Lunes, 09 Enero 2017 06:14

Temer, impotente ante las matanzas

Temer, impotente ante las matanzas

El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitaron la renuncia del ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, quien negó apoyo federal al estado Roraima, pese a que éste había alertado de un inminente choque entre reclusos.


Luego de afirmar que está “todo bajo control” el gobierno de Michel Temer parece impotente para frenar las matanzas en las cárceles del norte, que podrían ser la chispa que haga estallar levantamientos en presidios de todo Brasil.


Cuatro presos fueron asesinados ayer, al menos dos degollados, en el presidio Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos, capital del estado de Amazonas, el más extenso y uno de los menos poblados del país, fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela.


Esa unidad penitenciaria había sido inhabilitada por su mal estado de conservación pero fue reactivada la semana pasada para alojar a algunos de los sobrevivientes de la masacre del Complejo Penitenciario Anisio Jobim, también en Manaos, que dejó 60 muertos, entre los cuales hubo 40 mutilados.


A través de la decapitación de sus víctimas las gavillas dejan constancia de que se trata de una venganza contra un grupo enemigo. Son los códigos de las cárceles dominadas por organizaciones con poder de fuego y dinero para comprar policías, jueces y hasta gobernadores.


La más importante de ellas es el Primer Comando de la Capital, surgida en San Pablo, en la década del 90, que ha extendido su brazo de poder a la Amazonia, Paraguay y se sospecha que intenta desembarcar en otros países de la región.


Cien personas fueron ejecutadas entre el 1 y 8 de enero en los dos reclusorios de Manaos y el otro de Roraima, región amazónica, como parte de una guerra en espiral de los grupos Familia del Norte y Primer Comando de la Capital.
Investigadores universitarios, parlamentarios y periodistas coinciden en que está en curso una contienda entre la Familia, aliada al Comando Vermelho, contra el Primer Comando de la Capital.


A poco días de cumplir su octavo mes en la presidencia el mandatario no electo Michel Temer intentó eludir el tema y su ministro de Justicia, Alexandre de Moraes, lo imitó al decir que los hechos en la cárceles no pasaban de incidentes locales.
El Partido de los Trabajadores y un grupo de juristas solicitó la renuncia del ministro Moraes, quien negó apoyo federal a Roraima, luego de recibir un pedido formal de la gobernación de ese estado que advirtió sobre una inminente matanza de reclusos.


El teólogo Frei Betto considera que más allá de la negligencia del ministro De Moraes, el responsable último de la “barbarie” es el presidente.


“La actuación de Temer no fue digna de un jefe de Estado, se hizo el desentendido después de la matanza de Manaos (1 de enero), y sólo se dio por aludido cuando el papa Francisco” planteó sus críticas, dijo ayer el teólogo Frei Betto.
Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se aliaron al Papa en las críticas al gobierno cuya imagen internacional está en declive.


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia sobre el golpe que destituyó a Dilma Rousseff y permitió el ascenso de Temer y Naciones Unidas comenzó a analizar una acusación de Luiz Inácio Lula da Silva quien presentó un extenso dossier sobre la violación de su derecho de defensa y persecución judicial.


Advertido del impacto de la crisis carcelaria en instituciones y medios del exterior Temer mudó de táctica y ayer ordenó el envío de apoyo federal a Amazonas y Roraima, y también a Mato Grosso y Rondonia, donde se teme que puedan ocurrir otros levantamientos. Algunos medios reportaron ayer que fueron reforzadas las medidas de seguridad en las cárceles de Río de Janeiro, donde manda el Comando Vermelho, y San Pablo, el estado hegemonizado por el Primer Comando.


La contienda entre esas dos organizaciones comenzó meses atrás en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, con el cinematográfico asesinato del narco Jorge Rafaat Toumani.


La disputa por los corredores de cocaína, armas y marihuana a través del Río Solimoes, en la Amazonia, y Paraguay, en el sur, es el motor de esta guerra entre las bandas que controlan el narco y los presidios. Contienda que amenaza incendiar al país.


El crecimiento del Primer Comando ocurrió en paralelo con el salto de la población carcelaria de 232 mil en 2000 a 622 mil en 2014, según cifras que podrían ser más altas pues la titular del Supremo Tribunal Federal Carmen Lucia aceptó, antes de reunirse con Temer, que hay fallas en la recolección de datos.


El 28 % de los presos hacinados en las cárceles purgan condenas por tráfico de estupefacientes, una cifra que irá en aumento si se pone en vigor la política antidrogas ideada por el ministro Alexandre de Moraes.


A contramano de lo que opina el propio líder de su partido, el expresidente Fernando Henrique Cardoso, De Moraes es un apologeta de la “guerra contra las drogas”.


Con uniforme de comando policial y borceguíes Alexandre De Moraes, o un sosias, fue filmado mientras cortaba, facón en mano, plantas de marihuana en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero donde declaró que erradicar el cannabis de Sudamérica “es una de las prioridades del gobierno del presidente Michel Temer”.


Probablemente los planteos del ministro a quien Temer le confió la tarea de resolver la crisis en las cárceles serían considerados extravagantes por el conservador colombiano Juan Manuel Santos y el demócrata estadounidense Barack Obama.


Tras su paso por Paraguay De Moraes presentó su plan contra la marihuana en San Pablo, dos semanas antes de la masacre en Amazonas.


La investigadora Julista Lemgruber, de la Universidad Cándido Mendes consideró “absolutamente irreal querer reducir drásticamente la circulación de marihuana en América del Sur, sería repetir los conceptos del Plan Colombia”.

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Guerra entre narcos, una excusa para militarizar

La idea de que el ejército tome cartas en el enfrentamiento al narcotráfico encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por Temer. Existe un fuerte descontento en los sindicatos que representan a las policías locales.

 


Guerra en el paraíso: la masacre de 56 presos ligados a una organización mafiosa en una cárcel del estado de Amazonas, fronterizo con Colombia, le abrió un nuevo frente de tormenta al presidente Michel Temer y reavivó la recurrente tentación, que no es solo brasileña, de militarizar la seguridad interna.


Temer evitó formular declaraciones sobre la matanza ocurrida el domingo en el Complejo Penitenciario Anício Jobim de Manaos, capital amazónica, con la aparente intención de eludir el costo de un hecho que repercutió en la prensa y organismos internacionales de derechos humanos.


Su situación política es tan incierta que suspendió el viaje al Forum Económico de Davos donde lo representará Henrique Meirelles, el ministro de Hacienda autor del plan de austeridad (austericidio) que amenaza llevar a la quiebra a varios estados provinciales donde se dejaron de pagar salarios y suspendieron servicios esenciales.


Esta limitación de gastos afectó también a las policías provinciales, con más de 1 millón de hombres en armas, y los servicios penitenciarios.
Hay un explícito descontento en los sindicatos que representan a las fuerzas de seguridad de varias provincias como Pernambuco, Río de Janeiro, Río Grande do Sul a donde fueron enviadas tropas federales.


Precisamente para recortar gastos el estado de Amazonas privatizó el presidio Anício Jobim donde miembros de la organización La Familia del Norte mató, y en algunos casos degolló el domingo, a integrantes del Primer Comando de la Capital.


En un comunicado divulgado ayer en Ginebra Naciones Unidas responsabilizó al gobierno de Temer por la masacre y exigió que prohíba “la tortura y del trato degradante e inhumano de los presos”. “Pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar” otro crimen similar en los centros de detención brasileño donde se alojan, en su mayoría hacinados, más 650 mil reclusos.


Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Orden de Abogados de Brasil se sumaron a las críticas.


El gobierno envió ayer a Manaos al ministro de Justicia Alexandre de Moraes, al tiempo que realizó una serie de consultas al Gabinete de Seguridad Institucional dirigido por el general Sergio Wesphalen Etchegoyen, según dejaron trascender informantes próximos al Palacio del Planalto.


Los servicios de inteligencia bajo el mando del general Etchegoyen habrían obtenidos informaciones sobre un plan para vengar a los muertos del PCC fallecidos en el estado de Amazonas donde ayer continuaba la “cacería” de más de 100 presos fugados el domingo.


Está en curso una guerra entre la Familia del Norte y el PCC, una facción surgida en San Pablo luego de la masacre de 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en 1992.


El Primer Comando de la Capital cuenta con una organización piramidal dirigida por Marcos Williams Herbas Camacho, alias Marcola, que presume de haber leído El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, El Príncipe de Nicolás de Maquiavelo y conocer la biografía y tácticas guerrilleras de Ernesto Che Guevara.


“Marcola” es idolatrado por los soldados del PCC, el grupo que domina la mayoría de las cárceles de San Pablo y decenas en todo el país, junto al establecimiento de “células dormidas” en las favelas paulistas.


En mayo de 2006 una orden impartida por Marcola desde la cárcel desató el levantamiento simultáneo de más de 70 presidios y ataques relámpagos que mataron a unos 40 policías y agentes penitenciarios.


Un día después de las primeras acciones se desató una guerra entre fuerzas del orden y “milicias “ del PCC que hizo colapsar a San Pablo con un saldo de cerca de 600 muertos.


En la contienda entre el PCC y la Familia del Norte se disputa la hegemonía en el sistema carcelario de la Amazonia, por su proximidad a la “Ruta del Río Solimoes”, principal vía de ingreso de la cocaína de Colombia y Perú.


El polvo que llega a Manaos luego se embarca hacia Europa o los cada vez más rentables mercados de San Pablo y Río de Janeiro.


Por lo pronto ese dinero sucio es la fuente de ingresos de la Familia del Norte, con la que se pagan armamentos y se compran los favores de policías, guardiacárceles y políticos. Así es como esa organización asumió el mando de los centros reclusorios amazónicos y logró proyección nacional, al punto de animarse a presentarle batalla al PCC.


De acuerdo con informaciones de la Policía Federal a las que tuvo acceso el diario Estado de San Pablo, la Familia cuenta con unos 200 mil afiliados, entre quienes están los presos y sus allegados fuera de las cárceles, quienes realizarían aportes a cambio de los cuales reciben seguridad.


Con esa estructura en alza la Familia se asoció a otro grupo de peso,el Comando Vermelho, con base en Río de Janeiro, que mantiene una disputa con el PCC.


El innegable poder de fuego, organización y logística de estas fuerzas irregulares trajo otra vez al ruedo el debate sobre la necesidad de involucrar a los militares en el combate al crimen organizado.


Algunos formadores de opinión respaldaron esa idea, entre ellos Merval Pereira, el comentarista en jefe del grupo Globo.


Ayer Pereira dijo en una radio de esa corporación que no se puede “seguir posponiendo” la decisión de que el Ejército y otros fuerzas federales tomen cartas en el enfrentamiento al narcotráfico, y eligió como modelo a Colombia.


Militarizar la seguridad interna encaja con la nueva concepción de “fronteras calientes” defendida por la administración Temer.


Hace dos meses en una de las pocas reuniones diplomáticas realizadas en Brasilia con representantes sudamericanos fue expresada esa concepción.
El encuentro fue cerrado con una conferencia a en la que participaron el canciller José Serra, el general Etchegoyen y el ministro de Defensa Raúl Jungman.


“Los crímenes son cada vez más transnacionales y tienen que ser enfrentados” conjuntamente por los países sudamericanos, y ojalá que cada vez más puedan actuar “las Fuerzas Armadas de modo preventivo y represivo (..) en las fronteras”, dijeron las autoridades brasileñas.

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Ley 1280 de 2016 de Amnistía e indulto. ¡Viva la paz! Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas y populares.

Tenemos histórica Ley de amnistía e indulto para miles de prisioneros políticos de la resistencia agraria y popular.

Fue sancionada, hoy 31 de diciembre del año 2016, por el Presidente Juan Manuel Santos la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales especiales. Es la Ley 1280 del 2016.

Se trata de un formidable acontecimiento que materializa la paz democrática y las garantías a los combatientes revolucionarios de la resistencia agraria y popular.

Tenemos que exigir a jueces, fiscales y funcionarios del Inpec su inmediato cumplimiento, otorgando la libertad a miles de presos políticos y líderes populares encarcelados con artimañas y maniobras fascistas desde hace muchos años.

Libertad para los prisioneros y prisioneras políticas!.

¡Que se abran las cárceles, ya!

Para hacer efectiva esta conquista es prioritario estudiarla, analizarla, conocerla y utilizarla.

En principios miremos su objeto, su alcance, su ámbito de aplicación y principios fundamentales.

Hay que saber que un complemento de esta histórica Ley es el Acto legislativo que crea la Jurisdicción Especial de paz, que debe tramitarse en los primeros días de enero en los términos del Fast Track.

La Ley incluye un artículo especial que refrenda los Acuerdos de paz en los términos del reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional, autorizando el Fast Track.

Objeto.

La ley tiene por objeto regular las amnistías e indultos por los delitos políticos y los delitos conexos con éstos, así como adoptar tratamientos penales especiales diferenciados, en especial para Agentes del Estado que hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado.

Ámbito de aplicación.

La ley se aplicará de forma diferenciada e inescindible a todos quienes, habiendo participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado, hayan sido condenados, procesados o señalados de cometer conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado cometidas con anterioridad a la entrada en vigor del acuerdo final. También cobijará conductas amnistiables estrechamente vinculadas al proceso de dejación de armas. Además se aplicará a las conductas cometidas en el marco de disturbios públicos o el ejercicio de la protesta social en los términos que en esta ley se indica. En cuanto a los miembros de un grupo armado en rebelión solo se aplicará a los integrantes del grupo que haya firmado un acuerdo de paz con el gobierno, en los términos que en esta ley se indica.

Alcance.

Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz en el marco del fin del conflicto, respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos penales especiales diferenciados de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Del mismo modo, se aplicarán respecto de todas las sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales o renuncia del Estado al ejercicio de la acción penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Principios aplicables.

La filosofía de la Amnistía e indulto.

Derecho a la paz.

La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. La paz es condición esencial de todo derecho y es deber irrenunciable de los colombianos alcanzarla y preservarla.

Integralidad.

Las amnistías e indultos, y los tratamientos penales especiales, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, son medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, cuyos fines esenciales son facilitar la terminación del conflicto armado interno, contribuir al logro de la paz estable y duradera con garantías de no repetición, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica para todos y satisfacer los derechos de las víctimas. Por ello, los distintos componentes y medidas del Sistema Integral están interconectados a través de mecanismos, garantías, requisitos para acceder y mantener los tratamientos especiales de justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz. Se aplicará la totalidad de los principios contenidos en el acuerdo de creación de la Jurisdicción Especial para la Paz respecto de la amnistía, el indulto y otros mecanismos especiales de extinción de responsabilidades y sanciones penales principales y accesorias. Lo anterior se aplicará del mismo modo respecto de todas las sanciones administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal. Los principios deberán ser aplicados de manera oportuna.

Prevalencia.

Las amnistías, indultos y los tratamientos penales tales como la extinción de responsabilidades y sanciones penales y administrativas o renuncia del Estado a la persecución penal establecidos en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, incluidos los diferenciados para agentes del Estado, prevalecerán sobre las actuaciones de cualquier jurisdicción o procedimiento, en especial sobre actuaciones penales, disciplinarias, administrativas, fiscales o de cualquier otro tipo, por conductas ocurridas en el marco del conflicto interno, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta a este. La amnistía será un mecanismo de extinción de la acción penal, disciplinaria, administrativa y fiscal, cuya finalidad es otorgar seguridad jurídica a los integrantes de las Farp-Ep o a personas acusadas de serlo, tras la firma del Acuerdo Final de Paz con el Gobierno Nacional y la finalización de las hostilidades, todo ello sin perjuicio de lo establecido en el artículo 40 sobre extinción de dominio. En lo que respecta a la sanción disciplinaria o administrativa, la amnistía tendrá también el efecto de anular o extinguir la responsabilidad o la sanción disciplinaria o administrativa impuesta por conductas relacionadas, directa o indirectamente, con el conflicto armado.

Reconocimiento del delito político.

Como consecuencia del reconocimiento del delito político y de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario, a la finalización de las hostilidades el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible. En virtud de la naturaleza y desarrollo de los delitos políticos y sus conexos, para todos los efectos de aplicación e interpretación de esta ley, se otorgarán tratamientos diferenciados al delito común. Serán considerados delitos políticos aquellos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta ilícita es el Estado y su régimen constitucional vigente, cuando sean ejecutados sin ánimo de lucro personal. También serán amnistiables los delitos conexos con el delito político que describan conductas relacionadas específicamente con el desarrollo de la rebelión y cometidos con ocasión del conflicto armado, así como las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión. Serán considerados delitos conexos al delito político, aquellos calificados como comunes cuando cumplan los requisitos anteriores y no se trate de conductas ilícitas cometidas con ánimo de lucro personal, en beneficio propio o de un tercero.

Tratamiento penal especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo.

Los agentes del estado no recibirán amnistía ni indulto. Los agentes del estado que hubieren cometido delitos con ocasión, por causa, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final de Paz, recibirán un tratamiento penal especial diferenciado, simétrico, equitativo, equilibrado y simultaneo de conformidad con esta Ley.

Deber de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar.

Lo previsto en esta ley no se opone al deber del Estado colombiano de investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, conforme a lo establecido en el acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz.

Favorabilidad.

En la interpretación y aplicación de la presente ley se garantizará la aplicación del principio de favorabilidad para sus destinatarios. Debido proceso y garantías procesales. En todas las actuaciones judiciales y administrativas que se deriven de la presente Ley, se respetarán los principios y garantías procesales del debido proceso y del derecho a la defensa. Seguridad Jurídica. Las decisiones y resoluciones adoptadas en aplicación de la presente ley tienen efecto de cosa juzgada material como presupuesto de la seguridad jurídica. Serán inmutables como elemento necesario para lograr la paz estable y duradera. Éstas sólo podrán ser revisadas por el Tribunal para la Paz. Contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas. La concesión de amnistías o indultos o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo no exime del deber de contribuir individual o colectivamente al esclarecimiento de la verdad o del cumplimiento de las obligaciones de reparación que sean impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz. Si durante los cinco años siguientes a la concesión de la amnistía, indulto o de cualquier tratamiento especial, simétrico, simultáneo, equilibrado y equitativo, se rehusaran de manera reiterada e injustificada a cumplir los requerimientos del Tribunal para la Paz de participar en los programas de contribución a la reparación de las víctimas, o acudir ante la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad de la Convivencia y No Repetición, o ante la Unidad de Búsqueda de las Personas Dadas por Desaparecidas cuando exista obligación de comparecer ante las anteriores, perderán el derecho a que se les apliquen las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, o las equivalentes previstas en cualquier tratamiento de los definidos como especial, simultáneo, equilibrado y equitativo, en el evento de que llegaran a ser declarados responsables por algunas de las conductas que se les atribuyan al interior de la misma.

Esta filosofía lo que pone en evidencia es el carácter social y político de la rebelión y resistencia de los campesinos y sectores populares de nuestra nación.

Manos a la obra.

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México y su guerra contra el narco: diez años, 50.000 millones de dólares y más de 200.000 cadáveres

La guerra contra las drogas en México cumple diez años, ¿qué se ha conseguido hasta ahora?
México se ha gastado 50.000 millones de euros en seguridad y defensa desde el comienzo de la guerra y EEUU ha aportado alrededor de 1.405 millones
Desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas

 

¿Por qué se lanzó la guerra contra las drogas?


El 10 de diciembre de 2006, el recién investido presidente, Felipe Calderón, lanzó la guerra de México contra las drogas con el envío de 6.500 soldados a su Estado natal, Michoacán, donde cárteles enemigos, en su lucha por el control del lucrativo territorio, participaban en matanzas de venganza. La ola de violencia había estallado en 2005 y una serie de operaciones policiales y militares lanzadas por el anterior presidente, Vicente Fox, no habían logrado contener el derramamiento de sangre.


Calderón declaró la guerra tan solo ocho días después de ocupar el cargo, una decisión ampliamente percibida como un intento de impulsar su legitimidad tras una dura victoria electoral. En un periodo de dos meses, alrededor de 20.000 soldados participaron en operaciones en todo el país, que inicialmente gozaron de un apoyo generalizado en las comunidades, cansadas de tiroteos, ejecuciones horripilantes y corrupción policial.


¿Cuánto ha costado la guerra hasta ahora?


Estados Unidos ha aportado al menos 1.405 millones de euros desde 2008 a través de la Iniciativa Mérida (el Congreso ha aprobado otros 937 millones de euros). Por su parte, México se ha gastado, por lo menos, 50.600 millones de euros en seguridad y defensa desde el año 2007. Los críticos denuncian que este flujo de dinero ha permitido crear una industria de seguridad opaca abierta a la corrupción en todos sus niveles.


Pero los mayores costes han sido humanos: desde 2007, casi 200.000 personas han sido asesinadas y más de 28.000 declaradas desaparecidas. En septiembre de 2014, 43 profesores en prácticas desaparecieron y se presume que fueron asesinados tras ser atacados por agentes de policía corruptos y entregados a miembros de los cárteles de las drogas. El caso, en el cual el Ejército mexicano y políticos corruptos estuvieron implicados, se ha convertido en ejemplo emblemático de la violencia perpetrada en zonas altamente militarizadas.


Grupos defensores de los derechos humanos han registrado un aumento de abusos de derechos humanos por las fuerzas de seguridad, presionados para llevar a cabo arrestos, obtener confesiones y justificar la guerra. Las informaciones sobre tortura por las fuerzas de seguridad incrementaron un 600% entre 2003 y 2013, según Amnistía Internacional.


Mientras los cárteles se han dividido y diversificado, otros crímenes violentos como el secuestro y la extorsión se han disparado. En 2010, el cártel Los Zetas, fundado por un grupo de desertores de las fuerzas especiales mexicanas, masacraron a 72 migrantes que fueron secuestrados cuando intentaban llegar a Estados Unidos.


Cientos de miles de personas han sido desplazadas por la violencia y han surgido grupos de autodefensa y vigilancia en varios estados, incluido Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde las comunidades han tomado las armas en un intento de protegerse a sí mismos. Algunas de esas milicias han sido atacadas una por una por las fuerzas estatales o apropiadas por el crimen organizado.


¿Qué se ha conseguido?


La colaboración reforzada entre los servicios de inteligencia y de seguridad de México y Estados Unidos ha resultado en numerosos arrestos de destacadas figuras e importantes redadas antidroga. Las autoridades aseguran que 25 de los 37 narcotraficantes más buscados en la lista del expresidente Calderón han sido encarcelados, extraditados a Estados Unidos o asesinados, aunque no se han comprobado todos estos datos de forma independiente. Durante la legislatura de Calderón, más de 110.000 toneladas de cocaína fueron decomisadas y se destruyeron casi 180.000 hectáreas de marihuana y opio.


Desde que el sucesor de Calderón y actual presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, tomase posesión en diciembre de 2012, 101 de su lista de 122 capos más buscados están muertos o bajo custodia policial; de nuevo, no todas las supuestas muertes y detenciones han sido corroboradas de forma independiente.


La mayor victoria, y error garrafal, bajo el liderazgo de Peña Nieto fue la captura, huida y nueva captura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Guzmán está luchando contra su extradición a EEUU, aunque esta parece cada vez más clara. Mientras tanto, sus rivales llevan a cabo audaces estrategias para hacerse con sus lucrativas rutas, provocando una nueva ola de violencia en estados como Colima, Baja California y Sinaloa.


La represión y captura de los cerebros de las bandas se ha ganado las alabanzas de Estados Unidos y de los medios de comunicación, pero ha hecho muy poco por reducir la violencia o instaurar el Estado de derecho.


¿Cómo ha evolucionado la guerra?


Bajo la presión de las autoridades, algunas facciones criminales se han dividido para reagruparse y volver a emerger como grupos más pequeños pero más despiadados.


Al mismo tiempo, han brotado nuevas batallas en lo que antes eran estados pacíficos. Esto se debe a que las operaciones militares han incitado a las bandas a encontrar nuevas rutas para el tráfico de drogas en territorios rivales.


Las políticas de Calderón han permanecido prácticamente intactas bajo el liderazgo de Peña Nieto, aunque la retórica ha cambiado notablemente en lo que ha sido un intento de reconstruir la imagen de México y de atraer inversión extranjera. “Mientras la Administración de Calderón estaba obsesionada con la seguridad, el presidente Peña Nieto se ha obsesionado en no obsesionarse con la seguridad”, señala David Shrik, experto en seguridad.


Bajo el nuevo Gobierno, el presupuesto de seguridad y defensa ha seguido creciendo, como también lo ha hecho el derramamiento de sangre. Unas 63.000 personas fueron as

esinadas en la primera mitad del mandato de Peña Nieto, un 50% más que durante los tres primeros años de Calderón.
Además, inmensas cantidades de droga siguen llegando a Estados Unidos. El consumo de drogas en Estados Unidos, el mayor mercado mundial, sigue creciendo con 24,6 millones de consumidores en 2013, lo que equivale al 9,4% de la población mayor de 12 años. En 2002 esta cifra era de un 8,3%.


El consumo de drogas tiende a crecer y decrecer, en parte reflejando los esfuerzos de los cuerpos de seguridad. De este modo, aunque el consumo de cocaína se ha reducido levemente, el de marihuana, heroína y metanfetaminas están en alza.


La legalización de la marihuana en un creciente número de estados reducirá la demanda desde México, pero el resto del mercado está en pleno auge. Se estima que los cárteles mexicanos obtienen entre 17.900 y 27.300 millones de euros al año por la venta de drogas en Estados Unidos.


¿Qué papel ha jugado Estados Unidos?


La doctrina de 'guerra contra las drogas' se atribuye generalmente al presidente Richard Nixon, quien creó la agencia contra las drogas (DEA, Drug Enforcement Administration) en 1973 para declarar “una guerra sin cuartel contra la amenaza de las drogas”.


Desde entonces, Estados Unidos se ha gastado más de 2,3 billones de euros luchando contra este enemigo indeterminado a través de la prohibición y militarización. Durante las pasadas cuatro décadas, el modelo estadounidense ha sido exportado a Latinoamérica, especialmente a Colombia y México.


La guerra contra las drogas en México cumple 10 años y nunca hubiese sido posible sin la inmensa inyección de dinero y cooperación militar estadounidense bajo la Iniciativa Mérida. Los flujos han continuado a pesar de las crecientes evidencias de serias violaciones de derechos humanos.

Nina Lakhani - Ciudad de México
09/12/2016 - 19:42h

theguardian

Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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De la reclusión en aislamiento a la solidaridad de la huelga

La organización de base, esa ardua tarea de construcción de un movimiento social, puede resultar extenuante. Con frecuencia, la remuneración es baja o inexistente y el éxito no está garantizado. Como dijo Martin Luther King Jr. “Démonos cuenta de que el arco del universo moral es amplio, pero se inclina hacia la justicia”. Aunque no se inclina solo. En este momento, en condiciones que podrían considerarse de las más represivas que existen en Estados Unidos, crece un movimiento nacional por los derechos de los reclusos. Estados Unidos alberga a menos del 5% de la población mundial y a casi el 25% de la población carcelaria del mundo. Este movimiento parte de una celda de reclusión en aislamiento de la Correccional Holman, ubicada en la zona rural de Atmore, Alabama.

Desde la prisión, un hombre llamado Kinetik Justice dijo en mayo a “Democracy Now!”: “Estas huelgas son el método que encontramos para cuestionar el encarcelamiento masivo. El sistema carcelario es la continuación del sistema esclavista". Justice estaba usando un teléfono celular de contrabando desde el interior de una celda de reclusión en aislamiento en Holman, donde se encontraba recluido como castigo por impulsar la organización de los prisioneros. Él y otros reclusos de Alabama iniciaron una huelga de diez días el 1º de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, en el marco de la cual se negaron a participar en labores carcelarias. “La reforma y los cambios por los que luchamos en Alabama hemos intentado conseguirlos a través de la justicia. Hemos intentado ponernos en contacto con nuestros legisladores. Y no hemos logrado nada de esa manera. Consideramos que nuestro encarcelamiento tiene mucho que ver con nuestro trabajo y con el dinero que se genera a partir del sistema carcelario”.

Kinetik Justice es uno de los cofundadores del movimiento Free Alabama Movement (FAM, por sus siglas en inglés), que tiene por objetivo la organización de los reclusos contra los programas de trabajo carcelario en condiciones de explotación. A pesar de no tener acceso a Internet, tienen un sitio web donde se puede descargar un libro del cofundador de FAM Melvin Ray. En el libro, Ray describe las dificultades que enfrentan en el sistema carcelario de Alabama y la manera en que se están movilizando. Ray, que también se encuentra encarcelado, comienza el libro diciendo: “LIBERTAD... No se confundan... Esa es la tarea del movimiento Free Alabama Movement. En algún momento, nosotros (los reclusos) tenemos que llegar no solo al punto en que estemos hartos de las condiciones inhumanas e inconstitucionales en las que estamos recluidos, sino que además tenemos que llegar al punto en que estemos preparados, en que tengamos la voluntad y la capacidad de hacer algo al respecto. Ese ‘algo’ es una huelga a nivel estatal de la mano de obra gratuita, una manifestación de protesta no violenta y pacífica en defensa de los derechos civiles y los derechos humanos".

La medida de protesta fue más allá de la huelga del Día de los Trabajadores y pasó a ser de alcance nacional. El 9 de septiembre, reclusos de al menos 24 estados participaron de una huelga coordinada al conmemorarse el 45º aniversario del motín que tuvo lugar en 1971 en la tristemente célebre prisión de Attica en el estado de Nueva York. Los reclusos que actualmente llevan adelante la huelga se manifiestan contra la reclusión en aislamiento por períodos prolongados, la atención médica inadecuada, la superpoblación, las agresiones violentas y el trabajo en condiciones de esclavitud.

El pastor Kenneth Glasgow, de Alabama, fundó la organización T.O.P.S., The Ordinary People Society o La Sociedad de la Gente Común, en español, para apoyar a los reclusos y exconvictos. Siendo él mismo ex-prisionero, nos dijo: “Los que están encarcelados reconocen el hecho de que la población pagó impuestos para su rehabilitación, para que reciban educación y capacitación a fin de reinsertarse en nuestra sociedad, porque el 98% de las personas encarceladas salen, y para que al salir sean capaces de ser ciudadanos productivos tienen que recibir esos conocimientos, educación y todo lo demás. Lo que consideran es que solamente se los alberga. Y los contribuyentes pagan entre 31.000 y 80.000 dólares por año, dependiendo del estado en el que se encuentran, para que los reclusos accedan a rehabilitación y educación que no están recibiendo. En cambio, lo único que se les brinda es la posibilidad de ser usados como mano de obra carcelaria gratuita”.

El pasado sábado por la noche, a la movilización de los reclusos de Holman se unieron aliados inesperados: los propios guardias de la prisión. Casi la totalidad de los guardias se negó a presentarse al inicio de su turno de doce horas. El 1º de septiembre pasado, el agente penitenciario de Alabama Kenneth Bettis, de 44 años de edad, fue apuñalado en Holman y murió dos semanas después. Al ser entrevistado nuevamente por “Democracy Now!” esta semana, Kinetic Justice explicó: “Hemos estado en comunicación entre ambos lados en las últimas semanas. En realidad, esta administración no tiene consideración por la vida humana. Y [los guardias] están empezando a ver que eso no afecta solo a los hombres que están recluidos aquí, sino que la violencia que generan en realidad llega a afectar también a los agentes. Y muchos de ellos están aterrados por lo que está pasando”.

El alcance nacional de la huelga carcelaria, con acciones en 40 o 50 prisiones a lo largo y ancho de Estados Unidos, es verdaderamente histórico, así como la solidaridad que se vio entre reclusos y guardias de Holman esta semana. Encerrados tras las rejas, privados de acceso a Internet e incluso al teléfono, impedidos de comunicarse fácilmente con los medios de comunicación, estos reclusos encabezan su propio movimiento, con la solidaridad de miles de personas desde afuera. “La esclavitud es difícil de exterminar en el sur”, escribe Melvin Ray en su libro. Aún así, con su activismo de base, estos reclusos están inclinando ese arco del universo moral un poco más hacia el lado de la justicia.

Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 15 Abril 2016 06:19

Carta abierta al director Ban Ki-moon

Carta abierta al director Ban Ki-moon

Entre el 19 y el 21 de abril se hará una Sesión Especial de la ONU sobre drogas. Más de mil artistas e investigadores abogan por cambiar el actual paradigma de lucha contra el nacotráfico. Piden que se abandone el enfoque penal y se haga eje en la salud y en la reducción de daños.

 

Más de mil personalidades de todo el mundo pidieron un cambio en las políticas de drogas caracterizadas como “guerra contra las drogas”. Lo hicieron a través de una carta pública dirigida al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en vistas a la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (Ungass) sobre drogas, que tendrá lugar en Nueva York del 19 al 21 de abril.


Sting, Michael Douglas, Peter Gabriel, Gael García Bernal, Jane Fonda, junto a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (Honduras), Vicente Fox (México), César Gaviria Trujillo (Colombia), Ricardo Lagos (Chile), Ruth Dreifuss (Suiza) y George Papandreou (Grecia), son algunas de las variadas personalidades que han firmado este pedido a Ban Ki-moon “para una reforma real de la política de control de drogas en el mundo”.


Cientos de referentes de la cultura, la educación, la academia, los derechos humanos, la política, el clero, el sector empresarial, entre otros, han dado su apoyo.


“El régimen internacional de control de drogas, surgido durante el siglo pasado –dice la carta–, ha demostrado ser desastroso para la salud global, la seguridad y los derechos humanos. Centrado exclusivamente en la criminalización y el castigo, el sistema creó un mercado ilícito extenso, responsable del enriquecimiento de organizaciones criminales, la corrupción de gobiernos, el crecimiento de una violencia explosiva, la distorsión de mercados económicos y el debilitamiento de valores morales básicos.”


La acción fue promovida por Drug Policy Alliance, una ONG que tiene como objetivo principal poner fin al paradigma norteamericano de “lucha contra las drogas”, en conjunto con organizaciones sociales de todo el mundo. En nuestro país fue difundida por la ONG Intercambios.


Los firmantes argentinos son Osvaldo Bayer (escritor y periodista), Raúl Eugenio Zaffaroni (jurista), Pedro Cahn (infectólogo), Juan Gabriel Tokatlian y Roberto Gargarella (académicos), Margarita Stolbizer y Alcira Argumedo (diputadas nacionales), Alberto Calabrese (especialista en adicciones), Andrés Gil Domínguez (profesor de Derecho Constitucional), Agustín Echeverri (economista), Alex Freyre (director de la Fundación Buenos Aires Sida), Mario Alberto Juliano (director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal), Roberto Saba (decano de la Universidad de Palermo), Graciela Touzé (presidenta Intercambios) y Martín Vázquez Acuña (camarista).


La Sesión Especial de Naciones Unidas, que tendrá lugar del 19 al 21 de abril, es la primera de su tipo desde 1998, cuando el ilusorio slogan oficial fue “Un mundo libre de drogas-Podemos hacerlo!”. El año pasado, Ban Ki-moon hizo un fuerte llamado a la acción, pidiendo a los gobiernos “que dirijan un amplio y abierto debate que considere todas las opciones”. La carta dirigida a él es en parte un reclamo por los obstáculos que se presentaron para dar tal debate y los firmantes le solicitan “que use su posición de liderazgo” para promover una reforma real del sistema internacional de control de drogas.
“Son numerosísimas las voces muy respetadas que se unieron para pedir un cambio en las políticas de drogas –señaló Graciela Touzé–. Si bien ha crecido el número de países, en especial en América latina, que se alejan del discurso de la guerra contra las drogas, siguen siendo devastadoras las consecuencias de esta política.” Como dice la carta: “Se necesita una nueva respuesta global para las drogas, basada en la ciencia, la compasión, la salud y los derechos humanos”, porque “la humanidad no puede permitirse continuar apoyando una política de drogas tan inefectiva y contraproducente en el siglo XXI, como lo hizo a lo largo del siglo anterior”.


En la Argentina, el actual gobierno va a contramano de lo que plantean los firmantes de la carta. La ministra de Seguridad y Derechos Humanos, Patricia Bullrich, sostiene desde cada una de sus acciones la bandera del paradigma estadounidense de lucha contra las drogas y el narcotráfico.


“Hemos comenzado un plan llamado ‘Barrios Seguros’. El objetivo no son solamente los allanamientos sino comenzar un plan que ha sido exitoso en otras ciudades de Latinoamérica, como Río de Janeiro, Medellín y México. La idea es que haya barrios libres de droga, que no haya más violencia, para que se terminen las muertes”, anunció la ministra en abril de este año, en ocasión de un gigantesco operativo policial, con 600 uniformados, en la Villa 31, de Retiro. Precisamente desde México aparecieron los cuestionamientos a la estrategia de Bullrich. Hace menos de un mes, el representante de la oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México aseguró que “la guerra contra las drogas declarada hace 35 años se ha acabado”, y reconoció que el problema de las drogas no es un problema militar sino de salud.


“No vamos, como gobierno, a hablar de despenalización”, anunció Bullrich en marzo de este año, en un encuentro en el Congreso convocado por los legisladores como parte de una agenda abierta rumbo a la asamblea especial sobre drogas que las Naciones Unidas desarrollarán este mes en Nueva York.

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Albert Woodfox, el último de “Los Tres de Angola”, es libre al fin

Albert Woodfox cumplió 69 años el viernes. Ese día también fue liberado de prisión, después de haber estado detenido durante 43 años en confinamiento solitario, más tiempo que ninguna otra persona en la historia de Estados Unidos. En la primera entrevista televisada tras su liberación, brindada a Democracy Now!, Albert Woodfox dijo sobre la coincidencia de fechas: “Es un gran regalo de cumpleaños”. Woodfox es un testimonio vivo del poder de resistencia del espíritu humano cuando se lo somete al castigo cruel e inusual del confinamiento solitario. Su caso también es un importante recordatorio de la injusticia que atraviesa el sistema de justicia penal de Estados Unidos.

Woodfox era un veinteañero cuando fue enviado a prisión por robo a mano armada en 1971. Fue enviado al centro penitenciario estatal de Louisiana (Louisiana State Penitentiary, en inglés), un complejo carcelario conocido con el nombre de Angola y uno de los más duros de Estados Unidos. La cárcel alberga a 5.000 reclusos y se sitúa en una zona rural de Louisiana, donde antiguamente había una plantación que utilizaba esclavos. Se la denomina popularmente “Angola” porque ese era el país de origen de la mayoría de esos esclavos.

Las condiciones en la prisión Angola en 1971 eran tan violentas y terribles que Woodfox, junto a otro prisionero, Herman Wallace, fundó una de las primeras secciones del partido de las Panteras Negras de Estados Unidos en prisión. En 1972, Woodfox y Wallace fueron acusados de asesinar al guardia de prisión Brent Miller, a pesar de que no había pruebas físicas que vincularan a los hombres con el delito. Una huella dactilar ensangrentada hallada en la escena del crimen, que no coincidía con las huellas dactilares de Wallace ni con las de Woodfox, no fue considerada por las autoridades. Robert King, otro prisionero que se sumó a las Panteras Negras en la cárcel, fue acusado de cometer otro delito dentro de la prisión. Los tres fueron enviados a confinamiento solitario, donde permanecieron durante décadas, siempre afirmando su inocencia.

Cuando hablé con Albert Woodfox apenas días después de su liberación, recordó aquellas primeras épocas en que se estaban organizando dentro de Angola: “Ver a un espíritu humano abatido es lo más triste del mundo. Y eso es básicamente lo que les sucedía a los jóvenes que llegaban a Angola. Decidimos que si realmente creíamos en lo que estábamos intentando hacer, valía la pena adoptar las medidas que fueran necesarias para detener eso”.

Incluso en aquel entonces, “Los tres de Angola”, como se los llamaba, conocían muy bien los posibles efectos del confinamiento solitario. Woodfox recordó durante la entrevista: “Cuando nos colocaron por primera vez en el régimen de aislamiento, en el ’72, a mí, a Herman Wallace y a Robert King, sabíamos que si queríamos tener la mínima posibilidad de mantener la cordura y no permitir que el sistema de cárceles nos abatiera, debíamos seguir centrándonos en la sociedad y no volvernos prisioneros”. Le pregunté a Albert Woodfox qué leía en la cárcel: “Libros de historia, libros sobre Malcolm X, el Dr. Martin Luther King, Frantz Fanon, James Baldwin. Toda la literatura que pudiera conseguir”.

Pronto comenzó a crecer un movimiento a nivel mundial para pedir la liberación de “Los tres de Angola”. Amnistía Internacional y otras organizaciones solicitaron su liberación. Se hicieron muchos documentales sobre el caso. En uno de ellos, la viuda de Brent Miller se sumó al pedido de liberación y afirmó: “Estos hombres, si no son culpables, y creo que no lo son, han vivido una pesadilla durante 36 años”.

Dos impedimentos fundamentales para su liberación fueron el director de la cárcel, Burl Cain, y el fiscal general de Louisiana, James “Buddy” Caldwell. Cain era el responsable de tomar la decisión de mantener a los prisioneros en régimen de confinamiento solitario. En una deposición realizada en 2008 en el en la causa por la liberación de Woodfox, Cain afirmó: “Sé que aún está tratando de ejercer el activismo con las Panteras Negras”. Si bien el juicio contra Woodfox fue anulado en tres ocasiones y un juez federal ordenó su liberación, el fiscal general Caldwell insistió varias veces en que se realizara un nuevo juicio. Cain renunció en diciembre, tras haber sido acusado de violar la ética del estado y afrontar una investigación penal por negocios realizados durante su mandato como director de la cárcel, cargo que ocupó durante más tiempo que ningún otro director en la historia de la cárcel de Angola. El fiscal Caldwell perdió la reelección ante otro republicano, Jeff Landry, que permitió que Woodfox saliera de la cárcel con la condición de que no impugnaría el cargo de homicidio culposo.

Mientras hablaba en el programa Democracy Now!, sentado frente a la cámara, Albert Woodfox entrecerraba los ojos. Los años de confinamiento solitario en una celda de 2 por 2 dañaron su visión. Está orgulloso de su activismo. “Hemos sensibilizado a la población estadounidense, a la población del mundo acerca del problema del confinamiento solitario. Y esto es solo el comienzo. Hemos llegado al punto en que no se trata solo de “Los 3 de Angola”, sino también del confinamiento solitario”.

Robert King fue liberado en 2001. Su condena fue anulada después de haber pasado 29 años en régimen de aislamiento. Herman Wallace fue liberado en 2013, únicamente después de que un juez federal amenazara con enviar a Cain a prisión si se negaba a liberarlo. Wallace murió de cáncer de hígado al día siguiente de ser liberado. El lunes, le preguntamos a Albert Woodfox sobre sus planes para el futuro: “Estuve tanto tiempo encerrado en una cárcel dentro de otra cárcel que tengo que aprender a vivir como una persona libre. Estoy tratando de aprender a ser libre”.

 

Traducción al español del texto en inglés: Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Viernes, 19 Febrero 2016 06:16

Guantánamo en Israel

Guantánamo en Israel

Hay actualmente en Palestina unos 650 presos y presas en “detención administrativa”, sin acusación ni juicio. Cada seis meses tribunales militares van renovando su detención, que puede extenderse indefinidamente. Uno de ellos es Mohammed al-Qiq, que está en huelga de hambre desde noviembre, y está al borde de la muerte.


Mohammed al-Qiq está muriendo en el hospital Haemek de Afula [Galilea]. Qiq, cuya detención administrativa fue suspendida la semana pasada cuando su condición se agravó, está consciente pero no puede comunicarse. Ha perdido el oído y el habla. El sábado su huelga de hambre cumplió 81 días. En la aldea cisjordana de Dura su familia espera noticias, incluyendo su esposa Fayha y sus dos pequeños hijos, Islam y Lur. No han visto a Mohammed desde el 20 de noviembre del año pasado.


Mientras tanto los oficiales anónimos del Shin Bet (servicio de seguridad) que recomendaron arrestar a Qiq sin juicio ni evidencia continúan viviendo y trabajando normalmente en sus hogares y oficinas. Ni ellos ni los políticos se van a ablandar cuando vean las fotos del hospital que recuerdan a un muselmann (un preso de campo de concentración que está muriendo lentamente). En lo que a ellos respecta, que se muera.


La vida en casa y en el trabajo también continúa como siempre para Elyakim Rubinstein (vicepresidente de la Suprema Corte), Zvi Zylbertal y Dafne Barak-Erez, los jueces del máximo órgano judicial que aprobaron su detención sin juicio ni cargos ni derecho a defensa.


El 4 de febrero el órgano dictó la suspensión de la orden de detención, pero sólo debido a su deteriorada salud. Ya no es necesario esposarlo a la cama, dijeron, fallando contra el Estado. Su familia puede visitarlo, decretaron magnánimamente. No obstante, permanecerá en la unidad de cuidados intensivos del hospital de Afula. No será liberado ni imputado, sino que continuará en una detención suspendida. Una nueva invención legal.


Esto es lo que escribieron en su retorcido fallo: “Después de deliberar llegamos a la conclusión de que debido a la condición médica del demandante, como se muestra en el informe detallado y actualizado, y como seres humanos, le deseamos una rápida recuperación, él se ha provocado esto, incluyendo el grave deterioro neurológico y comunicativo; un riesgo que obliga en este momento a imponer una orden de detención designada para prevenir más que castigar. Por lo tanto, hemos decidido suspender la orden de detención administrativa (...) de modo que cuando su condición se estabilice y pida abandonar el hospital, deberá solicitarlo a las autoridades, y se mantiene su derecho de petición. Esto es una suspensión, con la interpretación implícita, y no una expresión de nuestra opinión”.


El viernes dos activistas sociales israelíes, Anat Lev y Anat Rimon-Or, fueron a la residencia prersidencial en Jerusalén. Intentaron reunirse con el presidente, Reuven Rivlin, para pedirle que interviniera y así evitar la muerte de un ser humano por inanición. Cuando el presidente se negó a recibirlas y se acercaba el Shabbat, decidieron quedarse allí e iniciar una huelga de hambre, sentadas en colchones en la acera. Detrás de ellas está el edificio que alguna vez albergó el tribunal militar del Mandato Británico, “en el cual tuvieron lugar juicios contra combatientes judíos clandestinos, que no aceptaron la jurisdicción del tribunal” (según reza una placa junto al portón).


Rimon-Or, que enseña filosofía y educación en el colegio universitario Beit Berl, dijo el viernes: “Yo veo a una persona que está diciendo: ‘No voy a jugar con vuestras reglas’. La opresión existe en tantos niveles, y si no podemos hacer nada y nuestra batalla está perdida, al menos mostremos alguna responsabilidad personal diciendo un enfático no”. Previamente ella había estado parada frente al hospital de Afula durante dos semanas, sosteniendo un cartel que exigía la libertad de Qiq. “Estuve allí porque me sentía impotente frente a todo lo que está pasando”, explicó.


Después de que los jueces suspendieron la orden de detención, la gente empezó a visitar a Qiq, incluyendo activistas palestinas y judías (todos ellos con ciudadanía israelí). Lev entró en la habitación y vio “a un hombre gritando de dolor, sin voz”. El martes 9 una docena de activistas de derecha vino al hospital “a expresar su espanto ante las expresiones de preocupación por un árabe”, según lo explica Rimon-Or, y para manifestar contra las otras activistas. Dos mujeres lanzaron una asombrosa sarta de insultos que a Rimon-Or le costó repetir, incluyendo “putas” y “terroristas”. Un palestino-israelí les respondió en el mismo tono, y las mujeres presentaron una denuncia contra él; ahora está bajo sospecha de acoso sexual.


El miércoles 10 varios activistas consiguieron una ambulancia para trasladar a Qiq a un hospital en Ramala. Asumían que así él aceptaría terminar la huelga de hambre. Rápidamente el hospital de Afula se llenó de personal de seguridad que frustró el traslado. El viernes el Club para los Prisioneros Palestinos presentó otra petición ante la Suprema Corte, pidiendo que ordenara el traslado de Qiq a Ramala. “Es nuestro último recurso”, dijo el abogado Ashraf Abu Sneineh.


Algunas activistas usaron sus teléfonos para mostrarle a Qiq un video en el cual su familia le trasmitía su apoyo. Su esposa, Fayha, dijo al periódico Haaretz: “Nosotros rechazamos el fallo de la Suprema Corte que nos permite visitarlo. No vamos a ser parte de este juego: ‘Por favor, bese a sus hijos y continúe bajo detención suspendida’. Lo queremos libre. No sabemos a qué apuesta el Estado si piensa que puede resistir los resultados de su huelga de hambre. Nosotros, la familia, sabemos que podemos manejar esos resultados”.


“Su estado es muy grave. Los niños saben que su padre está detenido por el ejército y que está enfermo –agregó–. No entienden mucho lo que significa una huelga de hambre. Yo les digo que su padre es un héroe y trato de trasmitirles que si –Dios no lo permita– algo le pasa, estará en el paraíso.”


(Publicado en Haaretz, Israel, el lunes 15. Traducción de María Landi.)

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La liberación de Simón Trinidad, otra piedra en el camino hacia la paz

La situación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, guerrillero de las FARC condenado a 60 años y encarcelado en Estados Unidos desde 2004, es uno de los asuntos más espinosos que, aunque no públicamente, tratará Santos durante su visita a Washington. Aunque no es indispensable para que se firme el acuerdo final, la guerrilla exige la liberación inmediata de Simón Trinidad, que permanece en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos acusado de estar vinculado al secuestro de tres contratistas estadounidenses que permanecieron en poder de la guerrilla durante cinco años. Sin embargo, no está condenado por otros delitos como terrorismo o narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado en numerosas ocasiones la excarcelación de Trinidad.


En una reciente entrevista con la agencia AP, Santos se mostró partidario de la liberación de Trinidad aunque, insistió, no depende de él esa decisión. "Por supuesto estaría de acuerdo con ello porque ayudaría en el proceso" de paz, sostuvo Santos. "Sería un tremendo gesto para las FARC, para su dignidad, ya que esto es un asunto realmente importante para ellos. A veces tienes que hacer concesiones para hacer los acuerdos más fuertes... Pero de nuevo: esto es algo con lo cual no me puedo comprometer".


Los negociadores de las FARC en La Habana, que nombraron a Trinidad como uno de sus representantes en el inicio de las conversaciones hace más de tres años, consideran que si no hay un compromiso antes de que se firme el acuerdo final, cuando la mesa de negociaciones de La Habana termine, lograrlo va a resultar mucho más complicado.


"La idea de liberarlo, especialmente en año electoral, es explosiva, puede conllevar un gran poste político", asegura Adam Isacson, experto en política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). "Colombia va a tener que compartir ese coste político. El escenario más probable sería que fuese a una cárcel colombiana o que entre en la jurisdicción especial para la paz junto a otros guerrilleros", añade.


Pese a la buena disposición de Estados Unidos durante todo el proceso, y la sintonía con el enviado especial de Obama, Bernie Aronson, la guerrilla quiere cerrar algunos cabos que le preocupan de cara a un posconflicto. Si bien existe el compromiso de que no habrá extradiciones por delitos cometidos hasta la firma del acuerdo, las FARC reclaman que se les saque de la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, en la que llevan 20 años. Un pedido al que se unió recientemente el presidente Santos. En una entrevista con El Tiempo, Aronson fue tajante: Tienen que desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no existen y pueden ser removidos. No depende de las FARC, depende del Gobierno de Estados Unidos. Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede comenzar mientras sean una organización armada y sigan involucrados en actividades criminales".

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México y la policía brasileña en la mira

HRW arremetió contra la impunidad de los agentes de las policías de Brasil y aseguró que el gobierno mexicano no luchó con firmeza contra ejecuciones extrajudiciales y torturas.

 

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los abusos cometidos por la policía brasileña y criticó al Ejecutivo mexicano por la falta de avances para procesar a responsables de violaciones de derechos humanos. En su informe mundial, que se presentó ayer en forma simultánea en San Pablo y Estambul, la organización con sede en Nueva York arremetió con especial fuerza, una vez más, contra la impunidad de los agentes de las policías de Brasil y aseguró que el gobierno mexicano, encabezado por el mandatario Enrique Peña Nieto, no luchó con firmeza contra crímenes como ejecuciones extrajudiciales y torturas.


Según la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, Brasil registró en 2015 más de 3000 asesinatos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto del año anterior, mientras que la cifra de agentes muertos cayó casi un dos por ciento, con 400 casos. "Ha sido un año frustrante, en el que hemos asistido al fracaso generalizado en todas las esferas del gobierno en materia de seguridad pública", señaló. "La policía de Brasil mata una media de ocho personas al día", puntualizó Canineu. "Hay violaciones crónicas de derechos humanos en el país. Se necesita garantizar que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales sean de hecho responsabilizados."


Sin embargo, parece que no hubo demasiados cambios en la forma de actuar de la policía brasileña desde 2014. Hace seis días, la Policía Militar hirió a 28 manifestantes del grupo Movimiento Pase Libre que se movilizaban de forma pacífica en San Pablo contra el alza de las tarifas del transporte público en la ciudad, gobernada por el conservador Geraldo Alckim, que aspira a ser candidato presidencial en 2018 por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).


El capítulo brasileño del informe también señala que los detenidos en las cárceles son torturados y maltratados, además de enfrentar graves problemas de hacinamiento y violencia.


El informe alertó sobre el avance en el Congreso Nacional de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que prevé la reducción de la edad penal en Brasil de los 18 a los 16 años para los delitos más graves, una medida aprobada en agosto del año pasado en la Cámara de los Diputados y que actualmente se encuentra bajo análisis en el Senado.

Además, HRW criticó fuertemente la ley antiterrorista desarrollada por el poder Legislativo en 2015 y que dada su "excesiva ambigüedad" podría llegar a ser empleada en la criminalización de las manifestaciones ciudadanas y los movimientos sociales llegando, incluso, a ser tachados de "terroristas" por la nueva legislación. La entidad defensora de los derechos humanos no obstante tuvo palabras de elogios para la política brasileña en relación con los refugiados, sobre la que Canineu afirmó que todavía hay mucho por hacer.


El informe de HRW también evalúa la situación en Venezuela. "Las autoridades se aprovecharon de la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a opositores políticos", señala el anuario, en referencia al dirigente Leopoldo López. En cuanto a Cuba, la organización indicó que no hubo "mejoras" desde que el presidente Raúl Castro y su par estadounidense, Barack Obama, anunciaron la normalización de las relaciones bilaterales. "La política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido un fracaso total y ha hecho nada para ayudar a los cubanos. Sólo ha servido para aislar a la isla, dar al gobierno unas excusas para todos sus problemas."


Otro de los países que fueron cuestionados fue México. El informe señala que las fuerzas de seguridad se envolvieron en graves violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado, durante el mandato de Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012. El director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, señaló que a pesar de la presión internacional, todavía existe un ambiente de impunidad casi total en el país. "Uno de los desafíos más urgentes en México, y en Centroamérica como región, es fortalecer el sistema judicial para evitar que las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia", aseguró.


El informe señala que algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción. "El sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos".


El anuario denuncia frecuentes casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa que, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron. El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.000 personas y el Ejecutivo lideró iniciativas potencialmente prometedoras pero poco efectivas al respecto.


La sección mexicana del informe dedica también un apartado a los ataques contra periodistas, que, según HRW, la justicia mexicana no indaga desde una perspectiva adecuada. "No investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación". Además, la ONG reprueba que las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual, y añade que algunas disposiciones incluso contradicen padrones internacionales.

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