La liberación de Simón Trinidad, otra piedra en el camino hacia la paz

La situación de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, guerrillero de las FARC condenado a 60 años y encarcelado en Estados Unidos desde 2004, es uno de los asuntos más espinosos que, aunque no públicamente, tratará Santos durante su visita a Washington. Aunque no es indispensable para que se firme el acuerdo final, la guerrilla exige la liberación inmediata de Simón Trinidad, que permanece en una prisión de alta seguridad de Estados Unidos acusado de estar vinculado al secuestro de tres contratistas estadounidenses que permanecieron en poder de la guerrilla durante cinco años. Sin embargo, no está condenado por otros delitos como terrorismo o narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos ha rechazado en numerosas ocasiones la excarcelación de Trinidad.


En una reciente entrevista con la agencia AP, Santos se mostró partidario de la liberación de Trinidad aunque, insistió, no depende de él esa decisión. "Por supuesto estaría de acuerdo con ello porque ayudaría en el proceso" de paz, sostuvo Santos. "Sería un tremendo gesto para las FARC, para su dignidad, ya que esto es un asunto realmente importante para ellos. A veces tienes que hacer concesiones para hacer los acuerdos más fuertes... Pero de nuevo: esto es algo con lo cual no me puedo comprometer".


Los negociadores de las FARC en La Habana, que nombraron a Trinidad como uno de sus representantes en el inicio de las conversaciones hace más de tres años, consideran que si no hay un compromiso antes de que se firme el acuerdo final, cuando la mesa de negociaciones de La Habana termine, lograrlo va a resultar mucho más complicado.


"La idea de liberarlo, especialmente en año electoral, es explosiva, puede conllevar un gran poste político", asegura Adam Isacson, experto en política de seguridad regional de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). "Colombia va a tener que compartir ese coste político. El escenario más probable sería que fuese a una cárcel colombiana o que entre en la jurisdicción especial para la paz junto a otros guerrilleros", añade.


Pese a la buena disposición de Estados Unidos durante todo el proceso, y la sintonía con el enviado especial de Obama, Bernie Aronson, la guerrilla quiere cerrar algunos cabos que le preocupan de cara a un posconflicto. Si bien existe el compromiso de que no habrá extradiciones por delitos cometidos hasta la firma del acuerdo, las FARC reclaman que se les saque de la lista de organizaciones terroristas del Gobierno de Estados Unidos, en la que llevan 20 años. Un pedido al que se unió recientemente el presidente Santos. En una entrevista con El Tiempo, Aronson fue tajante: Tienen que desarmarse, cesar sus actividades criminales y dejar de plantear un riesgo para los intereses de EE. UU. Cuando eso suceda entonces se iniciará un proceso de revisión para determinar si las condiciones ya no existen y pueden ser removidos. No depende de las FARC, depende del Gobierno de Estados Unidos. Pero creo que ellos entienden que ese proceso no puede comenzar mientras sean una organización armada y sigan involucrados en actividades criminales".

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México y la policía brasileña en la mira

HRW arremetió contra la impunidad de los agentes de las policías de Brasil y aseguró que el gobierno mexicano no luchó con firmeza contra ejecuciones extrajudiciales y torturas.

 

La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció los abusos cometidos por la policía brasileña y criticó al Ejecutivo mexicano por la falta de avances para procesar a responsables de violaciones de derechos humanos. En su informe mundial, que se presentó ayer en forma simultánea en San Pablo y Estambul, la organización con sede en Nueva York arremetió con especial fuerza, una vez más, contra la impunidad de los agentes de las policías de Brasil y aseguró que el gobierno mexicano, encabezado por el mandatario Enrique Peña Nieto, no luchó con firmeza contra crímenes como ejecuciones extrajudiciales y torturas.


Según la directora de HRW en Brasil, Maria Laura Canineu, Brasil registró en 2015 más de 3000 asesinatos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad, lo que representa un incremento del 40 por ciento respecto del año anterior, mientras que la cifra de agentes muertos cayó casi un dos por ciento, con 400 casos. "Ha sido un año frustrante, en el que hemos asistido al fracaso generalizado en todas las esferas del gobierno en materia de seguridad pública", señaló. "La policía de Brasil mata una media de ocho personas al día", puntualizó Canineu. "Hay violaciones crónicas de derechos humanos en el país. Se necesita garantizar que los responsables de las ejecuciones extrajudiciales sean de hecho responsabilizados."


Sin embargo, parece que no hubo demasiados cambios en la forma de actuar de la policía brasileña desde 2014. Hace seis días, la Policía Militar hirió a 28 manifestantes del grupo Movimiento Pase Libre que se movilizaban de forma pacífica en San Pablo contra el alza de las tarifas del transporte público en la ciudad, gobernada por el conservador Geraldo Alckim, que aspira a ser candidato presidencial en 2018 por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).


El capítulo brasileño del informe también señala que los detenidos en las cárceles son torturados y maltratados, además de enfrentar graves problemas de hacinamiento y violencia.


El informe alertó sobre el avance en el Congreso Nacional de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 171/93) que prevé la reducción de la edad penal en Brasil de los 18 a los 16 años para los delitos más graves, una medida aprobada en agosto del año pasado en la Cámara de los Diputados y que actualmente se encuentra bajo análisis en el Senado.

Además, HRW criticó fuertemente la ley antiterrorista desarrollada por el poder Legislativo en 2015 y que dada su "excesiva ambigüedad" podría llegar a ser empleada en la criminalización de las manifestaciones ciudadanas y los movimientos sociales llegando, incluso, a ser tachados de "terroristas" por la nueva legislación. La entidad defensora de los derechos humanos no obstante tuvo palabras de elogios para la política brasileña en relación con los refugiados, sobre la que Canineu afirmó que todavía hay mucho por hacer.


El informe de HRW también evalúa la situación en Venezuela. "Las autoridades se aprovecharon de la falta de independencia del poder judicial en el país para detener y procesar criminalmente a opositores políticos", señala el anuario, en referencia al dirigente Leopoldo López. En cuanto a Cuba, la organización indicó que no hubo "mejoras" desde que el presidente Raúl Castro y su par estadounidense, Barack Obama, anunciaron la normalización de las relaciones bilaterales. "La política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido un fracaso total y ha hecho nada para ayudar a los cubanos. Sólo ha servido para aislar a la isla, dar al gobierno unas excusas para todos sus problemas."


Otro de los países que fueron cuestionados fue México. El informe señala que las fuerzas de seguridad se envolvieron en graves violaciones de derechos humanos en operaciones contra el crimen organizado, durante el mandato de Peña Nieto, quien asumió el cargo en 2012. El director adjunto de HRW para América Latina, Daniel Wilkinson, señaló que a pesar de la presión internacional, todavía existe un ambiente de impunidad casi total en el país. "Uno de los desafíos más urgentes en México, y en Centroamérica como región, es fortalecer el sistema judicial para evitar que las fuerzas policiales se involucren en actividades criminales y generen más violencia", aseguró.


El informe señala que algunos jueces continúan desconsiderando denuncias de tortura y aceptando confesiones supuestamente obtenidas bajo coerción. "El sistema de justicia criminal rutinariamente fracasa en garantizar justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos".


El anuario denuncia frecuentes casos de desapariciones forzadas llevadas a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, como el secuestro de 43 estudiantes de Ayotzinapa que, según la versión oficial, fueron retenidos por policías y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron. El documento también enfatiza que el número de desaparecidos en México llega ya a 25.000 personas y el Ejecutivo lideró iniciativas potencialmente prometedoras pero poco efectivas al respecto.


La sección mexicana del informe dedica también un apartado a los ataques contra periodistas, que, según HRW, la justicia mexicana no indaga desde una perspectiva adecuada. "No investigan adecuadamente, al no tener en cuenta desde el principio su profesión como posible motivación". Además, la ONG reprueba que las leyes del país no protejan adecuadamente a las mujeres y niñas contra la violencia doméstica y sexual, y añade que algunas disposiciones incluso contradicen padrones internacionales.

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Miércoles, 23 Diciembre 2015 07:31

La justicia de paz, la amnistía y el indulto

La justicia de paz, la amnistía y el indulto

El fin de la guerra y la construcción de la paz demanda la aprobación de la más amplia ley de amnistía e indulto para los combatientes guerrilleros de la resistencia campesina revolucionaria. Desde todos los sectores de la sociedad civil debemos contribuir a la expedición de dicho reglamento político democrático.

Distinto a lo que plantean los enemigos del proceso de paz que se adelanta entre el gobierno del Presidente Santos y las Farc, el reciente Acuerdo sobre los derechos de las víctimas del conflicto social y armado, prevé otorgar a los combatientes revolucionarios amnistías, indultos y otros tratamientos especiales, al momento de hacer un Pacto general y definitivo de paz.

Es mentira que el Estatuto de Roma y otros instrumentos internacionales del Derecho Penal y el DIH hayan eliminado esas herramientas de paz.

En la actual Constitución política colombiana se prevé su existencia jurídica. En efecto, el numeral 17, del artículo 150, que se refiere a las funciones del Poder legislativo, dispone que dicho órgano, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra cámara y por graves motivos de conveniencia pública, autorizara amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

La amnistía y el indulto han sido dos herramientas jurídicas de uso corriente a lo largo de nuestra historia como nación; se puede señalar que se han expedido 63 indultos y 25 amnistías, desde 1820 hasta el día de hoy.

Esas soluciones extremas, autorizadas reiteradamente en diferentes constituciones, han sido usadas para descriminalizar u olvidar el delito y la pena, en el caso de la amnistía, y para despenalizar o anular la pena, en el caso del indulto.

En los términos del convenio conocido el pasado 15 de diciembre del 2015, se establece que el gobierno expedirá al término de las conversaciones una ley de amnistía e indulto para los combatientes revolucionarios de la resistencia campesina y agraria.

La sociedad, el pueblo, los trabajadores, los campesinos y todos en general debemos involucrarnos en este trascendental hecho.

En ese sentido conviene establecer las bases de la futura ley que se han señalado en los 75 puntos del componente de justicia del Acuerdo de víctimas.

El propósito de este escrito es abordar dichas bases. Las mismas bien pueden plantearse así:

Primera. Según el contenido del numeral 10 del acuerdo, a la terminación de las hostilidades la amnistía para los rebeldes únicamente estará condicionada a la finalización de la rebelión de las respectivas organizaciones armadas y al cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo Final.

Segunda. A la finalización de las hostilidades, de acuerdo con el DIH, el Estado colombiano puede otorgar la amnistía "más amplia posible". A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz, según lo establecido en el numeral 10, así como a aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos o conexos mediante providencias proferidas por la justicia, se otorgará la más amplia amnistía posible, respetando lo establecido al respecto en el presente documento, conforme a lo indicado en el numeral 38.

Tercera. La finalización de la rebelión a efecto de acceder a la amnistía o indulto, se definirá en el Acuerdo Final.

Cuarta. La Constitución permite otorgar amnistías o indultos por el delito de rebelión y otros delitos políticos y conexos.

Quinta. Hay delitos que no son amnistiables ni indultables de conformidad con los numerales 40 y 41 del acuerdo sobre justicia para la paz. No se permite amnistiar los crímenes de lesa humanidad, ni otros crímenes definidos en el Estatuto de Roma.

Sexta. Es necesario determinar claramente en la Ley respectiva, cuáles son los delitos que son amnistiables o indultables y aquellos que no lo son, para efectos de seguridad jurídica. A tal fin, las normas de amnistía que se adopten respetarán los principios establecidos en el documento de creación de la Justicia Especial de Paz/JEP.

Al momento de determinar las conductas amnistiables o indultables, se aplicará el principio de favorabilidad para el destinatario de la amnistía o indulto, cuando no existiera en el derecho internacional una prohibición de amnistía o indulto respecto a las conductas de que se hubiera acusado a los rebeldes o a otras personas acusadas de serlo. El principio de favorabilidad se aplicará a todos los destinatarios de la JEP.

Séptima. La concesión de amnistías o indultos o el acceso a cualquier tratamiento especial, no exime del deber de contribuir, individual o colectivamente, al esclarecimiento de la verdad conforme a lo establecido en este documento.

Octava. El grado de contribución voluntaria de cada persona o colectivo a la verdad estará en relación con el tratamiento a recibir en el componente de justicia.

Novena. Se determinará en la Ley, de manera clara el alcance de cada uno de los delitos que no son amnistiables y de los que sí lo son, para efectos de seguridad jurídica.

Decima. Los delitos no amnistiables ni indultables deben ser objeto del componente de justicia del Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (SIVJRNR) acordado por las partes.

Once. En el componente de justicia se establecerán sanciones a los responsables en aquellos casos en los que se determine que no los alcanza la amnistía o el indulto.

Doce. El componente de justicia del Sistema Integral de verdad, justicia, reparación, y no repetición se aplicará a todos los que participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Se aplicará a los investigados o condenados por el delito de rebelión u otros relacionados con el conflicto, aunque no pertenezcan a las organizaciones armadas en rebelión.

Respecto de los combatientes de los grupos armados al margen de la ley, el componente de justicia del sistema solo se aplicará a quienes suscriban un acuerdo final de paz con el Gobierno.

Trece. El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa y en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas.

Catorce. El tratamiento de justicia para los integrantes de las FARC-EP, para los agentes del Estado y para otros actores que hayan participado en el conflicto, ya sea como combatientes o como no combatientes, cuando hayan cometido delitos, puede ser diferente pero equilibrado y equitativo.

Quince. La protesta pacífica, la defensa de los derechos humanos, y el liderazgo de grupos de la sociedad civil, no pueden ser por sí mismos tipificados penalmente, ni penados. En caso de haber sido sancionados se otorgarán mecanismos de tratamiento especial que puedan llegar incluso hasta la extinción de la responsabilidad. La Sala de Amnistía e Indulto y  a Sección de Revisión del Tribunal para la Paz serán competentes para decidir si extingue, revisa o anula las sanciones, investigaciones y sentencias impuestas en los anteriores supuestos.

Diez y seis. Se aplicará el artículo 6. del Protocolo II de los Convenios de Ginebra, del cual Colombia es Estado Parte, el cual dispone lo siguiente: "A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflictoarmado".

Diez y siete. Conforme a la anterior disposición, se amnistiarán e indultarán los delitos políticos y conexos cometidos en el desarrollo de la rebelión por las personas que formen parte de los grupos rebeldes con los cuales se firme un acuerdo de paz. Respetando lo establecido en el Acuerdo Final y en el presente documento, las normas de amnistía determinarán de
manera clara y precisa los delitos amnistiables o indultables y los criterios de conexidad. La pertenencia al grupo rebelde será determinada, previa entrega de un listado por dicho grupo, conforme a lo que se establezca entre las partes para su verificación. Entre los delitos políticos y conexos se incluyen, por ejemplo, la rebelión, la sedición, la asonada, así como el porte ilegal de armas, las muertes en combate compatibles con el Derecho Internacional Humanitario, el concierto para delinquir con fines de rebelión y otros delitos conexos. Los mismos criterios de amnistía o indulto se aplicarán a personas investigadas o sancionadas por delitos de rebelión o conexos, sin que estén obligadas a reconocerse como rebeldes.

Antes de la entrada en vigor del Acuerdo Final se determinará la forma en que se coordinarán la dejación de las armas y la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, la entrada en vigor del componente de justicia del SIVJRNR y el acceso efectivo a la amnistía.

En el caso de las FARC-EP la participación en el SIVJRNR estará sujeta a la dejación de armas conforme a lo que se acuerde en el punto 3.2 del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera del 26 de agosto de 2012.

Diez y ocho. La conexidad con el delito político comprenderá dos criterios, uno de tipo incluyente y otro de tipo restrictivo. El primer criterio consistirá en incluir como conexos: 1º.- aquellos delitos relacionados específicamente con el desarrollo de la rebelión cometidos con ocasión del conflicto armado, como es por ejemplo la aprehensión de combatientes efectuada en operaciones militares; 2º.- los delitos en los cuales el sujeto pasivo de la conducta es el Estado y su régimen constitucional vigente; y 3º.- las conductas dirigidas a facilitar, apoyar, financiar u ocultar el desarrollo de la rebelión, para lo cual deberán definirse cada uno de los contenidos de las anteriores conductas.

El segundo criterio, de tipo restrictivo, excluirá crímenes internacionales, de conformidad con lo indicado en los puntos 40 y 41, tal y como lo establece el derecho internacional de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto de Roma. Respecto a la aplicación de los criterios de conexidad en todo lo que no haya sido definido con exactitud en la ley de amnistía se tendrá en cuenta la doctrina adoptada al interpretar dicha Ley por la Sala de Amnistía e Indulto y por la Sección de Revisión del Tribunal para
la Paz.

Diez y nueve. No serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma.

En la ley de amnistía se determinarán las conductas tipificadas en la legislación nacional que no serán amnistiables.

Las normas precisarán el ámbito y alcance de estas conductas en concordancia con lo previsto en el Estatuto de Roma, en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en el Derecho Internacional Humanitario.

Veinte. Tampoco son amnistiables o indultables en el SIVJRNR, los delitos comunes que carecen de relación con la rebelión, conforme a lo determinado en la ley de amnistía.

Veintiuno. Las investigaciones en curso y las sanciones disciplinarias y/o administrativas también se extinguirán cuando hayan sido impuestas por conductas o actuaciones relacionadas con el conflicto armado o la rebelión. En la aplicación de este tratamiento se atenderá a las conductas que podrían ser amnistiables o indultables, según la ley de amnistía.

Veintidós. La concesión de amnistías e indultos no extingue el derecho de las víctimas a recibir reparación.

Los anteriores criterios incluidos en el Acuerdo de victimas deben servir para consolidar, sin trampas ni juegos sucios, el derecho de los guerrilleros a ser amnistiados e indultados sin afectar sus derechos políticos inmediatos.

Es conveniente que se conozca oportunamente el proyecto de ley respectivo y se establezca la autoridad que la expida, que bien puede ser el Presidente de la Republica, en virtud de facultades especiales, el Congreso de la Republica o una Asamblea Nacional Constituyente popular, soberana y de paz.

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Lunes, 30 Noviembre 2015 06:54

Qué futuro esperan los guerrilleros presos

Qué futuro esperan los guerrilleros presos

Durante 20 días, cientos de detenidos de las FARC hicieron huelga de hambre exigiendo mejorar sus condiciones de prisión. Santos dijo que indultará a 30 insurgentes; ellos levantaron la medida y pidieron una amnistía generalizada.


Con la voz ronca por las olas de frío que cada noche invaden su celda en la penitenciaria de La Picota, en Bogotá, René Nariño habló con Página/12 sobre qué piden y qué sigue para el conjunto de presos políticos y prisioneros de guerra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora que se anunció el indulto a 30 guerrilleros de esa organización ilegal recientemente. Este, tal como lo presentó la Presidencia, es un gesto humanitario y de paz de parte de la delegación del gobierno en los Diálogos de La Habana, "un gesto de confianza" en el proceso de paz que cumplió ya tres años y estaría en su recta final si, de cumplirse la palabra del presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante fariano alias Timochenko, en marzo de 2016 se firman los acuerdos finales y con ello, como muchos lo anhelan en el mundo, se pone un punto de giro a la larga historia de guerra y violencias en Colombia.


Nariño –nombre de guerra– es oriundo de la provincia de Santander donde, dice, creció en una familia humilde "ligada a la izquierda colombiana". "Mi niñez fue marcada por la persecución, de pequeño fui testigo del aniquilamiento de la Unión Patriótica (UP) y la esperanza que eso significaba para el país, y luego vino la huida hasta que, convencido de una causa y para sobrevivir, me uní a las filas de las FARC. Me vine para Bogotá, de nuevo a un barrio humilde, estudiaba administración cuando caí preso en 2011", relata el guerrillero minutos antes de verificar cuántos compañeros suyos fueron llevados a enfermería durante la huelga de hambre que terminó este fin de semana.


Durante 20 días, cientos de rebeldes presos protestaron sin ingerir alimentos y en algunos casos cosiéndose la boca, literalmente, exigiendo mejorar las condiciones de su detención, a propósito de las conversaciones de paz entre su guerrilla y el gobierno de Colombia en Cuba, y que hoy pasan quizá por su momento más esperanzador. La ilusión llega hasta los camarotes húmedos de La Picota donde, junto a René están presos alias Caliche, Orlando Traslaviña, Jeison Murillo y hasta el profesor Miguel Angel Beltrán contra quien, según la Brigada Jurídica Eduardo Umaña, se ha cernido una persecución judicial que lo tiene hoy de nuevo tras las rejas. En los 21 establecimientos de reclusión de Colombia donde se dio la protesta, los rebeldes esperan atención en salud y entregaron una lista de 80 casos graves que precisan intervención inmediata, "incluso algunos que merecen revisarse con prisión domiciliaria como gesto humanitario; en condiciones de detención será imposible preservar la vida de algunos con riesgo de perder la vista, por ejemplo, con esquirlas y tutores infectados por heridas de guerra, con traumatismos y diabetes, entre otras enfermedades", aseguró John León de la Corporación Solidaridad Jurídica en conversación con este diario. Para León, lo que debería seguir para los guerrilleros de las FARC presos es que se generen zonas de reclusión para ellos en toda cárcel de Colombia "no necesariamente patios exclusivos para las FARC, sino lugares y maneras donde la vida y la seguridad no corran peligro, pues cada vez se están denunciando más casos de maltrato de parte de otras fuerzas presentes en las cárceles en algunos casos con connivencia con la guardia oficial".


Ahora que se sabe que de firmarse los acuerdos en La Habana, ya 30 rebeldes tienen asegurada su libertad, René y los demás prisioneros de las FARC piden una amnistía generalizada. Hasta hoy en La Habana se han logrado ya acuerdos en tres de seis puntos de la agenda de conversaciones. "El 3.3 se refiere a la situación de los prisioneros políticos y desde ahí no solo los presos mismos sino organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos solicitan ahora un gran indulto. Además, "el punto sobre el fin del conflicto, entendido como un proceso integral y simultáneo en sus siete subpuntos, implica en una de ellas al Gobierno Nacional para que coordine la revisión de la situación de las personas privadas de la libertad, procesados o condenadas, por pertenecer o colaborar con las FARC-EP (...) En este otorgamiento de la amnistía "más amplia posible" extensiva a los civiles presos por rebelión, entre otros delitos amnistiables e indultables, es donde deberá ocurrir la certificación de pertenencia de los guerrilleros a la organización, además de civiles procesados o condenados por colaborar con la guerrilla", opina alias Fidel Rondón, uno de los comandantes de las FARC, en una columna suya divulgada ayer.


Según explica René Nariño muchos compañeros de celda son líderes sociales, campesinos, estudiantiles y, en general, civiles que están presos acusados de rebelión o apoyo al terrorismo, sin pertenecer a las filas de las guerrillas en Colombia. Éstos serían también, según explican, "prisioneros de conciencia, presos políticos; mientras que los prisioneros de guerra son los combatientes que caen en manos del enemigo". Mil de ellos se movilizaron en las cárceles durante la semana pasada, pero no es claro hoy por hoy cuántos rebeldes de las FARC están presos en todo el país a la fecha.


Según pudo conocer Página/12, a mayo de este año el Instituto Penitenciario de Colombia (Inpec) tenía en sus bases de datos 2.041 hombres y mujeres condenadas en sus cárceles por el delito de rebelión. Esto incluye no solo supuestos integrantes de las FARC sino también del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra guerrilla colombiana con la cual se adelantan ahora conversaciones previas para iniciar un proceso de paz. "Nuestro censo es de 1500 prisioneros políticos y de guerra en todo Colombia, sin embargo este es un tema que hay que revisar", asegura John León. Hoy día el Gobierno colombiano viene trabajando con el INPEC, la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura con el fin de consolidar la información sobre el universo de miembros de las FARC privados de la libertad (investigados y condenados) por diferentes delitos.


Es decir que si se aprobara una amnistía generalizada para los farianos hoy en situación de detención, no se conoce aún de cuántos se trata. Lo que sí es un hecho es el drama humanitario que viven todos los presos y presas en las cárceles de Colombia que, de acuerdo con el mismo INPEC, presentan más de 45 mil personas que superan la cuota de hacinamiento. La Brigada Eduardo Umañan precisa que los informes de finales de enero 31 de 2015 hablan de 118.658 internos (109.798 hombres y 8960 mujeres), mientras la capacidad de las 155 cárceles es solo de 76.000 personas; por lo tanto, el promedio de hacinamiento es del 53%.


Junto a seis hombres más en su celda y desde una cama diminuta a donde no llegan los servicios de aseo ningún día del año, René Nariño celebra la decisión del gobierno de amnistiar por ahora a 30 guerrilleros y lo ve como un logro de la protesta y "el sacrificio de compañeros que siguen hoy en observación por deshidratación y otros casos no solo por la huelga de hambre sino por las condiciones mismas de la detención. Todo esto es el fruto de la maduración de una serie de luchas de manera continua en los últimos años", enfatiza René. Antes de apresurarse a colgar el celular para evitar que la guardia lo decomise, Nariño aclara que la lucha emprendida por su guerrilla en la cárcel aspira no solo a beneficiar los rebeldes con atenciones médicas y posibles amnistías, sino a denunciar la profunda crisis del sistema carcelario y de la justicia punitiva en un país donde, cada año, surgen nuevas bandas criminales y combos delincuenciales al servicio del narcotráfico e, incluso, de cierta clase política que también engruesa las listas de hacinados en las centros de reclusión.

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Viernes, 27 Noviembre 2015 06:15

Las injusticias con la justicia indígena

Las injusticias con la justicia indígena

"Lo que de todos modos hay que intentar,
es conservar la voluntad de luchar
por una sociedad diferente sin caer
en la interpretación paranoide de la lucha". Estanislao Zuleta

 

Otra vez el gobierno le incumple al Pueblo Nasa. Esta vez el ministro de Justicia, Yesid Reyes, evadió la cita demandada por las comunidades del Norte del Cauca y prevista en las horas de la mañana del 26 de noviembre en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Las comunidades nasa convocadas a la Minga Social y Comunitaria por la defensa de la vida, el derecho a la protesta social y la Jurisdicción Especial Indígena, decidieron regresar al territorio ante tal engaño. Desde ya preparan acciones para los próximos años.

La reciente condena a Feliciano Valencia, destacado líder nasa, fue el motivo que impulsó la movilización de al menos 2.500 nasa hacia la capital. No obstante, las razones de esta minga son múltiples y mucho más profundas. Hablamos con uno de los delegados del resguardo de Huellas en Caloto, quien nos contó sobre la situación actual y las valoraciones de esta visita a Bogotá.

Fue la condena en segunda instancia proferida contra Feliciano Valencia, por parte de un tribunal de Popayán, la gota que rebosó la copa. Feliciano fue condenado a 16 años de prisión por haber coordinado una asamblea en la que fue aprehendido espiando un miembro del ejército. El cabo tercero Jairo Danilo Chaparral recibió por ello recibió 20 latigazos como castigo por parte de las comunidades nasa en 2008.

Hace ya más de un mes que el líder indígena se encuentra privado de su libertad, primero en la cárcel San Isidro de la capital caucana y actualmente en el Centro de Armonización Indígena de Gualanday en Santander de Quilichao, lugar donde fue objeto de un atentado el lunes 17 de noviembre.

Tanto el atentado como la condena son muestra de la persecución al movimiento social, de la contradicción entre Jurisdicciones en un mismo territorio, y de la tipificación de las acciones de la Justicia Indígena como criminales. Según Arcadio, comunero nasa entrevistado pocas horas antes de su regreso, "las élites del Cauca le estarían cobrando a Feliciano el proceso social de lucha que hacen las comunidades, pues él lo ha abanderado".

Sin embargo, para el profesor de la Universidad Nacional, Rosemberg Ariza, el debate va más allá y se ubica entre los distintos modos de concebir la justicia. Según el profesor, la condena promueve restricciones a la Jurisdicción Indígena amparada por el artículo 246 de la Constitución Política, y en todo caso, como dice un artículo reciente de su autoría,"el dilema no es entonces autonomía vs. justicia, como pretenden plantear, el dilema está en los fundamentos de nuestra forma Estado social de derecho, el asunto es pluralismo-monismo" .

Además de las cuestiones de fondo concernientes al choque entre jurisdicciones y que remiten a la autonomía de los pueblos indígenas, es común ya en la opinión nacional cierto cariz hipócrita al tratar el tema. Cuando las comunidades nasa condenaron a 60 años de prisión a los dos jóvenes milicianos de las Farc, quienes habían asesinado a otros dos de sus compañeros, los medios de comunicación empresariales celebraron la decisión y aplaudieron la Justicia Indígena. Muy diferente ha sido la matriz de opinión con el caso de Feliciano Valencia. Se aplica, de esta manera, una suerte de circunstancialismo cuando se corresponde enjuiciar los actos propios y convenientes, y un cierto esencialismo para el juicio sobre el otro. Un razonamiento que fuera cuestionado por el filósofo colombiano Estanislao Zuleta y ante lo cual cabe cuestionarse la proporcionalidad de nuestro modo de hacer justicia ¿qué es entonces justo, un remedio de 20 latigazos o 16 años de prisión?

Pero la situación en el Cauca excede los asuntos sobre la justicia y la autonomía. Como siempre esuna situación bastante conflictiva. Hace pocos días el ejército asesinó al campesino Miller Bermeo, cuando comunidades del municipio de Argelia trataban de impedir la fumigación y erradicación de cultivos de coca. En el lugar otro campesino resultó herido de bala en una pierna. No es la primera vez que balas del glorioso ejército nacional terminan con la vida de campesinos o indígenas. Lo grave -gravísimo- es que el fuero penal militar les protege ante este tipo de hechos ¿alguna Constitución menciona un supuesto Estado de derecho? Como quiera que sea, este suceso pasó de agache ante una opinión pública absorta por los terribles atentados en París.

Además en las últimas semanas se ha reportado la presencia de paramilitares entre los municipios de Santander de Quilichao y Caloto, quienes dicen estar allí para hacer respetar la propiedad privada, indica Arcadio.La cuestión es grave en tanto las acciones de amenazas y asesinatos a defensores de derechos humanos vienen en aumento, como lo confirman los informes de las organizaciones de defensoras de derechos humanos y las denuncias de las organizaciones sociales.

Hace unas semanas, el bloque de guerra occidental del Eln amenazó a la señora Nilsa Ulzape, a su esposo Gersain Rivera y su hija de 12 años, sumándose esto al asesinato del primer alcalde indígena de Jambaló en 1996, Marden Arnulfo Betancurt, con razones infundadas por parte de la Columna Milton Hernández del ELN. La actuación de la insurgencia guerrillera en la región hacia las comunidades nasa, evidencia que la izquierda vanguardista no sabe reconocer la autonomía de los sujetos. O lo hace con el mencionado criterio que el maestro Zuleta tanto interpelaba.

Pero no todo es guerra. Desde diciembre de 2014 las comunidades nasa han emprendido acciones de liberación de tierras que se encontraban en uso por parte de multinacionales y empresarios nacionales y destinadas al monocultivo de la caña de azúcar. Las 2500 hectáreas de la hacienda Miraflores en Corinto y las 160 de la famosa hacienda La Empreratriz en Caloto, siguen en posesión por parte de las comunidades indígenas. Ahora se ha sumado la toma de la finca La Agustina en López Adentro. Las comunidades permanecerán en esas fincas hasta que sean de su uso y propiedad colectiva. Todas estas acciones se realizan como parte de la Minga de Liberación, emprendida tras evaluar el incumplimiento de más de 30 acuerdos por parte de los últimos cinco gobiernos nacionales. Entre los acuerdos incumplidos está la titulación de 15.636 hectáreas y la reparación integral, como parte del compromiso al que llegaron con el gobierno de César Gaviria luego de la masacre del Nilo que ejecutaron conjuntamente paramilitares y agentes de la policía.

Además de eso todo esto -y como síntoma de unidad social- las comunidades campesinas que luchan por la constitución de las Zonas de Reserva Campesina, han buscado acercamientos con los nasa; lo propio vienen haciendo las comunidades negras de la región. Este diciembre se iniciará, pues, un primer acercamiento fraguado ahora con relativa independencia de las dirigencias tanto de los campesinos como de los indígenas y afros. Un proceso así, aunque esperanzador, no estará exento de profundas dificultades.

La Minga regresa, pues, a sus territorios de origen con el sinsabor de haber insistido en las vías del diálogo y haber obtenido la negativa del gobierno nacional. "Cumplimos con la palabra. Habíamos acordado discutir con el gobierno unos puntos como el de la jurisdicción especial indígena, fuimos a la cita en Centro Memoria y el gobierno no llegó. Regresamos para preparar acciones más concretas, para que el gobierno atienda el llamado que le estamos haciendo los pueblos indígenas y las organizaciones sociales, bien sea durante este año mismo o en los próximos años. Como llegamos acá y el gobierno no quiso hablar, pues esperamos que allá llegue y dé la cara", así lo explica Arcadio.

Ya para terminar, Arcadio comenta sobre la situación particular de Feliciano: "anímicamente está un poco caído pero sigue firme. Sabemos que el no tiene porque estar preso. Es un preso político y esperamos que el tribunal reconozca el derecho que tenemos y que Feliciano sea libre en el menor tiempo posible".


Recuadro

El pasado 12 de octubre las comunidades indígenas le pusieron cita al ministro Reyes en la finca La María (Piendamó), con el fin de entablar una discusión acerca de la Jurisdicción Especial Indígena. En esa ocasión, el titular de la cartera de Justicia argumentó que no habían garantías para asistir al encuentro. Los temas propuestos por la Minga para la discusión con el gobierno son:

- Respeto y garantía a las decisiones de los Tribunales Indígenas y a los procedimientos propios de cada pueblo indígena (detención, investigación, juzgamiento, aplicación de remedio).

- Condiciones y garantías para el Ejercicio de la Jurisdicción Especial Indígena. (Asignación presupuestal).

- Exigir la revocatoria inmediata del fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal del Circuito de la Ciudad de Popayán, en el caso del compañero Feliciano Valencia.

- Garantía del derecho a la vida, del derecho a la movilización social y del derecho a la protesta. (Desmonte del Esmad, No criminalización y No judicialización de manifestantes).

- Derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a garantías de no repetición por los casos en los cuales miembros del Estado y de sus Fuerzas Militares y de Policía (Esnad) han abusado de su autoridad y han violado los Derechos Humanos ocasionando muertes y graves lesiones a personas civiles en medio de manifestaciones o fuera de éstas.

- Activación de la comisión mixta de alto nivel para el seguimiento, documentación, investigación y sanción de casos de vulneración de derechos humanos que afectan a pueblos indígenas y sectores sociales.

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Nueva marcha por los 42 años del golpe de Estado en Chile

Violentos enfrentamientos entre carabineros y manifestantes marcaron la multitudinaria marcha que se realizó este domingo aquí en la capital chilena para conmemorar el 42 aniversario del golpe de Estado encabezado por Augusto Pinochet (1973-1990), en la que se pidió el cierre de la prisión Punta Peuco, donde se encuentran detenidos ex militares.
Convocada por la Asamblea por los Derechos Humanos, la manifestación pasó por primera vez frente al presidencial palacio de La Moneda, que el 11 de septiembre de 1973 fue bombardeado por el ejército durante el levantamiento castrense contra el gobierno constitucional del socialista Salvador Allende.


Punta Peuco debe desaparecer, se podía leer y escuchar la clara y contundente consigna durante la movilización. La prisión alberga a un centenar de ex miembros de las fuerzas armadas condenados por torturas, secuestros y asesinatos durante el pinochetismo.


Entre llantos, cánticos y bailes, los miles de asistentes caminaron varios kilómetros para llegar al memorial del Detenido Desaparecido y Ejecutado Político, ubicado en el Cementerio General, al norte de Santiago, donde los familiares de las víctimas portaban claveles en un momento de reflexión para recordar a las víctimas de la dictadura militar.
Llama Bachelet a tener esperanza


La presidenta Michelle Bachelet hizo un llamado a la esperanza en el futuro del país, durante un oficio religioso en la Catedral Evangélica para agradecer por la independencia del país.


En la homilía, dirigentes de iglesias protestantes coincidieron en que hay una crisis de confianza gubernamental que afecta a todas las instituciones, pero la mandataria les señaló: Hemos escuchado la voz de las iglesias evangélicas a tener esperanza, a salir adelante.


A escasos metros de la ceremonia, encapuchados lanzaron bombas molotov contra la policía militarizada, pero fueron repelidos con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los inconformes también rompieron parte del mobiliario urbano y atacaron con bombas incendiarias una sucursal bancaria, lo que provocó el cierre de las estaciones del ferrocarril subterráneo en el sector. La policía reportó la detención de cuatro personas.


Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, indicó que la responsabilidad de los disturbios no es de quienes convocan a la marcha sino de los encargados del orden público

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Sábado, 12 Septiembre 2015 07:02

Caracas defiende la condena de López

Caracas defiende la condena de López

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, salió en defensa de la decisión judicial de condenar a López a 14 años de cárcel, mientras Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Cancillería de EE.UU. criticaron el fallo.

 

La condena a 14 años de cárcel de la Justicia venezolana al líder opositor Leopoldo López anunciada anteanoche provocó reacciones encontradas. López, que está preso desde hace un año y medio, fue condenado por incitar a la violencia durante las protestas contra el gobierno a principios del año pasado en las que 43 personas murieron. El fallo fue criticado por la oposición y cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos. Frente a ello, la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, salió en defensa de la decisión judicial.


La sentencia indica que López debe cumplir la condena en la cárcel militar de Ramo Verde, en la ciudad de Los Teques, donde está recluido desde que se entregó a las autoridades. La jueza Susana Barreiros declaró culpable al fundador del partido de centroderecha Voluntad Popular (VP) de los cargos de daños e incendio, instigación pública y asociación para delinquir. "Se demostró que los pronunciamientos realizados por López a través de los medios de comunicación y las redes sociales incitaron a sus seguidores a generar violencia en las calles y desconocer al Gobierno Nacional y a las instituciones", indicó la fiscalía.


La audiencia final del caso se vio agitada por un enfrentamiento en los alrededores del tribunal, donde simpatizantes de López que pedían por su liberación se cruzaron con partidarios del oficialismo. En la trifulca, uno de los activistas de VP murió a causa de un infarto.


El dirigente opositor fue juzgado en relación con los acontecimientos ocurridos el 12 de febrero del año pasado, cuando una marcha de estudiantes en contra del gobierno del presidente Nicolás Maduro llegó a la sede del Ministerio Público y derivó en hechos de violencia en los que murieron tres personas, dos estudiantes y un paramilitar oficialista. La acusación lo señalaba a López como responsable de la ola de violencia que se desató en los días posteriores a la protesta, que además de los 43 muertos dejó un saldo de más de 800 heridos.


La jueza no solo condenó a López, sino también a los estudiantes Cristian Holdack, Angel González y Demián Martín. Sin embargo, ellos no irán a la cárcel. En el caso de Holdack, quien fue condenado a diez años de prisión, la jueza Barreiros decidió mantener la medida humanitaria que hace unos meses le impuso el Tribunal Supremo de Justicia por motivos de salud, razón por la cual podrá cumplir su sanción en su casa y solo tendrá que presentarse cada 15 días ante los tribunales. González y Martín, por su parte, seguirán en libertad porque la condena impuesta (cuatro años y seis meses de cárcel) de acuerdo con el Código Orgánico Procesal Penal, es excarcelable. Pero al igual que Holdack, deberán presentarse cada 15 días ante los tribunales.


La decisión de la jueza fue criticada por el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. "El juicio estuvo marcado por gravísimas violaciones del debido proceso, y no se aportaron pruebas que vinculen a los acusados con ningún delito", estimó. Vivanco explicó que en el expediente no encontró elementos que justifiquen el fallo.
En la misma línea, la directora para las Américas de Amnistía Internacional aseguró que la sentencia de prisión en contra de López tiene una clara motivación política. "Nunca debió haber sido arrestado arbitrariamente o enjuiciado. Es un prisionero de conciencia y debe ser liberado inmediata e incondicionalmente", aseveró.


Por su parte, la jefa de la diplomacia venezolana defendió la decisión de la magistrada. "Es peligroso que desde algunas voces internacionales se pretenda legitimar los actos de violencia terrorista", señaló. "Los poderes públicos en Venezuela son independientes, se ha dado una decisión, se ha respetado el derecho al debido proceso, se han respetado los derechos humanos", dijo la jefa de la diplomacia venezolana tras reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. El diplomático coreano, según su vocero, preguntó sobre la condena impuesta a López durante un encuentro con la canciller para hablar de la crisis fronteriza entre Venezuela y Colombia. Rodríguez advirtió a Ban sobre la necesidad de no caer en una contradicción al hablar de terrorismo. "Hay que ser muy cuidadoso para no tener dobles estándares cuando se habla de terrorismo desde la comunidad internacional", dijo. De esta forma, Rodríguez le respondió al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, quien había criticado la sentencia a través de un comunicado oficial. "La nota interfiere en asuntos internos venezolanos. El Estado de Derecho de nuestro país es un asunto que no compete a ningún otro país", señaló. "Estados Unidos persiste en dar golpes de Estado, como hace justamente 42 años cuando derrocó al gobierno socialista en Chile de Salvador Allende", dijo.


En tanto, la Secretaría General de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), a cargo del ex presidente colombiano Ernesto Samper, se limitó a señalar que respeta el fallo en contra de López, ya que no se entromete en las decisiones que adopten las autoridades de los Estados miembro

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Prisioneros de California ganan batalla contra la reclusión en aislamiento

Miles de prisioneros dejarán de estar recluidos en aislamiento en California gracias a un histórico acuerdo jurídico anunciado esta semana. Organizarse puede ser difícil, pero cuando lo hacen prisioneros recluidos en aislamiento, algunos de ellos durante décadas, resulta sorprendente. El acuerdo surgió de una demanda federal colectiva que alega que la reclusión es aislamiento por tiempo indefinido viola la prohibición establecida por la Constitución contra el castigo cruel e inusual.

Este grupo de reclusos se llaman a sí mismos el Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Estos hombres han estado sometidos al régimen de aislamiento durante largos períodos de tiempo, algunos de ellos durante más de 20 años, en la Prisión Estatal de Pelican Bay en California, ubicada en el extremo norte de ese estado. Desde sus pequeñas celdas sin ventanas, comenzaron a hablar, a organizarse. En julio de 2011, iniciaron una huelga de hambre en protesta contra las condiciones registradas en la Unidad de Alojamiento Especial (o SHU ), el pabellón de reclusión en aislamiento de Pelican Bay. Participaron más de 1.000 reclusos de ese pabellón. Tenían cinco puntos de demanda y, después de tres semanas, las autoridades presentaron una propuesta que los huelguistas consideraron una promesa de buena fe de efectuar una revisión de las políticas de la SHU . Meses después, luego de que no se tomara ninguna medida, iniciaron la huelga de hambre nuevamente. En esa oportunidad participaron más de 12.000 reclusos de toda California e incluso de otros estados.


El Centro para los Derechos Constitucionales, un estudio jurídico de interés público que se centra en derechos humanos, entabló una demanda en representación de todos los reclusos de las cárceles del sistema penitenciario de California acusados de integrar pandillas y, por tanto, enviados a la Unidad de Alojamiento Especial. Mientras la demanda se abría camino por el sistema judicial, se inició una tercera huelga de hambre, en julio de 2013. Participaron más de 60.000 prisioneros. El movimiento iba creciendo.


Afuera, los familiares de los reclusos dieron una gran muestra de apoyo con la conformación del grupo Familias de California contra la Reclusión en Aislamiento. El hijo de Dolores Canales, John Martinez, permanece en aislamiento desde hace catorce años. Participó en todas las huelgas de hambre. Las siguientes son palabras expresadas por su madre en el noticiero "Democracy Now!" "Hubo veces en que me escribió diciendo que no le caben dudas de que la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay fue diseñada únicamente para hacer que los hombres se enloquezcan o se suiciden, porque esa es su existencia". Dolores Canales habló con nosotros después de que el acuerdo fuera anunciado esta semana: "Ni siquiera podía imaginarme en qué consistía la reclusión en aislamiento, la profundidad del aislamiento. En realidad no pensaba mucho en eso. Imagino que es algo de lo que nos abstraemos. Pero después de todo aquello, simplemente no pude parar de pensar en eso".


Al preguntarle acerca de la organización de los familiares, Canales reflexionó: "No estaría aquí en este momento si no fuera por los cientos de familiares que salieron a hablar de la situación... Cada huelga de hambre que hicieron fue durante el verano: julio, agosto, septiembre, los meses calurosos. Aún así, los familiares estuvieron afuera todos los días, vestidos con overoles naranja, con cadenas, esposas o megáfonos para llamar la atención de la sociedad, participando en numerosas mesas de discusión en universidades e iglesias y simplemente organizándose y movilizándose a lo largo y ancho de California, generando conciencia en torno a las condiciones que estaban padeciendo nuestros seres queridos".


El prisionero Todd Ashker es uno de los referentes del Colectivo del Corredor Corto de la Unidad de Alojamiento Especial de Pelican Bay. Dado que no puede recibir llamadas telefónicas, es difícil acceder a sus palabras. En una grabación del período de las huelgas de hambre obtenida por "Democracy Now!", Ashker, que es el demandante nombrado en el caso que derivó en el acuerdo, expresó: "La mayoría de nosotros nunca fue declarado culpable de haber cometido un delito relacionado con una pandilla. Pero estamos en la Unidad de Alojamiento Especial por una etiqueta. Y todas nuestras apelaciones y numerosas acciones legales no nos han llevado a ninguna parte. Por lo tanto, estamos entre la espada y la pared". En uno de sus testimonios en ausencia, Ashker relató que, en represalia por organizarse, los agentes de la prisión habían colocado Plexiglass en la pared delantera de las celdas de la Unidad de Alojamiento Especial a fin de inhibir la capacidad del colectivo de hablar unos con otros.


La reclusión en aislamiento prolongada es tortura. El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Mendez, denunció en 2011: "Segregación, aislamiento, separación, reclusión celular, encierro, máxima seguridad, hoyo, Unidad de Alojamiento Especial, cualquiera sea el nombre que reciba, los Estados deberían prohibir la reclusión en aislamiento como forma de castigo".


Jules Lobel, presidente del Centro para los Derechos Constitucionales y abogado que encabeza el caso, expresó: "Hasta el momento, California ha ubicado a miles de reclusos en aislamiento. Obviamente ello hace que se sientan muy enojados, frustrados, desesperanzados. Todos nuestros muchachos han experimentado esas sensaciones. Además, el confinamiento solitario genera lo que las ciencias sociales llaman muerte social. La gente pierde la capacidad de vincularse con otras personas y tiene muchas dificultades para relacionarse con gente en el mundo normal. Y muchas de estas personas van a salir de prisión. Estamos generando una situación en la que liberamos personas que estaban en régimen de aislamiento y que no pueden tener la capacidad de relacionarse en el mundo exterior".


No solo los reclusos y sus familiares se oponen al aislamiento. Al día siguiente de que se alcanzara el acuerdo, la Asociación de Administradores de Correccionales Estatales emitió un comunicado en el que, entre otras cosas, dice: "El aislamiento prolongado de los individuos en las cárceles y prisiones constituye un grave problema en Estados Unidos. La insistencia en que haya cambios no proviene solamente de legisladores de todo el espectro político, jueces y muchas voces del sector privado, sino también de los directores de los sistemas correccionales tanto a nivel estatal como federal". A continuación, esos mismos directores redactaron: "Hacer ese cambio es lo correcto".


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Traducción al español del texto en inglés: Fernanda Gerpe. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Otto Pérez, en prisión preventiva; Maldonado asume la presidencia

Al grito de ¡sí se pudo!, cientos de guatemaltecos se congregaron este jueves en la plaza de la Constitución de esta capital para celebrar la renuncia de Otto Pérez Molina a la presidencia de Guatemala y su prisión provisional, ordenada al término de una audiencia en la que la fiscalía lo acusaba de tener pleno conocimiento de la existencia de una organización integrada por funcionarios públicos y empresarios que pagaban sobornos a cambio de reducir el monto de los impuestos en las aduanas.


Acorralado por la justicia y la presión popular, el presidente presentó su renuncia en una carta enviada al Congreso el último minuto del miércoles, horas después de que el juez Miguel Ángel Gálvez giró una orden de aprehensión en su contra.
La mañana de este jueves, el mandatario asistió de manera voluntaria ante el tribunal de mayor riesgo B, donde escuchó la formulación de cargos en su contra. La fiscalía lo acusa de asociación ilícita, defraudación aduanera y cohecho pasivo. Al mismo tiempo, en el Congreso unicamaral se aceptaba su renuncia con el voto a favor de los 116 diputados presentes, de un total de 158.


Más tarde, el Congreso tomó juramento como nuevo mandatario al vicepresidente Alejandro Maldonado, quien deberá permanecer en el cargo hasta el 14 de enero de 2016, cuando asumirá el nuevo presidente que surja de los comicios generales que se celebrarán el próximo domingo.


En su carta de renuncia, Pérez Molina –general retirado de 64 años, que participó en matanzas de comunidades indígenas durante el conflicto armado– sostiene que enfrentará con la conciencia tranquila los procesos que correspondan. En la situación actual y tomando en cuenta por sobre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal con la convicción de hacer lo correcto.
La audiencia en el tribunal comenzó con la lectura y explicación de las acusaciones de corrupción contra Pérez Molina, tras lo cual el fiscal José Antonio Morales le hizo escuchar algunas grabaciones en las que se basa la investigación, adelantada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), ente adscrito a la Organización de Naciones Unidas (ONU).


En las grabaciones se escucha a funcionarios que supuestamente explican cómo funcionaba la organización criminal de defraudación fiscal conocida como La línea, en la que empresarios pagaron millonarios sobornos para evadir impuestos aduaneros.


Al concluir la audiencia, Pérez Molina fue enviado a la cárcel militar Matamoros, luego de que el juez Gálvez le dictó prisión preventiva, como garantía ante una eventual evasión o fuga, así como para garantizar su integridad física.


Antes de ser conducido a la prisión, el ex mandatario proclamó su inocencia en una rueda de prensa, pero aseguró que asumirá su responsabilidad y que va a dar la cara. No voy a huir; pude haber salido del país o pedir asilo político en otra nación, y no lo hice, manifestó. Sobre las grabaciones, dijo que eso no representa una verdadera investigación, y que con la acusación en su contra sólo se busca boicotear las elecciones.


Por la mañana, en entrevista radial, arremetió contra la fiscalía y la Cicig, a las que acusó de buscar protagonismo y llenar sus egos, e indicó que no confía en la justicia de Guatemala.


También dijo que pudo haber utilizado muchas herramientas para frenar su persecución y una de ellas era expulsar a la Cicig, pero aclaró que jamás imaginó que su presidencia fuera a terminar así.


¡Otto, ladrón!, coreaban grupos de guatemaltecos frente a la Suprema Corte Justicia: Otto ladrón, te vas a ir a Pavón, en referencia a una de las principales cárceles del país.


La línea era una alternativa para resolver trabas en importaciones y reducir el pago de impuestos, y estaba dirigida, presuntamente, por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, ahora en prisión preventiva.


Para el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, la crisis política suscitada en Guatemala y que condujo a la renuncia del presidente fue resuelta sin ruptura de la institucionalidad.


La Casa Blanca señaló que el gobierno de Estados Unidos respeta la decisión de Pérez Molina de renunciar y afirmó que está dispuesto a trabajar con el nuevo mandatario, Maldonado, de 79 años, ex magistrado conservador de la Suprema Corte, que colaboró en los sucesivos regímenes castrenses o controlados por los militares surgidos durante el conflicto amado interno (1960-90), y quien fue elegido en mayo pasado en el Congreso para remplazar a Baldetti.


El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, recibió con beneplácito los esfuerzos constructivos de los ciudadanos de Guatemala para participar y contribuir al sistema político de su país".

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Jueza de EEUU ordena "pronta" liberación de niños indocumentados detenidos

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó al gobierno que libere pronto a niños migrantes que mantiene en centros de detención, insistiendo en una decisión de julio en la que sostuvo que el arresto de los menores que cruzaron ilegalmente la frontera viola medidas establecidas hace largo tiempo.


El dictamen de la jueza de distrito Dolly Gee en Los Ángeles da al gobierno del presidente Barack Obama hasta el 23 de octubre para que cumpla con su fallo y libere a cientos de niños que migraron sin permisos, y en algunos casos a sus madres, "sin ninguna demora innecesaria".


La decisión de Gee se conoce en medio de un debate entre precandidatos presidenciales en Estados Unidos sobre la migración ilegal y tras una gran llegada de centroamericanos a través de la frontera entre Estados Unidos y México.
Más de 68 mil niños que viajaban sin sus padres entraron a Estados Unidos el año pasado. El gobierno ha mantenido detenidos en instalaciones especiales a los niños que cruzaron la frontera solos, o aquellos que fueron capturados con sus padres.


El gobierno federal ha tomado medidas para liberar a algunos menores sin compañía de los centros de detención en las fronteras, usualmente entregándolos a algún familiar que vive en Estados Unidos.


Gee había dictaminado el mes pasado que el Departamento de Seguridad Nacional mantenía detenidos a los niños en violación de un acuerdo colectivo de 1997 que establece que los menores de 18 años no pueden ser retenidos por más de 72 horas.


La decisión judicial se considera una derrota para las autoridades estadunidenses de migración, que argumentaron que liberar a niños migrantes indocumentados alentaría a más familias centroamericanas a emprender el trayecto.


Funcionarios estadunidenses mantienen a mil 400 padres y niños detenidos en tres centros, según el diario Los Angeles Times.


Gee calificó las condiciones en los centros de detención, dos en Texas y uno en Pensilvania, como "deplorables" y dijo que en algunos casos se mantiene a los niños en habitaciones hacinados por días sin un lugar para dormir.


(Con información de Reuters)

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