Decreto que suspende órdenes de captura contra miembros de la Fuerza Pública procesados atenta contra las víctimas y sus derechos a la justicia y la verdad

La implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz– JEP, está significando menos garantías para las víctimas de crímenes de Estado y más beneficios sin contraprestaciones para los victimarios agentes de la Fuerza Pública. Este tratamiento ha pasado de ser diferencial a ser preferencial.

 

1.- El 3 de mayo de 2017, en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el Acto Legislativo 01 de 2016, los ministerios de Defensa y de Justicia promulgaron el decreto 706 de 2017 “por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y se dictan otras disposiciones”, el cual prevé la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura y la revocatoria o suspensión de la medida de aseguramiento para miembros de la Fuerza Pública por delitos cometidos con ocasión, en relación directa o indirecta con el conflicto armado interno.

2.- Según la exposición de motivos esta disposición busca garantizar un tratamiento diferenciado pero equitativo, recogiendo preocupaciones del Fiscal General de la Nación por el hecho de que a los guerrilleros les fueran suspendidas las órdenes de captura y las medidas de aseguramiento, mientras que a los integrantes de la Fuerza Pública no. El Acuerdo Final reconoce un tratamiento equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico a los agentes del Estado teniendo en cuenta su calidad de garante, pero comopuede apreciarse, equitativo para el Fiscal supone una operación matemática según la cual los beneficios para unos deben otorgarse en igual medida a otros. Sin embargo, desconoce un elemento transversal a la aplicación de medidas diferenciales como lo es la posición de garante que ocupan los miembros de la Fuerza Pública respecto de los ciudadanos, lo que implica que si cometen un delito, la sanción debe ser más drástica. Lo anterior no es un capricho de las organizaciones de derechos humanos, ni mucho menos del legislador o el constituyente, sino un estándar internacional y constitucional, que tiene por finalidad diferenciar el grado de las responsabilidades de quienes teniendo la función de proteger los derechos de la población, atentan deliberadamente contra esta.

3.- Tampoco puede ser simétrico o equitativo que se apliquen estas medidas a agentes de la Fuerza Pública que como vimos tienen mayor responsabilidad y que tras su aplicación quedarían en libertad, frente a los integrantes de las FARC, de quienes se sabe, se encuentran en Zonas Veredales Transitorias de Normalización, ZVTN, bajo observación del mecanismo de monitoreo. También constituye una contradicción con la Ley 1820 del 2016 que regula las amnistías, indultos y otros tratamientos especiales, en la cual se disponía que las libertades de los miembros de la fuerza pública procesados por delitos graves sólo podían hacerse efectivas de manera transitoria y condicionada, cuando hubieren cumplido cinco años de privación efectiva de la libertad, bien sea porque se encontraban condenados o porque pesaba en su contra una medida de aseguramiento. La misma ley prevé que en caso contrario deberían seguir privados de la libertad y no suspender las medidas como contradictoriamente lo establece el decreto 706 de 2017.

4.- De otro lado, suspender las órdenes de captura de los agentes de la Fuerza Pública no supone un tratamiento diferenciado sino un beneficio arbitrario a quienes deliberadamente nunca comparecieron al proceso penal o decidieron ser prófugos de la justicia. Es incluso una medida que vulnera el principio de igualdad entre los propios integrantes de la Fuerza Pública que están efectivamente privados de la libertad

5.- Respecto de la suspensión de las medidas de aseguramiento, la norma olvida que la adopción de éstas, por su naturaleza restrictiva de los derechos del procesado (especialmente el derecho a la libertad) son de aplicación excepcional y, por mandato legal, sólo operan en circunstancias como la protección del proceso, la sociedad y las víctimas. Es claro que las medidasde aseguramiento cuando son utilizadas por los operadores judiciales de forma responsable, ponen el acento en la protección de la sociedad y las víctimas, de manera que, al ser revocadas o suspendidas, es a ellas a quienes se está afectando. En últimas, cada vez se ratifica la vulneración a las victimas de agentes de estado, como acertadamente lo manifestó ToddHowland Representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia: “consideraciones políticas y de beneficios en materia de justicia para los victimarios ocupan en la actualidad la atención pública y se les está dando mayor prioridad en los debates, en lugar de poner la atención en la realidad que viven ocho millones de víctimas”.

6.- Ni el decreto en mención, ni la Ley 1820 de 2016 establecen frente a estos beneficios, el derecho a la información, ni la posibilidad de participación e intervención de las víctimas o sus representantes, que se predican centrales en el SIVJRNR, ni siquiera tratándose de crímenes internacionales que serían de competencia de la JEP como ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, tortura, violencia sexual, genocidio, sobre los cuales el Decreto 706 de 2017 no establece excepciones.

7.- Es preocupante, que el decreto 706 de 2017 impulsado por el Fiscal General de la Nación desestimula la labor de los fiscales en todo el territorio nacional para continuar con las investigaciones que les corresponde, que no cesa hasta que la JEP solicite los procesos, y que además constituye una obligación internacional para el Estado colombiano y un compromiso ético entre las partes, previsto en el acuerdo, de no intercambiar impunidades.

8.-Estas disposiciones legales pretenden configurar una política más amplia para asegurar que los instrumentos del SIVJRNR garanticen la impunidad de los crímenes de Estado y de sus cómplices. En ese orden de ideas, puede apreciarse la definición que trae el acto legislativo 01 de 2017 sobre la responsabilidad de mando en el artículo 24 y sobre la responsabilidad de terceros en el artículo 16, que desconocen flagrantemente estándares internaciones fijados en el Estatuto de Roma. Lo mismo podría decirse del decreto 502 del 27 de marzo de 2017 a través del cual se nombró al Ministro de Defensa o su delegado para integrar la junta directiva del Centro de Memoria Histórica, con lo cual no solo queda en duda la independencia de este organismo sino que demuestra las prioridades del Estado en la construcción de narrativas que desvirtúen la existencia de la criminalidad estatal.

9.- Las organizaciones y plataformas de derechos humanos firmantes reiteramos nuestra preocupación por el contenido de varias disposiciones previstas en las leyes y decretos que se han promulgado en el transcurso del proceso de implementación legislativa del Acuerdo Final de Paz, que responden a la presión que vienen ejerciendo las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa para materializar una legislación favorable a la impunidad de sus crímenes, y que en su conjunto constituyen una autoamnistía que provocaría la intervención de la Corte Penal Internacional. Al día de hoy se aprecia una disminución de las garantías para las víctimas y un aumento desmedido de beneficios para los victimarios sin la adopción de contrapesos para su otorgamiento. Esto es particularmente visible en las medidas de tratamiento diferencial para los miembros de la Fuerza Pública que se ha convertido en un tratamiento preferencial y privilegiado.

10.- A las autoridades judiciales les recomendamos recordar que el principio de integralidad de las medidas del Sistema implica que, al momento de resolver estas peticiones respecto de crímenes graves, en primer lugar se establezca si estos tienen relación con el conflicto o si por el contrario son crímenes de violencia sociopolítica y de persecución masiva y sistemática al movimiento social, que están por fuera de la confrontación armada, y en segundo lugar, no se otorguen beneficios más favorables a los ya establecidos en la ley 1820 de 2016.

Bogotá, 5 de mayo de 2017

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE
Coordinación Colombia Europa Estados Unidos – CCEEUU
Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo – Cajar
Corporación Juridica Libertad – CJL
Comité de Solidaridad con Presos Políticos – CSPP
Escuela Nacional Sindical – ENS
Corporación Jurídica Yira Castro – CJYC
Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos – GIDH
Corporación REINICIAR
dhColombia
Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez – CCALCP
Centro de Estudios Juan Gelman
Colectivo Sociojuridico Orlando Fals Borda
Asociación Minga
Humanidad Vigente Corporación Jurídica
Comision Intereclesial de Justicia y Paz
Asociación de Trabajo Interdisciplinario – ATI
Corporación Pacipaz, Territorio, Identidad y Cultura para la Paz
Análisis Urbano
Corporación para la Paz y el Desarrollo Social – CORPADES
Asociación de Vivienda EMECE
La Asociación de Víctimas y Sobrevivientes del Nordeste Antioqueño – Asovisna
Asociación Campesina de San José de Apartadó – Acasa
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos – Cpdh
Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un derecho Alternativos – ILSA
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – Andas
Fundación Sumapaz
HIJOS E HIJAS por la Memoria y contra la Impunidad
Coorporación para el Desarrollo Regional
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES
Corporación Claretiana Norman Pérez Bello
Organización de víctimas de ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada del eje cafetero Voces unidas exigiendo justicia
Asociación medio ambiente y desarrollo Enda América Latina-Colombia
Migrantes y Exiliados colombianos por la Paz MECoPa Argentina
Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes CAREF
Mesa Psicosocial
Asociación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos – ASFADDES
Colectivo 16 de mayo
Corporación construyendo poder, democracia y paz – PODERPAZ
Grupo de familiares de víctimas de crímenes de Estado Vida Memoria y Dignidad
Alirio Uribe Muñoz, Representante a la Cámara
Ángela María Robledo, Representante a la Cámara
Asociación Campesina de Antioquia – ACA
Cristianos y Cristianas por la Justicia y la Paz
SINTRAEMSDES
H.I.J.O.S Hijas e Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio
Instituto Popular de Capacitación – IPC
Asociación Paz con Dignidad (España)
Comunidades Construyendo Paz – Conpaz
MOVICE Capítulo España
Unión Sindical Obrera – USO
Equipo Interdisciplinario Forense de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial
Ceac

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Israel no va a negociar con cientos de prisioneros palestinos en huelga de hambre

La convocatoria de una huelga de hambre indefinida por parte de los prisioneros palestinos crea una situación volátil que puede complicarse si llega viva al mes de ramadán en junio. Las autoridades israelíes dicen que no negociarán y esperan que el presidente Mahmud Abás resuelva por su cuenta el problema.


JERUSALÉN

El ministro para la Seguridad Interior de Israel, Guilad Erdan, ha declarado que las autoridades israelíes no van a negociar con los centenares de prisioneros palestinos que el lunes se declararon en huelga de hambre indefinida para mejorar las condiciones de vida en las cárceles israelíes.


“No tenemos ningún motivo para negociar”, ha dicho Erdan taxativamente. “Son terroristas y asesinos que están recibiendo lo que se merecen”, ha añadido el ministro poco antes de que el jefe de gobierno, Benjamín Netanyahu, se expresara en términos similares.


Según las autoridades penitenciarias, unos 1.200 reclusos se han sumado hasta ahora a la huelga, mientras que los palestinos dicen que su número supera los 1.500 y sigue creciendo. En las cárceles israelíes hay unos 6.500 palestinos, de los que 32 son mujeres y 300 son menores. Además hay unos 500 ‘detenidos administrativos’ que no han sido juzgados y que incluso no saben de qué se les acusa.


La huelga de hambre se puso en marcha el lunes después de unos preparativos de varias semanas. El artífice de la protesta es Marwan Barghouti, de 57 años, uno de los líderes de Fatah más populares, al que las encuestas consideran mejor situado para sustituir al presidente Mahmud Abás en el caso de que se convoquen elecciones, lo que sin duda no va a ocurrir a corto plazo.


Las demandas de los reclusos son variadas e incluyen poner fin a las detenciones administrativas, acabar con el aislamiento de prisioneros como medida de castigo, instalar teléfonos de pago en todas las galerías para que los reclusos puedan hablar con sus familias, permitir las visitas de las familias con mayor frecuencia, es decir al menos dos veces al mes, mejorar el servicio médico que reciben los detenidos y facilitar los estudios por correspondencia de los reclusos que deseen cursar estudios.


El mismo lunes las autoridades penitenciarias recluyeron a Marwan Barghouti en una celda de aislamiento. El ministro Erdan justificó la medida diciendo que el más popular de los prisioneros palestinos ha infringido las normas al convocar una huelga y debe recibir el castigo correspondiente.


El presidente Abás ve en Barghouti al único rival que realmente podría competir con él en el caso de que se convocaran elecciones, pero al mismo tiempo no puede eludir su apoyo a la huelga de hambre ya que se trata de una iniciativa muy popular entre los palestinos de todo signo político, incluidos los de Hamás.


En medios políticos israelíes se comenta que Netanyahu espera que Abás ponga orden y termine con la huelga antes de principios de mayo, cuando el presidente palestino tiene que viajar a Washington para reunirse con Donald Trump y hablar del proceso de paz. Netanyahu cree que Abás no viajará a la Casa Blanca sin haber resuelto ese problema.
Mientras Netanyahu deposita la responsabilidad de la huelga en Abás, este se ve obligado a decir públicamente que la apoya aunque no tenga el menor interés que en que Barghouti saque algún provecho de la protesta.


Barghouti fue arrestado en 2002, en el transcurso de la segunda intifada, y se le juzgó y condenó por la muerte de cinco israelíes en los territorios palestinos ocupados. Entonces Barghouti dirigía unas milicias de Fatah muy populares en toda Cisjordania.


Políticamente, Barghouti es partidario de alcanzar un acuerdo de paz con Israel que permita a los palestinos establecer un estado en Cisjordania y Gaza. Sin embargo, su opinión es que Israel no tiene ningún interés en firmar la paz y que solo desea expandir más y más las colonias judías, de manera que a los palestinos solo les queda la opción de la lucha armada.


Otro de los más famosos prisioneros es Ahmad Saadat, secretario general de Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), quien durante la segunda intifada ordenó la muerte del ministro israelí Rehavam Zeevi en un hotel del sector ocupado de Jerusalén, en venganza por la muerte del anterior secretario general de FPLP un poco antes.


Netanyahu y muchos de sus ministros han mostrado en sus últimas horas su malestar porque el New York Times publicara el domingo un artículo de Barghouti explicando los motivos de la huelga de los prisioneros palestinos, donde decía que la huelga de hambre es “la forma más pacífica de resistencia” que pueden practicar los palestinos.


Si la huelga se prolonga indefinidamente no solo creará problemas a Abás sino también a Netanyahu, quien confía en que los medios de comunicación occidentales dediquen más atención a la crisis siria que a los reclusos palestinos.
Este tipo de huelgas siempre crean situaciones volátiles e imprevisibles que en un momento dado pueden complicar la situación en una dirección no prevista, máxime cuando dentro de algunas semanas comenzará el mes de ramadán. Si la huelga llega viva hasta ramadán, es posible que la situación se escape a cualquier control.


De los 6.500 prisioneros palestinos, 3.000 pertenecen a Fatah, 2.000 a Hamás, 500 a la Yihad Islámica, 300 al Frente Popular para la Liberación de Palestina y 200 al Frente Democrático para la Liberación de Palestina. El resto pertenecen a facciones más pequeñas o son independientes.

 

18/04/2017 19:31 Actualizado: 19/04/2017 07:00
EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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Un millar de presos palestinos desafían a Israel con una huelga de hambre

Maruan Barguti, líder de la Segunda Intifada, encabeza la protesta contra las condiciones de detención


Una masiva protesta de prisioneros palestinos contra las condiciones de detención en las cárceles israelíes ha marcado este lunes el primer capítulo de la conmoración de 50º aniversario de la ocupación. La huelga de hambre indefinida ha sido convocada por Maruan Barguti, dirigente del partido nacionalista Fatah que encabezó la Segunda Intifada (2000-2005) y que desde hace 15 años cumple condena a perpetuidad. Portavoces oficiales palestinos elevaron hasta 1.500 el número de reclusos que secundaron el ayuno voluntario, en tanto que el servicio de instituciones penitenciarias israelí limitó a 1.100la cifra de internos que se habían adherido a la huelga en ocho prisiones.


Desde el penal de Hadarim, en el centro de Israel, Maruan Barguti, de 57 años, aseguraba en una tribuna publicada este lunes por The New York Times que la huelga de hambre tiene como objetivo “poner fin a los abusos en los centros penitenciarios”. “Israel ha establecido un apartheid judicial que garantiza la impunidad para los israelíes que han cometido delitos contra los palestinos y que criminaliza la presencia de la resistencia palestina”, asevera Barguti, al que las encuestas palestinas colocan en primer lugar en la carrera para suceder a Mahamud Abbas, de 82 años, como presidente de la Autoridad Palestina. “Los prisioneros sufren torturas, tratos degradantes e inhumanos y falta de asistencia médica, algunos han muerto durante su detención”, acusaba el dirigente de Fatah en el artículo.


En prisiones situadas en el Estado hebreo y en centros de detención localizados en Cisjordania, territorio ocupado militarmente desde 1967, están ingresados en la actualidad unos 6.500 palestinos, en los que se incluyen 300 menores de edad, 62 mujeres y 13 diputados del Consejo Legislativo. Entre los detenidos hay 23 enfermos en estado terminal, según organizaciones de apoyo a los internos. El presidente Abbas apeló a través de un comunicado a la comunidad internacional a "salvar la vida de los presos palestinos en las cárceles israelíes".


Medio millar de prisioneros se hallan sometidos además al llamado régimen de detención administrativa, sin acusación formal y que puede prolongarse de forma indefinida. La población penitenciaria palestina bajo custodia de Israel ha aumentado notablemente desde octubre de 2015, cuando estalló una ola de violencia que ha provocado unas 10.000 detenciones en la que ha sido denominada Intifada de los cuchillos o de los lobos solitarios.


Este dirigente de Fatah, el principal partido de la Organización para la LIberación de Palestina, es el político más valorado por los ciudadanos, que le consideran el Nelson Mandela de la causa palestina y le apoyan como futuro líder de un Estado independiente. Para Israel –que considera a Barguti como jefe del Tanzim, el brazo armado del Fatah– se trata solo de un preso de máxima seguridad, condenado a cinco cadenas perpetuas más 40 años de cárcel por terrorismo.
El servicio de instituciones penitenciarias israelí ha empezado a sancionará con medidas disciplinarias, como traslados de galería, a los presos que secundan la protesta. “Los huelguistas afrontarán graves consecuencias por participar en actividades ilegales”, rezaba un comunicado del organismo. El ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, ha ordenado que las fuerzas antidisturbios se sitúen en estado de alerta ante los recintos de las prisiones.


El titular del departamento responsable de la policía ha solicitado también al Ejército que instale un hospital de campaña cerca del penal de Ketziot, en el desierto del Negev, para atender a los internos que requieran cuidados médicos. El Gobierno quiere evitar que los reclusos ingresen en centros sanitarios públicos, donde los médicos se niegan a aplicar la legislación que permite desde 2015 alimentar a la fuerza a los huelguistas de hambre cuya vida esté en peligro.
El ministro de Seguridad Interior cree además que la protesta “está motivada por la política interna palestina”, y es interpretada como un movimiento táctico de Barguti para ganar protagonismo en la sociedad palestina. En función de la evolución y duración de la huelga de hambre, el analista de seguridad del diario Haartez Amos Harel alerta ante una eventual escalada de violencia como la que precedió a la guerra de Gaza de 2014, precisamente en el marco de una protesta de presos.


“La huelga que encabeza Barguti plantea demandas sobre las condiciones penitenciarias que no son razonables”, advirtió Erdan. La lista de reivindicaciones de los presos incluye la suspensión de las detenciones administrativas y del internamiento en celdas de aislamiento; la instalación de una cabina de teléfono y de televisión árabe vía satélite en cada galería de los penales, y un incremento de las visitas de familiares.


Amnistía Internacional recuerda a Israel que trasladar presos fuera de un territorio ocupado viola la Cuarta Convención de Ginebra sobre derecho de guerra. Las restricciones que sufren la mayoría de los palestinos para poder viajar a Israel desde Gaza y Cisjordania impiden en muchas ocasiones que los detenidos mantengan el contacto con sus familias.
Miles de palestinos se manifestaron por la tarde en Gaza y Cisjordania para conmemorar el Día del Preso, en recuerdo de los 850.000 palestinos que han pasado por cárceles controladas por Israel durante el último medio siglo de ocupación. Se trata de un 40% de los hombres adultos, de una quinta parte de la población de Palestina.

 

Por Juan Carlos Sanz
Corresponsal en Oriente Próximo
Jerusalén 17 ABR 2017 - 13:33 COT

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La ilusión de la medicina correccional

En el inframundo de las prisiones de Estados Unidos, hay que deshacerse de todas las suposiciones médicas que uno trae del llamado mundo libre.


Hemos sido condicionados a ver a las enfermeras como dulces fuentes de consuelo y a los doctores como personas dedicadas a curar a los enfermos y aliviar nuestro dolor.


En prisión, nuevas reglas rigen la medicina y la atención médica.


Aquí el dinero manda. Las personas enfermas son prácticamente ignoradas.


Esto puede parecer severo, pero les aseguro que la realidad es aún más severa.


Hace poco escribí sobre un abogado autodidacta en prisión que se llama Dennis ‘Solo’ McKeithan y su batalla para recibir tratamiento para el doloroso trastorno nervioso conocido como culebrilla.


Mientras leí la transcripción del proceso, encontré los notables comentarios y preguntas del juez instructivos.
Él preguntó esencialmente si la empresa contratada por el Departamento de Correcciones (DOC) para proporcionar atención médica tendría un conflicto, porque como una empresa privada, sus intereses eran ganar dinero al negarse a proveer los medicamentos que los presos necesitaban. El testigo negó la sugerencia, pero el juez había tocado un nervio.
Desde el año 2015 hasta la fecha, mis abogados y yo hemos estado exigiendo un tratamiento verdadero para mi infección de Hepatitis C.


Inicialmente el DOC presentó una falsa declaración jurada para justificar que un magistrado federal desechara mi demanda. El DOC argumentó que mi Hepatitis iba bien, que podría durar años sin tratamiento.


Un juez federal no estaba de acuerdo con esto y celebró una audiencia que demostró la falsedad de la declaración jurada. Unos meses después, el mismo juez declaró que el protocolo del DOC era anti-constitucional.


El DOC respondió que mi Hepatitis C estaba en un nivel bajo. De nuevo, el juez discrepó, declaró anti-constitucional el protocolo por segunda vez y ordenó mi tratamiento.


El DOC esencialmente hizo caso omiso del dictamen durante casi dos meses.


A principios de esta semana, me hicieron análisis adicionales. Los resultados acaban de llegar.


No sólo tengo Hepatitis C muy avanzada, sino también cirrosis del hígado, llamado F4, porque el DOC no quería gastar el dinero para tratar mi infección. El DOC dijo que le costaría seis cientos millones de dólares.


A mí solo me puede costar la vida.


Desde la nación encarcelada soy Mumia Abu-Jamal.


–©’17maj 31 de marzo de 2017 Audio grabado por Noelle Hanrahan: www.prisonradio.org Texto circulado por Fatirah Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Traducción [email protected] de Mumia, México


Fuente:http://amigosdemumiamx.wordpress.com/2017/04/06/la-ilusion-de-la-medicina-correccional/



Filadelfia: Por la libertad de Mumia Abu-Jamal, llaman a llenar el tribunal y las calles el 24 de abril.


Mumia es inocente. Fue incriminado. ¡Ya basta con 35 años en prisión!


El 24 de abril, el cumpleaños de Mumia, habrá una audiencia sobre su petición de Apelación de Remedio Post-Condena (PCRA) en el tribunal estatal de Pensilvania. El propósito es derogar todas las decisiones de la Suprema Corte estatal desde 1995 hasta 2008, las cuales le negaron libertad a pesar de evidencia que demuestra que la policía y la fiscalía de Filadelfia fabricaron las “pruebas” de su culpabilidad y suprimieron la evidencia de su inocencia.


Esta impugnación jurídica se basa en la reciente decisión de la Suprema Corte federal de Estados Unidos en el caso Williams vs Pensilvania, la cual establece que el juez en una apelación no puede participar en un caso en el cual él anteriormente tenía un papel personal en una importante decisión procesal.


Ronald Castille era el Fiscal de la ciudad de Filadelfia responsable por oponerse a la apelación de Mumia en 1989 de su condena de culpabilidad y su sentencia de muerte (de 1982). Después de ser elegido como juez de la Suprema Corte de Pensilvania en 1994, Castille falló en contra de Mumia en todos los casos que criticaron las acciones de la Fiscalía de Filadelfia que él encabezó.


En su campaña para ser elegido como juez de la Suprema Corte estatal de Pensilvania, Castille alardeó de que 45 hombres, incluyendo a Mumia, fueron sentenciados a muerte por su Fiscalía y que su campaña fue financiada por la Orden Fraternal de la Policía (FOP), la cual lo nombró “Hombre del Año”.


¡Llamamos a la liberación inmediata de Mumia Abu-Jamal de la prisión!


Traducción: [email protected] de Mumia de México

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Viernes, 24 Febrero 2017 06:38

Monarquía desgastada

Monarquía desgastada

Los recientes 12 años han sido los más críticos para la monarquía española desde que en 1969 el dictador Francisco Franco designó como su sucesor en la jefatura de Estado a Juan Carlos de Borbón. Y sobran razones, porque en lo que va de este nuevo siglo la figura de la monarquía ha sufrido enorme desgaste.


Todo comenzó en 2005, al divulgarse los negocios que, a la sombra del poder que daba ser el yerno preferido del rey Juan Carlos, realizaba el que fue un deportista popular y de buena presencia física: Iñaki Urdangarin. En unos cuantos años, y a través de un instituto, el Nóos, presuntamente sin fines de lucro, se hizo de contratos que le dejaron ganancias millonarias en euros. De la directiva de tal institución formaba parte su esposa, la infanta Cristina. Denunciado el caso ante la justicia, ésta descubrió las formas utilizadas por el yerno a través de Nóos para hacerse de dinero público.


A este desgaste se sumó en 2012 la fractura de la cadera que sufrió el rey cuando estaba en África cazando elefantes. Lo acompañaba su novia del momento. El viaje lo financió uno de sus amigos árabes, muy rico. Los medios aprovecharon el caso para exhibir otras infidelidades del monarca y la virtual separación de su esposa, la reina Sofía. Igualmente se puso en duda el origen de su cuantiosa fortuna.


No tuvo entonces Juan Carlos otra alternativa que ceder la corona a su hijo Felipe, quien carga desde 2014 con el desprestigio que rodea a la monarquía y, de paso, los escándalos de corrupción protagonizados por relevantes figuras del Partido Popular, que incluyen al presidente Mariano Rajoy.


Pero el cambio de monarca no sigificó el fin del juicio contra Urdangarin y su esposa por diversos delitos, entre ellos evasión fiscal. Aunque a ambos se les retiraron los títulos nobiliarios y fueron marginados de los actos oficiales, la infanta siguió protegida salarialmente con cargos en trasnacionales españolas.


Lo que no pudo evitar fue presentarse ante la instancia judicial que la acusaba como corresponsable de los negocios hechos por su esposo a través del Instituto Nóos. Por primera vez un integrante de la monarquía fue obligado a sentarse en el banquillo de los acusados. Allí, Cristina dijo estar convencida de la inocencia de su marido y desconocer los malos manejos en Nóos y que la culpa de lo que pasó era de otros. Sin embargo, tuvo que pagar casi 700 mil dólares por ser presunta beneficiaria de la evasión fiscal de su esposo.


Hace una semana, finalmente se dictó sentencia: Cristina, inocente. A Iñaki, 6 años y 3 meses de cárcel, pero no ingresará a ella. Lo dejan en libertad provisional. Se irá a vivir a Suiza con la infanta. Se cumplió así lo que la mayoría de los españoles creyó siempre: la justicia es ciega, pero no con los integrantes de la monarquía.

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“EE.UU. tiene las manos húmedas de sangre”

El presunto autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Washington y Nueva York, el pakistaní Khalid Sheikh Mohammed, escribió hace dos años una carta al entonces presidente Barack Obama en la que acusa a Estados Unidos por los ataques terroristas.


En la carta publicada ayer por el diario Miami Herald, Mohammed afirma que los atentados a las Torres Gemelas y el Pentágono fueron una respuesta a la política exterior de Estados Unidos. “No fuimos nosotros quienes empezamos la guerra contra ustedes el 11 de septiembre. Fueron ustedes y los dictadores en su país”, escribió Mohammed, quien se encuentra detenido en la cárcel de Guantánamo, en Cuba. Los ataques fueron una “reacción natural” contra la “política destructiva” de Estados Unidos en Cercano Oriente, según analiza.


Según el diario, el presunto terrorista escribió la carta en enero del 2015, pero llegó a manos de Obama recién al final de su mandato presidencial. Mohammed fue el número tres de la red terrorista Al Qaeda y es considerado el ideólogo de los atentados del 2001. Él mismo admitió una participación. El proceso contra Mohammed está paralizado desde hace años y se encuentra en etapa preliminar.


En la carta, asegura que no tiene ningún problema de permanecer en prisión por el resto de su vida. “Y si su Tribunal me condena a muerte, voy a ser aún más feliz de encontrarme con Alá y los profetas y volver a ver al jeque Osama bin Laden y a mis mejores amigos que ustedes han matado injustamente en todo el mundo”, señala.


El ciudadano paquistaní nacido en Kuwait, de etnia baluch, enumera una larga lista de intervenciones en ultramar de Estados Unidos, desde Irak e Irán hasta Vietnam e Hiroshima, para justificar el ataque terrorista en suelo estadounidense. Pero se centra particularmente en la causa de los palestinos, destaca el sufrimiento de los civiles y acusa a Obama de estar en deuda con intereses, principalmente con Israel y “los judíos ocupantes”. Israel obtiene 39 menciones mientras Osama bin Laden recibe una docena, incluyendo una culpabilización a Obama por la misión que cazó y mató al fundador del movimiento al Qaida para los ataques del 11 de septiembre.


Mohammed ridiculiza a Obama y escribe: “Es un abogado inteligente, bien familiarizado con los derechos humanos, que puede matar a su enemigo sin juicio y lanzar su cadáver al mar en lugar de darlo a su familia o respetarlo lo suficiente como un ser humano para enterrarlo”. “El ex jefe de operaciones de Al Qaeda escribió la carta en el contexto de la violencia en Gaza y en los territorios ocupados”, dijo David Nevin, el abogado defensor en la causa de pena de muerte de Mohammed. Él lo llamó el motivo principal para la redacción de la carta y se negó a decir si el cliente o su personal legal lo escribió. Por su parte, el abogado militar de Mohammed, Derek Poteet aseguró: “Está molesto con la política exterior de Estados Unidos y claramente percibe que Estados Unidos ha firmado un cheque en blanco con Israel”, dijo Poteet. En el primer párrafo de la carta Mohammed le dice a Obama: “Sus manos todavía están húmedas con la sangre de nuestros hermanos y hermanas y niños que murieron en Gaza”.

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'Imperial Dreams': ser negro, pobre y expresidiario en Estados Unidos

Que el racismo no es sólo cuestión de piel es algo que bien saben en países como Estados Unidos. La superpotencia, que ahora gobierna un presidente conocido por su verborrea racista, machista y xenófoba, tiene en su mismo ADN el término marcado a fuego. Desde su nacimiento como nación se establecen vínculos económicos y sociales en base a este tipo de diferencias. Desigualdades que se extienden al relato común de sus habitantes, que saben que en muchos sitios el color de piel también implica una cuestión de clase.


Lo decía Howard Zinn en ese monumental libro llamado La otra historia de los Estados Unidos: "Las naciones no son comunidades y nunca lo han sido. La historia de cualquier país, presentada como la historia de una familia, oculta los conflictos de intereses entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas y obreros, dominadores y dominados por su raza o su sexo". El prestigioso historiador, al que la cultura norteamericana debe tanto, contaba en las páginas de aquel estudio la crónica de quienes levantaron la nación que ahora dirige Donald Trump, que no fueron ni héroes ni presidentes.


Imperial Dreams, el debut como director de Malik Vitthal que acaba de estrenar Netflix, es exactamente eso: una lectura actual, sin alardes ni remilgos, de una nación que nunca ha sido una familia. Una mirada simple a lo que significa ser negro y pobre en los Estados Unidos de hoy.


La sinceridad del drama


Hace poco, leíamos alabanzas sobre el último drama social de Ken Loach. El realizador contaba en Yo, Daniel Blake la pesadilla burocrática de un carpintero de 59 años que no podía trabajar por sus problemas cardíacos. Un alegato contra la austeridad que le valió la Palma de Oro en Cannes, y que partía de un material que conoce muy bien. Loach lleva nada menos que cincuenta años poniendo el foco en las penas de la clase obrera británica.


No era tan fácil en cambio que un debutante desconocido como Malik Vitthal rodase una película tan sólida como Imperial Dreams sin la experiencia ni el bagaje de Loach. No es de extrañar que a su paso por Sundance tuviese un recibimiento dispar. En primer lugar, porque el cine independiente de EEUU ya tenía su drama racial de la temporada: la nominada al Oscar Moonlight. Y segundo, porque muchos vieron en su falta de sutileza y forma de narrar una constante intención moralizante. Lo cierto es que ésta es la misma con la que Ken Loach filma Yo, Daniel Blake.


Los parecidos de este filme con la película de Loach son más de los que cabría esperar. Se trata de un drama protagonizado por un joven que acaba de salir de la cárcel e intenta cuidar de su hijo huyendo del tráfico de drogas y la delincuencia que le habían metido allí. Pero el sistema no se lo pone fácil. Para apuntarse a la bolsa de trabajo público le piden un carné de conducir que está confiscado desde que salió de prisión. Y para recuperar dicho carné le piden 8.000 dólares en manutención atrasada que no pagó por estar entre rejas. Resulta que él sólo tiene 80 en los bolsillos y no tiene ni dónde dormir.


Con el ritmo pausado del buen drama social, Imperial Dreams construye un laberinto de problemas que ponen a su protagonista, reflejo lógico de la clase obrera negra contemporánea, entre la espada y la pared. ¿Es legítimo delinquir si el sistema no te deja otra?


John Boyega aguanta con dignidad el papel de total protagonista que le entrega una cinta hecha a su medida: sin alarde alguno, sutilezas ni medias tintas. Malik Vitthal prefiere ir directo al grano aunque eso le cueste un desarrollo dramático más conseguido o una lógica mayor en la sucesión de giros argumentales.


Es de alabar, no obstante, la sinceridad con la que se aborda el proyecto, que mantiene siempre un discurso basado en el respeto hacia la realidad. Sin exageraciones, pero con un extraño tono poético comparable al de la reciente y maravillosa Paterson. Como aquella, Imperial Dreams también dedica largas escenas a mostrarnos a su protagonista escribiendo, mientras una voz en off reinterpreta la realidad que vemos a simple vista. La dota de otro tono distinto.


Rejas fuera de la cárcel


Viendo el argumento de Imperial Dreams es fácil imaginar a Vitthal subrayando el libro de Howard Zinn palabra por palabra. Su debut narra la historia de un joven que lleva entrando y saliendo de la prisión desde los doce años. No es una persona ni mejor ni peor que las que viven en su barrio. Pero ha decidido que ya son demasiadas las veces que ha cargado con las culpas de los demás, y que va a integrarse en la sociedad.


Lo que no sabe es que, por mucho que lo intente, el sistema siempre le va a mirar por encima del hombro. Quienes deberían admitirlo como miembro de pleno derecho, lo señalan y repudian. Es un expresidiario y es negro.


"Las prisiones de EEUU han sido durante mucho tiempo un reflejo extremo del propio sistema norteamericano", reflexionaba Zinn en La otra historia de los Estados Unidos, "en ellas veías claramente las duras diferencias entre ricos y pobres, el racismo sistemático y la falta de recursos de la clase más baja para desarrollarse". Imperial Dreams reflexiona, en el fondo, sobre esa regla no escrita que reza que cuanto más pobre eres, más probable es que en algún momento des con tus huesos en la cárcel.


Según el historiador, "los pobres cometieron más crímenes. Pero es que los ricos no tenían que delinquir para conseguir lo que querían. Las leyes estaban de su parte y, de alguna manera, las cárceles de este país terminaron llenas de negros pobres".


Imperial Dreams deja al descubierto que la cuestión del estigma de quien ha pasado por la cárcel está a la orden del día. Es un círculo vicioso: si la sociedad le pone la zancadilla a un recluso que intenta superar su pasado, éste puede verse abocado a volver a delinquir. Entonces la reinserción plena se vuelve una quimera. Un espejismo tan ineficaz como perverso.

 

08/02/2017 - 20:56h

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El régimen sirio ahorcó a 13.000 personas en la cárcel de Saidnaya entre 2011 y 2015

Un informe de Amnistía Internacional denuncia las "políticas de exterminio" del Gobierno de Al Asad


El Gobierno sirio ha desarrollado de forma extrajudicial una campaña de ahorcamientos colectivos en la cárcel de Saidnaya, donde al menos 13.000 personas (el equivalente a una población española como Betanzos), la mayoría civiles que se cree que eran opositores, podrían haber muerto, denunció hoy Amnistía Internacional (AI).


En su informe, titulado El matadero humano: Ahorcamientos masivos y exterminio en la prisión de Saidnaya, la ONG revela que entre 2011 y 2015 grupos de unos 50 reclusos eran ahorcados por tandas una o dos veces por semana en mitad de la noche y en secreto en ese centro penitenciario, una práctica que es posible que continúe en vigor.


Un gran número de prisioneros ha muerto también por las "políticas de exterminio" de las autoridades, que incluyen torturas repetidas y privación de comida, agua y medicinas, aseguró la organización internacional, que para elaborar el documento contactó con 84 testigos entre antiguos reos, jueces, abogados y guardias.


Los ahorcamientos solían producirse los lunes o los miércoles. Los reclusos eran llamados por sus nombres y se les comunicaba que iban a ser trasladados a otras cárceles, pero, en realidad, eran transferidos con los ojos vendados a otra celda de Saidnaya, donde eran golpeados y después llevados a otro edificio para ser ahorcados, según la ONG.


Un antiguo juez que asistió a estas ejecuciones extrajudiciales explicó a AI que "se les mantenía (ahorcados) durante 10 o 15 minutos. Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello".


"Algunos no morían porque eran delgados, como los más jóvenes, cuyo peso no les mataba, así que los ayudantes de los funcionarios tiraban de ellos y les rompían el cuello", cuenta un testigo


La ONG destacó que ninguno de los detenidos ahorcados en Saidnaya recibió nada parecido a un juicio real, ya que se les presentaba ante lo que se denomina una Corte Militar de Campaña, en la comparecían uno o dos minutos.


Esos tribunales funcionan fuera del sistema legal sirio y sus sentencias se basan en confesiones extraídas bajo tortura, mientras que los acusados no tienen acceso a un abogado ni se les da la oportunidad de defenderse a ellos mismos, subrayó AI.


La subdirectora de Investigación de la oficina regional de AI en Beirut, Lynn Maalouf, indicó en la nota que "los horrores descritos en este informe revelan una campaña secreta y monstruosa, autorizada al más alto nivel por el Gobierno sirio, con el objetivo de aplastar cualquier forma de disenso dentro de la población siria".


Maalouf consideró que las conversaciones de paz sobre Siria en Ginebra, previstas para finales de este mes, "no pueden hacer caso omiso a estos hallazgos. Poner fin a estas atrocidades del Ejecutivo sirio debe incluirse en la agenda y la ONU debe llevar a cabo de inmediato una investigación independiente".

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Derecho a la información y la seguridad nacional en tiempos de Snowden y Manning

Una de las decisiones más importantes del final del mandato de Obama ha sido sin duda la conmutación de la pena de la soldado Chelsea Manning. Como es sabido, Manning había sido condenada a 35 años de prisión por la revelación intencionada de documentos relativos a la seguridad de Estados Unidos. A la gravedad de la pena impuesta hay que añadir el inhumano trato penitenciario al que aparentemente está siendo sometida, así como el modo con el que fue estigmatizada su acción por parte de las más altas instituciones estadounidenses, para quienes revelar informaciones relativas a asuntos de seguridad de nacional automáticamente suponía una traición a la patria y la puesta en peligro de vidas de personal de Estados Unidos en el mundo.


La combinación de terrorismo yihadista en suelo occidental con el desarrollo de crisis y conflictos como el de Siria has puesto en el primer plano la necesidad de contar con mecanismos eficientes y coordinados de protección de la seguridad nacional. Agencias de inteligencia y organismos similares han visto aumentados sus presupuestos en muchos países del mundo. Los respectivos parlamentos se han ocupado también de aumentar los poderes y capacidad de actuación de estos entes.Estos movimientos responden, sin duda, a preocupaciones e intereses legítimos en el seno de nuestras democracias.


La cuestión se volvió no obstante especialmente delicada cuando empezaron a publicarse revelaciones acerca de determinados abusos cometidos por las agencias de diversos países (y especialmente los Estados Unidos), las cuales habrían usado los mecanismos tecnológicos y recursos a su alcance para incurrir en serias vulneraciones de los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente como consecuencia de la aplicación de técnicas de espionaje masivo.
De este modo, países que oficialmente se erigían en promotores y protectores de los derechos humanos en el mundo habrían incurrido en violaciones generalizadas de los mismos. El fin, la lucha contra el terrorismo, habría legitimado la utilización casi ilimitada de los medios al alcance de sus respectivos cuerpos de seguridad e inteligencia. Una guerra sucia de alcance global.


Por otra parte, quienes jugaron un papel imprescindible en la revelación de tales prácticas, es decir, personas que conocían las mismas por razón de su profesión y decidieron trasladarlas a los ciudadanos, fueron inmediatamente perseguidos y tratados como delincuentes por parte de los correspondientes aparatos de seguridad estatales, dando lugar a la actual situación de fuga de Edward Snowden o la ya referida condena y reclusión de Chelsea Manning.


Este sombrío escenario choca con el modo en el que el derecho internacional protege la libertad de expresión y la libertad de información, incluso cuando el ejercicio de las mismas incide o se refiere a asuntos vinculados a la seguridad nacional o el orden público. Es cierto que la protección de estos últimos valores puede legitimar la imposición de ciertos límites a las actividades de periodistas y medios de comunicación (o de todo aquel que quiera publicar sobre esta materia). Sin embargo, dichos límites están sujetos a su vez a restricciones muy claras, intensas y excepcionales. De entrada, los estándares internacionales protegen con especial intensidad la difusión de informaciones de interés público. Los ciudadanos tienen derecho a conocer y discutir el funcionamiento y las decisiones tomadas por los poderes públicos como requisito imprescindible de la vigencia de la democracia. Asimismo, solamente cuando exista un perjuicio directo, inmediato y demostrable a la seguridad nacional, y ese perjuicio sea asimismo de mayor peso que el interés público de la información en cuestión, podrá limitarse la revelación de misma. Finalmente, de entre todos los mecanismos susceptibles de ser aplicados, deberá optarse siempre por el que resulte menos restrictivo y afecte en la menor medida a la difusión de otra información de interés público.


La aplicación de estos principios y normas que en teoría deben ser respetados y desarrollados por todos los miembros de la comunidad internacional tiene consecuencias en tres ámbitos fundamentales.


En primer lugar, periodistas y medios (así como blogueros, activistas, etc.) tienen el derecho de recabar y difundir información con relación a políticas y actividades en materia de seguridad nacional. No se trata pues, de un agujero negro al que los informadores tengan vetado el acceso. Forma parte del derecho de los ciudadanos a la información saber y tener la capacidad de juzgar las decisiones y acciones de los poderes públicos en esta materia. Por otro lado, y como consecuencia de ello, dichos poderes públicos deben asimismo aplicar un principio de transparencia, lo que implica que solamente en aquellos casos en los que se pueda demostrar y acreditar un perjuicio a la seguridad nacional podrán las autoridades apartar del escrutinio público informaciones o documentos. Es necesario recordar que en España la vigencia de este principio internacional choca con una ley de secretos oficiales aprobada durante el franquismo y con claros tintes oscurantistas y arbitrarios.


En segundo lugar, las actividades de medios y periodistas en este ámbito no pueden ser sujetas a ninguna forma de acoso o restricción por parte de los poderes estatales. Los periodistas deben poder acceder a sus fuentes y mantener la confidencialidad de las mismas, incluso en aquellos casos en los que quienes suministren la información hayan incurrido en alguna irregularidad. Sin una completa y adecuada protección de las fuentes periodísticas, también en casos de informaciones sobre seguridad nacional, sería imposible el periodismo de investigación en este ámbito. Ello supone también que nunca podrán utilizarse técnicas de espionaje o vigilancia con respecto de quienes ejercen el periodismo, a fin de controlar o conocer sus fuentes o contactos.


Finalmente, es necesario reconocer o proteger de forma efectiva a los llamados whistleblowers, es decir las personas que proporcionan desde dentro información de interés público con la intención de poner en conocimiento del público prácticas irregulares y violaciones de derechos. Considerar a estas personas desde el prisma de la traición o la vulneración del deber de secreto choca frontalmente con la necesidad de transparencia inherente a cualquier sociedad democrática.


La conmutación de la pena de Manning es pues una buena noticia en el marco de las consideraciones que se acaban de realizar. Sin embargo, es evidente que es muy largo el camino que queda por recorrer. La razón de Estado todavía tiene un gran peso en el comportamiento de muchas autoridades y agencias, dando lugar a un deterioro cierto de los derechos humanos sin que ello suponga por otra parte una garantía de nuestra seguridad.

 


Por Joan Barata, jurista y experto internacional en libertad de expresión

21 Ene 2017

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El largo calvario de la denunciante Chelsea Manning

En abril de 2010, WikiLeaks publicó en su sitio web un video militar estadounidense clasificado, grabado desde la cámara de un helicóptero Apache. La grabación muestra una masacre de civiles en una calle de Bagdad, en Iraq. El video, que WikiLeaks tituló “Asesinato colateral”, documenta en un granulado blanco y negro y con detalles gráficos, el ataque perpetrada desde el propio helicóptero de combate el día 12 de julio de 2007. El helicóptero dispara metralletas contra un grupo de hombres, entre los que se encuentran Namir Noor-Eldeen, fotógrafo de la agencia de noticias Reuters, y su chofer, Saeed Chmagh. La mayoría de los hombres muere al instante. Noor-Eldeen huye pero las miras lo siguen, disparando sin parar, hasta que cae muerto.


La transmisión de radio que aparece en el video registra las voces de los soldados: “Muy bien. Ja ja ja. ¡Les di!”. Y después sigue: “Sí. Tenemos a uno arrastrándose por ahí abajo”. Justo en ese momento se puede observar a Saeed Chmagh, gravemente herido, que se aleja de los otros cuerpos arrastrándose por el piso. Una voz en el helicóptero, que busca una razón para disparar, dice: “Vamos, amigo. Todo lo que tienes que hacer es tomar un arma... Si vemos un arma, vamos a proceder”. Llega una camioneta y varios hombres, claramente desarmados, salen y levantan a Chmagh para llevarlo a que reciba asistencia médica. Los soldados del Apache buscan y obtienen permiso para “proceder” con la camioneta y abren fuego, con lo que destrozan el frente del vehículo y matan a todos los hombres.


Cuando toda la gente a la vista está aparentemente muerta, llegan vehículos blindados estadounidenses. Cuando uno de los vehículos pasa por encima del cadáver de Noor-Eldeen, uno de los tripulantes del helicóptero dice entre risas: “Creo que acaban de pasarle por arriba a un cadáver”.


Democracy Now! entrevistó al responsable de la filtración en 1971 de los Papeles del Pentágono, un archivo secreto de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Se trata de Daniel Ellsberg, un veterano del Cuerpo de Infantería de Marina estadounidense que instruía a los soldados en las leyes de guerra. Ellsberg dijo sobre el video: “Artilleros de un helicóptero persiguiendo y disparándole a un hombre desarmado que vestía de civil, claramente herido, en un área donde estaba por llegar un escuadrón de soldados estadounidenses para tomar custodia de cualquier persona que siguiera viva, lo cual era sabido por los artilleros del helicóptero... Ese tiroteo fue asesinato. Fue un crimen de guerra”.


Durante años, Reuters intentó acceder al video, pero no logró obtener la autorización. Fue un joven analista de la inteligencia estadounidense con base en Iraq quien lo extrajo de los archivos y lo envió a WikiLeaks. Además del video, el analista también filtró cientos de miles de documentos secretos, como bitácoras de acciones militares en Iraq y Afganistán y cables clasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos. Finalmente, el analista fue traicionado por un confidente en Internet y fue arrestado.


El soldado era conocido en ese momento como Bradley Manning. Tuvo que sufrir duras condiciones de aislamiento en la Base del Cuerpo de Infantería de Marina de Quantico, en Virginia, por casi un año, en circunstancias que impulsaron una investigación por parte de Juan Méndez, en ese entonces relator especial de la ONU sobre tortura. Méndez concluyó: “Creo que Bradley Manning fue sometido a un tratamiento cruel, inhumano y degradante en el aislamiento excesivo y prolongado donde fue colocado durante los ocho meses que estuvo en Quantico”.


El soldado raso Manning fue juzgado por un consejo de guerra, condenado a 35 años de cárcel y transferido a la cárcel militar estadounidense de Fort Leavenworth, Kansas. Inmediatamente después de anunciarse el veredicto, Manning declaró públicamente que había iniciado un tratamiento de cambio de género y cambió su nombre a Chelsea Manning.


Manning ya ha cumplido siete años de su condena, durante los que padeció dificultades extraordinarias por ser una persona en procura de tratamiento de reasignación de género encarcelada por el Ejército estadounidense. Ha luchado para obtener tratamiento médico y para ser transferida de la cárcel de hombres, y ha intentado suicidarse en dos ocasiones. En Leavenworth, el castigo por intento de suicidio es más aislamiento.


Día a día fue creciendo a nivel mundial una campaña que solicitaba al presidente Barack Obama que indultara a Manning, la denunciante retenida en prisión por más tiempo en la historia de Estados Unidos. Obama ha otorgado más conmutaciones de penas e indultos que cualquier otro presidente, más que nada a reclusos condenados por delitos no violentos relacionados con drogas. El martes emitió más de 209 conmutaciones y 64 indultos. Las conmutaciones reducen o eliminan lo que resta de la condena de una persona encarcelada, mientras que el indulto borra el antecedente del individuo, retirando por completo el veredicto de culpabilidad. Los indultos y las conmutaciones presidenciales no se pueden retractar. Entre las conmutaciones otorgadas el martes, una fue la de Chelsea Manning.


Con solo dos días restantes en el cargo de presidente, Barack Obama dio su conferencia de prensa final en la Casa Blanca. La primera pregunta, planteada por un periodista de Reuters, fue sobre su decisión de liberar a Manning. Obama respondió: “Chelsea Manning ha cumplido una dura condena a prisión. En cuanto al concepto de que una persona que considere revelar información vital clasificada pudiera pensar que eso no se castiga, con la sentencia que ha cumplido, no creo que Chelsea Manning tenga esa impresión. Según mi punto de vista, dado que fue enjuiciada, que se llevó a cabo el debido proceso, que asumió la responsabilidad por su delito, que la condena que recibió fue muy desproporcionada en comparación a lo que otros denunciantes han recibido y que había cumplido un tiempo importante de su condena, me parecía que tenía sentido conmutar, aunque no perdonar, su condena”.


La liberación de Chelsea Manning está prevista para el 17 de mayo.
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Columna20 de enero de 2017


Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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