraditado de Chile en septiembre de 2007, para ser procesado y condenado por delitos de corrupción y violación a los derechos humanos. También se encuentra en líos con la justicia el expresidente Alejandro Toledo Manrique, contra quien pesa una orden de prisión preventiva de 18 meses, por haber recibido 20 millones de dólares de Odebrecht, para favorecerla en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, que enlaza Perú y Brasil. Toledo se encuentra en los Estados Unidos, en condición de prófugo de la justicia, a la espera de que un proceso de extradición en su contra se resuelva.


Como explicó Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, luego de resolver el pedido de prisión preventiva, el juez deberá remitir un oficio al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), que se encargará de evaluar adónde recluye a la otrora pareja presidencial. Se especula que, por tratarse de un expresidente, el destino de Humala sería la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde ya está recluido Fujimori. Nadine Heredia sería enviada al penal de Chorrillos, el único en Lima que alberga a mujeres.

 

Lima 14 JUL 2017 - 03:50 COT

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Miércoles, 05 Julio 2017 06:51

Temer se deprime con razón

Temer se deprime con razón

A la prisión de su ladero Guedel Vieira Lima se suma el inicio de las sesiones de la comisión responsable de analizar la denuncia de corrupción redactada por la Procuraduría General de la República, que puede derivar en su separación del cargo.

 

La depresión presidencial. En el Congreso ayer se hablaba tanto del desánimo de Michel Temer debido a la prisión de su lugarteniente Guedel Vieira Lima como del inicio de las sesiones de la comisión responsable de analizar la denuncia de corrupción redactada por la Procuraduría General de la República que puede derivar en su separación del cargo. “Se dice que está en un pozo depresivo, y creo que eso puede ser cierto, él sabe que si Guedel Vieria Lima habla le traerá enormes problemas. Guedel tiene mucha información. Fue su ministro y uno de los hombres que negociaba los pagos ilegales. Hoy Temer está amenazado de ser delatado por todas partes. Escuché que hablarían desde el señor de las maletas ( el ex asesor Rocha Loures, que cobraba dinero de un frigorífico) hasta Eduardo Cunha que está preso”, declaró el senador Paulo Paim, del Partido de los Trabajadores, a este diario.


Las noticias judiciales y los rumores sobre el ánimo presidencial contaminaron las deliberaciones en la Comisión de Constitución y Justicia, donde el diputado Sergio Zveiter fue elegido como instructor del proceso que puede decidir el futuro del gobierno. Esa nominación fue una victoria para el oficialismo ya que Zveiter pertenece al Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que tiene entre sus miembros al denunciado Temer y a los presos Eduardo Cunha, en Paraná, y Vieira Lima, en Brasilia.


Ante las críticas sobre su falta de imparcialidad para juzgar a un correligionario como es Temer, Zveiter alegó “mi compromiso es con Brasil y con la Cámara de Diputados (..) quien anda con Dios no le tema a nada”. Argumento de resonancias religiosas similares al invocado la semana pasada por el presidente cuando se preguntó “¿no sé cómo Dios me colocó aquí?”. La respuesta es menos celestial que la pregunta.


Temer llegó al Palacio del Planalto a caballo de un golpe que derrocó a la electa Dilma Rousseff orquestado por los mismos parlamentarios que ahora nombraron a Zveiter en la Comisión de Constitución y Justicia para garantizar sobrevida a una administración moribunda.


El próximo paso será la presentación de la defensa de Temer que, según anticiparon ayer sus abogados, podría ocurrir este miércoles, y a partir del ingreso de la misma a la Comisión el relator tendrá cinco sesiones para presentar su parecer.


La prisa responde a la estrategia de terminar cuanto antes con este calvario que está desgastando a un gobernante cuya aprobación se redujo al 7 por ciento según una encuesta de Datafolha del mes pasado en la cual el 76 por ciento demandó su renuncia debido, entre otros motivos, al escándalo por el presunto cobro de sobornos del frigorífico JBS entregados a través del “maletero” Rodrigo Rocha Loures, que desde la semana pasada está en prisión domiciliaria. Allegados al procesado Rocha Loures dijeron que él también estaría deprimido.


El procurador general de la República Rodrigo Janot acusó a Temer y su ex consejero Rocha Loures de corrupción, y pidió la separación del cargo del gobernante basado en grabaciones y videos bastante elocuentes. Especialmente un audio entre Temer y el empresario arrrepentido Joesley Batista, propietario del frigorífico JBS. Esta fue la primera denuncia del procurador que el sábado declaró tener más “flechas” prontas para ser disparadas en el momento oportuno, que serían una imputación por “obstrucción de la justicia” y otra por “asociación ilícita”.


La Constitución establece que las imputaciones de la Procuraduría sean analizadas por la Comisión de Constitución y Justicia antes de pasar al Plenario para que se autorice la apertura de un juicio se necesita el apoyo de 342 de los 513 diputados. Recién entonces el caso pasará al Supremo Tribunal Federal y el presidente será obligado a tomar una licencia de 180 días. Esa mayoría especial de 342 diputados sería casi inalcanzable para los adversarios del gobierno encabezados por el PT, con una bancada de menos de setenta miembros. Ocurre que las sucesivas revelaciones sobre la gavilla liderada por Temer causaron fracturas en el coalición gobernante formada por el PMDB y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del ex presidente Fernando Henrique Cardoso.


Varios diputados del PSDB ya anunciaron que votarán por la apertura del proceso en rebeldía con la cúpula del PSDB, cuyo presidente Aécio Neves, debió licenciarse del cargo al ser denunciado por cobrar dinero de JBS, plata que también fue entregada en una maleta. Y mientras el Planalto puja para terminar con esta sangría la táctica del procurador Janot es la de retrasar la presentación de futuras acusaciones, para alargar la penuria y la depresión de Temer y , en paralelo, apostar a las eventuales confesiones de los cómplices.


En esa misma línea, la de prolongar el proceso, trabajan los opositores PT y Partido Socialismo y Libertad cuyos diputados ayer anticiparon que pedirán que la Comisión de Constitución y Justicia cite al recién apresado Vieria Lima, el ex consejero Rocha Loures y el empresario Batista

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Jueves, 18 Mayo 2017 08:10

Liberan a un líder boricua

(Imagen: EFE)

 

OSCAR LÓPEZ RIVERA, 30 AÑOS PRESO EN EE.UU.

 

El independentista puertorriqueño, Óscar López Rivera (foto), quedó ayer en libertad tras más de 30 años encarcelado, de los que purgó algo más de tres meses bajo arresto domiciliario en San Juan y lo primero que declaró al salir es su deseo de luchar y trabajar.

“Mi espíritu, dignidad y mi honor están mucho más incólumes hoy que el día que entré a prisión”, fueron sus primeras palabras a los medios de comunicación. López, de 74 años, acudió al Tribunal Federal de la capital puertorriqueña donde se le retiró un aparato electrónico con el que controlaban sus movimientos y firmó la documentación precisa.

En enero recibió el perdón del entonces presidente estadounidense Barack Obama, tras más de 30 años en la cárcel en Estados Unidos, y se le permitió regresar a Puerto Rico para cumplir la última parte bajo confinamiento domiciliario. Fuentes cercanas a la familia indicaron que tras su paso por el Tribunal, llevarán a López a ver el mar.

En sus declaraciones realizadas a la prensa en la residencia de su hija, dijo que sale de prisión dispuesto a luchar y trabajar. El líder nacionalista fue agasajado a su salida de la casa por un coro del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), en huelga desde hace seis semanas por los recortes impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a la institución, y coreado a los gritos de “Libre, Oscar libre”.

López animó a los estudiantes a continuar la lucha y hacer todo lo posible para protegerla. “Necesitamos querer para poder salir adelante de la crisis. Hay que defender la patria”, sentenció. Además, expresó que el de Puerto Rico es “un pueblo con amor en los corazones” y añadió que descree del “sectarismo”.

“La felicidad que siento quiero compartirla con todos los boricuas. Esta ha sido la lucha de ustedes, amantes de la libertad, que han hecho posible que hoy esté aquí”, agregó.

El independentista, nacido el 6 de enero de 1943, fue acusado de conspiración por la justicia estadounidense tras ser vinculado con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico (FALN), una organización que luchaba por la independencia de la isla, territorio convertido en colonia del gobierno de Estados Unidos desde 1898. López Rivera permaneció 12 años en prisión solitaria y sin contacto con el exterior ni con sus familiares.

 

 

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Decreto que suspende órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados atenta contra las víctimas y sus derechos a la justicia y la verdad

La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz– JEP, está significando menos garantías para las víctimas de crímenes de Estado y más beneficios sin contraprestaciones para los victimarios agentes de la Fuerza Pública. Este tratamiento ha pasado de ser diferencial a ser preferencial.

 

1.- El 3 de mayo de 2017, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el Acto Legislativo 01 de 2016, los ministerios de Defensa y de Justicia promulgaron el decreto 706 de 2017 “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, el cual prevé la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o suspensión de la medida de aseguramiento para miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2.- Según la exposición de motivos esta disposición busca garantizar un tratamiento diferenciado pero equitativo, recogiendo preocupaciones del Fiscal General de la Nación por el hecho de que a los guerrilleros les fueran suspendidas las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento, mientras que a los integrantes de la Fuerza Pública no. El Acuerdo Final reconoce un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado teniendo en cuenta su calidad de garante, pero comopuede apreciarse, equitativo para el Fiscal supone una operación matemática según la cual los beneficios para unos deben otorgarse en igual medida a otros. Sin embargo, desconoce un elemento transversal a la aplicación de medidas diferenciales como lo es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica. Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de la población, atentan deliberadamente contra esta.

3.- Tampoco puede ser simétrico o equitativo que se apliquen estas medidas a agentes de la Fuerza Pública que como vimos tienen mayor responsabilidad y que tras su aplicación quedarían en libertad, frente a los integrantes de las FARC, de quienes se sabe, se encuentran en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, bajo observación del mecanismo de monitoreo. También constituye una contradicción con la Ley 1820 del 2016 que regula las amnistías, indultos y otros tratamientos especiales, en la cual se disponía que las libertades de los miembros de la fuerza pública procesados por delitos graves sólo podían hacerse efectivas de manera transitoria y condicionada, cuando hubieren cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, bien sea porque se encontraban condenados o porque pesaba en su contra una medida de aseguramiento. La misma ley prevé que en caso contrario deberían seguir privados de la libertad y no suspender las medidas como contradictoriamente lo establece el decreto 706 de 2017.

4.- De otro lado, suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad

5.- Respecto de la suspensión de las medidas de aseguramiento, la norma olvida que la adopción de éstas, por su naturaleza restrictiva de los derechos del procesado (especialmente el derecho a la libertad) son de aplicación excepcional y, por mandato legal, sólo operan en circunstancias como la protección del proceso, la sociedad y las víctimas. Es claro que las medidasde aseguramiento cuando son utilizadas por los operadores judiciales de forma responsable, ponen el acento en la protección de la sociedad y las víctimas, de manera que, al ser revocadas o suspendidas, es a ellas a quienes se está afectando. En últimas, cada vez se ratifica la vulneración a las victimas de agentes de estado, como acertadamente lo manifestó ToddHowland Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia: “consideraciones políticas y de beneficios en materia de justicia para los victimarios ocupan en la actualidad la atención pública y se les está dando mayor prioridad en los debates, en lugar de poner la atención en la realidad que viven ocho millones de víctimas”.

6.- Ni el decreto en mención, ni la Ley 1820 de 2016 establecen frente a estos beneficios, el derecho a la información, ni la posibilidad de participación e intervención de las víctimas o sus representantes, que se predican centrales en el SIVJRNR, ni siquiera tratándose de crímenes internacionales que serían de competencia de la JEP como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, genocidio, sobre los cuales el Decreto 706 de 2017 no establece excepciones.

7.- Es preocupante, que el decreto 706 de 2017 impulsado por el Fiscal General de la Nación desestimula la labor de los fiscales en todo el territorio nacional para continuar con las investigaciones que les corresponde, que no cesa hasta que la JEP solicite los procesos, y que además constituye una obligación internacional para el Estado colombiano y un compromiso ético entre las partes, previsto en el acuerdo, de no intercambiar impunidades.

8.-Estas disposiciones legales pretenden configurar una política más amplia para asegurar que los instrumentos del SIVJRNR garanticen la impunidad de los crímenes de Estado y de sus cómplices. En ese orden de ideas, puede apreciarse la definición que trae el acto legislativo 01 de 2017 sobre la responsabilidad de mando en el artículo 24 y sobre la responsabilidad de terceros en el artículo 16, que desconocen flagrantemente estándares internaciones fijados en el Estatuto de Roma. Lo mismo podría decirse del decreto 502 del 27 de marzo de 2017 a través del cual se nombró al Ministro de Defensa o su delegado para integrar la junta directiva del Centro de Memoria Histórica, con lo cual no solo queda en duda la independencia de este organismo sino que demuestra las prioridades del Estado en la construcción de narrativas que desvirtúen la existencia de la criminalidad estatal.

9.- Las organizaciones y plataformas de derechos humanos firmantes reiteramos nuestra preocupación por el contenido de varias disposiciones previstas en las leyes y decretos que se han promulgado en el transcurso del proceso de implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz, que responden a la presión que vienen ejerciendo las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa para materializar una legislación favorable a la impunidad de sus crímenes, y que en su conjunto constituyen una autoamnistía que provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional. Al día de hoy se aprecia una disminución de las garantías para las víctimas y un aumento desmedido de beneficios para los victimarios sin la adopción de contrapesos para su otorgamiento. Esto es particularmente visible en las medidas de tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública que se ha convertido en un tratamiento preferencial y privilegiado.

10.- A las autoridades judiciales les recomendamos recordar que el principio de integralidad de las medidas del Sistema implica que, al momento de resolver estas peticiones respecto de crímenes graves, en primer lugar se establezca si estos tienen relación con el conflicto o si por el contrario son crímenes de violencia sociopolítica y de persecución masiva y sistemática al movimiento social, que están por fuera de la confrontación armada, y en segundo lugar, no se otorguen beneficios más favorables a los ya establecidos en la ley 1820 de 2016.

Bogotá, 5 de mayo de 2017

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEUU
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Corporación Juridica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Escuela Nacional Sindical – ENS
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos – GIDH
Corporación REINICIAR
dhColombia
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP
Centro de Estudios Juan Gelman
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Asociación Minga
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Análisis Urbano
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Asociación de Vivienda EMECE
La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – Asovisna
Asociación Campesina de San José de Apartadó – Acasa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Fundación Sumapaz
HIJOS E HIJAS por la Memoria y contra la Impunidad
Coorporación para el Desarrollo Regional
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje cafetero Voces unidas exigiendo justicia
Asociación medio ambiente y desarrollo Enda América Latina-Colombia
Migrantes y Exiliados colombianos por la Paz MECoPa Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Mesa Psicosocial
Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES
Colectivo 16 de mayo
Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ
Grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado Vida Memoria y Dignidad
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara
Ángela María Robledo, Representante a la Cámara
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
SINTRAEMSDES
H.I.J.O.S Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Asociación Paz con Dignidad (España)
Comunidades Construyendo Paz – Conpaz
MOVICE Capítulo España
Unión Sindical Obrera – USO
Equipo Interdisciplinario Forense de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial
Ceac

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Israel no va a negociar con cientos de prisioneros palestinos en huelga de hambre

La convocatoria de una huelga de hambre indefinida por parte de los prisioneros palestinos crea una situación volátil que puede complicarse si llega viva al mes de ramadán en junio. Las autoridades israelíes dicen que no negociarán y esperan que el presidente Mahmud Abás resuelva por su cuenta el problema.


JERUSALÉN

El ministro para la Seguridad Interior de Israel, Guilad Erdan, ha declarado que las autoridades israelíes no van a negociar con los centenares de prisioneros palestinos que el lunes se declararon en huelga de hambre indefinida para mejorar las condiciones de vida en las cárceles israelíes.


“No tenemos ningún motivo para negociar”, ha dicho Erdan taxativamente. “Son terroristas y asesinos que están recibiendo lo que se merecen”, ha añadido el ministro poco antes de que el jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu, se expresara en términos similares.


Según las autoridades penitenciarias, unos 1.200 reclusos se han sumado hasta ahora a la huelga, mientras que los palestinos dicen que su número supera los 1.500 y sigue creciendo. En las cárceles israelíes hay unos 6.500 palestinos, de los que 32 son mujeres y 300 son menores. Además hay unos 500 ‘detenidos administrativos’ que no han sido juzgados y que incluso no saben de qué se les acusa.


La huelga de hambre se puso en marcha el lunes después de unos preparativos de varias semanas. El artífice de la protesta es Marwan Barghouti, de 57 años, uno de los líderes de Fatah más populares, al que las encuestas consideran mejor situado para sustituir al presidente Mahmud Abás en el caso de que se convoquen elecciones, lo que sin duda no va a ocurrir a corto plazo.


Las demandas de los reclusos son variadas e incluyen poner fin a las detenciones administrativas, acabar con el aislamiento de prisioneros como medida de castigo, instalar teléfonos de pago en todas las galerías para que los reclusos puedan hablar con sus familias, permitir las visitas de las familias con mayor frecuencia, es decir al menos dos veces al mes, mejorar el servicio médico que reciben los detenidos y facilitar los estudios por correspondencia de los reclusos que deseen cursar estudios.


El mismo lunes las autoridades penitenciarias recluyeron a Marwan Barghouti en una celda de aislamiento. El ministro Erdan justificó la medida diciendo que el más popular de los prisioneros palestinos ha infringido las normas al convocar una huelga y debe recibir el castigo correspondiente.


El presidente Abás ve en Barghouti al único rival que realmente podría competir con él en el caso de que se convocaran elecciones, pero al mismo tiempo no puede eludir su apoyo a la huelga de hambre ya que se trata de una iniciativa muy popular entre los palestinos de todo signo político, incluidos los de Hamás.


En medios políticos israelíes se comenta que Netanyahu espera que Abás ponga orden y termine con la huelga antes de principios de mayo, cuando el presidente palestino tiene que viajar a Washington para reunirse con Donald Trump y hablar del proceso de paz. Netanyahu cree que Abás no viajará a la Casa Blanca sin haber resuelto ese problema.
Mientras Netanyahu deposita la responsabilidad de la huelga en Abás, este se ve obligado a decir públicamente que la apoya aunque no tenga el menor interés que en que Barghouti saque algún provecho de la protesta.


Barghouti fue arrestado en 2002, en el transcurso de la segunda intifada, y se le juzgó y condenó por la muerte de cinco israelíes en los territorios palestinos ocupados. Entonces Barghouti dirigía unas milicias de Fatah muy populares en toda Cisjordania.


Políticamente, Barghouti es partidario de alcanzar un acuerdo de paz con Israel que permita a los palestinos establecer un estado en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, su opinión es que Israel no tiene ningún interés en firmar la paz y que solo desea expandir más y más las colonias judías, de manera que a los palestinos solo les queda la opción de la lucha armada.


Otro de los más famosos prisioneros es Ahmad Saadat, secretario general de Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), quien durante la segunda intifada ordenó la muerte del ministro israelí Rehavam Zeevi en un hotel del sector ocupado de Jerusalén, en venganza por la muerte del anterior secretario general de FPLP un poco antes.


Netanyahu y muchos de sus ministros han mostrado en sus últimas horas su malestar porque el New York Times publicara el domingo un artículo de Barghouti explicando los motivos de la huelga de los prisioneros palestinos, donde decía que la huelga de hambre es “la forma más pacífica de resistencia” que pueden practicar los palestinos.


Si la huelga se prolonga indefinidamente no solo creará problemas a Abás sino también a Netanyahu, quien confía en que los medios de comunicación occidentales dediquen más atención a la crisis siria que a los reclusos palestinos.
Este tipo de huelgas siempre crean situaciones volátiles e imprevisibles que en un momento dado pueden complicar la situación en una dirección no prevista, máxime cuando dentro de algunas semanas comenzará el mes de ramadán. Si la huelga llega viva hasta ramadán, es posible que la situación se escape a cualquier control.


De los 6.500 prisioneros palestinos, 3.000 pertenecen a Fatah, 2.000 a Hamás, 500 a la Yihad Islámica, 300 al Frente Popular para la Liberación de Palestina y 200 al Frente Democrático para la Liberación de Palestina. El resto pertenecen a facciones más pequeñas o son independientes.

 

18/04/2017 19:31 Actualizado: 19/04/2017 07:00
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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